ADJUDICACIONES PÚBLICAS POLÉMICAS

La Politécnica de Madrid adjudicó a dedo un terreno público por 6,5 millones al gigante de la sanidad privatizada

El rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Conde Lázaro.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) adjudicó a dedo, es decir, sin concurso público, los derechos de edificabilidad de un terreno de 12.000 metros cuadrados ubicado en la ciudad universitaria de la capital a la empresa IDC Salud –antigua Capio– por 6.537.000 euros. De la ejecución de esa venta, el nombre de la entidad adjudicataria y el precio acordado, el rector de la Politécnica, Carlos Conde Lázaro, sólo informó al Consejo de Gobierno de la Universidad cuando la transacción ya se había producido. Así consta en el acta de la reunión que este órgano celebró el 30 de abril de 2015 y a la que ha tenido acceso infoLibre. 

Antes de esa reunión, el rector Conde Lázaro sólo había informado en dos citas previas al Consejo de Gobierno y al Consejo Social de que había "una entidad" interesada en "comprar los derechos de edificabilidad" de los terrenos, equivalentes a algo más de un campo de fútbol. En ambas reuniones se aprobó la venta por mayoría, aunque los asistentes no fueron informados ni del precio al que se iban a vender los terrenos, ni a quién. También llama la atención el hecho de que la transacción se hiciera sin concurso público. Especialmente teniendo en cuenta que, ante el Consejo Social, el rector justificó la venta por la "difícil situación económica que atraviesa la Universidad". 

Un portavoz autorizado de IDC Salud, a preguntas de este periódico, confirmó que la compañía había iniciado el proceso hace dos años, aunque se retomó hace 15 meses, en abril de 2014. Asimismo, explicó que la venta se había escriturado el pasado 9 de abril y que la intención de la empresa es dedicar esa superficie a dotar de servicios adicionales ("para la investigación") a la Fundación Jiménez Díaz, situada a poco más de dos kilómetros. "La venta se ha llevado a cabo de forma pública y transparente de acuerdo al procedimiento previsto en estos casos", añadió este portavoz.

Este diario también se puso en contacto en la mañana de este lunes con la secretaria de la gerente de la UPM, Carmen García de Elías, para trasladarle seis preguntas relacionadas con esta enajenación (ver La caja negra al final de esta información). La colaboradora de la gerente onfirmó la recepción del cuestionario, pero dijo que García de Elías iba a estar de viaje durante una semana y que se encontraba "ocupada en otras cosas", por lo que no garantizaba que las pudiera responder. A última hora de este lunes este diario no había recibido respuesta alguna. 

La titularidad de los terrenos

La documentación a la que ha tenido acceso este diario evidencia que tanto el rector como la gerente dieron información errónea sobre esta venta de terreno público tanto al Consejo de Gobierno, que es el órgano ejecutivo de la Universidad, como al Consejo Social, en el que además del equipo de gobierno están representados docentes, alumnos, personal de administración y personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social que no son miembros de la comunidad universitaria.  Los hechos son los siguientes. El 29 de enero de 2015 el rector informó al Consejo de Gobierno de que "no hace mucho" había "surgido" el interés "de una entidad ubicada en la ciudad universitaria" por adquirir los derechos de edificabilidad de 12.000 metros cuadrados que "al parecer, corresponderían a la UPM". "Lo que no está claro es dónde están registrados esos derechos. Lo que interesa es ver si la UPM es la propietaria de la edificabilidad e incluso de los terrenos", señaló Carlos Conde, según el acta a la que ha tenido acceso infoLibre. Ocultó, por tanto, el nombre de la empresa interesada –IDC Salud– y dejó caer que se desconocía si el centro universitario tenía derecho o no para la construcción en esos terrenos. 

Sin embargo, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) había publicado 27 días antes –el 2 de enero de 2015– el acuerdo al que había llegado el pleno del Ayuntamiento de Madrid para transferir los derechos de edificabilidad de 19.300 metros cuadrados situados en la zona de ciudad universitaria a la Universidad Politécnica de Madrid, entre ellos los 12.000 que se acabaron vendiendo. El diario oficial recogió [consultar aquí] que esa modificación de la ordenación urbanística había sido "promovida" por la gerente de la UPM. A preguntas de este periódico, Carmen García de Elías ha declinado responder por qué se había facilitado esa información errónea. 

