El Gobierno de Andalucía

PP y Cs tienen que pasar ahora por el filtro extremista de Vox su pacto de gobierno en Andalucía

Los líderes de Ciudadanos, Juan Marín, y del PP-A, Juanma Moreno.

Una nueva mayoría coopera ya en Andalucía, donde el poder autonómico socialista empieza a ser historia. El proyecto naciente, que será inevitablemente compartido y empieza a definirse con el programa de medidas de gobierno PP-Cs y las exigencias de Vox como oposición colaboradora, tiene un marcado carácter conservador. Incluyen pagar con fondos públicos el bachillerato de la concertada, bajar los impuestos a gran escala, identificar –para cerrar o reducir– los entes públicos considerados ineficientes, podar la televisión pública, promocionar el trabajo autónomo, establecer mecanismos de colaboración público-privada en la formación, agilizar los desarrollos urbanísticos, terminar con las subastas de medicamentos, facilitar que los médicos de la sanidad pública ejerzan la privada... Un vademécum integrado por señas de identidad liberal-conservadoras, al que se suman declaraciones de intenciones de mejora de los servicios públicos sin detallar de dónde saldría el dinero.

Queda por saber hasta dónde aprieta Vox para hacer valer sus 12 diputados. Cuanto más lo haga, más a la derecha se irá un programa ya de por sí de corte liberal o neoliberal. En la recámara de la formación ultraderechista está la derogación de las leyes de violencia de género y memoria histórica e incluso la defunción de la autonomía andaluza, aunque Francisco Serrano, portavoz de Vox en Andalucía, adelantó este jueves que actuarán con "realismo". El conjunto político resultante no afectará sólo a Andalucía. Es el ensayo general de un modelo de entendimiento que puede ser válido en otras autonomías, ayuntamientos y a nivel estatal.

La constitución del Parlamento de Andalucía ha dejado ya claro que la ley de la gravedad también opera en política. Nada es ajeno a las matemáticas. Los 47 diputados de PP (26) y Cs (21) no son suficientes para el cambio, por más que lo hayan repetido Albert Rivera y los suyos. Descartado el apoyo del PSOE, Vox es necesario para alcanzar los 55, frontera de la mayoría absoluta. Los 47 no eran suficientes para lograr una mayoría en la Mesa de la Cámara, ni tampoco su Presidencia. Ambas cosas las lograron este jueves PP y Cs gracias a la formación ultraderechista, que a cambio logró un sitio en la mesa. Los 47 tampoco son suficientes para lograr la investidura de un presidente de la Junta de Andalucía, que resultará de una negociación que ahora comienza. Ni lo serán para aprobar leyes durante toda la legislatura en ciernes. Vox ha sido, es y será clave en todo ello, aunque está por ver qué precio pone a su apoyo y si se atreve a comprometer la mayoría derechista por sujetar su apoyo a medidas políticas extremistas. De momento, lo seguro es que hay una mayoría conservadora que alcanza hasta la extrema derecha, cuyos tres puntales tienen –más allá de gestos de incomodidad– la determinación clara de participar en la nueva era política andaluza post-PSOE.

Pero, ¿para hacer qué? Hasta la fecha se ha hablado más de siglas que de propuestas. Más de la mesa del Parlamento que de programas. Constatado ya que la mayoría de derechas salida de las urnas el 2 de diciembre es capaz de ponerse de acuerdo, ahora comienza una negociación que implica nombres y políticas. Hay un punto de partida: un programa conjunto de 90 medidas acordadas entre el PP y Ciudadanos [aquí el documento]. Este programa ha sido publicado por entregas en fechas navideñas –de cierta escasez informativa–, lo cual ha contribuido a generar la impresión de que se trata de un programa al uso, similar al acordado en 2015 por PSOE y Ciudadanos. Y no es así. No lo es porque PP y Cs no tienen una mayoría suficiente para gobernar. Necesitarán otra vez el apoyo de Vox, que a su vez trae su propio libreto bajo el brazo en forma de 100 medidas de ámbito estatal, un breve programa andaluz y una serie de prioridades establecidas a raíz de su éxito electoral del 2 de diciembre.

