Los incendios en España sacan del cajón cada año el bulo de que "ya no se puede hacer nada en el campo". Es un mantra que repiten cada verano políticos de primera línea y tertulianos en los medios de comunicación, y que luego resuena en las redes sociales, como el famoso mito de que ya no se pueden coger piñas o ramas, podar arbustos o recoger madera por culpa de los conservacionistas. Sin embargo, las leyes de montes autonómicas son ahora más permisivas que hace dos décadas.

En la actualidad, las comunidades permiten, con carácter general, realizar distintos aprovechamientos forestales en fincas privadas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no hace falta pedir ningún permiso para pastorear en un coto privado, para recolectar piñas abiertas y piñas cerradas (hasta cinco kilos), para podar matorral (inferior a 1,5 metros de altura y de especies no protegidas) ni para recoger ramas caídas, frutos o plantas aromáticas (hasta 5 kilos y no amenazadas). Esto se aplica a la mayor parte del suelo rústico madrileño porque el 65,4% de la superficie forestal es privada, cifra que asciende al 72% en toda España.

Estas exenciones no han existido siempre, sino que se incorporaron a finales de 2022. La Ley de Montes original de la Comunidad de Madrid, de 1995, no recogía hasta hace cuatro años esta posibilidad, sino que cualquier aprovechamiento forestal en una propiedad privada debía contar con el visto bueno de la Consejería de Medioambiente. Sin un proyecto de ordenación, un plan técnico aprobado por la Comunidad o una autorización específica, en teoría no se podía tocar nada.

Esta relajación de la normativa también se aplicó a la madera. La ley de 2022 flexibilizó la tala para fines domésticos (hasta 10 metros cúbicos), aunque las intervenciones de mayor tamaño sí necesitan, como hace dos décadas, un plan aprobado por la Consejería.

Daniel Otero, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid, recalca que los pequeños trabajos forestales a escala doméstica están ampliamente permitidos, pero que es a escala "industrial" cuando la gestión se complica porque hay que respetar fechas, cantidades, métodos y zonas establecidas. Pero a cambio, aporta seguridad jurídica a esos trabajos y garantiza su viabilidad a futuro. 

"¿Es esto sencillo? Evidentemente, en muchas ocasiones, el trámite burocrático es complicado o engorroso, por lo que debe ser obligación de la Administración que sea lo más sencillo y ágil. Y a la vez, que sea percibido como una garantía de que las cosas se hacen bien y de manera sostenible y equilibrada", valora el profesional

La flexibilización de los requisitos para los aprovechamientos forestales no es exclusiva de Madrid, sino que vino impulsada por una reforma de la Ley de Montes nacional de 2015, durante el Gobierno del PP, que luego se ha trasladado a todas las comunidades autónomas. Desde entonces, la norma se ha reformado en tres ocasiones, pero no se han tocado desde entonces los puntos relativos a los aprovechamientos forestales, de manera que ni el Gobierno actual, ni el Pacto Verde Europeo ni las políticas ecologistas, a quienes se suele señalar como culpables, han intercedido en la capacidad de la España rural para trabajar sus fincas.

Castilla y León y Galicia, las dos principales víctimas de los incendios forestales en España, también han suavizado su regulación en los últimos años. La primera aprobó un decreto el año pasado dedicado a aprovechamientos forestales debido a que "más de la mitad de la superficie forestal de Castilla y León es de propiedad particular y presenta una baja tasa de aprovechamiento". Como Madrid, permite recoger piñas, podar ramas (que no estén protegidas), el pastoreo o aprovechar los matorrales bajos, entre otras medidas.

Galicia, por su parte, aprobó en 2020 una nueva regulación sobre el aprovechamiento de madera, leña, corcho y otros elementos forestales. En general, hace falta un plan de gestión aprobado por la Xunta para talar árboles en la región o un permiso explícito si se carece de este, pero desde hace seis años ya se permite la corta de madera doméstica sin supervisión, que solo necesita una declaración responsable.

Andalucía ha sido la última en modernizar su Ley de Montes, actualizando en marzo de 2026 la que estaba vigente desde 1992. Como el resto, incorpora los cambios que trajo la normativa nacional de 2015, pero de manera más restrictiva que en Madrid o Castilla y León, ya que toda gestión en un monte privado exige una declaración responsable, incluso la recogida de piñas, y si se trata de una intervención profunda, de un plan de gestión validado por la Consejería.

Asaja, la mayor organización de España de agricultores y ganaderos, reconoció que la ley andaluza "reduce la burocracia" y supone una "simplificación en aprovechamientos forestales (...) reduciendo la necesidad de autorizaciones complejas", de manera que el campo andaluz valora positivamente esa simplificación administrativa.

Los expertos recuerdan que una cosa es que la ley atribuya a los propietarios la responsabilidad de gestionar sus parcelas, pero si no se subvenciona o incentiva ese trabajo, es inviable que se lleve a cabo. Al fin y al cabo, aunque el ciudadano sea responsable de cuidar su finca, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias sobre prevención de incendios, y estos aprovechamientos cada vez tienen más de gestión del fuego que de economía rural.

Amelia Urla, de la Confederación de Forestalistas de País Vasco, cree que, en todo caso, el debate público no debe girar en torno a qué puede hacer o no un particular, sino en cómo trabajar a gran escala. "El debate no debería centrarse en actuaciones puntuales como recoger piñas o podar arbustos, sino en cómo favorecer una gestión forestal activa, favoreciendo que los montes estén gestionados, tengan actividad económica y cuenten con propietarios que puedan invertir en su gestión y conservación. Para ello es necesario impulsar políticas que incentiven la gestión forestal mediante líneas de ayuda e incentivos fiscales", valora.

Un informe de Plataforma Tierra, publicado este mes, revela, entre otras cosas, que la rentabilidad de este trabajo es mínima y muchas veces incluso negativa, por lo que no interesa dedicar tiempo a ello. En ese trabajo conjunto de diferentes expertos, Daniel Rodríguez, de la Asociación Forestal de Galicia, calcula la rentabilidad de los aprovechamientos forestales mediante diferentes maquinarias y especies arbóreas de Galicia, y solo el 12% de los casos que ha estimado ofrecen una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 3%, mientras que en más del 40% de las simulaciones está por debajo del 0%, haciendo la tarea directamente inviable económicamente.

"Dado el interés medioambiental de las masas de frondosas autóctonas y la escasa rentabilidad que arrojan los resultados, parece oportuno proponer políticas públicas de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de este tipo de bosques", concluye el experto.

El Gobierno ha aprobado este martes la creación de un Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático que facilitará "análisis independientes, rigurosos y multidisciplinares" sobre los requerimientos de los diferentes departamentos del Gobierno y que se prevé empiece a trabajar en otoño.

La creación del panel se ha aprobado en la reunión del Consejo de Ministros, a propuesta de las carteras de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), y reforzará además la integración del conocimiento experto en la toma de decisiones públicas, según un comunicado.

Tras la aprobación del acuerdo para su formación, ahora se ha lanzado un proceso, abierto durante todo el verano, para la selección del personal científico que formará parte de la entidad.

Según el Ministerio de Transición, se estima que en otoño el panel pueda estar configurado y comience su actividad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la formación del Panel Científico durante la presentación de la Red de Refugios Climáticos, y da cumplimiento al primer eje de la propuesta del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentada en septiembre de 2025.

Entre sus funciones, el Panel Científico estará encargado de emitir informes de evidencia científica y propuestas de protocolos de actuación y responder preguntas para informar acerca de las políticas públicas en situaciones de normalidad y ante crisis y emergencias, así como elaborar escenarios futuros derivados del cambio climático con ejercicios de prospectiva.

La gobernanza del panel se articulará a través de una doble estructura: una organizativa-técnica (Comité) y otra funcional-ejecutiva (Consejo Científico).

El comité será el encargado de dirigir e impulsar los trabajos del panel, desarrollar el proceso selectivo de expertos/as científicos y canalizar las peticiones de informes.

Estará integrado por seis representantes provenientes de la Oficina Española de Cambio Climático, la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, el Asesor Científico del Miteco, y la Dirección General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del MICIU.

Por su parte, el Consejo Científico tiene entre sus funciones la elaboración de informes, estudios y asesoramientos y estará conformado por 10 investigadores de reconocido prestigio procedentes de disciplinas vinculadas a la emergencia climática como ciencias del clima, cambio global y ecología; geografía y ordenación del territorio, ciclo hidrológico y recursos hídricos.

Asimismo, de campos de la agricultura sostenible y sistema alimentario, salud humana y cambio climático, costas y medio marino, ingeniería y tecnologías para la transición ecológica; derecho ambiental y climático, sociología ambiental y comunicación climática, y ciencias del comportamiento aplicadas a la transición ecológica.

Según el Miteco, para ayudar al Consejo Científico, se contempla la posibilidad de incorporar a más investigadores de reconocida trayectoria bajo la figura de colaborador experto del panel, quienes serán consultados de manera preferente de acuerdo a sus especializaciones.

Los 13 municipios desalojados por el momento en el incendio récord de la Comunidad de Madrid forman parte de la lista de la Zona de Alto Riesgo (ZAR) de Incendio del Gobierno regional. Esa etiqueta obliga al ayuntamiento a tener en regla desde hace seis años un plan de actuación frente a incendios forestales que incluye trabajar las zonas vulnerables al fuego, construir fajas perimetrales y garantizar que los vecinos se ocupen de sus fincas, pero solo ocho de ellos lo tienen aprobado. Incluso en aquellos en los que está vigente, su control es inabarcable y esa una de las causas de que los daños materiales sean tan cuantiosos en catástrofes como esta. Por ahora se han confirmado más de 40 casas destruidas en Madrid y unas 300 dañadas.

Los bomberos consultados confirman rotundamente que una parcela cuidada que cuente con medidas de protección básicas tiene muchas, muchísimas más posibilidades de sobrevivir a un fuego que una semiabandonada o decorada con elementos de riesgo. "Las que están bien mantenidas, en general, resisten. Se les puede quemar algo del jardín o la caseta de aperos, pero aguantan. Mientras que las que están abandonadas tienen más papeletas para arder. Hay mucha diferencia entre unas y otras", afirma Carlos Martín, bombero forestal de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) que ha trabajado en el incendio madrileño.

La zona que rodea el embalse de San Juan está repleta de casas adosadas diseminadas por el monte. Urbanizaciones de casas de recreo o de retiro incrustadas en el bosque, o pequeños municipios que antes tenían a las afueras campos de cultivo, que hacían de cortafuegos para incendios, pero que ahora se han repoblado con árboles y pasto. Este es el escenario perfecto para que el fuego corra sin frenos y se meta en las viviendas, según relatan los profesionales.

Esta zona ya se ha quemado innumerables veces en las últimas dos décadas –en 2025 ardieron 2.500 hectáreas en Las Navas del Marqués y Navaluenga, municipios de Ávila colindantes a Madrid– y el Gobierno regional no es ajeno a este problema. El Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) de 2017 incluyó toda esta área como una ZAR de incendios, y eso acarrea numerosas obligaciones para alcaldes y vecinos.

Si la comunidad autónoma es la responsable de las labores de prevención en el suelo rústico, como la construcción de cortafuegos o la diversificación de vegetación, en suelo urbano son los ayuntamientos los que están a cargo de estas labores. Más aún dentro de una ZAR.

Para empezar, todos los municipios ZAR deben tener un Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales, y se recomienda también para el resto. Este incluye organizar la respuesta de emergencias, las rutas de evacuación, informar a la población del riesgo, y sobre todo, dibujar un mapa de zonas vulnerables al fuego que necesiten tareas de prevención, entre ellas, establecer perímetros antiincendios. En total hay 59 municipios madrileños considerados ZAR, y estaban obligados a tener estos planes antes de noviembre de 2020. 

Según el informe de 2026 de la Comunidad de Madrid, los 13 municipios desalojados tienen sus planes redactados, pero solo ocho lo han aprobado en el pleno municipal: Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda. Faltan, sin embargo, Navas del Rey, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno y Zarzalejo.

La ley autonómica también obliga a los municipios ZAR a controlar las urbanizaciones que no estén pegadas a su núcleo urbano, que son las que más peligro corren. Por una parte, estas deben tener un plan de autoprotección, firmado por la junta de la urbanización, que incorpore las rutas de salida y que garantice que los vecinos se autoorganicen hasta que lleguen los medios de emergencias. Y, además, tienen que construir un perímetro de 30 metros libre de vegetación seca y con la masa arbórea podada que rodee la urbanización. A nivel individual, los vecinos que tengan parcelas no edificadas deben mantenerlas cuidadas.

