La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, aplazar su declaración en lo relativo a las joyas localizadas por los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante el registro de su oficina en la madrileña calle Ferraz, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado infoLibre. El exlíder del Ejecutivo reclama así más tiempo para recopilar toda la documentación necesaria para ofrecer al juez una explicación amplia sobre dicho ajuar, valorado por la joyería Ansorena en 1,3 millones de euros y que ha provocado la imputación de Zapatero en una pieza separada por dos nuevos delitos en una pieza separada.

El magistrado había reservado este miércoles y jueves para tomar declaración como investigado al expresidente del Gobierno por la supuesta trama de tráfico de influencias que, según Calama, habría liderado el exdirigente socialista y que habría facilitado el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra. Una investigación que se amplió el pasado viernes tras la tasación pericial realizada de las joyas incautadas. El juez imputó a Zapatero dos nuevos delitos: fraude fiscal y contrabando. Y le emplazó a que diera las explicaciones pertinentes sobre el origen del ajuar en la cita que habían fijado en el calendario.

El instructor entiende que, "en estos momentos", la procedencia de las joyas no se encuentra justificada. Y esa "falta de trazabilidad" fiscal sobre su adquisición, unida al alto valor de las piezas, constituye, expone en el auto, "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante". Acreditar el origen o la titularidad resulta fundamental. ¿Por qué? Porque servirá para determinar quién tenía que haber declarado qué –y comprobar si se hizo–.

Zapatero, sin embargo, solicita al instructor aplazar la parte de su declaración relativa a las joyas. El expresidente quiere algo más de tiempo para recopilar y facilitar al magistrado toda la documentación necesaria relacionada con las piezas. Y también para poder aportar una pericial independiente.

El caso Plus Ultra transita en un giro de guion permanente. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas da buena cuenta de ello. En solo dos días, la conversación ha pasado de versar sobre la validez de la prueba extranjera a centrarse en una nueva imputación por fraude fiscal y contrabando, una línea de investigación que se abre a menos de una semana de su declaración como investigado en la Audiencia Nacional. ¿Las culpables? Un conjunto de piezas de joyería que fueron localizadas por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en una caja fuerte ubicada en el despacho oficial que el expresidente tiene a escasos metros de la sede del PSOE. Ajuar que, según la tasación pericial preliminar de Ansorena, estaría valorado en 1,3 millones de euros.

Durante el registro en plena calle Ferraz, los investigadores, como ya hicieron en otros registros del caso Plus Ultra, apuntaron y fotografiaron las distintas piezas localizadas en el inmueble: collares, pendientes, anillos, pulseras, brazaletes, relojes... Algunas eran simples baratijas. Pero otras eran joyas de lujo. En el informe pericial destaca, por ejemplo, un collar labrado en oro blanco de 18 quilates "cuajado de diamantes" y dos esmeraldas naturales originarias de Zambia con un precio estimado de 278.000 euros. Y otro similar valorado en 220.000 euros con diamantes y zafiros de origen tailandés. En el listado también figuran otras ocho joyas de más de 50.000 euros. Solo estas diez piezas superan los 1,2 millones de precio estimado.

En el momento del registro, Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, aseguró que la caja fuerte procedía de la vivienda familiar. Y que las piezas eran parte de la "herencia" de Sonsoles Espinosa –la mujer de Zapatero– y "regalos de viajes". Pero una vez recibida la tasación, el instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha situado la lupa sobre el ajuar. El magistrado de la Audiencia Nacional quiere saber si está todo perfectamente declarado a Hacienda y si las joyas entraron en territorio comunitario respetando los controles y las obligaciones fiscales. Y para ello, a falta de cinco días para que Zapatero comparezca ante el juez como investigado, ha abierto una pieza separada en la que imputa al expresidente por delito fiscal y contrabando.

El instructor entiende que, "en estos momentos", la procedencia de las joyas no se encuentra justificada. Y esa "falta de trazabilidad" fiscal sobre su adquisición, unida al alto valor de las piezas, constituye, expone en el auto, "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante". Acreditar el origen o la titularidad resulta fundamental. ¿Por qué? Porque servirá para determinar quién tenía que haber declarado qué –y comprobar si se hizo–. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones en el caso de que las joyas hubieran sido, efectivamente, una herencia o un regalo, un tributo que en la Comunidad de Madrid es prácticamente nulo en determinados grados de parentesco.

En caso de no poder acreditar el origen de las joyas, existe el riesgo de que la Agencia Tributaria las identifique como una "ganancia patrimonial no justificada" en el IRPF, resultando aplicable, recuerda el instructor, "un tipo marginal en torno al 46%". "De esta forma, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, que se sitúa en los 120.000 euros –mínimo para que sea delito contra la Hacienda Pública–", completa la resolución judicial. Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarían en la base liquidable del periodo impositivo respecto del que se descubran, a no ser que el contribuyente pruebe que ha sido titular de los bienes "desde una fecha anterior a la del periodo de prescripción".

Este último es otro de los elementos a tener en cuenta. Los delitos fiscales, con carácter general, prescriben a los cinco años, salvo que tengan carácter agravado –cuando la cuota defraudada excede los 600.000 euros o cuando el delito se comete a través de sociedades interpuestas o en el seno de organizaciones criminales–. Por tanto, todo aquello que tenga que ver con regalos no declarados recibidos en los viajes oficiales como presidente del Gobierno hace casi dos décadas estaría prescrito. Una época en la que, por cierto, no existía como ahora una Ley de Transparencia que establece que los miembros del Gobierno "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía": "En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública".

Zapatero, sobre el que aún no se ha hecho ningún análisis patrimonial a fondo –más allá de los cobros recibidos, fundamentalmente, de la consultora Análisis Relevante–, acudirá a su declaración la próxima semana con este nuevo frente abierto. Ahora, además de tener que rebatir la acusación de ser el jefe de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en relación con el rescate de 53 millones de Plus Ultra, deberá aclarar de dónde salieron las joyas, si están declaradas y si hay documentación que permita descartar que las piezas hubieran sido introducidas en España "al margen de los procedimientos de control aduanero", lo que tumbaría el delito de contrabando.

La bomba de la nueva imputación ha caído en pleno contrataque jurídico del expresidente, que se ha lanzado en busca de la nulidad de uno de los indicios nucleares en su contra: los mensajes que el Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigador del estadounidense Departamento de Seguridad Nacional, extrajo en 2021 de un teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de Plus Ultra. Comunicaciones en las que se apoyó el instructor para atar la imputación de un Zapatero al que coloca como "núcleo decisor y estratégico de la red" de tráfico de influencias que está investigando.

Toda esta información clave llegó a la UDEF el 18 de marzo, cinco años después de su obtención, en plena escalada de tensión entre la Administración Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez y tras la reactivación, vía Interpol, de una orden de detención contra Reyes Rojas. Con la intención de blindar su uso como prueba, Calama ha acordado cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos. Algo que ha aprovechado la defensa de Zapatero para exigir al instructor que pida a los americanos información clave sobre el volcado. Quiere saber si se llevó a cabo con autorización judicial. O si se ha respetado la cadena de custodia. Al fin y al cabo, para que una prueba extranjera sea válida en nuestro país debe haber sido obtenida respetando las garantías constitucionales del proceso penal en España.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido abrir una pieza separada en el caso Plus Ultra para investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscales y de contrabando. Lo hace en relación con las joyas que se hallaron en una caja fuerte durante el registro de la oficina del exlíder del Ejecutivo, al entender que "en estos momentos" el origen de las mismas, que el entorno del expresidente vinculó a herencias y regalos, no se encuentra "justificado". Un conjunto de piezas que ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

En un auto fechado este mismo viernes, el magistrado de la Audiencia Nacional indica que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Calama hace mención a una posible "ganancia patrimonial no justificada" en el IRPF del expresidente, del que resultaría aplicable "un tipo marginal en torno al 46%". "De esta forma, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros –el mínimo que marca el delito contra la Hacienda Pública–", recoge en su resolución el titular del Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional.

El instructor, del mismo modo, considera que los hechos pueden ser también constitutivos de un delito de contrabando. "La introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles", recoge la resolución.

La ausencia de documentación aduanera, de facturas de importación o de cualquier justificante de despacho de aduanas impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero, superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para la tipicidad penal", completa el magistrado, al tiempo que señala que ahora el investigado "dispone de la ocasión procesal adecuada" para dar explicaciones o aportar la documentación que disipe "la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos intervenidos".

El expresidente del Gobierno está llamado a declarar como investigado esta misma semana en la Audiencia Nacional. Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso [las joyas]", ha señalado este viernes Luis Arroyo, que está ejerciendo como portavoz del expresidente. Lo ha hecho en un mensaje en la red social X, en el que pedía disculpas por haber inducido a error sobre el valor del ajuar. Hace algunas semanas, el presidente del Ateneo dijo que las piezas valían entre 30.000 y 50.000 euros, muy lejos de la cifra que ha arrojado la tasación pericial preliminar.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha lanzado de lleno en busca de la nulidad del indicio clave en su contra en el llamado caso Plus Ultra. Y, para ello, ha pedido al instructor, José Luis Calama, que reclame a las autoridades estadounidenses detallada información sobre cómo realizaron la intervención y el volcado del teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, cuyo contenido ha servido al magistrado para atar la imputación del exlíder del Ejecutivo. Al fin y al cabo, para que una prueba llegada del extranjero sea válida debe haberse obtenido respetando las garantías constitucionales del proceso penal en España. De lo contrario, será declarada nula, contaminando todo lo que se derive de la misma y poniendo en peligro el éxito de la causa.

La llamada operación Tigris, centrada en una red terrorista dedicada al envío de muyahidines a Irak, da buena cuenta de los riesgos de la prueba extranjera. El pilar fundamental de aquella causa fueron una serie de correos electrónicos a los que tuvo acceso la Policía por tres vías distintas: directamente de Microsoft, de los servicios de inteligencia extranjeros y a través de una comisión rogatoria enviada a Estados Unidos. La respuesta oficial de los americanos con la información facilitada por la tecnológica tardó más de un año en llegar. Sin embargo, los investigadores llevaban meses usando todos esos datos en sus oficios.

A través de esas dos primeras fuentes de información no oficiales la Policía obtuvo datos que permitieron, a su vez, poner en marcha otros medios de investigación, como la observación de números de teléfono, cuentas bancarias o personas. Pero cuando el caso llegó a juicio, todo se vino abajo. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en una sentencia fechada el 30 de abril de 2009, declaró la nulidad de los emails. Y eso provocó que 10 de los 14 acusados que se sentaban en el banquillo acabaran absueltos. Unos meses después, el Tribunal Supremo tumbó, además, una de las condenas impuestas.

Sobre la primera de las fuentes, el tribunal resaltaba que se desconocía cuál había sido el procedimiento policial seguido para obtener "directamente" la información procedente de Microsoft: "Por el juzgado no se había dictado ningún auto habilitante que diera cobertura a dichas observaciones [de correos electrónicos]". En relación a la facilitada por servicios de inteligencia, apuntaba: "Solo puede caber la utilización de esta información después de obtener la correspondiente autorización judicial. [...] La inobservancia de esta prevención hace nula la obtención de informaciones de cuentas de correo a través de servicios policiales o de información extranjeros, en cuanto que tampoco ha sido objeto de autorización ni supervisión judicial expresa ni ninguna otra forma de judicialización".

En cuanto a la que llegó de forma oficial, la misma también fue descartada porque existían dudas sobre el contenido que figuraba en el CD incorporado a la causa con la información aportada por la tecnológica vía comisión rogatoria. Así, por ejemplo, explicaban los magistrados que todas las carpetas con los archivos estaban fechadas "con fecha muy posterior a la cumplimentación de la comisión rogatoria": "Cabe desconfiar si el volcado que consta en el informe policial de referencia se corresponde con el CD recibido directamente de las autoridades de EEUU [...] o si, dado que existieron varias vías paralelas de recepción de la información, se refiere a otro distinto sobre el que no ha existido ninguna constancia judicial".

No es el único caso que se ha derrumbado por la anulación de los principales elementos probatorios. La absolución de Hamed Abderrahaman, Hmido, el conocido como el talibán español, es otro ejemplo de ello. Aunque la Audiencia Nacional le había condenado a seis años, el Tribunal Supremo revocó el castigo tras tumbar todas las pruebas que se habían conseguido contra él en Guantánamo, "verdadero 'limbo' en la comunidad jurídica", donde Hmido había sido entrevistado por dos policías españoles. En esas conversaciones reconocía su actividad con los talibanes.

En otros muchos casos, sin embargo, las pruebas obtenidas en el extranjero se han considerado perfectamente válidas. Así ocurrió, por ejemplo, en el de la célula de Al Qaeda en España liderada por Abu Dahdah. En aquella causa, plagada de comisiones rogatorias remitidas a un buen número de países, uno de los elementos que incriminaban al terrorista en el envío de muyahidines a campos de entrenamiento era un documento encontrado en diciembre de 2001 por un soldado de las Fuerzas Armadas de Reino Unido en el sur de Afganistán. Un papel en el que figuraba el número de teléfono que Dahdah tenía en su casa de Fuenlabrada.

En aquella investigación, señalan fuentes conocedoras de la misma, el instructor aseguró la prueba desde el minuto uno, garantizando la "cadena de custodia" y la "intervención del juez" británico para que toda esa información pudiera tener "validez probatoria" en nuestro país. El líder de la célula fue condenado por la Audiencia Nacional a 27 años de prisión, si bien luego el Supremo rebajó la pena hasta los 12 años al considerar que Dahdah no estuvo implicado en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Mucho más recientes son, por ejemplo, los pronunciamientos del Alto Tribunal relativos a la lista Falciani o Encrochat –una red de comunicación cifrada cuyo uso estaba ampliamente extendido entre las organizaciones criminales–. En el primero de los casos, la Sala de lo Penal avaló que se pudiera utilizar como prueba de cargo de delito fiscal la información financiera extraída de manera ilícita del banco HSBC por Hervé Falciani, que había trabajado durante años para la entidad. Primero, porque el informático no era ni un policía ni formaba parte de los aparatos del Estado. Y segundo, porque con esos datos no buscaba prefabricar pruebas, sino obtener un lucro –se quiso negociar la venta de esa base–.

En el caso de Encrochat, sin embargo, lo que se ponía en duda era la validez e incorporación a distintos procedimientos de unos mensajes que fueron interceptados de manera masiva y con autorización judicial por la Gendarmería francesa y llegados a España a través de una Orden Europea de Investigación (OEI) formulada por la Fiscalía Antidroga. El Alto Tribunal validó su uso en una primera sentencia el pasado mes de octubre, en la que además decía que el hecho de haber cursado una OEI era, además, una garantía añadida, pudiendo haberse recurrido a un intercambio de información entre servicios policiales.

