La presión migratoria vuelve a dispararse en Ceuta. Cinco años después de la crisis con Marruecos que derivó en la entrada masiva de 2021, miles de personas, entre las que había no pocos jóvenes y niños, han accedido en las últimas horas a la ciudad autónoma sorteando el espigón del Tarajal. Lo han hecho ante unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se han visto desbordados. Y con una reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar un rechazo en frontera si los migrantes entran a nado en territorio español. Una resolución judicial que, denuncia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está siendo "instrumentalizada" por "redes de tráfico de personas" para "fomentar el flujo de migrantes indocumentados".

La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 y cuya prometida reforma sigue sin culminarse, dio cobertura a las llamadas devoluciones en caliente. Lo hizo incluyendo una disposición adicional, la décima, en la Ley de Extranjería. La misma establecía un "régimen especial" para las ciudades autónomas. Y recogía lo siguiente: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

El Tribunal Constitucional consideró, aunque no por unanimidad, que dicho precepto legal no choca, en principio, con la Ley Fundamental. "Es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad la de establecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre", recogía aquella sentencia. Eso sí, siempre y cuando se aplique de forma individualizada –es decir, nada de devoluciones colectivas– y respetando las obligaciones internacionales, prestando "atención" a las personas "especialmente vulnerables" –menores, embarazadas o afectados por serios motivos de incapacidad–.

Unas reglas de juego que el Tribunal Supremo completó hace un mes. En una sentencia fechada el 29 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estableció que el "rechazo en frontera" no está contemplado en la ley "con carácter general" para todos aquellos que intentan "cruzar ilegalmente la frontera", sino "solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos". Y eso hace imposible aplicarlo, por tanto, a las personas "que son interceptadas en el mar" pretendiendo "entrar a nado" en Ceuta y Melilla.

Aquella sentencia dejaba claro que las autoridades no pueden apoyarse en drones, cámaras térmicas o sensores para intentar cubrir esa laguna. Los mismos no pueden entenderse como "elementos de contención", sino que son "dispositivos tecnológicos de control fronterizo". Cuestión distinta sería, por ejemplo, que se instalaran obstáculos acuáticos "para proteger la línea fronteriza", lo que ya permitiría rechazar en frontera a todos aquellos que los rebasasen. O, directamente, que se modificase la norma para que esas llegadas marítimas quedasen incluidas en la disposición adicional décima.

Con estos límites, el Tribunal Supremo estableció que lo correcto sería aplicar a estas personas que llegaron a nado el procedimiento de devolución recogido en el artículo 58.3 de la Ley de Extranjería, destinado a aquellos "que pretendan entrar ilegalmente en el país", lo que incluye a "personas extranjeras que sean interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones". En estos casos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras deben conducir "con la mayor brevedad posible" a las personas interceptadas a una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a su "identificación".

"Se tiene que abrir un expediente con todas sus formalidades legales y procedimentales", explica a infoLibre Marcelo Belgrano, abogado experto en extranjería. Es decir, la persona respecto de la cual se sigan trámites para "adoptar una resolución de devolución" tiene "derecho" a "asistencia jurídica" y de "intérprete", que serán "gratuitas" si carece de recursos económicos suficientes. Y, por supuesto, puede interponer recursos. "Ambos países –España y Marruecos– se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente", señalan desde el Ministerio del Interior.

Dicha devolución no podrá llevarse a cabo cuando se trate de mujeres embarazadas o personas enfermas, ni tampoco cuando se haya formalizado una solicitud de protección internacional. En esos casos, el procedimiento, explica Belgrano, quedará paralizado "hasta que exista una resolución jurisdiccional definitiva". Mientras eso ocurre, estas personas tienen derecho a plena libertad de movimiento. Y eso es algo que ha dejado claro el Supremo en diferentes sentencias: "El solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o, en su caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España", recordaba el Alto Tribunal en 2021.

Tampoco podrá ejecutarse una devolución cuando "existan indicios de que la persona extranjera pueda ser menor de edad, siempre y cuando no esté acompañada". En el caso de este colectivo con especial protección, el procedimiento debe ser exhaustivo. Se tiene que determinar la edad y se debe comprobar si hay alguien que pueda hacerse responsable de él en su lugar de origen. La directiva europea de retorno establece que "antes de expulsar" del territorio de un Estado miembro a un menor no acompañado las autoridades deben cerciorarse "de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados" en aquel país. "Hasta entonces, estarán tutelados por la comunidad autónoma pertinente", completa el abogado.

Dos años después de su entrada en vigor, la Ley de Amnistía empieza a desplegar sus efectos en el Supremo. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha aplicado en los últimos días la medida de gracia a más de una docena de condenados y acusados por desórdenes públicos y desobediencia. Lo ha hecho meses después de que el Constitucional diese el visto bueno a una norma contra la que se ha alzado buena parte de la judicatura –incluida su cúpula–. Y tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dando su aval al texto. Un movimiento del Supremo que, sin embargo, no anticipa el olvido penal inmediato para los líderes del procés, que aún están a la espera de que la corte de garantías les abra el camino.

Tras meses de trámites parlamentarios y de retoques por las trabas en distintas causas judiciales –fundamentalmente, el caso Tsunami y el caso Volhov–, la Ley de Amnistía entró en vigor el 11 de junio de 2024. Sin embargo, pronto se topó con la resistencia del Supremo. A las pocas semanas, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal y el instructor de la causa del 1-O –el magistrado Pablo Llarena– emitieron sendos autos en los que rechazaban que la malversación por la que fueron condenados los líderes del procés –y que aún persigue a los fugados– tuviera encaje en la norma. La ley permitía amnistiar dicha conducta si no había existido "propósito de enriquecimiento". Sin embargo, en este caso los magistrados consideraban que al desviar fondos para la consulta, los acusados habían obtenido un "beneficio personal de carácter patrimonial".

"Quienes eran ajenos al desempeño de funciones públicas aportaron cantidades que consideraron oportunas para hacer realidad lo que luego resultó un frustrado proyecto político. Pero todos sufrieron un decrecimiento de su patrimonio. Por el contrario, los responsables políticos que dispusieron de ingentes partidas presupuestarias para favorecer los mismos fines no vieron alterado su patrimonio en esas cuantías", argumentaban en una resolución que contó con el voto discrepante de la magistrada Ana Ferrer. No obstante, sí consideraban que el delito de desobediencia quedaba cubierto porque se abarcaba "en su integridad, sin matices, sin distinción". Y en la misma línea se pronunció en casos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad.

Pese a ese encaje jurídico, el Alto Tribunal no aplicó la amnistía automáticamente en todas esas causas. Consideraba que la norma vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley y atentaba contra los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad. Y, por ello, planteó una cuestión de inconstitucionalidad que volvió a poner todo en stand by. El Tribunal Constitucional, finalmente, avaló hace un año el encaje de la norma en la Ley Fundamental. Pero el Supremo decidió no mover ficha hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera las cuestiones prejudiciales impulsadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, en las que se planteaba un posible choque de la ley de amnistía con el derecho comunitario.

Luxemburgo rechazó formalmente a mediados de mes que la norma afectase a los intereses financieros de la Unión Europea o que menoscabara la directiva europea contra el terrorismo. Y una vez confirmado el fracaso en ambos frentes, al Alto Tribunal no le ha quedado más remedio que empezar a aplicar la medida de gracia. El Supremo ha declarado amnistiados en la última semana los actos cometidos por al menos una docena de personas. Es el caso, por ejemplo, de tres jóvenes que fueron condenados por desórdenes públicos a raíz de su participación en los disturbios de Barcelona o Girona tras darse a conocer la sentencia contra los líderes del procés por el referéndum del 1-O.

El Supremo, del mismo modo, ha declarado extinguida la responsabilidad penal de Maties Serracant, el ex alcalde de Sabadell condenado por desobediencia al facilitar la consulta independentista. Y lo mismo ha hecho respecto a ocho exmiembros de la Mesa del Parlament. Cuatro de ellos –Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó– fueron castigados por haber permitido la tramitación de las normas sobre las que se apoyó el referéndum, y los otros cuatro –Josep Costa, Adriana Delgado, Roger Torrent y Eusebi Campdepadrós– por permitir, tras la sentencia del 1-O, que se impulsaran resoluciones relacionadas con la autodeterminación o que reprobaban a la monarquía. Un delito de desobediencia que también ha quedado borrado en el caso de Meritxell Serret, consellera en el Govern que promovió el 1-O.

El movimiento del Alto Tribunal solo se ha producido en causas juzgadas en instancias inferiores por desórdenes públicos y desobediencia que han llegado hasta su mesa vía recurso. Y no anticipa, por tanto, una amnistía inmediata para los líderes del procés. Previamente, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos de amparo de todos los dirigentes condenados y procesados, que previsiblemente serán estimados. El plan es abordar, en primer lugar, los de los ya condenados –el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull–, de forma que la doctrina que se genere se aplique por extensión a los huidos –el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig–.

La corte de garantías ya ha fijado el 22 de septiembre para abordar en Pleno el recurso de amparo de Turull. Como ponente del mismo se ha designado al magistrado conservador José María Macías. Dado que hasta ahora ha sido uno de los más críticos con la ley de amnistía, lo previsible es que proponga rechazar el recurso. Si la mayoría, por contra, considera que el mismo debería ser admitido, tendrá que nombrarse un nuevo ponente que elabore una resolución que recoja el sentir mayoritario. Por eso, en el Constitucional se da por hecho que las primeras resoluciones no llegarán hasta octubre. En teoría, solo con ellas, en caso de ser estimatorias, el Supremo debería aplicar la medida de gracia a todos los líderes del procés.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, el núcleo duro del órgano de gobierno de los jueces, ha acordado este martes por mayoría remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dos de las diligencias informativas abiertas contra el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado. Será, por tanto, este órgano quien valorará si el instructor del caso Begoña pudo incurrir en dos faltas leves por, entre otras cosas, poner en cuestión la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La decisión ha contado con el voto discrepante de varios vocales del llamado sector conservador. Al mismo tiempo, la Permanente ha tomado conocimiento de la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar otras cuatro quejas contra el mismo magistrado.

El posible castigo a Peinado, que se jubilará el próximo septiembre septiembre, ha generado división en el seno del Consejo General del Poder Judicial. La semana pasada, la reunión de la Comisión Permanente finalizó sin acuerdo sobre este asunto. Y el encuentro de este martes se ha cerrado con una decisión adoptada por mayoría y con votos particulares discrepantes. El órgano ha acordado remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos de las diligencias informativas incoadas para que valore si el magistrado pudo incurrir en faltas leves de desconsideración y retraso.

El órgano de gobierno de los jueces da ese paso apoyándose en el artículo 421.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que son los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia los encargados de emitir "sanción de advertencia" y las Salas de Gobierno de los mismos las que pueden imponer "las sanciones de multa" correspondientes a faltas leves.

La primera de esas diligencias informativas, la que se centra en una falta de desconsideración, tiene que ver con el auto de medidas cautelares que Peinado dictó en el caso Begoña, en el que sugería que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podían colaborar en la fuga de la mujer del presidente del Gobierno. En cuanto a la segunda, la misma fue incoada tras la denuncia de un particular por retraso injustificado –desde junio de 2024 a enero de 2026– en la tramitación de un procedimiento.

En relación a la primera, el Promotor de la Acción Disciplinaria propuso el archivo al considerar que solo podría analizar las manifestaciones vertidas si la Audiencia de Madrid decidiera trasladárselas tras tener conocimiento de las mismas vía recurso. Sin embargo, la Permanente recuerda que hay precedentes jurisprudenciales que permiten sancionar sin ese "requisito de procedibilidad". En este sentido, recuerda el castigo, confirmado por el Supremo, impuesto a un magistrado por haber empleados en distintas resoluciones descalificativos hacia la Generalitat de Cataluña.

Cuatro vocales, pertenecientes al llamado bloque conservador, han emitido votos particulares en los que discrepan de la decisión adoptada. En ellos, sostienen que el auto de medidas cautelares emitido por Peinado es "estrictamente jurisdiccional y revisable por la vía ordinaria de los recursos", que es la "sede natural en la que puede apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto en la motivación". "Ese juicio revisor no es competencia del CGPJ por vía disciplinaria; y ello en observancia y aplicación de la Jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo", completan.

La Comisión Permanente, del mismo modo, ha tomado conocimiento de las propuestas del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar otras cuatro diligencias informativas contra el magistrado. Una de ellas se incoó a raíz de la queja que interpuso el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por su interrogatorio como testigo en el caso Begoña. Otra, por una denuncia presentada por Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, tras la filtración a un medio del contenido de una providencia que aún no se había dictado.

La tercera, tiene que ver con las quejas presentadas por el grupo municipal Más Madrid y el diputado socialista Guillermo Hita por una prórroga fuera de plazo en una causa en la que se investiga un delito de malversación. Y la última, tiene su origen en la protesta de un particular a la que no se permitió declarar en un procedimiento por videoconferencia, una denuncia en la que también se acusaba al magistrado de tratar con desconsideración a los letrados intervinientes y de acordar medidas cautelares desproporcionadas.

Viernes, 26 de marzo de 2021. El magistrado Jorge Israel Bartolomé, titular del Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid, abre una investigación por un delito de estafa contra el empresario Philippe Haim Solomon. Lo hace tras la recepción de un atestado elaborado por la Policía Municipal de Madrid en el que se ponen de relieve distintas irregularidades en torno a la operación de compraventa de 500.000 mascarillas que el Ayuntamiento de Madrid compró a la consultora Sinclair&Wilde por 2,5 millones de euros en lo peor de la pandemia. Los cubrebocas recibidos no se ajustaban a los requisitos técnicos de la normativa española y europea, por lo que no se pudo dotar con ellos al personal de los Servicios de Emergencia. Y los intentos del equipo de José Luis Martínez-Almeida para que el vendedor remitiera los certificados de homologación fueron infructuosos.

Un lustro después, la causa judicial sigue empantanada. Por eso, el instructor decidió a mediados de julio, según se refleja en un auto al que ha tenido acceso infoLibre, decretar una nueva prórroga –y ya van siete– de la investigación. Unas pesquisas que avanzan muy lentamente, lastradas, en gran medida, por las dificultades con las que se está encontrando el magistrado para tomar declaración a los principales protagonistas de la historia. Sobre todo al investigado, un escurridizo empresario con buenas relaciones en Oriente Medio y África que opera con dos identidades distintas –Philippe Haim Salomon y Philippe Victor Chaim Hababou– recogidas en tres pasaportes –Israel, Francia y Guinea Bissau–.

La localización e interrogatorio de la cara visible de Sinclair&Wilde ha sido, desde el inicio, el gran obstáculo. Tanto, que la falta de datos obligó al instructor a mantener el caso archivado provisionalmente durante casi un año, hasta que la recepción de nueva información permitió su reapertura. Durante estos cinco años se han cursado comisiones rogatorias a Reino Unido y Estados Unidos. E, incluso, se han emitido órdenes internacionales de busca y captura contra Solomon, para quien también se acordó prisión preventiva, comunicada y sin fianza. Medidas que, sin embargo, se dejaron sin efecto el pasado febrero para permitir la "declaración voluntaria" del investigado, el cual reapareció hace algunos meses remitiendo a través de su abogado una serie de escritos al juzgado.

La comparecencia se fijó, en un primer momento, para comienzos de marzo. Sin embargo, la misma no pudo llevarse a efecto, detalla el instructor en su último auto de prórroga, por la imposibilidad de Solomon de desplazarse a España al encontrarse en Dubái y estar por aquellas fechas "cerrados" los espacios aéreos en Oriente Medio como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Por eso, se ha fijado una nueva fecha: el 17 de septiembre. Una semana antes, están llamados a declarar en sede judicial en el mismo procedimiento en calidad de testigos Hicham Belardi y José Antonio García, dos supuestos "intermediarios", según resaltan las fuentes jurídicas consultadas, en la operación de compraventa de mascarillas que se encuentra bajo la lupa.

