Los pactos firmados esta semana entre PP y Vox para gobernar conjuntamente Extremadura y Aragón abren la puerta a la desregulación de las normas que protegen el patrimonio natural de estas comunidades autónomas. Los dos acuerdos recogen numerosas medidas de implantación inmediata que priorizan el interés de la agroindustria, los centros de datos, los cazadores o las grandes eléctricas sobre el interés general.

El primer punto del acuerdo de Gobierno de Extremadura consiste en alargar la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una medida que no es de competencia regional, sino nacional. El pacto propone también eliminar por completo la ecotasa autonómica que paga la instalación, librando a Iberdrola, Endesa y Naturgy del pago de más de 80 millones de euros al año.

En 2025, el Gobierno extremeño del PP ya anunció, de hecho, la reducción progresiva del 50% en ese pago, pero ahora será finalmente retirado en su totalidad de aquí a 2029. Tanto en Aragón como en Extremadura, la coalición se compromete también a facilitar la construcción de líneas eléctricas, que a menudo chocan durante su desarrollo con las normativas de protección de espacios naturales.

Otro punto polémico del pacto extremeño, que también recoge el acuerdo aragonés, es la intención de desregular leyes rurales básicas de protección ambiental relacionadas con la caza, la pesca o los espacios naturales protegidos (como las ZEPA), bajo el pretexto de "flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario" y el "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", pese a que esta fue impulsada por el PP Europeo en 2020.

En Extremadura, esta desregulación se resume, por ejemplo, en su compromiso de aplicar siempre que sea "legalmente posible" el principio de la declaración responsable, que abre la puerta a la construcción o alteración del espacio sin justificar previamente su impacto en el medioambiente, presuponiendo que el ciudadano actuará siempre con la buena voluntad. En esta Comunidad, de hecho, Vox tendrá también a partir de ahora la Consejería de Desregulación.

Paco Iturbe, portavoz de Ecologistas en Acción de Aragón, opina que esta nueva coalición, en la que la extrema derecha gana peso, es el siguiente paso a lo que ya se había vivido hasta ahora. "Es sintomático que en Aragón Vox haya pedido la Consejería de Medioambiente, porque su intención siempre ha sido desmontar esta área. Lo preocupante es que el PP ha integrado estas ideas y ahora van un paso más allá", señala.

En la región del Ebro, los conservadores aspiran, por ejemplo, a redoblar su apuesta por los centros de datos, pese a los estudios que advierten del excesivo consumo de agua y luz en un momento en que las redes eléctricas tienen serios problemas para hacerse cargo de nuevas demandas y la sequía es una de las mayores amenazas de España en un futuro cercano. Sobre la política hídrica, los dos pactos de Gobierno son una apuesta total por el incremento del regadío cuando los expertos advierten que España va camino de una reducción drástica de las precipitaciones.

Un caso paradigmático de las ambiciones de PP y Vox en el regadío, una promesa habitual para ganar el voto rural, se da en Extremadura, donde aseguran que llevarán por fin el riego a la Tierra de Barros (Badajoz), "tras más de una década de estafas del PSOE a los regantes", se lee en el acuerdo. 

Joan Corominas, presidente de la Asociación Nueva Cultura del Agua y experto en regadío, ha estudiado a fondo este proyecto, que lleva más de 20 años en un cajón, y opina que ese compromiso se va a incumplir, y tanto PP como Vox lo saben.

"La realidad es que ni PP ni PSOE han podido sacar adelante este regadío, y todos hablan de Barros con la boca pequeña porque saben que no tiene futuro", opina el ingeniero agrónomo. Principalmente, el proyecto nace muerto porque el 75% del agua que supuestamente alimentaría ese regadío parte del embalse de Alangue, "que en los últimos años no ha pasado del 20% de capacidad", afirma.

En todo caso, Corminas añade que, incluso si hubiese agua, la infraestructura no ayudaría a la agricultura familiar, sino a las grandes empresas agrícolas, que son las que más acceso tienen al agua y mejor optimizan su uso. "En Andalucía, el 80% de los agricultores tienen el 20% del agua de riego, y el 20% tiene el 80%. Las grandes fincas son las que ganan en estos casos", comenta.

En Aragón, el problema que describe el experto se repite con otra de las propuestas del nuevo Gobierno. Aunque no detalla cómo, PP y Vox se comprometen a revisar de nuevo la Ley de Agricultura Familiar, una normativa que ya fue reescrita en 2023 por el PP precisamente para deshacer la protección del pequeño ganadero en beneficio de la industria intensiva del cerdo. Entonces se eliminó, entre otros, un artículo que limitaba las explotaciones a un máximo de 720 unidades de ganado mayor, facilitando la ampliación y el impacto ambiental de las granjas.

"El pasado Gobierno de PP y Vox derogó la anterior ley de agricultura familiar, y eso que ya se quedaba corta a la hora de proteger al pequeño ganadero. Ahora, con la entrada de Vox, todo esto no solo se va a acelerar, sino que lo van a convertir en su bandera", valora Iturbe, de Ecologistas.

El activista recuerda también que la expansión ganadera en Aragón ya ha dejado a decenas de pueblos sin agua potable porque sus acuíferos están contaminados por purines. Según un informe reciente de Greenpeace sobre contaminación de agua potable, entre el abuso de fertilizantes en la agricultura y los excrementos de los animales de granja, en 2024 hubo más de 3.000 municipios en España que superaron concentraciones de nitratos en agua por encima de lo recomendado por la ciencia. Docenas de ellos estaban en Aragón, como Azuara (Zaragoza), Ariño (Teruel) o Chimillas (Huesca), donde los niveles de nitratos superaron en algún momento del año los 50 mg/l, el límite legal.

En Aragón, Vox ya tuvo durante un breve periodo un consejero de Agricultura, Ángel Samper, entre 2024 y 2025, cuando fue cesado contra su voluntad tras la ruptura nacional de PP y Vox por su desacuerdo sobre la acogida de menores migrantes. Donde más poder llegó a acumular en este sector fue en Castilla y León, donde estuvo al mando de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024, y a la que también renunció por las desavenencias entre las cúpulas de los dos partidos.

En Extremadura, Vox mantuvo además, de manera breve, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, donde fue responsable de algunas áreas agrícolas, como caza o incendios, y por donde el partido ultra pasó de manera atropellada entre 2023 y 2024. La primera consejera de Vox en esa cartera, Camino Limia, no llegó a los tres meses en el cargo, mientras que su sucesor, Ignacio Higuero, rompió con el partido nueve meses después de ascender, en julio de 2024, y un año después dimitió por mentir en su currículum.

Estas experiencias, además de ser políticamente accidentadas, dejaron episodios traumáticos para algunos profesionales del sector primario, como la crisis de la tuberculosis bovina de 2023 en Castilla y León. El consejero agrario Gerardo Dueñas contradijo el histórico consenso del mundo ganadero y prometió al sector tomar medidas para evitar que las vacas infectadas por esta enfermedad tuvieran que ser sacrificadas, medida que además era ilegal y ponía en peligro a las vacas sanas de otras regiones. Cuando la promesa fracasó, la intentona se tradujo en disturbios, un detenido, y abrió una brecha política en el sector primario. 

A nivel administrativo, tampoco parece que haya habido un cambio notable en la vida de los agricultores en las comunidades gobernadas por los conservadores. En la actual crisis derivada de la guerra de Irán, el principal apoyo al sector ha llegado del descuento del Gobierno central sobre el gasóleo B (el agrícola) y de una ayuda del Ministerio de Agricultura de casi 900 millones de euros a la compra de fertilizantes.

País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana han activado además ayudas extra de 1.000 millones de euros (la primera) y 400 millones (las otras dos), mientras que Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, cuatro bastiones de la derecha con un fuerte peso agrario, todavía no han activado ayudas complementarias.

Un análisis de infoLibre publicado en febrero sobre las ayudas autonómicas al campo para apoyar la contratación de seguros agrarios también mostró que comunidades en las que Vox ha participado en el Gobierno autonómico tampoco han tenido una especial atención sobre sus profesionales. Castilla y León, Extremadura y Aragón se encuentran en la mitad inferior de la tabla que compara la participación autonómica sobre el total subvencionado en todas las regiones españolas.

El betún asfáltico forma parte de nuestra vida cotidiana más de lo que imaginamos. Este derivado del petróleo es el ingrediente fundamental del asfalto por el que circulamos cada día.

No obstante, su utilización plantea varios inconvenientes. Por un lado, para poder trabajar con él se necesitan temperaturas muy altas, lo que deja una huella significativa. Se estima que la producción y puesta en obra del asfalto es responsable de aproximadamente el 0,35 % de todas las emisiones de CO₂ equivalente. Es decir, el 0,35 % de todos los gases de efecto invernadero que genera Europa convertidos a su impacto en CO₂.

Puede parecer una cifra pequeña, pero no es desdeñable. Y menos en un escenario como el actual en el que urge frenar la crisis climática y avanzar hacia modelos energéticos más limpios.

Por otro lado, nos encontramos en un entorno global cada vez más incierto: las reservas de petróleo se agotan y las tensiones geopolíticas amenazan tanto su suministro como su calidad. En ese contexto, surge una pregunta inevitable: ¿seremos capaces de construir carreteras sin depender del petróleo? La ciencia empieza a apuntar que sí.

