Cuenta que hubo una época en la que la confianza en sus superiores era nula. Un tiempo en el que intentaban quitarle de en medio enterrándole en trabajo o dándole la patada hacia arriba. Un periodo en el que, con tono despectivo, se le calificaba por los pasillos como "la bestia negra del PP". Pero este miércoles, Manuel Morocho, antaño inspector jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) e investigador principal de la Gürtel, ha sido en la Audiencia Nacional el encargado de tirar la última palada de tierra sobre la principal línea de defensa de los acusados en Kitchen. El agente 81.067 ha negado con contundencia que las vigilancias sobre el entorno del extesorero Luis Bárcenas contasen con autorización judicial. Y ya, de paso, ha dibujado toda una trama policial al servicio de la formación conservadora.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado que formaran parte de, como dice la Fiscalía Anticorrupción, una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" que pudieran "resultar incriminatorias" para el PP y sus máximos dirigentes en Gürtel y que pudiera tener Luis Bárcenas. Fue, más bien, según sus argumentos, una "operación policial, justificada y totalmente legal" para encontrar cuentas bancarias que el extesorero pudiera tener en el extranjero.

Pero dos inspectores jefes se han encargado durante el juicio de poner en cuestión esa tesis. El primero fue Gonzalo Fraga, el investigador principal de la Kitchen. "No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora", dijo el agente de Asuntos Internos, que fue quien abrió la ronda de testificales. Algo que ahora se ha encargado de apuntalar, precisamente, el investigador principal de aquella causa de corrupción. "Había una operación policial que no contaba con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno", ha resonado este miércoles en la sede central de la Audiencia Nacional.

Son varios los elementos expuestos que apuntan en esa dirección. Es el caso, por ejemplo, de la "opacidad evidente", en palabras del propio Fraga, sobre los trabajos que se estaban desarrollando, fundamentalmente, desde la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información. Algo que no se hizo aflorar en las bases de datos hasta casi dos años después. La Kitchen no se introdujo hasta mediados de 2015 en GATI, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras.

La Fiscalía Anticorrupción considera que con ese movimiento los acusados buscaban "enmascarar la operación policial". Es decir, legalizarla. Morocho ha explicado que el "protocolo" de 1995 que regula el funcionamiento de GATI "dice taxativamente" que la investigación debe registrarse cuando se inicia –y eso es, precisamente, lo que ellos hicieron en 2007 cuando empezaron a investigar Gürtel– y, a partir de ahí, se va "alimentando" con nuevos datos de los que se vaya disponiendo. Pero en este caso se hizo tiempo después. Y eso impidió que se realizaran los cruces y que el inspector jefe tuviera conocimiento de estas pesquisas realizadas bajo el paraguas de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que no es una unidad investigadora, hasta agosto de 2015.

"Cuando se recibió la información el procedimiento estaba ya cerrado", ha explicado Morocho. En mayo de ese año, se había dictado auto de apertura de juicio oral en Papeles de Bárcenas, pieza separada de Gürtel. Y nadie antes le había informado ni de la existencia de un topo en el entorno de los Bárcenas ni de la posible existencia de fondos en las Antillas Holandesas o Cracovia. Nunca, "como responsable de la unidad de auxilio judicial", le "llegó" ninguna "nota informativa de inteligencia" sobre este tema procedente de la Dirección Adjunta Operativa, que entonces tenía como cara visible al comisario Eugenio Pino. Y él nunca, como investigador principal en Gürtel, pidió el apoyo de la UCAO o de Instituciones Penitenciarias para hacer indagaciones respecto a Bárcenas o su entorno.

"Yo hice un oficio cuando comenzó Gürtel solicitando que se me comunicara a mí expresamente, además de al comisario general o al jefe de unidad, si había cruce con alguna investigación secreta respecto de alguno de los encartados, y eso a mí no se me ha comunicado", ha apuntado el inspector. Aunque las defensas sostienen que con la operación se buscaba el dinero en el exterior de Bárcenas, lo cierto es que la primera vigilancia de la que se tiene constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013, cuando las autoridades suizas ya habían aflorado los 47 millones vinculados al extesorero en la Confederación Helvética.

La extensa comparecencia del agente 81.067 ha permitido, además, dibujar una suerte de trama policial al servicio total del PP. Durante buena parte del interrogatorio, el inspector ha relatado las continuas trabas impuestas por la cadena de mando durante la investigación de Gürtel. Así, ha mencionado las presiones para que no mencionara en sus informes al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como perceptor de sobresueldos. O al empresario Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, como uno de los donantes de la formación conservadora.

Todas esas "imposiciones", ha explicado a preguntas del abogado de Podemos, se las hacían sus superiores analizando solo "el informe final", no toda la documentación con la que él había trabajado y que le llevaba a las conclusiones que se plasmaban en el mismo. Es más, ha deslizado que a sus jefes solo parecía interesarles "cuántas veces" se mencionaba "al PP" en los documentos que elaboraban o si aparecía "algún cargo" de la formación conservadora. Una cadena de mando en la que, ha reconocido el inspector, no confiaba: "No estaban avalando la investigación que nosotros estábamos haciendo".

"Se pretendía que vulnerara la neutralidad que debo tener en una investigación", ha lanzado Morocho. Es más, ha explicado que él tenía que moverse "con inteligencia" porque había "mucho interés" en tumbar el procedimiento: "Maniobras que podían torpedear o dar armas para pedir la nulidad de alguna de las pruebas". Además, y siguiendo con los palos en las ruedas, ha relatado que sus superiores tardaban en visar los informes que él elaboraba, lo que retrasaba durante meses el envío de los mismos al juez instructor. Entre otros, ha puesto como ejemplo uno relativo a los regalos de la trama que salpicaba al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y la exministra Ana Mato (entonces marido y mujer), que estuvo más de un año en el aire. Y se presentó porque así lo exigió el magistrado ante el riesgo de prescripción de los delitos.

"Se demoraban tanto tiempo porque se escrutaban desde diferentes ángulos", ha señalado Morocho. De hecho, y en este sentido, ha apuntado hacia otro de los acusados: Andrés Gómez Gordo. Así, ha contado que un día se le "escapó" a quien era su jefe en la UDEF que los documentos eran analizados, entre otros, por dicho inspector jefe, quien había trabajado para Cospedal en Castilla-La Mancha como director general de Documentación y Análisis. 

Durante su declaración, el investigador de la Gürtel, que ha tardado más de tres lustros en ser juzgada en su totalidad, ha deslizado que el PP tenía acceso a los informes de la investigación. Unas filtraciones sobre las que puso el acento el propio juez instructor en una de sus resoluciones.

Sobre el informe que afectaba al matrimonio Sepúlveda-Mato, Morocho ha resaltado que el comisario José Luis Olivera le pidió una copia. De hecho, ha dicho que siempre estuvo interesado en tener acceso al contenido de lo que ellos hacían. "Me dijo que sería conveniente que le participase los informes y me dio un correo personal, pero yo no le remití nada", ha explicado al tribunal. Es más, el inspector ha llegado a relatar cómo en una ocasión el propio Olivera le llegó a reconocer que le había facilitado a la ex secretaria general del PP un fax intervenido a Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, que iba dirigido a Luis Bárcenas. "Me dice: ya me he encargado yo de que ese documento lo tenga Cospedal en su caja de seguridad. Me quedé estupefacto", ha contado.

El agente ha dibujado, de principio a fin, el mismo "panorama desolador" –en palabras del magistrado Manuel García-Castellón– que describió en la fase de instrucción, donde el cierre precipitado de las pesquisas apenas permitió profundizar en la conexión política de la Kitchen. Un periodo en el que se intentaron "quitar de en medio" al policía que se estaba enfrentando a una de las grandes tramas de corrupción de la historia reciente. A golpe de "hostilidad manifiesta", como cuando el comisario Enrique García Castaño, antaño jefe de la UCAO, le dijo: "¿Y tú qué haces aquí? Deberías estar muerto". A base de enterrarle en trabajo. O de trasladarle de manera forzada durante unos meses a la DAO, donde el inspector José Ángel Fuentes Gago, miembro de la mal llamada brigada patriótica y también acusado en Kitchen, le llegó a pedir que revisara el famoso informe Pisa contra Podemos.

La declaración del investigador principal del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha sido todo un torpedo a la línea de flotación de las defensas del caso Kitchen, que se centra en la supuesta operación parapolicial sobre el entorno de Luis Bárcenas para deshacerse de papeles comprometedores para el PP que pudiera tener el extesorero de la formación conservadora. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, el inspector jefe de la Policía Nacional ha asegurado que las vigilancias que se hicieron en el periodo comprendido entre julio de 2013 y febrero de 2014 fueron a espaldas suyas, sin que las mismas puedan circunscribirse a la causa de corrupción que él investigó. De hecho, ha resaltado que cuando a él se le remitió esa información "el procedimiento estaba ya cerrado". "Había una operación policial sin contar con autorización judicial", ha lanzado.

Desde que arrancó el juicio de la Kitchen, nadie ha negado los seguimientos realizados sobre el entorno del extesorero conservador desde, fundamentalmente, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información. Fundamentalmente, porque hay constancia documental de los mismos y han sido corroborados por distintos agentes que participaron en ellos. Ahora bien, la estrategia de las defensas ha pasado en todo momento por vestirlo como una operación policial legal orientada a descubrir dónde guardaba el extesorero su dinero en el exterior. En resumen, que los seguimientos estaban orientados a colaborar con la investigación que se realizaba en el marco de la Gürtel. Una tesis que, sin embargo, el agente 81.067, el inspector Morocho, se ha encargado de desmontar durante su comparecencia de este miércoles en la Audiencia Nacional.

Quien fuera inspector jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, ha explicado que durante la investigación de la causa de corrupción y de una de sus derivadas, la pieza separada de los papeles de Bárcenas, se contó con apoyo de distintas unidades. Ha mencionado, por ejemplo, a la policía científica. O al grupo que ellos mismos tienen a su disposición para hacer tareas de vigilancia y seguimiento. "Fueron demandados distintos servicios, no solo por nosotros, sino por la autoridad judicial", ha señalado. Ahora bien, nunca solicitaron a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) ningún tipo de apoyo o colaboración. Y eso es importante, porque es precisamente esta la que figura como origen de la investigación Kitchen cuando la misma se introduce en el sistema interno policial.

"La DAO no apoya ni colabora, es un organismo central de supervisión y coordinación", ha señalado. De hecho, ha explicado que él tuvo conocimiento de la operación alrededor del entorno del extesorero en agosto de 2015, cuando recibió un correo electrónico en el que se le informaba de una "cesión de información" relativa al extesorero. "Es entonces cuando obtengo la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno", ha lanzado Morocho. El envío de dicha información fue consecuencia de la introducción de la Kitchen en la base de datos de inteligencia policial Gati, algo que se realiza casi dos años después en lo que se interpreta como un intento de legalizar la operación.

El Parte Informativo Investiga, documento normalizado que recoge la información que luego se introduce en el fichero de inteligencia que avisa de coincidencias entre investigaciones policiales, fue emitido el 13 de mayo de 2015, cuando el último seguimiento del que existe constancia documental a los Bárcenas es de febrero de 2014, si bien el grueso de los mismos es de julio a octubre de 2013. Es decir, cuando al investigador principal de la Gürtel le llegó la información recabada en esa operación, la mayor parte "totalmente irrelevante" porque se trataban de datos ya "conocidos" por la "investigación", ya se había dictado auto de apertura de juicio oral en la pieza papeles de Bárcenas.

"Cuando se recibió la información el procedimiento estaba ya cerrado", ha resaltado. El fiscal Anticorrupción, César de Rivas, ha preguntado si es normal introducir con tanto retraso una investigación policial en la base de datos. Y él se ha encargado de negarlo. "El protocolo de 1995 sobre el funcionamiento de Gati dice taxativamente que la fecha de inicio de la investigación es la fecha de apertura del parte Gati. Nosotros la abrimos en 2007 cuando comenzamos a investigar Gürtel. Luego, se va alimentando a efectos de conectarnos con otras investigaciones", ha explicado el inspector policial, quien ha dejado claro una y otra vez que él nunca pidió al juez, ni por escrito ni directamente, la conveniencia de llevar a cabo "vigilancias".

Uno a uno, el fiscal le ha ido mostrando distintos documentos relacionados con Bárcenas. Pero ha negado que se le diera traslado de ninguno de ellos mientras investigaba la Gürtel. Nadie le dijo nada de la existencia de posibles fondos en Antillas Holandesas o Cracovia. Ni se le compartieron anotaciones manuscritas de las que ha tenido conocimiento solo tras la desclasificación de todo lo relativo a la Kitchen. "¿Se le entregó alguna nota informativa de inteligencia procedente de la Dirección Adjunta Operativa?", ha preguntado el representante del Ministerio Público. "A mí, como responsable de la unidad de auxilio judicial, no me llegó nada", ha zanjado.

Del mismo modo, ha dicho que él nunca tuvo constancia de la existencia de un topo en el entorno de la familia Bárcenas –su exchófer, Sergio Ríos–. Y ha negado tajantemente que él solicitase apoyo a Instituciones Penitenciarias en el curso de Gürtel para conocer determinadas actuaciones alrededor del extesorero de la formación conservadora. Esto es importante, dado que hay elementos que apuntan a que los tentáculos de la Kitchen superaron los muros de la cárcel de Soto del Real, donde se encontraba encerrado el extesorero. "Había un control en tiempo real de lo que sucedía en prisión", lanzó en su declaración en el juicio Gonzalo Fraga, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha investigado todo lo relativo a esta supuesta operación parapolicial.

Morocho, a lo largo de su extensa comparecencia, también ha relatado las presiones recibidas mientras investigaba la Gürtel. Y, en concreto, en la realización de los informes. Así, por ejemplo, ha confirmado que se le instó a que no apareciera en uno de ellos el nombre del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como perceptor de sobresueldos. Una petición que hizo, de forma directa, el entonces comisario general de Policía Judicial, José García Losada. "Es una persona singular que se individualizó expresamente que esa persona no saliera", ha apuntado el agente. Presiones que, dijo, procedían de una "cadena de mando" que describía los famosos papeles de Bárcenas como "una ideación" del extesorero sin "ninguna verosimilitud".

Del mismo modo, ha recordado cuando introdujo el nombre de Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, como donante del partido. Al día siguiente, ha explicado, le llamó su jefe de unidad, Manuel Vázquez, diciéndole que había cometido un "grave error" y que lo subsanase, algo a lo que él se negó dado que no podía "omitir a nadie". Tras eso, ha continuado, a su jefe de sección, Miguel Ángel Cuevas, "se le escapó" que López del Hierro era "amigo" del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Ni Vázquez ni Cuevas se sientan en el banquillo de los acusados de Kitchen.

El inspector también ha relatado toda una "problemática" en torno al "visado de informes" por parte de sus superiores que retrasaba durante meses el envío de los mismos al juez instructor de la Gürtel. Así, ha contado, por ejemplo, que uno de ellos estuvo en manos de sus jefes "más de un año, de diciembre de 2011 hasta febrero o marzo de 2013". "Y se presentó porque fue solicitado por el magistrado dado que había una problemática con la prescripción de los delitos", ha señalado. Una demora que, ha relatado, se producía porque los documentos "estaban siendo escrutados desde distintos ángulos". "Se miraba cuántas veces mencionábamos al PP o si aparecía algún cargo de ese partido", ha apuntado.

El investigador también ha asegurado que elementos de la investigación se filtraban a la formación conservadora. Por ejemplo, ha relatado lo que sucedió con un fax intervenido a Pablo Crespo, número dos de la Gürtel, con el título "L.B." que iba dirigido a Luis Bárcenas. Así, ha relatado que el comisario José Luis Olivera, que también se sienta en el banquillo de los acusados y que fue en su día jefe de la UDEF, se lo pidió y luego le dijo que se había "encargado" de que el mismo lo tuviera Cospedal "en su caja de seguridad". "Yo me quedé estupefacto", ha aseverado.

Morocho ha relatado, en definitiva, una operación para quitarle de en medio. Primero, ha dicho, a través de una "hostilidad manifiesta" o de un incremento de la "carga de trabajo". Y luego, con el ofrecimiento de destinos dorados. Así, narró una conversación con Olivera en la que le propuso irse a Lisboa, un puesto "bien remunerado" y que le permitía atender una serie de cuestiones familiares. Él, sin embargo, lo rechazó: "Le dije que no por mi compromiso con el magistrado, con la instrucción, con mi organización policial y con la sociedad, puesto que he prometido defender a la comunidad y cumplir los principios democráticos".

