El Partido Popular ha convertido la prostitución en un arma arrojadiza contra el Gobierno tras el estallido del caso Koldo —por las grabaciones en las que el ministro de Transportes y su subordinado Koldo García exponían su pretensión de tener sexo con algunas mujeres— y no ha dudado en utilizarlo contra el rival, renunciando a un análisis profundo y riguroso del fenómeno. Desde chascarrillos constantes en declaraciones y redes a llegar a afirmar en sede parlamentaria que el presidente Pedro Sánchez ha sido "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución". Acusaciones que en el PP sustentan en el material elaborado por la policía patriótica del Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de "matar políticamente a Sánchez" cuando fue elegido líder del PSOE en 2014.
El autor de la frase no fue otro que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no necesitó más pruebas que los supuestos negocios –saunas en Madrid orientadas a hombres homosexuales– del fallecido padre de la mujer de Sánchez para elevar a hecho probado lo que algunos medios de la derecha llevan una década aireando aportando como prueba una conversación entre el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario José Manuel Villarejo. Lejos de ser un exabrupto aislado, el PP presentó al día siguiente una batería de preguntas en la Cámara Baja sobre el uso de estos inmuebles y el propio Feijóo insistió en una entrevista en El Mundo en la misma idea, censurando que Sánchez "abandere la ilegalización de la prostitución en España".
Si bien es cierto que el presidente del Gobierno ha aprovechado las conversaciones privadas entre Ábalos y Koldo—que colisionan directamente con aquello que defiende el PSOE en sus posicionamientos públicos y en su actividad política— para anunciar que su formación llevará al Congreso una ley para abolir la prostitución, también lo es que el PP ha evitado deliberadamente pronunciarse. No hubo referencia alguna a esta cuestión en el documento de la ponencia política que el PP ratificó hace apenas diez días en el congreso que volvió a encumbrar a Feijóo. Y tampoco en sus estatutos. "No es el momento", resumen fuentes de la dirección del PP a infoLibre, que califican la propuesta de "movimiento a la desesperada por retener a sus votantes mujeres".
El PP votó en contra en 2024 de una iniciativa del PSOE que sí avaló dos años antes
Pero tampoco era el momento en mayo del pasado año, cuando los socialistas llevaron la iniciativa a la Cámara Baja y los de Feijóo decidieron votar en contra. Según explican a este periódico fuentes autorizadas dentro del partido, en el PP se generó "un debate" por el punto relativo a las multas a los puteros. "No es lo mismo castigar al que se beneficia de la prostitución ajena que penalizar al cliente. Si penalizas, dejas a quiénes ejercen en una indefensión absoluta", argumentan dentro de las filas conservadoras. El PSOE también planteaba perseguir el proxenetismo en todas sus formas y castigar a los dueños de los locales donde se desarrolla la prostitución.
La propuesta del PSOE en el Congreso era una reedición prácticamente idéntica de la propuesta tejida por los socialistas durante la legislatura pasada a la que sí le había dado apoyo el PP. Los conservadores dudaron hasta el último momento, pero finalmente decidieron votar en contra. Su 'no' fue decisivo para que la iniciativa decayese ya que los términos de la propuesta no convencían en absoluto a los grupos progresistas, aunque por motivos distintos a los expresados por el PP. Los socios del Ejecutivo lamentaban que la proposición se basara en el Código Penal como la principal herramienta para la resolución de un problema "estructural".
Unos meses antes, en abril de 2024, la entonces número dos del PP, Cuca Gamarra, abría la puerta a apoyar la iniciativa destacando que se trataba de un asunto "tan importante, tan trascendente y tan relevante para tantísimas mujeres", que era fundamental conocer al detalle la propuesta socialista y sopesar si existía una "voluntad sincera de avanzar en los derechos de las mujeres". Sin embargo, la cercanía de las elecciones europeas, que se celebraron en junio del pasado año, forzaron al líder del PP a no permitir siquiera la admisión a trámite de la iniciativa con la excusa de que el PSOE no había "luchado" por su apoyo.
En junio de 2022, ya con Feijóo como presidente del PP, la toma en consideración de la misma norma se saldó con 232 votos a favor —incluido el PP y parte de Unidas Podemos—, 38 en contra —entre los que estaban los comunes y Esquerra Republicana — y 69 abstenciones —por parte de Vox, PNV y Bildu—. La diputada Marta González, encargada de representar al PP, convergía con los argumentos del PSOE y decía que ya era hora de dar "un paso decisivo" porque la prostitución no podía ser considerada "un trabajo ni ser legalizada" al no ser "comparable a ninguna relación laboral" y suponer, esencialmente, el "alquiler por horas del cuerpo" de una mujer.
El PP 'borra' la prostitución de su ponencia, estatutos y programa
Puteros con carné de afiliado: los partidos ignoran el consumo de prostitución en sus filas
Ni en la ponencia ni en los estatutos del 21 Congreso Nacional del partido, la formación mencionó nada relativo a su posición sobre la prostitución ni tampoco al consumo de la misma. La dirección nacional tampoco desautorizó al diputado del PP de Extremadura, Bibiano Serrano, tras afirmar en un debate reciente que "lo malo de la prostitución es pagarla con dinero público". En sus anteriores estatutos, los conservadores sí contemplaban la pérdida de la condición de afiliado por declaraciones públicas de carácter machista, pero ni rastro de la prostitución. Se trata de un asunto que los conservadores han ubicado siempre en la "esfera privada".
El Partido Popular evita responder a las preguntas formuladas por infoLibre sobre si cuentan con protocolos internos y sanciones para prevenirla, pero fuentes del partido se esfuerzan, en cambio, en ordenar las prioridades mediáticas: "El tema que está ahora sobre la mesa es cómo el PSOE va a abolir internamente que en sus filas se paguen prostitutas con dinero público". Hace menos de un mes, PP y Vox tumbaron dos propuestas del PSOE en Les Corts Valencianes para sancionar a los consumidores de prostitución y su publicidad. Se trata de dos normas que los socialistas valencianos registraron en 2023 y que el partido de Carlos Mazón reactivó en la comisión de Igualdad a propósito del caso Koldo.
Tampoco figura ninguna mención en su código ético, donde únicamente se recoge la prohibición de ejercer "actos de acoso moral o sexual, o cualquier otro similar que pueda considerarse como acto de acoso", siempre en el entorno laboral y de actividad del partido. En su propuesta programática de cara al 23J, el partido se comprometía a aprobar una ley orgánica integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual, pero en ninguna de sus más de cien páginas se incluía la palabra prostitución.
El Partido Popular ha convertido la prostitución en un arma arrojadiza contra el Gobierno tras el estallido del caso Koldo —por las grabaciones en las que el ministro de Transportes y su subordinado Koldo García exponían su pretensión de tener sexo con algunas mujeres— y no ha dudado en utilizarlo contra el rival, renunciando a un análisis profundo y riguroso del fenómeno. Desde chascarrillos constantes en declaraciones y redes a llegar a afirmar en sede parlamentaria que el presidente Pedro Sánchez ha sido "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución". Acusaciones que en el PP sustentan en el material elaborado por la policía patriótica del Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de "matar políticamente a Sánchez" cuando fue elegido líder del PSOE en 2014.