La norma deja claro que, en el caso de que urbanizaciones que no cumplan con estos requisitos o no tengan planes de respuesta, el alcalde actuará de oficio como responsable subsidiario, mediante "ejecución forzosa", pasando después el coste a los vecinos. Esta normativa para urbanizaciones debía estar ejecutada en los municipios ZAR de la Comunidad de Madrid antes del 31 de octubre de 2021.

Guillem Canaleta, experto en prevención de incendios de la Fundación Pau Costa, ha trabajado en diferentes municipios rurales de España y la Unión Europea ayudando a los vecinos a autoorganizarse para afrontar incendios, y asegura que la diferencia entre estar y no estar preparado es abismal. "Si tienes una comunidad organizada sabes qué vecino está inmovilizado en la cama, conoces cómo evacuar rápidamente y sabes qué hacer cuando tienes que confinarte por un fuego. Esto debe trabajarse previamente, no improvisarse el día de la catástrofe", subraya.

Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, explica que este tipo de requisitos es habitual en todas las comunidades autónomas españolas, pero que el nivel de cumplimiento es mínimo o inexistente.

En el caso de Galicia, la ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, de 2007, obliga a que cualquier edificio que esté a menos de 50 metros de un bosque tenga en ese tramo un tratamiento preventivo, pagado y cuidado por el propietario de la finca. Entre otros requisitos, ahí no puede haber eucaliptos, acacias o pinos, y el matorral debe estar desbrozado antes del 31 de mayo. "Pero claro, el número de hectáreas a controlar es brutal", apunta Picos.

El experto añade que cuando te acercas a estudiar la realidad es cuando te das cuenta de que es evidente que no se puede cumplir. Por ejemplo, si una casa se construye en el límite de la parcela, puede ocurrir que sea el propietario de la parcela contigua –la que separa el suelo urbano del rústico– el que tenga que realizar las tareas de silvicultura y gastarse el dinero para que su vecino pueda tener su casa a las puertas del bosque. Y, evidentemente, ese no está dispuesto a hacerlo.

"Por eso, yo lo que propongo es que nos centremos en que estas normativas de bosques y de emergencias se incorporen a las leyes urbanísticas. Para que no se permitan nuevas urbanizaciones que no tengan medidas estrictas de prevención de incendios", añade.

Esta idea está ya implementada, por ejemplo, en el INFOCAM madrileño. En teoría todas las nuevas edificaciones, ya sean viviendas individuales, urbanizaciones, fábricas u otras construcciones que estén aisladas de un núcleo urbano y se ubiquen colindantes al monte –y no necesariamente en una zona ZAR–, deben contar obligatoriamente con una faja perimetral de 30 metros, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada.

"A todos nos gusta vivir en plena naturaleza, pero si el bosque te entra por la ventana tienes un problema", resume para infoLibre otro bombero de León que estuvo la semana pasada en el fuego de La Mierla, en Guadalajara. Además de que los fuegos en estas urbanizaciones disparan los daños y amenazan vidas, roban todo el tiempo de los efectivos y los distraen de la catástrofe principal. "Los incendios urbanos son un sumidero de recursos porque nuestra prioridad siempre van a ser vidas y viviendas. Retiras a los medios de otros lugares que son clave para apagar el incendio para proteger estas casas", añade.

Los expertos venían advirtiendo desde primavera que este sería un verano difícil. Mucha vegetación por las lluvias y una previsión de calor extremo se sumarían a los problemas endémicos de falta de trabajos de prevención y a la despoblación rural. El resultado, a falta de unos días para que termine el mes de julio, es que 2026 tiene ya todas las papeletas para terminar siendo uno de los peores años desde que se comenzó a medir con datos fiables, en la década de 1960. 

Tomando las estadísticas del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), que consisten en aproximaciones realizadas por el programa Copernicus europeo de imágenes de satélite, han ardido en lo que va de año 168.879 hectáreas en España, la segunda mayor cifra a estas alturas desde julio de 1994, cuando una fortísima sequía provocó que el fuego arrasase más de 300.000 hectáreas en los primeros siete meses del año, una cifra que rompió la estadística y nunca más se ha estado ni siquiera cerca de alcanzarla.

El tercer puesto lo ocuparía 2012, cuando ardieron 150.000 hectáreas antes de agosto. El verano pasado también se registró una cifra astronómica, pero más concentrada en agosto, que dejó el mayor número de hectáreas quemadas del siglo XXI.

A falta de datos definitivos, todo apunta a que este verano marcará un antes y un después en la gestión del fuego, aunque esa frase ya se ha repetido innumerables veces dentro del colectivo antiincendios, y el ansiado Pacto de Estado contra Incendios Forestales, o el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática, que englobaría el primero y que es la apuesta del Gobierno actual, sigue en un cajón desde el año pasado porque necesita para ello al PP y a Vox. "O se cierra un pacto nacional de desarrollo rural o esto va a seguir así, y va a ir a mucho más", resume a infoLibre Raúl Quílez, doctor en Incendios Forestales por la Universidad de León.

Han sido muchos los fuegos que en teoría iban a acelerar esasmedidas de adaptación al fuego. Ahora es el incendio unificado de Ávila y Madrid que ha llegado hasta las puertas de la capital, pero el año pasado fue el de las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y en 2022 fueron los de la Sierra de la Culebra, que tardaron mes y medio en apagarse.

Las tareas de prevención, competencia de las comunidades autónomas, son mínimas y hasta el año pasado eran miles de bomberos forestales los que se quedaban sin trabajo en invierno porque su consejería prefería no invertir en trabajos forestales durante la temporada baja. Desde la entrada en vigor del estatuto del bombero forestal eso ha empezado a cambiar –por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha contratado esta temporada a los bomberos de Tragsa durante los doce meses, y Castilla y León está en ello–, pero el trabajo que hay por delante tardará años en completarse. En los últimos sesenta años España ha ganado 3,4 millones de hectáreas arboladas, una superficie superior a la de Cataluña.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, explica a este medio que la desaparición de zonas de cultivo ha provocado "un crecimiento forestal increíble" que permite que un fuego en las profundidades de un bosque se expanda fácilmente hasta las puertas de los núcleos urbanos. "Hemos llegado a un punto en el que el cometido de los bomberos es salvar viviendas. También es culpa de haber metido urbanizaciones dentro del bosque sin tomar medidas de prevención", valora.

El calor sofocante del verano evidentemente también juega un papel, secando todo ese potencial combustible y dejándolo listo para arder, sobre todo durante las olas de calor. Desde el 21 de junio hasta este jueves, cuando se declaró el incendio del suroeste de Madrid, ha habido nada menos que 12 días de ola de calor, más de un tercio del total. A gran escala, los últimos 11 años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia; y los últimos tres han sido también los más calurosos. Es decir, que se repite una pauta de empeoramiento.

Raúl Quílez también percibe que el patrón de vientos ha cambiado en la península durante los últimos veranos y ahora se registran semanas y semanas sin cesar de ventanas de aire que entran desde el suroeste con viento muy seco y constante que aviva las llamas. "El incendio de Burgohondo (Ávila) o el de La Mierla (Guadalajara) son un ejemplo. Son fuegos que comienzan en el sur y avanzan sin límite hacia el norte".

El incendio forestal que todavía arde entre Ávila y Madrid es la suma de todos estos factores llevados al extremo. El pasado invierno llovió en esa zona entre un 150% y un 175% más que en la media de los últimos 30 años y en junio la anomalía de temperatura allí fue de entre 2,5 y 4,5 ºC por encima de ese histórico, convirtiendo el monte en un polvorín.

El viernes ya se declaró el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y a cierre del sábado los tres fuegos unificados suman 45.000 hectáreas quemadas. La cercanía a los núcleos urbanos ha provocado además un desalojo de 88.000 personas e incluso el centro de mando tuvo que ser desplazado este sábado de urgencia de Cenicientos a Navalcarnero por el cambio de dirección del viento, que amenazó el campamento.

Carlos Martín, bombero forestal de las BRIF, las brigadas del Ministerio de Transición Ecológica, lleva desde el viernes trabajando en este fuego y describe una situación desoladora. "Nunca he visto nada parecido y llevo siendo bombero desde 2005", describe a infoLibre. Lo que más le llamó la atención, protegiendo una urbanización en Pelayos de la Presa (Madrid), es que el fuego urbano normalmente genera focos dispersos, pero aquí se encontró un incendio de bosque. "Ardía de manera continua. Nos enfrentamos a un frente de llama en mitad de unos chalets", describe.

No es la primera vez que esta zona se quema, ha habido muchas advertencias en el pasado de que se trata de un punto negro que requiere un intenso trabajo de prevención de incendios que nunca ha llegado. Por ejemplo, Almorox ardió en 2013, Cadalso de los Vidrios en 2019, Zarzalejo en 2020 y Navas del Marqués y Navaluenga en 2025.

El calor de este verano no es como el de siempre. Según AEMET, entre 1975 y 2025 se registraron 78 olas de calor en España, pero su evolución es lo más relevante: entre 1975 y 1984 había de media tres días al año en situación de ola de calor; entre 2016 y 2025, la media fue de 22. Ahora son más frecuentes, afectan a más provincias, duran más días y son más intensas.

La pregunta incómoda es: ¿están nuestros planes climáticos preparados para el clima que ya tenemos o siguen diseñados para el clima que dejamos atrás?

Cuando se habla de política climática, suele pensarse en reducir emisiones para mitigar el aumento de las temperaturas. Es imprescindible: cuanto más se caliente el planeta, más frecuentes e intensas serán las olas de calor. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), el organismo científico de Naciones Unidas encargado de evaluar el conocimiento disponible sobre este tema, concluye que muchos fenómenos extremos ya han aumentado por la influencia humana y seguirán haciéndolo con más calentamiento.

Pero reducir emisiones no protege por sí solo frente a los impactos que ya están ocurriendo. También hay que adaptarse: preparar ciudades, hospitales, viviendas, infraestructuras, agricultura, agua y protección social para un clima más extremo.

Mitigar evita que el problema empeore; adaptarse reduce los daños presentes. Una política climática eficaz necesita ambas cosas.

Cada país presenta ante Naciones Unidas sus planes climáticos nacionales, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional o NDC, por sus siglas en inglés. Son los compromisos que los países formulan dentro del Acuerdo de París.

Las NDC nacieron centradas en la mitigación, es decir, la reducción de emisiones, pero cada vez incorporan más adaptación: cómo proteger a la población, la economía y los ecosistemas frente a los impactos climáticos. Muestran, en resumen, cómo un país entiende la emergencia climática.

En un estudio reciente publicado en Nature Communications, analizamos las 158 NDC disponibles de los 195 países registrados ante Naciones Unidas. Hemos usado inteligencia artificial (IA) y validación humana para ver cómo conectan sus planes climáticos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS).

En nuestro estudio, la IA no sustituye el juicio experto: ayuda a analizar documentos largos, heterogéneos y difíciles de comparar. Las NDC de cada país usan lenguajes, prioridades y niveles de detalle distintos, y la IA permite detectar patrones comunes, conexiones implícitas y ausencias relevantes.

Más de la mitad de los países analizados no mencionan explícitamente los ODS en sus planes climáticos, aunque muchas conexiones aparecen en el significado del texto. Analizar solo palabras clave puede ocultar relaciones importantes entre clima, salud, energía, agua, agricultura, biodiversidad o adaptación. El resultado es claro: los países no están planeando la transición climática de la misma manera.

De hecho, el hueco es notable: apenas el 1 % del texto de las NDC desarrolla explícitamente cómo la acción climática y el desarrollo sostenible se refuerzan mutuamente. La mayoría de los países tratan ambas agendas como si avanzaran por separado, cuando en realidad se necesitan.

Los países de renta alta suelen poner el acento en la salud, la transición energética o la transformación industrial. Muchos países de renta baja y media, en cambio, priorizan necesidades más inmediatas: agua, alimentos, energía, agricultura, recursos naturales y biodiversidad.

No es que unos entiendan mejor el cambio climático que otros; es que lo viven desde posiciones distintas. Para algunos, la transición significa electrificación, eficiencia o innovación. Para otros, está más ligada a sequías, inseguridad alimentaria y acceso básico a agua y energía.

Hay, sin embargo, un punto ciego que comparten ricos y pobres por igual: la educación y la igualdad de género apenas aparecen en los planes climáticos, sea cual sea el nivel de renta del país. Es una ausencia preocupante, porque sin personal cualificado para anticipar desastres y sin políticas que tengan en cuenta el impacto distinto del cambio climático sobre hombres y mujeres, cualquier plan de adaptación se queda corto.

La conclusión es clara: no existe una receta universal. Un buen plan climático debe partir de la realidad de cada país, pero integrar siempre mitigación, adaptación y desarrollo sostenible.

Una de las ideas centrales de nuestro estudio es que las políticas climáticas pueden generar sinergias, pero también conflictos. Rehabilitar viviendas, por ejemplo, puede reducir emisiones, mejorar la salud y proteger frente al calor. En cambio, una infraestructura mal planificada puede dañar ecosistemas, comunidades locales o recursos hídricos.

