La negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha activado la competencia con su partido colindante, Vox. La formación ultraderechista acusa semana tras semana al Gobierno de cercenar la independencia judicial y busca adelantar al PP con afirmaciones como que si llegase al poder Pablo Casado no cambiaría el sistema de elección del CGPJ para excluir al Parlamento dado que su partido no lo hizo cuando pudo. Pero nada de lo que encapsula el discurso de la ultraderecha en "defensa" de la independencia e imparcialidad judicial ha hecho mella en su plan para tejer con Polonia y Hungría una alternativa "social y patriótica" al "consenso progre" de la UE. Es decir, una alternativa de la mano de los dos países que se han convertido en la bestia negra de Bruselas en materia judicial. Ambos aparecen como protagonistas de los dos últimos informes europeos que a modo de termómetro examinan la evolución del Estado de Derecho en cada país. En esos dos informes, el de 2020 y el publicado en julio, la Comisión Europea viene a exponer que Polonia y Hungría están haciendo añicos la independencia judicial.
Y así, mientras en Bruselas la tensión ha ido creciendo por la ofensiva de los dos socios para "debilitar" –ese verbo usa el último informe oficial de los mencionados arriba– la libertad de los tribunales, Vox guarda silencio al respecto. La extrema derecha española está centrando su estrategia en desarrollar acciones como el recurso interpuesto en abril ante el Tribunal Constitucional (TC) por la norma que impide al CGPJ seguir haciendo nombramientos mientras permanezca en funciones, situación en la que el órgano de gobierno de los jueces ya lleva más de 1.000 días.
De momento, el último peldaño en la estrategia de Abascal y los suyos sobre el CGPJ es la proposición no de ley presentada hace una semana para exigir que sea destituido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por "socavar" con sus declaraciones la independencia judicial. Lo que Bolaños dijo fue esto: "Ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos". Para Vox, sus palabras son "alarmantes" e "irresponsables" porque "atentan de forma manifiesta contra los poderes vertebradores del poder judicial". En su petición de cese Vox coincide con el PP.
La campaña sostenida de Vox contra el desbloqueo de la renovación del CGPJ, atascada desde que en noviembre de 2018 trascendió un mensaje telefónico donde el PP presumía de que en la nueva etapa seguiría controlando el Tribunal Supremo "desde detrás", contrasta con su silencio sobre Polonia y Hungría.
Ni Santiago Abascal ni el portavoz parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros –que según su propio testimonio tuvo hace 15 años actividad profesional en Polonia, donde residía parte de la semana– han roto su silencio en ese capítulo. Ni siquiera después de que en julio, el tribunal de la UE dictaminase que el régimen disciplinario de los jueces en Polonia viola el derecho europeo. Un mes antes, la Comisión ya había amenazado con suspender el reparto de fondos comunitarios a los países que violen la independencia judicial.
La resolución del TJUE –tercera de la serie contra las reformas legislativas de ese país en materia judicial– concluye que el sistema aprobado en Polonia "socava" la independencia de los magistrados. El tribunal europeo cree inaceptable, además, que en Polonia se investigue a los magistrados que remiten consultas judiciales al Tribunal de Justicia europeo, un procedimiento al que tienen derecho los jueces de toda Europa y al que incluso están obligados en ciertos casos.
Respecto a Hungría, ya en abril el abogado general del TJUE concluyó que la norma que permite al Fiscal General de ese país actuar para impedir que los magistrados remitan cuestiones prejudiciales a la Justicia europea es una medida "incompatible con el Derecho de la UE".
Un panorama oscuro
A final de mayo, cuando la UE ya había lanzado severos avisos a Polonia y Hungría, Santiago Abascal viajó a Varsovia para reunirse con el primer ministro del país, Mateusz Morawiecki, considerado ya el futuro sucesor de Jaroslaw Kaczynski como líder del ultraconservador PiS (Ley y Justicia). En ese mismo periplo aprovechó también para verse en Budapest con Viktor Orban, primer ministro de Hungría y una de las caras más visibles de la extrema derecha europea. Para entonces ya se conocían los informes de la UE que en 2020 habían dado la voz de alerta sobre lo que estaba sucediendo allí con el sistema judicial. Y describían un panorama oscuro.
Con Morawiecki, Abascal habló de fortalecer la “defensa de las naciones soberanas”, el control migratorio y las políticas de natalidad. Sobre las reformas legales que "han debilitado la independencia judicial" –el entrecomillado es del informe de la UE sobre el Estado de Derecho–, Abascal no pronunció ni una palabra. Por poner los datos en contexto, Jaroslaw Kaczynski es quien en declaraciones a un semanario conservador aseguró hace un año que Polonia "podría convertirse en un desierto católico” como, según sus palabras, había ocurrido en Irlanda al permitir una ideología LGTB "fuera de control".
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Los informes de la UE alertan de que el agrietamiento del sistema judicial en Polonia comenzó en 2015 con una serie de reformas. "Estas reformas –dice el texto de 2020– se llevaron a cabo mediante más de treinta leyes relacionadas con toda la estructura del sistema judicial, incluido el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, los tribunales de lo contencioso-administrativo y el Ministerio Fiscal". Y diversos aspectos de la reforma de la justicia "plantean graves preocupaciones en lo que respecta al Estado de Derecho, en particular la independencia judicial".
Sobre Hungría, y respecto a un campo donde existe una relación directamente proporcional a la independencia de los tribunales, la UE ya afirmaba esto el año pasado: "El marco institucional de lucha contra la corrupción está repartido entre varios organismos. Los mecanismos de control independientes deficientes y las estrechas interconexiones entre la política y algunas empresas nacionales propician la corrupción. Cuando surgen acusaciones graves, existe una falta sistemática de medidas firmes para investigar y enjuiciar los casos de corrupción en que estén involucrados funcionarios de alto nivel o su círculo inmediato".
La negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha activado la competencia con su partido colindante, Vox. La formación ultraderechista acusa semana tras semana al Gobierno de cercenar la independencia judicial y busca adelantar al PP con afirmaciones como que si llegase al poder Pablo Casado no cambiaría el sistema de elección del CGPJ para excluir al Parlamento dado que su partido no lo hizo cuando pudo. Pero nada de lo que encapsula el discurso de la ultraderecha en "defensa" de la independencia e imparcialidad judicial ha hecho mella en su plan para tejer con Polonia y Hungría una alternativa "social y patriótica" al "consenso progre" de la UE. Es decir, una alternativa de la mano de los dos países que se han convertido en la bestia negra de Bruselas en materia judicial. Ambos aparecen como protagonistas de los dos últimos informes europeos que a modo de termómetro examinan la evolución del Estado de Derecho en cada país. En esos dos informes, el de 2020 y el publicado en julio, la Comisión Europea viene a exponer que Polonia y Hungría están haciendo añicos la independencia judicial.
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