La pandemia del coronavirus hizo saltar por los aires un comercio de material sanitario saturado por la inmensa demanda a nivel mundial. Las ofertas, y los precios, apenas duraban unos minutos. Y el pago por adelantado se convirtió en práctica habitual. Una suerte de mercado persa en el que abundaban los mediadores y, por supuesto, los comisionistas. En este caso, el nombre de Sinclair&Wilde llegó al Ayuntamiento de Madrid a través de la abogada Araceli Vida y su empresa: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. La economista trasladó el 20 de marzo de 2021 al letrado Carlos Fernández-Pita González que podía conseguir material sanitario. Un correo que este último remitió a Borja Fanjul Fernández-Pita, entonces presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el cual lo reenvió a Inmaculada Sanz, entonces al frente de una funeraria municipal que centralizaba la contratación de emergencia.

Media hora. Eso fue lo que tardó, según la documentación incorporada al sumario, la responsable de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid en trasladar la propuesta a la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, y a la entonces responsable de compras, Elena Collado, quien a partir de ese momento se convirtió en la interlocutora oficial con la abogada. Tanto a Vida como al Consistorio les terminó pareciendo fiable el vendedor y aceptaron la oferta de Sinclair&Wilde, una consultora especializada en la provisión de soluciones geopolíticas. El pago se sustanció en dos transferencias bancarias. La primera, por 1,25 millones de euros, se produjo el 24 de marzo de 2020. La segunda, por la misma cantidad, el 13 de abril, tras varios incumplimientos de plazos, dudas y hasta un intento de retrotraer aquel primer abono.

El dinero llegó a una cuenta que la sociedad tenía en el Bank of America. El empresario, sin embargo, asegura que él no se quedó con los 2,5 millones. En varios escritos remitidos en los últimos meses, Solomon dice al instructor que solo se embolsó por su "intermediación y trabajo dirigido a proveer efectivamente de las mascarillas" unos 175.000 euros. El resto, señala, se destinó "a la obtención de las mismas", es decir, al pago de proveedores, transportistas y otros intermediarios. "Contrariamente a lo manifestado por algunos de los testigos que han depuesto en esta causa, Sinclair and Wilde sí que pagó comisiones a los distintos intermediarios", resalta en un escrito del pasado mes de diciembre.

En la información financiera facilitada por las autoridades estadounidenses consta la salida de 30.000 euros de aquella cuenta del Bank of America a otra ubicada en España. Como beneficiario de aquella transferencia figuraba Said Arfal. Aquel nombre fue puesto sobre la mesa por el propietario de otra consultora cuyo nombre afloró también en la investigación. Durante su declaración como testigo, aseguró que él nunca tuvo relación con Solomon, que los contactos los tenía con "la gente que le representaba". Entre ellos, Arfal, a quien dijo haber conocido a través de un hombre afincado en Benalmádena (Málaga) llamado José Antonio García. En aquella comparecencia también citó como intermediario a Hicham Belardi.

Un papel que confirma el propio empresario franco-israelí en sus escritos. En ellos, reconoce el pago de 30.000 euros a Said Arfal como "intermediario en proveedor". Y resalta otra transferencia de poco más de 278.000 euros a Toshani Elaghel Adel que respondía, según indica, a la "intermediación de Said Arfal y Hicham Belardi". Y para intentar acreditarlo, ha aportado al procedimiento una carta que le remitió José Antonio García, CEO de Mercado Turístico Global, en el que le indica que se ha llegado a un nuevo acuerdo con "Mr. Hicham" por "100.000 euros extra" y le pide un pago de 275.000 a Toshani Elaghel. Una "comisión", consta en otra suerte de acuerdo aportado, vinculada a la venta del medio millón de mascarillas que Madrid nunca pudo utilizar.

José Luis Rodríguez Zapatero pone punto final a nueve semanas de silencio absoluto. El expresidente del Gobierno se ha sentado este jueves en la televisión pública para hablar sobre el caso Plus Ultra. Una entrevista que le ha servido, sobre todo, para defenderse públicamente de la acusación contenida en los escritos de colaboración que esta semana han remitido al juez instructor tanto el empresario Julio Martínez Martínez como dos de los directivos de Plus Ultra. El exdirigente socialista ha negado categóricamente haber influido en la concesión del préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea en plena pandemia. O haber tenido información privilegiada sobre el mismo. Ahora bien, no ha aclarado el origen de las joyas halladas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su despacho, algo que ha achacado a su estrategia procesal.

La última vez que el expresidente del Gobierno se pronunció públicamente fue el día en el que se conoció su imputación y en el que los investigadores registraron su oficina. A través de un vídeo, Zapatero aseguró que toda su actividad "pública y privada" se había desarrollado siempre "con absoluto respeto a la legalidad" y que todos los ingresos percibidos se habían "declarado" a Hacienda. Y negó haber realizado "jamás" una "gestión" ante ninguna "Administración pública" en relación con el rescate de Plus Ultra. Dos ideas en las que insistió, ya a puerta cerrada, en su declaración como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama: "Lo reafirmo rotundamente: no tuve ninguna intervención".

Zapatero no se ha movido ni un milímetro de ese relato durante su intervención en el programa Mañaneros 360. Una entrevista concedida en un momento muy concreto. Hace solo tres días, tres de los principales investigados de la trama decidieron mover ficha en busca de los beneficios que el Código Penal reserva para aquellos que colaboren con la justicia –y de los que el empresario Víctor de Aldama puede dar buena cuenta–. Tanto Julio Martínez Martínez como el presidente y el ex consejero delegado de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente, remitieron al instructor sendos escritos en los que situaban al expresidente del Gobierno como pieza clave en la consecución del rescate de la aerolínea. Es más, el primero de ellos llega a asegurar que Zapatero le avanzó que la ayuda pública se concedería once días antes de que la aprobara el Consejo de Ministros.

El expresidente del Gobierno no ha querido entrar en si se siente "traicionado" por quien fue amigo íntimo durante casi tres lustros. Allá cada cual, ha venido a decir, con su estrategia de defensa. Eso sí, ha rechazado de plano el relato ofrecido por quienes pretenden convertirse en colaboradores, cuyo testimonio, al menos por ahora, no ha permitido atar el delito de tráfico de influencias en relación a la aerolínea. "No hablé con nadie ni de la SEPI ni del Gobierno, ni con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra", ha señalado el exdirigente socialista. Y ha asegurado que jamás aparecerá una sola conversación de él con algún miembro de la compañía hablando del préstamo concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En su escrito de colaboración, el presidente de Plus Ultra relata que antes de buscar ese rescate trataron de conseguir un crédito ICO. Y que, en ese contexto, Martínez Martínez le dijo que escribieran una carta al vicepresidente del Banco Santander Juan Manuel Cendoya, con quien el exlíder del Ejecutivo iba a realizar unos "contactos". Una misiva dirigida a dicho directivo que Martínez Sola fechó el 25 de mayo de 2020 y que arrancó con la siguiente fórmula: "Siguiendo instrucciones del presidente Zapatero". "El encabezamiento es un exceso", ha señalado el exdirigente socialista, quien ha explicado que lo único que hizo fue "llamar" a Cendoya "para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas". "Eso no tiene que ver ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada", ha querido zanjar, rechazando que con esa gestión estuviese ejerciendo "influencia".

En su auto de imputación, el instructor también pone el foco sobre una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 7 de septiembre de 2020. Seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda. Y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que Plus Ultra tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto último es importante, porque un requisito para acceder al rescate era estar al corriente de estas deudas, lo cual es posible cuando las mismas se encuentran aplazadas, suspendidas o fraccionadas. El expresidente, sin embargo, ha desvinculado dicho encuentro de la ayuda a la aerolínea: "Esa es otra de las locuras. Me llama para conocerme. No hablamos de Plus Ultra".

También ha negado haber avanzado a su amigo el 26 de febrero de 2021 que la SEPI iba a conceder el rescate. Es decir, once días antes de su aprobación en Consejo de Ministros. Los mensajes remitidos por Julio Martínez Martínez aquel día confirman la filtración de dicha información. "Solo felicitarte por la próxima obtención del préstamo de la Sepi, muy previsiblemente será en el Consejo de Ministros del día 9 de Marzo. Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo", escribió a uno de los empresarios venezolanos vinculados a la aerolínea. El expresidente del Gobierno, sin embargo, ha querido dejar claro que él no supo "en ningún momento" si la aerolínea se iba o no a rescatar.

Martínez Martínez sostuvo en el escrito remitido a comienzos de semana a la Audiencia Nacional que Zapatero, aunque no formara parte del accionariado, era quien lideraba la consultora Análisis Relevante y quien "decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes". En la entrevista, el exdirigente socialista ha defendido su papel como consultor, asegurando que toda su actividad está declarada en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). "Todo mi trabajo en Análisis Relevante fue de consultoría, de asesoramiento, que se sustanciará en su momento. Nunca tuve intención ni participé en ninguna sociedad ni firmé ningún contrato con ningún cliente", ha señalado Zapatero.

La UDEF en sus informes ata la supuesta "posición directiva" del expresidente del Gobierno en Análisis Relevante en base a dos archivos Excel que envió Zapatero a Martínez Martínez el 6 de julio de 2021 con "un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos", algunos de ellos clientes de la consultora. "Eran personas a las que, como consultor, considero que [les] interesa conocer los informes de los análisis políticos y económicos que hacía Análisis Relevante. Es tan simple como eso", ha respondido el exdirigente socialista sobre esta cuestión. Y, del mismo modo, ha negado que se falsearan conceptos a la hora de facturar a la firma por sus trabajos de consultoría.

El exlíder del Ejecutivo también ha negado haber dado instrucciones para la puesta en marcha de una offshore en Dubái. "Es una invención absoluta", ha apuntado. La tesis del instructor y de los investigadores era que la trama podía haber constituido una sociedad en Emiratos Árabes Unidos para cobrar de forma opaca una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra. Una hipótesis que, sin embargo, tiran por tierra los escritos de colaboración remitidos por Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra. Los tres reconocen que, efectivamente, se pagaron 530.000 euros por las gestiones. Ahora bien, aseguran que dichos abonos se canalizaron, mayoritariamente, a través de tres sociedades en España.

Zapatero también ha defendido el trabajo realizado por sus hijas, que a través de su empresa, WhaTheFav, ingresaron 239.755 euros entre 2020 y 2025 de Análisis Relevante. Ha negado que sean sus testaferros. Y ha dicho que presentarán en el procedimiento judicial "todos sus trabajos, tarea y contratos". Pero no ha querido dar más detalles: "WhaTheFav tiene que hablar por sí misma". Entre las dudas que aún quedan sobre la mesa están, por ejemplo, los 561.440 euros que esta firma recibió de Inteligencia Prospectiva, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. La empresa llama la atención de los investigadores por tener "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores".

El expresidente tampoco ha querido dar demasiados detalles sobre las joyas que los agentes de la UDEF encontraron durante el registro de su despacho, unas piezas que un peritaje encargado por el juez valoró en 1,3 millones de euros y que han provocado la imputación de Zapatero también por posibles delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública. Hace un mes, durante su declaración ante el instructor, aseguró que daría las explicaciones pertinentes en diez días. Pero este jueves, durante su entrevista televisiva, se ha limitado a decir que eran un "regalo de cortesía personal" que recibió hace muchos años, aunque ha señalado que la valoración económica que arrojó la tasación judicial será sometida "a contradicción". No ha desvelado, por respeto al procedimiento, ni cuándo ni qué país se las regaló. "Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podríamos imaginar ese valor; estaban ahí y nada más", se ha limitado a resaltar, al tiempo que ha negado el contrabando y el afán defraudatorio.

La estrategia de defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el llamado caso Plus Ultra se ha basado desde el comienzo en la negación de los hechos y en el ataque a algunas de las pruebas clave sobre las que se apoya la causa. Dentro de este último grupo se encuentran, entre otros, los mensajes que el Homeland Security Investigations, el brazo investigador del estadounidense Departamento de Seguridad Nacional, intervino en 2021 a Rodolfo Reyes Rojas –quien fuera máximo accionista de la aerolínea– y que fueron remitidos a las autoridades españolas el pasado mes de marzo. Zapatero ya ha dejado clara su intención de anular los mismos. Sin embargo, la confesión de los directivos de Plus Ultra complica el plan del expresidente de librarse de estas comunicaciones.

En una maniobra perfectamente coordinada, tres de los principales imputados en la causa anunciaron esta semana su intención de colaborar con la justicia. Es el caso del empresario Julio Martínez Martínez, durante años amigo íntimo del exlíder del Ejecutivo. Y también del presidente y el ex consejero delegado de la aerolínea, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente. Todos ellos han señalado a Zapatero como pieza clave en la obtención del préstamo de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió en plena pandemia a Plus Ultra. Y han reconocido el pago de una comisión de 530.000 euros –el 1%– por dicha operación. Ahora bien, ninguno de ellos ha sido capaz de concretar qué gestiones hizo el expresidente o sobre quién influyó.

Los escritos enviados por los directivos se construyen, en parte, sobre el material que los estadounidenses extrajeron del teléfono de Reyes Rojas. De esta manera, reconocen que el 16 de mayo de 2020 Julio Martínez Sola escribió a Julio Martínez Martínez para intentar mantener una primera llamada telefónica. "Buenas tardes, Julio. Encantado de saludarte y un saludo del Presidente. ¿Cómo tienes mañana a media mañana?", respondió el segundo. O los mensajes que se intercambiaron el 18 de mayo Roselli y Reyes Rojas. "¿Vas a estar en la conversación con Zapatero?", preguntó el primero. "No con el directo. Hablo con un lacallo (sic.)... Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por [ahí] vendrá la mordida", respondió el segundo.

También admiten la existencia de la conversación fechada el 4 de julio de 2020, un día después de la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) –el instrumento financiero del que salió el préstamo para la aerolínea–, entre Reyes Rojas y Martínez Sola. En ella, el primero envía al segundo la noticia de la puesta en marcha del fondo. "¿Qué piensas?", preguntó. "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen). El martes, comemos Roberto y yo con Julio Martínez", contestó el presidente de Plus Ultra. Y también los mensajes del 6 de febrero de 2021, en los cuales Reyes Rojas contaba a Martínez Sola que otro socio había estado con "Zp" y que éste le dijo que "todo va viento en popa".

La ratificación de la veracidad de estas comunicaciones, señalan fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, complica la estrategia del expresidente de invalidarlas. "La defensa lo tiene mucho más difícil [ahora]", señala un veterano magistrado. De la importancia de estas conversaciones dan buena cuenta tanto los movimientos del juez como los del abogado del exdirigente socialista. El primero, solicitando a EEUU "autorización expresa" para usar esos mensajes como "prueba" en el proceso. El segundo, reclamando abundante información sobre la obtención de los mismos con la vista puesta en una posible nulidad. Al fin y al cabo, para que sea válida en nuestro país una prueba llegada desde el extranjero debe haberse obtenido respetando las garantías constitucionales del proceso penal en España y eso es lo que la defensa de Zapatero pone en entredicho en el caso de los mensajes llegados de Homeland Security Investigations.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que la ilicitud de una prueba se extiende a otras derivadas si entre ellas existe una conexión natural o causal. En estos casos, la regla general, y así lo recuerda el Tribunal Supremo en algunas sentencias recientes, es que todo elemento probatorio que pretenda deducirse, por ejemplo, de un "hecho que vulnere el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas" se halla también incurso "en la prohibición de valoración". No obstante, en supuestos excepcionales, "se ha venido admitiendo que estas pruebas son jurídicamente independientes de dicha vulneración, habiéndose reconocido como válidas y aptas para enervar el principio de presunción de inocencia". Es lo que se conoce como desconexión de antijuridicidad.