Por eso no basta con diseñar políticas aisladas. Las olas de calor muestran bien esa interdependencia: no son solo un fenómeno meteorológico, sino también un problema de salud, vivienda, urbanismo, energía, empleo y desigualdad. La OMS advierte de que el calor extremo aumenta la mortalidad  y agrava problemas cardiovasculares, respiratorios y renales, especialmente entre mayores, niños, embarazadas y personas con menos recursos.

En una ciudad con poco arbolado, mucho asfalto y viviendas mal aisladas, el calor no afecta a todos por igual. Adaptarse al cambio climático es, por tanto, también una cuestión de justicia social.

Y, hablando de justicia social, la deuda. Setenta y nueve países atraviesan dificultades de deuda, sesenta de ellos vulnerables al clima. Pagar intereses deja poco margen para invertir en resiliencia. Los canjes de deuda por naturaleza o clima podrían aliviar ambos problemas, pero siguen siendo la excepción.

El momento es especialmente importante. Las NDC se revisan cada cinco años y la nueva ronda, programada para el 2030, debe orientar los compromisos climáticos hasta 2035. Lo que los países decidan ahora condicionará emisiones, infraestructuras, inversiones y modelos de desarrollo. Por eso, la ambición climática no debería medirse solo en toneladas de CO₂ evitadas, sino también en la capacidad de anticipar riesgos, reducir desigualdades y evitar nuevos problemas sociales, económicos o ambientales.

España necesita reducir emisiones, pero también adaptarse rápidamente a un clima más extremo, porque el calor no espera a que los planes sean perfectos y, probablemente, este sea uno de los veranos más fríos que veremos en el resto de nuestra vida.

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Sergio Hoyas Calvo es Catedrático de Ingeniería Aeroespacial, Universitat Politècnica de València.

José Alberto Conejero Casares es Dtor. Depto. Matemática Aplicada. Universitat Politècnica de València, Universitat Politècnica de València.

Ricardo Vinuesa es profesor asociado de Aerospace Engineering, Universidad de Michigan.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El control de superpoblación de ciertas especies es un problema que trae de cabeza a muchos ayuntamientos, pero también a asociaciones ecologistas. Para atajarlo, suelen utilizarse métodos que suscitan gran polémica. Un ejemplo: en Madrid se permitió a empleados municipales matar a perdigones a las cotorras argentinas, especie invasora en la capital, calificándolo de medida “excepcional”.

En Andalucía, la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA) ha difundido unas imágenes en las que se puede ver a ejemplares de jabalí deambulando por zonas urbanas con flechas clavadas.

“Estos hechos, registrados en municipios donde se realizan controles poblacionales mediante arco y flecha –especialmente en localidades costeras y de gran afluencia turística–, evidencian que algunos animales alcanzados no mueren de forma inmediata y continúan desplazándose con heridas de gran gravedad, permaneciendo visibles para la ciudadanía durante un tiempo antes de ser localizados o fallecer”, lamentan.

“Este tipo de actuaciones suscitan serias dudas desde el punto de vista del bienestar animal. Cuando un disparo con flecha no produce una muerte instantánea, el animal puede sufrir durante un periodo prolongado, circunstancia incompatible con los principios de minimización del sufrimiento que deben regir cualquier actuación de control de fauna silvestre”, critican.

“A esta preocupación se suma el importante impacto social que provocan estas escenas. La presencia de jabalíes heridos atravesando calles, caminos o espacios públicos genera una comprensible alarma entre la población y proyecta una imagen muy negativa de los municipios donde ocurren estos hechos”, agregan.

La práctica de esta cruel forma de controlar a esta especie ha sido denunciada en otras zonas de la península, como en San Sebastián de los Reyes (Madrid) o en Vitoria (Álava). 

Ya en 2019, el Partido Animalista PACMA presentó un escrito al Ayuntamiento de la capital vasca reclamando que anulase la autorización de cazar jabalíes con arcos y flechas y proponiendo al Consistorio otros métodos: la reubicación de los animales en lugares seguros para ellos o programas de control de natalidad.

El jabalí es uno de los animales que más abunda en la península ibérica, y su presencia en España crece año a año. Según ENETWILD –proyecto financiado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que recopila datos sobre la fauna silvestre y estudia sus enfermedades–, este animal se encuentra presente en el 95% del territorio nacional, llegándose a contar aproximadamente 2,4 millones de jabalíes. 

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la distribución de áreas de mayor densidad de esta especie responde principalmente al noreste de la península, en especial a las provincias de Girona y Barcelona, pero también a Tarragona, Huesca y Valencia. 

Desde 2014, el Gobierno ha puesto el foco en la necesidad de llevar a cabo un control de esta población por la incidencia de la peste porcina africana (PPA) en Europa, que saltó a España con un importante foco en noviembre de 2025 en Cataluña.

“El número de jabalíes cazados por temporada de caza refleja la tendencia de la población. En el conjunto de España, se ha observado en los últimos 40 años un fuerte crecimiento del número de jabalíes. Además, el incremento anual se ha ido acelerando”, apuntaba el Ministerio en su Plan Nacional de Gestión a medio/largo plazo de las poblaciones de jabalíes silvestres para reducir el riesgo de entrada y difusión del virus de la peste porcina africana en España (modificado en 2024).

En declaraciones a infoLibre, ASANDA explica que la autorización de caza con arco en cotos la realizan tanto la Junta de Andalucía como los titulares de estas zonas de caza, comunicándolo de forma privada a los participantes de cacerías. 

Sin embargo, esta permisividad se ha extendido fuera de estos cotos debido a la irrupción de ejemplares de jabalí en entornos urbanos. “Aunque es una práctica tradicional en cotos, su aplicación para el control de jabalíes en terrenos no cinegéticos y entornos urbanos consta desde 2024. Puede autorizarse en todo el territorio”, comentan.

La Junta de Andalucía, en su Resolución de 26 de mayo de 2026, conjunta de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad y la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se declara la emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge el por qué del uso del arco.

“Los terrenos urbanos y los terrenos rústicos parcialmente ocupados por edificaciones que no permiten el empleo de un arma de fuego no tienen la consideración de terrenos no cinegéticos de los contemplados en la presente resolución, que se refiere únicamente a terrenos rústicos en el medio natural no urbanizados y no incluidos en ningún terreno cinegético. Los terrenos urbanos y rústicos urbanizados no ordenados son competencia de la Autoridad municipal, a los que se deberán dirigir los interesados en obtener autorización para el control de poblaciones de suidos”, informa. 

“Las autoridades municipales utilizarán o tramitarán el procedimiento de autorización para el uso de capturaderos y la retirada de los ejemplares capturados de acuerdo con los preceptos establecidos en materia de protección de los derechos y bienestar de los animales y de sanidad animal. Asimismo, el uso de arco supeditado al cumplimiento de los preceptos establecidos en materia de armas, así como el uso de dardos anestésicos para sedación y posterior eutanasia de estos ejemplares”, añade. 

El Ministerio de Agricultura recoge en su Plan Nacional la caza con arco como un “método complementario a la caza”, destacando que “ha dado buenos resultados en zonas periurbanas de algunas CCAA”.

Si bien el Gobierno andaluz recoge la posibilidad del uso de dardos anestésicos, el método a emplear queda en manos de los ayuntamientos. ASANDA comenta a infoLibre el caso de Málaga, que en 2024 adjudicó un contrato para el control de jabalíes con arqueros especializados por unos 13.500 euros.

“Tras las protestas de colectivos animalistas y reuniones con el Ayuntamiento, este anunció que modificaría el protocolo para usar dardos anestésicos, dejando el arco solo como alternativa secundaria. Posteriormente, el Ayuntamiento volvió a licitar un contrato para el control en zonas urbanas. La revisión de los protocolos solicitada nunca ha recibido respuesta”, señalan.

Por otro lado, exponen el caso de Mijas, donde existen referencias públicas sobre la contratación de arqueros para urbanizaciones sitas en la Costa del Sol, tal y como se hizo en la Comunidad de Madrid en 2021 para eliminar a los ejemplares que se colaban en la Urbanización Ciudalcampo, una de las más acaudaladas de España.

“Aunque en el perfil del contratante consta oficialmente el ‘Servicio de captura en vivo mediante capturaderos’, la contratación específica de arqueros parece haberse tramitado por otra vía no evidente”, agregan.

¿Cómo abordar de raíz este problema sin causar daño a los ejemplares? Una de las propuestas de ASANDA sería prohibir las sueltas de jabalíes: “No volver a autorizar la suelta de jabalíes desde granjas cinegéticas para repoblar cotos, una práctica habitual hasta los años 90 donde, además, se cruzaban con cerdos. Estos híbridos carecen de miedo al ser humano y agravan la situación actual”.

Asimismo, piden evaluar la reintroducción de depredadores naturales como el lobo, algo que se ha realizado en la Comunidad de Madrid para controlar la superpoblación de conejos, valiéndose de aves de cetrería para ello.

Por último, hacen hincapié desde ASANDA en mejorar el control de los residuos urbanos para evitar que los jabalíes se vean atraídos y dejen de buscar alimento en su hábitat natural. 

El Consejero de Medioambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, salió este miércoles en rueda de prensa para sacar pecho del potente cuerpo de bomberos que tiene a su cargo. Preguntado por el enfado de una parte del dispositivo, que lo acusa de incumplir la ley básica de bomberos forestales, dijo que estaba todo bajo control y que la región capital estaba preparada como ninguna otra de Europa. Tanto, que podía asumir incendios limítrofes de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

"El operativo no se está resintiendo. Tenemos más de 560 efectivos diarios, la mayor concentración de medios terrestres y aéreos por hectárea de Europa y estamos pudiendo responder en Madrid y en otras comunidades autónomas", fueron sus palabras. Dos días después, Isabel Díaz Ayuso pidió por primera vez en España la declaración nacional de emergencia por el fuego.

Una parte del cuerpo de bomberos regional, que en total supera los 2.000 efectivos, no podía creerse las palabras del consejero. La falta de prevención durante el invierno, un déficit de más de 200 bomberos y un cóctel perfecto de calor y combustible demostraban a comienzos de mes que solo hacía falta una combinación de incendios simultáneos para generar una catástrofe, y así se lo han hecho saber al consejero en varias ocasiones durante las últimas semanas.

El desenlace ha sido el que ya se considera el mayor incendio de la historia de Madrid, que al cierre del viernes dejaba más de 63.000 personas afectadas, al menos cinco municipios desalojados y cuatro confinados, y más de 12.000 hectáreas calcinadas. Casi todos en el suroeste de la región, en los alrededores del popular pantano de San Juan, aunque a última hora llegó a desalojarse un camping de El Escorial.

"Sale a decir que tiene el cuerpo más completo de Europa, que se hace cargo de los incendios de otras comunidades, y 48 horas después pide la declaración de nivel 3. ¿Esto cómo se come?", se pregunta en conversación con infoLibre José Manuel Alonso, uno de los portavoces de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF). "Para mí es quitarse del medio para que otro se coma el marrón", opina este profesional.

La declaración de nivel máximo de emergencia, justificó Isabel Díaz Ayuso en la red social X, fue la presencia simultánea de varios incendios y la necesidad de recibir apoyo del Gobierno central a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) –los bomberos que dependen de Defensa y del Ministerio de Transición Ecológica, respectivamente– y de equipos de socios europeos. Sin embargo, elevar la categoría de riesgo no incrementa la ayuda, solo cambia la gestión del mando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y pone a cargo de la dirección operativa a la UME. Sobre el problema de la simultaneidad, Castilla y León llegó a soportar más de 20 incendios al mismo tiempo en los peores días de agosto de 2025 sin activar el nivel tres.

Los bomberos también subrayan que Madrid no llega todo lo preparada que puede a la temporada de riesgo extremo ni se ha molestado en cerrar sus disputas con el cuerpo de extinción, hasta el punto de que este verano hay unos 230 efectivos menos que el año pasado.

Por una parte, los bomberos de primera línea que forman parte del personal laboral de la comunidad, 60 personas, no se han activado en lo que va de verano porque están en disputa con el consejero y este no los ha llamado aún a la acción. Dentro de este colectivo, hay además 64 plazas sin cubrir en comparación con el verano de 2025. También hay que sumar que otra pata del operativo, los bomberos forestales subcontratados a la empresa pública Tragsa, tiene 110 miembros menos esta temporada. La suma de ausencias representa alrededor del 10% de todo el cuerpo de extinción madrileño.

