Justicia

El PSOE rechaza pactar con el Gobierno la renovación del Poder Judicial

Alfredo Pérez Rubalcaba charla con Soraya Rodríguez, y detrás, Elena Valenciano, el pasado 1 de agosto en el Senado.

El PSOE no negociará con el Gobierno del PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La decisión está tomada. E implica que los si los conservadores quieren seguir adelante con el proceso de elección de los nuevos vocales, deberán hacerlo sin el respaldo del primer partido de la oposición. Se produciría así la primera renovación del órgano de gobierno de los jueces sin el consenso de las dos grandes fuerzas políticas, por primera vez en democracia. El actual Consejo –el sexto desde el nacimiento de la institución, en 1980– concluye su mandato de cinco años el próximo 24 de septiembre. 

Alberto Ruiz-Gallardón sacó adelante su contestada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sin apoyos, combatida por toda la oposición, denostada por las asociaciones judiciales, reprobada por el actual Consejo. El Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de junio publicaba una modificación capital en el nombramiento, composición y funciones de uno de los tres poderes del Estado y ponía en marcha un proceso de renovación que se antojaba muy cuesta arriba. El PSOE ya consideraba difícil la negociación dada su oposición total a la norma. Pero tenía que confirmar su negativa. Y ya está hecho. Según adelantaron fuentes de la dirección del partido a infoLibre, no habrá conversaciones con el PP en protesta por el "asalto a la independencia de la Justicia" perpetrada por el Gobierno. Aunque la decisión está sellada, aún no se la ha transmitido al Ejecutivo. Este tampoco se ha dirigido al PSOE para sondear sus intenciones, según apuntalan en la cúpula del Grupo Socialista en el Congreso. 

Aunque la reforma tiene "mucha tela" y varios puntos que el partido de Alfredo Pérez Rubalcaba no comparte, hay uno que le chirría especialmente y que juzga inasumible: el nuevo procedimiento de elección de vocales. El CGPJ se compondrá –como ya sucedía, y porque así lo dice la Constitución– por 12 jueces de carrera y ocho abogados y juristas con más de 15 años de ejercicio profesional, a los que se añade el presidente, que es a la vez presidente del Tribunal Supremo. Hasta ahora, cada Cámara (Congreso y Senado) elegía a diez vocales –6 jueces y 4 juristas– por mayoría de tres quintos. Pero la designación se hacía en bloque, a la vez, lo que obligaba a PSOE y PP a pactar la composición, pues hasta ahora ninguno de ellos disponía de esa mayoría tan holgada en las dos Cámaras. Para el cupo de magistrados, las asociaciones podían elevar sus candidatos, igual que podían postularse aquellos jueces que recabasen los avales de al menos el 2% de todos sus colegas en servicio activo (unos 100 del total de 5.000). Esta lista contaba con una limitación: el número máximo de aspirantes presentados por los jueces era de 36, lo que obligaba a las asociaciones a filtrar. Las plazas de juristas eran propuestas directamente por los partidos. Esto era lo que ocurría desde 2001, con la reforma pactada por PSOE y PP

La posibilidad de un CGPJ híbrido

Gallardón ha cambiado por completo el sistema, no sin antes incumplir el programa electoral del PP de 2011, que marcaba que los 12 jueces serían elegidos directamente por sus compañeros, sin que el Parlamento interviniera. Con la nueva norma, se suprime el tope de 36 candidatos. Cualquier juez puede concurrir como aspirante si reúne 25 firmas o consigue el refrendo de su asociación. Así, las asociaciones judiciales –la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), la progresista Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– pierden poder, ya que no son ellas quienes hacen una primera criba. Pero el verdadero as en la manga del PP es que la renovación de los 20 vocales no se hace a la vez, sino que cada Cámara puede proceder a la designación de sus 10 miembros del CGPJ aunque la otra no haya votado nada. ¿Dónde está el truco? En que el partido de Mariano Rajoy dispone, por sí mismo, de una mayoría de tres quintos en el Senado (cuenta con 161 actas, dos más de las necesarias, de un total de 265 escaños). Es decir, que el PP puede elegir a 10 vocales sin contar con el PSOE, e incluso hacer que todos ellos sean de su cuerda. 

