Ley Dependencia
El PP presenta una proposición para mejorar la Ley de Dependencia tras años metiendo la tijera en su financiación
La atención a la dependencia lleva años siendo deficitaria. El tijeretazo aprobado mediante un Real Decreto del Gobierno del PP en julio de 2012 dio el pistoletazo de salida a unos recortes que todavía no han sido revertidos. Así lo expresan los datos, que reflejan que, por ejemplo, las listas de espera de personas que aguardan su prestación llevan años en aumento. Pero ahora, el mismo partido que cuando estaba en la Moncloa dejaba bajo mínimos la dotación presupuestaria destinada a la dependencia, exige que la atención a estas personas mejore. La formación conservadora ha anunciado que presentará una Proposición No de Ley (PNL) para reformar la Ley de Dependencia con el objetivo de reducir las listas de espera. Lo harán después de reunirse con la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas Dependientes (Ceaps), Cinta Pascual, que valora muy positivamente que la formación liderada por Pablo Casado haya presentado esta iniciativa. "Estamos tan mal, que abrir el debate ya se considera positivo", asegura. "Es una reforma que no concreta, pero está bien que se hable del tema. La voluntad es buena", valora.
La PNL, a la que ha tenido acceso infoLibre, insta al Gobierno, muy brevemente, "a incrementar la exhaustividad y la periodicidad con las que se evalúa la implementación" de la Ley de Dependencia, "con el objetivo de acometer, a partir de los resultados de la evaluación y en colaboración con las Comunidades Autónomas, cuantos cambios sean pertinentes en la ley para mejorar las condiciones de acceso de los ciudadanos —especialmente el tiempo de espera— a las prestaciones reconocidas garantizadas desde los principios de calidad, cohesión y equidad". Además, añaden, "la referida evaluación también habrá de servir de fundamento sobre el que aplicar las reformas que se precisen para mejorar el modelo de financiación vigente y asegurar la sostenibilidad y la solvencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia". Lo piden así porque, argumentan los conservadores, "la atención a la dependencia no parece estar atravesando su mejor momento".
"La voluntad pretendida con esta norma fue crear y consolidar el cuarto pilar del Estado de Bienestar en nuestro país tras el sistema de pensiones, la Educación y la Sanidad. No obstante [...], la propuesta padeció desde su génesis carencias y deficiencias especialmente tangibles en el ámbito de la financiación, así como desde el punto de vista de la valoración de los ciudadanos solicitantes de prestación y desde la perspectiva de la concesión de las propias prestaciones", argumentan desde el PP.
No es una valoración única. Pascual hace la misma: "Hay un problema", dice, y este se debe, según añade, a la falta de financiación. Sobre todo por parte del Estado. "Cuando se puso en marcha la ley, las aportaciones del Estado y de las autonomías eran compartidas al 50%. Ahora, aproximadamente son del 80% frente al 20%", lamenta. Y ese ínfimo porcentaje corresponde a la administración central. Pero lo cierto es que ese tijeretazo se produjo durante los años en los que la formación conservadora estuvo al frente del Ejecutivo. "Me da tristeza que a estas alturas, y tras los recortes inmisericordes de Mariano Rajoy desde el año 2012, el PP solicite una valoración y un aumento de la financiación", lamenta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. No obstante, reconoce, también le produce "alegría ver que se han dado cuenta de que este es un tema que genera muchísimo sufrimiento".
CCOO alertó este mismo jueves del "momento crítico" que vive el servicio. Ya no sólo por las listas de espera, sino por la precariedad laboral que sufren quienes trabajan en este ámbito. Según recuerda el sindicato, el sector de la dependencia está "altamente feminizado", con más del 90% de los empleos ocupados por mujeres, con unas condiciones laborales "muy precarias", un "alto índice" de bajas laborales y con las ratios de personal "insuficientes" para garantizar una adecuada atención a las personas dependientes. La organización ha puesto en marcha la campaña #PonemosCaraALaDependencia para exigir al Gobierno que "cumpla sus obligaciones" e incremente su aportación hasta "equilibrar" la financiación con las comunidades autónomas al sistema en un periodo máximo de cuatro años.