En aquella sentencia, los magistrados resaltaban que la admisibilidad "como medio de investigación o de prueba" de información obtenida a través de "intervenciones telefónicas en un procedimiento distinto" está vinculada "a un control material en torno a la legitimidad de la injerencia que proporcionó el aporte informativo". Pero no en base a la normativa española, sino que el análisis lo realizaban poniendo el foco, exclusivamente, en la legislación francesa.

El titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Antonio Viejo, da impulso a la investigación contra el empresario Alberto González Amador. Un año después de que su antecesora encomendase a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indagar si la compraventa de una sociedad por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso escondía el pago de una suerte de comisión a un directivo de Quirón, el magistrado ha dado luz verde a los investigadores para que recaben, como ellos mismos solicitaron hace seis meses, información bancaria sobre los investigados –tanto el empresario como la farmacéutica Gloria Carrasco– y sobre las sociedades relacionadas, tal y como consta en un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

De los tres ámbitos de actuación que la UCO considera "determinantes para el esclarecimiento de los hechos", el instructor ha considerado "prioritario y previo" centrarse en la información bancaria. Será luego, en base a estos primeros resultados, cuando decida si extiende el examen policial "a la información tributaria de personas físicas o jurídicas relacionadas" o a los datos que obren en los archivos de la Tesorería General de la Seguridad Social. "Las diligencias interesadas tienen por objeto construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida", resalta el juez.

Viejo da luz verde a los investigadores para que recaben de 16 entidades financieras información bancaria de los últimos 12 años –desde 2014 hasta la actualidad–. Una extensión que justifica alegando que lo que se indaga en la causa es algo que, indiciariamente, "tiene su génesis en relaciones jurídicas sostenidas en el tiempo".

La apertura de esta pieza separada se produjo en octubre de 2024, frustrando las pretensiones del empresario de resolver sus problemas con la justicia por medio de un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado que pusiera un rápido punto final a la causa contra él por fraude fiscal. En un primer momento, la entonces instructora, Inmaculada Iglesias, rechazó la ampliación de la investigación reclamada por PSOE y Más Madrid, que ejercen la acción popular. Pero tras un recurso de ambas formaciones, rectificó y aceptó abrir una nueva línea en las pesquisas, decisión que posteriormente fue avalada por la Audiencia de Madrid.

Los hechos se centran en una empresa: Masterman & Whitaker. Es la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Esta operación fue recogida por la Agencia Tributaria, que en el informe que en su día elaboró sobre las empresas de González Amador señalaba que la citada maniobra no era más que una "simulación" para generar "bases imposibles negativas" en la sociedad a compensar en el "futuro". Masterman, decía, no tenía medios suficientes como para realizar los servicios cedidos.

Esta empresa no siempre se llamó así. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros y con el nombre Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas con FCS que le reportó 1,97 millones de euros.

La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. El 4 de diciembre de 2020 se transmitieron a Maxwell Cremona por 499.836 euros todas las participaciones de Círculo de Belleza, que luego pasaría a denominarse Masterman. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria. Y de la Fiscalía: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal", analizaba el Ministerio Público en un escrito.

"Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas", sostenía el fiscal cuando solicitó la intervención de la UCO en el caso. Un informe en el que llegaba a usar la palabra soborno y apuntaba hacia un posible blanqueo: "Es necesario indagar si el producto de estas actividades –realizadas aparentemente por medio de sobornos, aún en el sector privado– se ha trasformado de algún modo, o se ha disimulado de alguna manera para ocultar un ilícito origen".

Tanto la pareja de Díaz Ayuso como Carrasco negaron la existencia de un soborno al directivo de Quirón, alegando que el elevado precio pagado por la empresa obedecía al potencial de la misma. El mismo argumento que ya esgrimió en la inspección fiscal: "Es una apuesta por esta empresa y es quien nos hacía de enlace con las farmacias para implantar Covid Seguro. Además, esta empresa tiene un contrato con Mape. Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo de Belleza con estas empresas, dado que en ese momento resultaban atractivos".

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que lidera el reputado procesalista Víctor Moreno Catena, mueve ficha en relación a los mensajes clave que persiguen al expresidente del Gobierno. El letrado ha presentado este miércoles en la Audiencia Nacional un escrito [consulta aquí el documento], al que ha tenido acceso infoLibre, en el que pide al instructor de caso Plus Ultra, el magistrado José Luis Calama, que amplíe la comisión rogatoria a Estados Unidos para solicitar información clave sobre el volcado del teléfono del empresario Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de la compañía, por parte del Homeland Security Investigations. Lo hace, dice el abogado, dada la "parquedad" de la "información" proporcionada sobre la copia y envío de dicho dispositivo.

La información contenida en el móvil de Rojas sirvió a Calama para atar la imputación de Zapatero como "núcleo decisor y estratégico de la red" de tráfico de influencias que se encuentra bajo la lupa. Cuando el instructor citó al expresidente como investigado, lo hizo poniendo sobre la mesa algunos mensajes: "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Los de gowair saben lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto", "No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI", "Lo que quiero, es que hablé con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad" o "Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España".

Estas comunicaciones fueron localizadas, todas ellas, en un teléfono de Reyes Rojas que el brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional copió en 2021. Aquella información llegó a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado 18 de marzo, cinco años después de su obtención, en un momento de máxima tensión entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez y una vez activada, vía Interpol, la orden internacional de arresto de Reyes Rojas. Ahora, el instructor trata de validarla no solo como medio de investigación, sino también de prueba. Y para ello ha decidido cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos. Porque la "eficacia" como "medio de prueba" en el "proceso penal" de la información que facilitan autoridades policiales extranjeras "requiere" una "adecuada incorporación" a las actuaciones.

La defensa de Zapatero quiere profundizar en ese clonado. Y para ello ha pedido al instructor que amplíe su rogatoria para introducir algunos elementos clave. En concreto, quieren saber más del origen de los datos, desde cómo se produjo ese volcado y si contaba con autorización judicial hasta cómo se preservó dicha información, que tardó cinco años en ser remitida por los estadounidenses. Todos estos detalles son relevantes si se quiere buscar la nulidad de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque para que sea válida en nuestro país una prueba llegada desde el extranjero la misma debe haber sido obtenida respetando las garantías constitucionales del proceso penal en España.

En su escrito, el abogado del expresidente sostiene que "la ausencia de los datos completos" sobre el dispositivo, "su aprensión", el "método de volcado", la "autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo" o "las circunstancias en que se ha producido el intercambio" de información entre "órganos policiales" permite plantear "dudas razonables" sobre "el respeto del derecho a proceso con todas las garantías". Y también "legítimas dudas y graves dificultades sobre las condiciones para el ejercicio de derecho de defensa".

"Es imprescindible que aquellos contra los que las actuaciones procesales se dirigen puedan disponer en el procedimiento de una posibilidad real y efectiva de discutir y controvertir acerca de la autenticidad, integridad, trazabilidad y contexto de todos los materiales que se usan como elementos probatorios de cargo por las acusaciones, y también del material proporcionado por la Agencia gubernamental norteamericana", resalta el escrito. Por ello, pide al instructor que en su petición de cooperación jurídica a Estados Unidos solicite información sobre cómo se obtuvo el dispositivo o cómo se custodió la información obtenida del mismo.

La defensa pretende conocer, entre otras cosas, la "concreta resolución judicial", "orden" o "autorización administrativa" que amparaba la incautación o clonado del dispositivo, así como su posterior "extracción" y "análisis". También el procedimiento o investigación que existiera entonces en Estados Unidos contra Reyes Rojas y que motivara la incautación del dispositivo. O los "informes" y "actas" del Homeland Security Investigations "relativos a la extracción telefónica", así como información sobre el alcance de la misma: "Indicando si se trató de una extracción total, parcial, física, lógica, remota o selectiva, así como el software o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo".

El escrito, del mismo modo, solicita que se informe sobre los "mecanismos de verificación de la integridad de la información ofrecida" –desde los hashes (algo así como una huella digital única) a las actas de desprecinto y volcado–, el "modo de preservación de la información" y la "cadena de custodia" hasta la entrega a las autoridades españolas –procedimiento que también pide que se detalle– o las "autorizaciones del órgano competente" de Estados Unidos "que hayan permitido la remisión de las conversaciones" a la Policía española. Datos, en definitiva, para verificar si las conversaciones "que se dicen contenidas" en el dispositivo y que han sido analizadas "cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud", que son "imprescindibles" para que se puedan considerar como "prueba" en el proceso penal y como indicio en fase de instrucción.

El Homeland Security Investigations (HSI), brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional, remitió a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional los mensajes clave contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras el último conflicto diplomático entre España y Estados Unidos. En un auto fechado el pasado viernes, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso infoLibre, el instructor del llamado caso Plus Ultra, José Luis Calama, explica que la información extraída de uno de los terminales móviles de Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera uno de los principales accionistas de la aerolínea, fue remitida a los investigadores el 18 de marzo. Cinco años después de que llegara a manos americanas y apenas unos días después de que el Gobierno español rechazase públicamente dar apoyo a Estados Unidos en su guerra con Irán.

El exlíder del Ejecutivo y sus hijas, a las que la acusación popular ha pedido citar como investigadas, se situaron bajo la lupa de los investigadores a comienzos de febrero, cuando en un informe de avance policial se hacía ya mención a la relación de Zapatero y la agencia WhaTheFav con Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez, y a los pagos recibidos. Una sombra sobre quien ha sido faro político y moral de la izquierda española que mantuvo la titular del Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid, Esperanza Collazos, cuando envió el caso a la Audiencia Nacional. En su auto de inhibición, la instructora añadió, entre otras cosas, una serie de mensajes que hacían referencia a la relación "personal y económica" de un empresario venezolano con alguien llamado "Zorro", "Z" o "ZZZZ".

En el auto de imputación de Zapatero, el magistrado Calama no incluye una sola referencia a ese chat. Pero sí introduce una serie de nuevas comunicaciones que la UDEF incorporó a la causa a finales de abril. Mensajes en los que se apoya el instructor para colocar a Zapatero como "núcleo decisor y estratégico de la red" de tráfico de influencias que está investigando. "Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas. Este rol se deduce de múltiples evidencias, entre ellas las conversaciones en las que se hace referencia a su capacidad de decisión", sostiene Calama en la resolución.

El magistrado recoge, en relación a esto, media docena de mensajes: "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Los de gowair saben lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto", "No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI", "Lo que quiero, es que hablé con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad" o "Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España".

Todos y cada uno de estos mensajes proceden, según refleja la UDEF en su oficio 1908/26 de 22 de abril, de un teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas cuyo contenido volcó la estadounidense Homeland Security Investigations hace cinco años. Lo hizo en 2021, con Joe Biden en la Casa Blanca y en el marco de una investigación trasnacional que se había iniciado en 2018 y que giraba alrededor de una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos a través de complejas estructuras societarias. Unas pesquisas en las que trabajaban codo con codo las oficinas del HSI de Nueva York, Tampa, Miami y Boston y las autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal.

En un principio, explica ahora Calama, la extracción que se hizo del móvil de Reyes Rojas estaba orientada "al contrabando". Sin embargo, el contenido del mismo "reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales". Un material probatorio que el HSI consideró que podía tener relevancia para la investigación relativa a Plus Ultra, motivo por el cual solicitaron y obtuvieron autorización para compartirlo con las autoridades españolas.

Aunque la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción ya tenían la vista puesta sobre Reyes Rojas a finales de 2024, a raíz de unas comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación llegadas desde Suiza y Francia, lo cierto es que el contenido del teléfono de quien fuera principal accionista de Plus Ultra no llegó a la UDEF, según el instructor de la Audiencia Nacional, hasta el pasado 18 de marzo. En resumen, el volcado del dispositivo se produjo durante la Administración Biden y el envío de su contenido durante la Administración Trump.

La remisión de la información se produjo en un momento de máxima tensión diplomática entre España y Estados Unidos. El 3 de marzo, quince días antes del envío, Donald Trump amenazó con cortar todo el "comercio" con nuestro país por la negativa del Ejecutivo a que los estadounidenses pudiesen usar las bases de Rota y Morón en su ofensiva contra Irán. Veinticuatro horas más tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió a su homólogo. En una declaración institucional, aseguró que España estaría en todo momento del lado de la legalidad internacional: "No a la guerra".

Con su auto del viernes, Calama pone en marcha el proceso para legalizar los datos enviados por los estadounidenses. "La información facilitada por autoridades policiales extranjeras, en cuanto tal, puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones", resalta el magistrado. Y para ello, "resulta procedente" recabar "autorización expresa" de los estadounidenses para que todas esas conversaciones puedan ser utilizadas no solo como medio de investigación, sino también de "prueba". Un paso que ahora da el magistrado.

La Audiencia Provincial de Tarragona se prepara para decidir si arrebata o no al magistrado 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona, Rubén Rus, el llamado caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos. En una diligencia de ordenación de finales de mayo, a la que ha tenido acceso infoLibre, la Sección Segunda del órgano judicial emplaza a todas las partes para que se pronuncien sobre la cuestión de competencia planteada por el despacho vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que defiende que la causa debe ser remitida a Madrid. Y designa como ponente para la resolución de la misma a la magistrada Susana Calvo, presidenta de la sección.

Desde que se levantara el secreto de sumario hace casi un año, la causa en la que figura como investigado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha avanzado lentamente. Entre otras cosas, como consecuencia de la cascada de escritos y recursos. Las defensas buscan la declaración de nulidad de todo lo actuado, un torpedo en la línea de flotación del caso, alegando, entre otras cosas, una supuesta indefensión. Disparan, por ejemplo, contra el mantenimiento del secreto de las actuaciones durante años. O alegan una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del instructor al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid. "Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos de notorio cariz político y especial relevancia mediática", resaltaban en uno de sus escritos.

A finales de marzo, Equipo Económico planteó una cuestión de competencia ante la Audiencia de Tarragona. Lo hizo vía artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé un cauce extraordinario para depurar ese asunto en plena instrucción ante un tribunal superior, que resolverá "de plano y sin ulterior recurso". Y recordando que esa "falta de competencia" ya había sido planteada por distintas defensas sin que, hasta ese momento, hubiera sido resuelta. "Asistimos, incrédulos, a la inacción del órgano de instancia, que no resuelve las cuestiones planteadas para retener indebidamente su competencia", resaltaba la consultora.