¿Qué pasa en ese caso? Pues que se produciría una extraña renovación parcial: continuarían los 10 vocales con "todas sus atribuciones" que eligió el Congreso en 2008 –de ellos, cuatro lo fueron a propuesta de Rajoy (Pío Aguirre, Miguel Collado, Gemma Gallego y Fernando de Rosa)–, y se incorporarían los 10 nominados por la Cámara alta. Los conservadores podrían disponer de un dominio abrumador del Consejo, con hasta 14 de los 20 vocales. La justificación oficial es que este cambio pretende evitar las "prórrogas" excesivas del mandato del CGPJ, como ocurrió en el pasado. 

"La negociación exige un equilibrio de partida entre las dos partes, y el Gobierno lo ha roto por completo. No te puedes sentar a la mesa sabiendo que ellos no tienen necesidad de discutir nada porque pueden designar a sus 10 vocales sin contar con nosotros. Es una vergüenza", sostienen fuentes del aparato del Grupo Socialista en el Congreso. El PSOE está "convencido" de que el PP se atreverá a seguir adelante, a relevar parcialmente a los miembros del CGPJ sin pactar "con nadie". "Han modificado la ley para eso. Esa ha sido su intención desde el principio. Lo de que cada Cámara eligiese por su cuenta a sus vocales ya figuraba en el proyecto de ley que el Gobierno mandó al Parlamento", recuerdan las citadas fuentes y lo corrobora el borrador publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales

La posibilidad del recurso ante el TC, aún no decidida

A esta divergencia de fondo con la norma, los socialistas añaden otro argumento para no entablar negociaciones: la "ruptura" de relaciones con el PP que Rubalcaba solemnizó en rueda de prensa el pasado 14 de julio, cuando la divulgación de los mensajes SMS que se intercambió Rajoy con su extesorero incluso después de conocerse que mantenía cuentas en Suiza significó, para el secretario general, que se probaba la "connivencia" del presidente con Luis Bárcenas. La situación, a día de hoy, es la misma, pese a que la amenaza de moción de censura que después verbalizó Rubalcaba no se llegó a materializar al comparecer el jefe del Ejecutivo ante el pleno del Congreso el pasado 1 de agosto

Así como está ya "decidido" el plante en la negociación, los socialistas no tienen todavía claro del todo si recurrirán finalmente la ley ante el Tribunal Constitucional, si bien todo parece indicar que sí lo habrá. Dado que el plazo legal es de tres meses, tendrían que llevar su impugnación ante el TC antes del 29 de septiembre

Aunque los relevos en las altas instituciones del Estado siempre han orbitado en torno al acuerdo de los dos grandes partidos, los nacionalistas también se han sentado a la mesa. CiU y PNV –que ahora disponen de un vocal cada una en el Consejo saliente, la vasca Margarita Uria y el catalán Ramón Camp– reconocen algunos contactos preliminares con el Gobierno, pero poco más. "Por principio, no nos negamos a negociar", cuentan escuetamente fuentes convergentes, que esperan que las conversaciones se retomen a partir de esta semana. "Los intereses de Gallardón son todavía muy difusos. Creo que no saben qué hacer, más después de que el PSOE rompiera relaciones con ellos. Hay demasiadas incógnitas", añaden fuentes del PNV, que a su vez aconsejan al PP "no embarcarse en una renovación en solitario, porque sería inédita la vulneración de una regla no escrita de que los nombramientos de cargos del Estado requieren del consenso". Los nacionalistas vascos tienen dudas incluso de la legalidad de un CGPJ "híbrido", con una mitad renovada y la otra, elegida en 2008 bajo el imperio de una ley ya derogada. 

Si el PP consuma la renovación, disfrutará de un holgado control de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con las riendas del Tribunal Constitucional y del CGPJ amarradas en un tiempo récord. 

