Sánchez hace de la vivienda pública su modelo frente a la apuesta de Feijóo por volver a la política de Aznar

Pedro Sánchez clausura el foro 'Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar' organizado por el Gobierno sobre el problema del acceso a la vivienda, este lunes, en Madrid.

El curso político ha arrancado de lleno con la vivienda como principal foco de los partidos políticos. El Gobierno y el PP han puesto encima de la mesa con pocas horas de diferencia los modelos con los que quieren hacer frente a una crisis que ya se ha situado como la segunda principal preocupación de los ciudadanos en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Modelos económicos, pero también ideológicos.

La vivienda es la protagonista de una crisis que tiene especialmente incidencia entre los jóvenes, pero con una afectación que se nota ya en muchas capas de la sociedad que ven cómo se marcan precios históricos en la compra y en el alquiler a la vez que las grandes ciudades están expulsando a sus vecinos de las zonas del centro, que se han convertido en un mercado dominado por inversores millonarios y fondos extranjeros.

La Moncloa y el Ministerio de Vivienda han diseñado un plan con medidas sin precedentes para hacer frente a la situación, que afecta de lleno al corazón del electorado progresista (mucho más preocupado que el de derechas por esta cuestión, según las encuestas). El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentó las doce medidas este lunes junto a la plana mayor del Gobierno en un acto al que se le ha dado una enorme importancia en el Ejecutivo.

El Gobierno ha marcado una hoja de ruta con el principal objetivo de aumentar el parque público de vivienda, muy inferior al de otras naciones del entorno como Francia y Países Bajos. El modelo se va a pivotar especialmente desde la nueva empresa pública de Vivienda (que pone sus cimientos en SEPES), a la que se van a transferir próximamente 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados. Además, tendrá prioridad a la hora de adquirir inmuebles. Una de las grandes obsesiones del Ejecutivo es que a partir de ahora se blinde la titularidad estatal de las futuras construcciones protegidas.

El plan del Gobierno

El plan, que se ha diseñado de manera discreta y concienzuda por expertos y el Gobierno, conlleva también un PERTE de vivienda, un sistema de garantías públicas para propietarios e inquilinos para el alquiler asequible, un nuevo plan estatal de vivienda y desbloquear la ley del suelo que quedó varada en el Congreso tras el rechazo del PP y de Sumar.

El Ejecutivo también quiere implantar medidas sin precedentes en España como la limitación de compra de vivienda para los extranjeros no comunitarios y no residentes (un modelo que funciona en países como Canadá y Dinamarca) y la exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen su vivienda en base al índice de referencia sin necesidad de estar en una zona tensionada. Asimismo, el plan responde a la filosofía, como dijo el propio Sánchez, de “sobran Airbnbs y faltan viviendas”. Por ello, se propondrá al Congreso que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística. 

El Gobierno se compromete además a condicionar las ventajas fiscales de las socimis a la promoción de vivienda en alquiler asequible y a endurecer la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada, además de crear un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda. 

La coalición apuesta por este modelo en vivienda frente al de la burbuja y el pelotazo que se instaló durante años en España en la época del boom inmobiliario. En el Ejecutivo indican que no se puede volver a caer en los errores del pasado y contraponen su hoja de ruta a la marcada por Alberto Núñez Feijóo y sus barones durante el fin de semana en el encuentro que tuvieron en Asturias.

Los barones y Feijóo se fijan en el suelo y los impuestos

El PP quiere derogar la ley de vivienda (que permite limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas) y promover una reforma de la ley del suelo para facilitar la gestión del mismo y que haya una mayor agilidad administrativa. Además, los populares en la Declaración de Asturias se comprometen a exigir el desbloqueo de la ley antiokupas para que puedan desalojarse en 24 horas y poner a disposición del sector todo el suelo público posible para viviendas de alquiler un 30% más barato que la media del mercado. 

El plan de Alberto Núñez Feijóo tiene también como principal sustento las rebajas fiscales con la gran bandera de la reducción al 4% del impuesto de transmisiones patrimoniales a los jóvenes (una competencia autonómica). Asimismo, apuestan en el PP por establecer deducciones por compra y arrendamiento de primera vivienda habitual y para particulares que alquilen sus casas para vivienda habitual del inquilino o que movilicen sus pisos vacíos desde hace dos años para arrendamiento. La declaración contempla un tipo reducido en la transmisión de viviendas con protección pública (impuestos de Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones) y la revisión en profundidad de los impuestos que gravan el desarrollo de suelo y la construcción de vivienda nueva asequible, para relanzar la actividad promotora y reducir el coste de producción de la vivienda.

El Gobierno y el PP han puesto en el ring político esos dos modelos. Los populares acusaron a través de su portavoz, Borja Sémper, al Ejecutivo de hacer “más política intervencionista”. “Lo que queda acreditado por la experiencia es que manosear el mercado lo que genera es precios más caros y menos oferta", señaló el dirigente conservador.

Sánchez lanza un paquete de medidas sin precedentes para aumentar la vivienda protegida

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El análisis que hace el Gobierno, al contrario, es que el modelo del PP supone volver a la época de la burbuja alimentada por la administración de José María Aznar. El propio Sánchez, durante el acto, criticó la “política nefasta del pelotazo” promovida por los gobiernos populares que llevó a un sistema “injusto y fallido”. El jefe del Ejecutivo rechazó la vía de “desregular” que imperó en la época del PP, también con Mariano Rajoy al frente de La Moncloa, y lamentó que los gobiernos conservadores entregaran a fondos buitres las casas de protección oficial que se habían construido, abrieran las puertas de las ciudades de “par en par” a empresas de alquiler turístico y aprobaran las llamadas golden visa que "animaban a millonarios extranjeros a especular". Este modelo también fue definido por el titular de Transportes, Óscar Puente, que indicó al conocer la propuesta de Génova 13 que es volver al “todo urbanizable de Aznar” y a la "especulación que nos costó la ruina de 2008 a 2015 y la quiebra de cajas de ahorros y el rescate bancario que pagamos todos de nuestro bolsillo".

Los socios piden más medidas a La Moncloa

La Moncloa se mueve en políticas de vivienda presionada tanto por sus votantes como por los socios de coalición, que llevan meses poniendo en su punto de mira a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. El titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, celebró el “cambio de discurso” del PSOE pero cree que se debe ir más lejos con medidas como  la prohibición de las compras especulativas a todos los ciudadanos.

En Podemos han criticado duramente los anuncios del presidente con su líder, Ione Belarra, haciendo esta valoración: “Hemos pasado de pedir solidaridad a los caseros a regalarles dinero público de todos y todas para que bajen los precios. Este Gobierno va de mal en peor y está jugando con fuego”. Desde ERC, Gabriel Rufián, sostuvo: “El Gobierno debería grabarse a fuego que por encima del derecho a enriquecerse de alguien con diez viviendas está el derecho de alguien a tener una vivienda digna. Llegan tarde y se quedan cortos. Habrá que ir más allá”. También reaccionó Oskar Matute, de EH Bildu, que indicó que algunas medidas van en la “buena dirección” pero “otras como aplicar exenciones fiscales a propietarios que han estado cobrando alquileres abusivos y desproporcionados van en la dirección contraria”.

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