Bloqueo institucional

PSOE y UP meten prisa al PP para la renovación y registran una proposición que limita al Poder Judicial en funciones

La portavoz socialista, Adriana Lastra, conversa con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique

El martes, desde la mesa de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros la portavoz María Jesús Montero no quiso dar un horizonte temporal concreto. Pero avisó a Pablo Casado de que PSOE y Unidas Podemos, los dos partido que integran la coalición de Gobierno estaban dispuestos a sacar del congelador la proposición de ley encaminada a sortear el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si los conservadores no se avenían al acuerdo "en un tiempo prudencial". Y este miércoles, los grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo han dado un paso más para presionar al principal partido de la oposición, también en forma de Proposición de Ley. La iniciativa [Aquí, en PDF] pretende limitar las competencias de un CGPJ en funciones.

"Es un paso muy importante. En los últimos dos años hemos visto como una institución con el órgano caducado tomaba decisiones muy importantes para con el Poder Judicial. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. El Congreso de los Diputados y el Gobierno no pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección", explican fuentes del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos.

Los dos grupos parlamentarios pretenden debatir esta proposición de ley antes de que finalice el año.

La otra iniciativa, la que pretendía sortear el bloqueo de los conservadores con una modificación en las mayorías, sigue en el registro del Congreso con su tramitación parada a la espera de un gesto de Pablo Casado. Este texto, del 13 de octubre, también se establecía un régimen para un poder judicial en funciones.

Mientras, el PP advierte de que no habrá acuerdo en los próximos meses por la coyuntura política: aprobación de los Presupuestos con EH Bildu y ERC y elecciones catalanas en febrero.

Esta misma semana, el viernes 4 de diciembre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevará dos años con su mandato caducado. "Es evidente que la superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido la debida renovación sitúa al Consejo General del Poder Judicial en una situación extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento. Muestra de tal diferencia es la terminología utilizada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para denominar al Consejo que supera su mandato, que pasa a ser 'saliente' y, por tanto, a continuar exclusivamente 'en funciones'. Pese a ello y a diferencia de lo que sucede con otros órganos constitucionales como el Gobierno o las Cortes Generales, los cuales cuentan con una exhaustiva regulación sobre cómo han de operar cuando se encuentran en funciones, en el caso del Consejo General del Poder Judicial no existe previsión alguna sobre la materia más allá del mencionado artículo de la LOPJ", puede leerse en la exposión de motivos de la proposición.

A ojos de los proponentes, esta "laguna jurídica" constituye "un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido". "Partiendo de que lo deseable será siempre que la renovación del CGPJ se produzca de manera inmediata a la finalización de su mandato, debe, no obstante, preverse un régimen jurídico completo y adecuado para cuando tal circunstancia no se dé. La existencia de una normativa apropiada para estos casos supone una garantía básica para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como un medio para favorecer la renovación, pero, sobre todo, resulta fundamental de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano", añaden.

En este contexto, a juicio de PSOE y Unidas Podemo se colige la necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato. Así, facultades como la de proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, "deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones". "Estas lógicas limitaciones, derivadas del carácter excepcional de la no renovación en plazo, también deben establecerse en relación con el nombramiento de los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, el Promotor de la Acción Disciplinaria, el Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el Jefe de la lnspección de Tribunales", puede leerse en la proposición.

Por el contrario, la proposición recoge aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante. "Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento. Al no tratarse de un órgano jurisdiccional, que no podría ver paralizada su actividad ni dejar en suspenso ninguna de sus atribuciones, resulta posible separar las facultades del CGPJ en funciones que resultan indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales de aquellas otras que, por el contrario, conforman un haz de competencias y atribuciones que legítimamente han de corresponder al CGPJ entrante o renovado y no al saliente", defienden.

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