La represión castiga la prostitución y el top manta con más miedo y marginación

José Chamizo (Los Barrios, Cádiz, 1949) carraspea como expresión de un cierto desacuerdo cuando se le dice que hay problemas ante los que las autoridades no quieren actuar. Que los responsables políticos prefieren verlos pudrirse, dejarlos eternizarse como un mal aceptable. "No, no es eso. No es que no quieran", apunta. "Tampoco es que no puedan. Saben que el problema está ahí. Lo que ocurre es que cuando se ponen a mirar bien lo que supone meterse, les entra miedo. Se enteran, claro que se enteran de los problemas, otra cosa es que hacen como que no se enteran bien. Por miedo".

Chamizo no habla de oídas. Ejerció como sacerdote en Algeciras entre 1978 y 1982, y más tarde como párroco en San Roque. Como hombre de izquierdas, quiso estar cerca de los problemas de la calle: drogas, marginación, pobreza, delincuencia. Espacios de los que el poder prefiere mantenerse a distancia prudencial. Chamizo creó y estuvo al frente de asociaciones y colectivos de lucha contra la droga. En 1996 fue nombrado Defensor del Pueblo Andaluz, cargo que ostentó hasta 2013. Quizás no hay responsabilidad pública en Andalucía que más se acerque a los problemas de marginalidad, y que mejor permita trasladar estos problemas a los responsables políticos. La experiencia lo acabó cargando de cierto pesimismo bienhumorado. "Yo hay temas que no sé si voy a ver resueltos. Ha sido siempre igual. Explicas el problema a la institución, con toda la gravedad que tiene detrás. Lo que sea. Y no es que te den con la puerta en las narices, ellos ponen cara como de muy preocupados, pero luego... El tema se tapa hasta que pasa algo como lo de Madrid, que sale todo, y luego se vuelve a tapar".

Con "lo de Madrid", Chamizo se refiere a la muerte en Lavapiés del mantero senegalés Mame Mbaye, que llevaba 14 años en España sin permiso, en permanente situación de conflictividad e inseguridad. Su fallecimiento ha hecho aflorar las penosas condiciones en las que los manteros venden sus productos, atemorizados por las retiradas de material y las consecuencias penales y administrativas de su actividad. Las exigencias de la Ley de Extranjería arrojan a estos inmigrantes en situación irregular a un círculo vicioso que les impide al mismo tiempo el acceso a regularización administrativa y a trabajo legal. Sin trabajo, no hay papeles. Sin papeles, no hay trabajo. O sí hay trabajo, pero ilegal. Y con la ilegalidad crece el riesgo de aparición de aprovechados. Y también de agentes policiales. El miedo de los manteros está justificado. La reforma del Código Penal de 2015 convirtió en delito su actividad, que antes era sólo una falta tras su despenalización en 2010. La Asociación Sin Papeles de Madrid denuncia, tomando como referencia datos del portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, que las actuaciones policiales aumentaron en 2017 un 43% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Es una dinámica perversa. La posible falta es ahora acompañada por un posible delito. Si a un condenado lo multan y sigue vendiendo, puede volver a ser condenado e ir a prisión. El impago de las multas imposibilita cualquier proyecto personal y profesional. Y a su vez aboca cada vez más a la manta. Así que lo mejor que puede pasarle a un mantero es tener un día tranquilo, vendiendo sin que aparezca ningún agente de ningún cuerpo policial, y llevar algo de dinero a casa. Sin más proyecto que sacar adelante el día. Suele decirse que se encuentran en una situación de "alegalidad", un término de escasa base jurídica, más bien mediático-político, que sirve para encuadrar actividades más o menos toleradas, aunque siempre bajo sospecha y al arbitrio de las autoridades. Según las ONG que trabajan con manteros, o con prostitutas, el uso del término "alegal" suele servir para trasladar una imagen de vacío legal que permite posponer la solución definitiva, al mismo tiempo que exonerar de responsabilidad a los gobernantes en activo. Y todo ello sin renunciar a la potestad de utilizar ese mismo vacío normativo para actuar según convenga en función del clima social.