No obstante, habrá un refuerzo extra este fin de semana. Los 60 bomberos que están en tira y afloja con el consejero han decidido este viernes incorporarse a la extinción tras conversar con la Delegación del Gobierno central en Madrid. "No nos ha movilizado la Comunidad ni tenemos órdenes de despliegue, pero queremos contribuir. Iremos con nuestros propios coches a las bases porque no nos facilitan vehículos", explica Alfonso Ferrero, uno de sus portavoces.

La situación de este grupo es particular. En verano de 2024 paralizaron una huelga para negociar con Novillo una mejora de sus condiciones, que estaban fuera de la ley, pero, según explican, el consejero rompió esta primavera, dos años después, las conversaciones. Sobre la mesa estaba, por ejemplo, reconocer la categoría profesional de estos bomberos, que en sus contratos están clasificados como conductores de taxi o técnicos de mantenimiento, aunque ejercen como bomberos forestales, o cobrar un suplemento por peligrosidad o penosidad.

Los 60 efectivos respondieron negándose a acudir a los parques de bomberos y se mudaron a la sede de Las Rozas para trabajar desde allí, el que figura teóricamente como su lugar de trabajo. En respuesta, la Comunidad de Madrid se ha negado desde entonces a facilitarles vehículos y llamarlos a los incendios, y la Consejería se niega a retomar las negociaciones hasta que no vuelvan a sus retenes.

"Les pido responsabilidad y lealtad, que abandonen la huelga y realicen el servicio", dijo Novillo el miércoles. Alfonso Ferrero confía en que sumarse al despliegue este fin de semana sirva para desatascar el problema durante el resto del verano. "Esperemos que dé resultado, que al menos traigan una propuesta de acuerdo en la próxima reunión", afirma a este medio.

Sin embargo, la tensión escaló dramáticamente en la tarde del viernes, cuando la Comunidad publicó en X que "estudiará todas las vías administrativas y jurídicas contra la actuación de un reducido grupo de bomberos forestales, que han podido comprometer la actuación de los dispositivos de emergencia", en referencia a estos 60 bomberos. Según su versión, en su día rechazaron "mejoras económicas" que rechazaron y ahora incumplen su contrato al establecerse en el centro de Las Rozas.

Ayuso también ha llegado al verano sin cerrar un acuerdo con los bomberos de Tragsa, un cuerpo de alrededor de medio millar de empleados externalizados, pero donde la Comunidad de Madrid tiene la última palabra, ya que es quien contrata a la empresa pública para cubrir este servicio esencial. En este caso, las conversaciones van por mejor camino y su huelga no está activa en este momento, pero continúan trabajando con el mismo convenio colectivo de 2008.

"Está absolutamente desfasado y no se ajusta a ley. Está fuera del Estatuto de los trabajadores, del estatuto de bomberos forestales de 2024", resume para infoLibre José Manuel Alonso, uno de los que ha liderado la lucha de los bomberos de Tragsa durante la última década. Entre otros problemas, cobran un sueldo que roza el salario mínimo jugándose la vida, y no tienen complementos extra a final de mes por peligrosidad y otros riesgos, como obliga el estatuto. Tampoco se les reconocen las enfermedades profesionales, como en el resto de España, porque la Seguridad Social no ha aprobado todavía el catálogo de enfermedades profesionales de esta profesión, como se pactó también en 2024.

Ya están aquí los primeros casos de la temporada en España de fiebre del Nilo Occidental en humanos. Los afectados son un hombre de la provincia de Alicante, que requirió hospitalización, y una mujer residente en Sevilla, con síntomas leves, que pasa temporadas en el municipio sevillano de Palomares del Río. Es probable que no sean los últimos.

La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad zoonótica de gran relevancia para la salud pública y la medicina veterinaria causada por el virus del Nilo Occidental (VNO), un arbovirus perteneciente a la familia Flaviviridae. Aislado por primera vez en 1937 de un paciente febril en Uganda, es uno de los muchos virus que causan encefalitis (inflamación del cerebro).

Debido a su origen animal, el agente patógeno se mantiene en un ciclo de transmisión en la naturaleza que involucra principalmente a aves (sus hospedadores naturales) y mosquitos (sus vectores), pero que puede propagarse de forma accidental a mamíferos.

Los caballos representan el 96,9 % de todos los casos notificados de enfermedad por virus del Nilo Occidental en mamíferos no humanos, y en ellos la tasa de mortalidad con síntomas clínicos alcanza el 33 %. La detección previa en caballos tiene un gran valor epidemiológico y permite poner en marcha los posibles protocolos de actuación, principalmente en aquellas zonas alejadas de humedales.

Ciertas especies de aves, especialmente las rapaces y los córvidos, tienden a ser más sensibles a la infección y con frecuencia desarrollan signos clínicos que resultan fatales. En los eventos de mortalidad masiva de aves influyen factores geográficos y ambientales, así como las diferencias genéticas de las cepas del virus.

Desde la perspectiva veterinaria, se han notificado cinco brotes en Europa en 2026, uno en équidos y cuatro en aves. En lo que llevamos de 2026, los casos en humanos en Europa ascienden a 34, distribuidos en 28 áreas de cinco países: Italia, Grecia, Macedonia del Norte, Rumanía y España. La mayoría de las personas se infectan durante las estaciones cálidas o húmedas, cuando los mosquitos se reproducen.

El VNO se introduce en Europa principalmente a través de aves migratorias procedentes del África subsahariana, el norte de África y Oriente Medio. Aunque el patógeno logra persistir durante los meses fríos mediante la hibernación en mosquitos vectores, no se descarta que ciertas especies de aves silvestres locales actúen también como reservorios invernales en el continente europeo.

Una vez establecido, la transmisión biológica del virus del Nilo Occidental en Europa recae fundamentalmente en los mosquitos Culex pipiens y Culex modestus, considerados los vectores primarios. Otras especies como Aedes albopictus (mosquito tigre) y Aedes (Ochlerotatus) detritus también han demostrado su potencial de transmisión en condiciones de laboratorio, pero su relevancia epidemiológica en condiciones naturales es marginal. Esto se debe a su marcada preferencia por los mamíferos, lo que reduce drásticamente la probabilidad de que piquen a las aves hospedadoras y estas adquieran el virus para perpetuar el ciclo de transmisión.

Por otra parte, trabajos recientes han demostrado que los mosquitos inmaduros pueden infectarse con heces infecciosas, lo que demuestra que también existe un modo de transmisión mediado por excrementos.

Cuando el virus se propaga en una región, es común que las infecciones en humanos y los equinos ocurran de manera simultánea. Aunque un gran porcentaje de los casos cursa de forma asintomática o con síntomas leves (similares a los de una gripe), el patógeno tiene un marcado potencial neurotropo. Esto significa que es capaz de invadir el sistema nervioso central, manifestándose a través de tres cuadros clínicos graves: la encefalitis del Nilo Occidental, la meningitis del Nilo Occidental y la poliomielitis del Nilo Occidental. Esta última puede desencadenar parálisis flácida aguda, caracterizada por una pérdida repentina de la fuerza muscular que puede comprometer la respiración.

Alrededor del 80% de los humanos infectados por el VNO permanecen asintomáticos, mientras que el 20% restante desarrolla el síndrome febril del virus, y menos del 1 % presenta manifestaciones neurológicas graves o fatales o alguna combinación de estas.

Aunque los caballos son, junto con los humanos, los organismos más propensos a desarrollar la enfermedad clínica grave, la infección afecta ocasionalmente a otros mamíferos domésticos, como los perros. Una vez que un mosquito portador transmite el virus, el período de incubación antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos suele oscilar de manera general entre los 2 y 15 días.

Hasta principios de la década de 1990, el incidencia del virus se limitaba en gran medida a África, Europa y Asia. En la actualidad, es endémico de África, Oriente Medio, Asia Occidental y partes de Australia. También está ampliamente establecido en América del Norte y Central, desde Canadá hasta Venezuela, y circula estacionalmente en partes de Europa, incluyendo, como ya apuntamos más arriba, Italia, España, Rumania y Grecia.

El VNO se ha detectado en Europa desde mediados de la década de 1990 con dos linajes circulantes (1 y 2) que causan brotes esporádicos, afectando a aves, caballos y humanos. A partir de 1996 se convirtió en una causa reconocida de meningoencefalitis en el continente, con una circulación creciente en el sur, principalmente del linaje 2.

En España, los vectores más frecuentes del virus del Nilo Occidental son las especies de mosquitos Culex pipiens y Culex perexiguus. La primera, conocida como mosquito común en muchas zonas, es una especie cosmopolita y muy habitual en la península ibérica.

En aves y mamíferos, el riesgo de exposición al virus en el territorio español aumentó entre un 17 % y un 19 %, respectivamente, en los últimos 20 años, y el riesgo para los humanos se incrementó un 38 %. 2020 registró un crecimiento sin precedentes de infecciones: se detectaron 77 casos en personas, siete de las cuales fallecieron.

Actualmente no existe una vacuna contra el VNO para humanos. Por lo tanto, prevenir la transmisión del virus requiere un control sostenido del vector y el uso de medidas de protección personal.

La principal es evitar las picaduras de mosquitos. Para ello, es prudente utilizar ropa de manga larga y colores claros y aplicar repelentes, especialmente durante el amanecer y el anochecer. Asimismo, resulta fundamental reducir los criaderos de estos insectos en el hogar eliminando cualquier acumulación de agua estancada en objetos exteriores, limpiando los canalones e instalando mosquiteras en puertas y ventanas.

Por último, es aconsejable evitar el contacto directo con animales o aves silvestres muertas, utilizando siempre guantes de protección y cubriendo heridas abiertas con el fin de impedir la transmisión del virus por vía sanguínea.

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Raúl Rivas González es Catedrático de Microbiología. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología, Universidad de Salamanca. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

La brutal ola de calor que recorrió Europa a finales de junio pilló desprevenidos a millones de ciudadanos y dejó, según las estimaciones oficiales, más de 20.000 fallecidos en el continente, principalmente en Francia, España, Bélgica y Alemania. La cifra es comparable a las peores semanas de la pandemia de la covid-19, y algunos creen que esta crisis –a la que se suman los incendios, la sequía o las tormentas extremas de otoño– merece ser tratada como una emergencia de primer orden y exige la celebración de una cumbre europea del calor.

Tres días antes de que comenzase esa ola que dejó récords por todo el continente, se reunió el Consejo Europeo, formado por los líderes de los 27 países. Se debatió de Ucrania, de Oriente Próximo, de energía asequible y de los presupuestos comunitarios, pero ni una palabra sobre el calor. En las siguientes dos semanas, sin embargo, la prensa europea no habló de otra cosa que de millones de personas intentando buscar refugio del sol, del colapso de los colegios y los hospitales y de los ahogamientos en ríos no preparados para el baño.

El Partido Verde europeo, formado principalmente por eurodiputados alemanes y franceses, considera que este episodio fue un aviso rojo para que la Unión Europea actúe en bloque, empezando por la organización de una cumbre de emergencia del Consejo Europeo. "Dada la magnitud, el peligro y la urgencia de la situación, insistimos en que el Consejo Europeo convoque una Cumbre sobre el Calor", señala Vula Tetsi, copresidenta del Partido de los Verdes Europeos.

"La Unión Europea no está haciendo lo necesario y hemos llegado a un punto en el que en países como España no se puede salir a la calle durante dos tercios del día", afirma a infoLibre. "Organizamos cumbres continuamente. Por Ucrania, para aprobar nuevos paquetes de sanciones… y nosotros estamos a favor de la flexibilización fiscal para reforzar la defensa, pero también hay que flexibilizar el presupuesto para adaptación al cambio climático y para la transición energética justa", añade.

La propuesta parte de la experiencia de los últimos veranos y de la evidencia científica de que esto solo irá a más. Europa es el continente que más rápido se calienta y eso significa que tendrá que prepararse mejor y más rápido que otras zonas. Según el servicio climático de la Comisión Europea, la temperatura media del planeta ha aumentado de media hasta ahora 1,4 ºC en comparación con los niveles preindustriales (1850-1900), pero en Europa ya ha subido 2,5 ºC.

Una de las razones es que la región sufre más olas de calor que otros puntos del planeta debido a los cambios en los patrones meteorológicos derivados del cambio climático, pero hay más. El deshielo de montañas y glaciares europeos por la subida de las temperaturas reduce el efecto albedo, el reflejo de la luz en la Tierra por la reverberación de la nieve. Otro motivo es que la reducción de la contaminación del aire por el endurecimiento de las normas europeas, especialmente de aerosoles, permite que más radiación alcance el continente. Y el último es que el extremo norte del continente roza con el Ártico, la única zona del planeta que se calienta incluso más rápido que Europa debido al deshielo masivo.

Javi López, eurodiputado socialista y miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, considera que sí es momento de cerrar un "consenso" alrededor de la emergencia climática, y coincide en que "el primer paso es llevarlo como un punto a la agenda del Consejo Europeo" para que discutan urgentemente presidentes y primeros ministros. "El Consejo Europeo fija las prioridades políticas de la Unión Europea y es la máxima autoridad política. Lo que no llega ahí no existe como prioridad real", valora López.

