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Los soberanistas dan por supuesto que Puigdemont y Comín dejarán sus escaños si es necesario para evitar elecciones

Manifestación en defensa de la república convocada por la ANC el domingo 11 de marzo en Barcelona.

Lo dijo la semana pasada Eduard Pujol, portavoz de Junts per Catalunya (JxC), en declaraciones a la plataforma audiovisual La Xarxa: “Llegado el caso” habría que “valorar” si Carles Puigdemont y Toni Comín, los dos únicos independentistas huidos que mantienen acta de diputado, deben dejar su escaño para sacar adelante la investidura de un candidato que no cuente con el voto favorable de la CUP. Pero “no es el momento”, advirtió, porque JxC aún confía en convencer a los anticapitalistas para que voten a favor del actual aspirante, Jordi Sánchez, encarcelado en Soto del Real desde hace 150 días.

Fuentes soberanistas confirman a infoLibre que, aunque en estos momentos mantienen que el objetivo es convencer a la CUP para que vote a favor, si los anticapitalistas insisten en abstenerse ante cualquier candidato que no apueste por un programa unilateral que desafíe al Estado y ponga en marcha la república catalana, en última instancia dan por seguro que tanto Puigdemont como Comín renunciarán a sus escaños. El Tribunal Constitucional impide que ninguno de ellos pueda delegar su voto en la investidura, así que, sin el voto favorable de la CUP, sólo con la renuncia de ambos estarán JxC y Esquerra en condiciones de garantizar una mayoría en el Parlament para elegir nuevo president.

Y aunque, de momento, no se ha activado la cuenta atrás que obligaría a repetir las elecciones si pasado un determinado plazo no se ha elegido president, buena parte del soberanismo —especialmente Esquerra y el PdeCAT— quieren evitar a toda costa la repetición de los comicios. Unos y otros calculan que, si no cambia nada, el ambiente de una repetición electoral sería mucho menos propicio a sus intereses porque con toda probabilidad Puigdemont ya no podría presentarse —si el Supremo se da prisa puede inhabilitarle cuando dicte auto de procesamiento— y porque las dificultades que el independentismo está teniendo para desbloquear la situación pueden acabar desmovilizando a sus votantes. Para colmo, a la vista de lo ocurrido durante estos meses, no podrán repetir el reclamo político de restituir al Govern, que tan bien funcionó a JxC en la campaña del 21D.

El PdeCAT —que en este momento ocupa un papel subordinado a las decisiones de Puigdemont en el seno de JxC— tiene además pendiente resolver su futuro. Y para abrir ese debate necesitan que comience la legislatura; no pueden afrontarlo hasta que no se despeje la incertidumbre sobre una hipotética repetición de las elecciones.

El diálogo entre JxC y Esquerra sobre el candidato sigue abierto, pero con toda probabilidad no se resolverá a corto plazo. Junts per Catalunya, después de reunirse en Bruselas con el president destituido, reafirmó a su aspirante: “No se ha planteado ningún nombre que no sea el de Jordi Sànchez. Tenemos el tiempo para investirlo y el marco legal”, afirmó Eduard Pujol.

La número dos de ERC, Marta Rovira, en cambio, volvió a insistir este jueves en que la lista de Puigdemont debe proponer un candidato que pueda ser investido, lo que implícitamente da por enterrada la posibilidad de que Sánchez —al que el Supremo ni permite presentarse— sea elegido president. “Ellos [JxC] pedían ayer tiempo, pero el país también necesita un Govern que sea efectivo y se ponga a trabajar”, advirtió.

En ese contexto, la espera para que se resuelvan los diferentes recursos judiciales planteados para intentar que la justicia permita la investidura facilita a JxC y Esquerra ganar algo de tiempo y buscar el modo de atraer a la CUP para que vote a favor y evite a Puidemont y Comín tener que dejar sus escaños.

Si los soberanistas acaban renunciando a proponer a Sánchez, son varios los nombres que están siendo considerados, entre ellos Elsa Artadi, jefa de campaña de Puigdemont, y el escritor Quim Torra, que hace unos día ya asumió la representación de JxC en el único pleno del Parlament celebrado desde que comenzó la legislatura. No obstante, por delante de ellos los soberanistas siguen mencionando a Jordi Turull, exconseller de Presidència.

Las posibilidades de Jordi Turull

El hecho de que Turull esté imputado por el Supremo y en libertad provisional añade a su candidatura un ingrediente de desafío al Estado que los soberanistas esperan favorezca el apoyo de la CUP. Sin embargo, en contra de sus posibilidades para ser el candidato está pesando, según fuentes consultadas por infoLibre, que el Supremo le ha retirado el pasaporte, lo que significa que no podrá viajar regularmente a Bruselas para despachar con Carles Puigdemont. Una circunstancia que, sostienen las mismas fuentes, no gusta nada al president en el exilio, que sigue queriendo aparecer —además de ser— como el que toma las decisiones en la Generalitat. Y necesita escenificar que el investido por el Parlament se somete a su legitimidad como president.

Por su parte, los anticapitalistas mantienen que sólo investirán a un president de la Generalitat que defienda un programa republicano. Y aunque siguen considerando secundario hablar de nombres, su portavoz Carles Riera admitió en un entrevista emitida por Rac1 este jueves que “un candidato muy vinculado al PDeCAT no pone las cosas fáciles” porque la antigua Convergència no está defendiendo, igual que Esquerra, la ruptura unilateral con el Estado español.

En cualquier caso, Riera dejó claro que la fe de la CUP en el compromiso republicano de Esquerra se ha resentido después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, decidiese obedecer “los mandatos del Tribunal Supremo y del Constitucional” y no el que salió de las urnas el 21 de diciembre al suspender tanto la investidura de Carles Puigdemont como la de Jordi Sànchez. “Cada vez que vamos reculando ante el Estado, renunciamos a la soberanía del Parlament y reconocemos potestad al TC; desconfiamos más de la voluntad republicana del Parlament”.

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La CUP sostiene que el documento que les enviaron JxC y Esquerra plantea propuestas que no sólo son “neoliberales” sino que resultan “continuistas” con el “marco autonómico”. Por eso mantienen intacta la decisión tomada el 3 de marzo por su Consell Polític y el Grup d'Acció Parlamentaria: sus diputados se abstendrán en el pleno de investidura si el candidato no cambia de programa. Y no parece que el Consell Polític convocado para este sábado —se renueva su Secretariado nacional después de un proceso electoral que ha repartido el organismo casi a partes iguales entre las dos candidaturas que se presentaron— vaya a cambiar las cosas.

Los cupaires ya mantienen contactos informales con los otros dos partidos soberanistas, tal y como confirmó el miércoles por la diputada anticapitalista Natàlia Sánchez. Pero desde que la aplicación del artículo 155 destituyó al Govern catalán y puso en marcha una nueva legislatura, la CUP ha venido defendiendo la necesidad de que el Parlament rompa con el Estado y de que el independentismo se movilice en la calle para hacer realidad la república.

En coherencia con esa tesis, Carles Riera proclamó este jueves que ha llegado el momento de “desobedecer al Estado e implementar la república”, especialmente después de los últimos registros ordenados por un juez de Barcelona en la Generalitat y en la sede de Òmnium, una de las dos organizaciones civiles que más se han destacado en defensa de la independencia. Hay que “volver a las calles” con movilizaciones masivas, propuso.

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