Concretamente, la investigación en bioligantes abre una vía prometedora. Estos materiales podrían reducir nuestra dependencia de los recursos fósiles y ayudarnos a avanzar hacia una economía más circular. Con ellos, las carreteras del futuro podrían ser más respetuosas con el medio ambiente, sin renunciar a la calidad.

El betún asfáltico consiste en un material negruzco que actúa como adhesivo e impermeabilizante en el asfalto, lo que ayuda a soportar el tráfico. Aunque es prácticamente sólido a temperatura ambiente, se vuelve casi líquido a altas temperaturas (160 ºC). Por eso hay que calentarlo tanto para trabajar con él.

Si bien el betún asfáltico se utiliza desde hace más de cien años en múltiples aplicaciones como impermeabilizaciones, aislamientos y materiales para cubiertas, su principal destino es la pavimentación de carreteras. En concreto, de los 120 millones de toneladas de betún producidas el año 2022 en todo el mundo, el 85% se destinó a la pavimentación de carreteras.

Entre las alternativas al betún despuntan los bioligantes, que pueden considerarse su versión más sostenible. Se elaboran a partir de resinas naturales y de bioaceites de biomasa, de frutos y de semillas.

La proporción de bioligante a emplear junto con el betún varía en función de la aplicación. Existen formulaciones que lo sustituyen por completo, en un 100%. Y otras en las que se emplean porcentajes muy bajos, inferiores al 10%, destinados a modificar y mejorar el comportamiento del betún.

Aunque la utilización de bioligantes no está todavía lo bastante extendida, existen diversas investigaciones y tramos de prueba. Por ejemplo, en tres tramos construidos recientemente en los Países Bajos, en la carretera N-375, el 30% del betún se sustituyó por un bioligante.

También hay casos en España. En Tarragona, en la T-240, se llevó a cabo un tramo de prueba de unos 300 metros. En este caso, el asfalto contaba con un 40% de árido reciclado procedente del fresado de asfalto. El 100% del ligante que se añadió era de base vegetal.

En nuestro grupo de investigación de Carreteras, Geotecnia y Materiales (CGM) hemos podido corroborar que los bioligantes se pueden emulsionar, entendiendo por emulsionar mezclar dos líquidos que no se juntan naturalmente, como el aceite y el agua.

En concreto, trabajamos con un bioligante 100% natural, renovable, elaborado por una empresa externa a partir de resinas de pino. Su color ámbar, en lugar de negro, lo hace especialmente adecuado para utilizarlo en pavimentos de colores. Con él se fabricó un producto equivalente a una emulsión bituminosa, es decir, una emulsión compuesta por diminutas gotas de betún dispersas en agua. Al no hacer falta calentarla para su puesta en obra, es más respetuosa con el medio ambiente.

Destacan tres grandes logros en este trabajo: poder fabricar una emulsión de bioligante –pequeñas gotitas del material dispersas en agua–, la total sustitución de betún por bioligante en la emulsión y demostrar que podían obtenerse emulsiones estables con un 60% e incluso un 70% de bioligante (y el resto, agua). Este último porcentaje, algo que suele ser difícil de alcanzar con betunes convencionales.

Hasta la fecha, la adopción de los bioligantes es limitada. Su variabilidad, la falta de un marco normativo y el hecho de que todavía no se tenga un gran conocimiento sobre su comportamiento y durabilidad son algunas de las posibles causas de que no hayan reemplazado aún al betún asfáltico. Además, que aún no exista una producción a gran escala de los bioligantes, también podría constituir otro inconveniente.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el asfalto es un material 100% reciclable. ¿Lo seguiría siendo si en lugar de utilizar betún se utilizasen bioligantes en su fabricación? Es una de las preguntas a responder si pretendemos que, en un futuro no muy lejano, las carreteras puedan construirse con mucho menos petróleo (o incluso sin él). Para que los bioligantes lleguen a convertirse en la alternativa real al betún se necesita más investigación, realizar nuevos tramos de prueba y una normativa que respalde su uso.

Los autores dan las gracias a Marc Serra Queralt, de la empresa Engiquia, por el desarrollo y suministro del bioligante a partir de resinas, así como por su participación en la caracterización del mismo. Y a Sabas Corraliza Tejeda, de la empresa Ecoasfalt, autor de la tesis doctoral vinculada a la investigación.

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Ana Mª Rodríguez Pasandín es catedrática del área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes e Ignacio Pérez Pérez es catedrático, ambos en la Universidad de A Coruña

En 2021, la mayor empresa cárnica del mundo, la brasileña JBS, anunció un plan de cero emisiones para 2040, con un gran anuncio a toda página en The New York Times. La empresa, que contaminaba más que países como Italia y casi tanto como Francia, acabó en los tribunales por "marketing falso y engañoso" y sus directivos terminaron diciendo que ese eslógan era simplemente "una aspiración", pero nunca fue un compromiso legal.

Este es solo uno de los casos que recoge una investigación internacional sobre greenwashing, el nombre que recibe la práctica empresarial que consiste en hacer promesas ambientales sin fundamento o lanzar mensajes ecologistas para ganarse al público basándose en afirmaciones dudosas o falsas. El estudio, publicado este miércoles en la revista PLOS Climate, analiza 1.233 afirmaciones ambientales de compañías ganaderas y lácteas, y concluye que el 98% cumplen con las condiciones del greenwashing.

Se califican así porque se consideran promesas inverificables, que no están acompañadas de estudios científicos, que se basan en falsas soluciones o que son insignificantes en comparación con el volumen total de emisiones de las compañías. El 38% de esos reclamos (467) consisten en compromisos a futuro imposibles de corroborar, como "garantizar la recuperación de 600.000 millones de litros de agua en regiones con escasez hídrica para 2030", que era una de las promesas analizadas por los autores.

La lista está formada por todas las afirmaciones verdes realizadas por las 33 mayores empresas del mundo en lácteos y carne entre 2021 y 2024, y Danone y Nestlé están en el puesto uno y dos de las compañías que más afirmaciones han hecho con greenwashing. Aunque estas empresas son industriales –compran la leche y otros productos a los ganaderos–, las emisiones de los animales forman parte de su cadena de valor y son su responsabilidad. 

De la lista de empresas analizada, la francesa Danone es la que más compromisos ambientales ha adquirido en sus informes públicos y páginas web (106), pero prácticamente todos se catalogan como greenwashing, según este estudio. La siguiente es la suiza Nestlé, seguida de CP Group (Tailandia), Danish Crown (Dinamarca) y Hormel Foods (EEUU).

"Las empresas cárnicas y lácteas hacen muchas promesas y aportan muy pocas pruebas que las respalden. Al igual que la industria de los combustibles fósiles, que ha utilizado el greenwashing durante las últimas décadas para retrasar la adopción de medidas climáticas significativas, la industria cárnica y láctea podría estar engañando a los consumidores y a los inversores", escriben los autores, liderados por Maya Bach, del departamento de Ciencia y Política Ambiental de la Universidad de Miami.

La investigación se ha centrado en el sector de producción de alimentos porque representa el 16,5% de los gases de efecto invernadero, siendo uno de los más agresivos con el planeta, principalmente debido a las emisiones de metano de los rumiantes, de los gases de efecto invernadero provocados por el estiércol, por las emisiones de óxido nitroso derivadas de los fertilizantes y por la tala derivada de la producción de piensos.

Marina San Martín Calvo, profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Burgos, opina que estos resultados son importantes en países como España, donde la ganadería láctea y cárnica tiene un peso muy importante. "Estos datos evidencian una brecha significativa entre el discurso corporativo y la evidencia real. Sería recomendable exigir mayor transparencia y evidencia científica en las afirmaciones climáticas porque contribuirían a una transición más creíble y efectiva hacia sistemas alimentarios realmente sostenibles”, dice en un comentario publicado en la agencia Science Media Centre.

Una de las fórmulas de greenwashing más repetidas en este sector –a la que recurren 17 de las 33 empresas analizadas– es la promesa del net zero, las cero emisiones netas de CO2, generalmente para 2050. Este mensaje se encuadra dentro del llamado future-washing, basado en publicar compromisos para las próximas décadas de ayudar al planeta pero con ninguna intencionalidad real de cumplirlos.

Un informe de Foodrise, una ONG europea, se pregunta cómo Danone cumplirá su compromiso net zero en 2050 si en ningún plan de negocio recoge reducir la cabaña ganadera de la que se provee, la principal fuente de contaminación. Por ahora, la compañía francesa solo dice que para hacerlo introducirá prácticas de agricultura ecológica, soja libre de deforestación y estiércol gestionado de manera eficiente de aquí a 2030, medidas insuficientes para lograr su meta de 2050.

Tras analizar los 1.233 mensajes verdes de estas compañías, solo tres de ellos (de las empresas Fonterra, California Dairies y Perdue) estaban amparados en estudios científicos, y dos de ellos ligados a "revistas científicas estrechamente alineadas con la industria agrícolas". Solo el 29% (356 promesas) se apoyaba en algún tipo de evidencia, mientras que "más de dos tercios de las afirmaciones medioambientales carecían de pruebas, lo que dificultó evaluar su credibilidad", según los autores. 

