Financiación de partidos

El PP mantendrá viva la comisión sobre financiación de partidos en el Senado pese al plantón anunciado por la oposición

Bancada del PP en el Pleno de control al Gobierno en el Senado.

El Partido Popular se ha topado con la barrera del grueso de los grupos de la oposición en el Senado a la hora de que avance la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos, un órgano con el que los conservadores pretenden poner a los demás partidos en la misma tesitura en la que están ellos en el Congreso, con la diferencia de que el resto no está en el punto de mira de los tribunales.

Pese al plantón anunciado por PSOE, Podemos, Cs –integrado en el Grupo Mixto– y ERC para la sesión del 13 de julio, cuando comparecerán los tesoreros de PSOE, Podemos y Cs, el PP no pretende dar un paso atrás. "La comisión sigue su curso y estamos trabajando ya en el orden del día de la próxima sesión y las siguientes", señalan las fuentes consultadas por infoLibre.

Los partidos que han decidido dar la espalda a esta comisión coinciden en que es "una farsa" para intentar "torpedear" y "tapar" la investigación en el Congreso.

El acuerdo de creación de este órgano parlamentario en el Senado recibió luz verde del pleno del 5 de abril y su constitución tuvo lugar el pasado 6 de junio. Desde su origen fue concebida como una contracomisión. Es decir, como una especie de revancha del partido de Mariano Rajoy respecto a la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP que este mismo lunes echó a andar en el Congreso de los Diputados con la declaración, en una jornada monográfica, del extesorero Luis Bárcenas

Desde el PP se intentó hasta el último minuto que la comisión que se celebra en la Cámara baja, y ante la que tendrá que declarar el propio Mariano Rajoy, afectase al resto de partidos. Pero su debilidad parlamentaria lo impidió. Ciudadanos, el partido con el que selló un pacto de investidura no dio su brazo a torcer, entre otros asuntos porque el propio pacto obligaba a la puesta en marcha de esta comisión.

En este contexto, la salida que se buscó desde el partido del Gobierno fue recurrir a la Cámara alta, donde sí tienen mayoría y, por tanto, disponen de la última palabra para aceptar y rechazar comparecientes y para fijar órdenes del día.

"¿Van a renunciar a hacer sus preguntas?"

Si nada cambia, el PP estará prácticamente solo el día 13 en el Senado preguntando a los responsables de las finanzas de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Algo que, a juicio de los conservadores, supone "una rareza". "¿Van a ser capaces de dejar solos a sus tesoreros ante las preguntas de la oposición? ¿Van a renunciar a hacer sus preguntas?", se cuestiona un senador en conversación con infoLibre. La misma fuente considera que el plante anunciado es una "falta total de respeto al Parlamento y, por tanto, a los ciudadanos".

El resto de partidos se molestó también este jueves tras comprobar la intención del PP de no aceptar comparecencias relacionadas con sus filas. "El PP tiene compareciendo en el Congreso permanentemente a todos los miembros que han solicitado el resto de los grupos y es absurdo duplicar las comparecencias en un sitio y en otro", señaló Luis Aznar, portavoz en esta comisión.

"Creemos que con lo que está pasando en el Congreso, el resto de los grupos parlamentarios se quedarán satisfechos; si el resto tiene algún problema, les facilitaremos los diarios de sesiones", añadió el senador. No obstante, aclaró que si durante los trabajos de la comisión algún grupo considera necesaria la comparecencia de algún dirigente del PP para aclarar algún punto en concreto "el partido no se opondrá".

"El PP estará solo en esta farsa"

Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista explican que su decisión de no acudir es firme. Mantienen que el PP estará "solo" en la "farsa" que ha montado

Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, su portavoz en esta comisión, Óscar Guardingo, confirma a este diario que tampoco asistirán. A su juicio, el PP pretende "tapar" con la puesta en marcha de este órgano en el Senado el que ya ha arrancado con el Congreso. No se queja el senador de que se llame a la comisión a dirigentes del partido morado, pero sí a ciudadanos anónimos a los que, a su entender, se pretende "criminalizar". Se refiere Guardingo a una de las peticiones del documento de trabajo del Grupo Parlamentario Popular del Senado para esta comisión. 