Así lo resume el Alto Tribunal en una sentencia de 2021 por un caso de tráfico de drogas: "Lo hallado tras las intervenciones telefónicas con vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, y de los registros domiciliarios llevados a cabo como consecuencia derivada de tales intervenciones, no ha de tenerse por inexistente en la realidad y puede ser incorporado de forma legítima al proceso por otros medios de prueba. En particular, la declaración de los acusados, en la medida en que ni son en sí mismas contrarias al derecho al proceso con todas las garantías, ni son el resultado directo de las intervenciones telefónicas ni de los registros practicados, son una prueba independiente del acto lesivo de derechos fundamentales".

"La jurisprudencia permite la desconexión de la ilícita originaria respecto a la información que ofrecen los coimputados", señala uno de los magistrados consultados. Puede ocurrir, por tanto, que en el caso Plus Ultra se acabe declarando por razones procesales la nulidad de las conversaciones telefónicas de Reyes Rojas y que, al mismo tiempo, el contenido de las mismas siga presente en el procedimiento a través de las declaraciones de los directivos de la aerolínea. "El reconocimiento de un investigado, o acusado en el acto de juicio, sobre la veracidad de lo que ahí se dice también es una prueba que se puede tener en cuenta y que suele ser importante", resalta otro de los juristas consultados.

Pese a la importancia del teléfono de Reyes Rojas, lo cierto es que los investigadores ya tenían la lupa puesta sobre Zapatero antes de recibir el contenido del mismo de sus colegas estadounidenses. Así se recogía en el auto por el que la jueza del tribunal 15 de Instrucción de Madrid, Esperanza Collazos, se inhibía a favor de la Audiencia Nacional. Por aquel entonces, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya tenía recopilados los pagos de Análisis Relevante al expresidente del Gobierno y a WhatTheFav, la empresa de sus hijas. Y ya hablaba de Julio Martínez Martínez como la "persona interpuesta" al objeto de "canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos" por las gestiones de Zapatero. Entre otros, completaba, la aerolínea Plus Ultra.

Uno de los principales indicios que los agentes, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza manejaban por aquel entonces eran las conversaciones obtenidas durante el registro practicado al abogado Miguel Palomero de Juan, en las cuales había referencias a "Zorro", "Z" o "ZZZZ" –a quien los investigadores identificaban con Zapatero–. Aquella entrada se produjo en el marco de una investigación internacional sobre una supuesta trama de blanqueo de capitales con ramificaciones en nuestro país. Tras el análisis del material intervenido, Anticorrupción interpuso una querella contra, entre otros, Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra. A partir de ahí, se produjeron detenciones, registros y diligencias de investigación que han acabado con la imputación de Zapatero.

Por eso mismo, la defensa del expresidente del Gobierno, que lidera el prestigioso procesalista Víctor Moreno Catena, también ha puesto el foco sobre el análisis que se hizo del material incautado en el registro a Palomero. De ahí que a finales de junio solicitase a Calama que reclamase la "resolución judicial motivada" que habría autorizado el estudio del "contenido" de los dispositivos incautados. De no haberse obtenido dicha autorización, continuaba, "las garantías esenciales del procedimiento se verían laminadas". Y, en ese caso, todo ese material debería ser excluido del procedimiento, lo que inevitablemente provocaría el derrumbe de la causa –al fin y al cabo, todas las diligencias derivan de aquel análisis realizado–.

El escrito remitido por Julio Martínez Martínez a la Audiencia Nacional hablando de su intención de "colaborar y contribuir" al "esclarecimiento de los hechos" hizo saltar todas las alarmas. Pero su comparecencia escasas horas después ante el instructor del caso Plus Ultra, el magistrado José Luis Calama, ha dejado importantes lagunas. El empresario ha insistido en la implicación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la concesión del préstamo público de 53 millones de euros a la aerolínea en plena pandemia. Ahora bien, no ha sido capaz de concretar ni las gestiones que hizo ni cuánto percibió por ello. De ahí que en el entorno del exdirigente socialista consideren en declaraciones a infoLibre que el interrogatorio a Martínez Martínez "ha ido bien para los intereses" de Zapatero.

El exlíder del Ejecutivo está investigado, formalmente, por cuatro delitos —tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contrabando—, si bien sobrevuelan en la causa otros posibles tipos penales. El instructor del caso sitúa a Zapatero en el “vértice” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias a cambio de pagos. Él era, resalta en su auto de imputación, la persona que ejercía "el liderazgo estratégico" y mantenía "los contactos institucionales y empresariales de alto nivel". Un relato indiciario que construye, fundamentalmente, en base a comunicaciones intervenidas a terceras personas –no consta, por el momento, un solo mensaje incriminatorio del expresidente–.

La tesis central del procedimiento es que Zapatero intervino e influyó en el préstamo concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea. Él lo ha negado en repetidas ocasiones. La última, ante el instructor: "No tuve ninguna intervención". Una versión que, sin embargo, ponen ahora en cuestión tres de los imputados en el procedimiento, que han decidido alinear sus estrategias de defensa. En sendos escritos remitidos este lunes al instructor, Martínez Martínez y dos pesos pesados de Plus Ultra –su presidente, Julio Martínez Sola, y el ex consejero delegado Roberto Roselli– han asegurado que el expresidente del Gobierno sí intervino en la búsqueda del rescate: "Era Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir".

Implicación en la que Martínez Martínez ha insistido este martes en sede judicial. Su declaración, que se ha alargado durante más de tres horas y en la que no ha respondido a la acusación, ha sido una simple confirmación de lo recogido en su escrito, sin muchos más "detalles", resaltan fuentes conocedoras del contenido de la misma. "Ha sido inconcreta, sin aportar datos", destacan otras fuentes presentes en la sala. Algo que ha llegado a molestar a la fiscala Anticorrupción, Elena Lorente, y al instructor, que ha pedido al empresario que no fuera tan "genérico" en algunas de sus respuestas. "El interrogatorio ha ido bien para los intereses de Zapatero", resumen a este diario desde el entorno del expresidente del Gobierno.

En su declaración como investigado, el exdirigente socialista aseguró no haber hablado "absolutamente con nadie del sector público" sobre la ayuda concedida a la aerolínea: "No habrá nadie que pueda decir lo contrario". Tanto Martínez Sola como Roselli reconocieron en sus escritos de colaboración que "nunca" tuvieron "constancia fehaciente" de las "concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate". Y tampoco Julito ha sido capaz de detallar este martes en su comparecencia ante el instructor las supuestas maniobras de Zapatero en relación al préstamo, de cuya concesión informó el expresidente casi dos semanas antes. El empresario no ha podido especificar ni qué gestiones concretas hizo ni sobre quién influyó.

Esto último es importante. El tráfico de influencias, uno de los delitos más difíciles de investigar –así lo reconocía el propio magistrado durante la declaración como investigado del expresidente–, castiga a aquella persona que influye sobre un funcionario o autoridad, o sobre alguien que pueda influir en ellos, prevaliéndose de una situación derivada de su relación personal o jerárquica con el fin de conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico. Se trata de un delito de mera actividad, por lo que ni siquiera es necesario que lo que se busca llegue a conseguirse. Eso sí, debe poder demostrarse que realmente se ha ejercido esa presión sobre algún funcionario. Un fleco que la declaración de Julito no ha atado.

El empresario, que se ha presentado como una suerte de "correveidile" –en palabras del instructor– de los negocios del expresidente, sí ha confirmado que se embolsaron una comisión por la consecución del rescate de la aerolínea. En concreto, un 1% del valor de la ayuda: 530.000 euros. Unos pagos que acordaron diferir a lo largo del tiempo y que, según especificaron los directivos de Plus Ultra, se canalizaron fundamentalmente a través de tres sociedades vinculadas a Martínez Martínez y se camuflaron con facturas "inciertas". Vía Análisis Relevante, Voli Analítica e Iot Domotic Europe se percibieron 458.417 euros. Y 69.000 fueron pagos en especie por parte de la aerolínea en forma de billetes de avión en business. El empresario no ha aclarado cómo se repartió dicha comisión.

Esto choca, en principio, con la hipótesis del instructor de que la red se habría valido de una offshore en Emiratos Árabes Unidos para percibir y esconder la comisión. La misma se apoyaba en el hecho de que Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, remitiera a Martínez Martínez indicaciones sobre cómo poner en marcha una sociedad en el país árabe "siguiendo con lo conversado en el día de ayer" horas después de una comida organizada por Zapatero. Y en ella se apoyaba el instructor para investigar al expresidente por blanqueo de capitales: "Ese patrón de actuación encaja en las modalidades típicas, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia".

Durante su declaración como investigado, según aseguran fuentes presentes en la misma, Martínez Martínez ha confirmado que a esa comida asistieron él, Guerrero y el expresidente. No obstante, completan esas mismas fuentes, ha desvinculado a este último de la operación relativa a la offshore de Dubái, una sociedad que, no obstante, ha asegurado que "no se llegó a constituir", algo en lo que también insisten a este diario fuentes cercanas al director del Halal Trade and Marketing Centre. No se hizo, completan las distintas fuentes jurídicas, al ser un asunto complejo con numerosos requisitos. No obstante, infoLibre pudo constatar que dicha offshore sí se constituyó y que así consta en el opaco registro de Dubái.

Más allá de esto, el empresario también ha detallado el papel de Zapatero en su principal empresa: Análisis Relevante. Según Martínez, era el único consultor y, como expresidente, tenía muy buena agenda. Sobre los informes de asesoría, ha dicho que no eran tanto "estratégicos" como una especie de folletos para atraer a futuros clientes. En cuanto a WhatTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero, ha resaltado que comenzó a pagarles por maquetar dichos documentos, si bien a partir de 2022 continuó haciéndolo aunque la empresa no realizara esta actividad porque el sistema de contratación era una "iguala". El juez ha puesto en duda las cantidades abonadas por dichos servicios, pero el empresario ha evitado entrar en esa cuestión.

Se conocieron en 2011. Y la pasión por el running les hizo trabar una buena amistad. Pero el empresario Julio Martínez Martínez ha decidido este lunes soltar las amarras que le unían al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ha hecho a escasas horas de declarar como imputado en la Audiencia Nacional en el marco del llamado caso Plus Ultra, con un escrito en el que implica al exdirigente socialista en el rescate de la aerolínea durante la pandemia. No ha sido el único. También los directivos de la compañía investigados han movido ficha de una forma casi coordinada, apuntando directamente hacia el exlíder del Ejecutivo. Dos confesiones al calor de la doctrina Aldama que complican el futuro judicial de Zapatero.

Martínez Martínez es, según consta en el sumario, una de las piezas centrales de la supuesta "red organizada dedicada al ejercicio de influencias" –también llamada "boutique financiera"– que habría "actuado en beneficio de terceros" a cambio del abono de "determinadas cantidades". "Desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red; como receptor y ejecutor de instrucciones directas de José Luis Rodríguez Zapatero; y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes", resalta el magistrado en uno de los autos de la causa. En el registro de su domicilio, los agentes encontraron 286.070 euros en efectivo.

El "lacayo" o "el banco del jefe" eran algunas de las fórmulas utilizadas por los investigados para referirse a Martínez Martínez. El 18 de mayo de 2020, Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de Plus Ultra, preguntó al CEO de la compañía, Roberto Roselli, si iba a estar en la "reunión con Zapatero". "No con el directo. Hablo con un lacallo [sic] (...) Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por [sic] vendrá la mordida", respondió el segundo. Por aquel entonces, la compañía miraba hacia un posible crédito ICO. Unas semanas después, a comienzos de julio, se creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

A través de este instrumento financiero la compañía recibió ayudas por 53 millones de euros. La "tesis central" del procedimiento es que el expresidente del Gobierno "intervino", mediante "tráfico de influencias", para conseguir que la aerolínea obtuviera dichos préstamos. Así lo resumió el instructor, el magistrado José Luis Calama, durante la declaración de Zapatero como investigado. Él, sin embargo, lo negó con vehemencia: "Lo reafirmo rotundamente: no tuve ninguna intervención. No hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y, por tanto, no ejercí ni la más mínima influencia".

Durante su comparecencia en sede judicial, el expresidente del Gobierno reconoció que interactuaba con "casi todos" los "clientes" de Análisis Relevante, la consultora que puso en marcha su amigo y de la que el exdirigente socialista cobró 490.780 euros en seis años. Pero levantó un cordón alrededor de la aerolínea: "Prácticamente no he interactuado con Plus Ultra. (...) La interacción [con esa compañía] la llevaba básicamente Julio Martínez". Es más, aseguró que al presidente de la misma, Julio Martínez Sola, no lo conoció hasta 2024, años después de que se concedieran aquellos préstamos públicos que se encuentran bajo la lupa judicial.

Una versión que ahora se tambalea. En un escrito enviado a la Audiencia Nacional apenas unas horas antes de su comparecencia como imputado, Julito asegura que la "primera noticia" que él tuvo de Plus Ultra fue en mayo de 2020, cuando Zapatero le "adelantó" que iba a recibir "una llamada" de los directivos de la misma. "Y, en efecto, el 16 de mayo se pusieron en contacto con él los señores Martínez Sola y Roselli y le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente Rodríguez Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación", resalta. Primero lo intentaron con entidades financieras, como el Banco Santander. Y tras fracasar, "las gestiones" se dirigieron a conseguir la ayuda de la SEPI.

El relato coincide con el que después remitió a la Audiencia Nacional el presidente de Plus Ultra –ambos escritos fueron firmados con apenas una hora de diferencia–. Tras unas gestiones previas con el empresario Manuel Fajardo, el 30 de abril el expresidente llamó "desde un número oculto" a Martínez Sola. La conversación, siempre según su versión, duró diez minutos. Y en ella, el máximo responsable de la aerolínea "hizo una breve exposición" a Zapatero "sobre la compañía, trasladándole la difícil situación financiera en la que se encontraba" y la necesidad de acceder a financiación. "Ante dicha petición, Rodríguez Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas. También indicó a Martínez Sola que de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez", expone.

El empresario rebaja su papel en el caso. Dice que "no tenía posibilidad alguna" de "obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada". Y que su "misión" solo consistía en "intermediar entre cliente y consultor". Es decir, entre Plus Ultra y el expresidente del Gobierno. "En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", resalta. E insiste Martínez Martínez en que su "labor" consistió "fundamentalmente" en el "acompañamiento del cliente" para la "obtención de la financiación solicitada". "De todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero quien, finalmente, el 26 de febrero de 2021 comunicó a nuestro representado que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra", completa.

Tanto la dirección de la aerolínea como Julito aseguran que en el marco de esas relaciones se firmaron dos contratos. El primero, entre Análisis Relevante y Plus Ultra, se suscribió en julio de 2020 y en él se fijaron unos honorarios de 5.000 euros mensuales más IVA por las labores de "asesoramiento" –dice Martínez Martínez– del expresidente del Gobierno. Y unos meses después se selló un segundo acuerdo entre la aerolínea e Idella Consulenza Strategica por el cual la primera se comprometía a abonar a la segunda un 1% de la ayuda que finalmente se obtuviera de la SEPI. Un pago que, coinciden ambas partes, se decidió "diferir" hasta el año 2026. Y se facturó a través de varias sociedades vinculadas a Martínez Martínez.

En su escrito, el presidente de Plus Ultra detalla que en total se abonaron 530.000 euros, el 1% de los 53 millones. Una parte mediante pagos a Análisis Relevante, Voli Analítica e Iot Domotic Europe, todas ellas vinculadas a Julito. Y la otra, con el regalo de 46 vuelos en clase business. "En las facturas de Análisis Relevante consta, mes a mes (unas 40 facturas), el concepto 'Honorarios Mensuales. Elaboración de Informe', pese a que, o no existió tal informe o la materialidad de los 6 o 7 informes que se hicieron llegar era irrelevante para Plus Ultra y simplemente encubridora. En las facturas de las sociedad Voli Analítica consta como concepto, también incierto, 'Servicios de gestión de vuelos Madrid – Caracas' y en las de la sociedad Iot Domotic 'Gestión vuelos operado por SACSA', igualmente incierto", resume Martínez Sola.