Hasta ese momento, efectivamente, el instructor aún no se había pronunciado sobre este asunto. Lo hizo tres semanas después, en respuesta a un escrito de Global Afteli, firma a la que fue traspasando su actividad Equipo Económico a medida que se multiplicaban las noticias sobre una posible investigación judicial. El juez Rus, que asegura no tener "especial interés" en el caso, rechazó deshacerse del caso. Y lo hizo con un auto en el que defendió que los "primeros indicios de delito" –unos correos electrónicos hallados en un registro a la empresa Messer– aparecieron en Tarragona y que las reformas legislativas tributarias logradas por mediación de Equipo Económico también impactaron en las arcas de la ciudad catalana.

Pero ahora, sin embargo, será la Audiencia de Tarragona la que tenga la última palabra. La consultora, en su escrito, defiende que la causa debería estar en un juzgado de la capital. ¿Por qué? Porque allí es donde se habrían cometido los supuestos delitos. En la capital se encuentra la sede de Equipo Económico o la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim). Y también donde se ubica el Ministerio de Hacienda, que es donde "desempeñaban su cometido los funcionarios y autoridades partícipes en los hechos investigados": "En ningún momento habría intervenido ningún funcionario o autoridad ubicado [...] en Tarragona".

El escrito defiende como "absolutamente legítima" la actividad desarrollada por la patronal gasística: "Es habitual que los sectores afectados por una norma del tipo que sea hagan llegar a los responsables de la iniciativa, o que intervienen en el proceso legislativo, sus opiniones, aportaciones y sugerencias". Y también califica como "normal" e, incluso, "conveniente" que en esos procesos "se asesoren de los mejores expertos en la materia": "Esta fue la labor desarrollada por Equipo Económico para Afgim, en su calidad de acreditados expertos en fiscalidad, tal y como se evidencia en las comunicaciones desarrolladas".

Del mismo modo, sostiene que no es "relevante" a la hora de determinar la "competencia" cuál sea la Hacienda Pública "afectada por los cambios normativos": "El delito de cohecho se consuma con la mera solicitud u oferta de dádiva y el de prevaricación con el dictado de la resolución administrativa manifiestamente injusta. De esta forma no se consuma el delito con el eventual perjuicio que pudiera producirse para la propia Administración". En base a todo ello, exige que la causa sea arrebatada al juzgado de Tarragona y sea remitida a uno de la capital.

La Audiencia de Tarragona remitió a finales de mayo el escrito a las partes para la presentación de alegaciones. Entre ellas, a la Fiscalía Anticorrupción, que ha defendido a lo largo de los últimos meses que el caso continúe en Tarragona. "Las actuaciones han seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento para respetar, como no puede ser de otra forma, tanto las normas procesales como los derechos de los investigados, evitando injerencias y daños colaterales", señalaba el Ministerio Público en un informe fechado a finales del pasado año, en el que hablaba de "actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona".

Para la resolución de este asunto ha sido designada como ponente la magistrada Susana Calvo, que con dos décadas de carrera a sus espaldas figura como presidenta de la Sección Segunda. Un área penal que, según la última memoria de la Audiencia Provincial de Tarragona, tiene un tiempo medio de respuesta de entre dos y tres meses.

El exmagistrado Manuel García-Castellón sitúa su dirección oficial como abogado en el mismo lugar en el que tiene su sede en Madrid la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate de 53 millones de euros se encuentra en estos momentos bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional. Así figura en su ficha del Colegio de Abogados, en el que se hace constar como "dirección profesional" el mismo edificio de oficinas ubicado al norte de la capital en el que la aerolínea tiene su domicilio social. Preguntado por infoLibre, el exmagistrado explica que es desde hace décadas "íntimo amigo" de Julio Martínez, presidente de la aerolínea. Y que, tras ofrecérselo él, puso su dirección para no hacer constar su "domicilio". No obstante, en contra de lo que figura en su ficha, asegura que no está ejerciendo como abogado.

Tras más de cuatro décadas en la judicatura, los últimos marcados por causas de gran impacto político y mediático –desde Kitchen hasta el caso Tsunami, que se convirtió en todo un obstáculo para la Ley de Amnistía–, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 2 de septiembre de 2024 la jubilación forzosa de García-Castellón, que por entonces estaba a punto de cumplir los 72 años. Una nueva vida que, sin embargo, no tardaría en reorientar. Tres semanas después de que se hiciera oficial el retiro, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional se dio de alta como abogado.

En su ficha oficial del Colegio de Madrid, el exmagistrado hizo constar varios datos. Entre ellos, su "dirección profesional", en la que los letrados ponen las señas del despacho o del domicilio desde el que ejercen. En el caso de García-Castellón figura como tal un exclusivo complejo de oficinas ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas, a escasos metros de la sede de Telefónica. El mismo en cuya tercera planta tiene su domicilio social la aerolínea Plus Ultra. Unas oficinas que el pasado 11 de diciembre registraron de arriba abajo agentes de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la causa en la que ha sido imputado Zapatero.

Durante aquella entrada, que se prolongó hasta las 21.58 horas, los investigadores se incautaron de buzones de correo electrónico, dispositivos de almacenamiento o documentación de todo tipo, incluyendo agendas, facturas o varios tomos nombrados como "Solicitud SEPI", según consta en la documentación incorporada al sumario. El magistrado instructor, José Luis Calama, investiga, entre otras cosas, un posible delito de tráfico de influencias relacionado con la concesión a la aerolínea de una ayuda de 53 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un asunto que ya estuvo hace algunos años bajo la lupa de un juzgado de Madrid.

Esa misma mañana, a eso de las 7.20 horas y a escasos 2 kilómetros de aquel edificio, varios agentes accedieron a un chalé ubicado en una exclusiva urbanización ubicada al sur de La Moraleja. Era el domicilio de Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y máximo accionista de la aerolínea tras adquirir la participación que tenían en la empresa los antiguos socios venezolanos. Allí, según consta en la diligencia de entrada y registro, se halló, entre otras cosas, una gran cantidad de dinero en efectivo. En concreto, varios fajos que sumaban 107.000 euros y 75.175 dólares. Cuando detuvieron a Sola, según ha adelantado Público, pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia. Según la compañía, lo hizo por la relación de amistad que une a ambos.

Este diario se ha puesto en contacto con el exmagistrado para saber por qué motivo figura su dirección oficial como letrado en el mismo edificio en el que tiene su sede la aerolínea y para preguntarle si está prestando servicios profesionales a Plus Ultra. "Soy íntimo amigo de Julio desde hace 30 años. Y como soy abogado no ejerciente pues puse como dirección la de él que se ofreció porque no quería poner mi domicilio. No hay más misterio", ha señalado García-Castellón. Preguntado por qué motivo figura en el censo como letrado ejerciente, asegura que se debe a un error. Este diario también se ha puesto en contacto con la aerolínea vía correo electrónico, sin que a cierre de esta edición se haya recibido respuesta.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al comisario jubilado José Manuel Villarejo como una de las primeras fuentes a las que acudió en busca de trapos sucios contra jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la trama que el ex número tres del PSOE Santos Cerdán habría montado junto a Leire Díez. En un atestado fechado el 26 de mayo, que forma parte del sumario cuyo secreto se ha levantado parcialmente y al que ha accedido infoLibre, el Grupo 3 de Delincuencia Económica sostiene que "una de las primeras actuaciones" llevadas a cabo por la red fue "contactar" con el que es uno de los máximos exponentes de las llamadas cloacas del Estado, "mantener varias reuniones con él y su abogado" y ofrecer "un acuerdo" por el cual obtendría "beneficios" en las causas judiciales seguidas en su contra a cambio de "información sobre diversas personas".

El informe fue elaborado a raíz de las evidencias intervenidas durante los registros realizados en el marco de una causa que, allá por diciembre, se centraba solo en las actividades de un grupo –del que formaría parte Díez– que buscaba "orientar la resolución de diversos expedientes" de la Administración "en beneficio propio o de terceros y actuando siempre con una finalidad lucrativa". Y abrió una nueva vía de investigación, centrada en las maniobras de un grupo a las órdenes de Cerdán para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial" que pudiera afectar al PSOE o al Gobierno. Una trama que, además, se sirvió de la "propia estructura" de la formación socialista.

Los investigadores y el instructor de la causa –el magistrado Santiago Pedraz–, sitúan el origen de este grupo en abril de 2024, cuando se abrió una investigación judicial contra Begoña Gómez que derivó en la famosa Carta a la Ciudadanía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fue precisamente en aquellas semanas cuando la trama comenzó a acercarse al comisario jubilado. Los investigadores, de hecho, fechan la "primera" de las reuniones con Villarejo el 17 de abril. Lo hacen en base a un "conjunto de fotografías" de un documento titulado "LD-Planteamientos" localizado en un móvil intervenido a Díez y que "parece recoger una suerte de acuerdo de intercambio de información". "Las siglas LD harían referencia a Leire Díez", puntualizan los investigadores.

La primera de las páginas de aquel documento, cuyas fotografías los investigadores sospechan que fueron enviadas a la fontanera unos meses más tarde, comenzaba señalando que "el 17.4.24" se hizo "un primer planteamiento" sobre un "intercambio de datos para limpiar a fondo el estado profundo". "Se mostró interés en el archivo personal documentado con audios, notas e informes completos inéditos", continuaba. Aquel acuerdo tendría dos fases. La primera se completaría con la entrega de un "informe de inteligencia sobre PS" –siglas usadas para referirse a Sánchez– y una "descripción numérica" de la "base documental" que afectaría a "ciertos objetivos de interés" referidos en un listado previamente facilitado. Y en la segunda, la parte "aportante" iría facilitando progresivamente los "materiales" relacionados con los "objetivos" hasta que se produjera "el final" de su "situación procesal".

Los investigadores creen que esas fotografías fueron remitidas a finales de agosto, al concluir la primera fase. ¿Por qué? Porque en el conjunto de imágenes incautadas a Díez figuraba el anteriormente citado "informe de inteligencia" y la lista de "objetivos de interés", entre los que se encontraban "Jueces", "Fiscales, sobre todo [José] Grinda –de Anticorrupción–", "Policías (GC-CNI)", "Manuel Marchena (padre e hijo)" –en referencia al magistrado del Tribunal Supremo–, "BBVA (Corrochano)" o "Francisco Martínez" –en referencia al ex secretario de Estado de Seguridad–. Los investigadores consideran que la parte "aportante" sería Villarejo y que el documento "habría sido emitido por él mismo o por alguien de su entorno". En cuanto a Díez, sería "el interlocutor de la otra parte".

El informe de la UCO menciona que se han encontrado "referencias" que "aluden" a la entrega de documentación por parte del comisario jubilado. "El de la boina ha dado algunos papeles muy buenos para el jefe", le escribió el 16 de julio Díez a Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos. Los investigadores dicen que en el momento de redactar el informe no podían concretar a quién se estaba refiriendo. Sin embargo, en una nota a pie de página dejan entrever sus sospechas: "Por el devenir de los hechos lo más habitual es que las referencias a 'jefe' fueran a Santos [Cerdán], aunque en ocasiones pudieran corresponderse con el presidente del Gobierno".

La unidad de élite de la Guardia Civil también hace referencia a tres reuniones que tuvieron lugar el 30 de julio, el 9 de agosto y el 26 de agosto. "Sobre este particular, existen múltiples indicios que definen a Leire [Díez] como la interlocutora con Villarejo en estas reuniones, así como otros de los que se evidencia que lo habría hecho a instancias de Santos y habiéndose sufragado los costes logísticos de su transporte, al menos en algunos casos, por parte del PSOE", resalta. Sobre la primera, señala que se habría producido en un restaurante de Boadilla del Monte un día después de que la fontanera se reuniera con el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera.

Díez no parecía cómoda con esta cita. "Que busquen a otra persona", escribía el 29 de julio a las 18.53 horas a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "Es, por una vez, ocuparme de mí", continuaba. "No. Ocuparte de ti es ir. Y cumplir el encargo que te han hecho. Y ocupar la posición que te han dado. A ti, no a nadie más", le contestó Guerrero. "De alguna manera, estas frases, interpretadas de forma conjunta con el resto de elementos obrantes en la causa, muestran el papel subordinado de Leire [Díaz] sobre terceros pero, al mismo tiempo, el rol prevalente que la misma ostenta", resaltan los investigadores en su informe. 

Horas antes y después de aquel encuentro, Díez acudió a la sede de Ferraz, lo que evidencia, según los investigadores, la "aparente dación de cuentas efectuada" por la fontanera de sus reuniones con el comisario jubilado. "Tres horas con el de la boina", escribió, además, a Serrano tras la reunión mantenida el 30 de julio. El informe recoge otro encuentro diez días después en Madrid, ciudad a la que Díez se ve obligada a desplazarse en pleno parón veraniego –un viaje cuyo coste habría soportado también la formación socialista–. Y un tercero el 26 de agosto.

Con posterioridad a estas reuniones, los investigadores destacan que el abogado de Villarejo preguntó a Díez "cómo proceder ante ciertas cuestiones procesales que afectaban a su representado, especialmente en determinados asuntos en los que tenía participación la Fiscalía". "Traslado al fiscal por cinco días recurso de apelación prescripción delito fiscal. Ya me dices cómo proceder", escribió Cabrera a la fontanera el 2 de septiembre. El informe también recoge una conversación de 13 de noviembre en la que tras un primer mensaje de Díez, el letrado le traslada que el fiscal Anticorrupción que lleva ahora el caso contra Villarejo es César de Rivas. "Si te llaman avísame", responde la primera.

Los investigadores han localizado en el ordenador de la fontanera un documento que, por el título del mismo, sospechan que puede estar fechado el 19 de noviembre, pocos días después de aquella conversación, y en el que se relata "la situación en la que se encontrarían varios asuntos gestionados" por Díez. "Nos dijeron que el abogado se dirigiera al fiscal para quedar con él para llegar a un acuerdo. Cuando el abogado se acercó el fiscal le dijo que tenía un 'teléfono escacharrado' y que ni acuerdo ni nada. Supuestamente el fiscal iba a llamar a Villarejo y esta llamada no se ha producido", recoge el documento.

En los meses siguientes, el letrado y Díez vuelven a hablar sobre esa vía. "¿Pudiste llamar al fiscal? Porque hoy me han repetido que no has llamado", dice la segunda. "Nefasto q me vuelve a insistir en q no ha pedido q yo llame a fiscalía ni pida cita con él ni tiene nada q hablar conmigo q si quiere llamarme me llamará directamente q nadie ha hablado con él ni va a hablar" [sic], respondió Cabrera. Una semana después, Díez vuelve a la carga: "Te cuento. Te va a recibir el FGE [Fiscalía General del Estado]. Ahora te digo lo que me ha dicho".

