Inmigración

La sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas, un 'agujero negro' para los solicitantes de asilo

Imagen de archivo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Un grupo de 54 saharauis iniciaron este lunes en la sala de inadmitidos del Aeropuerto de Barajas una huelga de hambre para solicitar asilo en España. De ellos, según cuentan a infoLibre fuentes cercanas a los inmigrantes, ahora quedan menos de veinte. Este viernes el Gobierno aceptó a un total de cinco personas, mientras que se denegaron otras cuatro solicitudes.Así, según informó Europa Press, un total de 17 saharauis han podido entrar al país desde este sábado, mientras que los demás ya fueron deportados a Argelia, puesto que la mayoría de ellos procedía de los campos de refugiados de Tinduf. Los saharauis, según explican, esperan que este fin de semana se resuelvan todas las solicitudes, aunque creen que serán expulsados. 

La celeridad en la resolución de las peticiones de asilo se debe a un refuerzo del Ministerio de Interior del personal de la Oficina de Asilo. "La ley permite un procedimiento en frontera de un máximo de hasta siete días", explica Marcelo Belgrana, coordinador de los servicios de orientación jurídica de extranjería del Colegio de Abogados de Madrid. "Es un procedimiento rápido porque las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes no son las más adecuadas, tienen sólo lo básico", explican fuentes del Colegio que han actuado de oficio en los procedimientos de petición de asilo de los saharauis. 

Este jueves el Defensor del Pueblo realizó una inspección sorpresa a la sala de la Terminal 1 del aeropuerto de la capital. Según informó este organismo a infoLibre, las autoridades se encuentran en este momento realizando el informe correspondiente, aunque aclararon en un comunicado que realizaron entrevistas con los inmigrantes, "con los responsables de la sala y con intérpretes, abogados, ONG acreditadas y otros intervinientes en el procedimiento de asilo que también se encontraban en estas dependencias", además de observar las instalaciones y el trato de los saharauis que se encuentran ahí. 

Varias visitas del Defensor del Pueblo

Como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP), el Defensor del Pueblo visita asiduamente estas dependencias para observar las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. Así, en numerosas ocasiones, este organismo ha realizado varias recomendaciones al Ministerio del Interior orientadas a garantizar el trato adecuado de los inmigrantes. 

Este mismo mes de agosto, el Defensor del Pueblo presentaba una serie de deficiencias a Interior, aunque este Ministerio todavía no ha respondido a la solicitud. Entre ellas, el organismo solicitaba que se adaptara la alimentación a cada una de las personas que se encuentran en las dependencias, prestando especial atención a las mujeres embarazas, personas bajo tratamientos médicos y menores de edad. En relación a los niños, la institución pidió además que se adaptara la zona de juegos exterior a la sala, que se encuentra "en desuso", según declaran. En este momento, además, ya se recomendó la ampliación del personal de la Oficina de Asilo, puesto que "el aumento exponencial del número de solicitudes en frontera durante el año 2017" no estaba siendo adecuadamente cubierto, provocando un deterioro de las condiciones de vida de los inmigrantes. 

"Las condiciones no son las más adecuadas", afirma Paloma Favieres, coordinadora del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "La sala fue trasladada a la Terminal 4 cuando ésta fue inaugurada pero, tras las recomendaciones del Defensor del Pueblo, se volvió a instalar en la T1, donde estaba originalmente", señala. "Aún así, no es un lugar muy adecuado", critica. 

Desde las organizaciones que siguen de cerca la inmigración saharaui se apunta, sin embargo, a que se ha de extremar el celo a la hora de aplicar el derecho de asilo de estas personas, que "quieren mirar hacia adelante y labrarse un futuro más prometedor e ilusionante". En este sentido, CEAS-Sahara insistió, según informó Europa Press, en que los saharauis, "como el resto de personas del mundo, tienen derecho a migrar y a desarrollar sus vidas en el lugar que mejor les parezca", y apuntó que, desde hace más de 40 años, las personas refugiadas saharauis "sobreviven 'almacenadas' en unos campamentos marcados por la desesperación y la impotencia, altamente dependientes de la ayuda exterior, y en condiciones muy inestables, lo que les convierte en población extremadamente vulnerable".

Respeto a la legalidad

A pesar de afirmar que las condiciones de estas dependencias son, en muchos aspectos, mejorables, las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre coinciden en apuntar que se está respetando la legalidad a la hora de tramitar las solicitudes de asilo de los saharauis. 

"No se están produciendo devoluciones en caliente, puesto que éstas se producen cuando ni siquiera se les deja solicitar el asilo", cuenta Belgrana, aunque añade que es cierto que "a principios de agosto a algunos inmigrantes no se les dejó pedirlo". No obstante, respecto al grupo de los 54 inmigrantes que iniciaron la huelga de hambre para que se les dejara entrar en España, sí afirma que se está siguiendo el procedimiento habitual que se emplea con cualquier peticionario. 

"El tiempo máximo de resolución es de siete días, tres o cuatro hasta que se acepta la petición, un día para presentar un recurso en caso de resolverse desfavorablemente y otros dos días para contestarlo", explica.

En la misma línea se pronuncian fuentes del Colegio de Abogados que han actuado de oficio con el grupo de saharauis que se encuentran en la sala. "Se están cumpliendo todas las garantías de los peticionarios de asilo", afirman. Sin embargo, sí señalan que la legislación es mejorable, puesto que "no da para mucho más, pero la ley es la ley, y hay que cumplirla", sentencian. 

En cuanto a la asistencia jurídica, las citadas fuentes también confirman que se actúa de acuerdo a la legalidad vigente, tal y como informaron fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press este viernes. "Interior informa a los solicitantes de asilo que pueden elegir entre un abogado de oficio, uno privado o uno perteneciente a alguna organización como Cear", explica Favieres. 

Estas dependencias, al ser una zona internacional, tienen un acceso muy limitado, de tal manera que sólo pueden acceder a ella "los abogados y las ONG acreditadas, como Acnur", según Belgrana. "Salvo que sean representantes legales, los miembros de las demás ONG no pueden entrar", añade. 

Por otra parte, este viernes, algunos colectivos LGTB mostraron su postura favorable a la expulsión de dos de los saharauis por lo que calificaron de comportamiento homófobo y violento. Según explicaron, el traductor de los inmigrantes pasó por delante de varios solicitantes de asilo y escuchó insultos, la palabra 'maricón', burlas y risas irónicas. Tras una discusión entre ambas partes, el jefe del grupo de inadmitidos y asilo decidió no tomar a dos de ellos la solicitud y aplicarles el protocolo de rechazo y retorno al país de procedencia.

 

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