Puteros con carné de afiliado: los partidos ignoran el consumo de prostitución en sus filas

"La Carlota se enrolla que te cagas", dice uno de los interlocutores. "Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, a tomar por culo", responde el otro. El primero es José Luis Ábalos, el que contesta es su mano derecha, Koldo García. Y detrás de los nombres que citan, como si de un reparto de cromos se tratase, se encuentran mujeres en contextos de prostitución. La conversación forma parte de los audios que salieron a la luz el pasado viernes y que han hecho saltar por los aires los cimientos de un partido que lleva años agitando la bandera del abolicionismo. Al menos de puertas para afuera.

Las conversaciones privadas colisionan directamente con aquello que defiende el partido en sus posicionamientos públicos y en su actividad política. "Las mujeres no son mercancías", reza el programa electoral del Partido Socialista del pasado 23J. En las páginas donde se contiene su proyecto político, la formación lo dice claro: "Aboliremos la prostitución". Es probablemente el partido de todo el arco parlamentario que con mayor firmeza se ha expresado contra la prostitución. 

En el documento resultante de su 41 Congreso Federal, el partido consagra un año más su compromiso decidido contra la explotación sexual, e incluso menciona la que considera debe ser la línea a seguir respecto a los consumidores: el desarrollo de "campañas educativas y de sensibilización", con el objetivo de advertir de "posibles sanciones" y de exponer los motivos por los que los puteros están "contribuyendo a la esclavitud de las mujeres". En la misma resolución política, los socialistas se comprometían a aprobar una ley abolicionista integral para erradicar "todo el sistema prostitucional como ámbito en el que se desarrolla la explotación sexual". Aspiraban, con ello, a "desactivar la demanda de los prostituidores".

El golpe en la mesa de las feministas

Febrero de 2023. El nombre de Juan Bernardo Fuentes Curbelo emerge como el principal implicado del caso Mediador. Más conocido como Tito Berni, el militante socialista pasa a ocupar titulares tras aparecer retratado consumiendo drogas y prostitución. "Fue ahí cuando una serie de militantes de base promovimos un manifiesto: la expulsión inmediata de los puteros". Lo cuenta la exdiputada socialista Ángeles Álvarez. La petición fue acogida con los brazos abiertos por parte de las feministas del partido y enseguida se sumaron algunos nombres de peso como Adriana Lastra, Susana Díaz o Matilde Fernández. La demanda era clara: la exclusión sin matices de cualquier hombre que solicite, acepte u obtenga un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración o beneficio del tipo que sea.

El manifiesto llegó al Congreso Federal a través de una batería de enmiendas. "Retomamos el espíritu de aquel manifiesto y lo convertimos en una enmienda", expone Álvarez. La propuesta se encauzó siempre a través de la Comisión de Igualdad. La exparlamentaria pone el acento en este extremo, porque resulta clave para entender la deriva de la petición: el partido toma la decisión de abordarlo ya no en el área de igualdad, sino en la Comisión de Estatutos. "Ahí había menos presencia de mujeres que defendían la posición inicial de la primera demanda", así que lo que sucede es que la petición se debilita. La propuesta pedía, literalmente, la expulsión de "los cargos que demanden prostitución y contravengan la ejemplaridad y la coherencia con la posición política del PSOE que busca favorecer un cambio cultural de pleno respeto a los derechos humanos".

Un enunciado que dista mucho del resultado final, plasmado en los estatutos confeccionados durante el 41 Congreso Federal. Fue el siguiente: "Se impondrá la sanción de expulsión del partido a aquellos que hayan sido condenados por delito relacionado con la corrupción, la violencia contra las mujeres o contra la libertad sexual, conforme a lo regulado en el Código Ético y de Conducta y el Reglamento Federal de Desarrollo en los Estatutos Federales". Pero ni rastro de prostitución, explotación sexual o proxenetismo. El código ético del partido tampoco lo hace, pues se refiere a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual citando únicamente "acoso, abuso o violación".

La feministas socialistas miran ahora al Comité Federal que se celebrará el próximo 5 de julio, "una ocasión de oro para que el asco que ha manifestado el presidente se convierta en una respuesta política contra la prostitución", sentencia Ángeles Álvarez. Fuentes oficiales del partido señalan a este diario que la voluntad de la formación pasa por "estudiar esa reivindicación". El feminismo, añaden las mismas voces, es una de las "patas del PSOE", por lo que es su deber "evitar estos episodios".

