La ultraderecha activa su maquinaria jurídica cuarenta y ocho horas después del accidente ferroviario de Adamuz. No importa que las pesquisas sobre el siniestro, que se ha cobrado la vida de al menos 42 personas, aún se encuentren en una fase muy embrionaria. Ni que ni siquiera se sepa si la rotura de la vía fue causa o consecuencia del descarrilamiento de los dos trenes. Nada de eso ha impedido mover ficha ya en los tribunales a determinados colectivos que poco a poco han ido germinando al calor de causas judiciales de gran impacto político. Algunos, solicitando su personación en el procedimiento judicial abierto tras el accidente. Y otros, disparando contra altos cargos de organismos públicos, una estrategia con el Gobierno de fondo similar a la ya desplegada sin ningún éxito tras la dana de 2024.
Una de las primeras en maniobrar fue Liberum. La entidad cerró a última hora del lunes una denuncia por homicidio y lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores contra el director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y dos responsables de ADIF: el director de Seguridad en la Circulación y el subdirector de Circulación AV. La misma se apoya en un escrito que en agosto el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMF) remitió a todos ellos poniendo de manifiesto el estado de varias líneas de alta velocidad: "Los maquinistas (...) se están encontrando gran cantidad de baches, garrotes, descompensación en la catenaria que están produciendo una falta de confortabilidad y fiabilidad en los viajes".
"El fatal accidente acaecido es la materialización directa del riesgo grave y conocido sobre el que fueron advertidos los denunciados. La omisión de su deber de actuar, no adoptando las medidas de seguridad que les eran exigibles y que les fueron expresamente solicitadas –en concreto, la carta pedía reducir la velocidad máxima en las líneas a 250 km/h–, fue la causa determinante o, cuanto menos, un factor causa decisivo en la producción del siniestro", reza la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario y en la que se solicita a la autoridad judicial la recopilación del "expediente completo tramitado" tras dicha comunicación o "todos los partes de incidencias" y "comunicaciones internas" relativos a las deficiencias en esas líneas durante los meses previos al siniestro.
La denuncia, sin embargo, obvia otras cuestiones. Es cierto que la carta mencionaba la línea 010, la que une Sevilla y Madrid, pero no especificaba en ningún momento deficiencias concretas en Adamuz, si bien sí que se han registrado en el último año algunas incidencias. Los trenes, por otro lado, circulaban por debajo del límite máximo reclamado por los maquinistas en su comunicación. El sindicato, además, quiso dejar claro en televisión el pasado mes de septiembre que pese a la misiva no estaba en riesgo la seguridad de los viajeros. "No está en riesgo porque si no ya habríamos detenido la circulación en determinadas vías", especificaba uno de sus portavoces. Un colectivo que en las últimas horas ha pedido "cautela": "Consideramos muy importante no especular ni hacer elucubraciones".
Liberum es una de las muchas piezas que conforman la ultraderecha jurídica patria. El colectivo negacionista, nacido en plena pandemia y muy beligerante con las vacunas o el uso de las mascarillas, ha estado presente en la causa contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También en el caso Koldo, donde intentó sin éxito forzar la comparecencia de la mujer del líder del Ejecutivo. Y está personado en la causa penal por la gestión de la dana que arrasó València en 2024, donde ha maniobrado para intentar situar el foco sobre el Ejecutivo central. Fracasó cuando trató de colocar como investigada en el procedimiento a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. O cuando quiso desviar el debate a si se convocó o no al Consejo de Seguridad Nacional en la catástrofe.
Personación en la causa
No han sido, sin embargo, los únicos que han buscado responsables en el Gobierno central tras las inundaciones. También lo hizo Iustitia Europa. O el autodenominado sindicato Manos Limpias. Ambos, impulsores de procedimientos de gran impacto político como el caso contra la mujer del presidente, se querellaron contra el líder del Ejecutivo, un puñado de sus ministros y responsables de diferentes organismos públicos –desde la Agencia Estatal de Meteorología a Confederaciones Hidrográficas–. Pero el Tribunal Supremo cerró la puerta: "Las denuncias y querellas formuladas (...), en el modo abstracto que se realiza, sin descripción de singularidad de conductas, ni concretas relaciones causales en cada específico supuesto delictivo, resultan inexorablemente destinadas al archivo".
Tanto Iustitia Europa como Manos Limpias han solicitado ya personarse en la causa que ya se sigue en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro por el siniestro ferroviario. "Existen indicios graves derivados del deterioro progresivo, profundo y conocido de varias líneas ferroviarias", sostienen los primeros, que mencionan "irregularidades en la vía, baches, deformaciones del trazado y descompensaciones en la catenaria", en una nueva referencia a la anteriormente citada carta de los maquinistas ferroviarios. "No estamos ante un hecho fortuito ni imprevisible, sino ante una tragedia evitable", completa el partido, que también se mueve dentro de ese universo negacionista y conspirativo que ha ido floreciendo en medio mundo.
La ultraderecha activa su maquinaria jurídica cuarenta y ocho horas después del accidente ferroviario de Adamuz. No importa que las pesquisas sobre el siniestro, que se ha cobrado la vida de al menos 42 personas, aún se encuentren en una fase muy embrionaria. Ni que ni siquiera se sepa si la rotura de la vía fue causa o consecuencia del descarrilamiento de los dos trenes. Nada de eso ha impedido mover ficha ya en los tribunales a determinados colectivos que poco a poco han ido germinando al calor de causas judiciales de gran impacto político. Algunos, solicitando su personación en el procedimiento judicial abierto tras el accidente. Y otros, disparando contra altos cargos de organismos públicos, una estrategia con el Gobierno de fondo similar a la ya desplegada sin ningún éxito tras la dana de 2024.