El rechazo autonómico pone freno a los 'copagos' promovidos por Ana Mato

El pasado lunes, la ministra de Sanidad, Ana Mato, dio marcha atrás en una de sus medidas más polémicas: el copago en el transporte sanitario no urgente que pretendía obligar a los enfermos crónicos a pagar por ir en ambulancia a sus tratamientos. Ante el Pleno del Consejo Asesor de Sanidad y a preguntas de las asociaciones del sector sanitario allí presentes, Mato dijo que los sacrificios de los ciudadanos estaban "dando sus frutos" y que por ello no se pedirían "nuevos esfuerzos" a los ciudadanos. En este mismo encuentro la ministra también descartó que se vayan a imponer nuevos copagos a las prótesis o los productos dietoterápicos, que son los que necesitan los enfermos con trastornos metabólicos complejos, y que se contemplaban en el decreto para la sostenibilidad del sistema sanitario refrendado en el Congreso en mayo de 2012.

Sin embargo, esta renuncia de Mato puede interpretarse también como una forma de evitar nuevos desplantes a las medidas más polémicas de su reforma sanitaria después de que el copago en farmacia hospitalaria –el abono de un 10% de su valor hasta un total de 4,20 euros por envase de los fármacos que se dispensan en hospitales a pacientes graves o crónicos para que los tomen en su casa– haya provocado la rebelión incluso entre dirigentes del PP.

Como nunca se había cobrado por estas medicinas en las farmacias de los hospitales o por el transporte en ambulancias, su implantación hace necesaria la instalación de sistemas de cobro o de facturación que han provocado que se cuestionara un supuesto ahorro nunca cuantificado por Sanidad. De hecho, en un informe reciente el Consejo de Estado alertó de que el coste de gestionar los cobros podría ser superior a la aportación de los propios usuarios. Esta circunstancia, unida al coste electoral que pueden tener medidas tan impopulares, hace que los barones del PP se pongan de perfil, e incluso de frente, ante ellas. En 2015 habrá elecciones regionales y los presidentes autonómicos entienden que estos copagos, impuestos por Mato, aunque dirigidos desde los ministerios de Hacienda y Economía, les perjudican de cara a los votantes.

María Dolores de Cospedal y José Antonio Monago ya han dicho que en sus autonomías –Castilla-La Mancha y Extremadura, respectivamente– el copago en farmacia en hospitalaria se aplicará pero serán los Ejecutivos regionales los que asumirán el coste. Es decir, no se pondrá en marcha en los términos marcados por Sanidad. Una actitud muy beligerante contra esta medida ha tenido también el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), que ha dicho que no lo aplicará e incluso lo ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que no tendrá carácter disuasorio y tampoco supondrá un ahorro para las arcas públicas. 

En la Comunitat Valenciana, presidida por el conservador Alberto Fabra, "no se considera prioritaria en cuanto a su contribución a la sostenibilidad del sistema" y tampoco se aplicarán por el momento. Otras autonomías gobernadas por el PP también rehúsan aplicar la medida, aunque no hablan de insumisión. Alegan razones jurídicas, técnicas o de infraestructura. La Rioja, Cantabria o Murcia dicen, por ejemplo, que no la aplicarán hasta que no haya consenso en todas las comunidades. A estas se suman las no gobernadas por el PP, que también rehúsan cobrarlo. La realidad es que, este mes de enero, que es la fecha límite marcada por el ministerio, sólo Galicia y Aragón lo implantarán en los términos señalados por el ministerio. 

En este contexto no chirría el argumentario interno que el PP ha distribuido esta última semana a sus dirigentes y en el que se aboga por defender que la reforma sanitaria del Gobierno "evita nuevos esfuerzos de los ciudadanos" y que, por lo tanto, "no serán necesarios nuevos esfuerzos". "En 2012 la situación económica exigía regular algunas aportaciones para que los que más lo necesitan tuviesen aseguradas las prestaciones gratuitas. Estas aportaciones se regularon con un sistema equitativo, como fue el caso de farmacia: que ha garantizado el acceso universal a los medicamentos", instruye el PP a sus cargos. 

Sólo Galicia y Aragón implantarán este mes el copago en hospitales

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Otras medidas polémicas

Sin embargo, el copago en farmacia hospitalaria no es la única medida de Mato que está encontrando oposición en las autonomías. La pérdida del derecho a la sanidad normalizada en España de los inmigrantes sin papeles, con la que el Gobierno esperaba ahorrar 500 millones de euros, ha encontrado escollos en algunas autonomías, si bien las que se han declarado objetoras son Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias y en ninguna de ellas gobierna el PP. Mikel Mazkiarán, secretario general de la federación estatal de SOS Racismo, señala que en otras –Navarra, Comunitat Valenciana, Galicia o Castilla y León– o no está regulado o el acceso se fija condicionado a plazos de estancia que se deben acreditar por el empadronamiento. Esta última, por ejemplo, señaló que intentaría cobrar el servicio a quienes puedan asumirlo, si bien se admitía que buena parte de esos casos caerían en “el cajón de los impagados”, tal y como reconoció el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. En Galicia, por ejemplo, se ha seguido dando asistencia a los inmigrantes en situación administrativa irregular siempre que estuvieran empadronados en la comunidad desde antes del 1 de septiembre de 2012. En otras, como es el caso de Baleares y Castilla-La Mancha señala Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo, la exclusión sanitaria de los sin papeles se está cumpliendo "a rajatabla". 

De manera más reciente, la pérdida temporal de la tarjeta sanitaria de los españoles en situación de desempleo que pasen más de 90 días fuera del país también ha chocado con la oposición de algunas autonomías. Andalucía, Asturias y Cataluña ya han dicho que mantendrán la atención sanitaria a las personas desempleadas sin prestación que permanezcan más de tres meses en el extranjero. En Asturias, por ejemplo, dicen estar estudiando qué alternativas podrían garantizar esta prestación, "dentro de la legalidad vigente". En Cataluña aseguran que, por el momento, quien siga estando empadronado en esta comunidad aunque esté en el extranjero, se le seguirá dando asistencia. Algunas autonomías también cuestionan la forma en que se llevará a cabo esta medida, pues las bajas padronales se producen solo si los emigrados se dan de alta en los consulados de España en el exterior y eso es algo que no suele ocurrir porque no hay obligación ni incentivos para hacerlo. Y con la entrada en vigor de esta medida, mucho menos.