Corrupción

Un testigo clave de 'Lezo' reveló al juez que el Gobierno de Madrid infló en beneficio del PP hasta los contratos de recuento electoral

Ignacio González acompañado de agentes de la UCO en el marco de la 'operación Lezo'.

Testigo clave en la Operación Lezo, el antiguo subdirector de la Agencia de Informática de Madrid (ICM), Silvano Corujo, confirmó ante el juez del caso que el Gobierno de Madrid infló en beneficio del PP hasta los delicadísimos contratos de recuento electoral, adjudicados en cada convocatoria a la empresa semipública Indra. Participada por el Estado (20% en el momento de los hechos; 18,7% ahora), Indra se cuenta entre las mercantiles que ya estaban siendo investigadas en Púnica por presunta financiación del PP. Su consejero delegado, Javier de Andrés, permanece imputado en esa causa desde 2015; su esposa, la exdirectiva del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, es una de las principales investigadas en Lezo. Los portavoces de Indra han declinado pronunciarse.

Corujo llegó a definir como "despampanante" lo sucedido en 2014, cuando el "contrato cautivo" que, en la práctica y de antemano, tenía garantizado Indra para procesar y difundir los resultados de las autonómicas de 2015 se disparó por encima de los cuatro millones. Cuatro millones, precisó el testigo, "para hacer algo que se podía hacer con un millón". Sobre las anteriores autonómicas, el testigo fue igualmente nítido: el contrato de Indra para las autonómicas de 2011, también "fue un contrato inflado". Fuentes de la investigación consultadas por infoLibre no albergan duda de que Corujo dijo la verdad. Ni de que el precio de los contratos se incrementó porque así le convenía al PP madrileño.

Fue el antiguo subdirector de la hoy denominada Agencia para la Administración Digital quien en noviembre de 2015 denunció ante la Fiscalía Anticorrupción que ICM había sobredimensionado el coste real de grandes adjudicaciones para cumplir un objetivo cuya formulación atribuye a Ignacio González: conseguir un millón de euros destinado a aliviar la deuda del partido por las elecciones de 2011. Cuando ratificó ante el juez Eloy Velasco lo que había denunciado en Anticorrupción, Corujo explicó que todos los contratos de ICM pasaban por la mesa de contratación que él mismo presidía por delegación de su jefe. Todos salvo los contratos menores y los de recuento electoral. "El contrato electoral nunca pasaba por la mesa [de contratación]. Se hacía siempre de una forma especial y lo hacía siempre el jefe". Fueron sus palabras literales después de que el juez expresara en forma de pregunta su sorpresa por el hecho de que la adjudicación del recuento quedase exenta de controles. En teoría, la adjudicación se producía mediante un concurso abierto.

Según los investigadores, la operativa seguida por Indra era la misma que aplicaban otras empresas involucradas en la supuesta financiación ilegal del PP: recibían contratos públicos con un precio deliberadamente exagerado y a cambio aceptaban facturas endosadas por proveedores electorales del partido. A su vez, esos proveedores también obtenían adjudicaciones de la Administración.

El cruce de datos oficiales confirma lo declarado por el exdirectivo de ICM: los contratos para el proceso y difusión de datos en las autonómicas de 2011 y 2015 presentaban un sobrecoste de, como mínimo, casi tres millones aunque el segundo se redujo en precio de manera drástica tras el estallido de la Operación Púnica en octubre de 2014. 

Una renegociación a la baja forzada por el estallido de 'Púnica'

La detención de quien durante años había sido número dos del PP madrileño, el exconsejero de Francisco Granados, y la de quien en aquel momento ostentaba el cargo de consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, hizo que, de acuerdo con fuentes del actual Ejecutivo, el Gobierno de Ignacio González lo "renegociara" con Indra hasta reducir su importe en más de dos millones. Según el equipo de Cristina Cifuentes, cuando Martínez Nicolás cayó, su sucesor al frente de ICM detectó que existía "una duplicidad en el contrato para dotar de la infraestructura técnica la celebración de la jornada electoral". Esa duplicidad, prosiguen los portavoces consultados, se refería a que el contrato incluía tareas cuyo cumplimiento estaba dispuesto a garantizar el Ministerio con sus propios medios. 