53 candidatos validados

El proceso, al margen de las negociaciones políticas, ya está en cualquier caso en marcha. Son 53 los jueces candidatos ratificados por la Junta Electoral. Doce de ellos, avalados por la mayoritaria APM, la única de las cuatro asociaciones judiciales que ha decidido participar en el proceso. Entre los aspirantes, varios magistrados del Tribunal Supremo y el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que recabó 50 avales. Entre los independientes, quien consiguió un mayor número de avales fue Rocío Pérez-Puig (210), seguida de Juan Martínez (155), Manuel María Estrella (128) y Juan Manuel Fernández (115). 

Estos números de rúbricas demuestran, para Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que ha funcionado el "boicot de casi toda la carrera judicial" a la ley de Gallardón. La APM rebate esa impresión y alega, en palabras de su presidente y portavoz Pablo Llarena, que sus candidatos cuentan con "1.400 avales", los socios de su organización

Gonzalo Moliner, presidente del Supremo y del CGPJ (en el centro), junto a la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, el pasado 12 de noviembre de 2012 en Bilbao | EFE

Las tres asociaciones minoritarias –y, en mucha menor medida, la APM– se han mostrado sumamente combativas con la reforma de Gallardón. Y no sólo por el sistema de elección, sino por la "pérdida de la independencia" del CGPJ y su mayor "politización". Ángel Dolado, portavoz de FJI, convencido de que el PP desea un "Consejo monocolor", advierte de la inmediata derivada que esa decisión comporta: el control de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de los cargos judiciales cuyo nombramiento y ascenso depende del Consejo, que ahora se volverán a adoptar por mayoría simple (y no por mayoría de tres quintos, como impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004). "La sombra de sospecha recaerá en toda la cúpula de la Justicia. Se quieren tribunales ad hoc". Velar por la independencia de la Justicia es el principal cometido del CGPJ. 

"Se quiere un Poder Judicial cautivo y vinculado a los políticos", de un "país bananero", "algo sin parangón en el ámbito europeo", aprecia José Luis González Armengol, de la AJFV, quien, cáustico, se dice seguro de que no habrá finalmente "recurso ante el TC", porque a todas las fuerzas políticas "les interesa". María Victoria Rosell, portavoz adjunta de JpD, habla también de un CGPJ que sean un "apéndice del Ministerio de Justicia", "enfocado hacia la preeminencia de los magistrados del Supremo frente a los jueces de a pie". Los colectivos críticos señalan que el Gobierno busca una Justicia a su medida para acallar la contestación de las togas. Rosell lo expresa con vehemencia: "No quieren un contrapoder. Quieren cargarse el Poder Judicial. No les gusta lo que hacemos: ni la censura a los recortes, ni a las cortapisas a la libertad de expresión, ni la condena a las cláusulas abusivas de las hipotecas, ni los juicios por preferentes, ni la investigación de la corrupción...". 

La "jibarización de la Justicia"

Un cambio mal digerido por la carrera ha sido la configuración de un CGPJ en el que no todos sus miembros tienen dedicación exclusiva, como ha ocurrido desde 1980. A partir de ahora, sólo el presidente y cinco vocales más (tres jueces y dos juristas) trabajarán en el Consejo a tiempo completo. Son los que integrarán la Comisión Permanente, que se renovará todos los años. El resto podrá compaginar su pertenencia al CGPJ con su labor en el juzgado o su tarea en su despacho de abogado, o en la Universidad... Ello supone, para Dolado, una "jibarización de la Justicia, la decapitación de un órgano constitucional y su reemplazo por una comisión pequeña, mucho más fácilmente controlable por el Gobierno". Hasta la APM augura que se producirán "disfunciones", porque un vocal puede estar a la vez en el órgano de gobierno y seguir trabajando como juez, ejerciendo su jurisdicción, a las órdenes de un superior. Es decir, ese vocal sería al mismo tiempo jefe y subordinado. "Sí, nos encontramos con una situación peculiar", señala Llarena.

