Privilegios socialmente inaceptables de la clase política
En una democracia que se presume madura, los cargos públicos deberían ser, ante todo, servidores de la ciudadanía. Sin embargo, en España hay una percepción generalizada de que la clase política vive en una órbita legal distinta a la del resto de los ciudadanos. No se trata únicamente de una cuestión moral o estética, sino de un entramado de prebendas y privilegios legales, económicos y administrativos que consolidan una desigualdad estructural entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Aforamientos, indultos, pensiones especiales, asesores, coches oficiales y puertas giratorias conforman un sistema que, lejos de reforzar la confianza en las instituciones, erosiona la credibilidad democrática.
El artículo 14 de la Constitución Española debería ser el pilar inamovible de la convivencia: "Los españoles son iguales ante la ley", sin embargo resulta evidente la existencia de una clase política con reglas propias, protegida por un marco legal que la separa del común de los ciudadanos. El resultado es una democracia formalmente representativa, pero socialmente desconectada. La indignación no surge de la existencia de cargos públicos –imprescindibles para el funcionamiento del Estado– sino de la percepción de que quienes los ocupan no comparten las mismas obligaciones, riesgos ni sacrificios que el resto, y que existe una estructura de casta que ha blindado para sí misma una serie de privilegios que resultan inalcanzables para el ciudadano que paga sus impuestos y cumple sus deberes.
Vamos a referirnos a algunos de esos numerosos y socialmente inaceptables privilegios de la clase política:
A) Uno de los privilegios más polémicos es el aforamiento. Miles de cargos públicos en España no son juzgados por los tribunales ordinarios, sino por instancias superiores. La justificación oficial es proteger la función pública de denuncias espurias o presiones políticas. En la práctica, el aforamiento introduce una justicia de dos velocidades: mientras el ciudadano común responde ante un juez ordinario, el político lo hace ante tribunales especiales, con procedimientos más complejos y lentos. Esto no solo genera la sensación de impunidad, sino que debilita el principio básico de igualdad ante la ley.
B) A ello se suma la figura del indulto, concebida como una medida excepcional de clemencia, y que representa la última frontera de la impunidad. En manos del Poder ejecutivo, esta figura se convierte en un instrumento discrecional que en determinados casos ha beneficiado a políticos o personas cercanas al poder o a sus intereses políticos.
C) Otro ámbito sensible es el de las pensiones y beneficios tras el cese. Muchos altos cargos acceden a pensiones vitalicias o a regímenes de cotización privilegiados, muy alejados de las condiciones del sistema general. Mientras millones de ciudadanos deben acumular décadas de cotización para aspirar a una pensión digna, algunos responsables públicos disfrutan de prestaciones excepcionales tras periodos relativamente breves en el cargo. Esta asimetría no solo es injusta: resulta socialmente corrosiva.
D) La estructura de asesores, ayudantes y personal de confianza constituye otro de los pilares del privilegio político. Es indudable que la gestión pública requiere apoyo técnico y administrativo; lo cuestionable es la importante magnitud y opacidad de estos equipos. Si sumamos el personal eventual de la Administración General del Estado y el de las Comunidades Autónomas, España mantiene a más de 2.500 personas cuyo único mérito es la confianza de un político, con un coste total que supera los 240 millones de euros al año. Estos nombramientos responden más a afinidades partidistas que a criterios de mérito y capacidad, generando redes clientelares financiadas con fondos públicos.
E) A los recursos humanos se añaden los privilegios materiales: coches oficiales, escoltas, dietas, tarjetas de gastos y otras prebendas asociadas al cargo. Algunas están justificadas por razones de seguridad o representación institucional, y muchas otras se han normalizado como símbolos de estatus. En cuanto a la flota de coches oficiales, España es uno de los países europeos con mayor número de vehículos de alta gama destinados al transporte de cargos públicos El problema de estos privilegios no es únicamente económico, sino ético: cuando el político se acostumbra a una vida de comodidades sufragadas por el erario, se distancia psicológicamente de la experiencia del ciudadano al que dice representar.