Cuando el magistrado jubilado Manuel García-Castellón puso punto y final a la investigación del caso Kitchen todavía quedaban algunos hilos de los que tirar. Ocurrió en el verano de 2021, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones. Tras tres años de pesquisas, el instructor decidió que hasta ahí llegaba el caso y circunscribió la trama parapolicial para hacerse con información comprometedora para el PP que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas alrededor del Ministerio del Interior. Ni se seguiría explorando la rama política ni se tratarían de resolver algunas de las grandes incógnitas que surgieron durante la instrucción. Cuestiones que han salido, aunque de pasada, durante el arranque de esta cuarta semana de juicio –tercera con testigos– en la Audiencia Nacional.

Si la última sesión de la vista oral estuvo marcada por la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el plato fuerte de la de este lunes era la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Su testimonio despertaba un gran interés por dos motivos. En primer lugar, por su posición clave en el Ejecutivo conservador: fue, durante casi ocho años, su número dos. En segundo lugar, por su papel en relación con los servicios de inteligencia. Durante todo este periodo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estuvo adscrito al Ministerio de Presidencia que ella encabezaba. Y la sombra de los espías ha planeado en todo momento sobre la Kitchen.

En enero de 2019, apenas dos meses después de que comenzaran las pesquisas, compareció ante el instructor el comisario Enrique García Castaño, durante años jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –la que realizó el grueso de seguimientos sobre la familia Bárcenas–. Y apuntó hacia otras fuerzas de seguridad. Así, dijo que Bárcenas había sido espiado "por otros servicios de información de otros cuerpos, presuntamente, Guardia Civil y CNI". Habló de "motoristas con cámaras" en el casco, así como de motocicletas con "matrículas y documentación falsa". A este ex alto mando policial, conocido como El Gordo, un problema de salud lo ha dejado fuera del banquillo de los acusados.

Una escena similar describió este lunes frente al tribunal, que lidera la magistrada Teresa Palacios, Guillermo Bárcenas, el hijo del extesorero de la formación conservadora. "Notamos, tanto mi madre como yo, que había motoristas que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco", señaló. Algo que, continuó, ha llegado a sentir también mientras circulaba él solo con su propio vehículo. "¿Conoce usted que Sergio [Ríos] hizo una maniobra evasiva y pudo sacar unas fotografías de las matrículas de esas motos que les seguían", lanzó posteriormente el abogado del exconductor del extesorero, topo clave en la Kitchen. "No, no lo conozco", respondió el hijo de Bárcenas.

Unos meses después de aquello, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel, protocolizó varios mensajes ante notario. Una serie de comunicaciones que mantuvo en el verano y otoño de 2013, año en el que se desarrolló buena parte de la Kitchen, con un número que él tenía guardado en su agenda con el nombre del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. "Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilia. Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado", escribía Martínez el 2 de agosto de aquel año. "Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado [sic]. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info”, le responden.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo y su entorno se referían a los agentes de los servicios secretos como "cecilios". Martínez, de hecho, hizo referencia a La Casa durante su declaración como investigado ante el juez: "El ministro me dice que me va a dar un contacto en el Centro Nacional de Inteligencia para que yo establezca una coordinación y que le diga a ese contacto que cualquier información que pudiesen tener la facilitase a la Policía porque entiendo que en ese momento la prioridad del Gobierno es conseguir toda la información sobre las cuentas y las actividades ilícitas del señor Bárcenas". Unas gestiones que, según él mismo ha declarado, las hizo directamente con el director del servicio secreto, Félix Sanz Roldán.

El ex secretario de Estado de Seguridad también apuntó, aunque de manera más sutil, hacia los servicios secretos en su escrito de defensa. En concreto, cuando solicitó que se elevase al Consejo de Ministros "exposición razonada" para, por un lado, la "desclasificación y remisión de las grabaciones realizadas en el exterior del chalé de la familia Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret, remitidos al Ministerio del Interior el 2 de agosto de 2013". Y, por otro, para el envío de "todos los autos dictados por el magistrado especial del artículo 342 bis LOPJ" –es decir, del magistrado del Tribunal Supremo que tutela las operaciones del CNI– relativos "a tales vigilancias o a cualquier vigilancia realizada sobre el Sr. Bárcenas o sobre su esposa Rosalía Iglesias o sobre los inmuebles de su propiedad".

Ni la defensa de Martínez ni la de Villarejo, quien lleva años presentándose como una víctima del servicio secreto, preguntaron este lunes a Sáenz de Santamaría sobre la posible participación de sus espías en la operación. Sí lo hizo, sin embargo, el letrado de Podemos: "¿Recuerda si el CNI tuvo algún tipo de participación en investigaciones al entorno de la familia Bárcenas de 2013 a 2015?". Una pregunta que hizo saltar al fiscal Anticorrupción, César de Rivas: "Señoría, es materia secreta". Pero, tras dejar claro que la cuestión se circunscribía en exclusiva a la Kitchen, la presidenta del tribunal dejó responder. Y Sáenz de Santamaría dijo desconocerlo. La próxima semana, será el exjefe de los espías, Sanz Roldán, quien comparezca en el juicio.

La declaración de la exvicepresidenta del Gobierno apenas duró un cuarto de hora. Y apenas aportó información. Bajo juramento, la exdirigente conservadora dijo, básicamente,  que se enteró de la Kitchen por la prensa, que ella nunca tuvo "ningún tipo de estrategia" relacionada con el caso Gürtel, que tampoco conocía la que podía tener Cospedal –con quien tenía una guerra abierta– y que lo que dijera Rajoy la pasada semana en sede judicial "bien dicho está". Es más, la exvicepresidenta ha venido a dibujar un escenario en el que parecía que nadie de Moncloa se interesaba por las informaciones que iban saliendo sobre el dinero oculto de su extesorero o sobre la trama de corrupción que terminó por sacar al PP del Gobierno.

E igual que se ha pasado de puntillas por los servicios secretos, lo mismo ha ocurrido con otro rocambolesco acontecimiento: la entrada a punta de revólver de tipo Bulldog de un hombre vestido de negro y con alzacuellos en casa de la familia del extesorero buscando documentación "que pudiera hundir al Gobierno". Los Bárcenas están convencidos de que alguien lo envió. Es más, defienden que no fue "casualidad" que fuera vestido de cura: "Rosalía [Iglesias] –mujer de Bárcenas– es una persona muy religiosa". A raíz del "secuestro" por parte del "sicario", ha explicado el hijo del exsenador, decidieron poner cámaras apuntando a la puerta del domicilio.

Durante la instrucción del caso Kitchen se puso el foco sobre el secuestro ejecutado por Enrique Olivares. Entre otras cosas, se descubrió que varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía habían estado visitándole en prisión. O que había recibido numerosos ingresos en su cuenta de peculio de la prisión pese a pertenecer a una "familia sin recursos". "Aparecen datos que permiten profundizar en la posible participación de Enrique Olivares en el asalto al domicilio de la familia Bárcenas bajo el directo control de los mandos policiales que desarrollaron la Operación Kitchen; o, incluso, bajo el control de otros servicios de seguridad del Estado", llegó a lanzar la Fiscalía Anticorrupción en uno de sus escritos.

Los investigadores no pudieron determinar el "origen concreto" del revólver utilizado en el asalto. Y no se le pudo tomar declaración en la causa al "no reunir las condiciones psíquicas y físicas" para ello. Con el auto de procesamiento, García-Castellón cerró la puerta a seguir tirando de ese hilo. "No se ha recabado ningún indicio que permita sostener con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto [...] estuviera directamente relacionada con la operación Kitchen", apuntó el instructor. Y completó: "Más importante aún es que ninguno de los investigados que ha declarado ha referido participación alguna en estos hechos, antes bien, todos ellos negaron tajantemente su participación en los mismos".

"En cuanto a que este hecho se hubiera cometido 'bajo el control de otros servicios de seguridad', la amplitud y generalidad de los términos en que se formula semejante afirmación impiden un pronunciamiento específico, dado que parece referirse a acontecimientos que ni son objeto de esta pieza ni parecen guardar vinculación alguna con la misma", zanjó el instructor. A comienzos de 2022, el falso cura falleció.

El caso Montoro se queda, por el momento, en suelo catalán. El magistrado 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona, Rubén Rus, desestima la declinatoria de competencia promovida por varias de las defensas y rechaza enviar la causa a Madrid. En una resolución a la que ha tenido acceso infoLibre, el instructor sostiene que parte de los hechos objeto de investigación se han producido en la provincia catalana. "En el presente caso, habiéndose cometido elementos del tipo en Tarragona, los juzgados de Tarragona son competentes para el conocimiento de las presentes actuaciones", sostiene el juez, que niega tener un "especial interés" en la investigación, que afecta, entre otros, al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y varios ex altos cargos de dicha cartera.

Las defensas de los investigados llevan meses ralentizando con un maremoto de escritos y recursos la causa, centrada en una supuesta trama que gira alrededor de Equipo Económico –despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por Montoro– y que, previo pago, se habría dedicado a intervenir en el proceso legislativo. Entre otras cuestiones, varias de las defensas alegaban una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del instructor al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser donde se encuentra el despacho o el Ministerio de Hacienda. "Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos de notorio cariz político y especial relevancia mediática", lanzaba uno de los escritos.

El instructor, sin embargo, rechaza deshacerse del caso. En un auto fechado el pasado 16 de abril, el magistrado sostiene que es en la ciudad catalana "donde aparecen los primeros indicios de delito". "El hallazgo casual, origen de la presente causa, lo encontramos en unos correos electrónicos, obtenidos en el registro llevado a cabo en la empresa Messer, con sede en el partido judicial de Tarragona", completa. Dichos emails fueron obtenidos en la cuenta corporativa del director técnico, Rubén Folgado, y se dirigían, entre otros, al director general, Karl Hauck, ambos con puesto de trabajo ubicado en esa misma ciudad.

De la lectura de los mismos "se desprende" que varias empresas del sector gasista "pretenden obtener una rebaja impositiva" a través de la modificación de la Ley de Impuestos Especiales. Y que, no habiendo obtenido la rebaja deseada, deciden "contratar a una nueva empresa", Equipo Económico, con "acceso directo" al Ministerio de Hacienda. "La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", recoge uno de los emails.

Tras el éxito de "esa primera relación" entre las gasistas y el despacho, se produjo un "segundo encargo" encaminado a una "modificación legislativa" en el Impuesto de Actividades Económicas, mostrándose de nuevo el director técnico y el general de Messer "proactivos" en la contratación de Equipo Económico. "Por tanto, desde Tarragona se contrata a Equipo Económico y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico, ya que el pago, a pesar de que se realiza por medio de AFGIM –la patronal–, se fracciona entre todas las gasistas, por lo que Messer, desde Tarragona, realiza su parte del pago", apunta el instructor.

El juez explica que los hechos descritos pueden subsumirse en un delito de tráfico de influencias, prevaricación o cohecho, delitos que, en el caso de la gasista citada, se cometerían desde la ciudad catalana. "Por último, no debemos olvidar el impacto económico que tanto la reforma del IE como la reforma del IAE produjeron en las arcas de Tarragona y de las localidades, también de este partido judicial, en las que se encuentran plantas afectadas por dichas reformas", sentencia auto, en el que se resalta que no se ha actuado "porque se tenga un especial interés en conocer el asunto", sino que se ha hecho "en cumplimiento de las normas legales y de reparto que resultan aplicables".

Una veintena de personas han declarado esta semana en la Audiencia Nacional en relación con la llamada operación Kitchen. Han sido cuatro sesiones intensas en las que, por vez primera, el foco ha salido del Ministerio del Interior, que el instructor fijó como "centro nuclear" de la trama, para colocarse sobre la rama política, en referencia a la posible conexión del PP con el supuesto operativo parapolicial para evitar que información comprometedora que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas acabase en la investigación de Gürtel. Una batería de interrogatorios que, además, han dado algo de oxígeno a la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que por el momento no ha salido muy dañado de las primeras semanas de juicio.

Dos son los elementos que salpican al exdirigente conservador en la causa. Por un lado, el testimonio que dio en fase de instrucción del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Por otro, los mensajes que el exnúmero dos de Interior protocolizó ante notario. Es, básicamente, lo que le sitúa como conocedor de la Kitchen. Y lo que llevó en su día al instructor a concluir: "En una fecha que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013, Jorge Fernández Díaz [...] con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez [...] a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Luis Bárcenas con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación [...] denominada papeles de Bárcenas".

Los mensajes en cuestión, todos ellos recibidos por el ex secretario de Estado de Seguridad, fueron protocolizados ante dos notarios distintos en los meses de junio y octubre de 2019, en un momento en el que la investigación judicial se encontraba bajo secreto. En la primera tanda, destacaba uno fechado el 13 de julio de 2013 en el que se hacía mención al exchófer del tesorero, el topo alrededor del cual giró toda la operación: "Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Y otro del 2 de agosto de ese mismo año en el que se daba respuesta a un mensaje de Martínez relacionado con un contacto: "Lo tendré al acabar el Consejo, así hemos quedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info".

Y en la segunda, se recogía un mensaje fechado el 18 de octubre de 2013: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica. Es decir, que no sería información para el J a efectos publicación..: eso es lo que ha dicho, insisto y es muy probable que esa fuera la intención..). // Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información... veremos. Te informo".

Las fechas son clave. La primera vigilancia a la familia Bárcenas por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información de la que existe constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013, 12 días después del mensaje que arrancaba con aquel "Chófer B.". Y el de "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo" fue enviado, precisamente, un día después de que el comisario jubilado José Manuel Villarejo apuntase en su agenda, junto a la palabra "Big" –es como se refería a Enrique García Castaño, comisario jefe de la UCAO– lo siguiente: "Relación cocinero-copiando Tfnos [sic]". Dos agentes confirmaron la pasada semana en el juicio que clonaron a mediados de octubre de 2013 dispositivos electrónicos de Bárcenas.

Martínez acudió al notario por primera vez dos días después de que su exjefe saliese públicamente a desvincularse de la operación con aquel "me estoy enterando ahora", unas declaraciones que irritaron a su exnúmero dos: "Está haciendo lo mismo que con las grabaciones. Pero esta vez sí se va a arrepentir. Ni se imagina la que le espera" –dijo a quien fuera director de comunicación del Ministerio del Interior–. Los mensajes, según comprobaron ambos notarios, fueron enviados desde un número que Martínez tenía guardado en su terminal con el nombre de "Jorge Fernández Díaz". Y dada la importancia que los mismos tienen en el caso, la estrategia del exministro ha pasado en todo momento por negar su existencia, presentando en instrucción un peritaje que cuestiona su "autenticidad e integridad".

Tiene, en este sentido, elementos que juegan a su favor. Por ejemplo, el "borrado" de los mensajes que llevó a cabo Martínez tras su documentación ante notario, lo que impidió a la Policía acceder a los mismos. La investigación trató entonces de cubrir esa laguna a través del móvil de Fernández Díaz. Tras su declaración como investigado, se revisó, con su permiso, su dispositivo, sin que se hallaran mensajes cruzados entre ambos. La explicación era sencilla: había cambiado de terminal hacía unos meses. El juez pidió entonces que entregase el anterior y, sobre todo, el que utilizaba en 2013. El exministro, sin embargo, dijo que no disponía de aquel que usaba en el momento de los hechos. Solo entregó, por tanto, el que acababa de cambiar, un teléfono en el que no había un mensaje con su exnúmero dos.

"La única constancia de estos mensajes es impresa a través de las actas notariales, pues los mensajes no han sido aportados por el Sr. Martínez ni localizados en ningún terminal", rezaba el escrito de defensa del exministro de cara al juicio. Una vista oral en la que ya han comparecido, de hecho, los dos fedatarios. El abogado de Fernández Díaz se empleó a fondo en ambos casos. Y consiguió lo que estaba buscando: que los notarios reconocieran que dejaron constancia de lo que vieron y de lo que le dijeron, pero nada más. "¿Usted puede dar fe de cuál es el origen del mensaje?", preguntó a uno de ellos, que respondió con un "No". "Yo nunca puedo acreditar esa procedencia", lanzó esta misma semana el segundo.