De la combinación entre el programa conjunto PP-Cs, de corte liberal-neoliberal-conservador, y las exigencias de Vox, que vienen a radicalizar el conjunto, deberá resultar el contenido político que impulsen entre las tres formaciones derechistas, dos de ellas desde el gobierno y una desde la oposición. Sea cual sea la fórmula concreta que adopte, supondrá un giro con respecto a las políticas desarrolladas en Andalucía durante toda la etapa autonómica, dominada por el PSOE desde 1982 y, antes, durante la preautonomía. Andalucía será gobernada al margen del PSOE por primera vez en el presente periodo democrático. Para hacerlo el proyecto acordado por las formaciones lideradas por Pablo Casado-Juan Manuel Moreno (PP) y Albert Rivera-Juan Marín (Cs) se divide en tres grandes bloques: 1) regeneración democrática; 2) reformas económicas y fiscales; y 3) servicios públicos.

  Legislatura retrospectiva

Todas las medidas del primer apartado, el de "regeneración", parten de la premisa de que la Administración pública andaluza es un gigante ineficiente y politizado, viciado cuando no corrupto, esclerotizado por décadas de clientelismo y en el que los concursos públicos se adjudican en base a criterios partidistas. "Acabaremos con las redes clientelares", dice el punto 17 del acuerdo. Sobre esta base general aceptada por PP y Cs, ambas formaciones acuerdan un amplio catálogo de medidas "regeneradoras", para incrementar la "transparencia" en la entrega de ayudas y arrojar luz sobre los años de gestión socialista.

Todo ello aboca a una legislatura con ánimo retrospectivo, de búsqueda de irregularidades previas, que incluirá una comisión de investigación sobre el gasto de dinero público en prostíbulos con tarjetas de la Fundación Faffe, así como medidas para recuperar el dinero defraudado por los ERE. Este empeño se encuentra con la dificultad de que gran parte del dinero que el PP ha considerado defraudado lo han cobrado más de 6.000 prejubilados que no han cometido delito alguno y no son responsables de que el método de reparto de los fondos esté en investigación judicial. Los posibles delincuentes son políticos, comisionistas e intrusos, no la mayoría de prejubilados. Ahí el próximo gobierno deberá hilar fino. PP y Cs se imponen quitar el cargo a imputados por corrupción, reformar el Estatuto para suprimir los aforamientos en Andalucía –un empeño de Ciudadanos– y aprobar una ley de defensa de denunciantes de corrupción.

En el mismo bloque de la corrupción se encuentra una promesa de "despolitización" de la administración, una reducción de altos cargos y de la conocida como "Administración paralela". También un "redimensionamiento" de Canal Sur, que Vox quiere cerrar. Para todo ello PP y Cs encargarán una auditoría del sector público que detecte falta de eficiencia. Esta pretensión bien puede consumir una legislatura entera, ya que no lleva fecha asignada. Hay un punto del acuerdo que ha sido especialmente polémico: "Estableceremos unas tablas salariales que ordenen y racionalicen las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta de Andalucía". El PSOE interpreta que lo que se pretende es subir los sueldos de los altos cargos, equiparando al presidente de la Junta con el del Gobierno, a los consejeros con ministros... PP y Cs lo niegan y aseguran que el objetivo es poner orden en los pluses y que esté todo claro.