Pese a que el censo electoral apenas se incrementó en 421.000 personas durante el periodo completo, el mismo contrato de recuento electoral que en 2007 se había adjudicado por 1,6 millones, pasó a valorarse en 4,19 millones en los meses previos a los comicios de 2015, en plena crisis económica.​​​​​​ La adjudicación del contrato para 2015 nunca llegó a publicitarse aunque Silvano Corujo dio por hecho en su declaración judicial que había obtenido el visto bueno del Consejo de Gobierno y a que el Ejecutivo de Cifuentes se pronuncia también sobre el asunto como si hubiera llegado a rubricarse antes de su anulación.

En las actuaciones de la Operación Lezo no figura, desde luego, copia de ese contrato entre los documentos aportados por Indra previo requerimiento del juez. Lo único que de momento es posible corroborar por vías oficiales es esto: que el 3 de marzo de 2015 y sin explicación previa, la Comunidad de Madrid publicó en su boletín oficial (BOCM) el "desistimiento" de la licitación, para la que Indra ya había presentado una oferta de 4,19 millones.

Ese mismo día, el Ministerio del Interior ordenó publicar el convenio que garantizaba a la Comunidad de Madrid compartir los gastos del proceso de escrutinio y difusión de datos electorales y le garantizaba así un millonario ahorro de costes: hasta entonces y sin que nadie haya explicado por qué, Madrid se había negado a suscribir el acuerdo que el Ministerio ofrece en cada convocatoria a todas las comunidades autónomas para que minoren su gasto en los procesos electorales autonómicos.

Una semana más tarde, el 10 de marzo de 2015, el Ejecutivo regional adjudicaba, ahora por "procedimiento negociado sin publicidad", un contrato con Indra cifrado en 1.933.446 euros. Exactamente, 2,2 millones menos de lo que las dos partes, la Administración regional y la firma tecnológica, preveían firmar antes de que, por orden del primer juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, la UCO entrara en escena el 27 de octubre de 2014 con una batería de arrestos y registros que disparó de inmediato las alarmas en el partido del gobierno.

El convenio con Interior para 2015 no era el único cuya suscripción había declinado el Ejecutivo regional. Tampoco suscribió el articulado por el Gobierno central en 2011 con 10 de las 13 autonomías que ese año celebraban comicios autonómicos. Un informe de Interior incorporado a una obra colectiva editada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuantifica el exceso de gasto ocasionado por la negativa madrileña a sumarse al convenio para 2011: "En las comunidades autónomas que declinaron el ofrecimiento hecho por el Ministerio del Interior para la suscripción del convenio de colaboración sobre el escrutinio provisional, el coste fue muy elevado. A título de ejemplo, cabe señalar que la Comunidad de Madrid hubo de afrontar un coste de casi 500.000 euros".

En resumen, el Ejecutivo cuya presidenta, Esperanza Aguirre, había convertido en santo y seña de su discurso oficial la necesidad de ahorrar gasto público y eliminar "mamandurrias", no tuvo reparo en librar 500.000 euros de más en 2011 ni su primero delfín y luego sucesor, Ignacio González, en habilitar otros 2,2 millones innecesarios para las elecciones de 2015.

El contrato para las autonómicas de 2015 fue renegociado por el sucesor de Martínez Nicolás al frente de ICM, Blas Labrador, que permanece en el cargo. Martínez Nicolás está imputado por partida doble en los casos Púnica y Lezo: en ambas causas se investiga la financiación del PP madrileño. Y todos los indicios apuntan a que dos enemigos acérrimos como Francisco Granados e Ignacio González se rigieron exactamente por la misma norma mientras ocuparon el segundo puesto en el escalafón del partido que entonces capitaneaba Esperanza Aguirre: buscar ingresos opacos para el partido desde la secretaría general de la organización. Granados, entre 2004 y 2011 y González, a partir de esa fecha y hasta su defenestración justo antes de las autonómicas de 2015.

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