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Gobierno

Sánchez cumple medio año en Moncloa con el Congreso bloqueado y pendiente de las urnas andaluzas para fijar el calendario electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez cumple este sábado sus primeros seis meses como presidente del Gobierno. Pero su medio año en la Moncloa, donde accedió tras hacer triunfar una moción de censura contra Mariano Rajoy, no ha sido especialmente productivo en términos de aprobación de leyes. Habida cuenta del bloqueo parlamentario ocasionado por el enroque de los independentistas catalanes, el Gobierno ni siquiera ha presentado su proyecto de Presupuestos a las Cortes, y esa misma inestabilidad parlamentaria ha provocado que Sánchez apenas haya presentado proyectos de ley desde que es presidente y haya decidido gobernar por decreto: hasta 15 ha puesto en marcha.

Los primeros seis meses de Sánchez en la Moncloa han estado marcados por lo tambaleante de su mayoría. Con el apoyo seguro de tan solo 84 diputados, el presidente del Gobierno ha tenido que negociar todos y cada uno de los pasos que ha dado, lo que ha limitado su capacidad de impulsar iniciativas. Pese al pacto alcanzado con Unidos Podemos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, las cuentas penden de un hilo por la negativa de PDeCAT y ERC a apoyarlos a causa de la situación procesal de sus principales dirigentes. Y el propio Gobierno, que hace meses aseguraba que quería llegar al final de la legislatura sin ninguna duda, ya no lo tiene tan claro y varios de sus miembros –incluso el propio Sánchez– han dejado caer la posibilidad de adelantar las elecciones. Aunque el objetivo de Sánchez es que en ningún caso sean antes de otoño de 2019.

En esa decisión, no obstante, influirán varios factores, y no todos dependen del Ejecutivo. En primer lugar, fuentes socialistas consultadas por infoLibre explican que Sánchez y la cúpula de Ferraz tienen mucho interés en los resultados que obtenga el PSOE de Susana Díaz en las elecciones autonómicas del próximo domingo. Una vez establecida la coexistencia pacífica entre Sánchez y Díaz, estas fuentes interpretan que un buen resultado de los socialistas en su feudo andaluz, sumada a una derrota contundente del PP, consolidaría en el resto de España la idea de que el PSOE está fuerte tanto para liderar el Gobierno como para ganar unas eventuales elecciones generales.

Hasta después de este domingo, y teniendo en cuenta lo que pase ese día, la cúpula de Ferraz no comenzará a diseñar el calendario de los próximos meses, afirman estos mismos dirigentes. Y esos planes también se verán influidos por lo que ocurra finalmente con los Presupuestos, que el Gobierno debería haber presentado hace ya dos meses en el Congreso, tal y como exige la Constitución. Sánchez, incluso contraviniendo la Carta Magna, no tiene pensado presentar las cuentas para perder la votación, pero su aprobación está en manos de PDeCAT y ERC, que han asegurado que no piensan siquiera sentarse a negociar.

No obstante, la situación de la Generalitat –donde los independentistas gobiernan juntos– no es fácil. Esta semana, miles de empleados en la administración pública, la sanidad o la educación han secundado sendas huelgas y han denunciado en las calles que, tras seis años de procés, "la paciencia se ha acabado", señalando expresamente a ERC y PDeCAT. El Gobierno catalán se ha justificado afirmando que, sin aprobar un nuevo presupuesto catalán –que la Generalitat negocia ahora con los comuns–, no puede hacer frente a las demandas sociales y laborales de los manifestantes.

Pero el Ejecutivo de Sánchez ha aprovechado la situación de debilidad y ha instado al Gobierno que lidera Quim Torra a "negociar" las cuentas estatales para frenar los recortes, y la vicepresidenta Carmen Calvo aseguró que las huelgas "forman parte de la necesidad de normalización que tiene Cataluña". En la misma línea fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este jueves aseguró que PDeCAT y ERC "no tienen excusa" para no aprobar los Presupuestos con la situación social que hay en su comunidad.

Las medidas estrella de Sánchez, por decreto

Si finalmente las partes se sentaran a la mesa, la opción de adelantar las elecciones se alejaría y comenzaría a reconstruirse una mayoría parlamentaria que, hoy por hoy, parece rota, como señaló sin tapujos hace unos días el líder de Unidos Podemos y socio principal del Gobierno, Pablo Iglesias, que también criticó que Sánchez haya dejado la puerta abierta a gobernar por decreto si no consigue aprobar los Presupuestos. Pero es que ésta ha sido, precisamente, la herramienta en la que el Ejecutivo ha cimentado su acción legislativa en los seis meses que lleva en el poder: Sánchez ha aprobado 15 decretos, la mayoría de los cuáles ha llevado al Congreso una vez puestos en marcha para que sean tramitados como proyectos de ley.