Aunque más de 300 mensajes analizados estuvieran apoyados en información, no significa que fueran legítimos ya que la inmensa mayoría de ellos no superaron la prueba de greenwashing, basada en un test de Noémi Nemes, de la Universidad de Viena, y otros autores, creado en 2022. Solo 20 de los enunciados verdes analizados estaban libres de indicadores greenwashing, aunque el estudio aclara que no consistían en promesas, sino en argumentos genéricos, como que "en Estados Unidos, entre el 30% y el 40% de los alimentos que se producen nunca llegan a consumirse", uno de los mensajes que han superado el examen.

Los autores recogen en el estudio algunos de los eslóganes vacíos que se han encontrado, donde se publicitan acciones limpias que representan una parte ínfima de las emisiones de estas compañías. Como la británica ABP Group, que publicó que iba a iniciar un proyecto para "buscar maneras de implantar un modelo de producción sostenible" de carne en una granja de 100 hectáreas, sin aclarar qué medidas iba a implementar. O como el gigante francés Lactalis, que publicitó el cambio de una caldera de una de sus plantas.

"En lugar de buscar un cambio transformador, muchas empresas parecen dar prioridad a pequeñas mejoras en la eficiencia y promocionan ampliamente iniciativas a pequeña escala o piloto que apenas repercuten en la huella medioambiental global de la ganadería", se lee en el estudio.

Los investigadores también dan a entender que esta corriente de publicidad verde ha desatado en el último lustro una carrera empresarial por lanzar mensajes aparentemente ecologistas. En septiembre de 2020 solo cuatro de las 35 mayores cárnicas y lácteas del mundo tenían compromisos cero emisiones, y hoy son 17.

Soledad Gallego (56 años, Albacete) fundó hace ahora tres años la división española y mediterránea de ClientEarth, una organización de abogados sin ánimo de lucro que defiende el medioambiente en juzgados en todo el planeta. Si el activismo ambiental se remonta al siglo pasado, la defensa de la naturaleza desde el punto de vista jurídico ha sido durante las últimas dos décadas una travesía en el desierto para unos pocos abogados que decidieron "elegir el otro lado", como lo llama Gallego. 

Al salir de la facultad decidió que nunca trabajaría para una empresa privada que contaminara porque ya eran demasiados los que tiraban por ese camino, así que trabajó durante 20 años en diferentes ONG, principalmente en SEO/BirdLife, hasta unirse finalmente a ClientEarth en 2019. Tras haber participado en casos con magistrados y fiscales de todo el país, tiene claro que hay un déficit de formación ambiental en la judicatura.

En la prensa hay casos todos los días de contaminación de suelos, robo de agua, vertidos tóxicos… y muchos de estos casos llevan años produciéndose. ¿Hay impunidad en España con los delitos ambientales?

Yo no creo que haya impunidad, aunque sí hay que estar muy vigilantes. Por una parte debemos debatir sobre si la sociedad civil puede acceder a la justicia para defender el medio ambiente. Y por otra, es muy importante que los jueces y los tribunales estén especializados en un área que es cada vez más compleja, y que cuenten con los medios y expertos adecuados.

En España nuestro derecho ambiental deriva del derecho europeo, que es uno de los más avanzados que hay en el planeta. Tenemos las directivas de aves, de hábitats, de restauración de la naturaleza, la directiva marco del agua… Todas ellas están traspuestas a la normativa española, y están muy bien, pero al final siempre tenemos un problema de aplicación y cumplimiento efectivo de la ley.

¿Cuáles son las barreras más evidentes que se encuentran?

Una barrera son los procedimientos judiciales, que son muy largos. Otra, que no se aplican medidas cautelares, y si los proyectos que son muy dañinos para la naturaleza no se paran desde el principio, por mucho que ganes el juicio, como en el caso de la urbanización de Valdecañas, el daño ya está hecho. O bien no hay acceso a abogados especializados. O los costes son excesivos, porque no olvidemos que mucha gente implicada en estos casos es voluntaria y está poniendo su dinero personal para pelear por el bien colectivo. 

¿Por qué se decidió por el derecho ambiental?

Cuando estudié Derecho, el derecho ambiental ni existía, pese a que estaba presente en todo lo que nos rodeaba. En cualquier contrato de obra pública, por ejemplo. Vi que había muchos abogados trabajando en proyectos que dañaban el medioambiente, pero que había muy pocos en el otro lado para protegerlo, así que empecé trabajando en ONG y puntualmente con algún gobierno, pero me prometí no trabajar con ninguna empresa que contaminara o dañara el medio ambiente.

¿Y cómo está la profesión hoy en día?

Cada vez hay más abogados que siguen esta línea. Muchos de los que llegan a ClientEarth trabajan en despachos corporativos típicos, pero deciden que quieren trabajar de otra manera. Es una decisión personal y es cierto que económicamente se gana más en el sector privado, pero la parte vocacional es tan importante que compensa.

Usted ha trabajado con ONG y ahora colabora con ellas, ¿cuál es la relación entre activistas y abogados?

El derecho ambiental empodera a las ONG, nos necesitamos mutuamente. Ellas conocen los problemas sobre el terreno y saben lanzar el mensaje social, pero es importante que haya expertos jurídicos para llevar a cabo las campañas. Proteger el medioambiente tiene que ser también un trabajo profesional, con los medios adecuados, porque lo que tenemos enfrente es un desafío enorme. Hay mucho trabajo voluntario que es importante, pero nosotros creemos que tiene que estar profesionalizado.

¿Cómo ve a la nueva generación de juristas? ¿Hay interés por el medioambiente?

El derecho ambiental está ahora muy al día en las facultades. Hay universidades con ramas específicas e incluso un Centro de Estudios de Derecho Ambiental en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, una referencia en este mundo. Es cierto que cuando no saben bien a dónde dirigirse, empiezan en el sector privado y luego saltan aquí, pero ya vemos abogados y abogadas jóvenes que quieren dedicarse a ello directamente porque están muy concienciados.

¿Y cómo ve los estamentos más altos? ¿Los jueces y fiscales de España están bien formados en medioambiente?

Hay jueces y fiscales que están especializados porque han ido llevando bastantes temas relacionados con agua o con contaminación. Por ejemplo, trabajamos en un caso de Galicia, el embalse de As Conchas, donde los jueces ligaron perfectamente la contaminación con la vulneración de los derechos humanos. Sobre todo es importante que conozcan el derecho europeo porque normalmente los incumplimientos son de la normativa europea. 

Luego hay otros jueces a los que les cuesta más adaptarse o que desconocen más la materia, porque es realmente compleja. Pero también es cierto que nosotros lo que intentamos siempre es abrir nuevas líneas jurídicas, que haya debate. Porque a lo mejor la primera vez no funciona, pero el juez va tomando contacto con la información, con el sistema legal, con las normas… y poco a poco va aprendiendo más del tema, hasta que llega a tomar decisiones más fundamentadas. Lo que es muy importante, igual que pasa en otros países, es que los jueces se formen y se especialicen con algún tipo de curso.

¿Y los fiscales? Al final son ellos los que tienen que levantar la liebre en muchos casos.

La Fiscalía entra en los casos penales. En los administrativos no intervienen de manera general, solo en algunos relacionados con la ley de responsabilidad medioambiental. Hay fiscales especializados en medioambiente, como Antonio Vercher, que acaba de fallecer, e hizo un trabajo pionero como primer fiscal coordinador de sala de Medioambiente y Urbanismo. Y luego en cada Tribunal Superior de Justicia hay un fiscal también especializado. Lo que pasa es que hacen falta más porque hay tantos casos, tanto trabajo… Y es esencial que cuenten con los medios y apoyo de expertos que necesiten.

¿Han trabajado en algún caso reciente donde hayan visto todos estos problemas?

Nos han dado la razón en un caso de Galicia, en el embalse de As Conchas, donde había vecinos viviendo junto a un agua contaminada; no podían ya casi ni respirar, y estaba a punto de derivar en un problema de salud pública. Alegamos vulneración de derecho fundamental a la vida, que es una norma fundamental en España, pero para demostrarlo hemos necesitado a investigadores del CSIC, a abogados de España y de otros países… Ha sido un trabajo enorme.

Parece increíble que haga falta movilizar tantos recursos para un incumplimiento tan obvio. Cuántos casos como este quedarán sin resolver porque no cuentan con equipos así.

Pues sí, lo bueno es que como la sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, puede usarse como precedente para casos similares en otros sitios. Como no podemos llegar a todos los sitios, al menos intentamos también trabajar para legislar y evitar que ocurran en el futuro, como en las negociaciones de Bruselas sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza o el Reglamento de Deforestación Importada.

¿Y cómo es el derecho ambiental desde el otro lado? ¿Las empresas tienen buenos abogados para encontrar agujeros legales?

Bueno, por supuesto. Para defender los intereses de una empresa o un sector en medioambiente hace falta gente especializada, y hay lobbies muy fuertes en Bruselas y en los países, tanto para elaborar la legislación como para aplicarla. Al final, como abogado llega un momento en el que tú decides si quieres defender los intereses privados de una empresa o de un sector, los intereses colectivos. Y probablemente también sean muy buenos abogados ambientales. Dependiendo de para quién trabajes estás en un lado o en el otro.

Cuando trabajó en litigios ambientales europeos, ¿vio una diferencia entre las capacidades de los juristas españoles y los de otros países? ¿Hay una mejor preparación en lugares como Bruselas?

