Transferencia competencias

Verdades y mentiras sobre la transferencia de competencias de tráfico a Navarra: cuando Aznar lo pactó con UPN hace 20 años

El expresidente del Gobierno José María Aznar.

Esta última semana ha sido una carrera contrarreloj para el líder socialista, Pedro Sánchez. En apenas siete días ha conseguido cerrar los acuerdos necesarios con las fuerzas políticas que le ayudarán, salvo sorpresa, a salir del Congreso de los Diputados investido como presidente del Gobierno el próximo martes. Una de las formaciones vitales ha sido el PNV. El pasado lunes, los dos partidos dieron a conocer el pacto que alcanzaron, un documento que al poco de hacerse público ya cosechó duras críticas. Sobre todo por lo reflejado en su punto 3: "[...] Se procederá en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a la CAV [Comunidad Autónoma Vasca]". Una transferencia que los líderes de PP y Ciudadanos no tardaron en denunciar porque, según aseguran, implica expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Pero obvian que no se trata de una concesión creada ad hoc para sacar adelante la investidura, sino de algo que estaba pendiente desde que el expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) lo pactó con Unión del Pueblo Navarro (UPN) —que ahora también se muestra contraria al acuerdo—. De eso hace ahora 20 años

Actualmente, la competencia de tráfico en Navarra la ostenta la Guardia Civil. En el País Vasco, en cambio, lo hace la Ertzaintza. Y algo así es lo que quiere Navarra. Pero no desde ahora. Nada más hacerse público el acuerdo entre el PSOE y el PNV, el portavoz del Gobierno autonómico, Javier Remírez, recordó que esa es "una reivindicación histórica de Navarra y de los distintos gobiernos que ha tenido la Comunidad foral en la etapa democrática". Por eso, aseguró que, "de entrada, es una buena noticia". "Si los acuerdos prosperan y Sánchez es elegido presidente, el Gobierno de Navarra se pondrá a trabajar con el nuevo Gobierno de España para hacer efectiva esa transferencia", añadió. 

Pero lo harán con las críticas de fondo, eso sí, de la derecha. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tachó de "especialmente grave" el acuerdo alcanzado entre socialistas y jeltzales porque, según afirmó, "incluye echar de Navarra a la Guardia Civil", una de "las instituciones más valoradas por los españoles". 

 

Pero no es la única que emplea ese argumento. El Partido Popular de Navarra (PPN) calificó de "vergonzoso" el pacto entre el PSOE y el PNV. Según recordó la formación, se mostraron en diversas ocasiones "contrarios" a la cesión, "no tanto por la capacidad de Navarra para asumirla, sino porque detrás de ella el verdadero objetivo es limitar al máximo, o incluso llegar a expulsar, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Navarra". Una tesis que también defendieron otros miembros de la formación conservadora a nivel nacional.

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, afirmó este jueves que "echar a la Policía y a la Guardia Civil de Navarra es el precio que Pedro Sánchez va a pagar por seguir en la Moncloa y conseguir los votos del PNV". La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, calificó también este jueves el acuerdo de "escándalo". Y aseguró que su partido pedirá la comparecencia del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, por mentir al asegurar que "no iba a permitir ofensas ni humillaciones a la Guardia Civil en Navarra". "Delante de sus ojos Sánchez ha firmado con el PNV echarles a ellos y a sus familias en seis meses", recalcó Beltrán. 

 

Marlaska fue tajante en una rueda de prensa ofrecida también este 2 de enero. "No va a salir un guardia civil de Navarra, necesitamos guardias civiles en Navarra como en el resto de España, como los hay en el País Vasco, Cataluña o Extremadura", aseguró. Y afirmó también que el acuerdo de la transferencia "no es consecuencia en modo alguno de un acuerdo con el PNV". Porque, tal y como recordó, el traspaso de las competencias ya lo acordó el expresidente Aznar con el entonces presidente navarro Miguel Sanz

Una reivindicación del pasado atendida por el PP

Al igual que el País Vasco y Cataluña, Navarra cuenta con su propio cuerpo policial. Se trata de la Policía Foral, cuyo origen se remonta a 1928, cuando se denominó, precisamente, Cuerpo de Policías de Carretera, nombre que mantuvo hasta 1964. Las competencias de tráfico, en cambio, duraron menos. Dos años antes, el ministro franquista Camilo Alonso firmó un decreto por el que estableció la primacía de la Guardia Civil en lo relativo al tráfico. Y desde entonces existe la demanda. 

