El exjuez Alba ingresa en prisión después de que la justicia dictase su busca y captura
El exjuez Salvador Alba ha ingresado esta mañana en la cárcel para cumplir la condena a seis años y medio de prisión por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público por haber conspirado para derribar a la jueza y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, según confirman a infoLibre fuentes penitenciarias. La entrada en prisión se ha producido pocas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictase este lunes una orden de búsqueda y captura por no haberse presentado voluntariamente en un centro penitenciario dentro del plazo establecido, un movimiento que vino acompañado del rechazo al último incidente de recusación planteado por el exjuez contra el presidente del TSJC para evitar su ingreso en la cárcel.
"Se decreta la busca, detención e ingreso en prisión de Salvador Alba Mesa, el cual será llamado por requisitorias que se remitirán a las fuerzas de seguridad del Estado para su localización, detención e inmediato traslado al centro penitenciario más próximo para el cumplimiento de la pena impuesta por sentencia firme", recogía el auto judicial, del que fue ponente el magistrado Nicolás Acosta. Pocas horas después, a primera hora de la mañana de este martes, el exjuez ha entrado en el Centro Penitenciario Las Palmas I, conocida popularmente como El Salto del Negro, una prisión ubicada en Gran Canaria.
Alba fue el juez encargado de relevar a Rosell en cuanto ésta dio el salto a la política nacional de la mano de Podemos a finales de 2015. En el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria se hizo cargo, entre otras, de la causa que la jueza había estado instruyendo contra el empresario Miguel Ángel ´Ramírez, entonces presidente de la UD Las Palmas y administrador de Seguridad Integral Canaria, por delitos contra la Hacienda Pública. Una investigación que acabó por convertirse en la punta de lanza de la operación de lawfare que se gestó contra Rosell.
Aquella conspiración tuvo como punto álgido una reunión mantenida entre Alba y el investigado. Se produjo en el despacho del primero y sin la presencia del abogado del empresario. En el encuentro, juez y empresario, según consideró probado en Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conversaron sobre "la actuación en el procedimiento" de Rosell y de la "conveniencia e interés para el investigado de poder acreditar" la "quiebra" del "deber de imparcialidad" de la jueza "demostrando la existencia de relaciones comerciales" entre su marido o alguna de sus empresas y las sociedades de Ramírez. A cambio, Alba se comprometía a "una declaración de nulidad de actuaciones" que impidiera la "continuación del procedimiento" contra el investigado.
La reunión, en la que se gestaba una conspiración sobre la que siempre sobrevoló la sombra del exministro de Industria José Manuel Soria, fue grabada por el empresario. Y salió a la luz. Fue ahí cuando comenzó la caída de Alba, que se ha convertido en uno de los poquísimos personajes a los que el Consejo General del Poder Judicial ha apartado de la carrera. El tribunal superior canario le condenó a seis años y medio de cárcel por las maniobras. Una pena que el Supremo confirmó hace casi un año.
Desde entonces, Alba ha maniobrado para intentar evitar su ingreso en prisión. Tenía que haberse presentado voluntariamente en febrero en un centro penitenciario el pasado mes de febrero, pero logró parar el reloj alegando que el archipiélago no tenía módulo de seguridad para autoridades encargadas de perseguir delitos y que él no podía volar a la Península por una patología. Problemas de salud que han terminado chocando con las valoraciones de los expertos independientes. A comienzos de este verano, cuando se le vio tranquilamente en la playa hasta tres informes realizados por profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas concluían que sus enfermedades podían tratarse perfectamente en prisión.
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A lo largo de todos estos meses, también ha buscado frenar su encarcelamiento por otras vías. Interpuso un incidente de nulidad contra la primera sentencia que fue rechazado. Pidió que se suspendiese la pena mientras se tramitase su petición de indulto, algo que también se estrelló contra la justicia. Y se agarró a diferentes recusaciones contra magistrados para dilatar el procedimiento. Antes del verano, lo hizo contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, pidiendo que se le apartase de la sala que decidía sobre la ejecución de su pena al considerar que había perdido la imparcialidad objetiva.
Aquella recusación, sostenida sobre una intervención parlamentaria del magistrado, fue rechazada por la Sala a finales de julio. Automáticamente, Alba recusó a otra de las magistradas que formaron parte del órgano judicial, pero de nuevo volvió a chocar con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Dos meses después de la resolución, el pasado jueves, el TSJC notificó a las partes que la recusación contra Bragado había sido desestimada y dictó un auto en el que daba veinticuatro horas a Alba para ingresar en prisión. El exjuez volvió a moverse e, in extremis, solicitó la aclaración de dicha resolución y recusó por segunda vez a Bragado.
Este lunes, sin embargo, el tribunal superior canario cerró definitivamente el asunto. Ambos movimientos fueron inadmitidos. La recusación, que se sostenía sobre un mensaje publicado por Rosell en la red social Twitter, fue rechazada por el TSJC al considerarla "manifiestamente extemporánea" y "claramente temeraria". "Cabe apreciar abuso en su formulación", concluyeron los magistrados, que con el camino despejado, y a la vista de que Alba no había ingresado en prisión, dictaron la busca y captura de Alba.