Entre estos decretos se encuentran varios de los que el Gobierno ha hecho bandera como hitos de sus meses en la Moncloa, como es la reforma puntual de la Ley de Memoria Histórica para sacar al dictador Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos. El Ejecutivo adoptó la decisión en agosto, y el Congreso convalidó el decreto el pasado 13 de septiembre. Desde entonces, y a raíz de esta modificación de la norma, la Cámara baja se encuentra tramitando una reforma completa de la Ley de Memoria Histórica para la que el Gobierno pidió al resto de grupos que presentase sus propuestas. Ahora mismo, el proyecto se encuentra en fase de enmiendas.

La recuperación de la sanidad universal también fue adoptada por decreto y confirmada por el Congreso a principios de septiembre, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. En esa misma sesión, la Cámara baja también apoyó otros dos decretos del Gobierno: uno para llevar a cabo una convocatoria extraordinaria de empleo público para reforzar los medios destinados a atender a asilados y refugiados y otro para adaptar la normativa española al reglamento de protección de datos aprobado por la UE este año.

RTVE, el bono social y las hipotecas

Asimismo, el Ejecutivo también tiró del decreto –posteriormente avalado por el Congreso– para otras dos de sus propuestas estrella: el impulso de la renovación del consejo de administración de RTVE –que, tras la incapacidad de los grupos para alcanzar un acuerdo, fue sustituido por el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única– y la puesta en marcha de varias medidas concretas contenidas en el pacto de Estado contra la violencia de género. Solo el segundo de los decretos, que se convalidó en septiembre, fue votado por unanimidad, y entre sus medidas se incluían la devolución de competencias a los ayuntamientos, que los menores puedan recibir asistencia psicológica sin tener que pedir el permiso paterno y la apertura de las ayudas administrativas a las víctimas que no han denunciado.

También en septiembre se aprobó el decreto para ampliar la protección de los consumidores vulnerables de luz, agua y gas. El Gobierno decidió ampliar el número de colectivos que pueden acogerse al bono social energético y elevó un 15% el umbral de consumo que tiene derecho a descuento, además de crear una nueva ayuda económica destinada a que estos colectivos puedan abonar el suministro de gas, que se abonará en forma de cheque y que tendrá como destinatarios a los mismos beneficiarios que accedan al bono eléctrico.

La descentralización de las competencias para que las comunidades puedan aprobar limitaciones a los VTC en favor del taxi ha sido otra de las medidas adoptadas por decreto por el Gobierno, que ha usado igualmente esta figura para actuar ante una de las polémicas más grandes del último mes: la relativa al impuesto sobre actos jurídicos documentados de las hipotecas. La semana pasada el Congreso aprobó el decreto aprobado por Sánchez para que sean los bancos quienes tengan que hacer frente a este impuesto de ahora en adelante, aunque la medida no tiene efectos retroactivos y no ha servido para mitigar la enorme controversia desatada por el paso atrás del Tribunal Supremo sobre esta cuestión.

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Sánchez quiere subir el salario mínimo

Pero, pese a la profusión de decretos en los seis meses de gobierno, el Ejecutivo tendrá que seguir haciendo uso de esta herramienta en los próximos meses si quiere aprobar al menos algunas de las medidas pactadas con Unidos Podemos en el acuerdo de Presupuestos, salga éste adelante o no. El pasado julio, el Gobierno ya aprobó un decreto por el cuál elevó las pensiones de viudedad del 7,7% a partir de agosto y certificó que subirán otro 7,1% a partir de enero de 2019. Y Sánchez se ha comprometido, además, a mantener la subida del salario mínimo a 900 euros haya o no Presupuestos, para lo cuál tendrá que utilizar otro real decreto.

Otras medidas contenidas en el acuerdo que el Gobierno se ha comprometido a respetar haya o no cuentas para 2019 son la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años o la partida de 600 millones que se incluye en el proyecto de ley para mejorar los servicios de dependencia que prestan las comunidades autónomas. Y, además, el Ejecutivo ya ha anunciado las pinceladas clave de la reforma que prepara para modificar la Lomce, la polémica ley educativa aprobada durante el mandato del PP. No obstante, al tratarse de una ley orgánica, Sánchez no podrá utilizar para su reforma la vía del decreto, sino que tendrá que pasar todo el trámite parlamentario, que se prevé largo.

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