Entre otros datos, el PP reclama a la formación morada datos "desde su constitución hasta la actualidad, sobre crowdfunding y microcréditos, tanto de la organización política como de los candidatos que hayan utilizado este recurso para financiar cualquier campaña a la que se hayan presentado". Y la "relación de personas físicas o jurídicas que hayan realizado una aportación en este sentido y su declaración de la renta".

El PNV reflexiona sobre su papel en la comisión

El Grupo Vasco no ha decidido todavía cuál va a ser su postura. Es decir, si acudirá o no a las próximas sesiones. La decisión se tomará en los próximos días, según informan desde la dirección. El PNV tiene seis senadores en la Cámara de la Plaza de la Marina, 5 electos y uno por designación autonómica.

Obligatorio por ley

Una vez aprobada la comisión, las personas que son llamadas a declarar no pueden darle la espalda. La ley establece que "todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las Comisiones de Investigación nombradas por las Cámaras Legislativas". También establece que no se puede mentir. El artículo 502 del Código Penal recoge que "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses". Un texto que también insiste en que se puede dar la espalda al mandato de la Cámara de acudir ante estos órganos.

"Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia", recoge. Y va más allá: "Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años", puede leerse en el Código Penal.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, optó por no responder justificando que tiene dos procesos abiertos en los tribunales y que, en todo caso, sólo hablaría sobre aquellas cuestiones que considerase "inocuas" para sus intereses. Ahora, fuentes del PP en el Senado interpretan que la facultad de no responder sólo asiste a quienes tienen causas pendientes con la Justicia, algo que no comparten el resto de grupos.

Plan de trabajo

Hace una semana se cerró el plazo para que los grupos parlamentarios con representación en el Senado presentasen sus planes de trabajo. 

Los conservadores registraron la petición de comparecencia de las personas que consideran que pueden explicar la financiación de sus respectivos partidos. Así, en el amplio listado, figuran la presidenta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, en el marco del caso ERE. Una cita que habría tenido mayor repercusión si Díaz hubiese salido victoriosa de las primarias del PSOE. En todo caso, Pedro Sánchez está también en la lista de comparecencias demandadas por el PP para que explique el sistema de recaudación de fondos para su campaña como candidato a las primarias, así como Pablo Iglesias (Unidos Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos). Pero son solo una muestra, pues la lista de solicitudes de comparecencia supera las 150.

El PP quiere conocer también la posible "relación" entre Venezuela y la financiación de Podemos y la financiación de los grupos municipales de Ciudadanos.

Por su parte, el PSOE insistía, como en el Congreso con Mariano Rajoy. También reclaman la presencia de José María Aznar, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato y otros medio centenar de cargos o excargos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda, Jaume Matas o Francisco Camps.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o el expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado en el marco de los casos Púnica y Auditorio también figuran en el amplio listado.

Mientras, Podemos reclamaba la comparecencia de cerca de 90 personas: desde políticos a empresarios. No faltan en el listado ni Rajoy ni Bárcenas. También demandaba una importante cantidad de documentación (denuncias, sumarios y sentencias) de los casos de corrupción que afectan al PP tanto a nivel nacional como a nivel regional.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

Mientras, el PP mantiene abierto otro frente en el Congreso. Considerando que la comisión sobre la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP es una "causa general" contra ellos porque no delimita espacio temporal, ni institucional, el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara baja presentó un escrito de reconsideración a la Mesa del Congreso. El escrito fue desestimado. Y el PP lo volvió a intentar. Esta semana, la Junta de Portavoces rechazó de nuevo el escrito, decisión que tiene que ser trasladada al órgano de Gobierno de la Cámara.

En todo caso, los conservadores saben que han perdido la batalla parlamentaria y preparan la judicial. En las próximas semanas, el PP presentará un recurso ante el Tribunal ConstitucionalTribunal Constitucional. En estos días, el partido recupera jurisprudencia para ver qué lejos llegan en el escrito ante el tribunal.

En un principio barajaron la idea de reclamar que el TC frene la comisión hasta que decida, algo que sólo suele ocurrir cuando el demandante es el Gobierno.

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