El directivo de la aerolínea sostiene que desde que solicitaron la ayuda su "prioridad" era que se tramitara "con rapidez". Y que "la lentitud" hizo que se plantearan la conveniencia de que Zapatero o Julito a "intervinieran directamente ante responsables" de la SEPI. Martínez Sola reconoce que "nunca se llegó a tener una constancia fehaciente" de las "concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate". Y también que en aquella primera conversación telefónica, que entonces giró alrededor de la posibilidad de acceder a un crédito ICO –aún no se había puesto en marcha el instrumento financiero de la SEPI–, Zapatero "no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones".

Martínez Martínez no hace ninguna mención en su escrito a Landside Middle East FZCO, sociedad que, según sospechan los investigadores, se habría constituido en Dubái por orden de Zapatero para canalizar el cobro de la mordida del rescate de Plus Ultra. Una offshore de la que se desvinculó el expresidente del Gobierno y por la que, con total seguridad, se preguntará al empresario durante su declaración como investigado. El interrogatorio también se detendrá en el papel del exdirigente socialista en Análisis Relevante. "Quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes", resalta Martínez Martínez en su escrito remitido a Calama.

El paso dado por Julito y la dirección de Plus Ultra es un torpedo en la línea de defensa del expresidente, que aún no ha ofrecido explicaciones sobre el origen de las joyas incautadas en su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros –aunque hace un mes prometió darlas en diez días–. Y se produce en un contexto muy concreto. Hace apenas un mes, el Tribunal Supremo libró de la cárcel al empresario Víctor de Aldama, corruptor en el caso Mascarillas, por haber reconocido los hechos y haber colaborado con la investigación. "El Estado de derecho debe premiar [...] comportamientos relevantes que inciden en el descubrimiento y acreditación de delitos de la gravedad para el sistema democrático como los que son objeto de este juicio", resaltaron los magistrados en su sentencia. Todo un incentivo para futuros delatores.

La Audiencia de Madrid empieza a estudiar los últimos recursos del caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Sección 23 del órgano judicial, reunida en pleno, comenzará este lunes viendo las apelaciones relativas al sobreseimiento del delito de intrusismo profesional, la unificación de las acusaciones y el uso del jurado popular. Este último es el asunto de mayor enjundia. Y lo que en él se decida puede marcar, en buena medida, el futuro del procedimiento. Si la Audiencia de Madrid tumba por segunda vez la resolución que pone el caso en manos de un tribunal de ciudadanos, todo volverá de nuevo a la casilla de salida. Esta vez, sin que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, tenga ya mucho más margen para maniobrar –se jubilará el próximo mes de septiembre–.

Tanto la Fiscalía como la defensa de los investigados siempre tuvieron claro que la batalla jurídica tenían que darla en instancias superiores. De ahí que el caso Begoña haya estado marcado desde el inicio por una continua catarata de recursos. Unas apelaciones que en no pocos casos han puesto contra las cuerdas al titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid y han alargado la resolución final del procedimiento. El pasado mes de enero, la Audiencia de Madrid tumbó las resoluciones de finales de 2025 que transformaban el procedimiento seguido contra Begoña Gómez en uno con jurado. Lo hizo al entender que los autos que sostenían esa "trascendental decisión" no estaban motivados: "No realiza una mínima determinación de los hechos concretos, ni las conductas que se imputan a cada uno de los investigados".

Un par de meses después de aquel varapalo, Peinado dictó un nuevo auto de casi medio centenar de páginas insistiendo en su tesis acusatoria y en su plan para que la mujer del presidente del Gobierno sea juzgada por un tribunal de ciudadanos. Las defensas interpusieron recurso de reforma. Y como Peinado lo desestimó, acudieron en apelación a la Audiencia de Madrid. "Los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hayan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas. Y lo cierto es que, aunque esto no fuera así, los mismos no encajan en los supuestos de conexidad delictiva que se encuentran recogidos en la Ley del Jurado", defendía en su escrito de apelación el abogado de Gómez.

Antonio Camacho, el letrado de la mujer del presidente del Gobierno, también denunció la falta de "rigor" en la "fundamentación" de aquella resolución. Y de igual modo se pronunció la defensa del empresario Juan Carlos Barrabés, que en su recurso de apelación criticaba que el instructor ni hubiera valorado ni hubiera resuelto "los concretos motivos de impugnación expuestos" en su escrito de reforma, al que Peinado dio respuesta con una simple "reproducción literal y exacta" de otra de sus resoluciones. "No existe fundamentación para que se siga este procedimiento, pero tampoco entendemos que la competencia sea del procedimiento del Tribunal del Jurado", lanzaban los abogados de Barrabés.

La Audiencia de Madrid deberá ahora decidir si avala o no la nueva transformación del procedimiento a uno con jurado popular. Un pronunciamiento que determinará el futuro del caso. Si los magistrados vuelven a tumbarla, todo volverá al punto de partida. En esta ocasión, sin que a Peinado le quede apenas tiempo para maniobrar de nuevo. Agosto es inhábil en la Administración de Justicia. Y en septiembre el juez se jubila al haber alcanzado los 72 años, edad máxima para ejercer. Si para entonces no está todo perfectamente atado y avalado por los superiores, el caso caerá en manos del sucesor de Peinado. Un nuevo juez del que dependerá el devenir de uno de los procedimientos judiciales más políticos y mediáticos de los últimos años.

Además de esta cuestión nuclear, explican a infoLibre fuentes judiciales, la Audiencia de Madrid también estudiará este lunes otros dos recursos promovidos, en este caso, por la acusación. Uno de ellos tiene que ver con la decisión del instructor de archivar las actuaciones por un delito de intrusismo profesional. El otro, con la negativa de Peinado a que Manos Limpias pueda separarse del resto de colectivos y constituir una segunda acusación para ir contra la mujer del presidente del Gobierno y Barrabés solo por malversación y tráfico de influencias y dejar fuera del banquillo a Cristina Álvarez, asistente de Gómez. La entidad ultra afea que el juez desestimase la solicitud "con una mera frase sin razonamiento alguno sobre la improcedencia de tan razonable petición".

La Audiencia de Madrid acumula sobre la mesa, además de estos, otros cuantos recursos relativos a este mismo procedimiento que se irán resolviendo progresivamente. Es el caso del durísimo escrito de apelación que interpuso el Ministerio Público contra el auto de procesamiento, en el que el fiscal solicita el archivo definitivo de una causa repleta de "cambios de hechos y argumentos", "irracionalidad" en las resoluciones, "recursos sin resolver" durante meses, "investigaciones sobre extremos rechazados" e, incluso, "imputaciones sin justificación". O las apelaciones contra las medidas cautelares –en concreto, la retirada de pasaporte– adoptadas por el juez. Una decisión adoptada, según el fiscal, con "escaso rigor y mesura".

De la resolución de los recursos en la causa se habían encargado, a lo largo de estos dos años, tres de los magistrados que forman parte de la Sección 23. Y en no pocas ocasiones han corregido al instructor, si bien en lo fundamental han ido avalando sus pesquisas. Le anularon, por ejemplo, los registros de las oficinas y el domicilio de Barrabés porque no veían justificada la urgencia alegada por Peinado para llevarlos a cabo mientras el investigado estaba en el hospital. O le ha tumbado las imputaciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; o del exconsejero madrileño y alto cargo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes. La Sala, además, ha subrayado en varias resoluciones la debilidad argumentativa de las decisiones del juez.

Ahora, para la resolución de estos últimos recursos y dada la "trascendencia del asunto", se reunirá la Sección en pleno. Es decir, sus cinco magistrados: Enrique Jesús Bergés, Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo, Carlos Prat y José Sierra.

El grado de profundidad en la investigación sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, provoca la primera gran ruptura entre el Ministerio Público y el instructor del caso, dos figuras que hasta ahora habían ido de la mano. El rechazo del titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Antonio Viejo, a autorizar que se recabe información tributaria en la investigación contra el empresario Alberto González Amador ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a interponer un recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid. Será la Sección Tercera de este órgano, por tanto, la que determine hasta dónde llegar en las pesquisas. Una sala que, hasta ahora, ha avalado mayoritariamente las decisiones adoptadas por quien ha llevado la batuta de las pesquisas.

En el marco de la pieza en la que se investiga si la compra de una sociedad por el empresario esconde el pago de una comisión a un directivo de Quirón, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclamó el pasado mes de diciembre a Viejo –que asumió el caso tras la jubilación de la magistrada María Inmaculada Iglesias– acceso a determinada información sobre movimientos bancarios de los principales investigados, así como otra de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tres ámbitos de actuación, culminaban los investigadores, "determinantes para el esclarecimiento de los hechos". El instructor tardó seis meses en pronunciarse sobre la petición. Y cuando lo hizo, solo aceptó que se indagara a nivel financiero.

La UCO envió entonces un nuevo oficio al magistrado reiterando la necesidad de acceder a la información tributaria, ya que no contar con esos datos dificultaría la investigación. "Para llevar a cabo un análisis de la operativa económica, se considera indispensable contar con ambas vertientes de una misma información: bancaria y tributaria. Esto debido a que se trata de informaciones complementarias, cuyo análisis debe efectuarse de forma conjunta, en tanto en cuanto es relevante observar las similitudes y, sobre todo, las diferencias que puedan observarse y que se puedan determinar las cuestiones de interés para la causa, la existencia de flujos no declarados o la detección de flujos que no se correspondan con la realidad observada a través de los productos", argumentaban los investigadores.

El magistrado, pese a ello, no rectificó. "No cabe descartar que del análisis de la información requerida a las entidades bancarias pudiera ya obtenerse un conocimiento suficiente a las fines indagatorios de este proceso", respondió a finales de junio en un nuevo auto. Una resolución que ahora ha recurrido en apelación el fiscal Anticorrupción Diego Lucas. En su escrito, recuerda que el instructor ya ha autorizado "la medida indagatoria más invasiva de la intimidad económica" –el examen de los movimientos bancarios–, por lo que no entiende los motivos que le llevan a rechazar las peticiones a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, que son "mucho menos invasivas". Y adopta como suyas las alegaciones de los investigadores.

El representante del Ministerio Público, además, señala que retrasar a un "momento posterior" ese requerimiento de información "genera un perjuicio al interés público y a los investigados, dado que alarga innecesariamente la duración de la instrucción del procedimiento". Unas pesquisas que, de hecho, avanzan a paso lento desde la jubilación de la anterior instructora. "La presente instrucción se encuentra prácticamente paralizada desde hace ya un año", denunciaba este lunes la acusación de PSOE y Más Madrid en su escrito de adhesión al recurso de Anticorrupción. Una petición a la que también se suma la defensa de González Amador, que ha pedido al juez que dé acceso a toda la información solicitada para "poner fin" cuanto antes a la causa.

Es el primer gran choque entre fiscal e instructor, dos figuras que hasta ahora habían ido de la mano. Si se activó a la Guardia Civil en la causa fue porque la anterior magistrada aceptó la petición que le hizo el Ministerio Público tras la declaración como investigados de la pareja de Ayuso y de la farmacéutica Gloria Carrasco, la esposa del directivo de Quirón a quien González Amador compró una sociedad llamada Círculo Belleza sin aparente valor por medio millón de euros. Un fiscal que también ha bendecido, con su rechazo a los distintos recursos interpuestos por los investigados, la mayor parte de las resoluciones judiciales dictadas en este procedimiento. Incluyendo aquella que supuso la apertura de esta pieza, una carpeta por corrupción en los negocios y administración desleal separada de la del fraude fiscal del empresario.

Tras el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, la pelota se sitúa ahora sobre el tejado de la Audiencia Provincial de Madrid, que será la que tendrá la última palabra sobre el alcance de las diligencias a adoptar. Y, en concreto, sobre su Sección Tercera, de la que forman parte cinco magistrados: Eduardo Bermúdez Ochoa –presidente–, Juan José Escalonilla, Eduardo González del Campillo, Agustín Morales Pérez-Roldán y Rosa Esperanza Rebollo Hidalgo. De todos ellos, el más mediático es el segundo, cuyo nombre estuvo durante años en todos los periódicos por su papel como juez instructor del llamado caso Neurona, aquella macrocausa que algunos medios vendieron como la Gürtel de Podemos y que terminó en nada.

La Sección Tercera, por el momento, ha avalado en buena medida las decisiones judiciales adoptadas en el marco del procedimiento contra González Amador. En septiembre de 2024, por ejemplo, dio el visto bueno a que se admitiese la personación tanto del PSOE como de Más Madrid como acusación popular, aunque excluyendo de dicha legitimación el delito contra la Hacienda Pública. "El potencial aprovechamiento abusivo a que se refiere el recurso como eventualmente dirigido a obtener datos de carácter personal con objeto de su ulterior difusión con finalidad claramente política, de un lado es una consideración meramente hipotética que como tal no puede fundar una exclusión de la acción popular", resaltaron los magistrados.

La misma sección ratificó el pasado mes de noviembre el auto de procesamiento que la anterior instructora dictó contra González Amador en la pieza del fraude fiscal. Y avaló en su día que se abriese una pieza separada para investigar si la adquisición de Círculo Belleza escondía, realmente, el pago de una comisión al directivo de Quirón Prevención Fernando Camino, ya sea por la operación de compraventa de mascarillas que hizo ganar 1,97 millones de euros a la pareja de Ayuso o por el incremento de la facturación que González Amador a la filial del gigante sanitario. "Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", apuntaron.

El contrato para el mantenimiento del sistema de vigilancia del puerto gijonés del Musel se inclina a favor de la industria armamentística israelí. Así se desprende del acta de la última reunión de la mesa de contratación, en la que se hizo la valoración definitiva de las ofertas recibidas. Un encuentro, celebrado el pasado 1 de julio a puerta cerrada, en el que se decidió proponer a la Autoridad Portuaria de Gijón que encargase esas labores a Magal Solutions SL por 156.628,79 euros. Aunque radicada en España, esta compañía, que en los últimos años se ha hecho con contratos similares en relación con otros tres puertos, está controlada en último término por Magal Security Systems Ltd, que forma parte del gigante armamentístico israelí Rafael.

La Autoridad Portuaria de Gijón dio a comienzos de junio la orden de iniciar el proceso de contratación. Lo hizo al entender que no disponían de personal propio que estuviera capacitado para llevar a cabo unos trabajos "altamente especializados". En concreto, el mantenimiento durante dos años de los sistemas de videovigilancia –incluyendo cámaras ópticas, térmicas y todos sus elementos, así como la gestión de alarmas integradas–, seguridad perimetral y comunicaciones, así como los motores de los portones de acceso del vallado perimetral. A la licitación se presentaron solamente dos compañías. Una de ellas era Elecnor Seguridad. La otra, Magal Solutions.

Tras la valoración de ambas propuestas, y salvo sorpresa de última hora, será la filial de la compañía armamentística israelí la que se quede con el contrato. Es la que ha hecho la oferta económica más ventajosa: 156.628,79 euros, frente a los 165.763,64 de la empresa rival. Y la que ha obtenido la puntuación más alta también en la fase técnica. Ha jugado a su favor, entre otras cosas, el conocimiento de los sistemas instalados. Al fin y al cabo, esta empresa es la fabricante de los vallados inteligentes que integran el Sistema de Seguridad Perimetral. Por todo ello, la mesa de contratación acordó la pasada semana proponer a Magal Solutions para la contratación "por el importe de su oferta" al resultar "la proposición de mejor relación calidad-precio".