Queda, sin embargo, algún fleco alrededor de esta cuestión. Aunque ambos notarios señalasen que ellos no podían certificar que el móvil desde el que se enviaron dichos mensajes fuera el del exministro, lo cierto es que los investigadores sí comprobaron durante la fase de instrucción los datos de titularidad de esa línea móvil. "Se ha comprobado cómo en el año 2013 su titular es el Ministerio del Interior (de 31.12.2011 a 01.10.2015) y a partir del 05.07.2019 Jorge Fernández Díaz", recoge la Unidad de Asuntos Internos en un informe. La defensa de Martínez reclamó hasta el último momento que se oficiase a la compañía telefónica para que informara sobre llamadas, mensajes SMS y consumo de datos entre julio y octubre de 2013 de ese número. Pero la instrucción se cerró sin dicha diligencia.

Pero no son solo los mensajes lo que incrimina a Fernández Díaz. También está el testimonio de su exnúmero dos, quien le señaló directamente. Ante el instructor, dio la misma versión que ya había ofrecido en entrevistas previas. "Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito", dijo a El País. Una versión que habrá que ver si sigue manteniendo. Jefe y subordinado están, desde hace años, enfrentados, si bien hasta el momento las defensas parecen estar trabajando de forma coordinada en el juicio.

Al rescate de uno y otro salieron esta semana sus antiguos compañeros de partido y de Gobierno. "En todo este tema no ha habido una operación política", lanzó durante su declaración el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Más bien, continuó, se trataba de una "operación policial" cuyo "objetivo fundamental" era "coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros". "Y estoy convencido de que se ajustó a la legalidad", completó el exlíder del Ejecutivo. Esa es, precisamente, la tesis que mantienen las defensas. Una versión que, sin embargo, se tambalea, dado que la información que se iba recabando ni se incorporaba al sistema interno policial ni se facilitaba a juez, fiscales o investigadores de la Gürtel.

Fernández Díaz y Martínez son, de hecho, quienes podrían hacer escalar el caso en el organigrama. Y, de hecho, la defensa del primero ya vino a insinuar en alguno de sus escritos que igual había que empezar a mirar más hacia el PP en la búsqueda del origen de la Kitchen. Pero los letrados de ambos evitaron poner en aprietos al expresidente. Y se limitaron a plantear algunas preguntas inofensivas para apuntalar su defensa. Y él, a cambio, les lanzó un salvavidas vendiendo una imagen de una cúpula del Ministerio del Interior que ni maneja fondos reservados –ambos están acusados, precisamente, de malversación– ni se entera de las operaciones policiales ni conoce a los confidentes.

Mucho ruido y pocas nueces. La comparecencia de este jueves en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no ha servido para profundizar en la supuesta conexión política de la operación parapolicial para hacerse con documentación comprometedora para el PP en Gürtel que pudiera tener en su poder el extesorero Luis Bárcenas. El exlíder conservador no se salió ni un milímetro del guion. Con una declaración medida, repleta en algunos puntos de lagunas mentales, negó todo lo que implicaba a su partido. Y solo admitió lo que está acreditado. Media hora en la que Rajoy, con el silencio de Anticorrupción y de las defensas de la cúpula de Interior, se escabulló de la Kitchen y lanzó un salvavidas a su exministro del Interior y ex secretario de Estado de Seguridad.

El interrogatorio no fue, precisamente, fluido. Las interrupciones fueron continuas por parte de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. La magistrada dejó claro desde el minuto cero que no iba a permitir que los abogados se salieran del perímetro marcado por los escritos de acusación. Y fiscalizó, una a una y con ojo clínico, todas las preguntas que se lanzaban. "Le ruego que reconduzcamos el interrogatorio a los hechos que aquí se enjuician", pedía una y otra vez Palacios. "Protesto", se quejaba la abogada del PSOE, que veía cómo la presidenta rechazaba algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, con la caja B del partido pese a que la Kitchen versa, precisamente, sobre las maniobras para destruir documentos comprometedores para la formación que pudiera tener Bárcenas en su poder.

Dos tercios del interrogatorio han corrido a cargo de la letrada socialista. Y el restante, del abogado de Podemos, del comisario jubilado José Manuel Villarejo y de las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ni una sola pregunta planteó la Abogacía del Estado. Y tampoco el fiscal Anticorrupción, César de Rivas, quien, sin embargo, sí levantó la mano en un momento dado para indicar que una cuestión que estaba lanzando la abogada del PSOE resultaba improcedente. El Ministerio Público es consciente de los límites marcados por el tribunal. Y ha decidido no salirse ni un milímetro de los mismos.

Anticorrupción siempre criticó que el instructor, el magistrado Manuel García-Castellón, circunscribiera la Kitchen al ámbito del Ministerio del Interior y no ahondara en la llamada "conexión política". "Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja", criticaba en uno de sus escritos, en los que incluso llegaba a hacer alusión a la existencia de "elementos que confluirían" en una "posible responsabilidad" del entonces presidente del Gobierno. Una sospecha que el fiscal también plasmó en su escrito de acusación cuando dijo que no podía descartarse "la intervención" en la operación de "otras personas de diferentes instancias".

El exministro del Interior también llegó a apuntar en su día, aunque de forma implícita, al PP. "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", lanzaba su abogado en el recurso que interpuso en julio de 2021 contra el auto de procesamiento de García-Castellón, el mismo que cerró la puerta a la rama política. Un escrito en el que, además, recordaba que al exministro del Interior "no le afectaba ni perjudicaba" el "resultado" de la investigación judicial sobre los papeles de Bárcenas, pieza separada de la Gürtel.

Misma dirección a la que también señaló su ex número dos en un mensaje de WhatsApp que en marzo de 2019 remitió al entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea: "Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Por eso me he metido en este lío. Por eso y por nada más. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy". Uno y otro eran, por tanto, quienes podían poner en más apuros a su exjefe. Sin embargo, los abogados de ambos se han limitado a lanzar media docena de preguntas completamente inofensivas orientadas, más bien, a apuntalar determinados aspectos de su defensa en relación al reparto de fondos reservados o el conocimiento de operaciones policiales.

Con su testimonio, de hecho, Rajoy ha lanzado un salvavidas a sus antiguos mandos, tanto en el Ministerio del Interior como en la Policía Nacional. "En todo este tema no ha habido una operación política", lanzó. Más bien, continuó, se trataba de una "operación policial" cuyo "objetivo fundamental" era "coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros". Esa es, precisamente, la tesis que han mantenido en todo momento las defensas. "Y estoy convencido de que se ajustó a la legalidad", ha completado. Y eso que, según ha dicho, él se enteró de la existencia de la Kitchen mucho tiempo después, cuando "un policía lo dijo" en el Congreso de los Diputados.

Una tesis, la de la legalidad de la Kitchen, que por el momento se tambalea. En primer lugar, porque en el momento de ponerse en marcha –verano de 2013– ya se había localizado buena parte del dinero de Bárcenas en Suiza –ocurrió en enero de ese mismo año–. Y en segundo lugar, porque no se ha encontrado ni rastro, en palabras del investigador principal del caso, "de que la información que se obtenía" se trasladase "ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora". Una sospecha que también genera el hecho de no se hubiera hecho constar la existencia de la operación en el sistema interno policial hasta 2015, cuando la misma ya había concluido.

Las preguntas formuladas por los abogados de Fernández Díaz y Martínez sirvieron, además, para que Rajoy dibujase una cúpula de Interior completamente ajena al reparto de fondos reservados, operativos policiales y confidentes. Dijo que, como titular de ese departamento a comienzos de siglo, nunca se ocupó del dinero opaco. Y que, sobre este tema, el secretario de Estado de Seguridad solo firmaba "grandes partidas": "50 para Policía Nacional y 50 para Guardia Civil. A partir de ahí, no hacía más". "Ni el ministro ni el secretario de Estado ni el presidente están en las operaciones policiales", apuntó en otro momento. En los 90, el Supremo condenó a todo un exministro del Interior –José Barrionuevo– y a un ex secretario de Seguridad, Rafael Vera, por conocer, aprobar y dar el dinero necesario para el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey.

Rajoy, durante su declaración, se esforzó por cortar todos los hilos que pudieran terminar conectándole a la trama. Dijo que no se adoptaron medidas para destruir pruebas que pudieran implicar al PP en Gürtel, que no se interesó por el posible daño que ese caso pudiera tener para el partido, que no se presionó al extesorero o que nunca metió en una trituradora una hoja de la caja B de la formación política. De hecho, puso en duda la existencia de las grabaciones que dijo tener Bárcenas y que le implicaban en esa "contabilidad extracontable". Lo tenía fácil. Sólo el extesorero las ha escuchado. Y el pendrive donde las guardaba, desapareció del taller de su mujer. "No creo que las tuviera, porque si las tuviera las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos", señaló el expresidente.

El testimonio de Rajoy, del mismo modo, también ha evidenciado momentos de amnesia selectiva. Por ejemplo, cuando se le ha ido preguntando por distintos mensajes que envió a Bárcenas en la primavera de 2013. Reconoció el SMS de "Luis, sé fuerte" porque "en los últimos quince años se ha publicado casi todos los días". Sin embargo, renegó de otro enviado en febrero de 2012, cuando la Gürtel ya salpicaba a Bárcenas, con aquel "hacemos lo que podemos". "¿Lo envió usted?", le preguntaron. "No", se limitó a responder.

Su declaración era el plato fuerte de la undécima sesión del juicio del caso Kitchen, la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora para el PP en Gürtel que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas. Y se despachó en poco más de media hora. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se desvinculó por completo en la Audiencia Nacional del operativo que está siendo juzgado y entró al enfrentamiento directo con el viejo contable de la formación, a quien acusó de mentir. Negó haber destruido en una trituradora, como Bárcenas señaló en sede judicial, una hoja de la caja B del partido. Y rechazó que el extesorero pudiera tener grabaciones comprometedoras: "No creo que tuviera grabaciones, porque si las tuviera las habría dado a conocer como hizo con otros muchos documentos".

Es la tercera vez que Rajoy comparece en la Audiencia Nacional. Antes, lo hizo en la pieza principal de la Gürtel y en la de papeles de Bárcenas. El exlíder del Ejecutivo y del PP nunca ha figurado como investigado en Kitchen, donde los indicios contra él son indirectos y a través de terceras personas. De hecho, García-Castellón ni siquiera le llamó a declarar como testigo en el procedimiento. Pero su nombre ha sobrevolado la causa en todo momento. Sobre todo, a raíz del informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que dio impulso a esta pieza separada del caso Tándem, donde se deslizaba que alguien llamado El Asturiano tendría conocimiento de la operación.

El investigador principal de esta causa, el inspector jefe de Asuntos Internos Gonzalo Fraga, confirmó durante la primera semana de testificales que El Asturiano y El Barbas eran motes con los que algunos de los acusados se referían al expresidente del Gobierno: "Es Mariano Rajoy". Y por ahí arrancó, precisamente, el interrogatorio. "¿Yo me llamo Mariano Rajoy y cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos", se limitó a decir el exlíder del PP cuando le preguntó sobre esos apodos la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, a cuyas cuestiones ha respondido con monosílabos una y otra vez.

La letrada ha sido, precisamente, la encargada de abrir la sesión. Y no lo ha tenido fácil. La presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, ha estado al quite para evitar cualquier pregunta que se saliera del perímetro marcado. "Los hechos de la acusación no incluyen eso. Por favor, reconduzcamos el interrogatorio", ha interrumpido una y otra vez Palacios. De Pascual ya sabía que el tira y afloja iba a ser continuo. "Hoy voy a protestar por todo", dijo esbozando una ligera sonrisa. "Retire esa impertinencia", contestó de inmediato la presidenta del tribunal.

Las interrupciones fueron continuas. Incluso, cuando la abogada trataba de preguntar por Gürtel, la caja B del partido o, incluso, por algunas afirmaciones que hizo Bárcenas, que ejerce la acusación en el juicio, el pasado lunes durante su comparecencia como testigo. Y eso que Kitchen se centra, precisamente, en una supuesta operación parapolicial para destruir información comprometedora para la formación conservadora en Gürtel. Pese a ello, la letrada fue lanzando, una a una, todas las cuestiones que llevaba apuntadas. Y el expresidente del Gobierno, a su manera y a trompicones, fue respondiendo.

Sobre el audio que el extesorero dijo tener en un pendrive que desapareció del taller de su mujer, en el que supuestamente se escucharía a Rajoy destruyendo un papel de la caja B y hablando de dicha "contabilidad extracontable", el exlíder del Ejecutivo dijo que todo eso era "absolutamente falso". De hecho, puso en duda la existencia de dichas grabaciones, que solo habría escuchado el extesorero pero a las que aludían en sus conversaciones los comisarios implicados. "No creo que las tuviera, porque si las tuviera las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos", ha señalado a preguntas del abogado de Podemos.

El expresidente no dudó en ir al cuerpo a cuerpo con su extesorero. Dijo que su relación había sido "puramente profesional" y no le ocupaba "demasiado tiempo". "No era una persona de mi confianza", lanzó. Negó que hubieran mantenido desde el partido "contactos" con Bárcenas "para influir" en sus declaraciones judiciales. O que lo hubieran "presionado, amenazado o intimidado". Y cuando le preguntaron por el intercambio de llamadas y mensajes con el extesorero en marzo de 2013, cuando ya se habían desvelado los papeles de Bárcenas, llegó la amnesia: "No recuerdo ese mensaje", "No tengo ni la más remota idea ni recuerdo para nada que se haya producido ese mensaje".

Sí que recordaba, sin embargo, el famoso SMS de "Luis, sé fuerte" enviado en enero de 2013. "De ese me he acordado porque en los últimos quince años se ha publicado casi todos los días", ha lanzado. Sin embargo, ha renegado de otro enviado en febrero de 2012, el de "Luis, nada es fácil, hacemos lo que podemos". "¿Ese mensaje lo manda usted?", le han preguntado. "No", ha respondido. Además de estos, también se le ha expuesto un mensaje que le hizo llegar Bárcenas en la tarde del 14 de marzo de 2013: "Tú sabrás a lo que estáis jugando, yo dejo de tener cualquier compromiso contigo y con el partido". "Ni me suena", ha dicho. "¿Cambió la relación de Bárcenas con el partido tras ese mensaje?", le han preguntado. "Cambió cuando yo tuve la seguridad y conciencia de que tenía 48 millones de euros en Suiza", ha respondido. En resumen, cuando comprobaron que no era "trigo limpio".

Durante la instrucción, el comisario jubilado llegó a asegurar ante el juez que intercambió algunos mensajes con Rajoy relacionados con la operación. E, incluso, aportó un número de teléfono. Se confirmó que dicho contacto fue registrado por el PP y que estuvo dado de alta durante un periodo coincidente con el tiempo que el conservador ocupó La Moncloa. Pero para cuando se quiso seguir indagando, el magistrado Manuel García-Castellón cerró la instrucción. Durante el interrogatorio se ha preguntado al expresidente del Gobierno, precisamente, por esta cuestión. Y, de nuevo, lo ha negado. "Ni varios ni ningún mensaje", ha asegurado a preguntas del abogado de José Manuel Villarejo, un comisario jubilado al que dijo no haber conocido "nunca".

El exlíder del Ejecutivo se ha esforzado también por tratar de marcar distancias con la Kitchen. Así, ha asegurado que apenas se interesó en aquella época por la bomba de relojería que suponía el extesorero. "No estaba en aquellas cosas", ha resaltado. Sobre las conversaciones sobre este tema con su entonces secretaria general en el partido, María Dolores de Cospedal, se ha limitado a señalar que ella le dijo que "había que echarlo, que tenía unas cajas y que después de echarlo no iba a recoger las cajas". "Esos documentos con los que luego amenaza estuvieron dos meses en la sede del partido. ¡Si hubiéramos querido verlos, fíjese usted!", ha aseverado.

Aunque durante toda la instrucción, y también en su escrito de acusación, Anticorrupción deslizaba que no podía "descartarse" la "intervención de otras personas de diferentes instancias", ni el Ministerio Público ni la Abogacía del Estado han querido interrogar a Rajoy. Sí que le han preguntado, sin embargo, los abogados del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez para intentar apuntalar sus defensas en relación a un operativo policial que el expresidente ha negado que fuera político: "Yo estoy convencido de que se ajustó a la legalidad".

