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Del 'caso Begoña' al 'caso Peinado': el juez convierte una causa vacía en un espectáculo mediático

Cataluña

Siete causas vinculadas al 'procès' que tendrán que resolver los tribunales en 2017

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, hace unos días en el Parlament.

El juez dio este jueves el primer paso para enviar al banquillo al portavoz del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT, la antigua Convergència) en el Congreso, Francesc Homs, por su papel en la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Pero su caso no es el único: 2017 será un año cargado de procedimientos judiciales relacionados con el proceso independentista en Cataluña, en los cuáles están envueltos desde ciudadanos de a pie hasta varios cargos públicos acusados de delitos como prevaricación o sedición.

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, es el imputado más famoso que se verá en el banquillo el año que viene, junto a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Educación, Irene Rigau, en el que será el primer juicio penal vinculado al proceso independentista. No obstante, varios concejales de la CUP y de candidaturas municipalistas vinculadas a Podemos también tendrán que vérselas con la Justicia, así como la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell. Al menos seis procesos judiciales relacionados con el proceso de independencia tendrán lugar en 2017.

  Francesc Homs y su papel en el 9N

Hasta el año 2015, Homs fue consejero de Presidencia de la Generalitat, e intervino directamente en la celebración de la consulta no vinculante sobre la independencia que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014, que tuvo el apoyo político y logístico del Gobierno catalán pero que fue llevada a cabo por voluntarios para tratar de sortear la prohibición del Tribunal Constitucional. Por ello, Homs está siendo investigado por la comisión de supuestos delitos de prevaricación y desobediencia por el Tribunal Supremo, el que tiene competencias para hacerlo, dado que Homs está aforado por su condición de diputado.

Este jueves, el juez Andrés Palomo del Arco cerró la instrucción del caso a través de un auto en el que señaló que, a su juicio, Homs actuó de forma "arbitraria" y contraria a derecho cuando decidió no obedecer la suspensión de la consulta del 9N que había dictado el Tribunal Constitucional. "No suspendió ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta, ni siquiera los que dependían directamente del Departament de la Presidencia, del que era titular, a pesar de ser consciente de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional y la consecuente inviabilidad de su celebración", sostiene el magistrado.

El auto también señala que el comportamiento de Homs es, "indiciariamente", constitutivo "de delitos de desobediencia y prevaricación administrativa", y argumenta que el entonces consejero de Presidencia "dio amparo a otras actividades de carácter decisivo para la celebración de la consulta, realizó también alguna contratación ulterior tendente a la efectividad de la consulta, y comunicó la no difusión de la campaña institucional por parte de algunos medios al organismo administrativo competente para sancionarlos".

La resolución del proceso se producirá en 2017, ya que Palomo del Arco ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía para que dé su parecer. Por tanto, el Ministerio Público tiene hasta principios de enero para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones.

  El juicio de Mas, Rigau y Ortega

Quienes ya están en la fase de juicio son Mas, Rigau y Ortega, que el próximo 6 de febrero se sentarán en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acusados, al igual que Homs, de desobediencia y prevaricación por no haber suspendido la consulta del 9 de noviembre de 2014. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación especial para Mas, y nueve para las exconsejeras Rigau y Ortega, ya que considera que los tres hicieron caso omiso de la prohibición del Constitucional: el primero, por no ordenar que se detuvieran los preparativos al conocer la sentencia, la exvicepresidenta por haber coordinado todas las actuaciones de preparación y desarrollo de la votación, y la exconsejera de Educación por haber prestado los centros públicos para su celebración.

Las defensas de Mas, Rigau y Ortega, por su parte, piden su absolución, ya que consideran que el proceso fue "lícito" y se realizó para satisfacer el "derecho de participación y libertad de expresión" de los catalanes, tal y como argumenta el expresidente en su escrito de defensa. Mas, asimismo, ha pedido la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y será el tribunal el que tenga que decidir al respecto cuando se elija a su último integrante –a día de hoy, hay elegidos dos jueces: el máximo responsable del TSJC, Jesús María Barrientos, y el magistrado Carlos Ramos–.

Además, la defensa de Mas sostiene que la celebración de la consulta quedó en manos de los voluntarios y no de la Generalitat, y afirma que la comunidad únicamente prestó "cierta infraestructura material" que fue utilizada "en todo momento" por parte de estos voluntarios, que ni fueron "coaccionados" ni eran "dependientes jerárquicos de la Administración". De igual forma, el expresident justifica la campaña de publicidad que se llevó a cabo durante aquellos días afirmando que "era imprescindible" que los ciudadanos "fuesen informados a través de medios de comunicación e internet" de la consulta para que pudieran "ejercer sus derechos en condiciones de igualdad".

  Forcadell y la hoja de ruta aprobada en el Parlament

Los mismos delitos, desobediencia y prevaricación, son los que se le achacan a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se expone a una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Pero su caso no está relacionado con la consulta del 9N, sino con la hoja de ruta que se debatió y se aprobó en el hemiciclo catalán el pasado 27 de julio. Y es que la Fiscalía se querelló en octubre contra Forcadell por permitir que el pleno del Parlament votara las conclusiones de la comisión de estudio de proceso constituyente, que abren la puerta a la declaración unilateral de independencia.

Lo que la Fiscalía denuncia es que Forcadell permitió esta votación, como presidenta del Parlament, a pesar de que el Constitucional había advertido expresamente a los miembros de la Mesa de la institución de que debían "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que impulsara el proceso de "desconexión". Forcadell consintió introducir el debate y la votación de estas conclusiones en el orden del día del pleno del 27 de julio, pese a que no estaba previsto, algo que provocó el rechazo de toda la oposición.

