El papel de los reguladores

La CNMC reforzará un 20% sus efectivos en el área de Energía para vigilar a las eléctricas y sus beneficios

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados, Cani Fernández Vicién, en una imagen de archivo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es mencionada un total de 21 veces en el decreto del pasado viernes mediante el cual el Gobierno pretende topar el precio del gas en el sistema eléctrico. No es casualidad. El Gobierno, a semejanza de otros Ejecutivos europeos, se está apoyando en la autoridad reguladora para atar en corto a las empresas energéticas, en su intento de intervenir un mercado que, pese a todo, sigue siendo libre. Sus funciones recogidas por ley antes de la medida ya ayudaban a evitar los abusos; ahora, el organismo liderado por Cani Fernández tiene aún más responsabilidad en la respuesta al alza de precios. Y más recursos: un 20% de empleados en el área de Energía entrarán "a corto plazo", según aseguran fuentes del regulador.

No es una rara avis en Europa. Los reguladores europeos están plenamente implicados en las políticas contra la crisis. En Alemania, la llamada Bundesnetzagentur está protagonizando los esfuerzos para reducir la demanda de gas del sistema, ante la preocupación por el suministro durante el próximo invierno por las amenazas de Rusia; en Francia, la CRE ha iniciado un proceso sancionador contra la principal empresa, EDF, por abuso de su posición dominante –a pesar de ser pública–, y en Portugal y en Italia los organismos son los encargados de dictaminar los precios de las tarifas reguladas, con las que los consumidores más vulnerables pueden protegerse del temporal.

En España, será la CNMC la encargada de comprobar que las eléctricas no hagan trampas con el tope al gas. El mecanismo prevé una compensación para las centrales de ciclo combinado, a cambio de limitar las ofertas que hacen en la subasta y, así, bajar el precio para todos. Y para que eso tenga sentido, Competencia vigilará que las generadoras no comunican unos precios del combustible más altos de lo que realmente pagan, además de fijar la cuantía de esas ayudas. Una tarea hercúlea, en opinión de los expertos; revisar cada comunicación de las empresas en búsqueda de posibles irregularidades e intentos de inflar los costes.

"Es evidente que las nuevas funciones son intensivas, por la dimensión material de la tarea. Hay que analizar miles de contratos. Alguien tiene que fiscalizarlo", explican fuentes del regulador, que aseguran que el Ministerio de Asuntos Económicos, de quien depende la CNMC a pesar de sus labores energéticas, prevé un refuerzo del 20% a corto plazo en los empleados del área de Energía, que actualmente suman unos 110. A largo plazo, estas mismas fuentes opinan que sería necesario un refuerzo de hasta el 40%, porque las labores de control del sector eléctrico van a seguir siendo arduas en los próximos años.

Pero además de lo recogido en el decreto publicado el pasado sábado, la CNMC tiene la obligación de supervisar las conductas de las empresas que operan en mercados regulados, tramitando procedimientos sancionadores que, en teoría, sirven para disuadir a los incumplidores; aunque las grandes eléctricas suelen recurrir ante el Tribunal Supremo para retrasar la multa, tumbarla o reducir su cuantía, como suele pasar. Competencia vigila una práctica habitual: que las comercializadoras cambien a los clientes de tarifa o de empresa sin lo que se conoce como "consentimiento informado". Es decir, sin que los consumidores no solo den su ok sino que obtengan información clara y veraz sobre lo que están haciendo.

La última multa fue de 310.000 euros a una comercializadora, Luvon Energía. Su antecesora, Inserimos Energía, fue inhabilitada en 2019, por lo que los clientes fueron trasladados a una "comercializadora de referencia", es decir, una de las grandes (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP o Repsol), que son las únicas que pueden ofrecer la tarifa regulada, Luvon se dedicó a llamarles ocultando lo que había pasado y consiguiendo, así, que muchos consumidores volvieran a contratar sus servicios.

La autoridad reguladora está especialmente pendiente de los cambios de la tarifa regulada, donde los precios son dictaminados por un mecanismo habilitado por el Gobierno y transparente, al mercado libre, donde cada comercializadora ofrece lo que considere. Muchos de estos contratos son más baratos que el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), el recibo intervenido, por la escalada del mercado mayorista de los últimos meses; otras siguen siendo más caras de media. Las grandes eléctricas nunca han disimulado su interés de trasvasar cuantos más clientes mejor de una modalidad a otra para aumentar sus márgenes de beneficio, en los últimos meses ofreciendo promesas de estabilidad ante los vaivenes del pool.

La CNMC está "velando" porque esa estabilidad sea real y porque esos traspasos sean legales. Hay dudas sobre el consentimiento informado en casi el 5% de los cambios entre junio de 2019 y junio de 2020, según el último informe. El trabajo se intensifica porque el paso de clientes de una modalidad a otra está más en boga que nunca, con un 37% de mudanzas en 2021, probablemente debido al encarecimiento de las tarifas y la pérdida de atractivo del PVPC.