La sociedad se constituyó el 7 de mayo de 2008 como Nevis Servicios y Gestiones SL, un nombre que fue cambiando hasta la denominación actual. Con una cifra de negocio en 2024 –últimas cuentas depositadas– de 2,75 millones de euros, la empresa centrada en la seguridad de activos críticos cuelga de la mercantil Magal Security Systems Ltd. Y esta última compañía, a su vez, forma parte de Rafael Advanced Defense Systems, el gigante armamentístico israelí que cerró 2025 con ventas récord por más de 6.000 millones de dólares y cuyo material lleva años arrasando Palestina. Un conglomerado de la guerra que cuenta en nuestro país con otras filiales, como es el caso de PAP Tecnos.

El Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre el Real decreto-ley 10/2025, que contenía un conjunto de medidas de presión a Israel por la masacre del pueblo palestino. Entre otras, el embargo de la compra y venta de armas a ese país. "Se prohíben las exportaciones destinadas a Israel y las importaciones originarias de Israel del material incluido en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso –armas, municiones, bombas, aeronaves, buques, sistemas de dirección de tiro, entre otros materiales–", recogía el primero de los artículos.

El decreto, no obstante, permite autorizaciones "excepcionales" cuando estén en riesgo "los intereses generales nacionales". Y, por supuesto, no impide, más allá de la compra de armas, que la Administración contrate los servicios de empresas de defensa israelíes o sus filiales. De ahí que Magal Solutions, la filial de Rafael, pueda seguir optando a licitaciones y pueda seguir encargándose del mantenimiento de los sistemas de seguridad de varios puertos españoles. Solo en 2024 y 2025, según reveló Público, las autoridades portuarias de Málaga, Huelva o Tarragona cerraron contratos con esta compañía por un total de 2,5 millones de euros para la vigilancia de sus instalaciones marítimas.

La Audiencia Nacional rechaza que la filtración de datos personales de políticos y periodistas llevada a cabo por un joven canario que operaba en la red con el alias de Akkaspace se siga investigando como delitos de ciberterrorismo o contra las altas instituciones del Estado. En un auto fechado el pasado 17 de junio, al que ha tenido acceso infoLibre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal del tribunal ha concluido que los hechos bajo la lupa podrían encajar, como mucho, en una revelación de secretos "en su modalidad agravada". Por eso, da orden de remitir las actuaciones al órgano competente, esto es, los juzgados y tribunales de Gran Canaria, donde residen los dos jóvenes que se encuentran investigados en esta causa.

Hace justo un año, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que se estaba colgando en un conocido foro de doxing –práctica que se refiere a revelar datos de terceras personas sin su consentimiento– información privada de miembros del Ejecutivo –entre ellos el presidente, Pedro Sánchez–, de las Cortes Generales o de periodistas. Se registraron, en total, tres publicaciones con números de DNI, direcciones de domicilio o correos electrónicos. Dos de ellas, protagonizadas por un tal Akkaspace, alias tras el que se escondía un joven canario llamado Yoel que fue detenido, junto con otro varón, un par de semanas después en la isla canaria.

Con las primeras diligencias de investigación realizadas, la Fiscalía pidió que el caso se enviara a un juzgado ordinario al entender que los hechos no eran constitutivos de delitos de terrorismo, cuya investigación corresponde en exclusiva a la Audiencia Nacional. Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº1, Francisco de Jorge, lo rechazó. En su auto, el magistrado instructor resaltaba la "afectación directa" de la filtración "a altas instituciones del Estado y sus personalidades". Y calificaba como "ilustrativa" la "declaración" de uno de los investigados, que actuaba con un doble objetivo: dar, por un lado, una "reprimenda" a esas "personalidades" y, por otro, lanzar una "advertencia" para que "desistan en su comportamiento corrupto".

"Con su actuación a través de las graves filtraciones de datos pretenden, mediante esa 'reprimenda' o 'justicia popular' que deciden aplicar a las personalidades especialmente institucionales y también de carácter privado, desestabilizar gravemente el funcionamiento del sistema democrático, institucional, político y, en general, del Estado", recogía la resolución, que sostenía que la "calificación de terrorismo" derivaba del uso de medios informáticos para entrar en bases de datos y difundir información personal de representantes públicos "incitando" a un "escrache virtual masivo" para "forzar un cambio político o en represalia por la actuación política" desde una posición "antisistema", afectando a "altas instituciones de la Nación".

La fiscal encargada del caso, Ángel Gómez, interpuso recurso de apelación, al que se adhirieron las defensas. Y la Sala de lo Penal acaba de darles la razón. "De estas investigaciones no existen datos de carácter objetivo que permita afirmar que nos encontramos ante la posible comisión de un delito de terrorismo en cualquiera de sus modalidades, amenazas, coacciones, o cometido a través de medios informáticos", resaltan los magistrados. En este sentido, defienden que el hecho de que "se exprese claramente" una "animadversión hacia una determinada clase política" o se esté "en contra" de una "serie de políticos" por la corrupción y se divulguen por ello "datos de carácter personal" no implica "de manera automática" que la "intención" de los filtradores sea "desestabilizar el sistema político o las instituciones del Estado".

La Sala de lo Penal, del mismo modo, rechaza que los hechos puedan tener encaje en los delitos contra la Constitución y, en concreto, contra las altas instituciones del Estado porque "no constan ataques informáticos a las mismas". Como mucho, los magistrados consideran que podría haberse cometido una revelación de secretos "en su modalidad agravada", que el Código Penal castiga con hasta cinco años de prisión –tres en caso de que no se haya tomado parte en el descubrimiento pero sí en la difusión de los datos–. Al no ser este delito de competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal ordena enviar las actuaciones a un juzgado ordinario de Gran Canaria para que continúen allí las pesquisas.

No es la primera vez que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ordena sacar de la Audiencia Nacional una filtración de datos de políticos. Ya lo hizo el pasado mes de febrero, cuando revocó la decisión del Juzgado Central de Instrucción nº3, que dirige la magistrada María Tardón, de asumir las pesquisas por dos publicaciones sensibles en un foro en las que se recogían desde documentos de identidad hasta correos electrónicos, números de teléfono, direcciones o cuentas bancarias. En aquella resolución, de la que informó este diario y que ahora recuperan los magistrados en el caso Akkaspace, se negaba que los hechos encajasen en delitos de terrorismo o contra las instituciones del Estado.

Lázaro Chico, abogado del despacho Anverso que ha llevado la defensa de uno de los jóvenes canarios imputados, celebra la decisión de la Audiencia Nacional. "No había ni terrorismo ni nada", apunta el letrado, que explica que lo único que hicieron los investigados fue acceder en la Deep Web –esa parte de Internet a la que no puede llegarse a través de los motores de búsqueda tradicionales– a un paquete de datos personales que luego recopilaron en una "lista" e intentaron vender por la red. "Como mucho, estaríamos ante un delito de revelación de secretos", desliza el letrado al otro lado del teléfono. Un delito cuyas penas nada tienen que ver con las que llevan aparejados aquellos tipos que, hasta ahora, se estaban investigando en la Audiencia Nacional.

Se organizaron en cuanto la lucha de las víctimas logró rasgar el manto de silencio y olvido impuesto durante la Transición. Y avisaron de que harían todo lo posible para mantener intacto el mayor símbolo –y homenaje– de aquella sangrienta dictadura que robó casi cuatro décadas de libertad a los españoles. Lo han intentado de todas las maneras, con todo tipo de artimañas. Pero la ofensiva ultra no ha conseguido dinamitar la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Aunque han provocado algunos retrasos, lo cierto es que las múltiples maniobras de este tipo de colectivos en los tribunales no han conseguido tumbar, al menos por el momento, ni las exhumaciones ni los trabajos en el complejo monumental. Y las presiones a la jerarquía eclesiástica para intentar que ponga pie en pared han caído en saco roto.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alzó esta semana la paralización cautelar de los trabajos previos a las obras de resignificación del complejo monumental, que contará con un centro de interpretación. "El mantenimiento de la medida podría generar perjuicios a los intereses generales", apuntan los magistrados, que recuerdan que la Ley de Memoria Democrática recoge "expresamente" entre sus "fines" este proceso de democratización del mausoleo. La suspensión fue acordada a mediados de junio a petición de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. En su auto, compraban por error el relato a los recurrentes y sostenían que "el elemento arquitectónico" sobre el que se realizaban los trabajos goza de la "máxima protección" al tratarse de Bien de Interés Cultural (BIC).

Pero lo cierto es que el complejo no ostenta dicha distinción. Y así se lo ha hecho ver la Abogacía del Estado a los magistrados, que aún deben resolver sobre el fondo–si estos primeros trabajos, cuyas máquinas han sido vandalizadas, cuentan con las autorizaciones precisas–. Los movimientos de los ultras en busca de la máxima protección para el mausoleo han sido todo un fracaso. En 2022, el Gobierno rechazó declarar Bien de Interés Cultural el complejo monumental porque sus "aportaciones arquitectónicas" no tenían "suficiente relevancia". Tras esto, los colectivos antimemoria tocaron la puerta del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. De nuevo, sin éxito. "La cuestión queda totalmente al margen de mis competencias", respondió la presidenta madrileña. Meses antes, su Administración había declarado "patrimonio inmaterial" la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Las entidades ultras –Fundación Nacional Francisco Franco, Abogados Cristianos, Asociación en Defensa del Valle de los Caídos o Asociación por la Recuperación y la Verdad Histórica– llevan años manteniendo el pulso en los tribunales. Primero, con la salida de los restos del dictador, primera piedra en el largo proceso de resignificación de un complejo monumental convertido en punto de peregrinación fascista. "No es un lugar de homenajes políticos, ni de exaltación de nada, sino un lugar de culto religioso y su traslado", llegaba a decir una de estas asociaciones en un escrito de alegaciones al Tribunal Supremo, que pocos meses después daría el visto bueno definitivo a la exhumación de Francisco Franco.

Tras esa primera derrota, la ofensiva se dirigió contra aquellas familias que trataban de recuperar los restos de sus seres queridos de las criptas de Cuelgamuros. A finales de 2022, un particular, representado por un abogado vinculado a la Fundación Franco y a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, interpuso una demanda contra la nieta y sobrina nieta de Antonio Ramiro y Manuel Lapeña, los dos primeros represaliados por el franquismo cuya búsqueda y recuperación fue ordenada judicialmente. Se negaba a que los "restos mortales de sus antecesores", que se encontraban también allí enterrados, fueran manipulados. Y por ello pedía la paralización de las exhumaciones. El caso, al final, fue archivado por el fallecimiento del demandante. Una muerte que el abogado tardó siete meses en comunicar al juzgado.

No es el único caso en el que se han denunciado malas artes por parte de colectivos ultras. En diciembre de 2023, otra mujer, nieta de una persona inhumada en Cuelgamuros y representada por Abogados Cristianos, logró con su recurso que la Audiencia Nacional paralizase de manera cautelarísima las labores de exhumación. Una medida que, sin embargo, se levantó en cuanto el Gobierno informó a los magistrados que el lugar en el que se encontraban los restos de la abuela de la demandante era distinto a aquel en el que se estaban realizando los trabajos y de que no había "previsión" de ninguna "operación forense" en esa zona. En el auto de archivo, la Audiencia Nacional resaltó que al esconder esa información la mujer actuó con mala fe.

Tampoco las llamadas de auxilio a la cúpula de la Iglesia han resultado del todo efectivas. La jerarquía eclesiástica no se opuso en su día a la exhumación de los restos del dictador de la Basílica de Cuelgamuros. Y no lo ha hecho ahora con la resignificación del complejo monumental. El acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano para democratizar el mausoleo se sustanció durante una reunión que mantuvieron en Roma en febrero de 2025 el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Y quedó sellado en un posterior encuentro con el cardenal José Cobo, quien trasladó por carta "el deseo de contribuir" en el proceso "con los valores del diálogo, el respeto, la cultura del encuentro, la convivencia y la paz".

Pese a su carácter descafeinado –no contempla ni la desacralización de la Basílica ni la expulsión de la comunidad benedictina, algo que defendió durante mucho tiempo el propio Gobierno–, lo cierto es que el acuerdo ha soliviantado a los sectores más ultras. Solo el hecho de la resignificación y del pacto no escrito para la salida de Santiago Cantera, el prior con pasado falangista que se opuso ferozmente a la exhumación de Franco, del complejo monumental es considerado una traición. Colectivos como Hazte Oír han organizado en los últimos meses concentraciones frente a la Conferencia Episcopal en las que se ha llegado a llamar "judas" y "profanadores" a los obispos. Protestas que también se trasladaron a las puertas de la Nunciatura Apostólica, embajada del Vaticano, durante la visita del papa León XIV a España.

El caso tiene un cóctel de ingredientes perfecto para PP y Vox. Una compañía aérea presuntamente ligada al Gobierno de Nicolás Maduro en cuyo rescate habría sido crucial José Luis Rodríguez Zapatero, ese expresidente socialista que, desde la óptica de la derecha y la ultraderecha se habría vendido al chavismo. La imputación de Zapatero en el caso que investiga el rescate de Plus Ultra no ha hecho más que confirmar ese mantra difundido durante años. Pero el sumario que instruye el juez José Luis Calama refleja una realidad muy diferente. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, no solo buscó influencia en el Gobierno de Sánchez para sacar adelante los intereses más turbios de la aerolínea. En su círculo más íntimo, eminentemente conservador, se encontraban dos importantes figuras de ese sesgo. De un lado, uno de los jueces más señalados por su cercanía a la derecha, Manuel García-Castellón. De otro, el principal empresario de la comunicación del entorno de Vox, Julio Ariza, expropietario de Intereconomía y uno de los pesos pesados de El Toro TV. De los chats intervenidos en la causa, a los que ha podido acceder infoLibre, se deduce que ambos habrían recurrido a su poder para ayudar a la compañía.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama mantiene imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por, supuestamente, interceder a favor de Plus Ultra con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para engrasar el rescate de 53 millones de euros que finalmente le fue concedido a la aerolínea en marzo de 2021. El instructor se basa en las conversaciones de Sola y algunos de los directivos y el empresario amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, la firma para la que el expresidente asegura que solo hacía trabajos de consultoría. También en un contrato de Martínez Martínez con la aerolínea en el que éste se aseguraría un 1% del importe del rescate en caso de que se consiguiera. El tercer indicio que maneja el juez es el flujo de fondos detectado por Hacienda desde Plus Ultra (entre otras empresas) a Análisis Relevante y de ahí a Zapatero y a la empresa de sus hijas, WhaTheFav. El exlíder del PSOE, según el relato judicial, actuaría como una suerte de conseguidor al más alto nivel en España y Venezuela para Plus Ultra. Algo de lo que, hasta el momento, el instructor no ha conseguido una prueba directa de ello.

Las chats de mensajería de Rodolfo Reyes intervenidos en 2021 por el Homeland Security Investigations (HSI) –el cuerpo policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos– y facilitados a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía cuatro años después, en marzo de 2026, y el resto de conversaciones volcadas por orden de los dos jueces españoles que han intervenido –Calama y la jueza 15 de Madrid, Esperanza Collazos– reflejan que las gestiones para lograr acceso directo a las máximas instancias del poder económico y político también se hicieron a través de personajes más vinculados con la derecha y la ultraderecha, que les sirvieron, presuntamente, para facilitar gestiones en los bancos, para frenar la ofensiva judicial de la derecha y la ultraderecha contra la compañía en los tribunales y para poner en marcha una campaña de lavado de imagen tras meses de asedio político y mediático por el rescate y el proceso judicial que cuestiona, todavía hoy, su legalidad.

Es en esas conversaciones en las que aparece, por ejemplo, Manuel García-Castellón, exjuez del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional muy cuestionado por los partidos de izquierda, no solo por abrir una causa a Podemos por supuesta financiación ilegal basada en informes prefabricados y que quedó en nada. También por su gestión en la investigación abierta contra el comisario jubilado de Policía José Manuel Villarejo de cuyas grabaciones, todas ellas incautadas por la Policía, todavía se desconoce la totalidad de su contenido. O por excluir del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas a la ex secretaria general y exministra del PP María Dolores de Cospedal, que en uno de esos audios aparece pidiendo a Villarejo que acabe con la documentación del extesorero que probaría los sobresueldos de cargos del PP y la implicación directa del partido. Gracias a García-Castellón, entre otros, la acusación solo se ha dirigido al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado, Francisco Martínez y el polémico comisario jubilado. Cospedal solo compareció como testigo en el juicio.