F) Otro fenómeno realmente dañino para la confianza pública es el de las puertas giratorias: la posibilidad de ocupar durante o después del mandato puestos retribuidos en consejos de administración de empresas públicas, semipúblicas o privadas relacionadas con el sector que se regulaba desde el cargo. Las puertas giratorias permiten que exministros y exsecretarios de Estado aterricen en consejos de administración de empresas que ellos mismos regularon meses antes. Aunque no siempre impliquen ilegalidad, sí plantean un conflicto de intereses evidente. La sospecha de que decisiones políticas se tomen pensando en futuros beneficios personales socava la legitimidad del sistema.
Mientras el político no viva bajo las mismas leyes y condiciones que el resto, seguirá existiendo una España de primera y una España de segunda y la desafección política seguirá creciendo
Medidas necesarias para combatir los privilegios
Para combatir legalmente este sistema de privilegios no hace falta retórica, sino voluntad política y legislativa, siendo necesarias medidas como las siguientes:
- Aforamientos: Reforma Constitucional que modifique los artículos 71 y 102 para eliminar el aforamiento en delitos comunes y limitarlo estrictamente a la actividad parlamentaria, o incluso eliminarlo, como pasa en otras democracias europeas. Si un político comete un fraude o una agresión, debe ir al mismo juzgado de instrucción que cualquier ciudadano.
- Indultos: Prohibición de indultos por corrupción, modificando la vigente Ley del Indulto de 1870 para impedir que el Gobierno pueda perdonar delitos contra la Administración Pública, malversación o prevaricación, endureciendo en todo caso los requisitos de motivación, y estableciendo oportunos y eficaces controles parlamentarios.
- Pensiones y beneficios tras el cese: Supresión de la indemnización por cese, integrando a los cargos electos en el Régimen General de la Seguridad Social. Si se quedan sin trabajo deberían cobrar el subsidio por desempleo ordinario bajo las mismas condiciones de carencia y duración que un autónomo o un asalariado.
- Asesores y personal de confianza: Nuevas y estrictas normas legales sobre asesores, limitando el número de asesores en función de la población o el presupuesto, exigiendo que estos puestos sean técnicos, fiscalizados, con procesos de selección transparentes y con currículums públicos que justifiquen su idoneidad. Además, una parte de tales puestos de confianza (al menos un 50 por ciento) deberían ser ocupados por funcionarios de carrera, que ya cobran un sueldo público y tienen la formación necesaria.
- Privilegios materiales: Establecimiento de criterios estrictos de necesidad, transparencia en los gastos y eliminación de aquellos beneficios que no estén directamente vinculados al desempeño de funciones públicas.
- Regulación severa de las Puertas giratorias, ampliando el periodo de incompatibilidad a un mínimo de cinco años para ocupar cargos en sectores sobre los que se tuvo competencia directa, con estrictas sanciones económicas por incumplimiento dictadas por organismos independientes con capacidad sancionadora real.
El mantenimiento de los privilegios antes descritos es una afrenta a la dignidad del ciudadano que sufre problemas como la inflación, el precio de la vivienda y la precariedad laboral. La reforma de estos estatus no es una cuestión de ahorro presupuestario –que también– sino una cuestión de higiene democrática. Hasta que el político no viva bajo las mismas leyes y condiciones que el resto, seguirá existiendo una España de primera (clase política) y una España de segunda (ciudadanos comunes) y la desafección política seguirá creciendo. La lucha social contra los privilegios no es un gesto populista, es una exigencia democrática. Reducirlos no empobrecería a la política; por el contrario, la dignificaría, acercándola de nuevo a quienes con sus impuestos y su confianza la sostienen.
En todo caso ninguna reforma será suficiente sin un cambio cultural, y la necesaria asunción de que el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad. La política debería ser un servicio temporal, no una carrera blindada por privilegios. La igualdad ante la ley, la austeridad en el uso de recursos públicos y la separación clara entre interés general e interés particular no son consignas ideológicas, sino principios básicos de una democracia saludable.
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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista Encuentros Multidisciplinares.