Sí, hay países como China que tienen jueces y fiscales especializados en medioambiente y les forman para ello. Y ocurre también en otros países. Eso hace falta en España, aunque aquí tenemos también cosas buenas. Por ejemplo, en derecho de aguas, aquí puedes recurrir un Plan Hidrológico de cuenca y muchas otras normativas relacionadas con la Directiva Marco del Agua, y eso no se puede hacer en Polonia o en Alemania. Otra cosa es cuando llegas al tribunal con términos como “caudal ecológico”,"conectividad de ríos”... que son auténticas tesis doctorales que hay que explicar al juez.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha incoado expedientes sancionadores por indicios de infracción en la investigación del apagón del pasado 28 de abril y concluye que el incidente tuvo un origen multifactorial tras una serie temporal de sucesos que desequilibraron el sistema

A raíz del apagón, la CNMC inició varios expedientes para analizar lo ocurrido, según la normativa del sector eléctrico, y tras ellos ha detectado "indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que deben ser investigados formalmente, aunque no constituyan por sí solos la causa del incidente", según ha indicado este viernes en un comunicado.

En concreto, la CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas.

Tras el incidente eléctrico del 28 de abril de 2025, la CNMC inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica.

Como resultado de las investigaciones, detectó varios indicios de incumplimiento que podrían haber afectado al sistema eléctrico.

En este contexto, la CNMC ha iniciado un proceso para investigar formalmente esos indicios.

No obstante, los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, explica la CNMC, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.

Asimismo, recuerda que la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación y que estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción.

En todo caso, los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.

Recientemente, tanto el PP como el PSOE han presentado conclusiones enfrentadas en el marco de la comisión del Senado que investiga el apagón de abril de 2025, ya que mientras que los populares apuntan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, los socialistas estiman que "no hubo responsabilidad política alguna" en el incidente.

Los populares, promotores de esta comisión, sostienen que el Gobierno, a través del ministerio, "incurrió en responsabilidad supervisora por incumplimiento de su función de tutela sobre el operador eléctrico", y denuncian que Red Eléctrica cometió una "omisión antijurídica de sus obligaciones de garantía del suministro". También advierten de la "responsabilidad regulatoria" de la CNMC por "funcionamiento anormal del servicio público".

Por su parte, los socialistas, en línea con el informe del comité que lideró el Ministerio para la Transición Ecológica, recalcan que el incidente fue un fenómeno "multifactorial, dinámico y de naturaleza sistémica" en un sistema que, en términos generales, es "robusto, fiable y alineado con los estándares europeos".

Además, el informe final de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) sobre el apagón del 28 de abril de 2025 en España y Portugal concluye que las energías renovables no fueron la causa única del colapso eléctrico, pero sí identifica limitaciones que obligan a revisar su integración en el sistema.

"No es sobre renovables, sino sobre control de voltaje", resumió el presidente de ENTSO-E, Damián Cortinas. El problema no residió en su volumen, sino en su comportamiento ante perturbaciones de tensión.

Hogar de innumerables ficciones, protagonista de poesías y canciones, musa de cuadros y uno de los pocos lugares en los que la modernidad tiene que pararse y limitar sus ambiciones de grandeza, puesto que en ella no caben el cemento descontrolado ni los rascacielos. Venecia, además de ser Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO, es uno de los lugares más singulares del mundo. 

Pero corre peligro. Según un artículo publicado en Nature, la subida del nivel del mar amenaza con llevarse la ciudad por delante. Y ya hay señales. En los últimos años, se ha visto cómo sus calles se inundan cada vez con más frecuencia, un proceso que comenzó hace 150 años, pero que ahora se acelera peligrosamente. De hecho, en los últimos 23 años, se ha llegado a situaciones extremas en las que el 60% de la ciudad quedaba bajo el agua.

Recientemente se ha asistido a ejemplos muy evidentes de esta situación. En 2019, la ciudad se enfrentó a la peor inundación desde 1966. El aqua alta llegó hasta los 187 centímetros y acabó sobrepasando el vestíbulo de la basílica de San Marcos. Muchas de las góndolas situadas en la Riva Degli Schiavoni rompieron las amarras e impactaron contra las columnas del Palacio Ducal. Además, varias zonas de la ciudad se quedaron sin luz y dos personas fallecieron. 

Sucedió hace apenas siete años, pero los investigadores tienen evidencias de que puede volver a ocurrir. Y no de forma aislada sino con bastante frecuencia. Según los datos proporcionados en Nature, para el año 2100 se prevé que el aumento del mar en Venecia alcance, en el mejor de los casos, prácticamente el medio metro (42 centímetros) respecto a los niveles de principios de este siglo. Eso en el escenario más favorable de emisiones, porque en el peor se estima que podría llegar a los 81 centímetros. 

Los autores del estudio consideran que las barreras móviles que se están instalando actualmente podrían ser una herramienta muy útil de prevención siempre y cuando se le añadan algunas soluciones alternativas. Desde 2022, un sistema de barreras móviles separa la laguna de Venecia del mar Adriático y ha evitado que las inundaciones fueran mucho más abundantes ya que, en los casos más extremos, como las tormentas, se elevan para proteger a la ciudad. 

El sistema MoSe (Módulo experimental electromecánico, en español) se implementó en 2020 por primera vez, pero para llegar a él han hecho falta 40 años de estudios y proyectos de prueba-error. Ya cuando empezaron a investigar, en los años 80, la alarma era máxima, aunque solo fue en el 2003 cuando se planteó el proyecto que la ciudad tiene actualmente. 

A pesar de la urgencia, la corrupción lo retrasó todo. En 2014, 35 personas fueron detenidas, entre ellas el alcalde de la ciudad, Giorgio Orsoni, por el desvío de más de 30 millones de euros de fondos públicos, que utilizaban en un sistema de sobornos y malversación. A pesar de todo, los sistemas ya han evitado que una catástrofe como la de 2019 se vuelva a repetir. Sin embargo, los investigadores temen que, con el aumento previsible de los próximos años, esto no sea suficiente. 

Para Pedro Zorrilla, coordinador de la Campaña del Cambio Climático de Greenpeace, el sistema actual es un "simple parche que no soluciona las consecuencias reales". Cuenta a infoLibre que "este sistema no resolverá los problemas a largo plazo que pueden llegar a ser devastadores". Otra de las consecuencias de las que habla el experto en cambio climático es la de la llegada de nuevas especies no autóctonas. Zorrilla lo considera un problema "real que está ocurriendo en todo el mundo, especialmente en el Mediterráneo".

No obstante, hay alternativas. Con cuatro nuevas estrategias potenciales, los científicos consideran que la ciudad podría salvarse del aumento del nivel del mar en los próximos 300 años. Pero, apuntan, solo si se actúa rápido. Entre esas estrategias están la protección del centro de la ciudad con diques para separarla del resto de la laguna, su cierre con un “superdique” o, directamente, reubicar la ciudad, sus residentes y los monumentos históricos para que no estén tan próximos al mar. 

Sobre la reubicación de ciudades, Zorrilla lo cataloga como "éxodo climático" y argumenta que "esto se está viendo en otras grandes ciudades como Yakarta, una ciudad mucho más grande que Venecia, donde están proponiendo crear una nueva ciudad en otra isla". "Tendemos a centrarnos en ciudades que tenemos más próximas, pero las consecuencias más devastadoras las están sufriendo en el Sur Global", añade.

La forma más sencilla de proteger la ciudad es, claro está, continuar con el sistema de barreras actual. Pero hay bastantes inconvenientes. El principal tiene su origen en el problema en sí: el aumento del nivel del mar. A medida que se vayan sucediendo los episodios de inundaciones, la frecuencia de los cierres también crecerá y, con ello, el mal funcionamiento y los retrasos en una operación que, al final, no conseguirá proteger la ciudad. 

Además, los investigadores alertan de que, si se sigue trabajando de la misma forma, se degradarán los ecosistemas de la laguna, las operaciones portuarias se verán limitadas y la calidad del agua podría verse comprometida, por lo que se tendría que implementar un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, junto con un sistema de bombeo a gran escala para mantener los niveles de la laguna por debajo del nivel del mar. 

Otra de las soluciones que manejan los investigadores podría ser la creación de diques circulares que aíslen el centro de la ciudad y otros asentamientos del resto de la laguna, que seguiría conectada con el mar abierto. La ciudad, aunque perdería conexión con el resto de la laguna, podría permanecer intacta. Aun así, implementarlo sería caro –la cifra de construcción podría llegar hasta a los 4,5 mil millones de euros–, el turismo sufriría por el cambio de paisaje y la ciudad tendría que ser rediseñada para adaptar algunos elementos, como el transporte público. 

Existe, sin embargo, una alternativa que permitiría preservar el funcionamiento y la seguridad de la ciudad, aunque a costa del propio ecosistema. Se trata de la estrategia de la laguna cerrada, cuyo eje sería la construcción de un “superdique” que convertiría la laguna en un lago costero. La ciudad permanecería intacta, pero la laguna desaparecería.

A pesar de esa pérdida, esta alternativa sería capaz de proteger a la ciudad en casos tan extremos como un aumento de 10 metros del nivel del mar. No obstante, hay que tener en cuenta también que el coste sería mucho mayor y podría llegar hasta los 20 mil millones de euros ya que habría que crear presas permanentes en las entradas de la laguna o elevar las islas barrera y los terraplenes hacia la tierra que separan la laguna de los pólderes (una extensión de tierra baja, generalmente ganada al mar, marismas o lagos, que se encuentra al mismo nivel o por debajo del agua y está rodeada por diques para mantenerla seca). 