Si alguien pensaba que el juicio de la Kitchen discurriría solo por cuestiones de carácter operativo y policial, la declaración en sede judicial de Luis Bárcenas dejó meridianamente claro que no será así. El extesorero del PP vinculó esta semana a sus antiguos compañeros con la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora que pudiera aportar a la investigación de Gürtel. Cuando el interrogatorio de su abogada tocaba a su fin, levantó el dedo y señaló a la cúpula conservadora: "Esta operación se inicia por los responsables del partido". Una rama política sobre la que este jueves se indagará con el interrogatorio como testigo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

El instructor de la causa, el magistrado Manuel García-Castellón, circunscribió en exclusiva la operación Kitchen a la cúpula del Ministerio del Interior que lideró Jorge Fernández Díaz, a quien se asignó la X de la trama. Una conclusión que, sin embargo, consideraba precipitada la Fiscalía Anticorrupción, que siempre se quejó de las reticencias del magistrado a la hora de ahondar en la "conexión política". "Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja", criticaba en el recurso de apelación contra el auto de procesamiento que dejó fuera del banquillo a Cospedal. Un escrito en el que, además, mencionaba que existían "elementos que confluirían" en una "posible responsabilidad" del presidente del Gobierno.

Rajoy comparecerá este jueves por tercera vez en la Audiencia Nacional. Antes, lo hizo en la pieza principal de la Gürtel y en la de papeles de Bárcenas. El exlíder del Ejecutivo y del PP nunca ha figurado como investigado en Kitchen, donde los indicios contra él son indirectos y a través de terceras personas. De hecho, García-Castellón ni siquiera le llamó a declarar como testigo en el procedimiento. Pero su nombre ha sobrevolado la causa en todo momento. De hecho, el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que dio impulso a esta pieza separada del caso Tándem ya hablaba de que alguien llamado El Asturiano tendría conocimiento de la operación.

Aquel documento recogía, entre otras, la grabación de una conversación en la que el comisario retirado José Manuel Villarejo contaba a quien fuera comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera algunos detalles de la operación: "Y luego la charla a Paco [el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez] explicativa y Paco: espérate que voy a hablar con El Asturiano". En un primer momento, Asuntos Internos no fue capaz de identificar a quien se escondía tras ese mote. Pero a medida que prosiguió la investigación, lo tuvo claro. "Es Mariano Rajoy", dijo el investigador principal de la Kitchen la pasada semana en sede judicial.

Villarejo, durante la instrucción, llegó a asegurar ante el juez que intercambió algunos mensajes con Rajoy relacionados con el operativo. E, incluso, aportó un número de teléfono. Se confirmó que dicho contacto fue registrado por el PP y que estuvo dado de alta durante un periodo coincidente con el tiempo que el conservador ocupó La Moncloa. Anticorrupción pidió que se reclamara al partido el nombre de la persona o personas que hubieran tenido ese móvil corporativo, pero el instructor lo rechazó y cerró las pesquisas: "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro".

La declaración como testigo de Bárcenas colocó a Rajoy como uno de los posibles beneficiarios de la operación. Al fin y al cabo, el extesorero aseguró que tuvo en el pasado una grabación que demostraba que el exlíder de la formación conservadora tenía conocimiento de la caja B del partido. La misma, completó, estuvo almacenada en un pendrive que desapareció del taller de su esposa. Aunque las defensas en el juicio trataron de sembrar dudas sobre el relato, lo cierto es que las cintas de Villarejo muestran cómo los comisarios de Kitchen estaban convencidos de la existencia de esos audios.

Una vez finalice su comparecencia, será la ex secretaria general del PP quien se siente ante el tribunal, que lidera la magistrada Teresa Palacios. A diferencia de Rajoy, María Dolores de Cospedal sí que estuvo investigada en este procedimiento. En su caso, con indicios directos. Pero al final, se libró del banquillo. Se decretó el sobreseimiento provisional de la causa contra ella. Y eso le da ahora margen para escabullirse de las preguntas que puedan resultar incriminatorias para ella y que puedan motivar una reapertura del procedimiento en su contra.

Unos límites sobre una situación excepcional que la presidenta del tribunal se encargaba de explicar este jueves a quien fuera marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro: "Usted tiene todo el derecho de a preguntas que puedan ser relativas a usted e incriminatorias decidir no contestarlas. Ahora, si le preguntan por hechos de otros que usted no tenga nada que ver o que, aunque fuera relacionado con usted, no tiene inconveniente de decirlo, puede manifestarse. Pero aquello que pueda suponer una reapertura del procedimiento respecto a usted con el dato suministrado por usted, eso está amparado de no efectuarlo".

El instructor dio carpetazo a la investigación contra el entonces matrimonio apenas un mes después de imputarlo. Lo hizo al entender que atribuirles una participación intelectual en la trama contra Bárcenas no era más que el "resultado de una inferencia voluntarista sin indicio alguno".García-Castellón calificaba, en aquella resolución, como "dudosa" la fiabilidad de los audios filtrados sobre la reunión de 2009 de Cospedal con Villarejo, al tiempo que resaltaba que no existían indicios para afirmar que buscase recopilar información sobre el caso Gürtel.

En aquel encuentro, que se celebró el 21 de julio de 2009 en la sede nacional del PP y que fue la continuación de otros que previamente había mantenido su marido con el comisario, se habló, entre otras cosas, del pendrive intervenido al que fuera contable de Francisco Correa. "O sea, que hay de todo", deslizó la política. "Hay mucha chicha", respondió el policía, que aseguró que habían hecho "todo lo posible" por "romper el USB".

La investigación conectó en un primer momento el nombre de la exdirigente conservadora con el proceso de captación de Sergio Ríos. Al fin y al cabo, según decía el propio Villarejo en sus grabaciones, la misma había sido posible gracias a la intermediación del comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera director general de Documentación y Análisis durante la etapa de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha y que coincidió con el exchófer en la época en la que ambos trabajaban para el exconsejero madrileño Francisco Granados.

Y luego llegaron las agendas del comisario jubilado. Y ahí el nombre de la ex secretaria general aflora en varias ocasiones. "Llamó para vernos. La parienta María Dolores de Cospedal quiere datos para tomar decisiones", reza una anotación del 26 de enero de 2009. "Me envía a José L. Orti –en referencia a José Luis Ortiz, jefe de Gabinete de la política– con 100 y promete 50 más el lunes", se lee en otra del 6 de diciembre de 2012. "Muy preocupada con los 5 pago de 200 [sic]. Me pide que le mantenga informada", apunta un año después. Y el 15 de septiembre de 2014 insiste en que "Cospe" promete "pagar la deuda de 100" y pide "un análisis de Ezquerra [sic]".

Tanto las acusaciones como Anticorrupción intentaron que el archivo fuera revocado y que Cospedal volviera a ser investigada. Sobre todo, tras la publicación de unos audios en el diario El País en los que se la escuchaba decir a Villarejo que había que parar lo de la "libretita" de Bárcenas. García-Castellón lo rechazó, alegando que no podían sustentarse las acusaciones "sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Una decisión que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó.

Sergio Ríos Esgueva es una de las piezas clave dentro de la Kitchen. Al fin y al cabo, de él dependía, en buena medida, el éxito de la supuesta operación parapolicial para robar a Luis Bárcenas información comprometedora que pudiera tener del PP. Como conductor y recadero del extesorero, conocía cada reunión mantenida, cada movimiento de documentación, cada escondite. Era, en palabras de Rosalía Iglesias, esposa del contable, "uno más de la familia". El topo perfecto para una misión que buscaba proteger del caso Gürtel a la formación conservadora. Un PP con el que, precisamente, el chófer había estado estrechamente conectado en el pasado.

Ríos Esgueva, nacido en Ceuta en 1975, aterrizó en casa de los Bárcenas en febrero de 2013. Lo hizo en un momento especialmente turbulento. El diario El País acababa de publicar los papeles del extesorero, que se encontraba ya bajo la lupa judicial, sobre la caja B del PP. Y el partido había retirado al exsenador, según explicó él mismo este lunes en el juicio de Kitchen, el "conductor que le tenía asignado". Es entonces cuando el extesorero descuelga el teléfono y acaba contratando a Ríos, un exmilitar con un pasado también turbulento. Fue, según publican varios medios, portero de un prostíbulo. Y las bases de datos policiales, tal y como consta en un informe de Asuntos Internos, recogen una detención a comienzos de siglo por tenencia de armas.

Su "función principal" era la de conductor, pero también hacía "tareas de carácter administrativo" –desde cobrar cheques a llevar documentación de un sitio a otro–. Un puesto para el que, en definitiva, la familia Bárcenas necesitaba a alguien de "absoluta confianza". El nombre de Ríos se lo facilitó al extesorero una persona de dentro de la formación conservadora. En resumen, un "jefe de Seguridad" del PP recomienda al entonces enemigo público número uno del partido que contrate como "chico para todo" a una persona que "había hecho trabajos" previamente para la formación. Bárcenas no dijo en ningún momento a lo largo del extenso interrogatorio el nombre de ese responsable de Seguridad, un departamento cuyo director era, por aquel entonces y según consta en resoluciones judiciales, el cuñado de Bárcenas.

El informe de la Unidad de Asuntos Internos que dio origen a Kitchen, pieza separada dentro de la macrocausa Tándem, ya hacía alusión a esa conexión laboral del chófer con la formación conservadora. En el mismo se recogían detalles de los papeles relacionados con la supuesta operación parapolicial que habían sido intervenidos en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los acusados en este procedimiento. Entre otros, se mencionaba, por ejemplo, un documento denominado "CURRI CHEF SERGIO JAVIER RÍOS ESGUEVA" que, según resaltaba el informe policial, se correspondía con el currículo del conductor y que recogía, dentro del apartado "experiencia laboral", una mención al "servicio de seguridad del Partido Popular".

La lealtad de Ríos hacia la familia Bárcenas duró apenas unos meses. En el verano de 2013, el chófer ya estaba controlado por la brigada política. Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, hubo un "primer intento infructuoso" de captarle por parte de Enrique García Castaño, entonces comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, la que se encargó de la mayor parte de los seguimientos que se hicieron sobre el entorno del extesorero. Una captación que, finalmente, se produjo con la intermediación del excomisario Andrés Gómez Gordo, que también se sienta en el banquillo de los acusados. Y de la que se encargó el propio Villarejo, según apuntó en las primeras sesiones de juicio el investigador principal de la Kitchen.

En la causa consta, precisamente, una grabación en la que el comisario retirado reconoce ese papel de captador al empresario Adrián de la Joya y al excomisario José Luis Olivera, que también integra la lista de acusados: "Primero va El Gordo –así llamaban a García Castaño– a captarlo… Oye, tú que has sido milico no sé y no sé cuántos, todo por la patria y no sé qué..., y el otro se asusta y se acojona: no quiero saber nada de usted. El Gordo claro, utiliza la técnica esa que tiene [sic] ellos de captación brusca, que se llama… Ummm, ¿sabes? Yo lo que hago es que digo: A ver este tío dónde está..., este tío ha sido el escolta de Granados, ha sido no sé qué... ¿A quién conoce?..., a éste y a éste... Y a quién tal... Cospedín. Y me voy a Cospedín", se escucha decir a Villarejo.

Cospedín es Gómez Gordo. Y le llamaban así por la estrecha relación que tenía con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que cuando se convirtió en presidenta de Castilla-La Mancha se lo llevó como director general de Documentación y Análisis. Ríos le conocía, recoge Anticorrupción en su escrito, de haber coincidido con él en "eventos" de la Comunidad de Madrid. El exchófer, en concreto, trabajó años atrás para el exconsejero madrileño Francisco Granados. Y Gómez Gordo ocupó también varios puestos vinculados al Ejecutivo regional. Entre octubre de 2007 y octubre de 2009 fue director de Seguridad del fallido Campus de la Justicia. Y durante el año siguiente, ejerció como "personal eventual de confianza" de la Comunidad de Madrid. En concreto, como asesor de Granados.

En diciembre de 2018, el arrepentido David Marjaliza, uno de los principales imputados en la Operación Púnica, declaró ante el juez que fue Granados quien le pidió que localizara a Ríos porque el comisario José Villarejo lo necesitaba para “interceptar” documentación en poder de Luis Bárcenas. Al parecer, Ríos era amigo del conductor del empresario. Una afirmación que provocó el enfado del abogado del exconsejero madrileño, que lo negó tajantemente.

El juicio de Kitchen, la supuesta operación parapolicial para evitar que se aportara a Gürtel documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP, se retomó este lunes en la Audiencia Nacional con el testimonio del principal afectado: Luis Bárcenas. Durante su interrogatorio, que comenzó dirigiendo el fiscal Anticorrupción, César de Rivas, el extesorero de la formación conservadora ha confirmado que desde prisión dio orden a un recluso que parecía tener conocimientos informáticos de destruir una grabación, "muy cortita", del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy relacionada con la caja B del PP. El extesorero guardaba ese audio, junto con otro del exlíder del PP Javier Arenas, tanto en la nube como en un pendrive que desapareció del taller de restauración que tenía su esposa en el centro de Madrid.

"Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso", rezaba un manuscrito que Instituciones Penitenciarias habría intervenido a un interno de Soto del Real, de nombre Isidro. Esa nota le ha sido mostrada a Bárcenas durante el juicio. Él ha reconocido que es su letra, si bien ligeramente modificada. Y ha explicado: "Le estaba diciendo qué hacer una vez que accediese a los audios relacionados con Mariano Rajoy. Le doy datos del email vinculado con la nube y las claves se las facilito en un papel independiente". Una misión que el interno, que decía ser "un genio de la informática", trataría de llevar a cabo cuando saliera de permiso. Y para cuya puesta en marcha pidió una determinada "cantidad de dinero".

Bárcenas ha señalado que esos fondos fueron entregados a través de su exchófer Sergio Ríos, que como informador jugó un papel central en la operación parapolicial. El extesorero dijo desconocer si el trabajo finalmente se había realizado. No obstante, completó: "Algo debió de hacer, porque cuando recuperé la libertad en la nube –donde almacenaba material relacionado con el procedimiento de Gürtel– no tenia nada". El interno declaró la pasada semana en el juicio. Durante su comparecencia como testigo, aseguró que el encargo nunca se llegó a culminar porque a las horas de salir del centro fue detenido porque constaba una requisitoria contra él que saltó a la Policía en cuanto el hombre se alojó en un hotel.

Esas grabaciones han sobrevolado durante horas todo el interrogatorio. Pero no se incidió en el contenido de las mismas hasta el turno del abogado de Podemos. Tras un ligero tira y afloja, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, pidió al testigo que describiera los audios. En relación al de Rajoy, explicó que es uno captado con un teléfono en su despacho en Génova y que en él se le escucha, supuestamente, entregar al expresidente la última hoja de esa "contabilidad extracontable" y un sobre con el saldo sobrante. "Él se da la vuelta en el sillón e introduce el papel en un destructor y ahí acaba la conversación", ha detallado. Y en cuanto a la de Arenas, versa sobre el acta notarial que había protocolizado el extesorero sobre "los fondos extracontables del PP".

Esas dos grabaciones se subieron a la nube y, además, se introdujeron en un pendrive junto con una tercera suya en la que explicaba determinadas cuestiones relacionadas con dicha contabilidad, una memoria que se guardó en el taller de su mujer, Rosalía Iglesias, y que no logró encontrar tras salir de prisión provisional. Ubicado en el centro de Madrid, dicho local, al que se trasladaron decenas de cajas con documentación procedente de su despacho en la sede del PP, estuvo en el listado de objetivos a vigilar por parte de los agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, un departamento que ocupó un papel central en la supuesta operación parapolicial.

Nadie más que él, ha resaltado, habría escuchado dichos audios. Lo ha reconocido a preguntas de las defensas, que se han esforzado en poner en cuestión la existencia de los mismos. Uno a uno, los abogados han tratado de tumbar la solidez del relato poniendo de manifiesto las diferentes versiones dadas por el extesorero en relación con las grabaciones. Y también le han preguntado por qué en el manuscrito sobre el supuesto encargo al recluso se hablaba de "Alex", cuando el interno se llamaba "Isidro". "¿No tenía claro cómo se llamaba?", ha cuestionado con ironía el abogado del exministro Jorge Fernández Díaz. "A él le llamaban Alex", ha respondido el extesorero de la fundación conservadora.