El consumo de prostitución no es una línea roja

En el artículo undécimo de sus estatutos, Sumar esboza las infracciones y sanciones que debe asumir cualquiera de sus afiliados. En ese apartado, la formación habla de corrupción y de desoír de manera reiterada los acuerdos del partido, también de propagar noticias falsas y de asumir compromisos con otras formaciones sin previa autorización expresa del partido. En las mismas líneas introduce además como una infracción el hecho de "actuar en el ejercicio de cargos públicos en forma contraria a los principios estatutarios y del código ético".

El apartado cuarto del código ético tiene que ver con un principio clave: la igualdad. Sumar se compromete al desarrollo de políticas feministas, tanto fuera como dentro de la organización. Incluye, además, la no tolerancia ante comportamientos o actuaciones machistas, siendo estas una falta grave. Pero ni rastro de la prostitución. Tampoco en el documento político nacido de la Asamblea de 2025.

Sí citan la prostitución, en cambio, en el programa con el que compitieron en las urnas el pasado 23J, pero únicamente para consolidar un plan de inserción sociolaboral dirigido a "mujeres en situación de prostitución". Sumar ha ido afrontando desde su nacimiento el debate de la prostitución sin llegar a consolidar una propuesta clara: en el corazón de la organización conviven posicionamientos próximos a las tesis regulacionistas, como los defendidos por los comuns, con otros abiertamente abolicionistas, como los enarbolados por Izquierda Unida.

Podemos sí ha madurado el debate con el paso de los años. Irene Montero se declaró decididamente abolicionista durante su etapa al frente del Ministerio de Igualdad, pero también priorizó el desarrollo de alternativas económicas y laborales para las mujeres atrapadas en contextos de prostitución. 

A nivel interno, la formación morada sigue prácticamente la misma hoja de ruta que sus excompañeros. En sus estatutos plantean como una infracción actuar contra el código ético, pero en este documento no hay incluida ninguna noción próxima al consumo de prostitución. Sí hablan de promover la igualdad dentro y fuera de la formación, además del compromiso de renuncia a cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a tales cargos en caso de ser imputado, procesado o condenado por acoso sexual o violencia machista, entre otros delitos.

Ninguna de las dos formaciones han resuelto las dudas de este diario respecto a sus medidas, protocolos o estrategias internas en torno al consumo de prostitución. El Partido Popular evita responder a las preguntas formuladas por infoLibre, pero fuentes del partido se esfuerzan, en cambio, por ordenar las prioridades mediáticas: "El tema que está ahora sobre la mesa es cómo el PSOE va a abolir internamente que en sus filas se paguen prostitutas con dinero público". 

En la ponencia de estatutos que irá a parar al 21 Congreso Nacional del partido, la formación de Alberto Núñez Feijóo no menciona nada relativo al consumo de prostitución. En sus anteriores estatutos, todavía vigentes, los conservadores sí contemplaban la pérdida de la condición de afiliado por declaraciones públicas de carácter machista, pero ni rastro de la prostitución. Tampoco figura en su código ético, donde únicamente se recoge la prohibición de ejercer "actos de acoso moral o sexual, o cualquier otro similar que pueda considerarse como acto de acoso", siempre en el entorno laboral y de actividad del partido.

En su propuesta programática de cara al 23J, el partido se comprometía aprobar una ley orgánica integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual, pero en ninguna de sus más de cien páginas se incluía la palabra prostitución.

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Y en medio del debate, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este miércoles que su departamento llevará el próximo mes de septiembre al Consejo de Ministros una batería de medidas contra el machismo que incorporará un anteproyecto de ley para la abolición de la prostitución. Será este el tercer intento de su partido por liderar y sacar adelante una ley contra el proxenetismo.

Las medidas, ha defendido la titular de la cartera, permitirán "avanzar con paso firme hacia la abolición de la prostitución y hacia una mayor calidad democrática y feminista". "Creo que hay que hacer de la necesidad virtud, creo que es el momento, puesto que esos audios nos ponen frente al espejo. Es el momento de reaccionar en todos los sentidos y con la mayor contundencia", ha subrayado.

Hace justo un año, los socialistas veían fracasar su propuesta de ley abolicionista en el Congreso. Entonces ya reconocían que la vía parlamentaria estaba agotada: "Nos corresponde una nueva fase en otro carril, a través del Gobierno de España", resaltaba la parlamentaria Andrea Fernández. Las líneas planteadas por el PSOE fueron tres: perseguir el proxenetismo en todas sus formas, castigar a los dueños de los locales donde se desarrolla el ejercicio de la prostitución y multar a los puteros.