Los eurodiputados del PP José Manuel García-Margallo, Pilar del Castillo –ambos exministros– y Francisco Millán han evitado votar en el pleno de la Cámara comunitaria en contra del rescate público para evitar la quiebra de un fondo de pensiones privado del que ellos mismos son beneficiarios. Así lo acredita el resultado de las votaciones de la propia Eurocámara, que muestra cómo Margallo, Del Castillo y Millán también han votado, junto al resto de sus compañeros españoles y buena parte de su grupo, en contra de la disolución del fondo y de que los antiguos eurodiputados con una segunda pensión renuncien a la creada por el Europarlamento y gestionada desde Luxemburgo.
El voto de los tres eurodiputados supone situarse a favor de que permanezca abierta la posibilidad de un rescate del fondo, decisión que corresponde a la Mesa. infoLibre trató de recabar una explicación sobre estos votos del Grupo del PP europeo, del PP nacional y de los tres aludidos, pero no hubo respuesta. La ponente del informe sometido a votación, la eurodiputada socialista Isabel García Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Control Presupuestario, critica el voto de los eurodiputados españoles del PP –"dice mucho sobre sus prioridades en el uso del dinero público"– y sobre los tres citados afirma que son "partes interesadas". "Están diciendo que el fondo voluntario de pensiones siga sí o sí funcionando aunque lo pague el contribuyente", añade García Muñoz sobre un plan que combina aportaciones públicas y privadas.
660 beneficiarios identificados de un fondo abocado a la quiebra
Se trata de un fondo que se creó en 1991 como una sociedad privada de derecho luxemburgués, con el propósito de nivelar las pensiones de todos los diputados comunitarios, algunos de los cuales –los de los países más pobres– tenían entonces escasos derechos de pensión ordinaria por las normativas nacionales. Cuando en 2009 se estableció una pensión común para todos los eurodiputados, el fondo se cerró a nuevos miembros.
Actualmente quedan más de 900 beneficiarios, según la información recabada por Investigate Europe, consorcio periodístico del que forma parte infoLibre. De ellos, 660 han sido identificados [ver aquí el listado en el documento del Registro de Luxemburgo y aquí una información en detalle]. España es el segundo país con más beneficiarios, 98. Entre estos figuran un miembro de la Comisión Europea (Josep Borrell, del PSOE), un ministro del Gobierno nacional (Luis Planas, también del PSOE) y tres parlamentarios europeos todavía en ejercicio, los citados Margallo, Del Castillo y Millán, del PP.
El fondo es objeto de polémica, con los privilegios de los políticos en el punto de mira, desde que en 2014 este periódico desveló que parlamentarios españoles participaban en dicho plan, gestionado desde Luxemburgo por una sociedad de inversión de capital variable (sicav), instrumento que en aquel país está casi exento de tributación. La información precipitó la dimisión de Willy Meyer, entonces eurodiputado de Izquierda Unida.
La votación sobre el posible rescate
Cerca de diez años después de aquella noticia, el fondo acumula un déficit de 379 millones de euros y está abocado a la quiebra como muy tarde en 2025, según recoge el informe oficial sometido el miércoles a votación. En dicha votación una amplia mayoría se posicionó en contra de salvar el fondo con fondos públicos. Concretamente, el punto del informe que pide a la Mesa de la Eurocámara que garantice que no se usará dinero de los contribuyentes salió adelante con 438 votos a favor, 175 en contra y 16 abstenciones.
Margallo dice que la pensión de exeurodiputado que cobraba junto con su sueldo de ministro es fruto de su "sacrificio"
Los Socialdemócratas votaron mayoritariamente a favor y los Populares mayoritariamente en contra. En cuanto a estos, el PP europeo, hubo 122 votos en contra de ese punto del informe, frente a 28 a favor de la iniciativa de la diputada socialista y seis abstenciones. Entre los que votaron en contra, esos 122, están los 12 eurodiputados españoles que votaron sobre este punto. Y entre ellos, Margallo, Del Castillo y Millán, tres directamente afectados por la decisión que acabe tomando la Mesa sobre el fondo.
Enmiendas por la disolución del fondo y la renuncia voluntaria
Los eurodiputados españoles del PP también votaron en contra de dos enmiendas al informe. Una, presentada por el Grupo de La Izquierda, solemnizaba que "las pensiones oficiales abonadas por el Parlamento a los antiguos diputados son, en general, generosas", establecía que "las dificultades financieras del fondo de pensiones voluntario no deberían haberse cubierto con fondos públicos" y pedía "que se disuelva el fondo". La otra enmienda, de Los Verdes, reclamaba a los "antiguos diputados" que tengan otra "pensión suficiente de otra fuente" que "renuncien voluntariamente a sus solicitudes de pago del fondo de pensiones voluntario".
Ante ambas enmiendas los Socialdemócratas se abstuvieron mayoritariamente, incluidos García Muñoz y el resto de diputados españoles, y lo mismo hicieron –abstenerse– los tres diputados de Vox que participaron en la votación, Jorge Buxadé, Margarita de la Pisa y Mazaly Aguilar, todo ello según la lista de voto del Parlamento europeo. Buxadé, De la Pisa y Aguilar también se abstuvieron en la votación sobre el rescate. Vox, a través de un canal oficial, explica así su abstención: "Comprendemos que los diputados que lo quisieran podían, a través de contribuciones de su salario, adscribirse al fondo y por lo tanto obtener unos derechos de pensión de jubilación. Por ello, y para respetar los derechos adquiridos de antiguos eurodiputados, nos hemos abstenido".
Los eurodiputados del PP José Manuel García-Margallo, Pilar del Castillo –ambos exministros– y Francisco Millán han evitado votar en el pleno de la Cámara comunitaria en contra del rescate público para evitar la quiebra de un fondo de pensiones privado del que ellos mismos son beneficiarios. Así lo acredita el resultado de las votaciones de la propia Eurocámara, que muestra cómo Margallo, Del Castillo y Millán también han votado, junto al resto de sus compañeros españoles y buena parte de su grupo, en contra de la disolución del fondo y de que los antiguos eurodiputados con una segunda pensión renuncien a la creada por el Europarlamento y gestionada desde Luxemburgo.