Mientras estuvo en activo en la Audiencia Nacional (dejó de estarlo en septiembre de 2024 al jubilarse), Plus Ultra habría recurrido a este juez para que les prestara su ayuda en algunas gestiones financieras y procesales. Como explicó el propio García-Castellón a infoLibre el pasado 4 de junio, el exmagistrado es "íntimo amigo" del presidente de la compañía, Martínez Sola, "desde hace 30 años". Esa es la razón por la que, al dejar la Audiencia Nacional, el exjuez fijó en la sede social de Plus Ultra en Alcobendas (Madrid) su dirección al darse de alta como abogado porque, según afirmó, "no quería poner su domicilio". Desde allí dio una entrevista al programa Buenos días Madrid de Telemadrid el 13 de noviembre de 2025 para hablar del juicio que se seguía en el Supremo contra el fiscal general del Estado y criticar las supuestas presiones del Gobierno de Sánchez a los jueces por utilizar términos como "prevaricación" o "lawfare". La relación entre ambos es tan estrecha que, cuando Martínez Sola fue detenido el 11 de diciembre de 2025 pidió que le comunicaran el arresto y el lugar donde lo condujeran a su amigo magistrado. En los chats del caso se refiere siempre a él como "Manolo".

Según se deduce de las conversaciones entre los directivos de Plus Ultra, García-Castellón habría realizado dos gestiones en favor de la aerolínea presidida por su amigo mientras todavía estaba en activo en su juzgado de la Audiencia Nacional. La primera fue, presuntamente, poner en contacto a la cúpula de la compañía con la entonces consejera delegada de Bankinter. "Hablé con Manolo por si conocía a alguien importante de Bankinter por nuestro problema. Conoce a Dolores Dancausa, consejera delegada [ahora presidenta no ejecutiva]. Llamó. Me acaba de confirmar que me va a llamar Rocío P., de legal de Bankinter, para reunirse con nosotros. Asistiremos Santiago, Roberto y yo", escribió el 26 de mayo de 2022 en aquel grupo el presidente de Plus Ultra. A la entidad financiera no le constan esos contactos.

Seis meses después, Martínez Sola escribió a Rodolfo Reyes, el entonces máximo accionista de Plus Ultra, ahora huido de la justicia. "Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle 'Gracias por tus gestiones en Bankinter', solo eso. Nos han liberado 3,7 millones". "Coño Julio que bueno" (sic), responde el empresario venezolano una hora más tarde. "Tienes su móvil?", insiste Martínez Sola unos segundos después. "Manolo privé", zanja Reyes Rojas. Solo unos meses antes, el 7 de abril, el presidente de la aerolínea había remitido al máximo accionista de la misma un contacto con ese nombre: "Manolo Privé". Era el nombre con el que García-Castellón aparecía en la agenda del presidente de Plus Ultra. Bankinter asegura que sus operativas responden exclusivamente a criterios técnicos dentro de estrictos protocolos de control.

La segunda supuesta gestión de García-Castellón que se deduce de las conversaciones fue ante Vox. "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", dijo Martínez Sola en uno de los chats de directivos de Plus Ultra. Vox asegura que ese encuentro con su presidente nacional no se produjo, pero según se deduce de las conversaciones entre la cúpula corporativa de Plus Ultra, la reunión con García-Castellón dio resultados. A primera hora de la mañana del día siguiente a la cena (que se celebró supuestamente el 24 de marzo de 2022, Martínez Sola volvió a escribir en el chat: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox". Lo que la compañía quería de la formación ultra era que, una vez que se produjera el archivo de la causa, Vox no lo recurriera. Ese objetivo se logró. García-Castellón no ha querido hacer ningún comentario sobre ambas supuestas gestiones, prohibidas para un magistrado en activo.

Martínez Sola tenía otro as en la manga para frenar la ofensiva de la formación de Abascal en los juzgados. Otra de sus amistades "íntimas" como la califica en sus mensajes, era el empresario de la comunicación Julio Ariza, expropietario de Intereconomía y hoy una de las caras más visibles de El Toro TV. Uno de sus hijos, Gabriel Ariza, es, además, uno de los asesores de cabecera de Santiago Abascal y, por lo tanto, con pleno acceso a él. Seis meses antes de que se produjera el archivo de la causa, decretado por la juez Esperanza Collazos el 5 de enero de 2023, Martínez Sola dijo al secretario del consejo de Plus Ultra, Santiago Fernández Lena: "Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir. Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información". Siete días después del archivo, el 12 de enero de 2023, el presidente insiste: "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre".

Tal como Martínez Sola sostiene en los chats que le había dicho Ariza, Vox no recurrió el archivo del caso. Su actuación procesal terminó semanas antes del archivo, cuando pidió la nulidad del error formal de la instructora –se le había pasado el plazo de 12 meses para llamar como imputada a Plus Ultra– que condujo inexorablemente el caso al sobreseimiento provisional. El Gobierno, la Fiscalía y la aerolínea sí recurrieron el carpetazo de la jueza, pero para pedir que fuera definitivo, algo que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó. En su auto, el tribunal madrileño afirmaba que ni la formación ultra, ni el PP, que acusaban en el caso, habían impugnado el recurso de las defensas.

De todas las conversaciones volcadas por la Policía se deduce una relación muy estrecha entre Martínez Sola, el entonces juez de la Audiencia Nacional García-Castellón y el empresario Julio Ariza, los cuales viajaron juntos a Cartagena de Indias en noviembre de 2022, según informó Público. "Voy a hablar con Julio Ariza. Íntimo amigo", escribía el presidente de Plus Ultra en 2024 a Federico Lledó, quien fuera administrador de otra aerolínea con relacionada con Plus Ultra. Martínez Sola, García-Castellón –"Manolo"– y Julio Ariza aparecen en varios mensajes cenando juntos o de visita en casa del presidente de la compañía. Según se deduce de lo que el presidente y el resto de directivos dicen en los mensajes intervenidos, eran amigos de los buenos. De los que lo dan todo por echarte una mano.

La cúpula de Plus Ultra recurrió al empresario de la comunicación Julio Ariza, expropietario del Grupo Intereconomía y peso pesado en El Toro TV, la cadena con la línea editorial más próxima a Vox, en plena investigación judicial contra la aerolínea, en la que la formación ultra era acusación popular. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, se apoyó en su "íntimo amigo" –con el que, según se desprende del sumario, estaba en permanente contacto– en la recta final de la instrucción, cuando la compañía buscaba que el partido de Santiago Abascal no impugnara el archivo de la causa. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció Martínez Sola en el chat de directivos, al que ha accedido infoLibre, el 12 de enero de 2023, siete días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. "Para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza", apuntó unos días más tarde Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración.

Ariza, padre de uno de los principales asesores del líder de Vox, Santiago Abascal, no fue el único personaje conocido al que recurrió la cúpula de la compañía aérea rescatada para que la ayudaran en sus gestiones con el partido político. Tal y como ha publicado este diario, el juez Manuel García-Castellón también se habría postulado para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir de ese encuentro entre el entonces juez en activo de la Audiencia Nacional y el líder ultra era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no recurriera a la Audiencia Provincial para intentar reabrirla.

Las denuncias y querellas de Vox, el PP y Manos Limpias contra la compañía aérea, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y tres altos cargos del Gobierno por el rescate quedaron tocadas de muerte el 17 de noviembre de 2022, cuando la Audiencia de Madrid concluyó que la jueza del caso, Esperanza Collazos, había llamado a declarar como imputada a Plus Ultra cuando ya se habían cumplido los plazos de instrucción. A partir de ese momento, la causa quedó abocada al archivo. El 5 de enero de 2023, la instructora acordó el sobreseimiento provisional de la misma.

Antes de que Collazos archivara, y antes incluso de que la Audiencia de Madrid concluyera que el plazo para practicar nuevas diligencias por la jueza se había acabado, Martínez Sola –que entonces era vicepresidente en la compañía– envió en junio de 2022 un mensaje al secretario del consejo de administración, Santiago Fernández Lena, que decía lo siguiente: "Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir. Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información". Martínez Sola vuelve a enviar un mensaje similar el 12 de enero de 2023, cuando Collazos ya había decretado el archivo y la causa solo dependía de que las acusaciones populares o las defensas recurrieran. "Me acaba de llamar Ariza", escribió el máximo directivo de la compañía aérea. "Vox no recurre...", añadió.

La formación de ultraderecha no recurrió, según consta en el sumario, el archivo de Collazos. Pero antes de que se produjera el sobreseimiento de la instructora inicial del caso, el partido de Abascal sí intentó la nulidad del auto de la Audiencia de Madrid que lo provocó (el que dictaminó que la juez había actuado fuera de plazo). Fernández Lena contó el 13 de diciembre de 2022, nada más recibir el escrito de la formación ultra: "Escrito de Vox pidiendo la nulidad del auto de la Audiencia Provincial. Nos lo han notificado esta tarde... no se van a quedar quietos...". "De un primer vistazo no tiene mucho recorrido... pero nos mantiene enfangados", añadió. Acto seguido entró en la conversación el CEO, Roberto Roselli, para añadir: "Pues a ver si Arriza (sic) habla con estos hdp".

Un portavoz de Vox insiste, sin embargo, en que la formación sí recurrió el archivo decretado por Esperanza Collazos, informa Marta Monforte. Este periódico ha pedido a la formación que lo demuestre con el escrito y se ha ofrecido a publicarlo en caso de que se lo facilitaran, pero no lo han hecho. El archivo sí fue recurrido por la Abogacía del Estado (en defensa de la ministra y la SEPI), recurso al que se adhirieron la Fiscalía y Plus Ultra. Esas tres partes reclamaron que el sobreseimiento no fuera provisional, sino definitivo, algo que no impugnaron ni Vox ni el PP. La Audiencia de Madrid rechazó la petición de la defensa de los miembros del Gobierno denunciados.

El 10 de enero de 2023, tras el carpetazo de la instructora, la abogada de Vox, Marta Castro, remitió un escrito al Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid avisando de que aún estaba por resolver dicho incidente de nulidad. Una semana después, lo retiró. Ese día, el 17 de enero, a media tarde, Fernández Lena escribe de nuevo en el chat de directivos: "Hola. Nos acaban de notificar este escrito. Comunican al juzgado que se tenga por no presentado el escrito que te mandé ayer. Pero para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza". Lo cierto es que para cuando el abogado escribió ese mensaje, la Audiencia de Madrid ya había rechazado, unos días antes –el 11 de enero–, el incidente de nulidad de la ultraderecha.

En Vox niegan que Ariza intercediera o condicionara a Abascal para que el partido no recurriera el archivo. Preguntados por infoLibre sobre si el empresario “comentó esta cuestión con Abascal u otro miembro de la dirección” del partido, fuentes de su equipo lo niegan de manera tajante. "Absolutamente no. Insisto. Estamos personados", sostienen. Según el sumario, tras darse por concluido el caso, Vox solicitó el 7 de junio de 2023 que le devolvieran la fianza que había prestado como acusación. Diecisiete meses después, en diciembre de 2025, tras tener conocimiento de las detenciones de la cúpula de Plus Ultra y de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la formación ultra pidió de nuevo su personación.

De todas las conversaciones volcadas por la Policía se deduce una relación muy estrecha entre Martínez Sola, el entonces juez de la Audiencia Nacional García-Castellón y el empresario Julio Ariza, los cuales, según informó Público, viajaron juntos a Cartagena de Indias en noviembre de 2022. "Voy a hablar con Julio Ariza. Íntimo amigo", escribía el presidente de Plus Ultra en 2024 a Federico Lledó, quien fuera administrador de otra aerolínea.

Unos meses después del archivo de la investigación judicial, el 16 de octubre de 2023, Martínez Sola y Roberto Roselli concertaron una entrevista con Ariza en su programa Dando caña de El Toro TV. Después de la gran beligerancia planteada por Vox en los tribunales, Ariza no paró de lanzar elogios a los directivos durante la emisión, avalando en todo momento la legalidad del rescate de 53 millones que el Gobierno había concedido a la compañía.

Ariza dijo en antena antes de plantear ninguna pregunta que la "tormenta política" sobre la aerolínea les había cogido "sin paraguas a ustedes y a nosotros". "Resulta que lo de Plus Ultra era un crédito, están ustedes devolviéndolo tan ricamente, tal como estaba previsto, están controlados por la SEPI al minuto y, además, tenían ustedes 300 trabajadores en ese momento y ahora tienen más de 500", afirmó el directivo de la cadena. Las preguntas, todas fáciles y laudatorias, se acompañaron de imágenes corporativas de la aerolínea. "Me resulta curioso que a ustedes les dan un crédito, pero ese crédito multiplicado por cinco o seis veces se lo dan a algunos competidores suyos y no planteó ningún problema", llegó a decir Ariza, en referencia al rescate de Air Europa. De este tenor fueron las cuestiones planteadas en la televisión de referencia de Vox.

En plena investigación judicial, la cúpula de Plus Ultra consideró la posibilidad de invertir en publicidad en el imperio mediático de los Ariza. "Hoy estaré con Julio Ariza y Manolo [el nombre con el que suelen hacer referencia a García-Castellón]. Estoy pensando si hacer publicidad en Inter economía tv (sic). Al ser un medio ultraderecha no sé si es conveniente", escribió Martínez Sola a Fernández Lena en 2022. "Te la aceptaría?", preguntó el abogado. "Sin ninguna duda", contestó el entonces vicepresidente de la compañía.

El pasado 21 de mayo, después de conocerse la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, Julio Ariza volvió a intervenir en su programa Dando caña para asegurar que se había limitado a "recibir publicidad" de la compañía. "Nosotros no sabíamos nada de esto, ¿o es que los profetas del reino lo sabían todo? ¿O es que Plus Ultra era el único rescate que se podía poner en cuestión?", se preguntó, como si no hubiera pasado los últimos años muy cerca de sus más altos dirigentes. "Nosotros dimos publicidad de Plus Ultra. Y El Mundo, y la Cope, y El País... Puedo hacer la lista entera y les puedo dar las cantidades", dijo en tono amenazante.

"Dejen de tocarnos las bolas porque en esta casa somos muy prudentes y muy discretos", añadió. "Lo que entonces se sabía de todo esto era casi cero; lo que nos contaban. Cuando vinieron aquí los gestores de Plus Ultra nos contaron unas cosas y nosotros las creímos", prosiguió. "El problema es que, como hay una campaña contra Vox y a nosotros nos pilla en medio porque suponen que somos un instrumento de Vox para la publicidad de Vox y para hablar bien de Vox, pues dicen, vamos a utilizar ahora Plus Ultra para atizarles a estos de nuevo. Pues vais a ir mal por ahí, os va a salir el tiro por la culata porque vamos a dar todos los datos".

Para la edición de esta información este diario envió una serie de preguntas a Julio Ariza con el objetivo de que explicara si efectivamente intercedió ante Vox en favor de Plus Ultra, si se reunió con alguien del partido para ello, si desde la formación le garantizaron que no recurrirían el archivo como quería la cúpula de la aerolínea, si facilitó un contacto entre directivos de la compañía y otro de una entidad financiera y si recibió alguna contraprestación por todo ello. A última hora de la tarde de este miércoles, el empresario rechazó en conversación telefónica hacer ningún tipo de comentario. InfoLibre también se ha puesto en contacto con Plus Ultra, que igualmente ha declinado dar su versión sobre estos hechos.

