Dos son, fundamentalmente, los indicios que cercan al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el Tribunal Supremo. Por un lado, las grabaciones intervenidas a Koldo García, de las que los investigadores extraen la existencia de una supuesta trama de amaños de adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas. Y, por otro, la incautación por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un documento que vincula a Cerdán con Servinabar 2000, firma a la que se sitúa en el epicentro de la trama. Tanto el instructor del caso, Leopoldo Puente, como las partes ya tienen el escrito sobre la mesa. Y este contiene diferentes errores.
Los papeles aparecieron en el registro que se llevó a cabo el pasado 10 de junio en el domicilio de Joseba Antxon Alonso, quien consta como administrador único de la pequeña constructora navarra. En el trastero, dentro de un maletín marrón de trabajo, los agentes de la UCO encontraron, según el acta que se extendió tras la entrada en la vivienda ubicada en el municipio bizkaino de Elorrio, "28 páginas agrupadas en 16 documentos", las cuales quedaron identificadas como evidencia "T.S-VL1-EV5". Y entre ellos, figuraba una "escritura privada de compraventa de participaciones sociales" de Servinabar por la cual el empresario transfería al político parte de las mismas.
La defensa de Cerdán pidió al instructor tener acceso a dicho documento para que, antes de que su cliente compareciera en el Tribunal Supremo, pudieran "acudir a la notaría pertinente a cotejarlo". El magistrado respondió que "mal podría cotejarse notarialmente un documento privado". Pero, aun así, dio orden a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que remitiera con urgencia aquella "escritura" a la que se refirió en el oficio en el que daba cuenta del resultado de los registros. Y así lo hizo a comienzos de esta semana: "Se aporta dicho contrato de compraventa de participaciones".
La noticia corrió como la pólvora. Algunos medios ilustraron la información con una imagen hecha a partir de fragmentos del citado documento, lo que provocó cierto desconcierto entre algunos usuarios de redes sociales, que comenzaron a restar credibilidad a lo que parecía una concatenación de párrafos torcidos. Pero nada más lejos de la realidad. En el interior de la noticia, una copia del contrato al completo dejaba claro que la imagen que la encabezaba no era más que un fotomontaje.
El documento en cuestión está fechado el 1 de junio de 2016, cuando Cerdán todavía era diputado en el Parlamento de Navarra –no dio el salto a Madrid hasta septiembre de 2017 como secretario de Coordinación Territorial del PSOE–. Y consta de cuatro páginas, todas con las firmas, según resalta la Guardia Civil, de Alonso y del ex secretario de Organización del PSOE. En ellas, se recoge que el primero es titular de 3.000 participaciones sociales con un valor nominal de un euro de Servinabar 2000. Y que parte de ellas, casi la mitad de las mismas, se las vende y transmite al segundo.
Un sello con errores
La "escritura de compraventa" –así queda definida en el propio documento– contiene, sin embargo, algunos errores. En la última página figura estampado, junto a la firma del administrador único, el sello de la compañía. Y en él se incluyen algunos datos de la sociedad. Es el caso, por ejemplo, del domicilio social, cuya dirección coincide con la que entonces figuraba asociada a la empresa. Algo que, sin embargo, no sucede con el NIF. En este caso, el sello refleja un número de identificación fiscal que no se corresponde con el de Servinabar 2000.
La UCO aporta el contrato por el que Cerdán compró el 45% de Servinabar por 6.000 euros
El código que aparece a tinta azul es el "B-71255064", que según las consultas que ha hecho infoLibre en el Registro Mercantil y la Agencia Tributaria, no se corresponde con ninguna compañía. Aunque parecido, el número de identificación auténtico de esta pequeña constructora, a la que los investigadores relacionan con el supuesto amaño de contratos en Navarra, es el "B-71255061", un código que, aunque no en el sello, sí que aparece bien reflejado, sin embargo, en el cuerpo del contrato de compraventa, cuando se hace referencia a las 3.000 participaciones que poseía Alonso. Y también en el oficio que la Guardia Civil envió junto al contrato.
Un cálculo mal hecho de participaciones
No es, sin embargo, el único fallo que tiene el documento. Cuando se concreta la operación de compraventa, queda recogido que el empresario "vende y transmite 1.350 participaciones sociales, números 1.650 a 3.000, ambos inclusive de la sociedad" a Santos Cerdán, que las "compra y adquiere, libre de cargas, por el precio de 6.000 euros, que el vendedor declara recibido, dando la más completa y eficaz carta de pago". Sin embargo, si se tiene en cuenta ese "números 1.650 a 3.000, ambos inclusive", lo cierto es que la cifra de participaciones adquirida sería 1.351, y no las 1.350 que establece el documento.
Tras la recepción del documento, la defensa del ex secretario de Organización socialista señaló que el mismo no es más que un "mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y que, por lo tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno". "En definitiva, se confirma que [...] Santos Cerdán nunca formó parte de esta empresa ni ha cobrado nunca cantidad alguna derivada de la actividad de Servinabar", sentenciaron. El próximo lunes, el exdiputado acudirá a declarar al Supremo. Y será ahí donde, según fuentes de su defensa, "dará las oportunas explicaciones" sobre el documento hallado por la Unidad Central Operativa.
Dos son, fundamentalmente, los indicios que cercan al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el Tribunal Supremo. Por un lado, las grabaciones intervenidas a Koldo García, de las que los investigadores extraen la existencia de una supuesta trama de amaños de adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas. Y, por otro, la incautación por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un documento que vincula a Cerdán con Servinabar 2000, firma a la que se sitúa en el epicentro de la trama. Tanto el instructor del caso, Leopoldo Puente, como las partes ya tienen el escrito sobre la mesa. Y este contiene diferentes errores.