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Biodiversidad

El PP propone cambiar la ley de especies invasoras contra el criterio de ecologistas, científicos... y del Supremo

El cangrejo rojo americano, una especie considerada invasora por la legislación española.

El debate sobre la lucha contra las especies invasoras, la segunda amenaza a la biodiversidad tras el cambio climático, ha vuelto. Y se presenta con una polarización que va a más y una maraña de decretos, leyes y sentencias. El pasado martes el Congreso aprobó la toma en consideraciónaprobó la toma en consideración, a iniciativa del PP, de una modificación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que es la que regula qué se debe hacer con esta flora y fauna alóctona que supone un peligro para el resto de habitantes del ecosistema. Lo que propone la modificación del PP es que se establezcan excepciones para las especies invasoras que fueron introducidas en el entorno antes de 2007, cuando se promulgó la ley. Pretenden que en determinadas zonas se permita la caza y la pesca de estos animales y su posterior aprovechamiento, y que en el resto solo se prohíba el aprovechamiento. La mira está puesta en especies como la trucha arcoíris, el cangrejo rojo americano o la carpa, que suponen la presa de gran parte de la pesca deportiva o alimentaria de interior. Asociaciones de pescadores conservacionistas, ecologistas y científicos han asegurado que la iniciativa que ha salido adelante en la Cámara Baja supone saltarse una sentencia del Supremo de 2016 y que, de aprobarse la modificación definitivamente, supondría un golpe letal a la biodiversidad española, ya que consideran que, contrariamente a lo que se pueda pensar en un primer momento, ni la caza ni la pesca –al menos, sin control– ayudan a erradicar una población dañina. Las excepciones ayudan menos.

Se considera especie invasora las que es foránea del lugar donde habita y ha sido introducida por el hombre intencional o accidentalmente. Las especies nativas no pueden competir o convivir con las invasoras, por los que son desplazadas o, en el peor de los casos, mueren o se acaban extinguiendo. Este matiz es importante: las que son de fuera pero no causan ninguna interferencia en su nuevo ecosistema son alóctonas, pero no invasoras: para alcanzar este estatus, deben causar un daño al entorno natural demostrado científicamente. El principal argumento del PP para oponerse a parte de la ley de 2007 es que prohíbe la pesca y el comercio de estas especies y, por ello, el impacto económico de sectores como el piscícola y poblaciones que hacen de la pesca su forma de vida.

"Las actividades cinegética y piscícola practicadas de forma racional y sostenible constituyen un sector económico con importante capacidad de generar renta y empleo en miles de pueblos que sin ellas estarían condenados a desaparecer", defendía en el Congreso la diputada conservadora María Teresa Lara i Carbó. La parlamentaria, para dar fuerza a su argumento más allá de los motivos económicos, defiende que las especies que llevan largo tiempo en nuestros ecosistemas no suponen un peligro ambiental ya que no son invasoras sino "especies alóctonas naturalizadas". La iniciativa también propone quitar directamente del catálogo a determinadas especies "por motivos sociales o económicos".  La norma del 2007 prevé que se puede sacar una especie del catálogo, pero siempre que se demuestre científicamente que la fauna o la flora señalada no incurre en ningún peligro. Algo que afirma el PP pero que no piensa demostrar siguiendo los cauces de la norma ya aprobada, por ahora.

La oposición al cambio en la ley de Biodiversidad de 2007 está agrupada bajo un manifiesto que firman 17 sociedades científicas, 600 investigadores o científicos de centros y universidades de toda España y 100 organizaciones no gubernamentales. "Las especies que pretende indultar la actual iniciativa parlamentaria se ha demostrado científicamente que constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas", afirma el documento. Las razones de ecologistas y científicos para oponerse a la modificación son numerosas: la ley de biodiversidad no prohíbe la caza y la pesca, las cifras de impacto económico que plantea el PP no son reales y la actividad cinegética y pesquera, si no está bajo el control de un plan de erradicación, no disminuye sino que hace aumentar la población de la especie en cuestión, máxime si se realizan sueltas incontroladas de ejemplares.

