Justicia

El PSOE recurrirá la nueva Ley del Poder Judicial ante el TC

Soraya Rodríguez y Alfredo Pérez Rubalcaba, durante el pleno del pasado 18 de septiembre en el Congreso.

Habrá recurso ante el Tribunal Constitucional. Los socialistas ya han tomado la decisión de volver al TC para intentar frenar otra norma del Gobierno de Mariano Rajoy. la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este miércoles se perfilarán los últimos flecos y se anunciará la presentación de la impugnación, que en principio se llevará a la sede de la institución mañana, según confirmaron a infoLibre fuentes de la dirección del Grupo Socialista. 

El recurso ya estaba prácticamente cantado, pero faltaba dar el final y preparar el texto. El PSOE votó en contra de la ley cuando pasó por el Parlamento –en realidad, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, se quedó solo: únicamente atrajo al diputado de Unión del Pueblo Navarro a su norma–, denunció el "auténtico asalto político al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y un grave ataque a la independencia judicial" y adelantó que no negociaría con el Gobierno la renovación del órgano de gobierno de Justicia. La impugnación al TC es el corolario de la estrategia de los socialistas contra una reforma llamada a cambiar de forma drástica uno de los tres poderes del Estado. Una modificación que también ha tropezado con el rechazo profundo de tres de los cuatro colectivos de jueces. Todas menos la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El PSOE, no obstante, ha apurado los plazos, puesto que el tiempo que la Constitución da a los partidos para llevar una ley al TC es de tres meses, y la nueva LOPJ se publicó en el BOE el 29 de junio

El punto de discrepancia radical lo marca el nuevo procedimiento de elección de los vocales del CGPJ. El Consejo se compone, porque así lo estipula la Constitución, de 12 jueces de carrera y ocho abogados y jurista de más de 15 años de ejercicio profesional. A ellos se añade el presidente, que lo es a su vez del Tribunal Supremo. Hasta la reforma de Gallardón, el Congreso designaba a diez miembros (6 jueces, 4 juristas). El Senado, los otros diez. En ambos casos, por mayoría de tres quintos. En las dos Cámaras se hacía el relevo a la vez. Para el turno de magistrados, las asociaciones podían elevar sus candidatos, pero también podía concurrir un juez que recabase los avales de al menos el 2% de todos sus colegas en activo (unos 100 de un total de 5.000). La lista sólo podía contener 36 nombres, lo que obligaba a las asociaciones a filtrar antes de rebotársela a las Cortes. Las plazas de juristas eran directamente promovidas por los partidos. 

Este sistema, vigente desde 2001, producto de un pacto de PSOE y PP, es el que ahora ha borrado Gallardón. La nueva ley elimina los topes, de forma que cualquier juez que disponga de 25 firmas (o el respaldo de su asociación) puede presentar su candidatura. Así, los colectivos profesionales pierden parte de su poder, pues no actúan de tamiz. Pero el cambio nuclear es este: Congreso o Senado pueden proceder al relevo de vocales. Es decir, la renovación no se hace en bloque. El truco reside en que, hoy por hoy, el PP dispone de una mayoría de tres quintos, por sí solo, en el Senado. Allí, en la Cámara alta, el PP dispone hoy de 161 actas de un total de 266 escaños, una más de las necesarias. Podría proceder, pues, a la sustitución de las diez vacantes del Senado sin contar con el PSOE y el resto de grupos, y hacer que todos ellos, si así lo desea, sean de su cuerda. 

Puntos calientes de la norma

Si el PP elige este camino, habría, por primera vez, un Consejo híbrido, con diez miembros viejos –los elegidos por el Congreso en 2008– con "todas sus atribuciones" y diez nuevos. Los conservadores podrían disponer de una mayoría aplastante en el órgano de gobierno de los jueces, con hasta 14 vocales afines más el presidente. El Gobierno niega que su voluntad sea copar el CGPJ, sino evitar las "prórrogas" excesivas, como ya sucedió en anteriores legislaturas. 