En el móvil de Díez los investigadores también han hallado una captura de pantalla de un texto titulado "Acuerdo V", en lo que podría entenderse como una referencia a Villarejo. En él, se recoge una suerte de acuerdo por el cual "el cliente" aceptaría "una pena de cárcel" que no conllevaría la vuelta a prisión y una "multa económica" a cambio de una "colaboración" cuyo "pilar" sería "la entrega del material de audio, emails y documentos comprometidos". Y se citaba a "Rajoy", "Cospedal", "Grupo Planeta", "Manuel Corbí" –en lo que parece una referencia al exjefe de la UCO– o "Jorge Fernández Díaz", entre otros. No obstante, los investigadores aclaran: "Los pormenores de este archivo son desconocidos, pues se trata únicamente de una imagen sin metadatos".

Durante su declaración como testigo ante la Guardia Civil, el abogado de Villarejo reconoció haber mantenido alguna reunión con Díez, aunque dijo que el contenido de aquellas conversaciones le pareció "muy poco creíble y muy fantasioso", según consta en el acta de la comparecencia. No obstante, no reconoció los documentos mencionados anteriormente, dijo que ni asesoró ni participó en ningún acuerdo escrito o verbal entre la fontanera y el comisario jubilado y negó que él o su cliente se reunieran con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. También negó que por intermediación de Díez se reuniera con el fiscal del caso Villarejo. De hecho, confirmó que hubo un intento de acercamiento que el representante de Anticorrupción rechazó.

El empresario Rafael Reiter Muñoz, quien fuera gerente de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), situó al máximo responsable operativo del Cuerpo Nacional de Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy en el epicentro de la guerra sucia contra Podemos. En febrero de 2022, el exdirectivo de la petrolera declaró como testigo ante agentes de la Unidad de Asuntos Internos. Y allí, en el Complejo Policial de La Verneda, relató una reunión a la que asistió el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y en la que se le ofreció la nacionalidad española a cambio de información sobre la financiación de Podemos. El acta de su declaración, a la que ha tenido acceso infoLibre, acaba de ser remitida al juez Santiago Pedraz, que investiga desde hace meses las maniobras contra el partido morado.

El Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional indaga desde hace más de dos años en las supuestas investigaciones prospectivas de personas que formaban parte de Podemos. En el marco de esta causa, la Unidad de Asuntos Internos trasladó el resultado de una auditoría que evidenciaba cientos de consultas en bases de datos policiales sobre decenas de diputados en los años 2015 y 2016. En algunos casos, se produjeron en el marco de operaciones como Venus –centrada en el montaje del informe Pisa–, Bolívar –que guarda relación con el montaje de la cuenta en Granadinas– o Cardenal –que versa sobre el montaje de la cocaína contra el exeurodiputado Miguel Urbán–. En otros muchos eran, simplemente, consultas automáticas y rutinarias por el alojamiento en hoteles, renovaciones de DNI o viajes.

En el marco de estas pesquisas, Pedraz solicitó en febrero determinada información al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, donde se investiga una supuesta trama de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados y hasta un espía israelí que, presuntamente, extorsionaba a exdirigentes venezolanos vinculados con el blanqueo de capitales. Una causa, Caranjuez, que ha terminado desvelando más detalles de las maniobras del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Una cúpula policial y política que en estos momentos está siendo juzgada por Kitchen, la supuesta operación parapolicial para boicotear la investigación de Gürtel.

El instructor solicitaba, entre otras cosas, un informe de diciembre de la Unidad de Asuntos Internos en el que se recogían una serie de mensajes entre el ex militar israelí Alberto Galán, alias Avi –a quien sitúan al frente de la delegación española de la organización– y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. "Por cierto, hablando de dinero: los 300.000 euros que pediste tú? [sic]", escribía el primero. Apoyándose en una carta que habría redactado Martín Rodil –abogado, colaborador de la DEA y jefe de Galán –, Asuntos Internos llega a la conclusión de que el dinero pedido podía estar destinado al pago como fuente del venezolano Carlos Alberto Arias, que fue quien facilitó a la Policía la falsa cuenta bancaria de quien fuera líder de Podemos, Pablo Iglesias, en Granadinas.

Pedraz, por otro lado, también pedía que se le facilitara la declaración que hizo como testigo ante agentes de Asuntos Internos el venezolano Rafael Reiter Muñoz, quien fuera hasta 2014 jefe de seguridad en Pdvsa. En su comparecencia, aseguró que en "marzo o abril" de 2016, coincidiendo con la irrupción de Podemos como tercera fuerza parlamentaria, se presentó en su domicilio el abogado José Aliste diciendo que venía de parte de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía chavista, y que tenía "un encargo de la policía española". Se citaron para esa misma tarde en su despacho. Y a aquel encuentro acudieron "varios funcionarios" policiales, entre los que cita a "Gago" y a "Catalán". "En dicha reunión se le solicitó colaboración relativa a la financiación del partido político del grupo Podemos", recoge el acta de declaración.

Tras este primer encuentro, se organizó un segundo en Madrid, en un restaurante del exclusivo barrio de Salamanca en el que, además de los anteriormente citados –Gago, Catalán y Aliste– acudieron "Boni", "Peláez", "El Gordo" –así se conocía en el cuerpo al comisario jubilado Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información– y el entonces director adjunto operativo Eugenio Pino. "Es en ese encuentro en el que se le ofrece a cambio de su colaboración la posibilidad de obtener la nacionalidad española por medio de carta de naturaleza –es decir, por decisión discrecional del Gobierno–", continúa el acta. A partir de ahí, Pino ordenó que los interlocutores con el exgerente de Pdvsa fueran "Boni" y "Catalán".

En la causa de la guerra sucia contra Podemos están siendo investigados, entre otros, el ex director adjunto operativo, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o los inspectores jefe Bonifacio Díaz Sevillano y José Ángel Fuentes Gago. Una lista a la que se acaba de sumar el comisario jubilado José Manuel García Catalán, quien como jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) viajó en abril de 2016 a Nueva York para entrevistarse con el exministro venezolano Rafael Isea, a quien se ofreció una "nueva vida" a cambio de información sobre Podemos. Durante su declaración como investigado, Pino negó haber participado en ninguna operación contra Podemos. Y lo mismo hicieron el resto de imputados.

El exgerente de la petrolera estatal no es el único que ha puesto el foco sobre Pino. El exviceministro venezolano de Desarrollo Energético Javier Alvarado Ochoa, por ejemplo, contó al juez que en aquellos primeros meses de 2016 se reunió en dos ocasiones con Pino en su despacho y le entregó abundante documentación sobre las relaciones de Hugo Chávez con empresas españolas y movimientos de dinero. Sin embargo, el ex director adjunto operativo solo parecía interesado en información sobre la formación morada, por lo que el exviceministro chavista se comprometió a hablar con las agencias de inteligencia.

El juicio del caso Kitchen, centrado en una supuesta operación parapolicial para evitar que información comprometedora para el PP acabara añadiéndose al caso Gürtel, se ha retomado este lunes con la declaración de quien fuera máximo responsable operativo de la Policía Nacional en aquella época y del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El ex director adjunto operativo Eugenio Pino ha seguido al milímetro la línea defensiva marcada a lo largo de la vista oral y ha insistido en que lo que él encargó en aquellas fechas fue una operación de inteligencia completamente legal sobre la familia Bárcenas, un asunto del que ha protegido a sus máximos jefes políticos. Un guion del que se ha salido, en parte, Villarejo, quien no ha dudado en poner el foco sobre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy: "Se aprovechó de esta operación".

El instructor de la causa, el magistrado Manuel García-Castellón, circunscribió en exclusiva la Kitchen a la cúpula del Ministerio del Interior que lideró Jorge Fernández Díaz, a quien se asignó la X de la trama. Una conclusión que, sin embargo, siempre consideró precipitada la Fiscalía Anticorrupción, que se quejó de las reticencias del instructor a la hora de ahondar en la "conexión política". "Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja", criticaba en el recurso de apelación contra el auto de procesamiento que dejó fuera del banquillo a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Tanto el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como la exministra declararon a finales de abril como testigos en el juicio. Ahora, dos meses después, Villarejo vuelve a colocar al exlíder del Ejecutivo bajo el foco. "¿Usted le reportó a Francisco Martínez –ex secretario de Estado de Seguridad– la información que le transmitía Sergio Ríos?", ha preguntado el fiscal Anticorrupción, César de Rivas, a cuyo interrogatorio sí se ha sometido el comisario jubilado –a diferencia del resto de acusados que han declarado hasta el momento–. "En líneas generales, todo lo que le preocupaba al presidente del Gobierno. A balón pasado, ahora creo que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta para localizar bienes en el extranjero para, si había algo que le afectara a él, pues también trincarlo", ha comenzado.

"Tengo la impresión de que tanto el señor ministro como el secretario de Estado fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con Cardhu –un whisky–", ha completado Villarejo. El excomisario ha disparado una y otra vez contra el exjefe del Gobierno. Así, ha dicho que el expresidente le pedía "a través de terceros" que le mantuviera informado "directamente" porque "no se fiaba de las versiones que le pudiera contar" el exministro del Interior. Y ha llegado a decir que ojalá hubiera llegado a sus manos algo que "hubiera afectado" al expresidente del Gobierno: "Me hubiera hecho mucha ilusión".

La Fiscalía Anticorrupción define la Kitchen en su escrito de acusación como una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" en poder de Bárcenas que pudieran "resultar incriminatorias" para la formación conservadora y sus máximos dirigentes en Gürtel. Un trabajo que quedó plasmado en diferentes informes policiales. La primera vigilancia a la familia del extesorero por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –un grupo que lideró el propio García Castaño– de la que hay constancia se produjo el 25 de julio de 2013. En octubre de ese año, El Gordo llevó a cabo, junto a agentes de su unidad, el volcado de varios dispositivos telefónicos de Luis Bárcenas.

Pino, sin embargo, ha defendido que lo que se ordenó realmente fue una "operación de inteligencia" sobre la familia del extesorero porque les había llegado información de que había un Range Rover listo para "desplazarse" a Suiza. "Cuando hay un coche esperando para ir a por dinero, evidentemente hay que montar un servicio, nos pongamos como nos pongamos", ha lanzado el ex director adjunto operativo. Un trabajo que se mantuvo hasta finales de 2015, cuando deciden ponerle fin después de que el hijo del extesorero se fuera a Chile: "No está lejos de Paraguay, le ha dado tiempo a hacer lo que le ha dado la gana con el dinero que, en teoría, tenía Sanchís". A partir de ese momento, se decide poner punto y final a los pagos con cargo a los fondos reservados a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y, como topo, pieza fundamental en la Kitchen.

Una versión similar ha dado, en este punto, Villarejo. No obstante, el comisario jubilado, en este punto, ha añadido a la misión principal –buscar información sobre el dinero en el extranjero– el encargo de verificar si existía otro material que pudiera afectar a las "altas instituciones del Estado". Y, en concreto, que pudiera vincular al rey emérito Juan Carlos de Borbón con el "tráfico de armas". Durante el largo interrogatorio, el fiscal Anticorrupción ha tratado de resaltar, una y otra vez, las contradicciones con lo declarado en fase de instrucción, donde Villarejo aseguró que había "mucho interés" en saber si el extesorero del PP tenía "información nuclear" del Gobierno.

El hecho de que Pino haya marcado 2015 como punto y final de la Kitchen no es casual. ¿Por qué? Porque el Parte Informativo Investiga, documento normalizado que es requerido formalmente para dar de alta pesquisas policiales en Gati –la base de datos que hace cruces entre investigaciones– no se elaboró hasta finales de mayo de 2015, cuando el grueso de las vigilancias a la familia se llevaron a cabo en el verano de 2013. De esta manera, sostiene la Fiscalía Anticorrupción, "crearon la apariencia de que algunas de las informaciones" que habían conseguido de Bárcenas y su entorno –relaciones, vehículos o sociedades– habían sido compartidas con la unidad policial investigadora de la Gürtel. Un movimiento con el que se buscaba, en definitiva, "enmascarar" el espionaje.

En aquel parte figuraba como unidad investigadora la Dirección Adjunta Operativa, un detalle sobre el que también se ha puesto el foco durante el juicio. Pino, sin embargo, ha resaltado que la DAO puede realizar operaciones de inteligencia. De hecho, ha dicho que mientras él estaba al frente de la misma se hicieron "unas 30 ó 40". Del mismo modo, ha negado que ese dispositivo policial puesto en marcha nada tuviera nada que ver con la Gürtel, otro asunto relevante dado que el investigador principal de esa causa negó que a él le informase nadie ni de la existencia ni de los resultados de esa operación dirigida, precisamente, a localizar el dinero en el extranjero de Bárcenas. No obstante, Pino ha asegurado que informó de la Kitchen al mandamás de la Comisaría General de Policía Judicial.

Pino ha explicado que llegaron al chófer a través del inspector Andrés Gómez Gordo. El entonces asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha le dijo que alguien había intentado tocar –es decir, captar– a Ríos, algo que él trasladó al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que fue quien propuso finalmente a Villarejo para que se hiciera cargo del confidente y de la operación. Algo que ha confirmado el comisario jubilado. Durante su declaración como testigo, Cosidó negó haber tenido conocimiento alguno de la Kitchen. Dijo que no sabía que se intentara captar a Ríos como confidente. Y que nunca escuchó hablar de un despliegue policial de estas características. "No recuerdo. No tengo constancia", lanzó durante su comparecencia.

"Villarejo se hace cargo del asunto porque se lo encargo yo", ha resaltado Pino, quien ha detallado que en un momento dado el comisario jubilado pidió apoyo operativo porque un preso "amigo" del extesorero iba a salir de prisión y podía "manipular alguna cuesta". Fue entonces cuando se encargó a la UCAO que diera apoyo a Villarejo en la operación de inteligencia. Una unidad dirigida por El Gordo, cuyo tirón de manta en fase de instrucción persigue a los acusados. Una declaración que Pino ha intentado desacreditar, insinuando que García Castaño iba por libre. "No", ha dicho cuando le han preguntado si el comisario le informó sobre el volcado de los teléfonos de Bárcenas. Y lo mismo ha respondido cuando le han preguntado si se le comunicó la entrada en el taller de la esposa de Bárcenas: "No lo sabía, y además creo que ese hombre no entró".