Y mientras las defensas se afanaban por desmontar el caso, Anticorrupción trataba de apuntalar el robo de material al extesorero del PP. El fiscal dedicó buena parte del interrogatorio a mostrar al testigo documentación localizada durante un registro al comisario jubilado José Manuel Villarejo y comunicaciones que habría aportado al caso Enrique García Castaño, quien fuera jefe de la UCAO y pieza clave en toda la trama –aunque por motivos de salud no se sienta en el banquillo de los acusados–. "¿Ese mensaje es suyo?", le ha preguntado una y otra vez. "Sí, ese mensaje es mío, de mi teléfono móvil", ha ido contestando Bárcenas. "Esa es mi letra, ese documento es mío", ha señalado en otros momentos sobre papeles que se le iban mostrando.

Parte de los documentos que se iban reproduciendo en la pantalla ha dicho que estaban en su casa y que se le entregaron al chófer para que se los llevara al que era su abogado, Javier Gómez de Liaño, y los aportase a la investigación de la Gürtel. Un conductor que, ha dicho, también tenía acceso a sus dispositivos electrónicos y al taller de restauración de su mujer, donde el mismo Ríos, a quien el extesorero contrató por recomendación de un conocido del PP, trasladó también por orden de Bárcenas abundante documentación que sacó de su despacho en la sede conservadora de Génova. "Tenía acceso permanente. Tenía las llaves, conocía las claves", ha explicado.

Un relato que se ha encargado de ir confirmando su mujer con posterioridad. Durante su comparecencia, Iglesias ha señalado que tenían una confianza absoluta en el conductor. Tanto, que comentaban cualquier cosa delante de él: "Hablábamos con confianza, como si fuera una persona más de la familia, no había filtros". Una relación que, ha explicado, se fue deteriorando con el paso del tiempo. Tanto, que acabó con el despido de Ríos. "Dejó de trabajar con nosotros por mí", ha reconocido la mujer de Bárcenas, quien ha asegurado que el "comportamiento" del conductor cambió: "Está muy nervioso, conduce de una manera más brusca...". De hecho, ha relatado cómo desapareció una de las veces que la llevó a la cárcel a ver a su marido: "No me dio ninguna explicación coherente".

Del mismo modo, ha apuntado que Ríos tenía "interés" en acompañarla "absolutamente" con "todo el mundo" con quien se "viese". También que se sintió seguida desde el primer instante, sobre todo cuando iba al despacho de Gómez de Liaño. A lo largo de su interrogatorio, del mismo modo, se le ha preguntado por las grabaciones, aunque no ha podido dar mucha información porque su marido le decía "lo mínimo posible" y ella no es "de preguntar mucho". Y las defensas han intentado acorralarla, sobre todo, en relación con las cajas de documentación guardadas en su taller de restauración. En ese sentido, ha explicado que cuando se movió de ese estudio a otro un poco más pequeño, todo ese material fue colocado en una serie de altillos. Espacios que, han conseguido arrancarle las defensas, no estaban bajo llave.

"Yo sé que esta operación se inicia por los responsables del partido y luego tiene un traslado a la parte digamos relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior, pero empieza en el partido", ha aseverado el también exsenador,. Durante su larga comparecencia, Bárcenas también ha relatado dos visitas que recibió en prisión del abogado y exfiscal Ignacio Peláez, quien le habría dicho que determinada información de la Gürtel estaba "manipulada" y que había tres policías que así lo podían acreditar a cambio de "una cantidad", que cifró entre seis y doce millones. quien durante su comparecencia también ha relatado dos visitas que recibió en prisión. En este sentido, ha mencionado –y no es la primera vez que lo hace– a Villarejo, al excomisario jefe de la UDEF José Luis Olivera y al excomisario general de Policía Judicial Juan Antonio González.

Bárcenas ha explicado que en aquel momento dijo estar dispuesto a pagar "la parte alícuota" porque "tenía el máximo interés" en demostrar que el procedimiento estaba "viciado". El extesorero, del mismo modo, también ha relatado algunas conversaciones mantenidas con Javier Iglesias, abogado "enviado desde el PP". Ha dicho que en febrero de 2013, antes de entrar en prisión, el letrado, que está citado como testigo esta semana, le ofreció medio millón de euros por "falsear" los papeles de la caja B que había desvelado el diario El País y enviarlos a los medios, generando de esta manera incertidumbre sobre la veracidad de todos los publicados en prensa. Ya en Soto del Real, ha dicho que mantuvo otra charla con Iglesias en la que este le habría dicho que si su mujer declaraba entraría en la cárcel.

El Gobierno ya está preparado para activar el procedimiento de eliminación de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Dos años y medio después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado de Fundaciones, ha emitido finalmente una resolución orientada a la extinción de la entidad. Firmada por el ministro Ernest Urtasun, concluye que el fin principal de la misma, por más que modifique sus estatutos, "se centra en la apología del franquismo". Pero el extenso escrito del ministerio no implica, directamente, su final. Ahora comienza una batalla judicial que se espera larga, tanto que tendrá que ser afrontada por el próximo Ejecutivo, y que amenaza, incluso, con llegar al Tribunal Supremo.

La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información que consta en el Ministerio de Justicia. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.

Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó al monarca su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al rey su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".

Durante el último casi medio siglo, esta entidad ha sido la última trinchera de la dictadura. Una anomalía en democracia a la que se ha querido poner fin a través de la nueva ley de memoria. Esta norma estableció como causa de extinción de fundaciones la "apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". El Ministerio de Cultura comenzó en junio de 2024 a recopilar información y argumentos para motivar la eliminación de la Fundación Franco. Un proceso que, dos años después, ha culminado con lo que consideran un "expediente sólido" para continuar con la extinción.

La resolución recoge, a lo largo de setenta páginas, tanto el contenido de los distintos informes solicitados como las alegaciones de la propia entidad. Y la conclusión es clara: "Queda acreditado que su fin principal se centra en la apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado y la dictadura y enalteciendo a su dirigente y responsable principal, actuando para ello con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". Durante estos meses, se ha volcado y estudiado todo el contenido de la página web de la fundación. "Los fines de fomento y desarrollo de la educación, investigación y otras actividades culturales son instrumentales del fin principal, que supone proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo", recoge el informe de la Secretaría de Memoria.

Durante el procedimiento, la fundación presentó una alegación por un cambio en los estatutos realizado con posterioridad a la entrada en vigor de la norma memorialista. En concreto, del artículo 6, en el que se incluía el compromiso de "velar" por el "máximo respeto a las víctimas de cualquier significación" del periodo comprendido entre 1931 y 1977, evitando "siempre" el "menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares". Sin embargo, Cultura contraatacó diciendo que dicha reforma estatutaria no se presentó "siguiendo el procedimiento" previsto a nivel reglamentario. Hubo una solicitud de modificación estatutaria, sí, pero nunca se llegó a completar.

La resolución del Ministerio de Cultura no deriva, de manera inmediata, en la eliminación de la fundación. Ahora, con el expediente sobre la mesa, la Abogacía del Estado tendrá que activar la palanca judicial. Serán los jueces, por tanto, quienes tengan la última palabra. "Comienza la verdadera batalla, que se dirimirá en los tribunales", dicen desde la entidad. Una guerra que se prevé intensa. Lo que decida el tribunal de instancia podrá ser recurrido ante la Audiencia y, posteriormente, en casación ante el Tribunal Supremo. De hecho, desde la fundación dejan claro en conversación con infoLibre que, si es necesario, piensan llegar hasta esa instancia, a la que ya acudieron en su día –aunque sin éxito– para tratar de impedir la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.

La batalla puede demorarse bastante tiempo. Casi cuatro años pasaron, por ejemplo, desde que la Generalitat Valenciana pidió en el juzgado la eliminación de la Fundación Arnedo Medina hasta que el Alto Tribunal, tras varios recursos, le dio definitivamente la razón. Todo apunta, por tanto, a que la carpeta judicial de la extinción será heredada por el Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales, que podrá tomar decisiones relevantes respecto a la misma a través de la Abogacía –por ejemplo, en relación a la interposición de recursos–. Por el momento, todas las encuestas apuntan hacia una clara mayoría absoluta del PP con Vox, una ultraderecha que se ha posicionado en contra de la ilegalización de la fundación.

De entre todos los bienes de los que dispone, el principal activo de la entidad es el archivo del dictador. Según un informe del Ministerio de Cultura, son cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; documentación producida por instituciones de la administración colonial, miembros de la monarquía o el clero; o documentos sobre numerosos acontecimientos históricos y sobre visitas de jefes de Estado extranjeros –desde Eisenhower a Eva Perón–. Papeles que "son de carácter público" y que el Ministerio de Cultura ha pedido a la Abogacía del Estado que reclame.

Tras dos años de vaivenes, excesos y polémicas decisiones, la cuestionada investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toca a su fin. El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acordó este lunes continuar el procedimiento contra Begoña Gómez, su asistenta Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El paso dado, equivalente al procesamiento, empuja a la pareja del líder del Ejecutivo hacia el banquillo de los acusados. Ahora bien, ni es definitivo ni asegura un juicio inminente.

Todo el mundo daba por hecho que Peinado trataría de dejar cerrada la causa antes de jubilarse –el próximo 27 de septiembre cumple 72 años, edad que lleva aparejada el retiro forzoso–. Y el auto dictado esta semana va, precisamente, en esa dirección. Una resolución que, sin embargo, aún no es firme. Contra la misma aún cabe recurso ante la Audiencia de Madrid, que en estos dos años ha avalado buena parte de las pesquisas pero que también ha corregido al instructor en repetidas ocasiones. Apelación cuya resolución puede tardar aún varios meses en llegar. Sin ir más lejos, en enero el órgano judicial superior anuló varios autos que habían sido dictados a finales de septiembre y principios de octubre. Es decir, tres meses de demora.

Del pronunciamiento sobre los esperados recursos que haga la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, que ha tutelado de principio a fin toda la instrucción, dependerá el futuro del procedimiento. Y las posibilidades que se abren son múltiples. Desde que comenzó la investigación, la defensa de Gómez y la Fiscalía han solicitado en repetidas ocasiones el archivo de la causa por falta de indicios. Un carpetazo que, sin embargo, parece complicado a la vista de la posición mantenida hasta el momento por los magistrados de la Sección 23, quienes han ido avalando, a grandes rasgos, la causa construida. Incluso, alrededor de la malversación.

Los magistrados también podrían, por ejemplo, permitir la continuación del procedimiento pero no por todos los delitos, en caso de que no vieran claros los indicios plasmados por el magistrado, o su encaje en torno a alguno de ellos. U obligarle a redactar un nuevo auto si consideraran que el del lunes, con una extensión muy superior a la que ha caracterizado a las resoluciones en este procedimiento, no está mínimamente argumentado –algo que ya hicieron, por ejemplo, con el de transformación de la causa en proceso con jurado–. Incluso, podrían anular el auto porque en el mismo se acuerda la práctica de nuevas diligencias, algo que, alegan las defensas, iría en contra de la Ley del Tribunal Jurado.

Otra posibilidad es que avalen la resolución de Peinado en su totalidad, allanando así el camino hacia el banquillo de Gómez y el resto de investigados. Con el visto bueno de la Sección 23, el instructor podría dictar ya auto de apertura de juicio oral, que según el artículo 32.2 de la citada ley no sería recurrible. Y el expediente se mandaría a la Audiencia de Madrid para la celebración del juicio, que suele tardar alrededor de medio año en celebrarse. Así ocurrió, por ejemplo, con Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel Cruz: el juez acordó la apertura de juicio en marzo de 2019 y la vista se desarrolló en septiembre de ese mismo año.

Tras un inicio puramente técnico con las llamadas cuestiones previas, el juicio de Kitchen coge por fin vuelo con la primera tanda de testimonios. Por la Audiencia Nacional han desfilado a lo largo de esta segunda semana más de una veintena de comparecientes. Agentes y altos mandos policiales, en su mayoría, que han acabado por dibujar una operación repleta de sombras que se alejaba por completo de lo común. Una misión de la que ha intentado desvincularse el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, cuyo abogado se ha esforzado por sembrar dudas en torno a la principal prueba de cargo en su contra. Y por la que la próxima semana serán interrogados el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

La Fiscalía Anticorrupción describe en su escrito de acusación una operación parapolicial para “impedir” que información comprometedora para el PP que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas acabase aportada al caso Gürtel. Se denominaba Kitchen por el parecido con un cocinero que alguno de los acusados veía en su gran colaborador: Sergio Ríos, exchófer del excontable conservador. Y se llevó a cabo, en gran medida, a través de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, si bien también participaron, en alguna ocasión, policías del grupo especial de seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos.

Más de una decena de estos agentes ya se han sentado como testigos ante el tribunal, que preside la magistrada Teresa Palacios. Todos ellos han confirmado los seguimientos a la familia Bárcenas y a su entorno por orden de sus superiores más directos. Los de Asuntos Internos, de Jesús Vicente Galán, ya jubilado. Los de la UCAO, del ahora comisario José Francisco González. Ambos han comparecido también esta semana como testigos, si bien su obligación de decir la verdad se veía “algo más difuminada”, en palabras de la magistrada, por la condición de investigados que habían tenido en un procedimiento que, para ellos, aún está sobreseído provisionalmente.

Uno y otro han apuntado hacia arriba en la cadena de mando. Galán ha señalado al entonces comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas: “Me dijo que Rosalía Iglesias –esposa de Bárcenas– estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin que fuéramos detectados”. Una orden que le resultó contradictoria dado que es “imposible” proteger “a distancia”. Una de las agentes de la unidad que participó en esos operativos dijo, sin embargo, que a ella “nunca” le habían transmitido “que había que dar protección a nadie”. “En otras declaraciones dijo que jamás había recibido una orden de Martín Blas para vigilar el entorno de Rosalía”, contraatacó el abogado del excomisario. “No lo recuerdo”, zanjó Galán.

González, por su parte, indicó que el encargo lo recibió de Enrique García Castaño, ex comisario jefe de la UCAO: “Me dijo que el DAO –el director adjunto operativo, que por entonces era Eugenio Pino– había ordenado el seguimiento. Bárcenas había entrado en prisión, Rosalía seguía en libertad aunque estaba investigada en esa causa y nos dijo que no se llegaba al dinero y que quería los seguimientos para ver si se encontraba el dinero que estaba en el exterior y los posibles testaferros”. La misma directriz que él trasladó a sus subordinados, según fueron explicando varios de los agentes que participaron en el operativo.

Los policías que realizaron dichos seguimientos, por tanto, estaban convencidos de que se estaba apoyando de manera operativa la investigación contra el extesorero. Al fin y al cabo, fueron explicando, no es raro que echen una mano de vez en cuando unidades investigadoras de fuera de la Comisaría General de Información. De ahí que no les extrañase que cuando perdían al “objetivo”, en relación a la mujer de Bárcenas, recibiesen en unos pocos minutos y tras una llamada la posición. “Pensábamos que el teléfono del chófer estaba intervenido”, contó en sede judicial uno de esos agentes. 

“Cuando han hecho labores de apoyo para otra unidad, como la de Policía Judicial, ¿han tenido contacto directo con ella?”, preguntó el fiscal César de Rivas. “No, siempre se hacía a través de García Castaño, que de alguna manera monopolizaba el trabajo”, respondió González. El excomisario, conocido en la Policía como El Gordo, es una de las piezas centrales del caso Kitchen. De hecho, en fase de instrucción llegó a decir que desde la cúpula del Ministerio del Interior se le encargó descubrir si Bárcenas se había “llevado discos duros” en los que apareciera la financiación del PP. Pese a ello, no se sienta en el banquillo debido a su mal estado de salud.

Una tesis, la de la posible operación policial legal, que se encargaron de ir enterrando otros testigos. “No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora –la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)–”, señaló en su larga comparecencia, de más de doce horas, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha investigado esta pieza separada del llamado caso Tándem. “No recibí ninguna solicitud de apoyo ni de la UDEF ni de la Comisaría General de Policía Judicial para actuar sobre el entorno de Rosalía Iglesias”, dijo, por su parte, Enrique Barón, en aquella época comisario general de Información –es decir, el superior jerárquico de García Castaño–.

