Presupuestos Generales Estado

Los socios del Gobierno avisan de que la verdadera negociación empieza ahora: "Nuestro voto se suda"

La diputada de la CUP Mireia Vehí; el diputado del BNG, Néstor Rego; la portavoz de JxCat, Laura Borràs; el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián; y el diputado de EH Bildu Oskar Matute.
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Contra los pronósticos de unos y los deseos de otros, todo parece indicar que la legislatura va para largo. Ese es el mensaje que quiere lanzar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. La negociación entre las formaciones que conforman el Ejecutivo (PSOE y Unidas Podemos) ha sido complicada, destacan los actores protagonistas, pero finalmente ha llegado a buen puerto este martes. Aunque eso es solo el principio.

La debilidad parlamentaria de ambas formaciones, que cuentan con 155 escaños en la Cámara Baja, obliga a buscar apoyos externos. Las miradas en el Congreso se dirigen ahora a sus socios, es decir, aquellas formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez en 2020 y validaron los anteriores Presupuestos. Pero para conseguir esos votos, el Ejecutivo de coalición "tendrá que sudar", en palabras de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, confía en reeditar esa amplia mayoría. "Cuantos más grupos, mejor", ha afirmado. Los escaños de Esquerra Republicana de Cataluña (13), el Partido Nacionalista Vasco (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), Partido Regionalista de Cantabria (1) y Teruel Existe (1) están más cotizados que nunca.

Los grupos rechazan una negociación exprés

25.000 millones de euros. Ese es el gancho del Gobierno para atraer a los citados grupos, la segunda partida de los fondos europeos de recuperación contra la pandemia. Pero el diablo está en los detalles. "El PSOE constantemente juega a ser lo mejor entre todo lo peor", ha criticado este mismo martes Rufián. "Tenemos la sospecha de que quieren hacer como el año pasado: plantear una negociación exprés de 24 o 48 horas y casi casi obligarnos a todos a entrar".

Pero el PSOE no ha sido el único en acaparar las críticas del catalán. Rufián también ha lanzado un aviso a Unidas Podemos. "Los compañeros de Unidas Podemos a veces se creen que somos los hermanos pequeños o los primos lejanos, y que vamos a ir detrás, y no siempre es así", ha incidido. Es más, la formación independentista votó en contra de los Presupuestos que presentó Sánchez en 2018, lo que precipitó, a su vez, el adelanto electoral.

"El Gobierno se tiene que mover", señalan fuentes del PNV a infoLibre, el segundo grupo con mayor número de diputados por detrás de ERC. Las citadas fuentes confirman que no hay ningún acuerdo cerrado con el grupo vasco. "Lo que el Gobierno no puede hacer es esperar lisa y llanamente el voto favorable del PNV per se. Esto al final tiene que ser recíproco", advirtió su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, la semana pasada en una entrevista en Radio Euskadi.

"Esta es la ley más importante de la legislatura, pero creemos que debe de tener sintonía con la dirección que tome el Gobierno. Toca derogar la reforma laboral, la ley mordaza, la ley de secretos oficiales… Son muchas las cuestiones pendientes que pondremos sobre la mesa", ha sido el mensaje que ha lanzado Oskar Matute, parlamentario de EH Bildu. Para Matute, su grupo parlamentario ha tenido una "actitud responsable y constructiva". "El objetivo es que si estamos ante el Gobierno más progresista de la historia debe demostrarlo con avances en derechos sociales y económicos. El Gobierno debe de marcar una impronta propia. Tienen que demostrar que un Gobierno escorado a la izquierda hace políticas diferentes a la derecha. No ponemos líneas rojas, pero tampoco damos cheques en blanco", ha zanjado.

El portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, ha recordado que "el año pasado" los Presupuestos "también se desencallaron con un hipotético acuerdo para regular el mercado de la vivienda", después de que los partidos del Ejecutivo hayan llegado a un acuerdo para impulsar la ley, que llega 11 meses tarde. En este sentido, ha dicho que no comparten una regulación "absolutamente genérica ni discriminatoria", pero que, en todo caso, espera conocer los detalles.

Rufián recrimina a Unidas Podemos su "sobreactuación"

PSOE y Unidas Podemos cierran un acuerdo para aprobar los Presupuestos y la ley de vivienda

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Las negociaciones en el seno del Gobierno por la ley de vivienda se han prolongado durante casi un año. Los morados siempre habían exigido el cumplimiento estricto del documento firmado en los presupuestos del año pasado y pedían un instrumento legal que permitiese esa bajada de las rentas abusivas. El pacto alcanzado especifica que, a partir de ahora, eso será posible en el caso de que los propietarios de las viviendas sean considerados grandes tenedores, un término que también ha sido consensuado para establecer un máximo de diez viviendas En el caso de los pequeños propietarios, la ley permitirá la congelación de precios e incentivos fiscales para bajar el arrendamiento que sobrepase lo establecido por el índice de precios. Pero la batería de medidas en materia de vivienda va más allá de la regulación de los precios del alquiler.

Según ha podido conocer este diario, este miércoles se iba a celebrar una reunión entre ERC, Bildu y Unidas Podemos con la intención de presionar al PSOE a regular a la baja los alquileres. Una reunión que ya no se producirá. La sensación de catalanes y vascos es que los morados les han "utilizado" para "llevarse el mérito" del acuerdo alcanzado. "Que UP celebre las concesiones que consigue tras presionar al PSOE está muy bien. Que lo haga sobreactuando como lo hace e ignorando a quienes le acompañan en esa presión, ya no tanto", lamentaba Rufián a través de su cuenta de Twitter.

La pasada semana Unidas Podemos, junto a ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias, registraron en el Congreso una ley alternativa de vivienda impulsada por las centrales CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras organizaciones.

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