La noción de alegalidad "desde luego no procede del derecho", afirma Rafael Iturriaga, vocal del Consejo Vasco de la Competencia y especialista en evaluación de políticas públicas. "La alegalidad no existe en un Estado de Derecho. La regla es sencilla: para los particulares, todo lo que no sea ilegal es perfectamente legal. Para las administraciones públicas, todo lo que no sea orientación a los intereses generales y pleno sometimiento a la ley es ilegal. Ilegal de cabo a rabo", añade. Iturriaga advierte de que el término "proviene de la jerga política y mediática". "Es un concepto falso y además, diseñado para engañar", resume.

En el caso concreto de la regulación de la prostitución y el top manta, "es evidente que no son adecuadas, lo que conduce a su incumplimiento". "En un caso, la prostitución, porque existe un discurso políticamente correcto que nadie osa confrontar. Se identifica (falsamente) prostitución con trata ilegal de personas. Sin embargo, la prostitución, como tal, es una actividad perfectamente lícita", añade. "En el caso del top-manta –continúa–, es evidente que estamos ante una actividad ilegal desde variados puntos de vista, pero las personas que se dedican a ello, en buena medida, son individuos necesitados a los que el sistema no ofrece otras soluciones". A su juicio, de hecho, no se trata de una cuestión de "alegalidad", sino de "mayor o menor tolerancia en la aplicación del derecho".

  Conformismo y "miedo"

Para Chamizo, cuando una autoridad pública se conforma con la "alegalidad" de una actividad, está denotando "miedo" a afrontar el problema. Sea la prostitución, la venta ambulante, determinadas formas de cultivo de droga... El problema, desde el punto de vista de los derechos humanos, es que en ocasiones la "alegalidad" se instala en actividades en las que entran en juego explotación, abuso, violencia, atentados contra la dignidad humana... ¿Cómo es posible que, como sociedad, convivamos con la certeza de que a la vuelta de la esquina un proxeneta explota a una mujer sola, asustada y endeudada? ¿Cómo se ha hecho el Estado tan diestro en el arte de no tomar cartas en un asunto cuando la partida es demasiado complicada? "Esta situación tiene que ver con el secuestro político a que están sometidos los principales canales tradicionales de información, lo cual mantiene a la sociedad española insensible no ya sólo con los problemas de las minorías desfavorecidas, sino con las múltiples manifestaciones en que se viola diaria y sistemáticamente los derechos de prácticamente todos los ciudadanos, de lo cual ni siquiera existe consciencia, por lo que nadie reclama ningún tipo de cambio", expone Diego Fernández, abogado del despacho DDHH.

Añade Fernández: "Países como Holanda o Alemania han demostrado que se puede salir de la alegalidad desde el debate ideológico hacia estructuras de pensamiento no reaccionarias y reflexivas. Para ello, sería un buen comienzo escuchar a las víctimas de esta situación". No es lo que se está haciendo en España, afirma. "¿Qué se hace aquí con las personas extranjeras que trabajan en la prostitución?", pregunta, antes de ofrecer él mismo la respuesta: "Unir la posibilidad de residencia al ejercicio de un trabajo reconocido legalmente. Así pues, mientras no se regule el ejercicio de la prostitución, condena a esas personas a la clandestinidad: caldo de cultivo de cualquier forma de violencia y explotación". Falta de regulación y explotación suelen ir de la mano. La cosa se complica, en el caso de la prostitución, porque también entre quienes defienden los derechos y la dignidad de las trabajadoras hay prohibicionistas y reglamentistas. La división dificulta además poner fin a la insuficiencia normativa.