Durante su comparecencia, el mandamás de la Comisaría General en la que se encuadraba la UCAO vino a explicar que lo normal era que se le informase del resultado de las operaciones que se llevaban a cabo: “Existía un método de control interno en el que yo supervisaba”. Una situación fuera de lo normal que también salió a flote cuando se le mostraron algunos recibís firmados por García Castaño relacionados con los pagos con cargo a los fondos reservados que se habrían hecho a Ríos. “No tiene nada que ver con la Comisaría General”, apuntó, al tiempo que dijo que quien debería dar explicaciones era El Gordo o quien le dio ese dinero.

Barón, no obstante, dio algo de oxígeno a los acusados cuando señaló que el uso que se hizo de efectivos policiales “ni fue en detrimento ni perjudicó los servicios” de Información. Así, explicó que los 70 agentes usados en el dispositivo estaban “libres de servicio”, en labores de “formación o actualización”. En su escrito de acusación, Anticorrupción hace mención, precisamente, a la “detracción” de estos policías cuando hace alusión al perjuicio económico de la Kitchen –al menos, 57.943 euros, entre los pagos de fondos reservados y la compra de una pistola para el exchófer–.

Las testificales de esta semana han servido también a la defensa del exministro del Interior para intentar tumbar la principal prueba de cargo que existe en su contra. Se trata, en concreto, de unos mensajes telefónicos que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez llevó ante notario para evidenciar el supuesto conocimiento que su superior tenía de la supuesta operación parapolicial. SMS que Fernández Díaz niega haber enviado.

“La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 Iphone y 1 Ipad)”, rezaba uno de ellos. En teoría, el mismo habría sido remitido por el exministro del Interior. Sin embargo, en su comparecencia ante el tribunal, el notario que se encargó de protocolizar dicho mensaje señaló que no puede asegurar al cien por ciento que el mismo hubiera sido enviado por el exministro. La vinculación (a Fernández Díaz) es por manifestación (de Martínez). No hay prueba”, consiguió arrancarle el abogado de Fernández Díaz.

El extitular de Interior ha quedado finalmente dibujado como la X del caso Kitchen. Una investigación que, sin embargo, ha llegado a salpicar al expresidente del Gobierno y a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El primero, al que los acusados se referían como ‘El Asturiano’ –según el investigador principal– nunca llegó a estar imputado en la causa. La segunda, sí, aunque finalmente quedó fuera del banquillo. La próxima semana, serán ellos quienes deberán sentarse frente al tribunal. Y algunas acusaciones estarán dispuestas a exprimir al máximo a ambos testigos.

Alcasec, el hacker investigado junto al ex secretario de Estado Francisco Martínez en el marco de la operación Borraska, seguirá por el momento en prisión. La titular del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, rechazó a finales de marzo una nueva petición de libertad de José Luis Huertas alegando que la Policía aún no ha sido capaz de asegurar todas las fuentes de prueba. En un auto, fechado a finales de marzo y al que ha tenido acceso infoLibre, la magistrada resalta que los investigadores, pertenecientes a la Comisaría General de Información, todavía no han logrado acceder a todos los dispositivos intervenidos a Alcasec. Una denegación que la defensa de Huertas ha recurrido, insistiendo en la colaboración de su cliente.

Huertas, un joven de poco más de veinte años, lleva en prisión provisional desde mayo del año pasado. De hecho, es el único de los cuatro detenidos en la operación que casi un año después sigue entre rejas. En los últimos meses, la defensa del hacker ha solicitado hasta en dos ocasiones su puesta en libertad. La primera fue rechazada tanto por la instructora como por la Sala de lo Penal al entender que existía un "elevado" riesgo de fuga atendiendo a la "alta disponibilidad de criptoactivos". Y la segunda, cursada a finales de marzo, ha vuelto a toparse con la negativa de la magistrada que investiga el asunto.

El Ministerio Público, a través de un fiscal diferente al que hasta ahora ha llevado el caso, había interesado que se desestimara la petición de libertad formulada. Y Tardón así lo hace. En su resolución, la instructora considera que aún persisten "en la actualidad" las "razones" por las que apreciaba riesgo de fuga en el auto inicial de prisión. Esto es: la gravedad del horizonte penal al que se enfrenta el joven, la disponibilidad de criptoactivos o los conocimientos informáticos y el acceso a infraestructuras tecnológicas avanzadas de Huertas, con la facilidad que estos recursos podrían proporcionarle para ocultar su paradero.

En su solicitud de puesta en libertad, el abogado del joven también hacía alusión a la supuesta colaboración del investigado facilitando, entre otras cosas, códigos de acceso a los dispositivos móviles. "En el día de ayer José Luis ha prestado su colaboración para el desbloqueo de su teléfono móvil, aunque por el momento, a pesar de los esfuerzos de mi mandante, no se ha podido tener acceso, quedando los dispositivos a falta de dos oportunidades para poder desbloquearlos", señalaba su abogado en el escrito de solicitud de puesta en libertad.

Sobre esta supuesta colaboración, la magistrada hace referencia en su resolución a un auto del pasado 10 de diciembre: "Recientemente se ha informado por la Policía que siguen sin poder acceder al ordenador portátil del investigado porque ha utilizado un sistema de cifrado que siguen sin poder vulnerar. Y lo mismo ocurre con el teléfono móvil, que dispone de un sistema operativo que detecta intrusiones de terceros y destruye su contenido. Por ello, la Policía persiste en su intento de asegurar las pruebas que pueda haber en algún otro repositorio que se halle oculto".

"Se alega ahora que el día de ayer (...) se dieron nuevas claves. Sin embargo, se omite que en esta pretendida colaboración no fue posible en ningún caso el acceso a los dispositivos, aportando como último recurso una referencia o unas claves que ya habían sido aportadas por escrito. Con lo que no solo no existe la menor constancia de que puedan permitir su acceso, sino que existe el evidente riesgo de bloquear de manera definitiva los dispositivos implicados", completa la magistrada.

Una negativa que la defensa del joven ha recurrido en reforma, lo que obligará a pronunciarse de nuevo tanto a la jueza como al Ministerio Público. Según ha podido saber este diario, los abogados de Huertas insisten en que su cliente está colaborando con la investigación. Así, recuerdan, por ejemplo, que el joven volvió a comparecer a petición propia en la Audiencia Nacional a comienzos de febrero, respondiendo a todas las preguntas planteadas por la instructora y reconociendo parte de los hechos.

Una colaboración que, según los argumentos plasmados en su escrito, también se habría producido en relación con los dispositivos electrónicos intervenidos. Sobre la clave aportada para el desbloqueo del ordenador, explican que la misma era buena y que si los agentes no lograban acceder era, simplemente, porque la configuración de los teclados con los que ellos trabajan es distinta a la utilizada por el hacker. No obstante, con el código aportado la Policía ha podido finalmente acceder al dispositivo mediante un ataque por fuerza bruta, sistema que prueba distintas combinaciones hasta que da con la clave.

A lo que aún no se ha podido acceder es, sin embargo, al dispositivo móvil de Huertas. Ninguna de las claves aportadas hasta la fecha por el investigado eran correctas. No obstante, según los argumentos expuestos en el escrito por la defensa no se puede supeditar la libertad de su cliente a que sea capaz de recordar la contraseña.

Las pesquisas se iniciaron a finales del pasado año, a raíz del ciberataque a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y la exfiltración masiva de miles de datos correspondientes a usuarios de líneas de telefonía móviles. Y fueron asumidas por el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional. Durante meses, la investigación se fue desarrollando con la participación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como con la colaboración internacional de las autoridades de Andorra o Suiza, clave para el seguimiento de flujos económicos o la actuación operativa.

A finales de mayo, Borraska estalló. La Policía detuvo a Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior y uno de los principales acusados por la Kitchen –la operación parapolicial para hacerse en plena Gürtel con documentos comprometedores para el PP que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas–. Y junto a él, al hacker José Luis Huertas y a dos de sus socios. Un joven para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel en relación con otro ciberataque, en este caso al Punto Neutro Judicial, en el que se robaron datos bancarios de medio millón de contribuyentes.

Uno de los elementos "clave" del entramado, según se exponía en los primeros autos de ingreso en prisión, era su "capacidad" para "almacenar, organizar y cruzar" grandes volúmenes de datos sustraídos ilícitamente a través de ciberataques a "organismos públicos y privados" ejecutados "de forma sostenida durante años". Con ellos, continuaba, se construían "perfiles detallados" de "personas e instituciones" con el objetivo de "maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible". Toda una "red de inteligencia criminal privada y transnacional" con capacidad de intervenir en sectores estratégicos.

El hacker Alcasec era quien gestionaba y supervisaba la infraestructura tecnológica y operativa, incluyendo, entre otras cosas, la "aplicación de medidas de protección contra intervenciones policiales". En cuanto a la infraestructura digital, su núcleo estaba constituido por un servidor ubicado en Suiza, "contratado mediante criptomonedas y correos electrónicos temporales anonimizados" y cuya "administración remota" se realizaba desde múltiples lugares, incluyendo el "domicilio particular" de Huertas.

Dicho servidor integraba un motor de búsqueda, Elasticsearch, que almacenaba millones de registros obtenidos de un gran número de fuentes –Dirección General de Tráfico, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Registro Civil, Puertos del Estado, empresas energéticas, registros mercantiles u otras bases de Andorra, Bolivia o República Dominicana– y que permite consultas cruzadas por DNI, matrícula o teléfono, entre otros parámetros. O un bot de Telegram que bebía, precisamente, de esa información acumulada.

En cuanto al ex secretario de Estado, la jueza lo acusaba de ser "el coordinador jurídico-operativo y arquitecto del blindaje estructural de la organización criminal". En su declaración ante la instructora, Martínez reconoció que, primero como abogado y luego como "referente", trató de ayudar a Huertas a entrar en entornos profesionales y alejarse de la ciberdelincuencia. Y que en el marco del asesoramiento legal que le presta, probó la herramienta que estaba desarrollando Huertas para ver que todo se ajustaba a la legalidad. En cuanto a la constitución de sociedades, aseguró que de tal actividad no puede desprenderse que conociera la evolución posterior y el uso que se hizo de las mismas.

El juez Juan Carlos Peinado puso este lunes punto y final a la instrucción de la causa que le llevó a las portadas de periódicos y boletines informativos. Lo hizo a escasos meses de su jubilación. Y con un auto en el que no faltaban las valoraciones de tipo político: "Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas". Una resolución, aún recurrible ante la Audiencia de Madrid, en la que el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid propone sentar ante un jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Cuatro delitos que las defensas tratan de desmontar con argumentos y contraindicios.

El tráfico de influencias aparece recogido en el artículo 429 del Código Penal: "El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero". Para apuntalarlo, Peinado recoge hasta una docena de indicios. Y lo hace poniendo el foco, sobre todo, en la puesta en marcha de la cátedra y el máster de Transformación Social Competitiva que Gómez lideraba en la Universidad Complutense de Madrid o en las cartas de apoyo con las que una unión de empresas vinculada a Juan Carlos Barrabés concurrió a adjudicaciones públicas.

La defensa de la mujer del presidente, sin embargo, sostiene que no hay "beneficio económico" de ningún tipo. Y, por tanto, no hay delito. Así, argumenta que lo único que cobraba de la Complutense, con quien ha tenido relación desde hace más de una década, eran 15.000 euros anuales. Y de la cátedra, absolutamente nada. Además, sostiene que las gestiones que se hicieron con las empresas patrocinadoras para obtener financiación para la misma iban destinadas a la universidad pública, no al patrimonio de Gómez. "No hay influencia típica, no hay beneficio económico, por lo que no cabe el tráfico de influencias", defiende.

En cuanto a las cartas, resalta que no eran de recomendación a ninguna empresa, sino de apoyo a un "proyecto". Y que misivas similares emitieron otra treintena de personas e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, sin que el presente procedimiento se haya dirigido en ningún momento contra nadie del consistorio de la capital. "Y lo más importante: no están en el presente procedimiento y no pueden ser utilizadas en fundamento de la acusación al ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía Europea", completaban.

Este delito consiste en ofrecer, prometer, solicitar, recibir o aceptar un beneficio o ventaja o una ventaja no justificados de cualquier naturaleza "como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales". El instructor hace girar el mismo, de nuevo, alrededor de la cátedra. Así, hace mención a las "negociaciones" llevadas a cabo por Gómez y su asistenta, Cristina Álvarez –a quien también propone enviar a juicio–, con firmas patrocinadoras de la misma, como Reale Seguros o la Fundación La Caixa, que aportaron 60.000 y 15.000 euros, y con empresas que colaboraron en el desarrollo de un software para la misma.

"La investigada fue la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal", resaltaba el juez. Como "contraprestación", continuaba, se ofrecía "la ventaja competitiva" de dichas firmas. "Un trato privilegiado o de cercanía con la administración pública" para unas grandes compañías que participan en numerosos procedimientos de licitación pública. Además, el juez desliza que de la instrucción también podría desprenderse que era intención de Gómez "apropiarse del software" para "ser explotado económicamente por medio de la mercantil que constituyó".

Las defensas, de nuevo, argumentan que el delito no se sostiene. Apuntan que "la única contratación de servicios o mercancías" en la causa no la ha llevado a cabo una entidad pública, no una sociedad mercantil: la Universidad Complutense de Madrid. "No puede haber delito de corrupción entre particulares en las relaciones contractuales entre una entidad pública (la UCM) y una sociedad mercantil (sea Google, Reale, La Caixa o cualquier otra entidad patrocinadora), lo que hace imposible cualquier condena por este delito", defendió el abogado de Álvarez hace solo un par de semanas. "No obtuvo ningún beneficio ni de la dirección de la cátedra ni de las cantidades obtenidas como financiación", apuntó también el abogado de Gómez.

Este delito gira, fundamentalmente, alrededor de la famosa herramienta tecnológica desarrollada en el seno de la cátedra. "La investigada actuó de facto como gestora principal del proyecto de la cátedra y del software, con capacidad de dirección e interlocución sobre recursos universitarios, aportaciones empresariales y desarrollo tecnológico, y pudo exceder ese ámbito desviando el activo hacia sus intereses propios (marcas, dominio y mercantil) en perjuicio de la UCM", desliza el instructor en su auto. Aunque la Complutense cifró en 108.765,79 euros el coste de desarrollo del software, Peinado eleva –aunque no explica en base a qué– el "valor" del mismo y de su "ecosistema" hasta "estimaciones que exceden los 300.000 euros", pudiendo situarse "incluso" por "encima del medio millón".

Las defensas, sin embargo, alegan que "siempre se pretendió" que el software fuera gratuito. Y que no hay un solo elemento en la causa que acredite que Gómez se hubiera apropiado de la herramienta tecnológica. Es cierto que hubo un trámite para registrarlo en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Complutense, pero nunca llegó a concluirse. En cuanto al registro de dominio transformatsc.org, página en la que se alojaba la plataforma, el mismo se hizo "siguiendo instrucciones expresas" de la universidad. Pese a todo, la línea general de defensa seguida en todo momento por el abogado de Gómez en relación con este asunto es que cuando se habla de marca se habla de derechos de propiedad intelectual e industrial de carácter inmaterial, "no susceptibles de posesión" y, por tanto, no encajables en la apropiación indebida.

En cuanto a la malversación, el juez coloca la misma alrededor del uso de Álvarez en las gestiones relativas a la universidad. "El elemento objetivo de la desviación a usos privados aparece, presuntamente, por la utilización de fuerza de trabajo y cobertura institucional sufragadas por el Estado para finalidades privadas y profesional y mercantilmente propias de la investigada. El elemento subjetivo se apoya en la continuidad, reiteración y aprovechamiento de esa ayuda, que no puede subsumirse, en principio, y en esta sede, en meros favores aislados o episodios episódicos, como sostiene su defensa. para la supuesta", recoge el instructor en el auto de este lunes.

El artículo 432 del Código Penal castiga como autor de un delito de malversación a "la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas". Gómez no es funcionaria, por lo que no puede ser autora. Además, la Audiencia de Madrid, en un auto del 12 de junio del pasado año, deslizó que "el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de 'malversación", por lo que Álvarez tampoco podría ser autora de dicha malversación.