  Bajada de impuestos

Las reformas fiscales (segundo bloque) tienen el sesgo propio de dos partidos defensores del Estado mínimo y de la famosa frase: "El dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente". Se trata –dice el acuerdo– de "disminuir la presión y esfuerzo fiscal de las personas físicas y jurídicas [...]". Esto incluye la práctica eliminación –bonificación al 99%– del Impuesto de Sucesiones, la rebaja de Patrimonio, la bajada del tramo autonómico del IRPF para todos los contribuyentes, la bajada del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, librando de su pago a la banca. El programa no cuantifica el impacto de esta rebaja fiscal en las cuentas, pero sí recoge la "exigencia" al Gobierno central de una mejora del sistema de financiación de Andalucía. Será necesaria, porque en paralelo a esta "bajada masiva de impuestos", o "BMI", como decía Moreno en campaña, PP y Cs prometen mejorar los servicios públicos y subir sueldos de funcionarios.

El acuerdo de ambos partidos implica un diagnóstico de la situación socioeconómica de Andalucía que no es neutro. "Los trabajadores autónomos siguen siendo nuestra prioridad", dice el programa. Ahí ponen el énfasis los partidos de Rivera y Casado: en la necesidad de promocionar el trabajo autónomo y de ajustar la demanda a la oferta de empleo. No se cuestiona –como hacen numerosos economistas– la posición de Andalucía en el esquema de reparto del trabajo y la inversión en España y Europa, ni los factores estructurales e históricos que han lastrado su desarrollo y que el PSOE no ha logrado revertir. "Abriremos los planes de empleo a la colaboración público-privada", señala el programa, que también prevé reformar el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y eliminar trabas burocráticas.

La pregunta es si con tales medidas se lograrán cambios estructurales que incidan en los problemas de fondo de la economía andaluza, que diverge de la media española y nacional. Lo que sí hacen PP y Cs es anunciar," en el marco de una Estrategia Industrial para Andalucía, la elaboración de la Ley de Promoción de la Industria y el Plan de Revitalización de la Industria Andaluza, con especial atención a sectores claves como el agroalimentario o la industria aeronáutica". El programa también prevé una nueva ley del suelo para "agilizar y simplificar" la gestión urbanística.

  Sanidad y educación

El tercer bloque es el de servicios públicos. PP y Cs se hacen eco en su programa de demandas muy extendidas entre los profesionales sanitarios: equiparación salarial con la media nacional, fin de la precariedad y del "abuso de la temporalidad". "Reduciremos de forma efectiva las listas de espera y acabaremos con el colapso de las urgencias en el Servicio Andaluz de Salud a lo largo de la legislatura", afirma el programa, que no concreta el coste ni el origen de los fondos de esta medida, ni tampoco del "refuerzo de la atención primaria", la garantía de diez minutos por paciente o el cribado de cáncer de colon entre 50 y 69 años. Son medidas irreprochables. Tan irreprochables como caras. PP y Cs sí anuncian el fin de las subastas de medicamentos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), concebidas para lograr una mayor eficiencia en el gasto e incrementar la independencia con respecto a los laboratorios farmacéuticos. El programa de los de Casado y Rivera también devolverá el complemento de exclusividad a los médicos de la sanidad pública que tengan además consulta privada.

PP y Cs se comprometen a implantar educación gratuita de 0 a 3 años, sin especificar el modelo con el que se hará. De nuevo una medida de elevado coste, sobre la que se no se detalla el modo de pago. Lo que sí hay es una expresa defensa de la educación concertada, a la que se sitúa en pie de igualdad con la pública. "Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o la educación concertada. Habilitaremos progresivamente la implantación del bachillerato concertado [...]". Ambas medidas constituyen grandes noticias para la Iglesia católica, la principal gestora de centros de educación concertada. Especialmente fuerte es el Opus.

  El papel de Vox

El apoyo a la concertada es sólo uno de los muchos en que PP y Cs se encontrarán fácilmente con Vox, que le da un decidido apoyo. El programa del partido ultraderechista para Andalucía podría resumirse en menos impuestos –varios de ellos en los mismos términos que PP y Cs–, reducción de organismos públicos y más educación concertada. Pero, ¿qué hay de sus planteamientos de máximos, como la supresión de la autonomía andaluza? El parlamentario Francisco Serrano, que hace las veces de líder de Vox en Andalucía, se mostró este jueves al término de la sesión plenaria consciente de la imposibilidad de apostar por tales empeños con 12 diputados.