Un impacto cercano a las peores semanas de la covid-19

El desencadenante de esta propuesta de los Verdes fue la excepcional ola de calor de finales de junio y las sucesivas, menos agresivas, del mes de julio. Según el Euromomo, el monitor de mortalidad de la Unión Europa, entre el 15 de junio y el 12 de julio se produjo una mortalidad extraordinaria de 21.455 personas.

Los datos de Eurostat sobre víctimas de la pandemia, revelan que lo ocurrido hace cuatro semanas es comparable a semanas muy duras de la pandemia, una crisis que provocó una respuesta inmediata y sin límites desde Bruselas. Por ejemplo, en marzo de 2020, el primer estallido del virus, fallecieron 52.774 personas en la Unión Europea, más del doble que durante la ola de calor de junio. Si bien el episodio de altas temperaturas afectó a muchos menos países y duró menos de dos semanas.

La necesidad de un plan de choque europeo, añaden los expertos, tendría que ir más allá de las olas de calor porque la crisis climática ha llevado también los incendios a una nueva dimensión. El año pasado ardieron más de un millón de hectáreas en Europa, y la mitad se quemaron en España. La tragedia de Los Gallardos (Almería), en la que murieron al menos 13 personas a comienzos de julio, o el reciente megaincendio de Guadalajara son otra prueba más de que incluso países acostumbrados a las llamas tienen dificultades para enfrentarse a lo que está por llegar.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, fue director durante la década pasada de FireLinks, un proyecto europeo que reunió a más de 30 países para intercambiar conocimiento sobre incendios, y subraya que es imperativo que los líderes europeos aúnen fuerzas en este momento. "Los países del norte de Europa nos están pidiendo ayuda para prevenir grandes incendios porque ya se enfrentan a condiciones climáticas mediterráneas. Si hacemos cumbres para comprar armas, cómo no vamos a hacer una cumbre sobre el calor", resume.

El uso nocturno de aire acondicionado y ventiladores ya se refleja en las estadísticas de demanda eléctrica del país, especialmente en las semanas de calor asfixiante. Según cifras de Red Eléctrica (REE), la demanda de luz durante las madrugadas ha crecido drásticamente en el último mes, y eso ha provocado un encarecimiento de la energía hasta alcanzar un máximo en cuatro años en el tramo situado entre las 00.00 y las 06.00 horas durante junio y julio.

Aunque el calor empezó a apretar a finales de mayo, las cifras parecen mostrar que los españoles esperaron a encender el aire acondicionado durante la noche hasta mediados de junio, y desde entonces el consumo no ha parado de crecer, tocando techo durante esta semana, cuando la península afronta su tercera ola de calor.

Solo teniendo en cuenta las horas comprendidas entre medianoche y las seis de la mañana, en la última semana (entre el 15 y el 21 de julio), la demanda media de electricidad cada hora fue de 27.593 MW, un 6,6% más que durante las madrugadas de la semana equivalente de junio y un 26% más que en las horas similares del mes de mayo.

El incremento del uso del aire acondicionado es lógico a medida que las temperaturas mínimas de la noche baten récords año tras año. Cada vez se registran más noches tropicales –en las que el momento más fresco de la madrugada no baja de los 20 ºC– y más noches tórridas –con mínimas siempre superiores a 25 ºC–. Según la Agencia Estatal de Meteorología, desde 1961 las mínimas han ascendido de media en España 2 ºC, y ya se producen hitos impensables hace unos años como la racha que vivió Almería a finales de junio de más de tres días seguidos con termómetros que no bajaron en ningún momento de 30 ºC.

Coincidiendo con este crecimiento del consumo, el recibo durante las madrugadas de este verano ha escalado sin parar desde comienzos de junio hasta alcanzar un máximo desde 2022. En la última semana, el precio medio de la luz entre las 00.00 y las 06.00 horas ha marcado de media 162,19 €/MWh cada hora en el mercado mayorista, al que luego hay que sumar peajes, cargos, otros costes e impuestos. Esa cifra es un 38,4% superior a la de la semana equivalente de junio y un 110% más que en mayo. Solo en 2022 la energía fue más cara de madrugada debido a que la guerra de Ucrania llevó el gas natural y la luz a unos precios nunca vistos.

Una de las razones de este encarecimiento es la subida del consumo de energía. El sistema eléctrico europeo está diseñado de tal forma que a más demanda –y en ausencia de energías renovables–, la electricidad es más cara, ya que hay que encender centrales de gas natural menos eficientes y más costosas, trasladando ese coste a la luz. Sin embargo, no es la única razón, porque en los últimos días también se ha vuelto a encarecer el gas por el recrudecimiento de la guerra en Irán y porque la producción de energía renovable cae en verano.

"Estamos entre las madrugadas más caras del histórico por el uso del aire acondicionado, pero también porque el precio del gas ha regresado a los niveles de marzo, justo después del inicio del conflicto, y porque la generación de energía eólica es un 28% menor estos días que en la media del año", señala Danny Salazar, director de la compañía energética Hello Watt. 

Aunque los días de ola de calor son los más duros de llevar, los datos de REE demuestran que cientos de miles de hogares encienden la refrigeración para dormir durante todo el verano a partir de mediados de junio.

Un equipo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se ha dedicado precisamente a calcular cuál es el nivel de calor que provoca en España un pico de consumo de aire acondicionado. No exclusivamente durante la noche, sino en general. Averiguar esta cifra es relevante porque permite prever con varios días de antelación un crecimiento importante del consumo energético en el país de cara a programar de manera óptima la generación y la demanda de energía y abaratar los costes del sistema.

Según Miguel Ángel Navas, investigador de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del ISCIII, el punto de inflexión no se produce en las olas de calor, sino 4,4 ºC por debajo de ese umbral –que varía en función de cada territorio– porque nadie espera a que los termómetros se disparen para poner a pleno rendimiento el aire acondicionado. O lo que es lo mismo, el límite de confort térmico de los españoles está 4,4 ºC por debajo del nivel de ola de calor. Estos datos corresponden a un estudio que todavía no ha sido publicado y que se encuentra en revisión.

El análisis también confirma que, con cifras de los últimos dos años, la demanda eléctrica sube de manera destacada en el país durante los días declarados como ola de calor. "En España, durante los veranos de 2023 a 2025, el consumo medio por contrato y día durante estos fenómenos aumentó un 23,6% respecto al resto de días del verano. Y el coste estimado de la factura aumentó todavía más, un 30,3%", afirma Navas.

La tercera ola de calor del verano comienza este martes y llevará de nuevo a millones de españoles a vivir en condiciones sofocantes, poniendo incluso en riesgo su salud. El aire acondicionado, una herramienta que salva miles de vidas cada año en España, solo está presente en la mitad de los hogares del país, según el INE, sobre todo entre los de altos ingresos, mientras que las familias vulnerables sufren un cóctel especialmente severo de altas temperaturas, viviendas antiguas y mal aisladas, y la presencia de niños o de personas mayores, más expuestos que el resto.

Las organizaciones que se dedican a acompañar y a ayudar a familias de bajos ingresos coinciden en que los casos que suelen atender en verano evidencian que el calor es un problema de salud pública en España. Charo Romero, de la Fundación Ecodes, trabaja en el programa Ni un hogar sin energía, donde atendieron a más de 18.000 familias el año pasado, y asegura que algunas de las casas que han visitado son inhabitables estos días. "Son viviendas en las que no se puede estar. Recuerdo una en el barrio de Delicias, en Zaragoza, donde vive una madre con un bebé y una niña. Temíamos que la pequeña llegase a deshidratarse por vivir ahí".

Aunque España sea uno de los epicentros del calor en Europa, el aire acondicionado es considerado un electrodoméstico de confort y buena parte de la población no tiene o reduce al mínimo su uso. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2021 solo el 49,6% de los hogares (9,3 millones) tenía en su casa uno o más aparatos. Es cierto que, en muchas comunidades autónomas, hasta hace unos pocos años no era necesario, pero la renta es sin duda un factor determinante. Según ese mismo estudio, solo el 40% de las familias que ingresan menos de 1.000 euros netos tiene refrigeración, lo cual no significa que la usen. A partir de 3.000 euros de ingresos, la presencia de aire acondicionado asciende ya al 61% de los casos. 

El trabajo de la Fundación Ecodes permite mirar en detalle cómo afrontan las olas de calor los hogares vulnerables. Como afirma Romero, no solo no tienen aire acondicionado, sino que sufren una "tormenta perfecta" de precariedad energética. De las 18.202 familias atendidas en 2025, el 81% no tenían su contrato de la luz optimizado –tenían contratada más potencia de la necesaria–, el 74% de quienes cumplían los requisitos para acceder al bono social eléctrico no disfrutaban de él y el 75% vivían de alquiler.

"Con unos ingresos medios de 943 euros mensuales entre las familias que atendíamos, la frase más repetida era: “O hago la compra o pago la factura de la luz”. Por lo que evidentemente no ponían el aire acondicionado. Además, tenían muchas veces contratadas las tarifas más caras y utilizaban electrodomésticos obsoletos que inflaban el consumo", resume Romero.

Estas familias son las que más sufrirán esta semana temperaturas que superarán los 40 ºC en España, y puntualmente entre 42 ºC y 44 ºC en el sureste peninsular, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología, con el pico de calor previsto para el jueves. El MoMo, el servicio de monitorización de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III, calcula que ya se han registrado en el país, desde el 1 de mayo, 2.496 muertes atribuibles al calor, casi las mismas que en todo el verano de 2025, cuando todavía quedan casi dos meses y medio para que termine el recuento del periodo estival.

El Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) publicó a comienzos de julio un estudio sobre la desigualdad en el acceso a la climatización en la provincia de Barcelona, donde denuncian que las rentas altas, además de acceder al aire acondicionado, disfrutan de viviendas más preparadas y de más zonas verdes, de manera que los ayuntamientos también han incrementado esta brecha de salud pública. 

Rubén Martínez, uno de los autores, define así lo que sería un ejemplo claro de víctima de la falta de climatización: "Podría ser una persona mayor que vive en La Florida (L'Hospitalet de Llobregat), en un último piso, que incluso no tiene ni ascensor, sin compañía de nadie y que no puede pagar el aire acondicionado. Esta persona no es consciente del peligro que corre en una ola de calor", resume el experto.

Martínez también recuerda un dato clave sobre aire acondicionado y salud. Según un estudio publicado en Environment International, el aumento de la presencia de refrigeración en los hogares redujo un 28,6% las muertes por calor y un 31,5% las muertes por calor extremo entre finales de los años ochenta y principios de la década de 2010 en España.

Las temperaturas astronómicas que se han alcanzado en los últimos veranos han multiplicado la presencia de organizaciones que trabajan para ayudar a estas familias, como el grupo ABD de pobreza energética, que surgió en 2012 para garantizar el confort doméstico durante el invierno, pero que ahora también trabaja en periodo estival.

Mònica Plana, directora de Inclusión y Pobreza y experta justicia energética de esta asociación, afirma que su principal trabajo consiste en asesorar a la hora de contratar una buena tarifa, solicitar el bono social, y buscar maneras de refrescar la casa en los casos en los que el aire acondicionado sea inviable, pero que el hecho de que la gran mayoría de las familias vivan de alquiler es un muro insuperable.

"La solución prioritaria es evitar que entre sol en casa mediante toldos o mejorar el aislamiento de la vivienda, porque si la casa se pone a más de 30 ºC, no haces nada con un ventilador. Pero todo esto depende del dueño de la casa, y si no está por la labor, tenemos un problema", reconoce Plana.

La guerra contra los cruceros se ha multiplicado en los últimos años en los puertos mediterráneos por la fortísima presión turística a la que someten a las ciudades costeras, llevando al límite los servicios públicos, encareciendo la hostelería y degradando la naturaleza. Un nuevo estudio denuncia además que estos navíos disfrutan de un agujero fiscal y los viajeros dejan sobre la economía local una fracción de los impuestos que pagarían si se hospedaran en la ciudad.

Según la organización Transport & Environment, un centro de estudios europeo que promueve el transporte limpio, un camarote con un precio de 100 euros la noche está sometido la mitad de impuestos que una habitación de hotel, y uno de lujo llega a pagar un 3% sobre el coste total de la factura, devolviendo a la población local una parte ínfima del impacto que producen. Esto ocurre porque estos alojamientos flotantes están exentos de la mayoría de impuestos (entre ellos, el IVA) por su condición de transporte marítimo, mientras que la tarifa de hotel incluye un 10% de IVA, además de otros tributos.