Manuel García-Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, concedió hace solo siete meses una entrevista a Telemadrid desde la sede que Plus Ultra tiene a las afueras de la capital. La conexión, según ha podido comprobar infoLibre, se produjo para el programa Buenos Días Madrid. Durante la misma, el exmagistrado, fuera de la carrera desde su jubilación forzosa por edad en septiembre de 2024, se pronunció sobre el juicio contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ese mismo día quedaba visto para sentencia. Fuentes de Plus Ultra circunscriben el hecho a "una cortesía de ámbito privado".

El 13 de noviembre de 2025, Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, avisó a primera hora a la cúpula de la compañía de que la televisión pública madrileña acudiría a la sede para entrevistar a García-Castellón, a quien siempre se refiere como "Manolo" y a quien le une una amistad de tres décadas. "A las 10 15 [sic] vienen de Telemadrid con cámaras, a filmar a Manolo en una entrevista. Le tenemos que dejar una sala", escribe a las 8:31 horas Martínez Sola en Cuarteto, un chat incorporado al sumario del caso Plus Ultra y a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico. Además de Martínez Sola, en el grupo participaban el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; el secretario del Consejo, Santiago Fernández Lena; y quien fuera director general de Negocios, Alejandro Delgado.

García-Castellón entró en directo en el magacín matinal Buenos Días Madrid cuando el reloj del programa marcaba las 10:33 horas. La entrevista duró algo más de diez minutos. En ella, el exmagistrado se pronunció sobre el juicio al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, que unas horas antes había comparecido como acusado en el Tribunal Supremo. "No es la mejor imagen que se puede dar de la Fiscalía y no me gusta absolutamente nada, porque es inédito", resaltó. También se le preguntó por las supuestas "presiones" del Gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales. "Echo de menos mucho un sistema anglosajón, donde el respeto a los que interpretan la ley es máximo. Nadie se permite una descalificación con palabras como prevaricación o lawfare", lanzó García-Castellón.

Este diario ha podido comprobar que el lugar en el que se realizó aquel dúplex –así se denomina en el mundillo televisivo a la conexión en directo desde fuera de plató– con el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional es la sede de Plus Ultra, que en estos momentos se encuentra en el ojo del huracán por la ayuda de 53 millones de euros que le concedió el Ejecutivo de coalición en 2021, tras los meses más duros de la pandemia de coronavirus. Unas oficinas ubicadas en la tercera planta de un complejo ubicado al norte de la capital que alberga en estos momentos otras tres empresas: la consultora KPMG, Sergesi –del Grupo Mutua Madrileña– y la firma de ropa infantil Gocco.

No es la primera vez que el nombre del exmagistrado aparece vinculado a ese mismo edificio. Cuando García-Castellón se dio de alta como abogado tras jubilarse como magistrado, hizo constar en su ficha oficial del Colegio de Madrid ese mismo complejo de oficinas como "dirección profesional". (El exjuez ya no aparece en el censo de letrados, aunque infoLibre pudo comprobar que a fecha de 4 de junio aún figuraba en él). A preguntas de este diario, dijo que lo hizo así porque no quería poner su dirección personal y porque se lo ofreció su amigo Martínez Sola. La conexión entre ambos es tan importante que, el pasado diciembre, cuando fue detenido en su casa en el marco del caso Plus Ultra, Martínez Sola pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia.

Los mensajes extraídos del móvil del presidente de la aerolínea en el marco del caso Plus Ultra, en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dan buena cuenta de la estrecha relación. A finales de 2022, tal y como reveló la pasada semana este diario, Martínez Sola pidió al máximo accionista de la compañía, Rodolfo Reyes Rojas, que agradeciera a García-Castellón unas gestiones realizadas con Bankinter. "Nos han liberado 3,7 millones", escribió el primero al segundo, según figura en el volcado que la Policía hizo del teléfono intervenido al presidente de la aerolínea durante los registros de la causa.

infoLibre se ha puesto en contacto con el exmagistrado y la compañía para conocer por qué motivo el primero atendió a la televisión pública madrileña desde la sede de Plus Ultra y para saber si, más allá de la amistad con Martínez Sola, existe algún tipo de relación laboral o mercantil entre García-Castellón y la empresa. A cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta del exmagistrado. La aerolínea, por su parte, se ha limitado a decir lo siguiente: "La compañía no valora circunstancias de carácter estrictamente personal que no guardan relación con su actividad. Se trata de un asunto ajeno a Plus Ultra que se circunscribe a una cortesía de ámbito privado".

El exjuez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se ofreció, cuando todavía se encontraba en activo, a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros en marzo de 2021, con Vox. Así lo afirmó el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en un chat de directivos de la compañía, al que ha tenido acceso infoLibre, el 19 de marzo de 2022. La intercesión del magistrado con el partido ultra se iba a producir durante una cena privada entre García-Castellón y el líder del partido, Santiago Abascal que, según Sola, estaba fijada para el 24 de ese mismo mes. A la mañana siguiente del día en que estaba previsto el encuentro, Martínez Sola volvió a entrar en la conversación para decir: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox".

La noticia al resto de directivos de la compañía presentes en la conversación –el consejero delegado, Roberto Roselli; el responsable financiero, Alejandro Delgado, y el secretario de consejo, Santiago Fernández Lena– sobre la posibilidad de acceder a la cúpula de Vox (que entonces actuaba como acusación popular en la denuncia presentada contra Plus Ultra en un juzgado madrileño) la dio el presidente Martínez Sola el 19 de marzo. A diferencia de en otros pasajes, el máximo responsable de la aerolínea no se refiere a su amigo magistrado como "Manolo", sino con su nombre completo: "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", añade el presidente.

Martínez Sola avisa a sus compañeros en ese mismo mensaje de que lo va a poner en conocimiento de la parte venezolana de la compañía. "Se lo comento también a Rodolfo", se sobreentiende que a Rodolfo Reyes Rojas, entonces máximo accionista de la compañía y ahora en busca y captura internacional, "y a Raif por la parte de allí", en referencia a Raif El Arigie, otro de los accionistas venezolanos de referencia. Después, da instrucciones al resto. "Que cada uno de nosotros aporte ideas y Santiago [Fernández Lena, el secretario del consejo] escriba", dice en el mismo mensaje. "Que no salga el tema de nosotros", prosigue, reclamando discreción. "Creo un chat para este tema", concluye.

En ese momento, la jueza de instrucción 15 del Tribunal de Plaza de Castilla, Esperanza Collazos, tenía abiertas unas diligencias por el polémico rescate de la compañía aérea en las que Vox, el PP y Manos Limpias eran acusación popular. En ellas se encontraban como denunciados, además de Plus Ultra, Bartolomé Lora Toro, exvicepresidente de la SEPI, el organismo de Hacienda que aprobó la ayuda financiera a la aerolínea; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ex secretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva y el ex secretario general de Industria Raúl Blanco.

Tras el brainstorming puesto en marcha por Martínez Sola en el chat de la cúpula de Plus Ultra, el primero en aportar ideas es Alejandro Delgado, el responsable financiero, que subraya la importancia de los contactos políticos. "En mi opinión, una de las cosas más importantes es poder sentarnos con él y con ahora Feijo (sic)", señala Delgado. Después, Fernández Lena, que como secretario del consejo se encarga sobre todo de temas legales, apunta: "Son políticos. No se mojan ni debajo del agua. Que Manuel [García-Castellón] le haga ver [a Santiago Abascal] que hay una fábula montada alrededor que es importante", sostiene. Luego añade: "Hay dos planos, el político y el judicial. Creo que en este caso nos importa ahora mismo el judicial. Y concluye: "La idea es que, si conseguimos archivar el procedimiento, que no lo recurran".

En esas semanas, en su actividad al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, García-Castellón había recibido un fuerte revés de la Sala de lo Penal de este tribunal. Tras haber reabierto el juez la causa por la supuesta financiación irregular de Podemos a raíz del testimonio del exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, El Pollo, los magistrados le dijeron que sus diligencias constituían una "investigación prospectiva". Para investigar la declaración de El Pollo Carvajal, el instructor había reabierto una antigua causa archivada de plano sobre el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), elaborado por la brigada política de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un año largo después, la formación de Iglesias se querelló contra García-Castellón por ello.

Del resto de las conversaciones se deduce que la cena del juez de la Audiencia Nacional con el líder del partido ultra efectivamente se habría producido. Al día siguiente del encuentro, Martínez Sola volvió a escribir por el chat grupal de directivos a primera hora de la mañana (a las 7.46): "Después os cuento. Muy bien el tema de Vox", redactó el presidente de Plus Ultra. El único que respondió en la conversación fue el financiero Alejandro Delgado, con dos emoticonos de confirmación de dos pulgares en alto.

Preguntados por infoLibre sobre si esa cena tuvo lugar y si en ella el juez le pidió que no recurriera un eventual archivo de la causa, como finalmente ocurrió, fuentes cercanas al líder de Vox niegan que ese encuentro se produjera, informa Marta Monforte. "Ni cena, ni reunión. Ese día estaba en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que se alargó hasta la noche", trasladan desde su equipo, que también remarca que García-Castellón "no se ha reunido con nadie de Vox" y añade que, si se hubiera producido, "no tendrían problema" en decirlo. Sin embargo, no hay constancia pública de que ese CEN tuviera lugar el jueves 24 de marzo de 2022. También niegan categóricamente que la implicación del juez provocara que Vox acabara por no recurrir el archivo.

La jueza Esperanza Collazos archivó provisionalmente el caso Plus Ultra el 5 de enero de 2023 después de que la Audiencia de Madrid le hubiera impedido tomar declaración a la aerolínea, a través de su representante, como persona jurídica imputada, al haber transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia cuando la instructora lo acordó. Ese archivo solo fue recurrido por la Abogacía del Estado (en representación de la ministra y los altos cargos denunciados), la Fiscalía y Plus Ultra para reclamar que el sobreseimiento no fuera provisional, sino libre, lo que hubiera impedido posteriormente reabrir el caso. La Audiencia Provincial lo rechazó.

Inmediatamente después de conocer el archivo del caso, la abogada de Vox, Marta Castro, hizo ademán de recurrirlo al anunciar que su formación había pedido la nulidad de actuaciones respecto del auto de la Audiencia que impidió a la instructora imputar a Plus Ultra. Ese escrito, enviado al juzgado el 10 de enero de 2023, fue retirado una semana después: "Por medio del presente escrito procedemos a retirar el escrito presentado el día 10 de enero", dijo en sus alegaciones en otro documento remitido a Collazos el 17 de enero. El PP, que también era acusación popular en el proceso, tampoco recurrió.

El sumario del caso Plus Ultra refleja igualmente alusiones de los directivos de la aerolínea a otra supuesta gestión de García-Castellón a favor de la compañía mientras seguía estando en activo. El entonces juez de la Audiencia Nacional, según el presidente Martínez Sola, habría puesto en contacto a la empresa con la exconsejera delegada de Bankinter Dolores Dancausa y el departamento legal de la entidad financiera con el objetivo de desbloquear 3,7 millones a favor de la aerolínea rescatada.

infoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón que, sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas a su teléfono, cuya aplicación de mensajería ha confirmado la recepción de las mismas.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, pidió a finales de 2022 al máximo accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes Rojas (ahora en busca y captura internacional), que agradeciera al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, unas gestiones realizadas con Bankinter. "Nos han liberado 3,7 millones", escribió el primero al segundo, según figura en el volcado que la Policía hizo del teléfono intervenido a Martínez Sola durante los registros del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso infoLibre. El ya exmagistrado y el máximo directivo de la aerolínea son amigos desde hace tres décadas. Tanto, que cuando el presidente de la aerolínea fue detenido el pasado mes de diciembre pidió a los agentes que llamaran a García-Castellón.

Los hechos se remontan al viernes 18 de noviembre de 2022. Ese día, a las 11:08:13 horas, Martínez Sola escribió a Reyes Rojas: "Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle 'Gracias por tus gestiones en Bankinter', solo eso. Nos han liberado 3,7 millones". "Coño Julio que bueno" (sic), responde el empresario venezolano una hora más tarde. "Tienes su móvil?", insiste Martínez Sola unos segundos más tarde. "Manolo privé", zanja Reyes Rojas. Solo unos meses antes, el 7 de abril, el presidente de la aerolínea había remitido al máximo accionista de la misma un contacto con ese nombre: "Manolo Privé". Era el nombre con el que García-Castellón aparecía en la agenda del presidente de Plus Ultra.

Desde Bankinter señalan a este diario que la entidad no comenta la operativa de sus clientes y subrayan que cualquier actuación –incluidos procesos como la liberación o desbloqueo de posibles fondos retenidos– responde exclusivamente a criterios técnicos y al cumplimiento de condiciones previamente establecidas, dentro de estrictos protocolos internos de control.

El nombre de la entidad financiera ya había aparecido meses antes en un chat grupal en el que participaban Martínez Sola, Reyes Rojas, Roberto Roselli –el consejero delegado– y otras personas vinculadas a la aerolínea. "Hablé con Manolo por si conocía a alguien importante de Bankinter por nuestro problema. Conoce a Dolores Dancausa, consejera delegada [ahora presidenta no ejecutiva]. Llamó. Me acaba de confirmar que me va a llamar Rocío P., de legal de Bankinter, para reunirse con nosotros. Asistiremos Santiago, Roberto y yo", escribió el 26 de mayo de 2022 en aquel grupo el presidente de Plus Ultra, aerolínea que por aquel entonces se encontraba inmersa en una investigación judicial relacionada con el rescate de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En los chats también aparecen supuestas conversaciones con el ex director general del banco Fernando Moreno, ya retirado. El 31 de agosto de 2022 se refleja otra comunicación de Martínez Sola con Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración de Plus Ultra, en la que asegura que García-Castellón, al que se refiere siempre como "Manolo", habría confirmado una cena con Dancausa. Al banco no le consta que este encuentro se produjera.

En el año 2022, García-Castellón aún estaba en activo en la judicatura. Entonces era titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, encargado de algunas de las investigaciones más mediáticas. Por sus manos pasaron, en los últimos tiempos, desde el caso Villarejo a la corrupción de Púnica o Lezo, así como Tsunami –que fue un verdadero quebradero de cabeza en la elaboración de la ley de amnistía– o las insistentes investigaciones contra Podemos –ninguna de las cuales, por cierto, acabó llegando a juicio–. Tras más de cuatro décadas en la carrera judicial, el Boletín Oficial del Estado publicó el 2 de septiembre de 2024 la jubilación forzosa del magistrado, que por entonces estaba a punto de cumplir los 72 años.

Tres semanas después de que se hiciera oficial el retiro, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional se dio de alta como abogado. En su ficha oficial del Colegio de Madrid hizo constar como "dirección profesional" un complejo de oficinas ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas, a escasos metros de la sede de Telefónica. El mismo en cuya tercera planta tiene su domicilio social la aerolínea Plus Ultra. A preguntas de este diario, dijo que lo hizo así porque no quería poner su dirección personal y porque se lo ofreció Julio Martínez Sola, a quien le une una amistad desde hace décadas. La conexión entre ambos es tan importante que, el pasado diciembre, cuando fue detenido en su casa en el marco del caso Plus Ultra, Martínez Sola pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia.

El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el cargo de juez o magistrado es incompatible "con todo tipo de asesoramiento jurídico sea o no retribuido". También con "el ejercicio de toda actividad mercantil por sí o por otro" y "con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella". Esa incompatibilidad tiene su traducción en el régimen disciplinario, que establece como falta muy grave (castigada hasta con la expulsión de la carrera) "el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, establecidas en el artículo 389 de esta ley". El exjuez de la Audiencia Nacional está jubilado desde el 16 de octubre de 2024, cuando alcanzó la edad de 72 años.

InfoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón por múltiples vías para tratar de obtener su versión de estos hechos. Sin embargo, los contactos a través de WhatsApp, por teléfono e incluso dejando un mensaje en su buzón de voz no han sido respondidos.