El proyecto acordado por las formaciones lideradas por Pablo Casado-Juan Manuel Moreno (PP) y Albert Rivera-Juan Marín (Cs) parte de la "defensa de la unidad de España", llamativa proclamación en un programa político autonómico, pero también del Estado de las autonomías. ¿Es aceptable para Vox, que hace del fin de las autonomías uno de sus objetivos? Serrano dijo ser "coherente" aunque "realista" y sabedor de que hay cosas que llevan "su tiempo". infoLibre le insistió sobre qué puntos del acuerdo entre PP y Cs le parecían menos aceptables. Y terminó concediendo que la parte de economía y fiscalidad no era de su agrado, aunque tampoco dio mayor detalle.

Tanto Juan Manuel Moreno (PP), previsible próximo presidente del Gobierno andaluz, como Juan Marín (Cs), previsible vicepresidente, se mostraron conscientes de que el documento acordado puede ser objeto de modificaciones. Lo sería hacia la derecha, porque el invitado que falta es Vox. Este jueves ni su secretario general, Javier Ortega Smith, ni Francisco Serrano quisieron entrar a fondo en los aspectos que tratarán de meter en el acuerdo de investidura. "Empezamos ahora", dijo Serrano, que admitió incluso que no ha formado parte de la mesa negociadora para la conformación del Parlamento y que tampoco está al tanto de las prioridades de Vox a nivel estatal de cara a la negociación que ahora se abre para convertir a Moreno en presidente. Vox es un partido vertical y centralista y no se esfuerza en disimularlo. Ortega Smith, mano derecha de Santiago Abascal, sí advirtió: "No nos sentimos para nada obligados por acuerdos que hayan podido pactar otras formaciones políticas. La negociación será clara, transparente y legal, pero también sin duda difícil porque trataremos cuestiones en las que a lo mejor a priori no estamos de acuerdo".

Serrano, con un estilo más suave que el que exhiben Santiago Abascal y Ortega Smith, pidió algo de paciencia, dijo que prefería no hablar de "líneas rojas" y prometió que todo se haría pensando "en España y en Andalucía". No es demasiada concreción. Más concreto se ha mostrado en otras ocasiones su partido, como cuando –tras comenzar PP y Cs sus contactos– puso sobre la mesa sus prioridades para hacer valer el apoyo de sus casi 400.000 votantes. Era 21 de diciembre, hace una semana. Desde entonces las cosas han cambiado para Vox, entre otras cosas porque su carácter de interlocutor reconocido ya es un hecho e incluso Ortega Smith ha desvelado que el PP le ha ofrecido consejerías en el futuro gobierno. Así que está por ver, una vez que Vox ha conseguido hacer evidente su poderío en la actual correlación de fuerzas, si sus premisas se mantienen o comienza a modular y a comportarse de forma más pragmática.

Lo indudable es que las premisas anticipadas por Vox el 21 de diciembre son contundentes. Entre sus medidas estaban: devolver al Estado las competencias de educación, sanidad, justicia y seguridad; supresión de entes "superfluos"; compromiso –visto que su cierre exige un referéndum– de "reducción al máximo" de Canal Sur; libertad de elección de centro educativo de los padres, lo que lleva a una mayor cuota de educación concertada; sustitución de la Ley Andaluza de Violencia de Género por una "Ley de Violencia Intrafamiliar"; derogación de la Ley Andaluza de Memoria Histórica; lucha contra el fraude de las ayudas rurales; "colaboración total con Policía y jueces para repatriar a los inmigrantes ilegales y para combatir a las mafias del comercio callejero ilegal"; plan de apoyo a la tauromaquia y la caza... Lo de este jueves fue solo el comienzo de la andadura. La nueva mayoría política derechista en Andalucía tiene mucho terreno por delante.

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