"García Castaño es espía, siempre son relativos los espías", ha sentenciado el ex director adjunto operativo, quien también ha lanzado un salvavidas a sus jefes políticos: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Así, ha negado que él informase a ambos sobre el operativo sobre la familia Bárcenas. "Yo con el ministro no hablaba de esas cosas, no he hablado nunca de aspectos operativos", ha resaltado.

Y mientras Pino cubría a los máximos responsables del Ministerio del Interior, Villarejo cubría a su manera al ex director adjunto operativo. "El señor DAO no se enteraba de nada, estaba todo el día haciendo dibujitos de los uniformes y las medallas", ha dicho sobre el primero. Y sobre Martínez, ha llegado a decir que tenía que haber sido secretario de Estado de Cultura porque "no tenía ni idea de nada de temas de Interior". "No está para hacerle un traje a nadie", ha dicho la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, al comisario jubilado, que también ha negado haber hecho gestiones al más alto nivel –como dijo a Ríos en una conversación grabada– para que el chófer de Bárcenas accediese a la Policía: "Yo le contaba a la gente lo que quería oír".

Cuando Víctor de Aldama abandonó la prisión de Soto del Real en virtud de un soterrado pacto de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, lo hizo con una advertencia al Gobierno: "Que no se preocupe el señor [Pedro] Sánchez, que va a tener pruebas". Desde entonces, se ha convertido en protagonista principal de la actualidad política y judicial española. E, incluso, parte de la derecha mediática ha vestido como adalid de la lucha contra la corrupción al mismo comisionista que se encuentra investigado por un fraude tributario millonario con los hidrocarburos. Un empresario cuyo nombre se repite, una y otra vez, en las distintas causas judiciales que marcan, en estos momentos, la agenda mediática nacional.

Tres son, fundamentalmente, los procedimientos de gran envergadura que persiguen al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al PSOE. Se encuentran en la Audiencia Nacional. En concreto, en los Juzgados Centrales de Instrucción nº2 y nº5, si bien son tres los magistrados que dirigen las pesquisas: Ismael Moreno, Santiago Pedraz y José Luis Calama. Todos ellos conectan, en algunos puntos, entre sí. Tanto es así que incluso en la investigación que ha puesto bajo la lupa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se añaden elementos procedentes, por ejemplo, del caso Mascarillas. En concreto, mensajes intervenidos al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Aldama.

El 21 de febrero de 2024 estalló el que acabaría siendo el gran quebradero de cabeza para el Gobierno. La llamada Operación Delorme puso al descubierto una trama de cobro de comisiones alrededor de los contratos para la compraventa de mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Aquella investigación, en la que Fiscalía Anticorrupción y Unidad Central de Apoyo Operativo (UCO) de la Guardia Civil fueron de la mano, recaló en el Juzgado Central de Instrucción nº2, al frente del cual se sitúa el magistrado Ismael Moreno. Sin embargo, a medida que el asunto fue escalando en el organigrama, la parte que afectaba al exministro socialista José Luis Ábalos por los contratos de Transportes que reportaron pingües beneficios a Aldama fue derivada al Supremo, donde acaba de ser juzgada.

Tras el visto para sentencia del Alto Tribunal, aún quedan en la Audiencia Nacional varios frentes abiertos alrededor de esta causa. Por un lado, el relativo a los contratos de mascarillas adjudicados en pandemia por Puertos del Estado, Adif o los Gobiernos de Baleares y Canarias a Soluciones de Gestión –mercantil vinculada a Aldama–, así como al enchufe de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas públicas. Por otro, la pieza centrada en la trama de adjudicación de contratos de obra pública a cambio de mordidas, un asunto por el que estuvo en prisión provisional el sustituto de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE: Santos Cerdán. Y que salpica, entre otros, al empresario Antxon Alonso, supuesto socio del exdiputado en Servinabar, que acudía de la mano de Acciona a concursos públicos.

Y luego está una tercera pata, que es la relativa a la financiación del PSOE. Mientras investigaba el caso Mascarillas, el Supremo se encontró con una serie de pagos en metálico por parte de la formación política en favor de Ábalos y García. Y tras unas diligencias que no lograron aclarar algunas cuestiones, el magistrado Leopoldo Puente mandó el asunto a la Audiencia Nacional. El partido facilitó un pendrive con información a Moreno, quien dado el "carácter reservado" de la documentación decidió abrir una pieza que, a día de hoy, sigue secreta. Además, el instructor solicitó a Aldama que aportase el sobre con las siglas PDVSA –en referencia a la petrolera estatal venezolana– que, según él, guardaba relación con la supuesta financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista.

Agentes de la UCO de la Guardia Civil se presentaron el pasado miércoles en la sede socialista de Ferraz con un requerimiento de información. Pero aquella entrada nada tenía que ver con la financiación del partido, sino que se enmarcaba en otra causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, que lidera el magistrado Santiago Pedraz, y que vuelve a tener como epicentro la Secretaría de Organización del PSOE. Un procedimiento que mezcla supuestas maniobras para teledirigir expedientes administrativos con una supuesta trama para dinamitar causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno.

La primera parte de este caso explotó el pasado mes de diciembre con las detenciones del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, del empresario Antxon Alonso y de Leire Díez. El nombre de esta última había saltado a los medios medio año antes, cuando El Confidencial desveló una grabación en la que esta mujer, estrechamente vinculada al PSOE, ofrecía ayuda a Alejandro Hamlyn, perseguido por un fraude tributario millonario con los hidrocarburos, a cambio de información contra Antonio Balas, máximo responsable del departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO. Un empresario que, casualmente, compartía abogado con Aldama.

Los tres conformaban, según las pesquisas, un grupo denominado Hirurok –"nosotros tres", en euskera– que llevaba funcionando desde 2021 y cuyo objetivo sería "orientar la resolución de diversos expedientes" seguidos en la Administración "en beneficio propio o de terceros y actuando siempre con una finalidad lucrativa". Para ello, se aprovechaban de su "posición, relaciones y capacidad de influencia" sobre personas "vinculadas a la función pública". Bajo la lupa, supuestos amaños por valor de 132,9 millones de euros en ayudas y adjudicaciones.

En las entradas y registros de diciembre los investigadores se incautaron de abundante material que ha permitido, al menos indiciariamente, vincular a Cerdán con esta operativa criminal desde un "plano de jerarquía superior". Y, además, abrir una nueva línea de investigación, según la cual el ex secretario de Organización socialista habría encargado a Díez, que actuaba acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, "la coordinación y ejecuciones de una serie de actuaciones con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno".

En el auto conocido esta semana, Pedraz señala al menos cinco actuaciones que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Anticorrupción a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes. A cambio de su labor, Díez, según el juez, habría comenzado recibiendo pagos de 4.000 euros al mes que se habrían canalizado, según el magistrado, a través de la consultora del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías. Luego, el abogado ahora imputado Ismael Oliver habría prestado dos sociedades para facilitarle los fondos. Transferencias de dinero que, según el auto, se justificaron con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

"[Cerdán] habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos...) de algunos de sus miembros", defiende el instructor. De ahí, el requerimiento de información de esta semana, que se prolongó durante 12 horas.

Ocho días antes de la entrada de la UCO en Ferraz, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraban la oficina que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene justo enfrente de la sede socialista. Lo hacían en el marco de una causa dirigida, de nuevo, por el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional, si bien en este caso las pesquisas las lideraba el magistrado José Luis Calama después de que el titular del órgano hubiera decidido abstenerse dada la relación que había mantenido con uno de los abogados investigados en el procedimiento.

El instructor coloca al exlíder del Ejecutivo, que declarará como investigado a mediados de junio, en el "vértice" de una "estructura organizada y estable" que ejercía "influencia sobre instituciones públicas a favor de terceros a cambio de pagos", algo que relaciona con el rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió a la aerolínea Plus Ultra. Y lo hace apoyándose, fundamentalmente, en una serie de comunicaciones intervenidas a terceras personas o en los pagos que la familia del expresidente –tanto él como sus hijas a través de su agencia WhaThaFav– recibió del entramado societario de su amigo Julio Martínez. Entre otras, de la empresa Análisis Relevante, para la que Zapatero trabajaba como consultor.

Además, el instructor sitúa a Zapatero detrás de la creación de una sociedad offshore en Dubái hacia cuyas cuentas bancarias sospecha el juez que se canalizó una comisión de 530.000 euros por el rescate de la aerolínea. Algo que, por el momento, ata en base a una coincidencia temporal. El 26 de enero, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, avisa al gestor de Martínez de una "reserva para dos" en un restaurante "a nombre de Julio". Y el 27 de enero, el amigo de Zapatero recibe un correo de Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, con indicaciones sobre cómo crear una sociedad en Emiratos Árabes Unidos y un "siguiendo con lo conversado en el día de ayer".

En su auto de imputación, y con la vista puesta en el rescate de Plus Ultra, el magistrado pone también el foco en una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. De este encuentro se tiene constancia a través de un oficio que la UCO remitió a la causa con información extraída de los teléfonos de Ábalos, Aldama o García.

*Se ha modificado este texto para aclarar que Cerdán estuvo solo unos meses en prisión provisional.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se ha desvinculado este miércoles por completo de la operación Kitchen, de la que, según ha asegurado, se enteró por los medios a finales de 2015 o comienzos de 2016, más de dos años después de que se llevaran a cabo los seguimientos sobre la familia Bárcenas. El exdirigente conservador se sentó frente al tribunal justo después de que lo hiciera Francisco Martínez, su ex número dos, quien evitó comprometer a su exjefe. Y de esta manera, en una comparecencia que apenas se alargó una hora, Fernández Díaz desplegó con comodidad su estrategia de defensa, que pasó por negar que él enviara a Martínez los mensajes que le comprometen y por alegar desconocimiento total y absoluto sobre el operativo policial que se juzga en la Audiencia Nacional, algo que, sin embargo, entra en contradicción con lo poco que sobre él ha dicho su ex número dos.

Dos eran los elementos que salpicaban al exdirigente conservador en Kitchen y que lo situaban como conocedor de la operación. Por un lado, el testimonio que dio en fase de instrucción Martínez, el ex secretario de Estado de Seguridad. Y, por otro, los mensajes que éste protocolizó ante notario en junio y octubre de 2019, cuando la investigación judicial estaba bajo secreto. En la primera tanda, destacaba uno fechado el 13 de julio de 2013: "Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Y en la segunda, otro del 18 de octubre de ese año en el que se señalaba que la "operación" se había hecho "con éxito": "Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe".

Las fechas de envío de los mensajes, que fueron remitidos desde un número que pertenecía por aquel entonces al Ministerio del Interior, son clave. La primera vigilancia a la familia Bárcenas por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la que existe constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013. Y el volcado de los dispositivos electrónicos de Bárcenas, confirmado por dos agentes durante el juicio, se produjo a mediados de octubre. Durante toda la fase de instrucción, Fernández Díaz negó que él hubiera mandado nada, mientras Martínez insistía en la autoría del exministro.

Pero durante su declaración de este miércoles, y siguiendo la línea de defensa conjunta desplegada durante todo el juicio, tanto Martínez como su abogado han evitado hacer alusión alguna a estos mensajes, y eso que ambos han dedicado buena parte del interrogatorio a aclarar una buena cantidad de WhatsApp intercambiados por el ex secretario de Estado de Seguridad. Un silencio que ha dejado vía libre al exministro para desvincularse de los mismos. "¿Usted reconoce este mensaje? ¿Usted remitió este mensaje a don Francisco Martínez a través de mensajería instantánea a teléfono móvil suyo?", le ha preguntado su abogado. "No, claro que no", ha respondido Fernández Díaz, quien ha insistido una y otra vez que él "entre el año 2013 y el año 2015" no supo nada de la operación alrededor del extesorero del PP.

Esa afirmación del exministro, lo de que se enteró de la Kitchen por los medios de comunicación, entra en manifiesta contradicción con lo poco que ha dicho sobre él Martínez. En concreto, con lo de que el 13 de julio de 2013 le llamó el exministro para que se enterara de si alguien cercano a la familia Bárcenas "estaba colaborando" con la Policía Nacional, algo que confirmó a través del ex director adjunto operativo Eugenio Pino y trasladó a su jefe. Tanto Fernández Díaz como Martínez han respondido solo a las preguntas de sus abogados, por lo que el fiscal ha pedido que se incorporen sus declaraciones en fase de instrucción, a las que el abogado de Podemos ha pedido también que se sume el tenso careo que se registró entre ambos.

"Hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba –en referencia al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy– ni por abajo –en referencia a Pino–, ni por la derecha ni por la izquierda. Nadie me habló de esa operación", ha insistido hasta en dos ocasiones. Del mismo modo, ha negado todos y cada uno de los hechos que se le imputan. "En absoluto", ha repetido cuando su abogado le ha preguntado si había ordenado vigilancias a la familia Bárcenas, la entrada en el taller de restauración de su mujer o el volcado de los dispositivos del extesorero. "Son cuestiones operativas, de ninguna manera el ministro se interesa por esto", ha dicho al ser preguntado específicamente por lo último.

También ha negado que hubiera mandado espiar a Bárcenas dentro de la prisión de Soto del Real. O haber maniobrado para boicotear las investigaciones de Manuel Morocho, quien fuera inspector jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) e investigador principal de Gürtel. El agente relató durante su declaración como testigo que el acusado José Luis Olivera, exjefe de la UDEF y el CITCO, le ofreció por aquellas fechas un retiro dorado en Lisboa y que, en el marco de aquella conversación, recibió una llamada a la que respondió con un "sí, ministro, estoy con él". "Esa información es falsa. Esa llamada yo no la he hecho en mi vida", ha afirmado Fernández Díaz.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide 15 años de cárcel para el exministro, define la Kitchen en su escrito de acusación como una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" en poder de Bárcenas que pudieran "resultar incriminatorias" para la formación conservadora y sus máximos dirigentes en Gürtel. Fernández Díaz, sin embargo, ha dicho que nadie en aquellas fechas dentro del partido le mostró "inquietud o preocupación" sobre eso. Y ha querido dejar claro que su nombre ni siquiera salía en los papeles de Bárcenas, por lo que a él ese tema ni le "interesaba" ni le "preocupaba".

