El instructor del caso Begoña, que persigue desde hace dieciséis meses a la mujer del presidente del Gobierno, vuelve a pisar el acelerador a escasos días del arranque del nuevo curso judicial. Con la última prórroga de la instrucción a pocas semanas de expirar, la jubilación a la vuelta de la esquina y en pleno parón estival, el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido dar un impulso a la línea de investigación centrada en la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez. Y lo ha hecho imputando a ambas por un delito de malversación, algo que él mismo había descartado en varias ocasiones.
La enésima derivada del caso comenzó a tejerse el pasado otoño con los hilos en forma de correos que aportó Reale Seguros en relación al patrocinio de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que había dirigido la mujer del líder del Ejecutivo. Alguno de estos mails fueron enviados por Álvarez. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", puede leerse en uno de ellos, fechado el 8 de febrero de 2024 y remitido a la directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale, Pilar Suárez-Inclán.
Algunas semanas después, el nombre de la asesora apareció de nuevo en una serie de correos que el abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, aportó a la causa para intentar desmontar la parte de la investigación relativa al software y de los que se desprende una serie de gestiones realizadas por la asesora con la Complutense en relación a la actividad educativa de la mujer del presidente. Con todo ello, Vox, que está al frente de una acusación popular plagada de colectivos ultras, pidió que el procedimiento se dirigiera también contra Álvarez por su posible intervención en los delitos de tráfico de influencias y malversación.
La extrema derecha centraba ya el tiro en el uso de medios públicos –una asistente de Moncloa que cobra con cargo a los Presupuestos del Estado– para "actividades profesionales estrictamente privadas". Pero Peinado rechazó esa primera intentona. Y mantuvo la citación de la asesora solo como testigo. Así, a finales de diciembre, Álvarez se sentó en los juzgados de Plaza de Castilla con obligación de responder a todas las partes y decir la verdad. Una comparecencia en la que, por supuesto, le preguntaron por los correos, los cuales enmarcó dentro de sus funciones habituales de coordinación y confección de la agenda de Gómez.
Dos semanas y media después, la acusación popular volvió de nuevo a la carga. Solicitó otra vez que las pesquisas se dirigieran contra la asesora por los mismos delitos, algo que, una vez más, Peinado rechazó. Sobre el tráfico de influencias, dijo que el simple hecho de que Álvarez trabajase para la mujer del presidente no comportaba, por sí mismo, en "cualquier tercero" una "influenciabilidad moral y psíquica", por lo que descartaba que se le pudiera atribuir incluso un papel de "cooperadora necesaria". "Tampoco cabe interpretar su condición de investigada en un hipotético delito de malversación de caudales o efectos públicos", completaba.
Pero solo diecinueve días después, el instructor decidió dar un volantazo. Y modificó la condición procesal de Álvarez, que como otros tantos otros pasó de testigo a investigada. Sin apenas argumentar el repentino cambio de criterio, algo que se ha convertido en habitual en este procedimiento, las pesquisas se dirigieron contra la asesora. Eso sí, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, no por malversación. De hecho, este delito no se situó bajo la lupa judicial hasta marzo, cuando Peinado decidió abrir una pieza separada en la causa para centrarla en ese tipo penal en relación a la contratación y funciones de la asesora.
Volantazo sobre la malversación
A pesar del inicio oficial de esa nueva línea de investigación, Peinado siguió rechazando que se le pudiera atribuir malversación a Álvarez o a Gómez. Ahí está el auto con el que imputó, a comienzos de mayo, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. "En cuanto a la participación a título de autor, cómplice o cooperador necesario, no se alcanza a percibir en qué medida la destinataria del nombramiento, en este caso Cristina Álvarez, por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna en la presunta malversación", respondía entonces a una querella de Vox.
Y lo mismo señalaba en relación a la mujer del presidente del Gobierno: "Lo mismo ha de decirse de Begoña Gómez que sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos de Cristina Álvarez, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna en dichos hechos". Cuestión distinta eran, en su opinión, los responsables políticos. En ese caso, sí que veía encaje al delito. Tanto es así que imputó a Martín, quien fuera secretario general de Presidencia. Y pidió al Supremo, aunque sin ningún éxito, que investigase a Félix Bolaños, quien antes de ministro ocupó ese mismo puesto.
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Ahora, un mes después de que el Alto Tribunal rechazara la exposición razonada contra el titular de Presidencia, Peinado da un nuevo volantazo. Con los mismos indicios que tenía en mayo –y que llevan desde el pasado otoño en el sumario–, el instructor ha decidido ahora que sí tiene margen para imputar a Gómez y a Álvarez por un delito de malversación. En su auto, fechado este mismo lunes, el instructor no se esfuerza en argumentar ese radical cambio de criterio. Lo único que hace es mencionar y transcribir el fragmento de una resolución reciente de la Audiencia Provincial de Madrid.
Se apoya en un auto del que esconde pasajes
El auto de la instancia superior del que se vale Peinado tiene fecha del 12 de junio. En él, los magistrados analizan –y avalan– la decisión del juez del pasado mes de enero de dirigir contra ella la investigación, si bien aquello se circunscribía exclusivamente al tráfico de influencias. De hecho, en esa misma resolución, los magistrados plantean dudas sobre el encaje de la malversación en el caso de la asesora.
"El funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación, que solo lo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión", recoge el auto en uno de sus pasajes, que Peinado evita incluir en la resolución con la que imputa a Álvarez y Gómez. No es el único. Tampoco consta aquel en el que los magistrados de la instancia superior insinúan que dicho delito solo cabría plantearse en el caso de que "cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada".
El instructor del caso Begoña, que persigue desde hace dieciséis meses a la mujer del presidente del Gobierno, vuelve a pisar el acelerador a escasos días del arranque del nuevo curso judicial. Con la última prórroga de la instrucción a pocas semanas de expirar, la jubilación a la vuelta de la esquina y en pleno parón estival, el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido dar un impulso a la línea de investigación centrada en la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez. Y lo ha hecho imputando a ambas por un delito de malversación, algo que él mismo había descartado en varias ocasiones.