A la asistenta se le atribuye la intervención en tres tipos de actividades privadas de Gómez: asistencia a actos, a reuniones y redacción de correos electrónicos relacionados con la cátedra. Sobre lo primero, sostiene la defensa, se han identificado diez en ocho años, algunos de los cuales se realizaron en fin de semana, por lo que "no pudieron incidir en el trabajo" de Álvarez. En relación a los correos, su abogado señala que una parte de los que obran en la causa se enmarcan dentro de sus funciones públicas. Y en cuanto a los aportados por el ex vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio, sostiene que solo envió 21 en tres años. "Concluyendo, sale a una dedicación a tareas privadas de aproximadamente unas cuatro horas al año, siendo su jornada anual de 1.642 horas", resaltaba hace un par de semanas la defensa de Álvarez.

La Audiencia de Madrid rechaza la última maniobra del empresario Alberto González Amador para intentar archivar las pesquisas que se siguen contra él por un supuesto soborno a un directivo de Quirón. En una resolución fechada el pasado 9 de abril, a la que ha tenido acceso infoLibre, los magistrados desestiman un recurso de apelación en el que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedía el sobreseimiento de las actuaciones. La Sección Tercera explica que aunque se había interpuesto contra la resolución judicial que encomendaba las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dicho recurso no rechazaba el encargo, sino que aprovechaba ese auto para exigir que se diera carpetazo a la causa sin haberlo pedido previamente ante el juzgado.

La apertura de esta pieza separada se produjo en octubre de 2024 tras un recurso de PSOE y Más Madrid, decisión que posteriormente fue avalada por la Audiencia de Madrid. Los hechos se centran en la adquisición de la sociedad Círculo de Belleza, que luego pasaría a llamarse Masterman & Whitaker, por la farmacéutica Gloria Carrasco, esposa del directivo de Quirón Prevención SL –filial del gigante sanitario– Fernando Camino. Por la misma, González Amador pagó 499.836 euros. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria o la Fiscalía: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal".

La Fiscalía cree que ese abono es, en realidad, una comisión encubierta al directivo del gigante sanitario, ya sea por el pelotazo de las mascarillas que reportó 1,97 millones de euros a la pareja de Ayuso en plena pandemia –Camino era consejero de Mape Asesores, una de las firmas implicadas en dicha operación de compraventa–, por el "incremento" de la "facturación" que González Amador recibía de Quirón Prevención o por "ambas cosas". "Es claro que no pagó medio millón de euros a Carrasco porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido", sostenía el fiscal Diego Lucas.

El Ministerio Público solicitó en aquel escrito la intervención de la unidad de élite de la Guardia Civil en las pesquisas. Algo que acordó, finalmente, la entonces jueza instructora, Inmaculada Iglesias, dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva". Contra este auto interpuso recurso de apelación González Amador. El mismo, sin embargo, no protestaba por la solicitud de auxilio a la UCO, sino que pedía el sobreseimiento de las actuaciones alegando que con la documentación que habían aportado quedaba "acreditada la inexistencia de delito". En definitiva, utilizaba un auto acordando una diligencia como autopista para pedir directamente a la Audiencia de Madrid el archivo.

Una estrategia que ahora rechazan los magistrados, que desestiman el recurso de apelación y confirman el auto con el encargo a la Guardia Civil –un encargo que aún no se ha completado–. "La decisión del Juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos es, en definitiva, la admisión de práctica de diligencias de investigación, contra la que no cabe recurso. Ahora bien, según se constata en el escrito de recurso, la finalidad y suplico del mismo no se dirige contra esta decisión, sino que se solicita que se dicte resolución que acuerde el sobreseimiento de las actuaciones, petición que no se ha efectuado ante el Juzgado de Instrucción y respecto de la que este Tribunal, con funciones revisorias, no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el Instructor", sentencia la Audiencia de Madrid.

Si las defensas tenían pensado vestir Kitchen como una suerte de operación policial legal alrededor del extesorero del PP Luis Bárcenas, el principal investigador de esta carpeta dentro del llamado caso Tándem les ha complicado el trabajo. El inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos Gonzalo Fraga se ha encargado este lunes de apuntalar, uno a uno, todos los indicios recogidos durante años alrededor de los acusados. En una extensa comparecencia, que se ha alargado durante horas y que ha salpicado también al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el agente 111.470 ha puesto en duda el carácter normal de las pesquisas y seguimientos realizados al entorno de Bárcenas: "No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora".

El agente estaba llamado a comparecer a petición, entre otros, del Ministerio Fiscal. Y el fiscal Anticorrupción, César González Rivas, se ha empleado a fondo. Al final, algo más de dos horas de interrogatorio han permitido al investigador hacer una exhaustiva radiografía de lo que fue Kitchen, operación parapolicial –describe el Ministerio Público y las acusaciones– para hacerse con información comprometedora para el PP en el marco del caso Gürtel que pudiera tener Bárcenas en su poder. Una investigación que, como ha acreditado, se conoce al milímetro. Ni una duda con las fechas. Tampoco con la identificación de los informes. O con el contenido de las agendas intervenidas al comisario retirado José Manuel Villarejo. "Tiene una memoria prodigiosa", le ha llegado a decir la abogada del extesorero.

Para tratar de atar el carácter ilícito de la operación, el fiscal ha mostrado al inspector jefe, por ejemplo, el Parte Informativo Investiga que elaboró y firmó el entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo exponiendo una serie de datos sobre Bárcenas. Se trata de un documento normalizado que es requerido formalmente para dar de alta una investigación policial en la base de datos de inteligencia policial Gati pero que, sin embargo, no se elaboró hasta finales de mayo de 2015, cuando ya estaba concluido el trabajo del operativo que se encuentra bajo la lupa. De esta manera, sostiene el Ministerio Público, "crearon la apariencia de que algunas de las informaciones" que habían conseguido de Bárcenas y su entorno –relaciones, vehículos o sociedades– habían sido compartidas con la unidad policial investigadora de la Gürtel.

"No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora", ha dejado claro el inspector jefe de Asuntos Internos, quien ha destacado también que Kitchen se desarrolló sin dejar "reflejo" alguno en la base de datos que está diseñada, precisamente, para grabar las investigaciones policiales y generar cruces entre las mismas. "No ha habido una voluntad de generar un cruce cuando realmente se estaba investigando, que era en el año 2013 y 2014, porque había una opacidad evidente en lo que se estaba desarrollando", ha apuntado ante la atenta mirada del tribunal, cuyos miembros no paraban de tomar nota.

Del mismo modo, se ha puesto el foco sobre la unidad que figuraba como investigadora en el parte: la Dirección Adjunta Operativa (DAO). "¿Actúa, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, como unidad operativa en investigaciones?", ha preguntado el fiscal. "Yo nunca me he cruzado con la DAO. Me he cruzado con la UDEF, con la UDYCO, con unidades investigadoras, pero no con la DAO", ha respondido. Al inspector jefe también se le ha preguntado si es normal que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependiente de la Comisaría General de Información y encargada de los seguimientos sobre el entorno del extesorero, participe en investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, como la Gürtel. "La Comisaría General de Policía Judicial tiene en sus distintas unidades, como la UDYCO o la UDEF, secciones de apoyo operativo, con grupos de vigilancia y seguimientos", ha explicado.

Fraga también ha señalado que el "carácter ilícito" de la Kitchen lo explicitaba "de manera muchas veces evidente" Villarejo, que fue el encargado de captar y controlar en la supuesta operación parapolicial al chófer del extesorero –el también encausado Sergio Ríos– y de entregarle en una primera etapa los pagos mensuales de 2.000 euros de los fondos reservados –abonos de los que luego se encargaría Gómez Gordo–. Así, se ha referido, por ejemplo, a una grabación de una conversación entre Villarejo, la presentadora Ana Rosa Quintana y las parejas de ambos. "Se han perdido papeles, se han perdido cajas y se han perdido muchas cosas (...) operaciones de decir, oye, en tal sitio hay papeles de Bárcenas, hay que ir a romperlos", se le escucha decir a Villarejo en la cinta.

Esa conversación ha salido en diferentes ocasiones durante el interrogatorio al inspector jefe de Asuntos Internos. Una de ellas, en relación al mote de El Asturiano. Fue la prueba definitiva que les permitió concluir que con dicho sobrenombre, utilizado por los miembros de la brigada política en algunas conversaciones, hacía referencia al expresidente del Gobierno. "La persona a quien llaman El Asturiano es Mariano Rajoy", ha aseverado. En las próximas semanas, las acusaciones podrán tratar de acorralar al exlíder de la formación conservadora frente al tribunal. Al fin y al cabo, está llamado a declarar como testigo, con obligación de decir la verdad, el próximo 23 de abril.

Rajoy ha sido, en esta causa, el gran elefante en la habitación. Es cierto que al expresidente nunca se le citó como investigado. Sin embargo, su nombre ha sobrevolado el procedimiento de principio a fin. Durante la instrucción, Villarejo llegó a asegurar ante el juez que intercambió algunos mensajes con Rajoy, contactos que versaban sobre dudas que el entonces líder del Ejecutivo trasladaba al policía en relación con el operativo. Y llegó a entregar al magistrado un número de teléfono que habría pertenecido al dirigente conservador. De hecho, se confirmó incluso que el contacto fue registrado por el PP y estuvo dado de alta durante un periodo coincidente con el tiempo que Rajoy ocupó La Moncloa. Sin embargo, se dio carpetazo a la investigación. Y se hizo a pesar de que los investigadores de la policía aún aguardaban algunos datos solicitados a las compañías telefónicas.

El inspector jefe de Asuntos Internos también ha deslizado que los tentáculos de la Kitchen llegaban, incluso, a la cárcel en la que se encontraba internado Bárcenas. "Hay un control real de todo lo que sucede en prisión", ha señalado. Y a modo de prueba, el supuesto encargo que el extesorero hizo a un interno con conocimientos informáticos para que, como explica Anticorrupción en su escrito de acusación, borrase archivos de audio con conversaciones que decía haber mantenido con Rajoy y con el exdirigente del PP Javier Arenas "relativas a fondos manejados por el Partido Popular de procedencia ilícita". "Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada", rezaba un manuscrito que Instituciones Penitenciarias habría intervenido a dicho interno, de nombre Isidro.

Al tomarle declaración, Bárcenas explicó que él había dado orden a su mujer de que facilitase un dinero en el exterior al chófer para que se lo diera a un tercero vinculado a Isidro. "En los diarios de Villarejo, todo esto está narrado con pelos y señales desde enero de 2014 –aunque el manuscrito no se interviene hasta marzo–. Se ve, en las anotaciones sobre Ríos, que le habrían encargado llamar a un número, el cual pertenecía a la hermana de Isidro", ha explicado el inspector de Asuntos Internos. Es más, a preguntas de la abogada de Bárcenas, ha precisado que ya desde enero de 2014 varios policías de la UCAO, unidad bajo la batuta del comisario Enrique García Castaño –que no se sentará en el banquillo de los acusados por problemas médicos–, habían realizado consultas en bases de datos policiales sobre este interno o sobre el número de teléfono de su hermana.

La testifical, para la que el agente se ha apoyado en las agendas del comisario jubilado o en los diferentes audios intervenidos, también ha servido para hablar de la pistola que se compró al chófer del extesorero. O de su ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, que Villarejo consideraba fundamental para tenerlo "trincado" para que nunca les delatase si todo se destapaba. "Se pidieron los expedientes o la documentación relativa a esa oposición, pero ya no está disponible, fue destruida conforme a la normativa por el paso del tiempo", ha resaltado. Y, por supuesto, para ratificar que el material incautado en los registros, base de la causa y que las defensas han intentado anular como prueba, mantuvo en todo momento la cadena de custodia.

La sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares se ha convertido esta semana en un plató de televisión. Un ir y venir de cámaras y micrófonos que respondía al enorme interés mediático –y también político– del caso Kitchen, que versa sobre la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora para el PP que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas y que pudiera comprometer aún más al partido en la causa Gürtel. Es solo una de las múltiples derivadas del llamado caso Tándem. Una hidra judicial que, casi nueve años después de su arranque, no ha tenido el impacto que se esperaba. El principal investigado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, no ha sido castigado con la severidad que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba. Y los mandamases del Ibex han sido capaces, al menos por ahora, de salir indemnes.

El estallido del caso, que arrancó a finales de 2017 con la detención de quien ha sido cara visible de las cloacas, provocó un auténtico terremoto en las altas esferas del Estado. En el registro de su domicilio en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y en las oficinas de su empresa Cenyt en la Torre Picasso de Madrid, los investigadores se toparon con cantidades ingentes de material. Grabaciones y documentos que, casi una década después, han terminado por conformar una macrocausa con cerca de medio centenar de piezas separadas. En la mayoría de casos, cada carpeta se centra en un encargo privado al comisario relacionado con el espionaje o la inteligencia. Sin embargo, hay también otras instrumentales, una suerte de cajones de sastre donde se acumulan, por ejemplo, los audios que se van filtrando a los medios.

Una docena de piezas ya han sido o están siendo enjuiciadas. La última que quedó vista para sentencia fue Dina, que versaba sobre la filtración a periodistas de información contenida en un teléfono móvil robado a Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias. Y en junio se pondrá punto y final a Kitchen, cuya vista oral arrancó el pasado lunes. Sin embargo, solo se ha emitido sentencia en diez de esas carpetas: Iron, Land, Pintor, Joly, Wine, Saving, Marbella, Grass, Pinto y King. Salvo en la última, en todas las demás se sentaba en el banquillo de los acusados el comisario jubilado. Y aunque las acusaciones pedían para él un total de 180 años de prisión, Villarejo ha salido con condenas que, a día de hoy y con recursos aún pendientes de resolver, suman 16 años y un día.

Las tres primeras piezas se enjuiciaron juntas. La primera se centraba en la contratación del comisario retirado por parte del bufete de abogados Herrero & Asociados para obtener información de un despacho de la competencia. La segunda trataba sobre la guerra familiar de los herederos del promotor inmobiliario que levantó la urbanización de lujo La Finca. Y la tercera giraba alrededor del mandato de los hermanos Fernando y Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, para recabar información de un antiguo socio y su abogado que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción pidió al finalizar el juicio algo más de ochenta años para el comisario jubilado. Pero el tribunal le acabó imponiendo una pena de 19 años. Los magistrados le absolvieron del delito de cohecho al entender que aunque quien le contrataba conocía que era funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, "no fue esa en ningún caso la razón del porqué se le contrató". Y le condenaron por revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Una pena que, sin embargo, luego sería rebajada en apelación hasta los 13 años al tumbarse también el delito de falsedad documental que se le había atribuido.

A esta condena se le suma la de la pieza July, centrada en la investigación por encargo del grupo Planeta a uno de los árbitros del laudo que tenía con Kiss FM. El Ministerio Público solicitaba para el comisario jubilado seis años y medio de cárcel por cohecho y falsedad en documento mercantil. Pero, al final, la pena se quedó en tres años y un día por el primero de los delitos. Junto a él, fue condenado el policía Antonio Giménez Raso. Villarejo trató en apelación de tumbar el cohecho alegando que no estaba probado que se sirviera de su condición de policía en activo para ejecutar los hechos. Pero la Sala lo mantuvo al entender que el comisario consumó el delito en el momento en que ofreció sus labores policiales de forma extraoficial, "prometiendo incluso métodos ilícitos", como consulta de bases de datos oficiales.

Son las únicas penas de Tándem que, en este momento, penden sobre su cabeza. En el resto ha logrado la absolución. Ocurrió con el supuesto encargo del empresario Javier López Madrid para hostigar a la doctora Elisa Pinto, en el que Anticorrupción había decidido no acusar al apreciar falta de indicios. O con Grass, centrada en el supuesto encargo que le hizo un empresario para obtener información de su exsuegro en un proceso concursal, y Saving, que giraba en torno a un empresario que quería recuperar 100 millones invertidos en Martinsa. Libre de polvo y paja salió, también, de la pieza sobre el encargo de una vecina de Marbella que mantenía un conflicto urbanístico con un empresario. O del proyecto Wine.