En general, calculan los expertos, una noche de hotel estándar en España está gravada con el 21% de impuestos, mientras que un crucero paga el 13%. En países del entorno la brecha es incluso algo mayor porque en Francia y en Italia los hoteles están gravados con el 24% y el 25% del total del precio de la noche –sumando IVA y otros impuestos– y los cruceros con el 9% y el 15%, respectivamente.Todos estos porcentajes corresponden a la comparación de un camarote y una habitación de 100 euros.

Este agujero fiscal no sorprende a quienes se han dedicado a estudiar el impacto de estas ciudades flotantes en la sociedad y la economía de las zonas turísticas, como la organización catalana Alba Sud, que ha seguido el rastro de estas compañías por todo el mundo. "Las grandes propietarias de cruceros están registradas en paraísos fiscales para eludir las normativas laborales internacionales y la fiscalidad", opina Carla Vizcara, investigadora de este centro. Por ejemplo, la famosa naviera Royal Caribbean tiene su sede fiscal en Liberia, mientras que Carnival Corporation y Norwegian Cruise están en Bermudas.

Para empezar, los cruceros están exentos de IVA porque se consideran un navío de pasajeros, de manera que están regulados por la normativa de transporte marítimo.

Pero también están libres de impuestos sobre el combustible que utilizan, se benefician de exenciones fiscales sobre beneficios y no pagan impuestos locales como el IBI, que sí abonan los hoteles. Sobre sus emisiones, Europa está en proceso desde 2024 de implementar un sistema de créditos ETS para barcos que les obliga a pagar por cada tonelada de CO2 emitida, pero en este momento no cubre ni una tercera parte de los costes ambientales derivados de la polución que emiten, según calcula T&E.

Es cierto que en algunos lugares estos ferrys están sometidos a una tasa turística fija por cada noche que hace el crucero en la ciudad de destino, pero en muchas ciudades de paso todavía no se ha implementado, o es una cantidad irrisoria en comparación con el impacto de este turismo. Por ejemplo, en las Islas Baleares supone dos euros por persona y día, lo mismo que en Lisboa, mientras que en Ámsterdam asciende a 15 euros. En Barcelona se acaba de aprobar una tasa especial de 24 euros diarios para barcos que pasen menos de 12 horas amarrados.

Como la gran parte de los impuestos que pagan los turistas son fijos, como las tasas locales para los visitantes, los cruceros de lujo son los que abonan menos impuestos porcentualmente. Por un camarote de 500 euros la noche, se paga de media un 3% de impuestos. "Esta cifra pone de manifiesto que los turistas más adinerados, que pueden permitirse unas vacaciones de lujo en el mar, aportan una cantidad desproporcionadamente baja a las finanzas públicas", concluye el informe.

Al mismo tiempo que hacen una aportación mínima, su impacto ambiental e incluso sanitario es muy fuerte sobre los destinos de paso. El mismo estudio de T&E calcula que entre gases de efecto invernadero y contaminantes del aire dañinos para la salud, externalizan cada año en España un coste de entre 374 millones y 617 millones de euros. Y asciende a entre 794 y 1.300 millones si se suma Francia e Italia. Las consecuencias son costosas porque no solo emiten dióxido de carbono; también óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y micropartículas variadas de polvo, dañando la salud de los vecinos en grandes áreas. 

Carla Vizcara hace hincapié también en el impacto social de los "megacruceros" que amarran el puerto de Barcelona, donde tiene la sede su organización. Por esta ciudad hicieron escala el año pasado cuatro millones de pasajeros que llegaron en 895 cruceros. "Son un enorme volumen de personas que saturan el centro de la ciudad y toman autobuses en una ruta muy estipulada, afectando también al transporte público. Llegan, hacen un consumo muy rápido de la ciudad y dejan un beneficio económico limitado", afirma.

Bosco Serrano, uno de los autores del estudio de T&E, propone que para compensar este agujero fiscal, se retire la exención de IVA para los cruceros y se elimine la exención para estos barcos del impuesto sobre el combustible. Asimismo, reclaman una tasa general de 15 euros por persona y noche que se hospede en estos hoteles flotantes en España, Francia e Italia, una medida que recaudaría 335 millones de euros al año entre los tres países.

"Nosotros proponemos una tasa de 15 euros por cada puerto en el que paren. Y aun así no sería ni mucho menos suficiente para contrarrestar la huella ambiental de los cruceros. En España seguiría habiendo una brecha de 356 millones de euros entre los ingresos que generarían y los daños que provocan", mantiene Serrano. Para un pasajero, ese pequeño impuesto sería insignificante a la hora de decantarse por sus vacaciones, según los investigadores, en comparación con los costosos servicios que ya abonan en el barco, como los packs de Wi-Fi de alta velocidad, que suelen rondar los 20 euros diarios.

Las olas de calor constituyen uno de los riesgos climáticos más relevantes para las ciudades mediterráneas en el contexto del cambio climático. El aumento de la frecuencia, intensidad y duración de los episodios de temperaturas extremas afecta especialmente a los entornos urbanos, donde el fenómeno de la isla de calor incrementa, aún más, las temperaturas respecto a las áreas rurales circundantes

Las olas de calor tienen consecuencias significativas sobre la salud humana, el consumo energético, la calidad del aire y el bienestar social. Los grupos más vulnerables incluyen a las personas mayores, a los niños, a las personas con enfermedades crónicas y a la población con menores recursos económicos. En España, se estima que solo en el verano de 2022 fallecieron más de 11 000 personas por episodios atribuibles al calor y en Europa, entre 2022 y 2024, la cifra alcanzó las 181 000 personas.

La configuración urbana influye directamente en la distribución espacial de las temperaturas. La abundancia de superficies impermeables, el predominio de materiales con alta capacidad de absorción térmica y la escasez de vegetación favorecen la acumulación de calor durante el día y su liberación lenta durante la noche. Como resultado, determinados barrios presentan una mayor exposición al estrés térmico.

Ante este escenario, surge el concepto de refugio climático como una estrategia de adaptación urbana, que ofrece condiciones ambientales más confortables durante episodios de calor extremo gracias a la presencia de sombra, vegetación, agua y diseño bioclimático.

Estos espacios reducen la temperatura ambiente, proporcionan refugio temporal a la población y pueden encontrarse en parques urbanos, jardines, corredores verdes, plazas arboladas, patios escolares adaptados o equipamientos públicos acondicionados para ofrecer confort térmico. Su función no es solo reducir la temperatura, sino también mejorar la salud, favorecer la cohesión social y aumentar la resiliencia urbana frente al cambio climático.

Desde la planificación urbana, los refugios climáticos pueden clasificarse en tres categorías: refugios verdes (parques, jardines y corredores ecológicos), refugios azules (espacios asociados al agua, fuentes, láminas de agua y zonas húmedas urbanas) y refugios interiores climatizados (bibliotecas, centros culturales, centros de mayores y equipamientos públicos).

Por otro lado, las soluciones basadas en la naturaleza también contribuyen a mitigar el calor. Entre ellas destacan el incremento del arbolado urbano para proporcionar sombra y enfriamiento mediante evapotranspiración, la creación y ampliación de parques y zonas verdes, el desarrollo de corredores ecológicos que conecten espacios verdes y faciliten la circulación del aire, la implantación de cubiertas y fachadas vegetales en edificios, la recuperación de cursos de agua urbanos y elementos de agua adaptados al contexto climático local y la renaturación de espacios degradados y superficies impermeabilizadas.

Estas medidas generan beneficios múltiples, entre ellos la reducción del efecto isla de calor, la mejora de la biodiversidad urbana, la captura de carbono, la regulación hídrica y el aumento del bienestar psicológico de la población.

Madrid ha comenzado a incorporar estrategias de adaptación climática basadas en la naturaleza mediante iniciativas de renaturalización y ampliación de la infraestructura verde urbana. Espacios como Madrid Río, Casa de Campo y Parque de El Retiro desempeñan un papel fundamental como áreas de regulación térmica y refugio climático. Asimismo, diversos proyectos municipales promueven la plantación de árboles, la mejora de patios escolares y la creación de itinerarios peatonales más confortables frente al calor.

No obstante, persisten desafíos relacionados con la distribución desigual de las zonas verdes entre distritos, la disponibilidad de agua para el mantenimiento de la vegetación y la necesidad de integrar criterios climáticos en todas las escalas del planeamiento urbano. Todavía no se dispone de una red única y plenamente consolidada de refugios climáticos por distritos. Sin embargo, desde 2025, el Ayuntamiento ha impulsado distintos espacios identificados como refugios climáticos, apoyándose en bibliotecas, centros culturales, centros de mayores, equipamientos municipales y grandes parques urbanos.

Madrid muestra una desigual distribución de los refugios climáticos. Los distritos periféricos con mayor presencia de zonas verdes (Moncloa-Aravaca, Fuencarral-El Pardo o Barajas) presentan mejores condiciones de confort térmico que los distritos densamente urbanizados como Centro, Tetuán, Usera o Puente de Vallecas.

Los refugios climáticos y las soluciones basadas en la naturaleza emergen como herramientas eficaces para reducir la vulnerabilidad térmica y mejorar la calidad de vida de la población. La expansión de la infraestructura verde, la renaturación de espacios urbanos y la creación de refugios climáticos deben considerarse elementos fundamentales de las estrategias de adaptación urbana sostenible, contribuyendo a construir una ciudad más resiliente, saludable y habitable ante los desafíos climáticos futuros.

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Julián Briz Escribano es Catedrático emérito, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Isabel de Felipe Boente es Profesora jubilada de Economía y Desarrollo, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

No hay duda de que lo que ocurrió en Los Gallardos (Almería) este jueves fue fruto de una combinación mortífera de meteorología con orografía. Calor y rachas muy fuertes de viento, combinados con poca humedad y vegetación abundante y seca ubicada en una zona de barrancos. El resultado de ese cóctel fue un incendio rápido, muy rápido, que cogió desprevenidos a docenas de vecinos, causando al menos 12 fallecidos. A estas condiciones, que no podían evitarse, se sumó un cuerpo de bomberos forestales lastrado por la falta de personal y de inversión de la Junta de Andalucía.

Sobre las condiciones físicas del incendio, Emilio del Pino, uno de los bomberos que trabajó durante toda la noche del jueves entre las llamas, describe un escenario extremo. "El fuego corría como nunca he visto en 34 años como bombero", asegura este profesional, que trabaja en una brigada de refuerzo y se desplaza a incendios de toda Andalucía. A esta voracidad se sumó que la zona está llena de ramblas con desniveles y recovecos, el típico escenario en el que las llamas saltan con facilidad, los helicópteros antiincendios tienen muchas dificultades para actuar y la maquinaria pesada, como los bulldozer, no pueden intervenir.

Del Pino también destaca la abundancia de cortijos desperdigados por el campo y la presencia de pequeñas urbanizaciones donde la población queda atrapada con facilidad. "Creo que pilló desprevenido a mucha gente. Nuestro trabajo durante la tarde del jueves fue, de hecho, proteger estas casas y aldeas", explica el forestal.

Todos los esfuerzos se centran ahora en controlar el incendio y encontrar a la veintena de desaparecidos. En general, dentro del cuerpo prefieren esperar para exigir responsabilidades por la catástrofe, pero algunos de estos bomberos no pueden dejar pasar que el INFOCA –el dispositivo antiincendios de la Junta de Andalucía– no estaba ni mucho menos preparado para esta temporada de incendios.

Todos los profesionales consultados coinciden en que los retenes –los grupos en los que se divide el cuerpo de intervención terrestre–, que deberían tener siete miembros, están trabajando con tres, cuatro o cinco personas. 

"Los compañeros que han estado en primera línea de Los Gallardos coinciden en que falta personal", afirma Jesús Gil, bombero forestal destinado en Almería y miembro del sindicato CGT. Según explica, si un retén debe tener un conductor de camión, que no siempre puede actuar, y un jefe de grupo que coordina, sufrir un déficit de dos o tres efectivos por la falta de inversión del Gobierno autonómico significa dejar al retén prácticamente sin manos. "Tenemos el INFOCA desmantelado", resume Gil.

También denuncia esta falta de personal el veterano Emilio del Pino, sindicalista de UGT. "Hay retenes que llegan a tener tres componentes de siete, y esos son directamente inoperativos y tienen que unirse a otras unidades. Todavía falta bastante personal", valora. El cuerpo debía estar al 100% el 1 de junio, cuando comienza la época de alto peligro de incendios del plan andaluz. 

La postura oficial de UGT Bomberos Forestales en Andalucía es que "la gestión del incendio ha sido adecuada y que la actuación está siendo sumamente rigurosa y profesional", pero que el cuerpo está incompleto y hacen falta refuerzos para hacer frente a incendios simultáneos en diferentes provincias. "Tendremos la oportunidad de abordar cualquier posible error más adelante", concluyen.