En abril, y como prueba adicional de que el trabajo se está intensificando, el organismo presidido por Cani Fernández publicó una guía para ayudar a los consumidores a saber si los aumentos de tarifa de las comercializadoras, comunes en estos tiempos de crisis, se adecuaban a la norma. En líneas generales, los incrementos deben avisarse con un mes de antelación y sin letras pequeñas en el recibo que intenten ocultar el golpe; de otra manera, los clientes tienen derecho a una indemnización. Sin embargo, las eléctricas han amenazado durante las últimas semanas con subirlas sin avisar como respuesta al tope al gas, ateniéndose a las condiciones que ponen muchas de estas tarifas: si hay "cambios regulatorios", pueden hacerlo. Así lo confirmó Competencia, sin meterse en el jardín de considerar si la compensación a las centrales de gas entraba en esta categoría: el Gobierno no lo considera así.

A pesar de que el Ejecutivo ha librado a las comercializadoras del mercado libre y a los contratos a largo plazo de pagar por el tope al gas, disipando la amenaza de esta subida de tarifas, las eléctricas batallarán en los tribunales; y, como apunta El Mundo, podrían hacerlo señalando directamente a la CNMC y sus cálculos de cuánto tiene que abonar cada eléctrica por la intervención en el mercado. Todo indica que la batalla seguirá durante meses, si no años, aunque finalmente se active el tope gracias a la "excepción ibérica".

Y, por si fuera poco, es la CNMC también la encargada de cuantificar, en base a las liquidaciones periódicas, los "beneficios extraordinarios" de las eléctricas que el Estado detrae en base a la normativa actual. Hace unas semanas publicaron la primera cifra: 131,8 millones de euros de septiembre a diciembre de 2021, un 10% de los 1.300 millones que corresponderían en base al plan original.

Los reguladores en Europa: muy independientes y muy políticos

Los reguladores del mercado eléctrico en Europa cumplen una función esencial similar: proteger a los consumidores ante los excesos del sector. Pero los márgenes de maniobra y las prioridades son distintas, porque la situación de los países dentro de la UE es diferente, aunque algunos retos son comunes. En Alemania, la Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes, en español) está muy preocupada por la seguridad de suministro de gas natural, siendo uno de los países con mayor dependencia del combustible importado de Rusia. Su presidente, Klaus Müller, es claro: "El consumo de gas debe reducirse tanto como sea posible. En cada industria hay oportunidades para la eficiencia, las cadenas de producción se pueden controlar. Todos deberían mirar en su vida cotidiana para ver dónde pueden ahorrar gas".

Müller, pese a presidir una agencia independiente del Ejecutivo, no duda en alabar los esfuerzos del Gobierno alemán para capear la situación. Su organismo fue el que asumió el control de Gazprom Alemania para garantizar, por el momento, el suministro. "Es fundamental para asegurar el suministro de gas para Alemania y Europa. Lo más importante es continuar estabilizando la empresa y así evitar una amenaza para los suministros de gas alemanes. Nuestro papel como fideicomisarios conlleva una responsabilidad que nos tomamos muy en serio", declaró en una entrevista para la propia web del organismo.

En Italia, es la ARERA (Autoridad de Regulación de las Redes de Energía) la que fija los precios de la tarifa regulada cada trimestre, en base al comportamiento del mercado pero también con un grado de independencia notable: no solo bajó las tarifas del recibo intervenido en marzo, sino que bajó los peajes del mercado libre. "Ante la mayor responsabilidad de verificación y control que se le atribuye, la Autoridad ha decidido adoptar medidas extraordinarias a favor de los consumidores, tanto para el mercado protegido como para el libre", declaró su presidente, Stefano Besseghini. En España, en PVPC se fija diariamente, y las decisiones sobre su diseño pertenecen al Gobierno.

En Francia, la Comisión de Regulación de la Energía, CRE (siglas en francés) también anima a los consumidores a reducir su consumo. El país galo está pasando por dificultades adicionales: habitualmente independiente del gas ruso para generar electricidad, la parada de varias de sus centrales nucleares por problemas técnicos está aumentando la necesidad de quemar combustibles fósiles en el peor de los momentos. Igual que en Italia y en Alemania, el regulador francés se moja más que su homólogo español: por ejemplo, su presidente, Jean-François Carenco, se ha mostrado a favor de la construcción de nuevas instalaciones de gas natural licuado y de la simplificación de los trámites para nuevos proyectos renovables.

Los vecinos franceses, para disgusto de la Comisión Europea, concentran parte de la generación y la comercialización eléctrica en una única empresa pública, EDF. A pesar de esa singularidad, el regulador del mercado eléctrico galo no duda en sancionar a la compañía si considera que sus actuaciones son contrarias a la libre competencia. El pasado 3 de mayo, la autoridad impuso una multa por utilizar información privilegiada para manipular el mercado eléctrico mayorista. En octubre de 2016, en un contexto de precios elevados, la empresa ocultó la indisponibilidad de varios reactores nucleares de su propiedad.

Los reguladores en Europa, agrupados a través de la plataforma ACER, no son proclives a la intervención ibérica en el mercado eléctrico y, en base a su último informe, creen que el diseño del mercado mayorista es el adecuado para garantizar el suministro y el funcionamiento del sistema. Pero, a su vez, deben proteger a los consumidores y evitar los abusos de las grandes compañías; y la tarea se acumula en estos tiempos de guerra e inflación.

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