LA REFORMA LABORAL

El 'sí' de Ciudadanos a la reforma laboral, el enésimo intento del PSOE por la geometría variable

Inés Arrimadas pasa delante de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Nadia Calviño y Yolanda Díaz en una sesión del Congreso.

La negociación para aprobar la reforma laboral en el Congreso vuelve a poner sobre la mesa una posibilidad ensayada varias veces en lo que va de legislatura, hasta el momento, sin resultados: sacar a Ciudadanos del bloque de las derechas y rehabilitarlo como posible socio parlamentario del Gobierno. Un escenario que el PSOE siempre vio con buenos ojos y que de nuevo podría resultar propicio por la dificultad de alcanzar un acuerdo con los aliados de la investidura y por la propia extrema debilidad de los naranjas, obligados a un último intento de viraje político tras acumular varios descalabros electorales y tras la ruptura de todos los pactos de gobierno autonómicos que mantenía con el PP, a excepción de Andalucía. 

La conclusión en el Gobierno es que a los de Inés Arrimadas “no les queda otra” que probar suerte distanciándose, de una vez por todas, de las estrategias de Pablo Casado y Santiago Abascal, un camino que ha llegado incluso a poner en riesgo su mera existencia política. Y eso es contemplado como una nueva oportunidad que los socialistas parecen dispuestos a aprovechar para, tal y como aseguró esta semana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, “ensanchar mayorías”, algo que en realidad llevan persiguiendo toda la legislatura y que resultaría muy útil para rebajar el nivel de dependencia de socios más intrépidos como ERC o Bildu. 

El primero que lo intentó, de hecho, fue Pedro Sánchez. Tras las primeras elecciones generales de 2019, el reparto de escaños le ofrecía al candidato socialista dos mayorías alternativas en el Congreso: una principalmente de izquierdas, muy similar a la que ahora le sostiene en el Gobierno; para la otra bastaba con sumar los escaños de Ciudadanos. Una alternativa que Sánchez intentó explorar pero que chocó frontalmente contra el muro infranqueable de Albert Rivera. 

Tras la debacle de Ciudadanos con la repetición electoral, el PSOE se quedó sin otra opción de gobernar que no fuera la que se acabó concretando: un gobierno de coalición con Unidas Podemos apoyado parlamentariamente por formaciones como PNV, ERC, Bildu y un sinfín de pequeños partidos que acabaron conformando la conocida como “mayoría de la investidura”. Aún así, los socialistas no tirarían ahí la toalla con Ciudadanos y, apenas unos meses después de apoyarse en esa fórmula eminentemente progresista, intentaron sacar los primeros presupuestos de la legislatura con los naranjas. 

Presupuestos y Murcia: dos intentos frustrados

Esa negociación, que se prolongó durante semanas, estuvo a punto de concretarse en un acuerdo formal de Presupuestos. La idea del PSOE no era solo rehabilitar de cara al futuro a un proyecto político que volviera a tener opciones de facilitarle la gobernabilidad a medio plazo y que rebajase la dependencia respecto de Unidas Podemos. También se intentó poner en práctica una “geometría variable” en el Congreso que abriese horizontes tan seductores como no tener que afrontar cada negociación a cara de perro con formaciones como Bildu o ERC. 

En esas conversaciones para sacar adelante los presupuestos participó la plana mayor de la parte socialista del Gobierno: Carmen Calvo, María Jesús Montero, Carolina Darias o el entonces secretario general de la presidencia, Félix Bolaños, un hombre que a día de hoy sigue teniendo hilo directo con los dirigentes de Ciudadanos y que además tiene en alta estima la posibilidad de concretar acercamientos con los de Arrimadas. “Aquellas fueron conversaciones discretas pero que se prolongaron durante semanas y que llegaron hasta el final. Quiero decir que hubo papeles de por medio con propuestas muy claras y con un alto nivel de consenso. La intención clara de ambas partes era la de concretar un acuerdo e incluso salir y hacernos la foto”, cuenta una de las personas que participó de aquel proceso. 