Casi dos meses después de su arranque en la Audiencia Nacional, el juicio de la operación Kitchen ha entrado este miércoles en su fase final con las declaraciones de los acusados. El primero ha sido el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien solo ha respondido a las preguntas de su abogado. A lo largo de dos horas, el ex número dos del Ministerio del Interior ha calificado como "denominación periodística" la Kitchen, supuesta operación parapolicial para evitar que información comprometedora para el PP pudiera terminar aportada al caso Gürtel. Y ha negado haber encargado localizar los "discos duros" del extesorero Luis Bárcenas. Es más, ha dicho que no había preocupación por ellos. Ni suya ni de su jefe, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a quien ha evitado poner en la picota.

Al ex secretario de Estado de Seguridad le arrastraron a la causa, fundamentalmente, las declaraciones en fase de instrucción de Enrique García Castaño, quien fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, que es la que realizó el grueso de los seguimientos a la familia Bárcenas. El Gordo, así le llamaban, aseguró al instructor que fue Martínez quien le encargó buscar los discos duros del extesorero con la "contabilidad" del PP, sobre los que existía preocupación. Y que a él le entregó en su despacho un "pendrive" con el contenido de un volcado que se hizo de varios dispositivos del extesorero, un dispositivo que le dio junto con un ordenador.

Martínez ha negado tajantemente haber dado tal orden a García Castaño: "Radicalmente no. Además, creo que eso de los discos duros de Bárcenas es una leyenda mediática. [...] No solo es falso, sino que es una fantasía", ha resaltado frente al tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios. Es más, ha dicho que "jamás" percibió "interés o preocupación" por "discos duros y contabilidades". "Y, por supuesto, jamás del ministro", ha completado. Y lo mismo respecto a las famosas grabaciones que Bárcenas asegura que tenía sobre, entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. "Lo que yo percibía era que eso no se creía e, incluso, hasta se bromeaba con ello. Nadie me transmitió jamás ninguna preocupación por haber sido grabado por Bárcenas. Y, desde luego, nunca me la transmitió el ministro", ha aseverado.

La relación entre Martínez y Fernández Díaz lleva años muerta. Sin embargo, ambos han remado en la misma dirección durante el juicio. Una línea de defensa conjunta que se ha mantenido hasta el final. Durante su comparecencia, el ex secretario de Estado ha evitado en todo momento referirse a las comunicaciones que protocolizó en 2019 ante notario, unos mensajes que él dijo que le mandó su jefe y que evidenciarían que el mismo estaba al tanto de toda la operación policial sobre el entorno de Bárcenas. Aquellas comunicaciones, que en fase de juicio ha decidido guardar en un cajón, son, precisamente, las que más persiguen a Fernández Díaz en la causa. Y las que en fase de instrucción provocaron un tenso careo entre jefe y subordinado.

El ex secretario de Estado, sin salirse un milímetro de la línea de defensa marcada, ha vestido la Kitchen como una suerte de operación de inteligencia legal orientada a "descubrir" si el extesorero conservador disponía de más fondos en el extranjero y de si había "más personas" implicadas "a modo de testaferros". En este sentido, ha dicho que entiende que toda la información recopilada de "interés" era trasladada a la Policía Judicial, que era donde, a través de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se investigaba Gürtel. Ahora bien, ha dejado claro que no era su cometido saber si ese intercambio de datos se estaba produciendo. No obstante, ha resaltado: "Presumo que todos actuaban dentro de sus funciones y dentro de la legalidad, y no tenía ninguna razón para cuestionarlo".

Ha dicho que se enteró por su jefe el 13 julio de 2013 de que alguien cercano a Bárcenas estaba colaborando con la Policía Nacional, algo que confirmó a través del ex director adjunto operativo Eugenio Pino y traslado al ministro del Interior. Pero poco más. "Yo no tenía ni la más remota idea de esto", ha lanzado Martínez. Y ha querido dejar claro que él nunca ordenó "investigaciones sobre nada". De esta manera, ha negado que mandara registrar el local de Rosalía Iglesias, sobre el que también existía "una leyenda mediática". O que García Castaño le informara sobre el resultado de esa entrada, que según reconoció en sede judicial realizó él mismo.

También ha rechazado que diera orden de clonar los teléfonos del extesorero, cuyo volcado ha sido confirmado por dos agentes de la UCAO. Y, por supuesto, que recibiera el contenido de los mismos. Efectivamente, ha dicho, García Castaño y sus colaboradores acudieron en su día a la Secretaría de Estado de Seguridad con un ordenador que pusieron a su disposición. Ahora bien, ha señalado que el contenido del mismo no tenía absolutamente nada que ver con la Kitchen. "Tenía información de un asunto secreto del ámbito internacional. Como estaba en varios idiomas, me habilitaron una herramienta", ha resaltado.

Del mismo modo, ha negado que él ordenara que se pagara a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y colaborador policial que facilitó la Kitchen, con cargo a los fondos reservados. Al fin y al cabo, ha explicado, él solo daba luz verde a las cifras globales que luego se repartían entre Policía y Guardia Civil. "La cantidad que se le pagaba era la que el manipulador del confidente consideraba que era la adecuada. En eso no solo ni entraba ni podía entrar, es que lo desconocía absolutamente", ha dicho el ex secretario de Estado, quien ha señalado que "nunca" escuchó ni a El Gordo ni al comisario jubilado José Manuel Villarejo "hablar de nada ilegal".

El juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional encara ya la recta final. Tras mes y medio escuchando testimonios, revisando documentos y repasando declaraciones judiciales y audios, los diez acusados deberán sentarse ahora frente al tribunal para dar su versión del supuesto operativo parapolicial sobre el extesorero Luis Bárcenas articulado con el fin de evitar que información comprometedora para el PP acabara en el caso Gürtel. El primero en hacerlo será el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Y luego, quien fuera su jefe, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Ambos llevan enfrentados entre sí desde hace años. Pero durante el juicio han mantenido prietas las filas. Una estrategia defensiva común que las acusaciones dan por hecho que se mantendrá en esta última fase de la vista oral. "Todos de la mano", lanzan.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno de Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias, que se extendieron fundamentalmente entre julio y octubre de 2013, están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes policiales elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado durante el juicio que formaran parte de, como dice la Fiscalía Anticorrupción, una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" que pudieran "resultar incriminatorias" para la formación conservadora y sus máximos dirigentes en Gürtel. Según el relato que han ido hilvanando, fue una "operación policial justificada y totalmente legal" para buscar cuentas bancarias en el extranjero que pudiera tener Bárcenas.

Una tesis que, sin embargo, ha sido puesta en entredicho por algunos testimonios recogidos en el juicio. Enrique Barón, quien fuera durante aquella época el mandamás de la Comisaría General de Información –en la que se encuadraba la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que hizo el grueso de seguimientos–, aseguró que nunca recibió ninguna solicitud de apoyo para actuar sobre el entorno de los Bárcenas ni de la Comisaría General de Policía Judicial ni de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que jerárquicamente se ubica bajo la primera y que era la que llevaba la investigación del caso Gürtel.

Un testimonio al que se suma el de Manuel Morocho, inspector jefe del Grupo XXI de la UDEF e investigador principal de la trama corrupta, quien aseguró que nunca le "llegó" ninguna "nota informativa de inteligencia" procedente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que entonces lideraba el comisario Eugenio Pino, ni nunca pidió apoyo a la UCAO para sus pesquisas. De hecho, aseguró que él se enteró de esa operación en 2015 –dos años después de llevarse a cabo–, cuando la cúpula policial registró la Kitchen en GATI, el fichero de inteligencia que realiza cruces entre investigaciones. Un movimiento con el que se buscaba, sostiene Anticorrupción, "enmascarar" el espionaje.

Algo de oxígeno dio a los acusados José Santiago Sánchez Aparicio, quien fuera comisario general de Policía Judicial y, por tanto, máximo responsable de la UDEF y de Morocho. En su declaración como testigo, dijo que cuando tomó posesión del cargo, Pino le informó sobre una operación de inteligencia sobre el entorno de Bárcenas. Él preguntó a sus subordinados si tenían constancia de ello, pero la respuesta fue negativa. Fue entonces cuando se reunió con el director adjunto operativo y el jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, quien le explicó que se había iniciado dicha "línea de investigación" pero que, al final, no se había desarrollado.

Un problema de salud libró García Castaño de sentarse en el banquillo de los acusados. Pero lo que dijo en fase de instrucción ha marcado las últimas sesiones del juicio. Sus declaraciones, reproducidas ante el tribunal de la Kitchen, ponen el foco, fundamentalmente, sobre el ex secretario de Estado de Seguridad. De hecho, fueron las mismas las que acabaron provocando la imputación de Martínez. Y cuentan con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que las utilizaba en su escrito de acusación –en el que, además, tenían en cuenta la "colaboración tardía" del comisario jubilado–.

Según la declaración de El Gordo, a él le hicieron varios encargos. Uno de ellos, que partió de Pino, estaba orientado a conseguir información sobre el patrimonio en el extranjero que pudiera tener Bárcenas. Pero luego Martínez introdujo un "plus" del que, aseguró durante sus comparecencias ante el instructor, también tuvo conocimiento el ex director adjunto operativo. El ex número dos de Interior le dijo que existía "preocupación" por unos "discos duros" que se habría llevado el extesorero con la "contabilidad". "Y todo lo que hacía en el partido: pagos en A, en B, donaciones...", concretó. "Estaba muy interesado", añadió.

García Castaño, quien llegó a decir que el objetivo del operativo era ocultar documentos comprometedores para el PP, también reconoció haber accedido al taller de restauración de la esposa de Bárcenas. Y haber hecho un volcado de varios dispositivos del extesorero que le facilitó su chófer, el topo en la operación. Una información que, afirmó, hizo llegar a Martínez: "El pendrive se lo entregué al secretario de Estado". Se lo dio, dijo, en su despacho, junto con un ordenador comprado con cargo a los fondos reservados para que no utilizara el oficial.

Dos de los agentes con los que García Castaño fue a ver a Martínez ya han declarado durante el juicio. Durante su comparecencia como testigos, confirmaron que acudieron a la Secretaría de Estado con el comisario. Y que manejaron un ordenador. Ahora bien, aseguraron que la visita nada tenía que ver con el volcado de los teléfonos. "Fuimos por un tema que no tiene nada que ver en absoluto con el que estamos hablando", resaltó uno de ellos. "La información que contenía dentro [del equipo] no provenía de los volcados que se realizaron, con toda certeza", aseveraron.

A Martínez también le persiguen los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo reproducidos a lo largo de la pasada semana en Sala. En uno de ellos, el primero habla de unos "recibos", no sabe si firmados por Bárcenas o por Mariano Rajoy, "cosas" que es "interesante tener", como "el ordenador ese que tienen". "Cuando vea mañana o pasado al Gordo le preguntaré si ya ha hecho lo de la entrada", se escucha a Villarejo, algo que puede guardar relación con el registro reconocido del taller de restauración de la mujer del extesorero. En los audios, Martínez también pregunta "quién paga" al "cocinero", que es como se referían al confidente.

Otra de las grabaciones reproducidas en la Sala recogía una reunión del 16 de diciembre de 2012 entre Fernández Díaz, Pino y Villarejo en la que se abordaba la posibilidad de presentar varias denuncias contra dirigentes independentistas y de la que el exministro no quería que se supiera absolutamente nada: "Yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido". "Con el fiscal jefe del Estado se ha hablado", llega a decir en aquel encuentro, una cita que recuerda mucho a aquel "la fiscalía te lo afina" que pronunció en otro encuentro con quien fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Dos son los elementos que salpican al exdirigente conservador en Kitchen y que lo sitúan como conocedor de la operación. Por un lado, el testimonio que dio en fase de instrucción el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Y, por otro, los mensajes que éste protocolizó ante notario en junio y octubre de 2019, cuando la investigación judicial estaba bajo secreto. En la primera tanda, destacaba uno fechado el 13 de julio de 2013: "Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Y en la segunda, otro del 18 de octubre de ese año en el que se señalaba que la "operación" se había hecho "con éxito": "Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe".

Las fechas son clave. La primera vigilancia a la familia Bárcenas de la que existe constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013. Y el volcado de los dispositivos electrónicos de Bárcenas, confirmado por dos agentes durante el juicio, se produjo a mediados de octubre. Los mensajes, según comprobaron los dos notarios que dieron fe de los mismos, fueron enviados desde un número que Martínez tenía guardado en su terminal con el nombre de "Jorge Fernández Díaz". Pero el exministro siempre ha negado su existencia.

Tiene, en este sentido, algunos elementos a su favor. Por ejemplo, el "borrado" de los mensajes que llevó a cabo Martínez tras documentarlos ante notario impidió a la Policía acceder a los mismos, algo que tampoco pudo hacerse a través de los dispositivos del exministro –no disponía del teléfono que usaba por aquellas fechas–. Durante su declaración como testigos, los dos notarios reconocieron que solo dejaron constancia de lo que vieron y de lo que les dijo Martínez, pero no aseguraban que el teléfono desde el que procedían los mensajes fuera el del exministro del Interior. Los investigadores, no obstante, sí comprobaron durante la instrucción que el titular de aquella línea telefónica era en 2013 el Ministerio del Interior y, a partir de julio de 2019, Jorge Fernández Díaz.

Aquellos mensajes provocaron un tenso careo durante la fase de investigación. Un enfrentamiento que, sin embargo, no ha aflorado durante el juicio de Kitchen. Los acusados han mantenido hasta el último minuto prietas las filas. Y buena prueba de ello es el silencio del abogado de Martínez durante el interrogatorio al perito propuesto por la defensa de Fernández Díaz para sembrar dudas sobre dichos mensajes. "Hay elevados indicios de que algo no cuadra y de algún tipo de manipulación", dijo el testigo de parte. El ex secretario de Estado, además, ha renunciado a su propio perito informático durante el juicio, dejando vía libre a la estrategia de defensa de su exjefe.

El sumario del caso Plus Ultra refleja, entre otras cosas, cómo una investigación sobre blanqueo de capitales que se estaba llevando a cabo en suelo francés y suizo acabó llegando al faro político y moral de la izquierda española. La primera vez que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional puso el foco claramente sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas fue a comienzos de febrero. Entonces, lo hacía tomando como base la documentación intervenida en los registros contra su amigo Julio Martínez. Sin embargo, los mensajes clave con los que el magistrado José Luis Calama ha atado su imputación, los que llegaron de Estados Unidos, no fueron introducidos por los investigadores hasta abril, cuando la causa estaba ya en la Audiencia Nacional.