Esta última pieza versaba sobre los trabajos realizados para Repsol y Caixabank a fin de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero. En un primer momento, Villarejo fue condenado a ocho años por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, fue absuelto en apelación por prescripción. La Sala reconocía que el plazo de caducidad para este tipo penal sería de diez años si el mismo estuviera conectado con el de cohecho. Sin embargo, al haber sido absuelto el comisario jubilado de este último delito, habría que regresar a la prescripción original de cinco años del descubrimiento y revelación de secretos, que en este caso ya se habría cumplido cuando arrancó la investigación.

En el banquillo se sentaron también tres exresponsables de Seguridad de las compañías. Sin embargo, ninguno fue condenado a pesar de los intentos de Anticorrupción. E indemnes salieron también el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el expresidente de Caixabank, Isidro Fainé, para quienes se archivó el caso antes de llegar a juicio. Unas absoluciones que también se produjeron en el caso que salpicaba a Planeta, del que salieron libres de polvo y paja el responsable jurídico y el jefe de Seguridad del grupo. Ambos se libraron del cohecho porque el tribunal entendió que aunque debían conocer la condición de policía de Villarejo, no había quedado probado que supieran que estaba en activo.

Durante estos casi nueve años también se han archivado las piezas que salpicaban a Mutua Madrileña o al Grupo San José por falta de pruebas o por ausencia de hechos que pudieran considerarse delictivos. Sí que irán a juicio, sin embargo, los encargos al excomisario realizados desde Iberdrola, si bien este caso solo afecta a su exdirector de Seguridad –la investigación contra su presidente, Ignacio Sánchez-Galán, se archivó igualmente por prescripción–. Y también los del BBVA. En este caso, sí se sentará en el banquillo todo un peso pesado de la compañía: su expresidente Francisco González, para quien Anticorrupción solicita 173 años de cárcel –y más de 180 millones de multa para el banco–.

Miércoles, 8 de abril. El despertador de José Manuel Parceiro rompe el silencio nocturno cuando aún ni siquiera se han colocado las calles. Son las 5.00 horas. Y al abogado aún le espera un largo viaje. Tiene por delante casi 500 kilómetros. La distancia que separa Alicante de la localidad madrileña de Collado Villalba. Se ha cogido el día libre en el trabajo para hacer este viaje exprés de ida y vuelta. Pero el motivo merece el esfuerzo. En un juzgado de este municipio anclado a los pies de la Sierra de Guadarrama están llamados a declarar como investigados varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por la muerte de su padre en lo peor de la pandemia. Y él, José Manuel, quiere estar presente.

Manuel Parceiro tenía 82 años. Y llevaba casi medio año viviendo en el Hospital de La Fuenfría. Fue en este centro de media y larga estancia perteneciente al Servicio Madrileño de Salud, más parecido ya a una residencia que a un hospital, donde le pilló el estallido de la pandemia. Y allí murió el 20 de marzo. Cuenta su hijo que intentaron que se le trasladara al Ramón y Cajal o al Puerta de Hierro, pero la derivación no fue autorizada en aplicación, continúa, de unos Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre, que ya estaban en manos de hospitales y residencias. "Solo necesitaba un respirador para salir adelante", lamenta Parceiro hijo al otro lado del teléfono.

Tras cinco largas horas de viaje, el abogado llega en tiempo y forma al juzgado. Por delante, le espera una mañana intensa. Está previsto que comparezcan como investigados ante el juez instructor el firmante y el considerado autor intelectual de los protocolos –Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, respectivamente–, así como el doctor Antonio Burgueño, quien asesoró al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre cómo afrontar la emergencia sanitaria con un Plan de Choque que incluía, entre otras cosas, la medicalización de las residencias. Pero en menos de una hora Parceiro vuelve a estar fuera, en la calle. Las declaraciones llevaban suspendidas desde finales de marzo. Nadie les había avisado. Y al abogado no le queda más remedio que emprender, resignado, el viaje de vuelta.

Fueron mil kilómetros, 110 euros de gasolina y un día libre gastado solo para escuchar a Burgueño –que tampoco se había enterado de la suspensión– decir que si quería buscar un culpable, mirase a Fernando Simón, el epidemiólogo que había dirigido desde el Ministerio de Sanidad la respuesta a la pandemia. No es la primera vez que viene para nada. Le ocurrió lo mismo en febrero, cuando de todos los citados solo compareció una médica de La Fuenfría. "Esto no puede suceder", se queja amargamente Parceiro, quien asegura que el día antes de subir a Madrid trató de ponerse en contacto sin éxito con el juzgado: "Nadie respondió al teléfono".

Su caso ejemplifica a la perfección la dura batalla judicial por los Protocolos de la Vergüenza, una serie de órdenes nacidas en el seno del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que restringían al máximo la posibilidad de trasladar a enfermos desde los geriátricos a los hospitales en plena pandemia. Seis años de lucha marcados por el abandono y el desprecio institucional y los continuos retrasos judiciales. "No es lógico que llevemos año y medio con nuestro caso y no se haya avanzado nada", explica Parceiro. Además de en Collado Villalba, esta semana también se han suspendido declaraciones clave en Arganda del Rey. En concreto, la de María Teresa Vidán, la doctora a la que Mur también situó en la elaboración de los protocolos. En este caso, por un error en su apellido que impidió la notificación.

"En la primera denuncia nos pasó lo mismo: gente que no se presentaba, notificaciones que no llegaban. No queremos pensar mal, pero...", desliza en conversación con este diario Clemente, hijo de Marcela Eras, fallecida el 2 de abril de 2020 en la residencia Isla Taray de Morata de Tajuña. Esta familia, como tantas otras, inició su batalla con una primera denuncia por homicidio imprudente u omisión del socorro, unas acusaciones que exigen demostrar fuera de toda duda que los residentes se habrían salvado de haber sido hospitalizados –un reto probatorio–. Modificaron la estrategia en octubre de 2024, cuando tras varios archivos aparcaron esos tipos penales y centraron su ofensiva en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria y en los niveles intermedios del organigrama –es decir, en lugar de ir contra Ayuso, comenzar por el director general de Coordinación Sociosanitaria–.

"Fíjate si hay retrasos que la primera querella que yo puse en 2020 aún está parada en un juzgado de Leganés, sin que nadie nos haya comunicado ningún archivo, mientras que la que puse a finales de 2024 está en otro. Es decir, mi caso está en dos juzgados distintos", explica Carmen López. Su madre, Carmen, falleció en un hospital tras estar cuatro días agonizando en la residencia Parque Los Frailes, en Leganés. Ella, en principio, estaba dentro del grupo de residentes a los que se impedía la derivación –iba en silla de ruedas–, pero un error de la médica del centro, que pensaba que la mujer caminaba, permitió el traslado.

El futuro del caso residencias también depende de lo que pueda determinar la Audiencia de Madrid sobre la conformación de una posible macrocausa. Tanto la Fiscalía como las víctimas solicitaron hace algunos meses unir en una sola carpeta varias denuncias instruidas en Madrid, Leganés, Navalcarnero o Collado Villalba, pero el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital, el primero que imputó a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias, rechazó absorberlas todas. Una decisión de la jueza María Isabel Durántez que fue recurrida ante el órgano superior, cuya Sección Primera estudiará el asunto la próxima semana.

No será la primera vez que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre esta cuestión. A finales de diciembre, la Sección Decimosexta ya lo hizo sobre el intento del Juzgado de Instrucción nº5 de enviar al Juzgado de Instrucción nº3 el caso de una mujer fallecida en un geriátrico. La jueza Carmen Valcarce alegaba que "de no acumularse los procedimientos, tales personas (los imputados) deberán declarar sobre los mismos hechos en incontables ocasiones y que podrían producirse resoluciones dispares". Sin embargo, los magistrados consideraron que la diseminación en varios procedimientos tiene sentido porque hay que analizar de forma independiente las circunstancias concurrentes en cada caso. Habrá que ver ahora si sus compañeros de la Sección Primera mantienen dicho criterio.

Otro punto de interés del caso se encuentra en el Tribunal Constitucional. Allí, en el órgano de garantías, se han ido acumulando decenas de recursos de amparo cuya resolución, según eldiario.es, se encuentra congelada para no interferir en las causas penales que están vivas. En medio de esta espera continua, además, un juzgado de Getafe ha decidido ampliar también el listado de delitos por los que están siendo investigados Mur y Peromingo, incluyendo en el mismo la prevaricación, si bien solo circunscrita a las órdenes que pudieron dar en relación con el hospital y la residencia sobre la que gira la causa.

Las familias no esconden que seis años de pelea pasan factura. "Es una lucha ardua en la que parece que no hay interés institucional", remarca López, que lamenta que las muertes en las residencias durante la pandemia se hayan convertido en la "patata caliente que nadie quiere coger". Sin embargo, aseguran que no se rendirán. "El cansancio se acumula, pero respiramos y volvemos a la carga. Somos resistentes ante los palos y seguiremos peleando", expone la mujer. Y ni la lentitud ni los continuos problemas en los juzgados les harán apartarse de su objetivo final: conseguir la justicia para sus seres queridos. "Si piensan que por venir desde Alicante voy a cejar en el empeño, están equivocados. Era mi padre", sentencia Parceiro.

Seis horas dan para mucho. Sobre todo, cuando se trata de un juicio mediático. Y el primer asalto en el Tribunal Supremo del llamado caso Mascarillas, centrado en la compraventa de material sanitario por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, da buena cuenta de ello. La sesión ha servido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para alejarse todo lo posible de la trama que se está enjuiciando. Y al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para reforzar una defensa que, sin embargo, se ha visto resquebrajada por momentos por el flanco de Jéssica Rodríguez, examante del que fuera hombre fuerte del PSOE.

El juicio arrancó con algunos minutos de retraso. En la agenda, alrededor de una decena de testigos previstos. Pero la sesión no se inició con ninguno de ellos. Comenzó con los testimonios de Armengol y Torres. Hasta el último momento se intentó que ambos tuvieran que sentarse frente a magistrados, Ministerio Público y abogados. Sin embargo, el tribunal permitió que ambos compareciesen por escrito. Ha sido la lectura de esas testificales la que han marcado el inicio de una vista oral que se prolongará durante todo el mes de abril. Y la que ha provocado la primera protesta de las defensas, que se han quejado por no haber podido interrogarles.

El interés de ambos testimonios radicaba en la entrada de la trama en los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, cuando Armengol y Torres eran presidentes autonómicos. Ambos se han esforzado por marcar distancias con los tres acusados –Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama– y con Soluciones de Gestión. "Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna", ha dicho Armengol. Del mismo modo, han insistido en que ni dieron orden ni presionaron para adjudicar contratos a la compañía de la trama. Sí ha reconocido Torres que se interesó por uno de eso expedientes tras un mensaje del exasesor de Ábalos avisando de unos "incumplimientos contractuales". Eso sí, cuando el mismo ya estaba adjudicado y como hizo con otros expedientes.

Una vez completado el trámite de la lectura de los escritos, comenzaron a desfilar por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo los diferentes testigos. Dos de estas declaraciones sirvieron a exministro y exasesor para reforzar sus defensas. Víctor Ábalos, hijo del primero, rechazó tajantemente en diferentes ocasiones haber actuado como una suerte de testaferro de su padre. Y Joseba García, hermano del segundo, ha negado que acudiera a República Dominicana a recoger dinero en efectivo de la trama, tal y como sostienen los investigadores en sus informes. El primero de ellos no está siendo investigado en ningún procedimiento. El segundo, sin embargo, sí que se encuentra bajo la lupa de la Audiencia Nacional en la parte del caso Mascarillas que no ha estudiado el Alto Tribunal.

"Yo no soy custodio del dinero de nadie. Todo lo que he dado a mi padre es de mis ingresos", ha aseverado Ábalos. En relación con las transferencias de dinero que hizo a su padre, en concreto los 23.379,10 euros que la Guardia Civil ha acreditado en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, ha explicado que 20.000 euros son un préstamo que le hizo. "Con un contrato elevado a público, nada opaco", ha afirmado. Del mismo modo, ha negado en diferentes ocasiones haber tenido un teléfono encriptado o haber hablado en clave con alguno de los acusados. Y cuando le han preguntado por el uso de la palabra "café" en algún mensaje recibido de Koldo García, se ha limitado a decir que era una petición del exasesor para que le trajera café de Colombia, donde el hijo de Ábalos desarrollaba trayectoria profesional.

Joseba García, por su parte, se ha esforzado en justificar sus viajes a República Dominicana, los ingresos recibidos en su cuenta y el efectivo que localizaron en los registros de su casa. Y lo ha hecho con la ayuda de la abogada de su hermano –que también es la suya en la Audiencia Nacional–, que es la única a la que ha respondido ampliamente. García se ha negado, por su condición de investigado en otro procedimiento, a responder a las preguntas del resto de partes. "No le voy a contestar por consejo de mi letrada, lo siento", ha repetido una y otra vez. Una negativa a declarar que minutos antes protagonizó otro de los investigados en la Audiencia Nacional: Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama.

Algunas partes intentaron, una y otra vez, tirarle de la lengua. Sobre todo el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. "No voy a contribuir a este espectáculo", se ha terminado resignando el abogado del PP, que dirige la acción popular. En el largo interrogatorio dirigido por la letrada Leticia de la Hoz, el hermano del exasesor ha explicado que viajó a República Dominicana en dos ocasiones por amor y por negocios, pero nunca para recoger dinero de la trama. También ha rebatido al fiscal en relación a los "224.000 euros sin justificar" en sus cuentas señalando que ningún ingreso recibido tiene que ver con Aldama o con los contratos bajo la lupa. Y ha asegurado que la mayor parte del dinero en efectivo que se encontraron en su domicilio era, en realidad, del club de motos al que pertenece.

García también habló de Jéssica Rodríguez, quien ha protagonizado la primera tarde del juicio. Ha sido con la examante de Ábalos con quien el tribunal ha retomado esta primera sesión tras el parón para comer. Durante más de dos largas horas se le ha preguntado, fundamentalmente, por su relación con Ábalos, por el pago del alquiler del lujoso apartamento en el que estuvo viviendo en el centro de Madrid –que, según la investigación, habría abonado principalmente Aldama a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano– o por su contratación en las empresas públicas Ineco o Tragsatec.

Sobre el piso, ha señalado que no sabía quien lo estaba abonando, aunque tampoco le importaba demasiado. "Nunca he sido una persona que vaya a hacer ese tipo de preguntas porque no hay necesidad de hacerlas", ha señalado. Durante su declaración, Escolano ha confirmado que él se hizo cargo de este gasto a petición de Aldama, su "socio, amigo y hermano". Y que dejó de abonar cuando se le indicó. "Si se me decía que no pagara ese piso, pues yo encantado", aseveró el empresario, quien ha resaltado el carácter "inconformista" de Rodríguez.

Durante su declaración ha confirmado que, incluso cuando la relación entre ambos había acabado, el exministro le hacía algunos regalos. Ha hablado de un móvil. También del pago de la matrícula de la universidad. O de una transferencia de 600 euros: "Mi gato se rompió la pierna, era un gasto muy elevado y él quería ayudarme". Y, del mismo modo, ha sentenciado que Ábalos nunca pagaba. "Yo al señor Ábalos no le he visto pagar nunca”, ha afirmado. Y ha ejemplificado: "Si quería un paquete de tabaco era el señor Koldo quien hacía esa compra".

Sobre su contratación en Ineco y Tragsatec, donde cobró 43.978 euros entre 2019 y 2021, ha confirmado que nunca llegó a trabajar. "Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer", ha resaltado. Algo que, ha deslizado, el exministro sabía: "El señor José Luis Ábalos estaba al tanto de todo". Cuando acabó su contrato en la primera empresa, actualizó su contrato para dar el salto a la segunda, una etapa de la que, dijo, no recuerda prácticamente nada. "Si cambiaba de empresa era porque el señor Ábalos así lo habría gestionado". Un paso de trabajadores de Ineco a Tragsatec que, ha explicado luego el que fuera máximo responsable legal de Tragsa, no era "habitual".

Contrataciones sobre las que también han declarado responsables de ambas empresas. Araceli Arigita, responsable de personal de Ineco, ha dicho que el fichaje de Rodríguez no siguió el procedimiento habitual. Y la responsable del proyecto al que se incorporó luego en Tragsatec ha relatado las presiones sufridas para que dejara "en paz" a la expareja de Ábalos, a la que no paraba de perseguir para que fichara en el trabajo, algo que no hacía.