  Amnistía Vs persecución

Volvemos a los manteros. "En Barcelona hemos intentado ofrecer soluciones para salir de esa situación. Le hemos propuesto al Ayuntamiento vender lejos de la zona céntrica, una solución que no genere gasto de dinero. Somos los primeros que queremos regularizarnos", explica un miembro del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, que prefiere no dar su nombre. "Hemos explicado que nuestra situación de persecución, de miedo, de riesgo continuo de cárcel, de mala salud, de sentirnos criminalizados para trabajar, no la podemos soportar más", añade. El problema es que, aunque acuden al Ayuntamiento porque les parece la institución más sensible, allí su respuesta es que las competencias municipales son insuficientes, señala este portavoz.

"Nos dicen que es un tema del Gobierno central y de la Generalitat. Nosotros creemos que también es un tema creen que no les favorece, por la presión de los comerciantes", afirma. ¿Y qué hay de los derechos industriales y de propiedad? "Si hay voluntad de encontrar una solución, se encuentra. Para los grandes evasores, hay amnistía. Para nosotros, un dique de metal. El tema de los derechos de autor es una hipocresía. Todo el material entra en Barcelona por barcos. Lo compramos en Badalona. Pero ahí no quieren mirar. Lo que hacen es de repente detener a alguien y decir que han desmantelado una red. Y dices: '¡Qué ridículo! ¡Si son cincuenta zapatos'".

Este mantero añade: "Nadie quiere hacer esto, ni vivir así. Esto no es rentable. Si lo fuera, si fuera negocio, lo harían blancos, habría empresarios detrás". También niega lo que considera un "bulo": las "mafias". "No hay mafias. Esto es un trabajo individual. Es un bulo para justificar la intervención en nuestras casas, en nuestras vidas. Si no, una policía tan supuestamente preparada, ¿cómo es que no encuentra esas mafias?", pregunta. Marta Herrero, abogada de la Asociación Sin Papeles de Madrid, afirma que el discurso de las mafias también está sobrerrepresentado. "Muchos [manteros] compran sus mercancías en Mercamadrid, sin más. Ni siquiera son falsificaciones", explica. Herrero lamenta el endurecimiento del Código Penal de 2015, que no soluciona nada y dispara el riesgo de sufrimiento. "Además de la vía penal, por vía administrativa hay multas, intereses, apremios, que se van acumulando. Es la muerte civil. Un círculo de pobreza del que es imposible salir", señala Herrero. La Ley de Extranjería, añade, "condena" a los trabajadores irregulares a la "invisibilidad" y al "miedo". Pese a que los estudios de las ONG se suceden coincidiendo en este diagnóstico, ni hay cambios en la política, ni se avecinan modificaciones. "No hay plan, no está en la agenda", dice Herrero.

La abogada denuncia que el cambio del Código Penal se hizo "sin demanda social y sin ningún estudio serio". Es uno de los problemas de las actividades "alegales": la falta de datos empíricamente obtenidos y aceptados por todas las partes en conflicto. Por ejemplo, suele aparecer en informaciones publicadas un dato, puesto en circulación por la Asociación de la Defensa de la Marca: que el top manta cuesta cada año a la industria española 7.088 millones. El portavoz del sindicato de manteros de Barcelona afirma que las estadísticas se usan para criminalizarlos, para mantener el statu quo y obstaculizar cualquier mejora de sus condiciones. "Pero luego", lamenta", cuando lanzamos una idea creativa, como nuestra propia marca, Top Manta, tampoco nos lo permiten, y eso que era una marca colectiva, no para enriquecimiento de una persona sino para caja de resistencia de un colectivo vulnerable". La Oficina Española de Patentes y Marcas ha rechazado la solicitud de los manteros porque Top Manta no sería "percibida por el público como una marca", sino como "una forma de venta ambulante [...], principalmente de productos de imitación o falsificación".

  Una ley integral

Los análisis feministas de la prostitución han diseccionado algunos de los clichés más populares para la legitimación popular de la prostitución. Se suele decir que fue instituida por las propias mujeres; que en origen era una actividad sagrada, propia de "sacerdotistas del amor", incluso que ha sido históricamente un recurso de estabilización de la propia institución matrimonial. Un comentario muy extendido dice que se trata del "oficio más antiguo del mundo". Ante eso, la documentalista Mabel Lozano, autora deChicas nuevas 24 horas, suele oponer que el "oficio más antiguo del mundo es mirar hacia otro lado". A Yolanda Rodríguez, portavoz deMédicos del Mundo, organización integrada en la Red Española contra la Trata, le parece que la frase de Lozano refleja a la perfección la"hipocresía" de la sociedad ante la prostitución.