Para Zorrilla la verdadera solución pasa, en primer lugar, por "una mayor preocupación política y social por el cambio climático" y en segunda instancia, por un "mayor gravamen de impuestos a las empresas de combustibles fósiles que, al final, son las que más perjudican al ecosistema". "Los fondos públicos tampoco son infinitos y estamos viendo que los beneficios extraordinarios que está sacando la industria fósil ahora por la guerra de Irán están siendo récords", concluye el experto.

Aun así, la solución más extrema sería, sin duda, la de mover la ciudad completamente. El estudio publicado en Nature incluye esta posibilidad en el peor de los escenarios e indica que, en este caso, el aumento del nivel del mar transformaría la laguna actual en un entorno marino más profundo en el que aparecerían nuevas especies no autóctonas. Así, se formaría un nuevo régimen ecológico, diferente a la laguna que le dio su magia a Venecia. 

La única solución posible para lo que quede en tierra firme será hacer lo mismo, cambiar. Con un coste de 100 mil millones de euros, los investigadores explican que ante esta situación, lo más probable es que se tuviera que reubicar la ciudad. Esto consistiría en desmontar los edificios y monumentos históricos para llevarlos a otros lugares más elevados. Por lo tanto, la ciudad tal y como la conocemos hoy, se perdería. 

Desde el pasado 1 de abril, la Xunta permite de nuevo la pesca de la anguila en las rías de Arousa y Vigo pese al progresivo deterioro de esa especie en los ríos gallegos, al igual que ocurre con la lamprea o el salmón, que también deja capturar. Ese mismo día, el 1 de abril, el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, firmaba una respuesta oficial en la que advertía de que “no hay indicios de recuperación de la anguila” y que “es necesaria una mayor ambición para hacer frente a la mortalidad debida al medio ambiente y, al mismo tiempo, seguir adoptando medidas en materia de pesca”.

Sin embargo, el Gobierno gallego, pese a admitir su “declive”, viene rechazando elevar la protección de la especie. El año pasado se pescaron 37.000 kilos en Galicia.

Este año la anguila puede capturarse durante medio año, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, en las rías de Arousa y Vigo, y entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en la de Ferrol. Con todo, el comisario de Pesca, a preguntas del eurodiputado socialista César Luena, acaba de insistir, en una respuesta al Parlamento firmada ese mismo 1 de abril, en que la anguila está “en peligro crítico”. Así lo declaró la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La respuesta del comisario señala que “la conservación y la gestión de la anguila europea, una especie en peligro crítico, deben basarse en consideraciones en materia de pesca y medio ambiente para abordar la mortalidad provocada por el ser humano”. Según dice, sin identificar zonas geográficas, los planes de gestión de la especie “no se cumplieron en su mayoría” y “no hay indicios de recuperación de la anguila”. Por eso pide a los Estados que mejoren la protección de la anguila y revisen sus planes de gestión.

El comisario europeo de Pesca añade que “algunos Estados miembros adoptaron medidas más estrictas mediante la inclusión de la anguila europea en la lista de especies estrictamente protegidas o la prohibición de la pesca de la anguila durante todo el año”.

Eso es lo que quiere hacer el Gobierno de España, pero varias comunidades, entre ellas Galicia, lo rechazan. Hace dos meses la Xunta se jactó de “frenar” la intención del Estado de prohibir la pesca de la anguila al tiempo que subrayaba que el año pasado se pescaron 37.371 kilos. Según el Gobierno gallego, supusieron un volumen de negocio “próximo a los 800.000 euros” para 93 barcos, de los que no detalla si pescan también otras especies ni el porcentaje de negocio que supuso la anguila en relación con otras capturas.

La respuesta del comisario no solo pone el foco en la pesca, sino también en el deterioro ambiental como causa del declive de la especie. Un “declive” que admite la Consellería do Mar, pero para decir que “no está vinculado al tipo de captura, sino a causas estructurales ampliamente documentadas por la comunidad científica”. Causas que no cita, pero que podrían ser los embalses, la contaminación o el cambio climático.

Sin embargo, cuando se le pregunta por sus actuaciones para frenar el deterioro en los ríos gallegos de especies migratorias como la anguila, la lamprea o el salmón, la Consellería de Medio Ambiente, en respuesta a Praza.gal, se limita a hablar de cuotas de captura decrecientes en lugar de otras iniciativas de mejora ambiental. Esto es, al tiempo que el departamento con competencias en pesca dice que la pesca no es la única causa del declive de la anguila sino también otros problemas ambientales, el departamento con competencias en medio ambiente pone el foco solo en la pesca justificando que las cuotas de capturas son cada vez menores.

Mientras, cocineros y entidades ecologistas piden más protección en los ríos gallegos no solo para la anguila —para la que Adega insiste en pedir una veda total y su catalogación como especie en peligro crítico de extinción—, sino también para la lamprea y el salmón.

El 96% de los entornos escolares de los núcleos urbanos en España supera los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un análisis llevado a cabo por Ecologistas en Acción en 66 localidades de diez comunidades autónomas.

Tras analizar el entorno de 412 centros educativos, solo 17 de ellos estaban por debajo del máximo aconsejado por la OMS, que sitúa el límite en los 10 microgramos por metro cúbico.

Este baremo no coincide exactamente con el que marca la nueva Directiva de Calidad del Aire, aplicable ya pero que será obligatoria desde enero de 2030 y que tiene como referencia los 20 microgramos. Según este criterio, el 60% de los centros (249) incumple la normativa.

Ocho de las 412 escuelas analizadas, el 2%, están incluso por encima de los 40 µg/m3, el límite legal vigente desde 2010, ha explicado en la presentación del estudio Paco García del Olmo, coordinador de la campaña de ciencia ciudadana de la organización.

Los resultados, "muy alarmantes" según Ecologistas en Acción, son fruto del análisis realizado en los principales entornos urbanos de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Baleares, La Rioja, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Un dato que la organización considera también preocupante es el de la mala calidad del aire en el interior de los centros escolares: por primera vez se han analizado las mediciones hechas en los patios, los pasillos o las aulas dentro de 34 colegios y el 80% presentó valores superiores a las recomendaciones de la OMS.

García del Olmo ha atribuido este factor a la contaminación de fondo en las ciudades.

"Es tanta, que hay unos límites por debajo de los cuales no se puede bajar. Si en la puerta de una escuela tenemos 30 microgramos, es muy fácil que en el aula haya 15", ha indicado.

Los pediatras Anna Knorr y Ferrán Campillo han explicado que en el caso de los niños cualquier nivel de NO2 es preocupante. Los pequeños, han advertido, sufren más efectos irritantes en las vías respiratorias debido a los porcentajes encontrados.

Esta es la quinta campaña para la medición de NO2 que hace Ecologistas en Acción en entornos escolares, con un total de 985 escuelas analizadas en cerca de 100 núcleos urbanos.

Los resultados agregados de esos cinco periodos hablan de que el 98% de los entornos escolares supera la recomendación de la OMS.

A lo largo de las cinco campañas se han observado "muy pocas mejoras a nivel global" y una constante: por donde pasan más coches, los niveles son más altos. Una calle peatonalizada siempre presenta mejores valores que otra que no lo está.

Ecologistas en Acción ha subrayado que "la contaminación no baja de un día para otro" y que falta poco tiempo para 2030, cuando será obligatorio estar por debajo de los 20 microgramos.

La implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades "no implica una bajada inmediata del NO2", ha indicado García de Olmo.

"Va todo tarde. Las medidas que se ponen en marcha incluyen tantas excepciones, son tan lentas, que no vemos grandes mejoras", ha añadido.

No obstante, la organización ecologista considera que "hay medidas eficaces" para preservar la salud infantil y conseguir entornos educativos saludables y seguros.

Rubén Soussé, de Ecologistes en Acciò Catalunya, ha detallado algunas propuestas para reducir la contaminación en las vías perimetrales de los centros escolares, como restringir el tráfico motorizado en su entorno, limitar la velocidad de circulación a 20 km/h, crear caminos escolares y carriles bici practicables y seguros para las familias y priorizar el transporte público, compartido, en bicicleta y peatonal.

Otras medidas que recomienda la organización pasan por eliminar los aparcamientos dentro de los centros escolares y limitarlos en las calles de alrededor y por penalizar la doble fila en la puerta de las escuelas.

Cientos de ganaderos dedicados a la leche denuncian desde hace dos semanas una bajada brutal de los precios a los que les compran el producto las grandes marcas de leche. Un porcentaje importante del sector, que algunos cifran en alrededor del 40% de los profesionales, tenían que negociar en marzo un nuevo precio al que vender durante el siguiente trimestre, y se encontraron con propuestas hasta un 20% inferiores respecto al periodo anterior. El sector primario denuncia que no puede rechazar las malas ofertas porque la alternativa es tirar la leche, mientras que la industria contesta que han tenido que ajustar precios porque en España se estaba pagando el litro muy por encima del resto de Europa.

Según Charo Arredondo, responsable de lácteos en la organización agraria COAG, el golpe ha sido sobrevenido porque, en algunos casos, la propuesta ha llegado con menos de una semana de margen antes del vencimiento del contrato de marzo. Sabían que el mercado europeo llevaba meses de precios a la baja y que terminarían llegando a España, pero que no esperaban recibir ofertas que rebajaban entre 5 y 10 céntimos el acuerdo anterior con solo unos días para aceptarlas o rechazarlas.