El origen de todo se encuentra en unas diligencias centradas en el rescate de 53 millones de la aerolínea Plus Ultra que se llevaron en el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid. En 2023, se dictó el sobreseimiento provisional de las mismas. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción reactivó el caso a raíz de la información contenida en una serie de solicitudes de cooperación internacional que llegaron procedentes de Francia y de Suiza sobre una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. El pasado mes de diciembre, agentes de la UDEF detuvieron a Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, presidente y consejero delegado de Plus Ultra respectivamente. Y también al empresario Julio Martínez Martínez, administrador único de la sociedad Análisis Relevante.

Un par de meses después, el 3 de febrero, los investigadores remitieron a la entonces jueza instructora del nº15 de Madrid, Esperanza Collazos, un informe de avance en el que solicitaba nuevas diligencias de investigación. En él, los policías recogían la relación de Zapatero y la agencia de sus hijas –WhaTheFav– con la consultora de Martínez y los pagos percibidos. Y también hacían referencia a una noticia sobre una captura de pantalla contenida en el móvil del empresario Víctor de Aldama referida a una reunión el 7 de septiembre del 2020 entre el expresidente y el entonces ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que el periódico vinculaba al rescate de Plus Ultra.

"Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores consideran la existencia de indicios suficientes para concluir, al menos de manera preliminar, que no sería Julio Martínez Martínez el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería realmente a José Luis Rodríguez Zapatero", lanza la UDEF. El amigo del expresidente, completa, "actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Rodríguez Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra”.

Veinte días después, y ante la dimensión que había adquirido el caso, el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid decide enviar el asunto a la Audiencia Nacional. En el auto de inhibición, Collazos apunta de nuevo hacia Zapatero y sus hijas. Lo hace mencionando los pagos de Análisis Relevante. Y añade un nuevo elemento que unos días antes le ha trasladado la Fiscalía Anticorrupción: un chat llamado "Danilo-España" que fue intervenido en el despacho del abogado Miguel Palomero. De él, apunta la magistrada, se extrae que el empresario venezolano Danilo Diazgranados mantiene una relación "personal y económica" con alguien denominado "Zorro", "Z" o "ZZZZ", "quien ha sido identificado como José Luis Rodríguez Zapatero".

Cuando Calama acepta hacerse cargo del caso, lo hace a través de un auto en el que se hace mención al chat entre Palomero y Diazgranados pero sin aludir en ningún momento al exlíder del Ejecutivo. Algo que tampoco hizo el pasado martes en el auto de imputación de Zapatero, donde no consta ni una alusión a "Zorro" o "ZZZZ". Aquella resolución, más bien, ataba la imputación con, entre otros, una serie de mensajes intervenidos a Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera uno de los principales accionistas de Plus Ultra. "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", rezaba uno de ellos. "Acaba de hacerse puente con ZP", dice otro.

Todas esas comunicaciones fueron remitidas por la Homeland Security Investigations de Estados Unidos. El brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional realizó en el año 2021 una "extracción telefónica" de un dispositivo perteneciente al empresario hispanovenezolano, contra quien se ha dictado una orden de detención internacional. Al considerar que la información obtenida podría ser de interés para las autoridades españolas y relevante para la presentación de cargos, la agencia "obtuvo las autorizaciones necesarias" y compartió "dicha extracción".

Se desconoce en qué momento llegó esa información a nuestro país. Sin embargo, sí se sabe que los agentes de la UDEF empezaron a incluirla en sus informes a partir de abril, cuando el caso ya se encontraba en la Audiencia Nacional. "El presente informe [...] tiene por objeto poner en su conocimiento que través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la [...] Homeland Security Investigations ha puesto a disposición de esta Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, una evidencia que contiene información relevante para el procedimiento que se sigue", apuntaban los investigadores en su oficio del 22 de abril.

Además del intercambio de mensajes de terceros, algunos de ellos procedentes de un dispositivo móvil incautado en 2021 por las autoridades de EEUU al accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas, otro de los pilares fundamentales de los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ha derivado en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es el financiero. Los investigadores dedican más de medio centenar de páginas en uno de ellos a seguir el rastro del dinero a través de toda la red societaria que se encuentra bajo la lupa del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Y a identificar a los beneficiarios finales de los fondos, entre los que se encuentra el exlíder del Ejecutivo y sus hijas.

El documento policial bebe de los datos tributarios contenidos en un documento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), de información de inteligencia financiera y de un análisis bancario. En base a esto, los investigadores identifican a lo largo de seis años (de 2020 a 2025) ingresos en las cuentas de la familia Zapatero por 4,079 millones de euros. El 61% de esos abonos, 2,51 millones de euros, procedían de empresas sobre las que ponen la lupa los investigadores. Y el 39% restante, 1,569 millones, de otras sociedades que los inspectores jefes de la UDEF mencionan en su informe pero que, al menos por el momento, no quedan incluidas dentro de ese entramado bajo sospecha que se analiza en la Audiencia Nacional.

Dentro del primer grupo destaca, fundamentalmente, Análisis Relevante, cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez, amigo íntimo de Zapatero. Esta empresa, que tiene entre sus clientes a la aerolínea Plus Ultra –cuyo rescate de 53 millones pone en cuestión ahora el instructor–, transfirió fondos tanto a Zapatero como a la empresa de sus hijas: WhaThaFav. Al primero, 490.780 euros. Y a la sociedad, 239.755 euros. En ambos casos, en seis años. Durante su intervención en la comisión de investigación del Senado, el expresidente del Gobierno dijo que esos cobros eran por su papel como consultor –realizaba informes tanto orales como escritos–. Y que cuando le plantearon ese desempeño, él propuso que la agencia de sus hijas "hiciera las tareas de marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y de apoyo a mí como consultor".

Según los informes policiales, WhaTheFav y Análisis Relevante firmaron un contrato el 1 de junio de 2020 por el cual la primera se comprometía "a suministrar datos y estadísticas de internet" a la primera, a facilitar "espacio en sus instalaciones" para uso de la segunda o a ayudar a la firma de Martínez en la "realización de eventos". Pero las pesquisas realizadas hasta el momento solo reflejan una labor de maquetación y envío de informes ya elaborados a los clientes de Análisis Relevante por parte de la agencia. Tareas de "escasa entidad técnica" que hacen sospechar a los investigadores de que la empresa de las hijas "pudiera estar siendo utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica".

Esa dinámica de ingresos en una doble dirección se aprecia también con otras dos sociedades que el instructor tiene bajo la lupa: el think tank The Global Analysis & Trends in Emerging Regions Center –más conocido como Gate Center– y las sociedades de la consultora Thinking Heads, ambos vinculados a Daniel Romero-Abreu Kaup. El laboratorio de ideas, cuyo consejo asesor lidera el expresidente, abonó 352.980 euros a Zapatero –entre abril de 2022 y agosto de 2025– y 171.727 euros a la agencia de las hijas entre 2022 y 2024. En cuanto a la consultora, los investigadores reflejan pagos por 681.318 al expresidente –entre mayo de 2021 y diciembre de 2025– y por 12.297 euros a WhaTheFav en el periodo comprendido entre 2022 y 2023. En un comunicado, Thinking Heads aseguró que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde el año 2014.

La agencia, además, habría cobrado 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón y que también tiene como proveedores a Análisis Relevante y Gate Center. Se trata de una sociedad que llama la atención de los investigadores por tener "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores". Entre 2020 y 2025 registró un volumen de entradas y salidas en cuentas superior a 2,6 millones, algo "incongruente" con las nulas o bajas cifras de negocio que manejó en ese periodo. Además, no ha "solicitado la devolución de las cuotas" del IVA, algo "reseñable" dado el volumen de gastos "declarados" en dicho impuesto y "la situación financiera de la mercantil". 

El informe de la UDEF, además, hace referencia a otras 98 transferencias recibidas en una cuenta bancaria titulada por el matrimonio Zapatero-Sonsoles Espinosa. Entre todas suman 1,569 millones. Constan abonos de la consultora Kreab –procedentes de Kreab Iberia y Kreab Worldwide AB– por 956.180 euros y de Focus Social Research, una sociedad peruana, por 200.000 euros. También 159.034,45 euros de ChinaLink Asia Holdings Ltd., fondo hongkonés montado por un español; 104.410 euros de la consultora Mimo Advisors; o 53.000 euros de Bright Digital Solutions. Y, por último, los investigadores hacen referencia a dos transferencias de 49.758,34 euros y 47.120,27 euros procedentes de Yuewee International Trade –empresa de importación y exportación de Hong Kong– y Zayed Award for Human Fraternity, respectivamente.

Transferencias que, sin embargo, los investigadores vinculan a la actividad profesional del expresidente. "Procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de la actividad actual del expresidente, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico", recoge la UDEF. En el registro que efectuaron en la oficina de Zapatero, los agentes se llevaron, entre otras cosas, carpetas sobre Chinalink, Kreab o Focus Social.

Martes, 19 de mayo. Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personan a primera hora de la mañana en un despacho ubicado frente a la sede socialista de Ferraz que funciona como oficina José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hacen, al igual que sus compañeros desplegados en la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno, con una orden de entrada y registro bajo el brazo. La firma el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien también acuerda poner en conocimiento del exlíder del PSOE tanto el extenso auto por el que se acuerda su imputación como dos de los informes policiales sobre los que se apoya: UDEF-BBCA 1907/2026 –acompañado de cuatro anexos– y 1908/2026 –que se presenta con otro par de anexos–.

Ambos documentos, firmados por los jefes del Grupo 14 y 15 de la UDEF, están fechados el pasado 22 de abril. El primero de ellos es una suerte de radiografía de la trama, con un análisis del rescate de 53 millones de Plus Ultra –cuya concesión, fiscalizada en su día por el Tribunal de Cuentas, levanta sospechas en los investigadores– y del movimiento de fondos entre la compleja estructura societaria de la que, dicen los investigadores, se valía la red. El segundo, una compilación de las comunicaciones hasta ahora intervenidas en la causa. Dos informes de los que afloran indicios y, también, cuestiones que aún deben ser clarificadas en el marco de la investigación, que se está desarrollando en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional.

1– ¿Participó el expresidente Zapatero en la creación de una offshore en Dubái?

El informe de la UDEF hace mención a la puesta en marcha por parte de la trama de sociedades en territorios opacos. Una de ellas es Landside Middle East FZCO. Se trata de una offshore registrada en Dubái, tal como reveló en exclusiva infoLibre, el 17 de marzo de 2021, justo ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Plus Ultra. Los investigadores sostienen que la misma estaba controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez, amigo íntimo de Zapatero. Y que se puso en marcha para cobrar "en territorio extranjero" una comisión del 1% que habrían pactado Plus Ultra e Idella por el rescate y que figura en un contrato intervenido.

Los investigadores sostienen que Zapatero dio "instrucciones" para la creación de la offshore apoyándose, fundamentalmente, en dos elementos:

–En primer lugar, un correo electrónico que el 27 de enero de 2021 envía Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, a Martínez con indicaciones sobre documentación necesaria para la constitución de una sociedad en Emiratos Árabes Unidos. "Siguiendo con lo conversado en el día de ayer", arranca el mail.

–El día de antes, ambos se habrían reunido en el restaurante Portonovo. Una comida que, sostienen los investigadores, organizó el expresidente del Gobierno. Se apoyan en un correo que su secretaria, María Gertrudis Alcázar, envía a Cristóbal Cano, gestor de Martínez: "[En el restaurante] tienen un problema con los teléfonos y al final se ha acercado un escolta. La reserva de hoy ya está a las 14.30h. para dos a nombre de Julio". "Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero", lanza el informe policial.

2– Gertrudis y la supuesta manipulación de facturas

Los investigadores sostienen que ni Alcázar ni Cano eran "ajenos a un conocimiento general de la operativa" de una red de influencias que lideraría el propio expresidente. Al fin y al cabo, sostienen en sus informes, este "tercer nivel jerárquico" era el que se encargaba de llevar a cabo las gestiones diarias. Por ejemplo, en lo relativo a las facturas emitidas. "Tengo que emitir una factura a Análisis Relevante –empresa administrada por Martínez– por un importe de 20.000 euros. Por favor, puedes consultar si hago una sola por el asesoramiento de los informes o son dos y en qué concepto", escribe Alcázar a Cano, quien dos días después precisa los conceptos.

Los investigadores resaltan, en base a los correos intercambiados, la "transmisión de instrucciones" sobre cómo debe realizarse "la facturación": "conceptos a incluir, trimestre en curso en el que deben encuadrarse y el importe correspondiente a cada una de las facturas emitidas". "Ok o tengo que poner más importe", reza uno de los mails enviados por la secretaria de Zapatero. "Lo anterior pone de manifiesto una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, dirigida a generar un soporte documental", sostiene el informe, que recoge pagos de Análisis Relevante –que entre sus clientes tiene a Plus Ultra– a Zapatero por importe de 490.780 euros entre 2020 y 2025.

Pedir aclaraciones ordinarias sobre una factura –como si debe emitirse en uno o dos documentos, qué concepto describe correctamente el servicio o si faltan datos fiscales– no constituye por sí mismo una conducta ilícita. Distinto es solicitar instrucciones para modificar el importe, el concepto, la fecha, el destinatario o el desglose de modo que la factura no refleje una operación real. La Ley General Tributaria tipifica como infracción muy grave la expedición de facturas con datos falsos o falseados y el uso de justificantes falsos puede agravar otras infracciones tributarias.

3– ¿Prestó Whathefav (la empresa de las hijas de Zapatero) servicios reales de marketing?

Además de los pagos al expresidente del Gobierno, las cuentas de Análisis Relevante reflejan abonos a Whathefav, la empresa administrada por las hijas de Zapatero, por 239.755 euros. Según los informes policiales, ambas mercantiles firmaron un contrato el 1 de junio de 2020 por la cual la segunda sociedad se comprometía "a suministrar datos y estadísticas de internet" a la primera, a facilitar "espacio en sus instalaciones" para uso de Análisis Relevante o a ayudar a la firma de Martínez en la "realización de eventos".

Pero las pesquisas realizadas hasta el momento solo reflejan una labor de maquetación y envío de informes a los clientes de Análisis Relevante. "Lo anterior pondría de manifiesto, atendiendo a la escasa entidad técnica de las tareas asumidas por Whathefav –a priori meros ajustes o labores de maquetación sobre informes ya elaborados–, que pudiera estar siendo utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica. Máxime cuando, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios, Whathefav tiene por objeto la promoción y posicionamiento de la imagen de Análisis Relevante en el mercado de empresa, finalidad que difícilmente podría alcanzar la propia sociedad, en la medida que ni tan siquiera interviene en la remisión de los informes a sus propios clientes”, sostiene la UDEF.