Rodríguez equipara prostitución y trata, porque no cree que la prostitución pueda ejercerse libremente –algo que defienden colectivos como Hetaira–. "No habría trata sin la institución patriarcal que le da sustento, que es la prostitución", afirma. A su juicio, la incapacidad institucional para encarar con éxito la lucha contra este fenómeno está emparentada con el "ominoso silencio social" y el "arraigo" de la prostitución. "Si esto afectase a hombres, ya se habría puesto solución. Es una institución con un enorme componente de género. Y la sociedad se resiste a eliminar las instituciones patriarcales que refuerzan los privilegios masculinos", señala. No cree que los cuerpos policiales no se tomen en serio el problema, sino que "no hay un planteamiento riguroso" ante el mismo, sino fragmentado. Por eso la Red Española contra la Trata reclama una "ley integral" contra este fenómeno, que no es sólo con fines de explotación sexual, sino también para mendicidad, abuso laboral, extracción de órganos, matrimonio forzado... "El enfoque que se le da al problema está disperso. Sólo desde el Código Penal y desde extranjería. Se pone el foco en perseguir el delito, no en proteger a la víctima. Y no se consideran las enormes limitaciones que tienen las víctimas para denunciar", añade Rodríguez.

  En el PIB sí, en la ley no

La prostitución no está considerada un trabajo en España, pese a que el Tribunal de Luxemburgo avaló su consideración como tal en una sentencia de 2001. Suele decirse que quienes la ejercen en España se encuentran en situación de "alegalidad", la palabra comodín, que permite diluir responsabilidades y posponer soluciones. No pueden darse de alta en la Seguridad Social, ni cotizar, ni tener derechos laborales. Pero ese limbo no impidió que en 2014 el Instituto Nacional de Estadística (INE) computase la prostitución en el PIB, atribuyéndole una aportación del 0,35% al PIB, unos 3.670 millones de euros. Algo menos del 0,50% que el INE otorgó al tráfico de drogas. Es decir, sí se puede computar económicamente, pero no validar laboralmente. El Colectivo Hetaira ha denunciado no sólo la hipocresía de esta inclusión en el PIB en paralelo a su exclusión del mercado de trabajo reglado, sino también la distorsión que supone obtener la cifra sin desgranar la prostitución voluntaria de la resultante de trata.

Son límites en los que el Estado se mueve con torpeza. La última memoria de la Fiscalía afirma que "prostitución" abusiva es un delito "de muy difícil persecución en España". Los tratantes de mujeres, explica la memoria, a menudo se escudan en la figura de un "proxenetismo consentido" que, gracias a la vulnerabilidad de las mujeres, les evita en muchos casos ser denunciados. "La mayoría de las mujeres, desde su primera declaración o retractándose en momento posterior, apoya las versiones de los proxenetas bien por miedo a sufrir cualquier tipo de represalia en su persona o en sus familiares en los países de donde proceden, bien por temor a ser deportadas", señala la Fiscalía.

El Ministerio Público constata que la reforma del Código Penal de 2015 sobre el artículo 187 para dar forma a la "explotación abusiva consentida" ha sido "patentemente ineficaz". Es el enésimo fracaso en la regulación de una actividad que al menos en parte sigue dominada por mafias. Cada poco tiempo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado anuncian la desarticulación de una banda. Esta misma semana han sido detenidas 89 personas y liberadas 39 mujeres en una operación contra la mafia nigeriana en Almería. Pero el fenómeno en su conjunto, animado por una demanda incontenible, no ceja. Sus dimensiones son gigantescas. No hay estudios rigurosos sobre el número de prostitutas –la inmensa mayoría son mujeres– en España. Pero sí hay algunas pistas: el Plan Integral de Lucha contra la Trata las cifra en 45.000, tomando como referencia información policial recabada por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. No delimita cuántas serían víctimas de trata. Las ONG admiten que cualquier cifra es una mera aproximación. Es una de las características y una de las consecuencias de su alegalidad.