"No tenemos alternativa porque el producto es perecedero. Un grupo de productores de aquí de Cantabria se negó a ceder, y terminaron haciéndolo a las 23.55 horas del 31 de marzo porque habrían tenido que deshacerse de la producción. Y la industria no cedió en ningún momento porque sabían que tenían todo el poder para negociar", dice la portavoz, que también es ganadera. Sobre el precio de la leche en el supermercado, Arredondo explica que no han notado cambios en las últimas semanas, ni hacia arriba ni hacia abajo, pese a que ahora ellos venden más barato.

Entre las marcas citadas por los profesionales afectados están todas las grandes que se pueden encontrar en el supermercado: Central Lechera Asturiana, Pascual, Lactalis (RAM, Lauki, Puleva) o Celta, entre otras. Estas empresas compran la materia prima a pequeños, medianos y grandes ganaderos, a veces agrupados en cooperativas, y después de tratarla y envasarla con su marca, la ofrecen a las grandes superficies, que también realizan una enorme presión hacia los eslabones inferiores de la cadena para mantener el precio a raya (con el litro de leche siempre a entre 0,90 euros y 1,30 euros) y no espantar al consumidor. 

En la base de esa pirámide, el producto se vende a aproximadamente 0,50 euros el litro de leche, con unos céntimos arriba o abajo en función de la producción interna y del mercado internacional. En este caso, en el mes de febrero –el último dato del Ministerio de Agricultura y antes de las nuevas ofertas que han desatado la polémica– la leche se pagó al ganadero de media a 0,54 céntimos/litro en España. 

Los recortes en las ofertas de abril varían por comunidad autónoma y por marca, pero van desde los 2 o 3 céntimos/litro en País Vasco hasta los 7 céntimos, o incluso 10 céntimos, en Galicia, según José Ramón González, responsable de Ganadería en la organización agrícola UPA. De las grandes regiones productoras españolas, Asturias es en la que más justas habrían sido esas negociaciones, añade González. Estos datos de precios no son oficiales porque no quedan registrados en ningún sitio –debido a que son acuerdos privados entre empresas y particulares– pero es una horquilla que coincide con la que maneja COAG. Esas bajadas suponen reducir de un mes a otro entre un 5% y un 20% los ingresos de un ganadero de leche. 

La industria lechera contesta que esta situación tenía que llegar tarde o temprano porque desde el verano pasado hay un exceso de leche en todo el mundo que ha hundido los precios del litro. Grandes productores como Alemania, Francia o Países Bajos recortaron el precio de la leche pagada al productor entre un 8% y un 29% entre febrero de 2025 y febrero de 2026, según datos de la Comisión Europea, mientras que España lo incrementó un 8%, la mayor subida de toda la Unión Europea. Además del mayor incremento, España también tenía en febrero la leche más cara en origen del continente: 8 céntimos por encima de la media de la UE.

Luis Calabozo,director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), explica que esa diferencia de precios radica principalmente en el sistema español de negociación de ventas. Mientras que en el centro de Europa es común cerrar un precio nuevo de la leche cada mes, en España suelen ser trimestral, semestral o anual, de manera que, hasta ahora, no se había trasladado esa caída al mercado. Y ahora se repercute toda de sopetón.

"El diferencial de precios ha protegido al ganadero español desde septiembre", valora Calabozo, "pero es imposible seguir manteniendo esos precios porque supondría perder mercado exportador. De hecho, a la larga terminaría afectando al ganadero porque la falta de interés en nuestros productos podría llevarle a tirar la leche", continúa el portavoz de la industria.

La explicación que da a esa bajada brusca del precio de la leche en origen está en el mercado internacional. El año pasado hubo una superproducción de leche en Europa, con 2,5 millones de toneladas extra sobre un año normal, que se sumaron a una bajada de la demanda de leche en los hogares. Estos dos sucesos ocurrieron tras cuatro años de subidas ininterrumpidas en el precio de la leche, en un récord muy superior a picos anteriores, de manera que, a mediados del año pasado, se produjo una corrección de su precio a lo largo de todo el continente. 

José Ramón González, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), insiste en que ellos estarían dispuestos a negociar una bajada progresiva en los acuerdos de venta a la industria, pero que esta imposición es inadmisible, y potencialmente ilegal. La ley de la Cadena Alimentaria prohíbe que ningún eslabón de la producción venda a pérdidas, y este desplome de los precios pone a algunos ganaderos al límite de esa norma. "Podríamos negociar una pequeña bajada, pero no tan sorpresiva y abusiva, poniendo a los ganaderos por debajo de coste. Eso es ilegal y lo hemos denunciado al Tribunal de Defensa de la Competencia y a la AICA", afirma.

La AICA es la Agencia de Información y Control Alimentarios, la que se encarga de investigar que se respetan los precios justos en la cadena alimentaria, un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene siempre un ojo puesto sobre el sector lácteo, acostumbrado a los abusos. El año pasado, fue, de hecho, la segunda rama más estudiada de las que tiene bajo competencia, con más de 1.300 controles, y ya ha avisado de que en 2026 reforzará la vigilancia todavía más tras las quejas de los ganaderos.

Ambas partes del conflicto se sentaron esta semana con el Ministerio de Agricultura, a raíz de la polémica con los contratos lácteos, pero el Gobierno se mantiene, por ahora, al margen mientras no haya evidencias de contratos abusivos por debajo de precio de producción. "En cuanto a la negociación, es un tema entre partes donde el ministerio no puede entrar", valoran fuentes de este organismo a infoLibre.

Este sábado se esperan cielos cubiertos, con chubascos y tormentas fuertes en Andalucía y el Sistema Central, y nevadas significativas en el Pirineo occidental y la Ibérica norte. Habrá un descenso generalizado de las temperaturas y rachas muy fuertes de viento en el Ebro y Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que la llegada de una masa de aire subtropical y el paso de un frente por el norte dejará cielos nubosos en la Península y Baleares, con precipitaciones en amplias zonas del territorio, brumas y bancos de niebla en el suroeste y el tercio norte peninsular.

Los chubascos y las tormentas serán fuertes, localmente con granizo, en Andalucía y el entorno del Sistema Central, sin descartar Extremadura. Las precipitaciones podrán ser persistentes en el extremo oriental del Cantábrico, donde la cota de nieve bajaría a los 500-700 metros. En el tercio norte, se registrarán acumulados importantes en entornos de montaña, donde la cota caerá hasta los 800-1.000 metros.

Habrá un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente en el sureste, centro norte y noroeste. Las máximas podrían caer hasta 10-12 grados, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios solo en Baleares y los tercios este y sur peninsulares.

Predominarán vientos flojos a moderados en la Península y Baleares, con intervalos fuertes en el litoral de Galicia y Alborán, y rachas muy fuertes en el Ebro.

En Canarias, cielos cubiertos con precipitaciones débiles en el norte y poco nubosos en el sur, acompañados de un ligero aumento de las temperaturas y rachas muy fuertes de viento.

-Galicia: cielos nubosos de madrugada que provocarán lluvias y chubascos en el tercio norte y la montaña de Lugo. Las temperaturas máximas caerán, especialmente en el interior; los descensos en las mínimas serán localmente notables hacia el final del día. Viento flojo, con intervalos fuertes en el litoral de las Rías Baixas.

-Asturias: cielos cubiertos con lluvias y chubascos generalizados, más intensos en el tercio oriental, que remitirán al final el día. Descenso extraordinario de las temperaturas máximas y notable en las mínimas. Viento de flojo a moderado.

-Cantabria: cielos muy nubosos con lluvias y chubascos generalizados. La cota de nieve bajará hasta lo 1.00 metros. Descenso extraordinario de las temperaturas máximas, y moderado de las mínimas. Viento de flojo a moderado.

-País Vasco: cielos cubiertos con lluvias y chubascos generalizados. La cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros. Descenso extraordinario de las temperaturas máximas, y moderado de las mínimas. Viento moderado.

-Castilla y León: cielos con nubosidad en aumento a lo largo del día, con precipitaciones que empezarán en el norte por la mañana y se desplazarán hacia el este. En el entorno del Sistema Central, se darán en forma de chubascos y acompañados de tormenta, ocasionalmente con granizo.

La cota de nieve bajará hasta los 900-1.000 metros en el norte, 1.200 en la cordillera Ibérica, y por encima de 2.000 en el Sistema Central. Descenso notable de las temperaturas, especialmente en las máximas. Viento variable, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes.

-Navarra: cielos cubiertos con lluvias y chubascos por la tarde, comenzando por el norte y noroeste y extendiéndose al resto. La cota de nieve alcanzará los 900-1.000 metros. Descenso moderado de las temperaturas mínimas y extraordinario en el caso de las máximas. Viento flojo a moderado, con posibles rachas vespertinas muy fuertes en el valle del Ebro.

-La Rioja: cielos con nubosidad en aumento que provocarán precipitaciones por la tarde, en forma de nieve en la cordillera Ibérica. La cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros. Descenso generalizado de las temperaturas, notable en las máximas. Viento flojo variable, con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en el este.