El último informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en relación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un nuevo terremoto político y judicial. No tanto por su contenido –amplía el foco más allá de Plus Ultra y Análisis Relevante–, sino por los anexos que llevaba aparejados. Documentos con información extremadamente sensible y sin valor para la investigación –no solo del exdirigente socialista, sino también de terceras personas ajenas a la causa– de la que se dio traslado a las partes sin un cribado previo y que acabó en todos los medios. Un agujero que el instructor, José Luis Calama, trata ahora, a posteriori, de tapar. Mientras, Zapatero vuelve a mover ficha en busca de la nulidad de la causa.

El informe UDEF-BBCA 2910/26, que se centra en la supuesta mediación del expresidente a favor de un grupo empresarial peruano en relación a un pleito millonario en ese país, se entregó acompañado de 19 anexos documentales. En los mismos se incluían, entre otras cosas, las agendas del exlíder del Ejecutivo de los años 2024 y 2025 o su chat de WhatsApp con su secretaria, Gertrudis Alcázar. Son más de un millar de páginas de mensajes. La mayoría son de índole personal. Y buena prueba de ello es que menos de una docena de todas las comunicaciones contenidas en esa conversación acaban transcritas en el documento policial al considerarse que tienen relevancia para la investigación.

Todos estos documentos fueron subidos en bruto, sin ningún tipo de cribado previo, a la nube por orden del instructor. "No siendo técnicamente posible la transmisión telemática de los anexos indicados al Ministerio Fiscal y partes, en razón a su volumen, se procederá a su inclusión en la sede electrónica cloud justicia", recoge la providencia firmada por Calama en la mañana del miércoles. Pocas horas después, las agendas o el chat de Zapatero con su secretaria al completo circulaban por todas las redacciones. Un agujero en el juzgado que puso al descubierto, entre otras cosas, información médica, direcciones y teléfonos de terceras personas o datos sobre el estado de salud de familiares. Datos especialmente sensibles y que nada tienen que ver con la investigación.

No es la primera vez que pasa. También se incorporó hace tres años a la plataforma virtual del caso Kitchen el volcado íntegro de varios chats de WhatsApp del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, entre ellos el que tenía con su pareja. Y en la causa contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz también quedó al descubierto información sensible de Dolores Delgado, exministra de Justicia y exjefa del Ministerio Público, y hasta de un miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El problema estuvo en la notificación a las partes sin un filtrado previo de un informe –y sus anexos– de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre tráfico de llamadas, que puso al descubierto documentos de identidad o direcciones de los usuarios de los dispositivos.

Fuentes policiales consultadas por infoLibre explican que cuando se lleva a cabo un volcado telefónico en el marco de investigaciones judiciales, el dispositivo se pasa por "un programa de extracción" que transcribe, de principio a fin, toda la conversación. Con ella, se "elabora" un informe solo con aquellos mensajes que resultan "relevantes" para la causa: "Todas aquellas cuestiones de carácter personal quedan fuera". Ese documento policial se remite al instructor junto con el "bruto" de la conversación. ¿Para qué? Para que pueda "cotejar" que los mensajes recogidos en el informe coinciden con los que se han extraído del terminal.

Con esta documentación sobre su mesa, los instructores pueden tomar ciertas cautelas para evitar que información de índole personal acabe filtrándose. La "práctica habitual", cuenta un magistrado instructor, es que ese volcado "en bruto" no sea trasladado a las partes y se abra una "pieza separada de expurgo" a cuyo contenido solo tengan acceso Fiscalía y defensa para cribar la información, sacando de la causa todos aquellos datos íntimos, personales o que nada tienen que ver con la investigación en curso. Eso es, por ejemplo, lo que acordó esta semana el titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en relación a toda la documentación con la que salió la UCO de la sede del PSOE en el marco del llamado caso Leire.

"Es el juez el que tiene que marcar los límites, ordenar los expurgos", resalta en conversación con este diario Baltasar Garzón, quien fuera durante muchos años magistrado instructor en la Audiencia Nacional. "Si se ha entregado todo a las partes sin expurgar hay una grave responsabilidad de juez y fiscal, que deben cuidar del cumplimiento de la ley de enjuiciamiento criminal. [...] La mínima prudencia habría exigido declarar el secreto parcial hasta que se hubiera expurgado todo", resalta el ahora abogado, que lamenta que se esté montando una suerte de "causa general" contra alguien que, completa, "carece de posibilidades de defenderse adecuadamente".

A posteriori y con la filtración ya consumada, el instructor del caso Plus Ultra ha decidido este jueves mover ficha para intentar tapar el agujero que tiene en el juzgado en relación a esta causa. Por un lado, ha decidido formar una pieza de "información sensible", solo accesible para el Ministerio Público y el propio órgano jurisdiccional, en la que se incluyan las grabaciones audiovisuales de las declaraciones que se vayan tomando a investigados y testigos. En definitiva, solo se facilitará a la acusación popular y a las defensas "transcripción" de las comparecencias, pudiendo consultarse los vídeos solo en el juzgado. Una medida que ya adoptó el Tribunal Supremo durante la investigación al ex fiscal general del Estado por la filtración de un correo del abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Calama también ha decidido limitar el acceso a la nube judicial de las "acusaciones populares", de forma que solo pueda ingresar a la misma el abogado que lleva la dirección de las mismas –en concreto, el letrado del PP–. Es ahí, reconoce en privado un magistrado, donde suele estar el origen de las filtraciones. Unas fugas de información por las que el instructor acaba de deducir también testimonio para que se investiguen. "Desde el momento que las actuaciones fueron puestas a disposición de las partes personadas, se han producido filtraciones constantes e inmediatas a medios de comunicación", resalta el instructor del caso Plus Ultra, que avisa de que estos hechos pueden ser constitutivos de "delitos de revelación de actuaciones procesales reservadas".

En concreto, pone sobre la mesa el artículo 417 del Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de prisión a "la autoridad o funcionario público" que "revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados". Y también el 466, que establece que las penas mencionadas en el artículo anterior deben ser impuestas "en su mitad superior" cuando la revelación de actuaciones secretas "fuese realizada por el juez o miembro del tribunal, representante del Ministerio Fiscal, Secretario Judicial o cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia". Y que contempla multas para aquellos abogados o procuradores que desvelasen "actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial".

Y en medio de esta vorágine, el expresidente del Gobierno sigue buscando anular la causa. En un escrito presentado este mismo jueves, la defensa del exlíder socialista ha planteado un incidente de nulidad de actuaciones al considerar vulnerado su derecho al juez ordinario, a un proceso con garantías, a la tutela judicial efectiva o a la presunción de inocencia. Su abogado sostiene que la investigación tiene su origen en "unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" en el marco de unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción "que no se ajustaban al marco legal" y con "maniobras dirigidas a conducir el proceso" hacia "órganos judiciales de mayor conveniencia para la denunciante". "La nulidad de actuaciones tiene origen en la propia génesis", resalta.

La Audiencia Nacional ha retomado este miércoles el juicio del caso Kitchen, centrado en la supuesta operación parapolicial para evitar que información comprometedora para el PP pudiera incorporarse al sumario de Gürtel. Y lo ha hecho con la declaración de Andrés Gómez Gordo, antaño asesor del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Durante su comparecencia, el comisario, que solo ha respondido a las preguntas de su abogada, ha reconocido que facilitó la captación como confidente de Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas. Pero ha negado haber tenido conocimiento de la operación. Una versión que ha generado dudas al tribunal. "¿Por qué dedica esa cadena de mensajes a hablar de algo que le es ajeno?", le ha preguntado la presidenta, Teresa Palacios, en relación a las comunicaciones mantenidas con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Gómez Gordo, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión, ha comenzado su declaración como acusado haciendo un repaso de su trayectoria profesional en aquel periodo de tiempo. Así, ha explicado que estuvo desde octubre de 2011 hasta marzo de 2015 como asesor del Ejecutivo castellanomanchego. Y que luego reingresó al Cuerpo Nacional de Policía. Estuvo destinado en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), donde fue jefe del área de vigilancias. "Excepto cuatro meses que estuve en atribución temporal de funciones en la Dirección Adjunta Operativa (DAO)", ha completado Gómez Gordo, a quien siempre se ha considerado comisario de cabecera de la ex secretaria general del PP –sus compañeros, de hecho, se referían a él como Cospedín–.

Durante la hora que ha durado la comparecencia, el nombre de Cospedal ha quedado al margen. Solo ha salido a flote en una ocasión. Y Gómez Gordo ha levantado una suerte de cortafuegos alrededor de la exministra de Defensa y su exmarido Ignacio López del Hierro. "¿Le pidieron ellos que facilitara la presentación [de Ríos con el comisario José Manuel Villarejo] o lo comentó con ellos?", le ha preguntado la letrada. "Para nada", ha contestado el acusado, quien también ha querido dejar claro que durante su etapa en la UDEF nunca tuvo "acceso a nada de la Gürtel". Durante su comparecencia como testigo en el juicio, Manuel Morocho, antaño investigador principal de ese caso de corrupción, dijo que sus informes eran analizados, entre otros, por Gómez Gordo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción resalta el papel clave del acusado en la captación del topo en la familia Bárcenas. Y durante su declaración, el entonces inspector ha reconocido haber facilitado esa gestión. Así, ha relatado que Ríos, con quien había coincidido durante la etapa en la que ambos trabajaron para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se puso en contacto con él después de que el comisario jubilado Enrique García Castaño, quien fuera máximo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –quien no se sienta en el banquillo de los acusados por un problema de salud–, hubiera intentado captarle. "Me dice que le han tocado, que no sabe de dónde son y que le han dejado una tarjeta", ha explicado Gómez Gordo.

Tras eso, el acusado ha contado que llamó al número de teléfono y se identificó como inspector jefe. Unos días después, ha continuado, recibió una llamada en la que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, a quien ha asegurado que entonces no conocía, le citaba a una reunión en un hotel de la capital. Allí, le dijo que era "seguridad del Estado" y que les ayudase, a lo que él respondió que si todo eso era "oficial" que le citara en "un sitio oficial". Al acabar el encuentro, Gómez Gordo se puso en contacto con el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, a quien conocía, y le contó todo. El jefe policial, tras escucharle, le citó en la Dirección Adjunta Operativa. Y allí, oficialmente, se le pidió que facilitara la presentación de Ríos a Villarejo.

El exchófer, quien ha declarado tras él y para el que Anticorrupción pide 12 años, ha confirmado que García Castaño, a quien conocían en el Cuerpo como El Gordo, intentó captarle y que pidió ayuda a Gómez Gordo después de que "algunos compañeros" no pudieran "comprobar" quién era la persona que le había abordado. "En ningún momento se identificó como policía, pensaba que era prensa o un detective privado", ha resaltado. Algo que, ha querido poner de manifiesto el fiscal Anticorrupción, entra en contradicción con lo dicho por el acusado en fase de instrucción, donde declaró que habló con "compañeros" de Fuencarral-El Pardo que habían estado en Policía Judicial y que le dijeron que la persona que le había tocado –en el argot policial– era un comisario principal.

Aquella presentación, han sostenido ambos acusados, se produjo en las inmediaciones de un aparcamiento público. Ríos acudió con su coche. Y a Villarejo lo llevó Gómez Gordo, quien se retiró para que ambos hablaran. En aquel primer encuentro, el exchófer ha explicado que el comisario le advirtió que se podía meter en problemas con algunas gestiones que estaba realizando para la familia Bárcenas y le informó de que se "había abierto" una "línea de investigación" orientada hacia la mujer del extesorero "para intentar saber de dónde venía el dinero y dónde estaban los testaferros". ¿El encargo? Que no "obstaculizara" los seguimientos y que "facilitara los lugares a los que llevaba a la señora", las "personas con las que se reunía", los "números de teléfono que pudiera tener de prepago" o las "matrículas de los vehículos que usábamos".

En aquella primera cita, según ha resaltado, Villarejo le dijo que consultaría en qué categoría de confidente podría encajar. Algo que se concretó en una segunda reunión en un centro comercial, en la que Ríos ya accedió a colaborar. "Me manifestó que habían aceptado que iba a ser colaborador con cargo a los fondos reservados y se calculó una cuantía de 2.000 euros", ha señalado. Del mismo modo, el comisario jubilado le informó que se le iban a facilitar unos "teléfonos ilocalizables" –conocidos en el argot policial como canutos– y que los utilizara para comunicarse con él cuando hubiera "cualquier tipo de problema o sospecha". "Al principio, me veía con Villarejo dos o tres veces por semana. Luego, las visitas se fueron espaciando", ha completado.

Ríos ha asegurado que nunca le pidieron "discos duros" ni "ningún tipo de material" relacionado con el extesorero. Y que "jamás" tuvo acceso a dispositivos de Bárcenas. De hecho, ha negado haber facilitado a García Castaño los teléfonos del extesorero cuyo contenido fue volcado en un restaurante de la capital por miembros de la Unidad Central de Apoyo Operativo. Dicha extracción ha sido confirmada durante el juicio por dos agentes, los cuales relataron que los dispositivos les fueron entregados por El Gordo, quien acudió a la cita junto con otra persona. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción identifica a Ríos como el acompañante. Él, sin embargo, rechaza todo. "Yo no fui a ese Vips", ha insistido ante el tribunal.

Gómez Gordo ha afirmado que nunca fue informado de la Operación Kitchen ni del interés que había por el exchófer de Bárcenas. "Nadie me dijo ni me explicó nada", ha resaltado, si bien ha dicho que tampoco había que ser un "lumbreras" para imaginarlo, dado que por aquel entonces el extesorero era "el delincuente uno". Ríos, del mismo modo, trató de dejar al comisario al margen. "Solamente traté con él los últimos tres meses durante este tema", ha resaltado el exchófer, un periodo de tiempo en el que estaba "latente" y solo tenía por "misión" vigilar un par de coches de gran cilindrada que tenía el extesorero. "Jamás le di ningún tipo de comunicación de los sitios a los que iba la señora", ha insistido Ríos.

El comisario ha reconocido que, efectivamente, se encargó de abonar durante tres meses al colaborador los pagos con cargo a los fondos reservados. "Lo hice porque me lo ordenó el director adjunto operativo", ha aseverado. También ha confirmado que fue él mismo quien se encargó de registrar la operación en Gati, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras. Lo hizo en 2015, pese a que el grueso de las vigilancias a la familia Bárcenas se desarrollaron en el verano de 2013.

La desvinculación total de Gómez Gordo ha generado algunas dudas a la presidenta del tribunal. "¿Por qué dedica esa cadena de mensajes a hablar de algo que le es ajeno?", ha lanzado la magistrada Teresa Palacios en relación a unos mensajes intercambiados con el ex secretario de Estado de Seguridad en julio de 2015 en los que este último preguntaba si Bárcenas estaba tan enfadado como para "tener intención de hacer daño", algo a lo que responde el comisario tras ponerse en contacto con Ríos. "Fíjese qué importancia le da usted que cuelga y habla con el señor Ríos", insiste la presidenta del tribunal. "Joe, es el secretario de Estado, le quiero contestar a la pregunta", ha intentado zanjar.

Este tipo de apuntes por parte de Palacios se han repetido en más ocasiones. Por ejemplo, cuando le ha preguntado por qué ese interés que ponía en las noticias que salían sobre la Kitchen o por qué en los mensajes se refería al exchófer como El Coci. "Todo el mundo le llamaba El Coci. Villarejo, los que estábamos en la DAO", ha contestado él. "¿Los acusados casualmente?", ha insistido la magistrada. "Puede ser", ha respondido el Gómez Gordo, quien ha querido culminar así su comparecencia: "Lo único que he hecho ha sido presentar al conductor porque me lo han ordenado, subir la nota a Gati porque me lo han ordenado y hacer los pagos porque me lo han ordenado. [...] Intentar medrar no es delito ninguno, intentar complacer [al secretario de Estado] yo creo que no es delito ninguno".