El nombre del comprador 

El rector tampoco concretó al Consejo Social –en su reunión del 12 de febrero, cuya acta ha consultado este diario– cuál era la empresa interesada en edificar en este terreno. Se limitó a informar de que "una institución ubicada en la ciudad universitaria" estaba interesada en el traspaso de "derechos de edificabilidad". Y lo comparó con otras operaciones similares que se habían realizado "anteriormente". A saber: la ampliación de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y la regularización de la Biblioteca María Zambrano. Pero en estos casos los beneficiarios fueron entidades públicas y no una empresa privada como IDC.. 

Asimismo, el rector explicó en esa reunión del Consejo Social que la UPM disponía de 19.300 metros cuadrados de edificabilidad y que traspasar 12.000 "no afectaría a otros proyectos" que pudiera tener la Universidad. Añadió, además, que "esta operación se realizaría de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, acompañando los informes correspondientes y evitando toda especulación, por lo que se realizaría una tasación pericial de estos derechos". El Consejo Social aprobó por mayoría la enajenación, aunque los representantes de CCOO y UGT, Isabel Galvín y Eduardo Sabina, manifestaron su abstención "por carecer de la información suficiente para adoptar una posición". También se abstuvo Eugenio Morales, uno de los consejeros nombrados por la Asamblea de Madrid. 

La realidad es que el rector sólo informó al Consejo de Gobierno de que la entidad interesada en la venta era IDC Salud cuando la enajenación ya se había producido. "La entidad interesada es la Fundación Jiménez Díaz, que en su momento realizó ampliación de sus instalaciones y, al abrirlas y pedir los permisos pertinentes de evacuación, los bomberos no pudieron dárselos por no tener los derechos de edificabilidad", explicó en la sesión del 30 de abril de 2015, siempre según el acta. 

La compañía IDC Salud tiene una estrecha relación con la sanidad privatizada en la Comunidad de Madrid. Gestiona la Fundación Jiménez Díaz, que mantiene un concierto singular por el que tiene transferida la atención sanitaria de 426.136 pacientes del sistema público; así como los hospitales de Valdemoro, Collado de Villalba y el Rey Juan Carlos de Móstoles, todos ellos integrados también en la red pública. La compañía ha vivido una gran expansión en los últimos años. En julio de 2014 compró el grupo Quirón, con lo que pasó a tener una cifra de negocio agregada cercana a 1.700 millones. Y en diciembre de 2014 se hizo con el Grupo Ruber. En 2013 había comprado el 51% de la Clínica La Luz y la totalidad de la Clínica del Pilar, todas ellas en Madrid.

El porqué de la adjudicación a dedo

La otra cuestión clave es el procedimiento de adjudicación, sin concurso público. En la reunión del Consejo de Gobierno del 30 de abril de 2015 el rector informó de que la Universidad había solicitado "a una entidad tasadora oficial" que determinara el precio de los derechos de edificabilidad que se iban a vender. Esta compañía –de la que no informó del nombre– lo estimó en 6.537.000 euros, un precio al que la Fundación Jiménez Díaz "dio su conformidad", según explicó Conde Lázaro. Desde IDC Salud aseguran que la venta se ha llevado a cabo "de forma pública y transparente de acuerdo al procedimiento previsto en estos casos". 

Asimismo, el rector hizo alusión, en la reunión del Consejo de Gobierno del 30 de abril, a un informe vinculante de la Abogacía del Estado que determinó que se podía hacer la venta directa de los derechos. infoLibre reclamó a la gerente de la Universidad poder acceder a ese informe o, al menos, a los argumentos que había dado la institución, pero no obtuvo respuesta. Este diario también preguntó, sin éxito, sobre si, dada "la difícil situación económica" que atraviesa la UPM, en palabras de su propio rector, no habría sido más beneficioso haber sacado a concurso la venta para lograr el precio más alto posible. 

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