La empresa de las hijas de Zapatero, además, habría cobrado 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva –antes llamada Beren Europe y Alaska Ilimitada–, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Se trata de una sociedad que llama la atención de los investigadores por tener "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores".

El informe del organismo de inteligencia financiera refleja un volumen de entradas y salidas en cuentas superior a los 2,6 millones entre 2020 y 2025 que resulta "incongruente" –en palabras de la UDEF– con la "cifra de negocio nula" de 2020 y 2021 o inferior a 35.000 euros entre 2022 y 2024. Además, la empresa no ha "solicitado la devolución de las cuotas" del Impuesto sobre el Valor Añadido, "circunstancia reseñable dado el volumen de gastos declarados" en el IVA y dada "la situación financiera de la mercantil". 

4– Referencias a Zapatero en conversaciones de terceros

Los investigadores describen a Zapatero como el jefe en la sombra de la trama. Una conclusión a la que llegan apoyándose, fundamentalmente, en comunicaciones intervenidas a terceras personas, algunas de las cuales fueron facilitadas por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). En algunas ocasiones, al expresidente se le identifica en las conversaciones como "Z". Letra con la que Martínez tenía guardado en su agenda el contacto del expresidente. Desde ese número de teléfono recibe Martínez el 31 de julio de 2021, en plenas conversaciones con las autoridades venezolanas sobre la autorización de vuelos de Plus Ultra, el siguiente mensaje: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...".

En otras ocasiones, se menciona al exlíder del Ejecutivo directamente por su nombre: "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero", "Los de gowair saben todo lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto" o "Que me llama Zapatero". Y en otros casos, las referencias que hay son más indirectas. Por ejemplo, cuando los investigados hablan de que Martínez es "el banco del jefe" o de cuando hacen referencia al "amigo". "Me pregunta el amigo que cómo van los avales", escribía en mayo de 2020 Manuel Fajardo —considerado hombre de Zapatero en Venezuela— al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.

En un informe de noviembre, los investigadores identificaron como "el amigo" a Julio Martínez. Sin embargo, ahora explican que en esos momentos solo manejaban una posible línea de influencia en relación a Plus Ultra, no las dos actuales –la vía Ábalos y la vía Zapatero–. Con el nuevo dibujo sobre la mesa, sostienen que hay casos en los que "el amigo" es Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes, y otros en los que consideran que es Zapatero.

5–Los chinos, el petróleo y una carta de intenciones

En el informe de la UDEF aparece incorporada una carta de intenciones (Letter of Intent) con fecha de 30 de octubre de 2023 y dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero por China International Cultural Technology Resources Group (CICTR). Según los agentes, esta carta forma parte de una mecánica establecida por la que "para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, estos clientes han de canalizar la gestión a través de la red de influencia liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, a quien deberán dirigirse mediante la preceptiva LOI (Letter Of Intent)".

La misiva fue enviada, según consta en el documento, apenas dos semanas después del viaje de Zapatero a Pekín, entre el 16 y el 18 de octubre de 2023, donde participó en el III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda y mantuvo reuniones públicas con responsables del Partido Comunista Chino.

1– Cancelación anticipada de una hipoteca

En sus informes, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal recoge que el matrimonio José Luis Rodríguez Zapatero-Sonsoles Espinosa adquirió en febrero de 2024 una vivienda en la zona norte de Madrid por un precio de compraventa de 580.000 euros. Para esta operación, el Banco Santander concedió un préstamo hipotecario de 500.000 euros, el cual se canceló anticipadamente once meses después mediante transferencia de 498.000 euros. En contacto con el expresidente, el periodista de Vozpópuli Gabriel Sanz aseguró en RTVE que esa deuda se saldó con la venta de la casa que el matrimonio tenía en Aravaca.

2– ¿Conocía Zapatero a los clientes de Análisis Relevante?

Hace apenas un mes, Zapatero concedió una entrevista a Onda Cero. En ella, aseguró desconocer "quiénes eran" los clientes de Análisis Relevante. Sin embargo, el informe de la UDEF recoge que el exlíder del Ejecutivo envió a su amigo Martínez dos archivos Excel el 6 de julio de 2021: "LISTA AR OK" y "DIRECCIONES EMAIL JM". Y que los mismos contenían "un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos". En ambos, figuran destinatarios que son, a fecha de envío, clientes de Análisis Relevante. Y en eso se apoyan los investigadores para atar la supuesta "posición directiva" de Zapatero, que también fue incluido, dos meses después de la creación de la empresa, en el chat grupal "AR".

En su auto de imputación, el instructor da por hecho que ambos archivos contienen la lista de clientes de la consultora. Pero los investigadores en sus informes reconocen que en los listados también figuran "otras personas con las que, en este momento de la investigación y con la información disponible en esta Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, no han sido hallados vínculos contractuales con la sociedad Análisis Relevante".

3– Una offshore en Islas Vírgenes Británicas

Los investigadores también sostienen que la "red de influencia" dispondría de, al menos, otra offshore ubicada en Islas Vírgenes Británicas, si bien en este caso, a diferencia de lo que sucede con la de Dubái, no se coloca a Zapatero en el origen de dicha sociedad. Se trata de Landside Holding Ltd, presidida y representada por Julio Martínez y cuya cartera de inversión la gestionaría un broker americano que operaría a través de Mora WM Securities. La offshore no parece nueva. Según los investigadores, en uno de los documentos intervenidos "constan las posiciones del año 2016 respecto de los activos de la mercantil". Análisis Relevante echó a andar en 2020.

Llama la atención la coincidencia en la denominación de las sociedades de Islas Vírgenes y Dubái: Landside. Habrá que ver si se trata de una marca con la que Martínez hace sus negocios y si la recuperó –y si lo hizo por indicación del expresidente o no– para canalizar hacia Emiratos Árabes la supuesta comisión por el rescate de Plus Ultra. Por el momento, en los informes de los investigadores no se confirma que los 530.000 euros fueran transferidos, efectivamente, hacia Dubái.

El 3 de julio de 2020, cuando el coronavirus azotaba con fuerza a todo el mundo, el Gobierno dio luz verde al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Con una dotación de hasta 10.000 millones de euros, el instrumento financiero estaba pensado para evitar el hundimiento de compañías clave para la economía. Una treintena de solicitudes recibieron el visto bueno. Media decena procedían de aerolíneas. Entre las beneficiarias, Plus Ultra. Una ayuda que fue auditada, junto con el resto de las concedidas, por el Tribunal de Cuentas. Y cuya concesión se encuentra ahora bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación que salpica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La aerolínea, que estuvo controlada por empresarios venezolanos considerados cercanos al régimen chavista, recibió 53 millones de euros de ayuda pública: 34 millones en forma de préstamo participativo y 19 millones de préstamo ordinario. El rescate recibió luz verde a comienzos de marzo de 2021. Cinco años después, la aerolínea ha pagado, según datos del propio Gobierno, 12 millones en intereses. Según el calendario fijado, la devolución debería completarse, como tarde, en 2028. Los 19 millones del principal deberían haberse reintegrado hace un par de meses, pero se acordó un aplazamiento "debido a la subida del coste del queroseno" y los cierres provocados tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela a comienzos de año.

El rescate ya estuvo bajo la lupa de un juzgado madrileño. Pero un error en la prórroga de la instrucción que dejó a la magistrada sin margen para nuevas diligencias provocó el sobreseimiento provisional de la causa. Unos meses más tarde, sin embargo, llegaron a la Fiscalía Anticorrupción unas órdenes europeas de investigación remitidas por Francia y Suiza. Y eso provocó la reactivación de un caso que ha terminado llegando a la Audiencia Nacional. Las autoridades galas y suizas alertaron de la posibilidad de que el rescate se hubiera usado en una trama de lavado de dinero venezolano. Plus Ultra aseguró que había destinado un 40% de la misma a pagar a acreedores, un 22% a gastos operativos –nóminas, impuestos o seguros sociales–, un 19% a reembolsos de pasajeros y otro 19% a "capital de trabajo".

El Gobierno, que siempre ha sido reacio a facilitar información sobre el rescate aludiendo al "carácter reservado" de la misma, insiste en que el rescate se ajustó a la legalidad. Y en que, hasta ahora, ni un solo organismo lo había puesto en duda. El Tribunal de Cuentas publicó en septiembre de 2024 su informe sobre la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el procedimiento de aprobación de las operaciones del fondo de apoyo. Tras analizar toda la documentación, el órgano fiscalizador concluye que los "órganos de gestión y decisión" aplicaron "un procedimiento adecuado para los fines que su normativa exige", dispusieron de información para "tomar una decisión fundada" y que la aplicaron "de forma no discriminatoria y con arreglo a las normas procedimentales".

El documento también resalta que la concesión de la ayuda "no se apartó, en ningún caso, de la opinión emitida por los asesores externos en sus informes sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad". Porque el procedimiento, en este caso, se apoyaba en el llamado principio de los cuatro ojos, por el cual una decisión debe ser validada por, al menos, dos personas: "En el proceso de la decisión sobre las ayudas el procedimiento contempla una intervención de los servicios de SEPI, que fueron reforzados por personal temporal contratado, y de los asesores externos –contratados específicamente para esta labor–, de forma que en la propuesta que llegara al Consejo Rector, aparecieran los resultados de los informes de los asesores, a su vez verificados por los servicios de SEPI en cada una de sus áreas".

El documento también refleja cómo la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda consultaba a la Abogacía del Estado cada vez que había dudas interpretativas sobre los criterios de elegibilidad. O que, en todos los casos, remitió peticiones de subsanación a los solicitantes. Y también dio respuesta a la oposición, que desde el primer momento había puesto en duda el carácter "estratégico" de una aerolínea que operaba "menos de un 1% de las conexiones aéreas". "El Fondo se basó en informes de entidades públicas o privadas de solvencia y aplicó los criterios interpretativos derivados del Marco Temporal, de los criterios de la Comisión Europea y del Tribunal General de la Unión Europea, al tener como base de la declaración de 'estratégica' la importancia del sector en el que la empresa opera y no considerar como criterio de exclusión el tamaño de la empresa", apuntaba.

La duración media de tramitación de los expedientes fue de 355 días. O 285 días si se pone el foco solo en las ayudas a las aerolíneas. En el caso de Plus Ultra, el asunto se resolvió en 182 días, frente a los 214 días en el caso de Volotea, 403 de Air Nostrum o 456 de Wamos. No fue, sin embargo, la resolución más rápida. Apenas 70 días se tardó, por ejemplo, en dar luz verde al rescate de 475 millones de euros de Air Europa. La normativa aplicable al fondo le confería una "potestad reglada". Es decir, si se cumplían las condiciones de elegibilidad "se debía proceder a la concesión". "Ello implica la concesión de ayudas a empresas que, aun cumpliendo los requisitos de elegibilidad, presentan una situación de debilidad económica y financiera", completaba el Tribunal de Cuentas.

El Gobierno defiende que hasta cinco informes avalaron que la aerolínea no era una empresa que estuviera en crisis –era una condición fundamental para recibir la ayuda–: del auditor de Plus Ultra, de Price Waterhouse Coopers, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de DC Advisory y de Deloitte –estas dos últimas, como asesoras externas del fondo–. Esto contrasta, sin embargo, con un informe pericial independiente que fue elaborado a petición de la magistrada Esperanza Collazos en el marco de la inicial investigación que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid. En él, el perito Pedro Martín Molina hablaba de la existencia de un "préstamo participativo", de la falta de registro de "provisiones derivadas de ciertas contingencias" y de la "posibilidad de existencia de situación de insolvencia". Y ponía en duda, en definitiva, que la aerolínea no estuviera en crisis a cierre de 2019.

Aquella pericial no fue determinante entonces para la magistrada. Sin embargo, sí le da relevancia el instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama. "El análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar. [...] Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp –que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica–, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo", recoge el auto de imputación de Zapatero.

Otro requisito para acceder a la ayuda era encontrarse al corriente de las deudas con la Seguridad Social. Cuando presentó su solicitud para el rescate en septiembre de 2020, la aerolínea adjuntó dos certificados de estar al corriente de sus obligaciones. Sin embargo, Deloitte, en su informe técnico, indicaba que Plus Ultra les había facilitado una resolución estimatoria, fechada un mes después de la solicitud, sobre el aplazamiento de una deuda preexistente de 451.954,79 euros contraída con la Seguridad Social. En el Gobierno, sin embargo, se defienden alegando que se puede "estar al corriente de las obligaciones" tanto cuando las deudas están pagadas como cuando las mismas se encuentran aplazadas, suspendidas o fraccionadas.

El instructor sospecha que la red de "tráfico de influencias" al frente de la cual pone a Zapatero habría cobrado una comisión por el rescate de la aerolínea a través de una sociedad offshore. El punto de partida se encuentra en un contrato suscrito el 19 de enero de 2021 entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, que forma parte de la estructura societaria administrada por Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente. "La duración de este contrato viene determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea", apunta el magistrado. Como remuneración, se establece el 1% más IVA de la ayuda aprobada, esto es, 530.000 euros.

Tal y como reveló en exclusiva infoLibre, casi un mes después de aquello, el 17 de marzo de 2021, ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara finalmente el rescate, se registró en Dubái Landside Middle East FZCO, una sociedad controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica. En su auto, el juez sostiene que Zapatero dio "instrucciones" para la creación de dicha offshore. Una afirmación que, por el momento, se apoya en el hecho de que Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, envió a Martínez un correo con indicaciones para crear una sociedad en Emiratos Árabes Unidos un día después de que ambos comieran con el expresidente. "Según lo conversado ayer", rezaba el mail.

Aún está por ver, del mismo modo, si el expresidente intercedió de alguna manera a favor de Plus Ultra. El instructor sostiene en su resolución que los directivos de la aerolínea intentaron obtener la ayuda a través de "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Y, para ello, articularon dos líneas de influencia. Una, a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Otra, a través de Zapatero, siendo la de este último la que adquirió un "papel predominante". Esto, por el momento, se apoya en mensajes de terceras personas. "Yo busco cómo llegarle a ZP", reza un mensaje que Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea, traslada a Julio Martínez Sola, presidente de la misma. "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", responde este último.

El juez, del mismo modo, pone el foco sobre una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 7 de septiembre de 2020, seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que Plus Ultra tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. Un encuentro del que se tiene constancia porque un director envió un mensaje a Koldo García, entonces mano derecha del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Comunicación que este último reenvía a su jefe, quien también habría almorzado con el expresidente del Gobierno –según las evidencias extraídas de la agenda de García–, extremos que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional trata de confirmar a través de las agendas de Zapatero.