-Aragón: cielos nubosos con polvo en suspensión que provocarán precipitaciones vespertinas débiles en Pirineos, probables también en la mitad occidental de la comunidad de manera dispersa y acompañadas de barro. La cota de nieve caerá desde los 2.400 metros a los 1.400-1.800 metros.

Descenso generalizado de las temperaturas máximas, localmente notable en el extremo occidental. Viento flojo por la mañana, aumentando a moderado durante la tarde, con rachas muy fuertes en el centro y noroeste de la provincia de Zaragoza.

-Cataluña: cielos poco nubosos a nubosos por la tarde, cuando se esperan precipitaciones débiles en la vertiente norte del Pirineo, donde la cota de nieve caerás hasta los 1.600-2.000 metros. Polvo en suspensión, especialmente en la mitad suroeste.

Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo y máximas en descenso en el norte del Ampurdán y el sur de Tarragona. Viento flojo que aumentará a moderado al final del día, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte del Ampurdán.

-Extremadura: cielos con intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias y chubascos que pueden ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas con descensos moderados. Viento flojo con intervalos moderados y rachas localmente fuertes o muy fuertes.

-Comunidad de Madrid: cielos cubiertos con calima, que provocarán lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables e intensos en la sierra y por la tarde. Pueden ir acompañados de tormentas y de barro. Temperaturas máximas y mínimas en descenso. Vientos flojos variables que aumentarán de intensidad.

-Castilla-La Mancha: cielos nubosos con calima y lluvias débiles y chubascos dispersos, que serán más probables e intensos en las zonas de montaña y por la tarde, y menos probables en la Mancha. Los chubascos pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes por la tarde en el extremo occidental de Toledo y en el oeste y sur de Ciudad Real. Temperaturas en descenso, menos acusado en las mínimas. Vientos flojos que aumentarán de intensidad en Guadalajara y el norte de Cuenca.

-Comunidad Valenciana: cielos poco nubosos aumentando a nubosos acompañados de polvo en suspensión, con probabilidad de precipitaciones débiles en el interior y en el litoral norte de Alicante, que pueden ir acompañadas de barro. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, notable en el interior del sur de Valencia y norte de Alicante. Viento moderado en el litoral del norte de Alicante y flojo en el resto. Aumentará a moderado a última hora del día.

-Región de Murcia: cielos muy nubosos con polvo en suspensión, sin descartar precipitaciones débiles dispersas. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior y máximas en descenso. Vientos flojos, ocasionalmente moderados en el litoral y en las sierras.

-Baleares: cielo con intervalos de nubes por la mañana y cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales con barro por la noche. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso las diurnas en el este de las islas. Viento flojo a moderado, con intervalos fuertes de 60 a 70 km/h en la cara norte de la sierra de Tramontana.

-Andalucía: cielos muy nubosos con chubascos por la tarde, localmente fuertes y tormentosos. Podrían ir acompañados de granizo ocasionalmente. Polvo en suspensión, produciéndose depósitos de barro. Temperaturas mínimas en descenso en el tercio oriental, en ascenso o sin cambios en el resto; máximas en descenso, de forma notable en el tercio oriental. Vientos flojos variables, con intervalos moderados a partir de mediodía y fuertes en el litoral.

-Canarias: cielos nubosos por la mañana en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, con posibilidad de lluvias débiles y claros por la tarde. Poco nuboso con nubes ocasionales por la tarde en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas. 

La presión sobre las cadenas de suministro por la guerra de Irán empieza a notarse en los alimentos. La cesta semanal que elabora el Ministerio de Agricultura, formada por más de un centenar de productos, se encareció en las cuatro primeras semanas de guerra un 10,3%, especialmente en hortalizas, cerdo y frutas.

Es cierto que algunos productos han subido su precio por otros motivos, como la cadena de borrascas de febrero o la gripe porcina, porque el mercado agrícola está expuesto a todo tipo de injerencias, pero a ellos se suma ahora el impacto de la guerra. En ningún momento del año pasado llegó a registrarse un repunte tan abrupto del coste de los productos agrícolas en tan poco tiempo.

Los últimos datos de Agricultura disponibles corresponden a la semana 13 del año, la que termina el 29 de marzo. Si se comparan con los precios medios de la semana 9, en la que estalló el conflicto, la mayoría de ramas agrícolas y ganaderos se encarecieron en los mercados mayoristas. Por ejemplo, las verduras subieron un 33,2%, el porcino un 17,9%, los lácteos un 8,9% y las frutas un 6,9%. 

Algunos repuntes están claramente ligados a eventos puntuales, como el foco de gripe porcina que estalló en noviembre. Aquella crisis –todavía sin resolver– provocó un desplome de los precios durante la Navidad que fue seguido por un despegue brusco en febrero y marzo, cuando comenzó a estabilizarse el sector. Solo en el mes de marzo las diferentes variantes de cerdo se encarecieron de media un 17,9% en las lonjas.

Sobre el efecto de la guerra en Irán, es difícil de saber por ahora hasta qué punto impacta en los precios mayoristas porque los agricultores insisten en que no tienen poder de negociación para imponer subidas a sus clientes, los intermediarios o las grandes cadenas de supermercados.

A esto se suma que muchos productos agrícolas suben y bajan su precio constantemente en función de la demanda y la producción global, y están sometidos a cientos de variables, como la sequía de los campos de trigo en Estados Unidos o la congestión del tráfico marítimo en el Sudeste asiático, explica Pablo Resco, responsable de Estrategia Agroalimentaria en Plataforma Tierra.

"Puede haber una sensación alcista por la guerra, aunque es pronto para saberlo porque el mercado es muy complejo", resume el experto. "El precio del cerdo responde más a la crisis de la peste, mientras que el del aceite depende mucho de la demanda interna y las exportaciones. Mientras que si hablamos de guerra tendríamos que pensar en problemas concretos, como que en Estados Unidos están pensando en sustituir el cultivo de maíz por soja, que no necesita fertilizantes, o si hay un atasco en las salidas de buques que transportan materias primas", añade.

Otro efecto local en España es el del tren de borrascas de enero y febrero, que afectó gravemente a Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia, y dañaron decenas de miles de hectáreas de cítricos, hortalizas y frutos rojos, lo que se traduce directamente en subidas en los mercados de abastos. Donde más se nota es en la mandarina, el limón, la zanahoria, la patata o el brócoli, que subieron entre un 18% y un 300% en marzo.

Cuando se pregunta a los agricultores, no creen que todavía haya una subida de alimentos debido a la guerra. Su mensaje es que –para su disgusto– no han podido trasladar la inflación a sus productos porque no tienen capacidad para renegociar con los intermediarios o los grandes supermercados una subida de precio, pese a que ellos, según afirman, han sufrido una subida de entre el 25% y el 35% en el precio del combustible y de los fertilizantes.

"Lamentablemente no podemos hacer nada mientras tenemos una subida transversal de costes. Somos el primer eslabón de la cadena y no tenemos capacidad para traspasar esos costes", subraya Cristóbal Cano, secretario general de la organización agraria UPA.

Andrés Góngora, responsable de producción agrícola de otra gran organización, COAG, no descarta que el cliente final sí que esté sufriendo esa subida en la cesta de la compra. "No podemos saberlo porque no hacemos un control exhaustivo de precios, pero avisamos para que el Gobierno vigile los márgenes porque podría haber casos de especulación", insiste.

A 6 de abril, Galicia ya había sufrido su primer Gran Incendio Forestal (GIF) del año, al superar el fuego iniciado en Ponteareas las 500 hectáreas, umbral a partir del cual se incluyen los focos en esta categoría. El año pasado, que fue el de los peores fuegos de la historia de Galicia, el primer GIF no llegó hasta inicios de agosto en Vilardevós. A partir de ahí, una veintena más de grandes incendios —varios de ellos uniéndose en un único frente—, cuatro por encima de las 24.000 hectáreas y un total de entre 120.000 y 144.000 arrasadas teniendo en cuenta los datos de la Xunta o los de las mediciones de los satélites Sentinel 2 del programa europeo Copernicus.

En lo que va de año, y solo en esta primavera, son más de 1.000 las hectáreas calcinadas en Galicia, más de 900 de ellas en unas pocas horas de este pasado lunes, en una jornada en la que coincidieron varias de las condiciones propicias para la expansión del fuego: altas temperaturas, viento fuerte y cálido y matorral denso y abundante favorecido por las elevadas precipitaciones del pasado invierno.

Los incendios en Ponteareas y en la zona de Carballo y A Laracha, en el primer día de temperaturas anormalmente altas del año en Galicia —rozando los 30 grados en muchas localidades y batiendo marcas para la época— suponen de nuevo un aviso del importante desafío que afronta Galicia con unos incendios cada vez más peligrosos, virulentos, incontrolables e imprevisibles por el impacto del cambio climático. Las lluvias ayudaron a apagar lo que antes habían contribuido a favorecer.

Porque en este caso, la crisis climática impacta de dos maneras: intensificando las lluvias torrenciales —tal y como confirmaron los primeros estudios científicos sobre este invierno— y, por lo tanto, facilitando el rápido crecimiento de combustible vegetal en primavera, y con un aumento de las temperaturas y de las épocas de sequía que provocan la situación más favorable para la extensión del fuego.

