Financiación partidos

El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en el PP, el PSOE, IU, CiU y UPyD

El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás

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El Tribunal de Cuentas ha confirmado que ha abierto procedimiento a 13 partidos y 24 fundaciones vinculadas a formaciones políticas para decidir si les sanciona o no por irregularidades en su financiación conforme a lo detectado en el último examen realizado por la institución fiscalizadora, correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011.

Así lo ha confirmado en el Congreso el presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, durante su comparecencia para informar de medidas contra la corrupción. Preguntado por el PP, el presidente del Tribunal de Cuentas se ha referido a la noticia publicada este miércoles por el diario El Mundo acerca de que la Fiscalía de la institución ha pedido abrir procedimientos sancionadores a formaciones políticas y fundaciones por infracciones en su financiación por un importe que podría superar los once millones de euros.

Álvarez de Miranda no ha cuantificado el volumen de la financiación de los partidos que está bajo sospecha, pero sí ha confirmado que "se ha abierto periodo e información previa sobre financiación de partidos políticos a un conjunto de 13 formaciones y 24 fundaciones".

Según ha explicado, a estos partidos y fundaciones se les ha dado un plazo de 15 días para que presenten sus alegaciones y a partir de ahí el Tribunal de Cuentas habrá de decidir sobre la apertura de expediente sancionador relacionado con "los hechos irregulares" descritos en los informes.

En su opinión, los hechos irregulares más importantes reflejados en su informe de fiscalización se refieren a las donaciones anónimas, prohibidas desde 2007, pero también ha destacado la no rendición de cuentas o la rendición de cuentas de manera incompleta.

El presidente del Tribunal de Cuentas no ha detallado por partidos a los que se está pidiendo explicaciones, pero su último informe del trineo 2009-2011, recogido por Europa Press, ya señalaba las deficiencias y ponía siglas a las mismas. Ahí se denunciaba que en los tres años volvía a donaciones no identificadas, que en 2011 alcanzaban los 176.297 euros atribuidos a la federación andaluza de IU y al Partido Aragonés.

También detectó donaciones de personas jurídicas de las que no se han facilitado el acuerdo del órgano social competente, como así ocurrió en 2011 con 60.000 euros recibidos por el PP y con 16.000 por CDC.

De la misma forma, en el informe se avisó de donaciones realizadas por personas jurídicas con contrato vigente con la Administración Pública (una incompatibilidad introducida en la ley de 2007) en tres formaciones en el ejercicio 2011: de 30.000 euros a CC, de 15.000 euros a PP y de 70.000 euros a Unió.

Además, el Tribunal también señaló donaciones en 2011 que no se ingresaron en cuentas bancarias destinadas exclusivamente a ingresos de esta naturaleza por importe de 325.291 euros (24.463 euros en IU y sus federaciones, 22.408 euros en el PSOE y 175.477 en el PSC). Por último, en el informe figuraban aportaciones cuya identificación no contempla alguno de los requisitos legales y que afectan a dos federaciones de IU (Comunidad de Madrid y Baleares) por 2.763 euros y a UPyD por valor de 1.096 euros.

El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPS), el presidente del Tribunal de Cuentas y el fiscal general del Estado han desgranado este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados sus recetas para luchar contra la corrupción y "regenerar la democracia", y han valorado las medidas anunciadas por el presidente Mariano Rajoy en febrero de 2013, recientemente aprobadas por el Gobierno y remitidas al Congreso el pasado mes.

Así, el catedrático de ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales –dependiente del Ministerio de la Presidencia–, Benigno Pendás, ha apostado por "una respuesta procesal ágil" a los casos de corrupción más que por un endurecimiento de las penas y ha pedido una reflexión "sin prejuicios" sobre las retribuciones de los políticos y sobre la necesidad de facilitar la incorporación al sector privado.

Pendás ha advertido de que "no hay soluciones mágicas en materia de corrupción", pero ha insistido en que España "está lejos de ser un país sistemáticamente corrupto" pese a la existencia de una serie de "casos llamativos" que "hay que perseguir implacablemente", y se ha pronunciado en contra del mensaje de que todos los políticos son iguales.

Durante su comparecencia ha defendido la financiación pública de los partidos y valorado positivamente los dos proyectos de ley que el Gobierno maneja en estos momentos, el de regulación de los altos cargos y el de control financiero de las formaciones políticas. A este respecto, ha abogado por prohibir la de condonación de deudas por las entidades financieras, algo que ha calificado de "donación encubierta especialmente irritante para la sociedad".

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, es partidario de que, con carácter general, los políticos imputados dejen sus cargos cuando se abra juicio oral contra ellos, si bien apunta que, en algunos casos, esa dimisión debería producirse antes en función de la trascendencia pública del afectado y de si se le impone alguna medida cautelar. Según Torres-Dulce como "regla general" es "bastante conveniente" fijar el momento de la dimisión en la vista oral, y no desde el momento en que se produzca una imputación, pero también señala que "no conviene olvidar que algunos hechos delictivos son tan especiales" por la "participación publica o política" del imputado que, si se le impone algún tipo de medida cautelar, quizá la dimisión debería llegar ante de la vista.

Además, el máximo responsable del Ministerio Público ha avanzado que en los próximos meses la Junta de Fiscales de Sala tiene previsto aprobar una circular para llamar la atención a los fiscales sobre su comportamiento respecto a la petición, seguimiento y consecuencias de la figura del imputado. En su opinión, los jueces "no han distinguido bien en general cual es la sensación de la imputación" por eso ha reclamado una reforma procesal parcial para que se establezca una clara distinción entre lo que es la admisión a trámite de una causa y lo que es un acto de imputación.

En este punto, ha abogado por informar convenientemente al querellado o al denunciado de que han adquirido esa condición, pero ha incidido en que "un acto de imputación debería suponer la atribución publica de unos hechos considerados como delictivos" por una de la partes, pero nunca de oficio por el ministerio público.

'El Intermedio' y el Tribunal de Cuentas

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