En este caso, el fuego de Almería ha coincidido con otro destacado en Benahavís (Málaga) y tres más pequeños en Sevilla, Córdoba y Huelva. "Venimos denunciando durante un tiempo la importancia de que el dispositivo INFOCA esté completamente operativo, cosa que actualmente no ocurre", subrayan desde el sindicato.

La denuncia de precariedad, que se repite en muchas otras comunidades autónomas, no es exclusiva de la provincia de Almería, sino que es extensible a toda la comunidad y viene de años atrás. Alejandro Yáñez, bombero de las brigadas helitransportadas del INFOCA, no ha acudido a Los Gallardos porque estaba esta semana en el fuego de Benahavís, pero también apunta a los mismo problemas en esa zona.

En Andalucía hay tres brigadas helitransportadas en total, cada una integrada por 11 efectivos, y esta semana cumplen el requisito. "Pero si me llegas a llamar hace mes y medio, cuando nosotros ya estábamos activados al 100%, teníamos un helicóptero con dos personas, otro con cinco y el mío con ocho", asegura Yáñez.

"Al final, todo suma. Hay tragedias que seguirían sucediendo con 20.000 bomberos, pero cuantas más manos, antes se resuelve. A veces es desesperante porque nosotros nos dejamos todo en el monte, pero simplemente no hay recambios para cuando acaba nuestro turno", añade.

Otro debate que se ha abierto este viernes es sobre la decisión de la Junta de Andalucía de no enviar en mensaje de alarma móvil ES-Alert a la zona afectada por las llamas cuando se supo del peligro que corrían los vecinos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, justificó la decisión en que "mandar un solo mensaje era generar confusión" porque, en función de la zona, unos afectados debían evacuar sus casas y otros refugiarse en ellas.

Los bomberos denuncian también la falta de medidas de prevención durante los meses de frío, como talar, podar o construir cortafuegos, ya que un 40% del cuerpo INFOCA se queda sin trabajo fuera de la temporada alta. En las inmediaciones de Los Gallardos, como en buena parte del país, el extremo calor de estos días ha secado el combustible en forma de pasto y matorral que brotó del suelo gracias a las intensas lluvias de este invierno. Según los mapas de riesgo de incendio forestal de Aemet, el municipio de Los Gallardos lleva desde el día 5 de junio en riesgo "extremo", la categoría más alta.

Toda la actualidad y la última hora del incendio y de las reacciones

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) eleva su balance provisional a 12 personas fallecidas y 23 sin localizar en una jornada marcada por el viento, que ha avivado el fuego, y por el inicio de batidas de la Guardia Civil, aunque sin rastro de momento de nuevas víctimas.

El Instituto de Medicina Legal de Almería ha recibido seis de los 12 cadáveres confirmados y los equipos forenses trabajan en el levantamiento de los seis restantes, una tarea sumamente compleja por las dificultades del terreno.

Según el denominado Centro Integrado de Datos (CID), ninguna persona fallecida ha sido identificada aún.

Tras practicarse las primeras autopsias, las muestras biológicas serán trasladadas esta misma noche en helicóptero a la sede central de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid para su análisis genético. La investigación judicial del siniestro la ha asumido el Tribunal de Instancia 3 de Vera (Almería).

Respecto al balance de heridos, se mantiene la cifra de ocho personas: cuatro de mayor gravedad, que presentan quemaduras severas y han sido trasladados en helicóptero a la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y otros cuatro que reciben asistencia médica en Almería.

El Gobierno andaluz ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas del incendios, que ha quemado ya unas 3.200 hectáreas.

El incendio evoluciona de forma favorable en la parte oriental, pese a que el viento sigue siendo intenso y ahora preocupa la zona oeste, más abrupta, porque las llamas se dirigen hacia El Marchal, según ha explicado esta tarde el responsable del grupo de intervención, David Rodríguez.

Mientras prosiguen las tareas de extinción, se registran vientos sostenidos del suroeste de entre 20 y 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros.

Aunque "queda mucho trabajo", la mejor evolución con respecto a esta mañana se está dando en la parte más oriental, la más próxima a la autovía, donde los especialistas han practicado lo que denominan 'fuego técnico', que está "dando resultados".

La evolución ha obligado a ejecutar medidas como la evacuación preventiva de unas 50 personas en la zona de El Marchal, en Lubrín, y el corte por segunda vez de la autovía A-7 entre los kilómetros 709 y 714 en dirección a Almería, además de la carretera autonómica AL-6109.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha defendido la decisión de la dirección de emergencias de no emitir un mensaje masivo a través del sistema ES-Alert.

Los técnicos consideraron que un aviso global de este tipo habría generado "mucha más confusión que acierto", ya que las instrucciones que debían seguirse eran distintas según la ubicación de los afectados: confinamiento en unos casos y evacuación por rutas específicas en otros.

Moreno también se ha referido, desde el Puesto de Mando Avanzado, situado en Turre (Almería), a la falta de precisión de este sistema en una zona que no cuenta con total cobertura móvil y al hecho de que tres estaciones base de telefonía cayeran por el fuego.

Las autoridades han insistido en que los avisos se hicieron de manera personal y "puerta a puerta", aunque constataron que algunos residentes desoyeron las indicaciones de confinamiento o evacuación.

Distintos testimonios recogidos por EFE describen una 'zona cero' de orografía escarpada y alta dispersión urbanística, con cortijos, viviendas turísticas y parajes como el Centro Budista Rigdzin, poblada en su mayoría por turistas o extranjeros de avanzada edad que dependían del GPS y se vieron sorprendidos por las llamas en caminos rurales.

La Comisión Europea (CE) ha activado su servicio satelital Copernicus para proporcionar mapas e imágenes que ayuden a evaluar los daños y monitorizar el perímetro.

La magnitud de la tragedia ha motivado una gran respuesta institucional y política, como la del rey Felipe VI, quien ha transmitido su pésame desde San Javier (Murcia) y ha suspendido su permanencia en el acto para regresar de inmediato a Madrid.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, se han desplazado esta tarde a la zona afectada.

La industria electrointensiva lleva años denunciando la paradoja que vive España con los precios de la luz. Por una parte, el país produce una energía mucho más barata y limpia que la mayoría de sus vecinos europeos. Sin embargo, a final de mes, la factura que pagan estos fabricantes es mayor que la de la competencia porque soporta costes extra y más impuestos, al mismo tiempo que recibe menos ayudas.

Fabricantes de metales, de vidrio o de gases industriales, algunos de los sectores con mayor consumo eléctrico en España, han pagado de media en 2026, hasta junio, un 8% más por la luz que sus rivales alemanes, según calcula la consultora británica Aurora Energy Research. La brecha es todavía mayor con Francia, donde el recibo ha sido un 49% más barato para estas fábricas. En concreto, un consumidor electrointensivo español ha pagado en la primera mitad del año de media 72 euros/MWh por la luz, frente a 66 euros/MWh en Alemania o 37 euros/MWh en Francia.

El producto base, la electricidad, tiene un precio relativamente asequible en España, pero la clave está en que a ese coste hay que sumarle otros extra que terminan rompiendo la balanza, como resumió en una presentación celebrada este jueves Maria Pérez-Tabernero, analista de Aurora. "Aunque el coste medio de la luz no es tan alto en España, perdemos competitividad al añadir todos los componentes al recibo. O dicho de otra manera, hay un desacoplamiento entre el precio de la luz y el precio final que pagan los electrointensivos", afirmó.

Por una parte, España incorpora sobre el precio de la luz el coste de las restricciones técnicas del sistema, las medidas que cada día ejecuta el operador del sistema, Red Eléctrica, para mantener estable la tensión. La inestabilidad creciente de la red eléctrica en los últimos años –siendo el apagón de abril de 2025 el máximo exponente– ha encarecido drásticamente este servicio, hasta llegar a suponer el año pasado un 16,1% del precio base de la luz. También hay que sumar los peajes y cargos de la red, que son excepcionalmente altos en España por el histórico déficit de tarifa que arrastra el país y por los pagos a las primeras renovables acogidas al programa Recore.

La suma de los servicios de ajuste, los peajes, los cargos y el impuesto especial sobre la electricidad añade 28 euros/MWh al coste de la factura de la luz para las empresas electrointensivas españolas. Los datos no están totalmente actualizados porque en marzo el Gobierno rebajó un 80% los peajes a los electrointensivos para compensar el pico en los precios de la luz por la guerra de Ucrania, pero incluso con esa reducción, la diferencia con los principales socios europeos sigue siendo notable. En Alemania solo pagan por estos conceptos 4 euros/MWh y en Francia, 2 euros/MWh. Es aquí donde comienza el desequilibrio.

Pero además hay que sumar que la industria de los gigantes europeos disfruta de un mecanismo de ayuda en la factura mucho más cuantioso que en España. La Comisión Europea permite a los estados miembros utilizar una parte de sus ingresos por el mercado de emisiones de CO2 –el conocido como sistema ETS– para apoyar a sus fábricas electrointensivas a pagar el recibo de la luz. Como el ETS encarece la electricidad y penaliza a la industria, parte del dinero recaudado por esa vía se destina a subvencionar a esas empresas y evitar que sectores susceptibles de mudarse a terceros países, como las fábricas de azulejos, abandonen la Unión Europea.

El problema es que España, según se observa en los cálculos de Aurora, destina menos recursos que sus competidores europeos a estas compensaciones. Al fin y al cabo, ese fondo nacional del mercado de emisiones es limitado, y se utiliza también financia programas de eficiencia energética en oficinas y fábricas, instalación de paneles solares en zonas rurales o sustitución de calderas contaminantes, entre otras actuaciones.

Alemania ha dedicado este año, hasta junio, parte de este fondo nacional proveniente del ETS para descontar 39 euros/MWh en la factura a su industria electrointensiva, y Francia lo ha hecho con 27 euros/MWh, mientras que España ha rebajado 18 euros/MWh a sus fabricantes, rompiendo definitivamente la balanza.

La patronal reclama cambios

El cálculo de la consultora para este semestre coincide con las cifras que da la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), formada por fabricantes electrointensivos españoles, que lleva años pidiendo equiparar costes con otros países del entorno. Este paso, argumentan, es imprescindible para que despegue la industria y aumente el consumo de luz en la península, que lleva seis años cayendo a un ritmo del -0,6%. 

"En otros países tienen una factura mucho más competitiva", se queja Pedro González, director general de AEGE. "El precio de la luz en Francia es similar al nuestro, pero como se ahorran los servicios de ajuste y tienen compensaciones por las emisiones, la diferencia de competitividad es brutal. Y por el lado de Alemania, teniendo la luz un 50% más cara, terminan pagando menos que aquí", subraya el portavoz.

Su propuesta es que el Gobierno lleve al máximo las compensaciones de factura que permite el sistema de emisiones ETS, que en este momento supone en España dos tercios de la compensación máxima permitida, con unos 600 millones de euros en 2026. También propone suprimir cuanto antes el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE), que originalmente era del 7%, una medida que el Gobierno ya confirmó a finales de junio que está en marcha, con una rebaja temporal hasta el 5% que se irá incrementando progresivamente hasta su desaparición definitiva en 2028. Por último, el director de la patronal solicita una reforma completa de los peajes de la electricidad, aunque esta exigencia parece completamente descartada por ahora.

Los cuatro acuerdos firmados por PP y Vox este año para gobernar conjuntamente Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Aragón no solo coinciden en la idea de la “prioridad nacional” impuesta por el partido ultra: ninguno de ellos hace una mínima mención al cambio climático o a la contaminación atmosférica. La excusa para no abordar estas dos amenazas es que se trata de cuestiones "ideológicas", cuando en realidad las comunidades autónomas tienen las competencias sobre la política sanitaria, la protección civil, la calidad del aire y la protección del medioambiente, cuatro cuestiones inseparables de la emergencia climática.

Ninguno de los cuatro pactos firmados hasta ahora recoge el término "cambio climático" y solo se hace referencia a las políticas verdes como un muro que frena la economía y que pone trabas al campo y la industria. Los textos tampoco recogen medidas para abordar el calor sofocante, a pesar de que el verano pasado se registraron 3.832 muertes por altas temperaturas. La única promesa cercana a este asunto es la de climatizar los colegios. La contaminación del aire tampoco apela a PP y Vox, a pesar de que cuesta cada año más de 800 millones de euros al sistema sanitario español solo en visitas a Urgencias.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, opina que el medioambiente es la principal víctima del acercamiento entre los dos partidos, junto con la inimigración. "Es una moneda de cambio para las alianzas. Antes, el PP tenía un discurso retardista, pero reconocía el cambio climático. Ahora, ha decidido asumir el negacionismo de Vox para cerrar los acuerdos de gobierno", afirma.

