Ignacio González abandona la cárcel de Soto del Real

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha abandonado este miércoles la cárcel de Soto del Real (Madrid) a las 19.48 horas tras depositar esta mañana la fianza de 400.000 euros que acordó este martes el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y tras pasar 202 días preso, informa Europa Press.

En total once fiadores han consignado la caución impuesta por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. Familiares del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se habían personado este miércoles en la Audiencia Nacional para depositar la fianza de 400.000 euros.

González ha salido con rostro cansado, serio y sin hacer declaraciones pese a la numerosa presencia de los medios de comunicación a las puertas del centro penitenciario, que ha abandonado en un turismo de color negro.

Pasada la una de esta tarde ha llegado a la sede del tribunal la hermana del expresidente, la diputada madrileña Isabel González, y dos de sus hijas para consignar el pago de la cuantía establecida y certificar así que son ellos los pagadores de los 400.000 euros. Tras su entrega, García Castellón procederá a valorar el pago y acordar la libertad del presunto cabecilla de la trama de corrupción en la empresa pública de gestión de agua.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó este martes la libertad bajo fianza de González y le impuso como medidas cautelares la prohibición de salir de España, entrega de pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado. Adoptó esta decisión tras el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción y al entender que había disminuido el riesgo de reiteración delictiva y de fuga.

La hermana del exdirigente regional ya había informado a primera hora de esta mañana que la familia estaban recaudando la fianza impuesta por el magistrado. Se trata de la cuarta vez en la que el acusado solicitaba su excarcelación alegando que, tras medio año en prisión, había disminuido el riesgo de fuga.

Disminuye el riesgo de fuga

Según explicó el magistrado instructor en su auto, se acordaba su libertad dado que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva en cuanto al manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá y también el riesgo de fuga debido al avance de la instrucción.

No obstante, precisa que sus acciones dentro del Canal de Isabel II son constitutivas de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales y recuerda que González está siendo investigado por cuatro hechos concretos: las compras de Inassa y Emissao en 2001 y 2013, respectivamente, las licitaciones públicas en Panamá y República Dominicana y por revelación de secretos.

En relación al primer punto, el juez instructor explica que tanto el cabecilla de la trama Lezo como su socio en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino supieron que la operación de compra de la empresa colombiana se hizo con un grave perjuicio de fondos públicos, que podría alcanzar los 70 millones de euros.

Sobre la compra de la brasileña Emissao en 2013 determina que aunque esta se efectuó cuando González ya no era presidente del Canal, el inicio de la operativa se llevó a cabo mucho antes y existen indicios que demuestran que los dos acusados se beneficiaron "ilícitamente" del patrimonio de la Comunidad de Madrid mediante el abuso de su posición.

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Durante los seis meses que lleva en prisión, la defensa del expresidente madrileño ha solicitado su puesta en libertad en otras tres ocasiones, pero la Audiencia Nacional siempre lo ha rechazado por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, y también por entender que ejerció un "papel decisivo" en la trama de corrupción.

El pasado 24 de octubre, el abogado de González, Esteban Mestre, volvió a recurrir la medida de prisión provisional para su cliente alegando que, transcurrido el medio año, ya no existe riesgo de destrucción de pruebas. En ocasiones anteriores el letrado alegó como razones para salir el arraigo por la boda de una de sus hijas, su deterioro físico e incluso pidió la sustitución de la cárcel por su arresto domiciliario.

El recurso de González coincide con la finalización de las comparecencias de los más de 60 investigados en la trama que lideraba el exdirigente del PP madrileño, a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción estudie toda la documentación de la que dispone por si viera necesario imputar a otros presuntos responsables.