Es aventurado saber cuál sería la mejor fórmula para la prostitución –¿regularización, prohibición?–, pero no lo es afirmar que el actual marco sólo satisface a quienes hacen negocio con la prostitución. Hoy en día la prostitución no es expresamente legal ni ilegal. Su ejercicio no está penado, aunque sí se sanciona a sus clientes cuando se produzca cerca de colegios, como estableció en 2015 la Ley de Seguridad Ciudadana. Los ayuntamientos establecen regulaciones a través de ordenanzas cívicas. El Código Penal se ocupa de la prostitución de menores, la prostitución forzada o coaccionada y la trata de seres humanos (con fines de explotación sexual, entre otros). Como resultado de este enfoque proliferan los establecimientos en los que se practica la prostitución. Hay toda una Asociación de Empresarios de Locales de Alterne (Anela), que argumenta que las mujeres pagan su habitación y cobran lo que desean, libremente, tras "alternar" con los clientes en el local. Este discurso, que innumerables prostitutas y exprostitutas refutan, es a nivel práctico difícil de desmontar por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es complicado quitarles a los burdeles el disfraz de la hostelería. En paralelo se está produciendo una progresiva "normalización" de la prostitución entre la población joven, que paga por servicios sexuales en noches de fiesta y borrachera, alertan las ONG.

El retrato que hace la Red Española contra la Trata es crudo: mujeres captadas en Nigeria, Rumanía, Brasil, Paraguay... Acuden a España con la promesa de una vida mejor y se encuentran endeudadas, privadas de su documentación, atrapadas en la ilegalidad, sin más alternativa que la prostitución en locales de alterne, hoteles, viviendas o incluso en la calle. La demostración del delito requiere la constatación de amenazas y coacciones. No es fácil. Muchas mujeres tienen miedo. La Policía Nacional ha habilitado un teléfono y un email sin rastro en la factura para denunciar. Es un fenómeno mundial, que en cada país adopta una forma. El libro El negocio de la esclavitud moderna, del estadounidense Siddarth Kara, considera la prostitución la actividad ilícita más rentable de todo el planeta. Con estas dimensiones, ¿por qué no hay una ley integral de trata?

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que "existe el compromiso por parte de impulsar" una ley de trata "en cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

  SUPERFICIALIDAD DEL DEBATE

Diego Fernández, abogado del despacho DDHH, lanza además otro elemento para la reflexión crítica: "La institución judicial que está obligada a velar por los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, ha desaparecido desde que fuera intervenido políticamente". El ex Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que hoy impulsa la ONG Voluntarios por Otro Mundo, opina que falta "voluntad política". "Es muy fácil dejar que los temas se vayan pudriendo", dice. Sobre los manteros, Chamizo anima a fijarse en el ejemplo de la progresiva normalización de los vendedores ambulantes gitanos a través de los mercadillos.

Pero no oculta sus dudas sobre la capacidad de los responsables institucionales para llegar al fondo del asunto, en parte por la superficialidad de los debates. Igual ocurre en el Campo de Gibraltar, donde las bandas de narcotraficantes mantienen un pulso en toda regla con policías y guardias civiles. "Nadie habla de la legalización. Yo lo digo a veces y los periodistas ni lo recogen", afirma.

Chamizo recalca que el enfoque represivo olvida que es "la miseria" lo que mueve al delito a muchos pequeños narcotraficantes. También a los manteros y mendigos del centro de las ciudades, a las prostitutas del polígono, a las porteadoras de Ceuta. Viven bajo el signo de la alegalidad, son pruebas humanas de las incapacidades del sistema. Así van pasando los años. No se adivinan soluciones, ni se asumen responsabilidades.