El pasado día 16 de diciembre, la presidenta del Parlament compareció ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y únicamente respondió a las preguntas de su abogado, ya que se negó a contestar a la Fiscalía y a la magistrada. Forcadell argumentó que el mandato del Tribunal Constitucional no se refería a ninguna actuación en concreto, por lo que el debate y la votación no estarían prohibidos, y sostuvo que haberlos vetado "habría ido en contra del reglamento y habría quebrantado la libertad de expresión". "Ningún tribunal puede pedir a la Mesa o al Parlament que actúe como órganos censores de lo que se puede debatir en la Cámara", planteó.

  La posible sedición del concejal de la CUP

Joan Coma, concejal de la CUP en el municipio barcelonés de Vic, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por la comisión de supuestos delitos de rebelión e incitación a la sedición. Coma había cometido estos delitos al pedir en un pleno municipal el incumplimiento de las leyes y la desobediencia a los tribunales, utilizando la frase: "Nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos".

El edil fue detenido y puesto a disposición judicial este miércoles tras haberse negado a comparecer voluntariamente para responder ante la Audiencia Nacional, si bien el juez decidió el mismo miércoles dejarle en libertad con cargos y retirarle el pasaporte. Coma decidió no presentarse ante el tribunal cuando fue llamado para mostrar que no reconoce la legitimidad de un órgano que, a su juicio no respeta "los derechos políticos de los pueblos", y su detención generó el rotundo rechazo tanto de los partidos independentistas como de las formaciones que se congregan en torno a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre las que se cuentan Podemos e ICV.

El proceso contra Coma continuará durante el año que viene, si bien el concejal ya ha declarado que seguirá aplicando su "lógica desobediente" hasta que Cataluña alcance la autodeterminación. Coma, no obstante, no sólo se enfrenta a una inhabilitación como Mas o Forcadell, sino que también podría dar con sus huesos en la cárcel si se le encontrase culpable de incitar a la sedición, un delito castigado en el Código Penal con una pena de 10 a 15 años de prisión. Para ello, no obstante, tendría que demostrarse que el edil se alzó con sus palabras "pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes".

  La apertura del Ayuntamiento de Badalona el 12 de octubre

El pasado 12 de octubre fue, como cada año, festivo en todo el Estado por ser el día de la Fiesta Nacional. Pero seis concejales del Ayuntamiento de Badalona, gobernado por un pacto de izquierdas que lidera Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú), decidieron abrir el consistorio desoyendo una orden de un juzgado de lo contencioso-administrativo, que planteó que las dependencias de la corporación municipal debían permanecer cerradas el día festivo para no generar "perjuicios irreparables al interés general".

La actuación de los seis ediles fue muy sonada, y uno de ellos –el teniente de alcalde José Téllez– rompió públicamente la resolución que prohibía la apertura del ayuntamiento. El acto fue denunciado por el PP, y los concejales declararon los pasados 25 y 26 de octubre ante un juzgado de instrucción de Badalona, donde argumentaron que ejercieron su derecho a la representación política al acudir a trabajar el 12 de octubre . En 2017 el juez tendrá que resolver si los concejales incurrieron en un delito de desobediencia.

  La quema de fotos del rey

Durante la manifestación que convocó la izquierda independentista para celebrar la última Diada, cinco personas quemaron públicamente fotografías del rey Felipe VI para mostrar su rechazo a la corona, de entre las cuales tres eran miembros de la CUP y otro, concejal de Som Gramenet en el ayuntamiento de esa localidad. El pasado mes de noviembre, la Fiscalía pidió al juez que llamase a declarar a estos ciudadanos a la Audiencia Nacional por un presunto delito de injurias a la corona.

Fue el pasado 13 de diciembre cuando los cinco detenidos comparecieron ante el tribunal, si bien –al igual que ocurrió con Joan Coma– no lo hicieron motu proprio, sino a la fuerza. Y es que el juez les citó a declarar por videoconferencia a principios de diciembre, pero éstos se negaron a personarse, por lo que fueron detenidos el día 13 y trasladados presencialmente a la Audiencia Nacional. El juez decidió dejarles en libertad con cargos después de que los cinco detenidos se negasen a declarar y de que la Fiscalía no pidiese prisión provisional o la adopción de otras medidas cautelares. Será en 2017 cuando se decida el futuro de la causa.

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  Las resoluciones del TC

Buena parte de los enfrentamientos entre el Parlament y la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central se dirimen, desde el comienzo del proceso independentista, en el Tribual Constitucional, y esta institución parece estar llamada a ser protagonista también en 2017. Por de pronto, el Constitucional tendrá que pronunciarse de manera definitiva el año que viene sobre la suspensión cautelar que decidió hace unas semanas de la hoja de ruta del Parlament, aprobada en octubre y que preveía la celebración de un referéndum sobre la independencia "como muy tarde en septiembre del 2017", con o sin el aval del Estado.

En su resolución, el tribunal advirtió al Gobierno autonómico de que "su deber" es "impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignore o eluda la suspensión", y le recordó las responsabilidades, incluida la penal, en las que la Generalitat podría incurrir. En concreto, los apartados de los capítulos intervenidos son los denominados "El futuro político de Cataluña", "Referéndum", "Referéndum, amparo legal y garantías" y "Proceso constituyente", si bien el Constitucional no tocó la resolución que apuesta por la celebración de un referéndum pactado con el Estado, informa Beatriz Pérez.

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