El Ejecutivo justificó el cambio por razones de "agilidad y eficiencia" y también de austeridad. "Si la Constitución dice que hay 20 vocales más el presidente, son 20. Y son 20 con dedicación exclusiva. ¿Son muchos acaso 350 diputados y 265 senadores? ¿Nos sobran?", inquiere Dolado. El portavoz augura que, además de "desprestigiar el Consejo", se conseguirá ponerlo "en manos de los letrados", a quienes la ley confiere la potestad de tramitar y preparar los asuntos sobre los que habrán de adoptarse acuerdos, los que llevarán el día a día de la institución. 

Otro punto de fricción es la Comisión Disciplinaria. El pleno elegirá a siete vocales (cuatro jueces y tres juristas) para un órgano que no se renueva anualmente. Sus integrantes serán nombrados por un plazo de cinco años. Al tiempo, se crea la figura del promotor de la acción diciplinaria, encargado de la instrucción de los expedientes, con el fin de que esa se "profesionalice y racionalice". El promotor será un magistrado del Supremo con más de 25 años de antigüedad en la carrera. Hasta ahora, la comisión designaba a un instructor para cada caso. 

Acuerdos y desacuerdos con la Comisión Disciplinaria

El PSOE recurrirá la nueva Ley del Poder Judicial ante el TC

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JpD define al promotor de la acción disciplinaria como el "gran inquisidor", como una persona con un enorme poder en sus manos, encargado de acusar a un compañero. "Yo como jueza, ¿no puedo temer en mi labor al abogado que tenga enfrente, si sobre él recae el poder disciplinario? No se puede garantizar que los integrantes de esa comisión no tengan otros fines, o que no sucumban a presiones. Eso sería gravísimo, temer al órgano que vela por tu independencia. Es muy duro que se utilice de forma espuria el control disciplinario", sanciona Rosell. Llarena está, en cambio, de acuerdo con la modificación. "Es razonable. Ha ocurrido que el Supremo ha hecho decaer sanciones por defectos de forma. Es inadecuado que una sanción se malogre por la mala llevanza de la instrucción". 

La APM centra sus discrepancias en el método de elección de los vocales. Llarena señala que su asociación "siempre ha defendido" volver al comienzo de la Transición, a la normativa anterior a 1985, cuando jueces y magistrados elegían directamente a sus vocales. "¿Mayor politización ahora? No. Es un vicio inicial, de raíz, el que hemos evidenciado. Esta fórmula es algo más próxima a aquella originaria". El colectivo ha avalado la presentación de candidatos por su "fuerte sentido institucional" que le hace participar de la reforma, aunque haya "aspectos" que no le gusten. "La Constitución dice que los vocales deben ser nombrados por mayoría de tres quintos, y el PP la tiene en el Senado por decisión de los ciudadanos. Los partidos deben asumir esa realidad y renovar el Consejo atendiendo a ella".

Las moderadas AJFV y FJI y la progresista JpD discrepan radicalmente. No soportan la "degradación" a la que creen que se va a someter al Poder Judicial, el "asalto" a su independencia, la "pérdida de garantías", y claman por que se presente el recurso ante el Tribunal Constitucional. "Que los ciudadanos se despidan de un crecimiento de la planta judicial. Sabrán que en los cargos representativos habrá personas simpatizantes o vinculadas a partidos", sostiene Armengol, uno de los que más hincapié hace en que el Ejecutivo merma poder a las asociaciones. "Quiere eliminar los sindicatos, los colectivos asociativos. Les molestamos porque hemos hecho huelgas y hemos reivindicado una mejora de medios materiales y humanos para prestar un mejor servicio a los ciudadanos". Para Dolado, directamente, el nuevo CGPJ, si sale elegido, no gozará de ninguna "legitimidad". Rosell habla de la "peor reforma de la Justicia" hecha jamás por un Gobierno. Y respalda el juicio expresado recientemente por la vocal progresista Margarita Robles: "Gallardón es el peor ministro de Justicia de toda la historia". 

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