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Dependencia

Los recortes del PP en Dependencia han sacado de la Seguridad Social a más de 168.000 cuidadoras

Los recortes en el sistema de Dependencia llevados a cabo por el PP durante la legislatura que acabó el pasado diciembre no sólo han perjudicado a los propios afectados, sino también –y de manera significativa– a sus familiares. El decreto aprobado en el verano de 2012 y que redujo en un 15% de media las prestaciones económicas recibidas incluía también la suspensión de las cotizaciones por parte del Estado de las personas que cuidan a un familiar dependiente.

Ahora, tres años después de la puesta en marcha de este recorte –aunque se aprobó en verano, entró en vigor en diciembre de 2012– las cifras evidencian cómo la mayoría de las personas que completaban con estas aportaciones otros años cotizados con el objetivo de tener acceso a una futura pensión han desaparecido de los registros de la Seguridad Social. En julio de 2012, en el punto más álgido de la serie, eran 180.021 las personas acogidas a este convenio. En diciembre de 2015 apenas eran 11.189 las que se pagaban de su bolsillo la cotización. De ellas, un 90% son mujeres y una de cada dos tienen más de 56 años. En resumen: son alrededor de 168.000 las personas que ha salido del sistema. 

Cuando el Gobierno socialista aprobó en 2007 la Ley de Dependencia las cotizaciones a la Seguridad Social para las cuidadoras se presentaron como un complemento precisamente para aquellas mujeres que dejaron el trabajo para cuidar de sus mayores –constituyen la mayoría de los casos– o de familiares discapacitados. Así podían completar un periodo de cotización que les permitiera tener en el futuro una pensión. El objetivo era también que sus cuidados se reconocieran como un proceso de formación que podría abrirles puertas cuando los ancianos fallecieran y ellas pudieran buscar empleo en el sector.

José Manuel Ramírez

, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, considera la supresión de las cotizaciones a la seguridad social para cuidadoras familiares unida a la ausencia de medidas de conciliación y la falta de apoyos a las familias hacen que los cuidados familiares no sean una opción vital fruto de elección libre, sino una suerte de condena con "implicaciones personales, morales y económicas gravísimas".

La realidad es que, como señala Ramírez, el cuidado familiar no es siempre una elección personal. Los expertos señalan que la atención en el entorno familiar se viene concediendo en muchas ocasiones porque la Administración no tiene servicios que ofrecer, ni en plazas de geriátricos ni en centros de día. Así ocurría especialmente cuando se implantó la ley, aunque es cierto que esta situación se ha ido revertiendo en los últimos años. Además, hay que tener en cuenta que estas prestaciones salen más baratas a las comunidades –que son las principales financiadoras de la ley– que conceder una plaza en una residencia o en un centro público o concertado.

Argumentos para recortar

Entre los argumentos que dio el Gobierno del PP para recortar el pago de estas cotizaciones estaba la detección de algunos "fraudes" entre aquellos que perciben las "paguillas", tal y como dijo el entonces secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno. Sí es cierto que en 2009 el Gobierno socialista ya había detectado ciertos desajustes en la aplicación de la ley con los casos de personas que sacaban al anciano del geriátrico para optar a una paga por atenderlo en casa o que daban de alta como cuidadoras a empleadas del hogar. 

Los conservadores también defendieron que el cuidado en el hogar no era estrictamente un empleo y que esas ayudas estaban impidiendo que se atendiera a los dependientes con servicios profesionales, como residencias y centros de día. 

Sin embargo, al mismo tiempo, el Gobierno suprimió la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado. Se trataba de una cantidad de dinero –283 millones de euros en 2011– que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico. Las comunidades nunca han vuelto a recuperar ese importe. Y eso a pesar de que el coste total anual de la aplicación de la Ley de Dependencia en España asciende a alrededor de 6.000 millones de euros, una cantidad que abonan principalmente las autonomías.

A pesar de ello, los datos oficiales revelan que las comunidades sí han hecho un cierto esfuerzo en los últimos años para aumentar la oferta asistencial. Según los datos oficiales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) el año pasado había un total de 359.035 plazas en residencias en todo el país, contando las públicas y las privadas. Eran 14.725 más de las que había en 2011. El aumento es, por tanto, del 4,3%. En ese mismo espacio de tiempo se han abierto 54 residencias públicas. 

No obstante, hay que tener en cuenta que las estadísticas sí demuestran que existe una apuesta clara por favorecer la prestación de servicios, como puede ser la teleasistencia, la ayuda a domicilio o los centros de día, en lugar de las ayudas monetarias. Las prestaciones para cuidados en el hogar han pasado de 423.019 en diciembre de 2011 a 360.505 en el mismo mes de 2015. Sin embargo, es imposible saber si ahora se dan más ayudas para la atención en residencias porque el ministerio ya no ofrece los datos desglosados por tipo de prestación. Se limita a dar dos cifras: la de las ayudas para cuidados en casa (360.505) y la de las prestaciones para abonar estos servicios fuera del hogar (637.479). 

Otro foco de conflicto en los últimos años ha sido la financiación del coste que estas cotizaciones tenían para la Administración. Según destapó el PP cuando llegó al Gobierno, en los más de cinco años que estuvo vigor esta medida, el Ministerio de Sanidad no pagó ni un euro por estas cotizaciones a la Seguridad Social, a pesar de suponía para el instituto público un coste anual de alrededor de 300 euros al año. Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 incluyeron una partida extra de alrededor de 1.000 millones que contribuyeron a saldar esa deuda. 

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