Más sorprendente es, según Saldaña, que Andalucía haya cerrado un pacto ausente de medidas climáticas días después de una espectacular ola de calor que ha dejado numerosos récords en los termómetros y, hasta este lunes, más de 1.258 muertes atribuibles a las altas temperaturas. Tampoco se recogen propuestas de apoyo a la climatización o al pago de facturas de energía, donde las comunidades autónomas también tienen competencias, ni de prevención de incendios forestales, pese a las quejas por precariedad de los bomberos andaluces.

Precisamente, de los cuatro acuerdos, el de Andalucía es el que más ataca todo lo relacionado con el medioambiente, algo que sorprende por el perfil del reelegido presidente, Juanma Moreno, quien supuestamente abanderaba la política de la moderación.

En el texto firmado el jueves con Vox, Moreno promete suprimir solo tres impuestos en la próxima legislatura, y todos ellos son ambientales: el recargo sobre las bolsas de plástico, el de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y el de vertidos a aguas litorales. También modificará la ley de cambio climático andaluza para eliminar cualquier coste que penalice a la economía autonómica y "se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas" relacionadas con el cambio climático.

A un acuerdo similar llegó Jorge Azcón, el presidente aragonés del PP, cuando pactó con Vox en abril la eliminación o rebaja de tres impuestos, y los tres son también medioambientales: la tasa sobre las aguas residuales, la de emisión de contaminantes a la atmósfera y el gravamen medioambiental sobre las grandes áreas de venta. El primero se reducirá y los otros dos se eliminarán.

En Andalucía, Aragón y Extremadura, el PP y el partido de Santiago Abascal también se han comprometido a realizar un intenso trabajo de desregulación sobre las áreas naturales protegidas, como la Red Natura 2000 o las zonas ZEPA (zona de especial protección para las aves). Estas modificaciones irán desde redibujar los mapas de protección a simplificar la normativa para "compatibilizar la protección del medio natural con el desarrollo económico".

Lo que puede parecer una frase genérica y poco clara, que pasa desapercibida entre docenas de puntos más, podría suponer de aquí a cuatro años una amenaza real para lugares emblemáticos del patrimonio natural. El mejor ejemplo está en Baleares, donde PP y Vox se pusieron de acuerdo hace unos meses para aprobar una ley ómnibus que abre la puerta a ampliar el tamaño de los chiringuitos de playa y a desarrollar nuevos usos recreativos en zonas protegidas de costa, como clubes de windsurf, tumbonas de pago o motos acuáticas.

Joan Pere, portavoz de Menys Turisme, Més Vida, una organización vecinal balear, afirma que la coalición de derechas en su comunidad legisla para los empresarios hosteleros y amenaza la conservación de las playas del archipiélago. "Han flexibilizado la ley para abrir la puerta a nuevos negocios que evidentemente tienen un impacto en el medioambiente. Más chiringuitos significa más turismo, más residuos y más gente colándose en las dunas protegidas", señala. Para reivindicar su oposición, este domingo organizaron una cadena humana en el Parc Natural de es Trenc-Salobrar de Campos (Mallorca), una de las playas donde se espera que aterricen nuevos negocios y que hasta ahora estaba ampliamente protegida.

Aunque los pactos de Gobierno no mencionan la emergencia climática, es imposible para PP y Vox ignorar las consecuencias que esta tiene en la sociedad y la economía, como queda patente en los acuerdos programáticos. Por ejemplo, el de Aragón recoge inversiones para modernizar las pistas de esquí y sus máquinas de nieve "para así garantizar temporadas más estables y duraderas y poder generar nieve a mayores temperaturas", ya que en los Pirineos la temporada cada vez comienza más tarde porque los inviernos son más cortos y cálidos.

La obsesión de estos partidos por el fomento del regadío y de los trasvases también responde al hecho de que las precipitaciones se han vuelto más extremas en los últimos 20 años, extendiendo los periodos de sequía y amenazando la viabilidad de los cultivos de secano, otra consecuencia del cambio climático. Los incendios forestales también ocupan este año un espacio considerable en estos acuerdos de gobierno, después de que en 2025 se registrase el mayor número de hectáreas quemadas en lo que va de siglo.

Las olas de calor y los episodios de altas temperaturas son cada vez más frecuentes y su intensidad es cada vez mayor a causa del cambio climático. También en Galicia. En mayo y junio sufrimos ya varias semanas con récords de temperatura en muchas localidades. El fenómeno se repetirá este fin de semana en la mayor parte del país, anticipando un verano y un futuro inmediato en el que el calor (y sus consecuencias para la salud) serán noticia y exigirán actuaciones a las administraciones. Por ejemplo, con la creación de refugios climáticos, de momento inexistentes en Galicia. El pasado mes de enero se anunció la creación en Ourense del primer espacio de este tipo.

Los refugios climáticos son espacios en edificios públicos (bibliotecas, centros culturales, escuelas, centros cívicos, iglesias...) o en el exterior (parques, jardines...) que ofrecen confort térmico durante los períodos de altas temperaturas, bien porque están climatizados o porque permiten estar a una temperatura inferior gracias a contener árboles o espacios de sombra. Están pensados sobre todo para la infancia y para las personas de mayor edad, que son quienes más sufren los efectos de las temperaturas elevadas.

Greenpeace ha publicado el informe Ciudades al rojo vivo, en el que analiza la existencia de estos espacios en las 50 capitales de provincia del Estado. En el documento destaca la carencia de refugios climáticos públicos en las cuatro capitales provinciales gallegas, en contraste con lo que sucede en otras comunidades autónomas. Los refugios climáticos son más habituales en ciudades de territorios meridionales o mediterráneos que sufren altas temperaturas, como Barcelona, Murcia, Málaga o Lleida. Pero, ojo, también son numerosos en zonas del norte, como el País Vasco (cerca de 300 en sus tres capitales provinciales) o La Rioja.

La organización ecologista destaca que solo 1 de cada 3 capitales de provincia en el Estado cuenta en la actualidad con esta medida, con redes más numerosas en Euskadi y Catalunya y su total ausencia en Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares.

“El verano que conocíamos ya no existe. El calor es un problema de salud pública que cada año mata en España a miles de personas y no estamos respondiendo a la velocidad que el cambio climático nos impone, ni para frenarlo ni para adaptarnos a sus impactos”, alerta Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace, que señala que “los refugios climáticos son una medida efectiva a corto plazo para proteger a las personas del calor extremo”.

Sin embargo, estos son aún muy escasos, su número no ha crecido lo suficiente en el último año y, además, en algunas ciudades “existen refugios aislados o en número insuficiente, que no se consideran en el análisis al no constituir una red que permita a la población tener acceso a protección de forma equitativa”.

El documento destaca que “el norte ya no es un destino para escapar del calor”, pues “durante los momentos de altas temperaturas de mayo y la ola de calor de junio, sus ciudades destacaron por las constantes alertas rojas sanitarias” y, a pesar de ello, “Oviedo, Santander, Lugo y Santiago no cuentan con ningún refugio climático”.

Greenpeace destaca que “horarios, espacios inadecuados y no tener en cuenta a la ciudadanía son las tres principales barreras que lastran la efectividad de los refugios climáticos”. La organización subraya que estos espacios deben abrir todos los días de la semana y durante todo el día (especialmente durante el mediodía y las tardes).

En el caso de los espacios, critica la existencia de refugios sin zonas de descanso, agua o, en el caso de exteriores, sombra suficiente. También existen espacios cuya catalogación como refugios “resulta cuestionable”, como sucede con las estaciones de transporte, o sin gratuidad clara como mercados, museos y espacios comerciales.

En cuanto a los ejemplos positivos, destacan, sobre todo en Cataluña, los microrrefugios, espacios donde el pequeño comercio de barrio participa en la protección de la ciudadanía de forma gratuita. Otra buena práctica es la apertura de patios escolares a la comunidad para su uso como refugios, una medida que, a pesar de las limitaciones de horario, “refuerza la necesidad de adaptar los centros educativos para transformarlos en verdaderos refugios climáticos por su potencial de proteger a todo un barrio más allá de las horas lectivas”.

La reciente ola de calor ha llevado al límite a decenas de millones de europeos no acostumbrados al calor. Hospitales colapsados, trenes cancelados, ríos urbanos convertidos en piscinas o colegios desalojados. Son imágenes que se han repetido a lo largo de todo el continente. La falta de aire acondicionado en hogares, oficinas, edificios estatales y el transporte público comienza a verse ya como una amenaza de salud pública en verano, lo que podría traducirse en la instalación de millones de aparatos de climatización en la próxima década.

Esta transición supone paradójicamente engordar el problema, según los expertos, ya que estos aparatos contribuyen a incrementar el efecto isla de calor de las ciudades debido a que el compresor expulsa aire caliente fuera del edificio. También supone un fuerte incremento del consumo eléctrico que en muchos países debe ser compensado con mayor generación con gas natural o carbón, acelerando el cambio climático, que es, a su vez, el origen del problema.

"Es una dicotomía, desde luego", resume Ana Terra, investigadora del Basque Centre for Climate Change. "Es imprescindible para proteger a la población vulnerable y debería estar en colegios, residencias y hospitales, es una cuestión de supervivencia. Pero también son una fuente de calor dentro de las ciudades y de emisiones de CO2", añade. Según su opinión, no es factible que todos los hogares tengan aire acondicionado porque sería contraproducente, sino que hay que a gran escala habría que apostar por soluciones más sostenibles.

Sin embargo, las opciones que dan la arquitectura o los expertos en eficiencia energética para afrontar las canículas deben implementarse a gran escala, con ayudas públicas y mediante planes de actuación escalonados. En los últimos cinco años, los proyectos de rehabilitación de edificios han demostrado que prácticamente nadie tiene intención de aventurarse a realizar estas reformas millonarias, y cuando se ha intentado, ha habido cuellos de botella porque la mano de obra es limitada.

Nazaret Ruiz, profesora del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Cádiz, también opina que hace falta apostar por planes alternativos al aire acondicionado para evitar engordar el problema todavía más. "Los edificios ya consumen el 40% de la energía global y producen el 30% de las emisiones. Tenemos un objetivo de cero emisiones en 2050, ¿cómo pensamos cumplirlo con más aire acondicionado?", cuestiona la experta.

En su caso, propone una construcción inteligente sacando provecho a la orientación para evitar el sol directo en las horas centrales, maximizar la vegetación urbana, instalar toldos –mejor que persianas– para que la luz no llegue a la fachada y utilizar ventiladores de bajo consumo cuando sea necesario. "Pero si llega el calor y todo esto no se ha contemplado, cada uno mira para sí mismo y termina tirando del aire acondicionado", resume Ruiz.

Los problemas asociados a la refrigeración, sin embargo, no parece que vayan a frenar el crecimiento astronómico de estos aparatos en el mundo. La Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) equipara el aire acondicionado con los coches eléctricos, los electrodomésticos o los centros de datos como los principales responsables del crecimiento de la demanda eléctrica global.

Si bien es cierto, será en los países en desarrollo donde más se instalarán simplemente por el crecimiento económico de estas regiones, donde la población se acomodará, pero el cambio climático será responsable de 170 gigavatios (GW) de demanda extra en refrigeración, y en los años más cálidos habrá un consumo añadido de 270 GW. "Estos aumentos acumulados elevarían la demanda máxima [eléctrica global] en más de un 15% para 2035 con respecto al nivel actual", calcula la IEA en su informe anual de 2025.

Este consumo añadido, unido al calor sofocante de los veranos actuales, golpeará también por diferentes frentes a las redes eléctricas, con el consiguiente encarecimiento de la luz para los consumidores, como subraya José Pablo Chaves, investigador energético de la Universidad Pontificia Comillas.

Por una parte, el propio aumento de la demanda energética provoca que más plantas de generación tengan que ponerse en marcha, instalaciones menos eficientes y más contaminantes que venden su electricidad más cara. Mientras que las mayores temperaturas provocan averías en la red y pueden inhabilitar centrales nucleares, como ocurrió la semana pasada en Francia, contribuyendo también al encarecimiento de la luz.

"El incremento de la dependencia del aire acondicionado supone y supondrá un encarecimiento de la energía generalizado. Aunque hay países con energías renovables con ventaja, como España, donde el incremento del consumo de luz coincide con las horas centrales del día, que es cuando más energía renovable se produce, de manera que ambas situaciones se acoplan y el impacto se reduce. Otros países, sin embargo, tienen que tirar de gas para compensar la situación", opina Chaves.

Este problema sobre los precios no es un escenario futuro, sino que se reconoce claramente esta semana observando los precios de la electricidad en Europa. La ola de calor se ha desplazado al centro del continente y golpea en este momento Alemania, donde el coste de la luz en el mercado mayorista marcó este lunes, a las 17:15 horas, 693,47 euros/MWh y, en Bélgica, 946,29 euros/MWh. En ese momento, la luz en España y Portugal costaba 128,08 euros/MWh.