Los datos que presenta el PP "son falsos", afirma contundentemente Theo Oberhuber, responsable de Conservación de Ecologistas en Acción. Cifras como que la ley hace que se dejen de ingresar más de 10 millones de euros en las zonas rurales donde se pesca a estas especies. "No hay ningún informe que lo avale. Se ha mentido descaradamente. No ha habido interés en comprobarlo", asegura el activista. Otro dato que se ha difundido, esta vez por parte de La Plataforma en Defensa de la Pesca, es que el 95% de la actividad de la pesca deportiva se sustenta en la carpa y en la trucha arcoíris. "Es una barbaridad, un conjunto de exageraciones", afirma César Rodríguez, portavoz de la organización de pesca conservacionista Ríos con Vida, que reajusta el porcentaje entre un 60 y un 70%.

La disposición de la ley de biodiversidad que provoca las divergencias es la siguiente: "La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos", aunque luego añade una excepción: se permite, previa autorización, siempre que se realice "con fines de control o erradicación, en el marco de estrategias, planes y campañas que, a tal efecto, se aprueben". Oberhuber lo tiene claro: "Ni la ley ni el catálogo prohíbe la caza y la pesca. Está prohibida la suelta y la liberación. Con el fin de campeonatos de pesca, por ejemplo, se hacen liberaciones masivas. Sin esas liberaciones, las poblaciones se reducirían muchísimo", argumenta. Los ecologistas afirman, además, que ninguna de esas "estrategias, planes y campañas" se ha llevado a cabo desde 2007. Rodríguez, por su parte, avisa: "Pensamos que una especie introducida no se puede erradicar. La caza y la pesca no son instrumentos eficaces para ello", pero considera que se pueden llevar a cabo medidas “imaginativas” que ayuden a combatir a las especies invasoras permitiendo la pesca: por ejemplo, cobrando una tasa a los pescadores para la práctica y que el dinero recaudado sirva para atajar el problema por otras vías.

La postura del Supremo

Los contrarios a la modificación de la ley consideran que tienen al Tribunal Supremo de su parte. "Está en la naturaleza de las cosas que la caza y la pesca, lejos de servir a los fines de erradicación de las especies catalogadas, más bien determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la agravación, del status quo actual, dificultando, si no haciendo imposible, su erradicación, que es un objetivo inequívoco de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad", indica la sentencia de la sala en 2013, año en el que tumbó, en parte, un decreto del Gobierno que pretendía introducir las mismas excepciones que ahora plantea en el Congreso.

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El Supremo, además, aseguraba que es irrelevante, como ahora vuelve a plantear el PP, que una especie invasora lleve mucho tiempo en el ecosistema para eliminarla del catálogo. La carpa fue introducida en España en los estanques y charcas durante la dinastía de los Habsburgo (1516-1700), y la trucha arcoíris está en el país desde los años 60. Son dos especies consideradas de las 100 invasoras más dañinas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El tribunal se basa en esa clasificación para afirmar que, probado de sobra el daño de estos animales sobre el ecosistema, da igual si se introdujo hace siglos o hace semanas.

El PP, como se demostró este martes, vuelve a insistir en que se puedan establecer excepciones, que incluyen la retirada del catálogo, a las especies introducidas antes de 2007. La diferencia es que ahora lo hacen mediante una iniciativa para la modificación de la ley y no mediante un decreto que, según el Supremo, no podía sobreponerse a una norma de rango superior. El hecho de que los conservadores busquen revertir una sentencia de ese calado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, asegura Unidos Podemos. "La proposición de ley que nos presenta el Partido Popular adolece de graves vicios de inconstitucionalidad por tratar de eludir los efectos de la cosa juzgada, por dirigirse contra la reserva de jurisdicción y por vulnerar la separación de poderes", aseguró el coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, en sede parlamentaria.

A la posible modificación de la ley de biodiversidad aún le queda mucha discusión. El martes se aprobó la toma en consideración con los votos del PSOE, que aún no ha declarado qué posición tomará y en qué puntos se opondrá a los postulados del PP. Vistos los antecedentes y la postura del Supremo, no se descarta que el conflicto pase de lo medioambiental y político, de nuevo, a lo judicial.

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