Tijeretazo y soporte sobre las CCAA: listas de espera y fallecimientos esperando prestación
Durante los últimos años, la financiación de la dependencia ha estado soportada por las comunidades autónomas, que han soportado casi todo el peso de la atención a las personas mayores con derecho a la prestación. Así lo certificó la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que en febrero de este año presentó su XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia. Tal y como acreditaron, durante el año 2018, el Estado tan sólo aportó el 20,3% del gasto público, mientras que las comunidades cargaron sobre sus espaldas con el peso del 79,7% restante. Y esto ha ocurrido, denuncia la organización, desde ese mes de julio de 2012. Desde entonces, el impacto acumulado de los recortes ya acumula un tijeretazo de 3.154 millones de euros.
Se busque en las estadísticas en las que se busque, los datos no son nada positivos. Los últimos disponibles los publicó el Imserso, una entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, y vienen a constatar lo que critica Ramírez: las listas de espera han ido a peor año a año. La situación a 31 de julio de 2019 es, de hecho, la peor de los últimos años. Del total de solicitudes recibidas, 1.833.182, sólo han sido resueltas 1.693.141. Dicho de otro modo, hay 140.041 esperando para conocer si tienen derecho o no a una prestación. Son, en total, 5.716 personas más que el año pasado. Según los datos de la institución, el 31 de julio de 2018 había 1.746.165 solicitudes presentadas y 1.611.840 resueltas. Es decir, la espera se situaba en 134.325. Este número no deja de descender si se echa la vista atrás a estos datos desde el año 2015. Desde entonces, la lista de espera no ha dejado de aumentar.
La organización que dirige Ramírez no es más positiva en los datos que ofrece. Lo que arrojan sus cifras, principalmente, es que las listas de espera tienen consecuencias. Según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, un año más, miles de personas dependientes fallecieron esperando la prestación que les corresponde. En 2018, según sus estadísticas, fueron más de 30.000, lo que supuso una media de 80 muertes al día. Y el año no terminó con esperanzas de que 2019 fuera muy diferente. Al terminar el año, afirmó la organización en su estudio, había 250.000 personas valoradas con algún grado de dependencia esperando a ser atendidas. Se encontraban, como definió entonces la asociación, en el limbo de la dependencia.
Un limbo que, aunque se redujo en 60.000 personas —siempre según los datos manejados por la asociación—, tardará más de tres años en atenderse por completo. Un problema acrecentado si se tiene en cuenta el tipo de personas que la conforman. El informe asegura que el 40% de la lista la conforman dependientes con Grados II o III (es decir, dependientes severos y grandes dependientes). "Resulta así que quienes más necesidades de atención tienen son quienes menos reducen la lista de espera, lo que evidencia que las comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir ese limbo con menores costes", denuncia el documento.
Posibles soluciones
Pero Ramírez, aunque confiesa que la propuesta de los conservadores es positiva en el fondo, rechaza que la solución para mejorar estas cifras sea esa. "Yo les propongo que vayan más allá de la PNL y que no hagan política con la dependencia después del sufrimiento que han generado a través de esos recortes inmisericordes y que firmen el pacto de Estado por la Dependencia", dice. Fue aprobado el 14 de diciembre de 2016, con motivo del décimo aniversario de la aprobación de la ley, pero el PP fue el único partido que no cedió sus votos para que saliera adelante. El texto, que incluía cinco puntos, pretendía recuperar el nivel de inversión por parte del Gobierno central de antes de la crisis, lo que supondría una aportación extra de 450 millones, según los cálculos de la asociación presidida por Ramírez.
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El tijeretazo de 2012 eliminó un bloque entero de financiación, el llamado nivel acordado, que fue de 283 millones en 2011 y que no se ha vuelto a recuperar. Por otro lado, también redujo en un 13% la otra gran fuente de financiación, el nivel mínimo garantizado del sistema.
Concretamente, en el pacto de Estado, los partidos solicitaron que los cuidadores, en su mayoría mujeres, volvieran a cotizar —puesto que dejaron de hacerlo tras el Real Decreto aprobado por el PP—; que se blindara el servicio, obligando a que cualquier cambio en la normativa tuviera que pasar previamente por el Parlamento; que el Estado y las autonomías llegaran a un pacto para no dejar de financiar el servicio hasta dejar a cero las listas de espera; y que el sistema de información de la dependencia fuera completamente transparente.
"En el pacto de Estado está concretado, no de una manera vaga como en la PNL, qué hay que hacer para reducir la lista de espera y para financiar el servicio al 50%, que es lo que marca la ley", dice Ramírez. "Invitamos al PP a que, en lugar de hacer política, de hacer una PNL, nos llamen y firmen el pacto que firmaron todos los partidos", sentencia.