Ese acuerdo, que hubiera supuesto un duro revés político para Unidas Podemos en los primeros compases de la legislatura, estuvo a punto de oficializarse. Pero Pablo Iglesias fue más rápido. Empeñado en consolidar “la mayoría de la investidura” y por hacer fracasar la vía Ciudadanos, clave para el peso institucional que hoy ostentan los morados, Iglesias llegó a un acuerdo con Arnaldo Otegi. Bildu no solo apoyó las cuentas sino que fue la primera formación en oficializar su “sí” a los Presupuestos Generales del Estado, algo que anunció el propio el propio Otegi. La jugada desbarató los planes de Moncloa con Ciudadanos, que huyó del acuerdo en cuanto la formación abertzale dio un paso al frente. 

En realidad, esa negociación tuvo una antesala durante la aprobación de los estados de alarma en el Congreso en la primera ola de la pandemia. Con Pablo Casado dando la espalda al Ejecutivo en el peor momento de la crisis sanitaria, muchos de los socios de investidura también pusieron en serios aprietos al Gobierno para sacar adelante los decretos que daban cobertura legal a las restricciones de movilidad impuestas. Inés Arrimadas, entonces, se convirtió en una aliada imprescindible para Pedro Sánchez, algo que le valió durísimas críticas internas y externas a la líder de Ciudadanos. 

Ese acercamiento, frustrado en la posterior negociación de Presupuestos, intentó ir un paso más allá con la moción de censura de la Región de Murcia. De haber salido adelante, la jugada política podría haber tenido un gran alcance en Comunidades y Ayuntamientos de toda España con acuerdos a los que Albert Rivera, en su día, dio la espalda. Pero todo volvió a salir mal. Dando muestras de su también extrema debilidad interna, Ciudadanos se partió en Murcia dando al traste con la operación. Los naranjas fueron expulsados del Gobierno murciano y también del de la Comunidad de Madrid, donde Ayuso convocó unas elecciones en las que arrasó y en las que los naranjas se quedaron sin representación. A la espera de Andalucía, el último episodio de esa cascada de rupturas de gobiernos autonómicos ha sido Castilla y León, donde se celebran elecciones el 13 de febrero. 

Apoyo a la reforma laboral

Humillado por el PP, con gran parte del poder institucional obtenido en 2019 gravemente mermado y con las encuestas poniendo en tela de juicio su viabilidad política a medio plazo, Ciudadanos vuelve a ensayar una salida del bloque de las derechas a cuenta de la reforma laboral del Gobierno. La negativa de socios parlamentarios de Sánchez como Bildu, ERC o PNV les vuelve a ofrecer la posibilidad de desempeñar un papel relevante en el Congreso. Por el momento, los contactos con el PSOE han sido informales y los naranjas esperan la llamada de Moncloa. Aunque, en este caso, ni siquiera hará demasiada falta negociar: si no se toca nada del texto acordado por patronal, sindicatos y Gobierno, los de Arrimadas lo apoyarán. 

En paralelo, Yolanda Díaz se afana en revivir “la mayoría de la investidura” para repetir la jugada de Pablo Iglesias con la que consiguió “espantar” a Ciudadanos. Aunque la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en la coalición lo tiene mucho más complicado que su antecesor. Más allá de los planes del PSOE con Ciudadanos, Díaz apenas cuenta con margen de maniobra para satisfacer las demandas de socios como ERC, Bildu o PNV. Las negociaciones son intensas y sobre la mesa está la posibilidad de reformar el estatuto de los trabajadores para dejar clara la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, una de las principales exigencias de vascos y catalanes. El problema de la vicepresidenta es que cualquier paso en esa dirección podría hacer que el pacto entre empresarios y sindicatos saltara por los aires. Porque no solo se opone la CEOE a algún tipo de cesión que implique cambio en lo pactado. Los sindicatos tampoco son favorables a tocar el texto firmado y, en el caso de UGT, la negativa a la prevalencia de los convenios autonómicos es explícita, seguramente relacionada con la propia competencia sindical en Euskadi con otras organizaciones como ELA o LAB. 

Yolanda Díaz intenta evitar que Ciudadanos se convierta en el socio preferente de la reforma laboral

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