Sin embargo, hay más puntos calientes en la ley. Por ejemplo, no todos los miembros del CGPJ tendrán dedicación exclusiva –la tendrán los miembros de la Comisión Permanente (presidente, tres jueces y dos juristas), cuya composición irá rotando año tras año–; se crea la figura del promotor de la acción disciplinaria (encargado de la instrucción de los expedientes), que los jueces ven como un "gran inquisidor"; se adoptarán las decisiones de nombramientos por mayoría simple, y no cualificada... Cambios que la oposición y las asociaciones contrarias a la ley –Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)– consideran que se traducirá en una mayor "politización" del Consejo. Gallardón hasta cosecha críticas de la APM, por cuanto no ha cumplido la promesa electoral del PP de que las 12 vacantes del turno judicial sean elegidas por los propios jueces, el sistema anterior a 1985. 

El PSOE dará a conocer el texto del recurso mañana jueves, pero ayer adelantaba a este periódico que contendría buena parte de esos puntos polémicos de la reforma, especialmente la relativa a la renovación del CGPJ, que tachan de "vergüenza". 

54 candidatos del turno judicial

Precisamente ayer concluyó el mandato del actual Consejo. El 24 de septiembre de 2008 tomaron posesión los juristas Gabriela Bravo (la hoy portavoz del órgano), José Manuel Gómez Benítez, Almudena Lastra –propuestos por el PSOE–, Fernando de Rosa, Claro José Fernández, Antonio Dorado –postulados por el PP–, Margarita Uría (PNV) y Ramón Camp (CiU). Del turno de juristas, los designados fueron Margarita Robles, Inmaculada Montalbán, Félix Azón, Manuel Torres, Carles Cruz y Miguel Carmona (promovidos por los socialistas), Pío Aguirre, Manuel Almenar, Concepción Espejel, Gemma Gallego, Miguel Collado y Antonio Montserrat (PP). Tanto la Mesa del Congreso como la del Senado han prorrogado ya en otros 15 días el plazo para que los grupos presenten candidatos al Consejo dentro del cupo reservado a juristas. 

Para el turno judicial, se presentaron 55 aspirantes, aunque uno de ellos, José Luis López Fuentes, renunció a principios de septiembre. Doce de los 54 candidatos cuentan con el respaldo de la APM. Las otras tres asociaciones rehusaron participar en el proceso y no apoyaron a ningún juez. 

Fuentes de la dirección del Grupo Socialista aseguraron a este diario que la renovación está "parada de momento". El partido ya ha confirmado que mantiene su órdago y se niega a hablar bilateralmente con el Gobierno, por la "ruptura del equilibrio" en la negociación que supone la potestad de los conservadores de nombrar por su cuenta a los diez vocales en el Senado. Los socialistas sólo se ofrecen a un "acuerdo parlamentario" en el que participen "todos los grupos", porque "es ahí, en el Parlamento, donde deben votarse a los vocales". El PSOE canceló todas las relaciones con el Ejecutivo y con el presidente en julio, a raíz del caso Bárcenas. Las relaciones son, pues, gélidas, por no decir inexistentes, y la tensión no deja de aumentar. Ayer mismo, la portavoz del grupo, Soraya Rodríguez, acusó al PP de vetar "indecentemente" las mociones de rechazo a las "mentiras" de Mariano Rajoy y reprochó al presidente del Congreso, Jesús Posada, haber actuado conforme al "Reglamento de las Cortes franquistas", que estipulaban que el jefe de la Cámara tenía que fijar, "de acuerdo con el Gobierno", el orden del día del pleno y de las comisiones.  

El recurso contra la nueva LOPJ se suma a otras impugnaciones que el PSOE ha llevado al TC: contra la Ley de Costas, contra la reforma laboral, de RTVE, la no actualización de las pensiones, la Ley Antidesahucios, la Ley de Tasas Judiciales... 

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