El futuro de Cataluña
El TC se inclina por avalar que se impida a Jordi Sànchez presentarse a la investidura
El Tribunal Supremo prevé prohibir al diputado de JuntsxCat Jordi Sànchez presentarse a la investidura para ser elegido president de la Generalitat, tal y como pretende la mayoría soberanista catalana. Cuando el alto tribunal confirme esta decisión, a Sànchez sólo le quedará una última posibilidad: recurrir al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de obtener el permiso que necesita para ser trasladado desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) al Parlament de Cataluña. Y todo indica que tampoco el TC tiene intención de hacer posible la investidura.
Fuentes del Constitucional consultadas por infoLibre aseguraron que no les parece “razonable” que se envíe “a un preso a un acto de investidura para reintegrarle a prisión una vez sea elegido presidente”, porque “ni podrá ejercer desde la prisión ni se podrán evitar problemas de orden público”.
En esa misma línea, el instructor de la causa contra el procés independentista, el magistrado Pablo Llanera, no tiene intención de permitir que Sànchez sea trasladado al Parlament, condición indispensable para que pueda ser elegido president después de que el Constitucional dejase claro que la investidura telemática o delegada no es legal. En enero, el mismo juez rechazó una petición del también encarcelado Oriol Junqueras (ERC) para acudir a la sesión constitutiva de la Cámara con el argumento de que la policía no sería capaz de garantizar “el mantenimiento de la pacífica convivencia” y de evitar un “grave enfrentamiento ciudadano” si tiene que trasladar a los presos desde la cárcel a la Cámara autonómica “en fechas y horas determinadas”. Ese enfrentamiento, precisa el juez, “puede impulsarse o brotar”, porque se trata de “unos presos que suscitan apoyo incondicional”.
La candidatura de Sànchez, encima de la mesa de la dirección de JuntsxCat desde diciembre, fue confirmada este jueves por Carles Puigdemont en un mensaje difundido a través de YouTube.
Precisamente la semana próxima —entre el martes y el miércoles—, el pleno del Constitucional estudiará la admisión o no del recurso presentado por el abogado del Estado contra el anuncio de la investidura de Carles Puigdemont anuncio de la investidura realizado el pasado día 22 de enero por el presidente del Parlament, Roger Torrent, informaron a Europa Press fuentes de este órgano. También recurrió el Gobierno la convocatoria del Pleno de investidura convocado para el 30 de enero que finalmente no fue celebrado después de que el TC prohibiera la sesión si el candidato no se presentaba con permiso del juez que investiga la causa contra el procés.
La medida cautelar contra Puigdemont
Aquella medida cautelar, que se anticipaba a un hecho que todavía no se había producido —la investidura telemática o delegada de un candidato a la Presidencia— la tomó el Tribunal sin entrar siquiera a decidir la admisión del recuso del Gobierno, que hubiese supuesto la suspensión automática de la investidura de Puigdemont. Al tomar aquella decisión, el TC dio además plazo a los diputados electos de JxCat, entre ellos al propio Puigdemont, y al Parlament para que presentaran alegaciones.
En ellas, JxCat argumentó que la decisión del TC vulneró la “autonomía” de la Cámara y supuso “una clara extralimitación del ejercicio de la función de control de constitucionalidad”.
La candidatura de Puigdemont también alegaba que la decisión del TC limitó “gravemente” derechos de los diputados y calificaba las medidas cautelares de “monstruosidad jurídica”.
El TC evita pronunciarse sobre el recurso del Gobierno contra Puigdemont tras presentarse la candidatura de Sànchez
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La decisión del TC, que se reunió de forma extraordinaria en sábado para adoptar sus medidas cautelares, permitió superar las tesis contrarias a la admisión del recurso planteadas inicialmente por el ponente de la resolución, el magistrado progresista Juan Antonio Xiol. El Pleno del Tribunal busca un acuerdo unánime respecto de este asunto que evite una imagen de fractura en un tema que se considera de gran trascendencia.
El diario El País aseguró en su día que el Gobierno de Mariano Rajoy presionó a los magistrados del Constitucional para que impidiesen la investidura de Puigdemont. “Antes de que los magistrados se reunieran hubo contactos entre miembros del Gobierno y del Tribunal Constitucional”, señaló el periódico de Prisa. “Los ministros, y el propio Rajoy, en primera línea, según fuentes del Ejecutivo, transmitieron a quienes tenían que tomar la decisión, la grave situación en la que se ponía al Estado si se permitía que el expresidente de la Generalitat resultara investido por la Cámara catalana”.
Hace 31 años, otro tribunal —el Superior de Justicia de Navarra— no tuvo inconveniente en permitir que un etarra en prisión provisional fuese trasladado desde la prisión de Herrera de la Mancha al Parlamento vasco para que pudiese defender su candidatura a lehendakari. Los jueces que tomaron aquella decisión dieron prioridad a “los derechos políticos de sus electores” y rechazaron que la gravedad de los delitos de los que había sido acusado y por los que el fiscal pedía una pena de 64 años de cárcel fuese motivo suficiente para impedir su traslado a la Cámara legislativa vasca, “con las medidas de seguridad adecuadas”. Aquel tribunal tuvo además en cuenta que si la legislación permite a los ciudadanos en prisión preventiva presentarse a las elecciones, no tiene sentido poner obstáculos para que puedan presentarse a una investidura.