Fue en abril del año 2000 cuando Aznar anunció que se comprometía a atenderla. Como muy tarde, dijo, en el año 2001 habría culminado la transferencia. Pero no llegó. 

Y años más tarde los conservadores volvieron a apoyar la cesión de la competencia. Fue en 2009, cuando UPN presentó una moción por la que instó al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a iniciar la negociación con el Ejecutivo navarro para el traspaso de tráfico. El PP la defendió y votó a favor. El senador navarro José Cruz Pérez Lapazarán, de hecho, llegó a afirmar que tráfico era una "competencia prehistórica" de Navarra. En ese momento quien votó en contra fue el PSOE. 

Las competencias de tráfico a Galicia, también apoyadas por el PP

La demanda de la transferencia de las competencias de tráfico, no obstante, no es exclusiva de Navarra. Galicia también ha intentado obtener la cesión por parte del Estado. Y lo ha hecho con el apoyo de todos los grupos políticos. Incluido el PP. Hace casi un año, el 23 de enero de 2019, los cuatro grupos con representación en el Parlamento autonómico —PP, PSOE, En Marea y BNG— acordaron instar al Gobierno a negociar el traspaso de todas las competencias pendientes. Y eso incluía las de tráfico, circulación de vehículos y seguridad ciudadana, tal y como exigió la iniciativa de los nacionalistas gallegos que originó el debate. 

En ese momento, la diputada conservadora Paula Prado recordó que su partido llevó en su programa electoral para las últimas elecciones autonómicas el compromiso de promover la negociación de las transferencias que "quedaron relegadas" debido a "las limitaciones presupuestarias que dificultaban su financiación". "En la época de crisis nos ocupamos de lo urgente y dejamos de lado lo importante, pero seguimos considerando importante esta transferencia de competencias y por eso proponíamos recuperar los traspasos pendientes", dijo. 

Apenas un mes después, no obstante, el partido optó por la abstención. Pero eso no significó dar marcha atrás a la petición. Esa posición permitió comenzar a tramitar en el Parlamento gallego la proposición. Cuatro meses más tarde, ya en junio, el texto legislativo fue aprobado en comisión. También con la abstención del PP, que mantuvo su posición de "no obstaculizar". Ahora, de ser aprobada definitivamente, el texto legislativo se dirigiría al Congreso de los Diputados, encargado de dar el visto bueno a la transferencia de las competencias de tráfico a la Comunidad gallega. 

La Cámara Baja, no obstante, ya tuvo que hacerlo antes. En el año 2008 el Parlamento autonómico aprobó por unanimidad una proposición de ley para reclamar las competencias en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad viaria. Los encargados de defenderla en el Congreso fueron el entonces portavoz del BNG, Anxo Quintana, el socialista Xaquín Fernández Leiceaga y el conservador Jesús Palmou. Pero el Congreso no admitió a trámite la propuesta. Fue el PSOE el que voto 'no'; el PP se abstuvo. 

Los socialistas se opusieron, defendió el diputado del PSC Juan Carlos Corcuera, porque la consideraron "inoportuna, inconveniente e innecesaria". Además, argumentó, Galicia no cuenta con una policía autonómica "operativa y desplegada" como sí ocurre en el caso de Cataluña y País Vasco, comunidades con las competencias transferidas. 

País Vasco y Cataluña

Euskadi fue la primera en obtenerlas. Fue en 1983, cuando el cuerpo autonómico sustituyó a la Guardia Civil en el control de la circulación de vehículos en las carreteras vascas. Cataluña, por su parte, tardó más. Los Mossos d'Esquadra comenzaron a ejercer esas funciones —también en sustitución de la Guardia Civil— en mayo de 1998, el año en el que también empezaron a actuar como "policía integral" de la comunidad

La transferencia catalana, no obstante, se acordó un año antes, en 1997, bajo gobierno estatal de José María Aznar y mediante ley orgánica. El Estatuto de Autonomía de Cataluña no asumió las competencias de tráfico, pero sí recogió la posibilidad de transferir o delegar competencias adicionales, tal y como permite el artículo 150.2 de la Constitución.Dice lo siguiente: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".

La competencias fueron transferidas al País Vasco, por su parte, mediante un Real Decreto aprobado en 1982.

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