Una sala de mayoría conservadora determinará el futuro de la causa contra el fiscal general
La investigación por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta esta semana una prueba de fuego clave para el futuro del caso. El Tribunal Supremo estudiará el próximo miércoles los recursos de apelación interpuestos contra los registros de los despachos del jefe del Ministerio Público y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Entradas de las que el instructor, Ángel Hurtado, ha extraído la mayor parte de elementos que conforman el caso. Y cuyo aval –o rechazo– está manos de un órgano de mayoría conservadora.
La llamada Sala de Apelaciones, encargada de revisar las decisiones del magistrado instructor, está compuesta por tres magistrados, cuyos nombres varían periódicamente. En este caso, según las diferentes fuentes jurídicas consultadas por este diario, los encargados de resolver los recursos de apelación contra los autos de entrada y registro e intervención tecnológica –así como contra los de levantamiento de secreto o acotación de fechas– serán Julián Sánchez Melgar, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y Andrés Palomo del Arco.
A los dos primeros magistrados se les ubica en la corriente conservadora de la judicatura. Sánchez Melgar, tercero en el Escalafón de la Carrera Judicial, lleva prácticamente medio siglo en la Sala Segunda del Supremo. Accedió al Alto Tribunal en 1999. Y desde entonces fue el ideólogo de la doctrina Parot –que terminó tumbando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos–, se posicionó en contra de la doctrina Botín y ha intervenido en casos de gran relevancia. No asociado, siempre se le ha ubicado cerca del PP. Cuando llegó al Supremo, lo hizo con el respaldo de sus vocales en el CGPJ. Y el poco tiempo que ha estado fuera de él ha sido para ejercer como último fiscal general del Estado del Gobierno de Mariano Rajoy.
De Porres, por su parte, lleva mucho menos tiempo en el Alto Tribunal. Vinculado a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aterrizó en el Palacio de las Salesas en 2018 para cubrir la vacante que dejaba el progresista Cándido Conde-Pumpido al irse al Tribunal Constitucional. Y desde entonces ha tenido que hacer frente a casos de gran relevancia política y mediática. El magistrado, sin ir más lejos, fue el ponente de la sentencia del caso ERE que confirmó las condenas contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, decisión que luego sería corregida por el Constitucional.
Poco después de que el Supremo dictase aquella resolución, Fuentes Informadas publicó que la esposa y el hijo del magistrado ponente militaban en el PP de Villaviciosa de Odón, un municipio del sur de Madrid. Algo que, según quiso aclarar él mismo al diario digital, no condicionaba sus decisiones. "A mí no me condiciona la militancia de los miembros de mi familia. Mi mujer es mi mujer, mi hijo es mi hijo y yo soy yo: al igual que mi otro hijo piensa de otra forma", apuntó, al tiempo que recordó que él mismo también ha participado en sentencias condenatorias de la Gürtel y aseguró que su mujer, que no había ocupado cargo de responsabilidad alguno, tenía previsto darse de baja en el partido.
Andrés Palomo, por último, no pertenece a ninguna asociación profesional. Accedió al Supremo en 2014. Fue ponente de la primera sentencia del Alto Tribunal que revocó una pena de prisión permanente revisable o de la que confirmó la condena de Félix Millet y Jordi Montull en el caso Palau. También ocupó uno de los sillones del tribunal que juzgó a los líderes independentistas por el referéndum del 1-O. Y, recientemente, ha sido el ponente de uno de los dos autos con los que la Sala de lo Penal se ha arrogado la potestad de juzgar a magistrados del Constitucional por prevaricación judicial en la elaboración de sus resoluciones.
Ausencia de "motivación reforzada"
Las declaraciones en el Alto Tribunal de los dos principales investigados por la filtración de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pusieron de manifiesto la importancia que las defensas y la Fiscalía dan a los recursos de apelación que están a punto de ser resueltos en el Supremo. "La entrada y registro es una diligencia que invade derechos fundamentales", dijo García Ortiz al instructor en su declaración como investigado. Y lo mismo hizo la teniente fiscal, Ángeles Sánchez-Conde: "No se puede someter a interrogatorio a una persona hasta que se despejen las dudas existentes sobre la constitucionalidad de la prueba con la que arranca esta investigación".
Los registros y el volcado de dispositivos electrónicos fueron realizados a finales de octubre por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Para el magistrado instructor, se trataba de una medida "absolutamente idónea" para el desarrollo de la investigación, que acababa de arrancar en el Supremo. En sus autos, Hurtado defendió la necesidad de las diligencias. "La finalidad perseguida con el acto de injerencia se superpone de forma igualmente incontestable al sacrificio que ha de imponerse a las personas afectadas por la medida", sostenía.
Pero tanto la Fiscalía como la Abogacía, que representa a los principales investigados, consideran que estas medidas vulneraron derechos fundamentales. En sus recursos hablan de la ausencia de "motivación reforzada" de las resoluciones. Y recuerdan que a la hora de dictarlas no existía "indicio alguno" que permitiese atribuir la conducta delictiva a los investigados y justificase la adopción de las mismas. "Solo puede considerarse que esas diligencias constituyen una mera instrucción prospectiva", recoge el escrito de los servicios jurídicos del Estado.
Recursos que amenazan la continuidad del caso
Para la teniente fiscal del Supremo, los autos están "huérfanos de toda argumentación referida a la necesidad, idoneidad y proporcionalidad" de las diligencias. "Las resoluciones se entretienen con minuciosidad en el análisis de los instrumentos técnicos e informáticos utilizados en las comunicaciones entre los distintos fiscales, investigados o no, pero ello carece de toda relevancia para justificar la intervención de esos mismos instrumentos para la realización de otras conversaciones distintas y con otros interlocutores cuyo canal de comunicación se ignora", resaltaba.
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Los recursos, además, cargaban contra la decisión del magistrado de extender la injerencia en los dispositivos electrónicos a un periodo de ocho meses –aunque luego limitó el análisis de los mismos a los siete días comprendidos entre el 8 y el 14 de marzo–. Y criticaban que no se hubiera tenido en cuenta a la hora de valorar la proporcionalidad de la medida el nivel de información contenida en los dispositivos del jefe del Ministerio Públio. "Puede comprometer la seguridad del Estado, la actividad de otras instituciones, intereses nacionales, compromisos con terceros", apuntaba la Abogacía en su recurso.
Los investigados y la Fiscalía consideran que casi toda la base indiciaria en la que se apoya el instructor emana del registro de los despachos y del clonado de dispositivos electrónicos. Sobre todo, de los de la fiscal jefa provincial de Madrid, cuyo análisis puso de relieve que García Ortiz había solicitado y recibido en su correo electrónico antes de que se publicara en los medios el mail en el que el abogado de González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía y reconocía dos delitos fiscales. De ahí que consideren que la nulidad de los mismos, en caso de ser acordada por la Sala de Apelaciones, sería todo un torpedo en la línea de flotación del caso.
De ser rechazados los recursos y avalados los registros, el fiscal general del Estado podría emprender el camino hacia el Tribunal Constitucional, una vía que, no obstante, no acaba de verse del todo clara. Y el instructor del caso tendría la senda despejada para seguir profundizando en la investigación. Con la primera tanda de declaraciones concluidas, el instructor podrá decidir, por ejemplo, si tira del hilo que dirige hacia la Presidencia del Gobierno, una línea en la que hasta el momento ha rechazado profundizar.
