Igualdad

Tres casillas en el DNI y terapias de conversión tipificadas en el Código Penal: las propuestas de los colectivos para mejorar las leyes LGTBI

Imagen de la bandera LGTBI y la bandera trans.

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Las organizaciones LGTBI confirman su respaldo a los borradores de la Ley Trans y la Ley de Igualdad LGTBI que ultima el Ministerio de Igualdad. Dicen que ambos textos cuentan con una "base sólida y con garantías jurídicas". Las principales entidades del colectivo, sin embargo, creen que todavía hay margen de mejora. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Triángulo y Chrysallis han lanzado este jueves propuestas para pulir las leyes y hacerlas más completas. Entre sus propuestas, destacan dos: añadir una tercera casilla en el DNI, correspondiente al género no binario, y tipificar dentro del Código Penal las terapias de conversión.

"No podemos dejar a las personas no binarias nuevamente al margen de la ley", ha señalado mediante un comunicado la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil. "No entendemos por qué nuestra identidad no puede verse reflejada en nuestros documentos oficiales al igual que se hace con el resto de la población". El borrador de la Ley Trans permite omitir el marcador de género de los documentos oficiales, pero no establece la posibilidad de una tercera casilla. El texto fija el plazo de un año para que las Cortes Generales, mediante un informe, determinen el encaje legal del género no binario en la norma.

Otra de las reivindicaciones de las organizaciones tiene que ver con el derecho de autodeterminación para las personas migrantes. Piden que "se permita a las personas migrantes que residen en España de manera estable tener la opción de cambiar su género en su documentación, aunque no tengan la nacionalidad española". También exigen que este derecho sea extensible a las personas refugiadas que provienen de países donde no está reconocido el derecho de autodeterminación. Para Sangil, estas personas cuentan con demasiadas trabas para ver reconocida su identidad, especialmente cuando deben recurrir a las administraciones de sus países de origen. "Al concederles la condición de persona refugiada han cortado la relación con sus países de origen", recuerda Sangil, pero además "en muchos casos huyen precisamente porque en estos países no se les reconoce la identidad y son perseguidas por ello".

La Ley Trans, sin embargo, concede a las personas extranjeras con residencia legal que no rectificaran la mención registral o el nombre en su país de origen el derecho a la autodeterminación de género en las mismas condiciones que el resto. Todo ello, matiza la norma, siempre que estas personas acrediten "la imposibilidad legal de llevarlo a efecto" en sus países o bien que hacerlo "signifique riesgo para su propia vida". Para la Federación Estatal, esta redacción hace que "se piense sólo en personas que tengan que demostrar riesgo para su propia vida o integridad", acotando el abanico de personas migrantes que a su juicio deberían tener acceso al cambio registral.

Finalmente, las organzaciones denuncian que ninguno de los dos borradores aborda la trata contra personas LGTBI, "pese a que el Informe Global sobre Trata de las Naciones Unidas, recientemente publicado, ha puesto sobre la mesa las vulnerabilidades de las personas LGTBI víctimas de trata". Las recomendaciones planteadas por las organizaciones ya venían recogidas en un primer texto entregado al Ministerio de Igualdad como propuesta de trabajo, pero han sido excluídas del borrador final que maneja el departamento de Irene Montero.

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