¿Una España ingobernable? Si hay investidura, no habrá tregua parlamentaria

Un ciclista pasa al lado del mural del Pedro Sánchez y Carles Puigdemont dándose un beso en el mural del artista urbano TVBoy, en la plaza de las Glòries.

Parece que han pasado siglos, pero, cuando Pedro Sánchez publicó su premonitorio Manual de resistencia, en febrero de 2019, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias todavía eran líderes influyentes. Cuatro años después, han abandonado la política activa. El único que ha resistido a los embates (pandemias, guerras y hecatombe en las elecciones autonómicas incluida) es Pedro Sánchez.

El presidente en funciones es el político que mejor ha sabido leer los tiempos de la España de los últimos años, un país casi ingobernable en el que si no pactas, desapareces. El ejemplo más cercano es el de Alberto Núñez Feijóo, que acaba de fracasar en una investidura por no haber sabido ni querido tender puentes políticos fuera de su área de confort.

Este verano, todos daban por muerto a Sánchez, pero, como dice Peret en su rumba catalana, solo estaba de parranda. Si en las próximas semanas consigue ser investido, se convertirá en el primer presidente de la historia de España que no lidera el partido más votado en las elecciones y dará inicio una legislatura que amenaza con ser una de las más inestables a nivel parlamentario, en la que los acuerdos van a tener más protagonismo que nunca.

Inestabilidad parlamentaria, pero un Gobierno más cohesionado

Una de las primeras características que podemos anticipar de lo que podría dar de sí esta legislatura es que el PP y Vox van a llevar a cabo de nuevo una oposición de acoso y derribo al Gobierno, centrada en el desgaste que le puede ocasionar la polémica cuestión de la amnistía, como ya sucedió con los indultos a los presos del procés.

“A medio plazo, mientras el debate sobre la amnistía esté encima de la mesa, Sánchez tiene garantizado el apoyo de los partidos que le apoyan, pero conforme el tema territorial se vaya empezando a encauzar y Junts recupere el espacio de la derecha catalana que ocupaba CiU, los partidos de la derecha nacionalista del Congreso no se van a sentir tan cómodos con el Gobierno progresista del PSOE y Sumar”, explica Joan Navarro, socio de LLYC.

Sin embargo, de puertas para adentro, podría producirse más colaboración y menos disonancia entre los partidos del Gobierno de coalición. Porque ni Yolanda Díaz es Pablo Iglesias ni Sumar es Podemos. Además, en el PSOE ya tienen experiencia en gestionar las diferencias con su socio para que no ocurran crisis tan graves como las reducciones de condenas a violadores que provocó la Ley del solo sí es sí.

Sánchez obvia la amnistía y replica al PP que lo que "quiebra la igualdad" son sus pactos con Vox

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“Podemos estaba mucho más a la izquierda de lo que hoy está Sumar y la relación entre Sánchez y Díaz también es mucho más cercana. Sin duda, el Gobierno va a ser más estable, pero si la amnistía sale adelante no va a haber por parte de la derecha ningún tipo de condescendencia con la aprobación de leyes técnicas o transposiciones de directivas, la confrontación va a ser muy grande”, apunta Navarro.

El poder del PP en los territorios

En el Congreso de los Diputados, el hipotético Gobierno del PSOE tendría un margen muy estrecho para sacar adelante los proyectos. El variado conglomerado de apoyos que necesitaría para aprobar cualquier presupuesto, reforma o ley importante podría convertirse en un problema en el día a día parlamentario. Un gobierno en España no había dependido nunca del voto afirmativo de un número tan elevado de partidos: Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG.

“En términos efectivos, es muy relevante la oposición que la derecha puede hacer a nivel territorial desde el gobierno de las comunidades autónomas para desestabilizar la acción del Ejecutivo y puede haber un conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades”, explica el profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra Carlos Barrera. Además, el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, podría retrasar y aplazar la aprobación de las leyes y poner obstáculos para presionar al Gobierno ante la opinión pública.

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