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El Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en la gestión de Cospedal en Castilla-La Mancha

El Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades y opacidad en la gestión de Cospedal en Castilla-La Mancha

Aumento de presupuesto sin respaldo de financiación en algunos organismos autónomos de la región, falta de transparencia a la hora de justificar convenios, ayudas, subvenciones, contratos y contrataciones, ausencia de las auditorías anuales de varias empresas públicas... Estas son algunas de las deficiencias que el Tribunal de Cuentas ha detectado en el informe anual de fiscalización de Castilla-La Mancha correspondiente al año 2013. La gestión de ese ejercicio corresponde a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que fue presidenta de la región entre junio de 2011 y junio de 2015. 

Otro incumplimiento llamativo tiene que ver con el periodo medio de pago a proveedores. "Se situó en 126,95, sobrepasándose en todos los ámbitos el plazo máximo permitido en la Ley", informan desde la institución.

En la carta que sirve de introducción a las alegaciones, la dirigente conservadora destaca, sin embargo, que en su Gobierno se impuso "desde el primer momento como norma de funcionamiento la máxima exigencia en el control económico-financiero de los recursos públicos, con el fin de cumplir con los objetivos anuales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos por el Gobierno de la Nación y acordados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera como medio para asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos".

Asimismo, subraya los esfuerzos del Gobierno que presidió "para garantizar que las cuentas públicas" fueran la imagen "fiel y precisa de los ingresos y gastos y la situación financiera de la Administración Regional".

71 conclusiones

El informe del Tribunal de Cuentas [consúltalo aquí, en PDF] extrae 71 conclusiones tras fiscalizar a la comunidad autónoma. Uno de los elementos más destacados tiene que ver con las contrataciones. 

Según se recuerda en el documento, la Ley de Presupuestos regional para el ejercicio estudiado, 2013, estableció que durante todo ese año no se procedería a la contratación de nuevo personal "en el ámbito de las empresas y fundaciones públicas regionales, salvo las excepcionales y de carácter temporal, siendo en cualquier modalidad necesario el informe previo de la consejería competente en materia de presupuestos". Pese a ello, añade, "ni Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, S.A. ha aportado la autorización para las contrataciones del ejercicio, ni tampoco cuatro fundaciones".

En lo relacionado con la contratación administrativa, el Tribunal de Cuentas ve "formularias o genéricas" las justificaciones incluidas "en la mayoría de los expedientes" de contratación. En este sentido, el órgano fiscalizador recuerda que "la justificación de la necesidad [...] es un requisito indispensable de la contratación de la que debe dejarse constancia en el expediente".

Pliegos que sirven para todo

Al hilo de lo anterior, añade que en la mayor parte de los contratos analizados se han utilizado modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares de carácter excesivamente genérico, "aplicables a todos los contratos del mismo tipo y procedimiento de adjudicación". Esto, a ojos del Tribunal de Cuentas "desvirtúa la finalidad de agilizar la tramitación de los expedientes"

Para solucionar esta observación, se recuerda que resulta necesario que lo modelos de pliegos se refieran a contratos de naturaleza análoga tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público.

En las alegaciones, la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, cita un caso concreto de un contrato de suministro de uniformes para voluntarios de protección civil. Pese a que reconoce que en los pliegos se usa el texto del modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de suministros, el del concurso en cuestión contiene modificaciones. "Realmente el mismo no puede ser considerado un modelo de pliego", añade.

Contratos de servicios sin control

La observación número 70 tiene que ver con los contratos de servicios. El Tribunal de Cuentas sostiene que en estos, "en especial respecto de aquellos que suponen la mera prestación de servicios de actividad, se ha observado la general ausencia en los pliegos de toda referencia específica a los sistemas de control de las prestaciones contratadas y de la documentación de las mismas".

Desde el órgano fiscalizador se recuerda que la Cuenta General de Castilla-La Mancha correspondiente a 2013 fue rendida el 30 de octubre de 2014, dentro del plazo legal establecido. No obstante, destaca que "en el caso de tres sociedades y dos consorcios", las cuentas fueron rendidas fuera del plazo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda regional. "Asimismo, no fueron rendidas las cuentas o estados de liquidación de tres entidades de escasa dimensión, dos de ellas en proceso de liquidación". Esto último supone que no se ha contemplado lo dispuesto en la Ley de Presupuestos.

En materia de subvenciones, el informe sostiene que no se ha acreditado haber remitido a las Cortes regionales la relación de determinados convenios suscritos y ayudas concedidas.

Modificaciones presupuestarias

Desde la institución se informa de que "el hecho de que no todas las modificaciones presupuestarias contaran con financiación específica ha hecho que se produjera un desequilibrio entre los créditos definitivos del presupuesto de gastos y las previsiones finales de ingresos, por importe de 184 millones de euros".

Las conclusiones recogen un ejemplo del párrafo anterior. Señalan que los presupuestos definitivos del organismo Agencia del Agua y del Servicio de Salud presentan desequilibrios debido a las modificaciones presupuestarias. En el caso del Servicio de Salud, se produce un aumento en el presupuesto de gastos de 9,1 millones de euros que no dispone de financiación.

Pese a ello, Cospedal alega que durante la legislatura 2011-2015 se establecieron medidas de disciplina presupuestaria y reestructuración financiera entre los que cita el "mayor rigor en la presupuestación inicial y en la tramitación de modificaciones presupuestarias".

Tesorería

En materia de tesorería, el Tribunal de Cuentas constata que esta ha sufrido un descenso desde el ejercicio anterior del 25%. "En el ejercicio 2013, la tesorería representa un 35% del activo a corto plazo, a pesar de lo cual, el capital circulante es negativo (2.568.918 miles de euros), por lo que la disponibilidad de la tesorería es coyuntural, condicionada al pago de deudas e imposibilitando su inversión", señala.

Además, detecta un incumplimiento de la Ley de Hacienda. "En 17 cuentas bancarias la disposición de fondos podía realizarse por cualquiera de los titulares y en otros 12 casos solo constaba una firma autorizada, incumpliéndose en ambos casos el artículo

86.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda. Además, cuatro personas que ya no ocupaban los puestos que les habilitaban a operar con las cuentas bancarias, seguían figurando comoautorizadas en dichas cuentas

", puede leerse.

Recomendaciones

Como todo informe fiscalizador de esta institución, antes de las alegaciones de quienes ostentaron la presidencia en ese ejercicio, el presidente del órgano, Ramón Álvarez de Miranda, presenta una serie de recomendaciones para subsanar las deficiencias o poner remedio a las observaciones. 

Una de las sugerencias es que la comunidad de Castilla-La Mancha "debería dictar la norma oportuna que regulase la elaboración de un informe por las fundaciones, empresas y consorcios, a presentar con sus cuentas anuales, relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero asumidas como consecuencia de su pertenencia al sector público, de contenido similar al previsto en la Ley General Presupuestaria".

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Del mismo modo, se propone que se valore la conveniencia de articular una norma que se encargue de fijar los criterios particulares para la selección y priorización de los pagos a incluir en el Fondo de Liquidez Autonómica.

En el apartado dedicado a la contratación pública, el Tribunal de Cuentas subraya que "los órganos de contratación deberían observar una mayor precisión y concreción a la hora de justificar la necesidad para el servicio público de los contratos adjudicados, y establecer criterios de adjudicación objetivos y precisos".

Además, sostiene que deberían evitarse demoras injustificadas en la ejecución de los contratos.

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