Los abusos de la banca

La primera acusación del 'caso CAM' pide 16 años de cárcel para ocho directivos de la caja

El abogado Diego de Ramón frente a la sede de la Audiencia Nacional en Madrid

La acusación popular del abogado Diego de Ramón, que fue el autor de la querella que inició la investigación del caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que ha necesitado más de 24.000 millones de euros para evitar su quiebra, ha reclamado el ingreso en prisión durante 16 años para los ocho directivosocho directivos que provocaron la ruina de la entidad, que fue vendida por 1 euro al Banco Sabadell.

Según el Tribunal de Cuentas, la CAM fue la entidad financiera que más dinero público necesitó para su rescate 24.000 millones de euros, seguida de Bankia (22.400 millones) y Banco de Valencia (17.000 millones). 

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez finalizó el pasado abril la investigación sobre la CAM con la propuesta de juzgar a ocho antiguos directivos de la caja, entre ellos su expresidente Modesto Crespo, a los que atribuye los delitos de falseamiento de las cuentas anuales, apropiación indebida o administración desleal y falsedad en documento mercantil, por la quiebra de la entidad.

Procesamiento

Así consta en el auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, en el que el magistrado proponía sentar en el banquillo a los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y al exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol.

También acusa al exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y a los antiguos responsables de Inversiones y Riesgo, Francisco José Martínez; Financiación y Gestión de Liquidez, Juan Luis Sabater; e Información Financiera, Salvador Ochoa.

Para la acusación popular del denunciante, que como abogado también defiende los intereses de varios de los afectados por la quiebra de la caja, las cuentas de la CAM fueron falseadas desde al menos 2008 y hasta 2011.

Banco de España y CNMV

Y para justificar esta conclusión, el letrado acude a informes del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que según su criterio demuestran la manipulación de los balances.

En concreto, para cada uno de los ocho acusados reclaman 6 años de cárcel por el delito de apropiación indebida, cuatro años por administración desleal, tres años de prisión por falsedad en las cuentas, y tres años por el delito de falsedad en documento público. 

Asimismo, el letrado denunciante reclama que los ocho directivos indemnicen a los querellantes en un total de 19,16 millones de euros, "correspondientes a las inversiones que hicieron por falseamiento y manipulación contable en la emisión" de las cuotas participativas.

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