Este mismo martes, Meteogalicia hizo públicos los datos que indican que Galicia registró un mes de marzo muy cálido y muy seco, con una temperatura media nueve décimas por encima del valor habitual y un 65% menos de precipitaciones en comparación con lo habitual en este período. Fue el octavo mes de marzo más seco de la serie histórica. Lluvias intensas en invierno y calor y sequía justo en las semanas posteriores: la tormenta perfecta. Todo en un contexto en el que los últimos cuatro años fueron los más cálidos de siempre en Galicia.

Ya lo advertía un informe del Ministerio para la Transición Ecológica que sirve de base para las políticas de adaptación al calentamiento global. En él, alerta de que el “cambio de régimen de lluvias (mayor irregularidad) y el aumento de las temperaturas favorece las condiciones propicias para que los incendios forestales sean más virulentos y extensos”, pero también más difíciles de extinguir por “un mayor volumen de combustible expuesto a periodos de sequía cada vez más prolongados”. Y señala a Galicia por ser uno de los territorios más afectados y donde las temporadas de peligro por el fuego pasan a ser “más largas”.

El fuego, una vez más, confirmó las advertencias, esta vez muy pronto. En Ponteareas, como explican bomberos forestales de la zona, el incendio que calcinó más de 600 hectáreas y se extendió este pasado lunes a Mos y Pazos de Borbén “se desmandó” por las condiciones climáticas y puso en riesgo a varios brigadistas. En la misma zona donde las llamas ya habían arrasado cientos de hectáreas en agosto de 2005 y en octubre de 2017.

“Las abundantes lluvias del invierno hacen que ahora el matorral crezca mucho, pero los temporales provocaron también que haya mucho ramaje, ramas y árboles caídos que ahora se secan y son combustible para arder. Hay mucho ‘restroballo’ en muchos montes que en condiciones climáticas como las de este lunes suponen un peligro”, explica un brigadista del Baixo Miño, uno de los trabajadores del servicio contraincendios de la Xunta que empezó su trabajo durante nueve meses a principios del pasado marzo.

Pese a no ser la época de mayor riesgo, los meses de marzo y abril son históricamente un período con picos de mayor incidencia de fuego —tal y como se puede comprobar en los datos y en el gráfico que aporta el Pladiga 2025—, aunque atenuados en la última década y no comparables a los que se dan en verano. El millar de hectáreas ardidas en las últimas semanas pone a Galicia en alerta y vuelve a confirmar las advertencias, sobre todo de cara al próximo verano.

“Por desgracia, en Ourense buena parte del monte quedó arrasado y no queda mucho por arder; la franja atlántica es ahora la de mayor riesgo y el mayor o menor peligro dependerá de que las condiciones climáticas sean desfavorables y del tiempo que se mantengan”, explican bomberos forestales en conversación con Praza.gal, que advierten de servicios “a medio gas”, por las vacaciones o por procesos selectivos de estabilización pendientes estos días, y que echan en falta reuniones de evaluación que permitan “abordar y mejorar sobre los errores y los aciertos de la anterior campaña”.

En esta franja atlántica, pero especialmente en el sur de Galicia, el temor de los profesionales contra incendios es mayor por ser una zona más poblada, con una “pésima planificación urbanística y un gran desorden territorial” y plantaciones de pinos y eucaliptos “pegadas a muchas casas”. De nuevo, uno de los riesgos “clave” en Galicia sobre los que llevan años advirtiendo desde la ciencia.

El número de personas expuestas al fuego por su “proximidad a la interfaz urbano-forestal (IUF) y al tipo de urbanismo predominante” aumenta la peligrosidad, alerta el citado informe de Transición Ecológica. “En regiones como Galicia, donde existe una importante continuidad entre el bosque y los asentamientos urbanos, la IUF es extensa”, avisa. Una investigación de la Universidade de Santiago (USC) ya había alertado de que los incendios cada vez se inician más próximos a las viviendas.

Las consecuencias influyen también en la capacidad de extinción y control del fuego. “Cuando, lógicamente, la prioridad de los servicios de extinción es salvar vidas, hay que dejar incendios en el monte que acaban acelerándose y descontrolándose”, recuerdan brigadistas, que insisten en la dependencia de que las condiciones climatológicas que hicieron del verano de 2025 un infierno en Ourense no se repitan en otras zonas en riesgo en Galicia.

Porque todo cambió en 2017. Fueron los graves incendios de aquel año —los de junio en Portugal que provocaron la catástrofe de Pedrógão Grande y los de otoño que asolaron el país vecino y Galicia en un fin de semana— los que sirvieron de advertencia de lo que estaba por venir.

Los incendios más virulentos, incontrolables y peligrosos ya están asentados en Galicia, ayudados por el impacto de la crisis climática. Ante la llegada de esta tipología de fuego forestal, el informe técnico encargado por la Assembleia da República en Portugal sobre Pedrógão de 2017 concluyera que la política antiincendios debía ser modificada por el cambio climático. Y la propia Xunta reclamó lo mismo poco después en la comisión parlamentaria que analizó la oleada de fuego del mismo año en Galicia.

A la espera de que sea aprobado definitivamente, el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (Pladiga) de 2026 prevé el incremento del 30% en la red de videovigilancia, la implantación de una aplicación para alertar sobre incendios, la incorporación de 42 nuevas brigadas o el aumento del presupuesto del convenio para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias, según anunció la Xunta.

En el Pladiga de 2025, un análisis completo apunta a diversos factores detrás del “complejo” problema de los incendios, desde políticas forestales perjudiciales hasta la estructura de la propiedad de la tierra en Galicia. Y, como antes otros documentos y estudios, ni siquiera menciona la tesis de las “tramas” o del supuesto “terrorismo” que se suelen resucitar en los argumentarios oficiales tras épocas más virulentas como la de este año.

Una aportación que completa el diagnóstico sobre un problema que afecta de lleno a Galicia, que ya está en el epicentro del área con mayor riesgo de incendio en Europa, como detalló un estudio de un equipo internacional liderado por el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia, en el que participan otras entidades científicas como la Misión Biológica de Galicia-CSIC. Una problemática que, además, llega cada vez más pronto.

El 73% de los españoles dice estar "muy o bastante preocupado" por el cambio climático y el 61% considera que este fenómeno le impacta "de forma significativa" en su día a día, según revela el 'V Informe sobre Sostenibilidad: La ciudadanía ante el riesgo climático', elaborado por ENGIE y GAD3.

La población reconoce verse afectada, principalmente, en materia de meteorología y disponibilidad de recursos. De hecho, la mayoría de las personas encuestadas cree que ha aumentado la frecuencia de los incendios forestales (88%), las inundaciones y las lluvias torrenciales (84%), y las olas de calor (83%).

Por comunidades, la percepción del aumento de las olas de calor es mayor en Comunidad Valenciana, Región de Murcia y norte de España (87%), mientras que el incremento de los incendios es percibido con más intensidad en Andalucía (88%), Cataluña (88%), Galicia (88%) y Castilla y León (88%).

La ciudadanía de Comunidad Valenciana y Región de Murcia (87%) nota especialmente el aumento de las inundaciones y las lluvias torrenciales.

Para reducir el impacto de estos episodios, el 41% de los españoles cree que la mejora de las infraestructuras de drenaje y los dispositivos de protección civil son clave, seguida de la reordenación urbanística (34%) y el refuerzo de los sistemas de alarma y los planes de emergencia (32%).

La mitad de la población (49%) considera que fenómenos como la dana o la gota fría son consecuencia del cambio climático, y el 43% opina lo mismo de los incendios forestales. Además, ocho de cada diez ciudadanos y ciudadanas afirma haber vivido "fenómenos extremos" como la dana o los incendios del verano pasado.

En cuanto a recursos, el 44% opina que el impacto "más preocupante" del cambio climático atañe a la disponibilidad de agua y la sequía, por delante de los efectos sobre la agricultura (37%), la calidad de vida (35%) o la pérdida de biodiversidad (35%).

Cuando se pregunta por acciones personales para luchar contra el cambio climático, el 34% dice estar dispuesto a usar más el transporte público y el 28% a mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Un 44% opina que los esfuerzos individuales "solo son efectivos" si van acompañados de un compromiso colectivo.

Y aunque el 70% de las personas encuestadas muestra interés por el medioambiente, la idea de que las advertencias sobre este tema son "exageradas" aumenta entre la población, especialmente en la Comunidad de Madrid (34%) y Castilla y León (33%).

El informe también revela que el desarrollo de energías renovables y procesos industriales menos contaminantes se encuentra entre las medidas más populares para luchar contra el cambio climático en España.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña ha confirmado este jueves la detección de 11 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes, informa EFE.

Desde el 28 de noviembre, fecha del primer positivo detectado, han analizado 3.388 jabalíes, de los que 252 son casos positivos en peste porcina.

En un comunicado, la Generalitat catalana ha destacado que todos los nuevos positivos han sido detectados en la zona de alto riego.

De momento, el departamento ha encontrado los positivos en 11 municipios de la provincia de Barcelona: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell y El Papiol.

Por otra parte, durante la última semana el Departamento de Interior de la Generalitat ha capturado 294 jabalíes dentro de la zona infectada, llegando al total de 3.325 capturas.

Este número asciende hasta los 27.000 jabalíes si se suman las llevadas a cabo en el resto de Cataluña desde el pasado uno de enero, un número que no varía, ya que en los meses de abril y mayo no se realizan batidas.

El 1 de abril de 2026, la misión Artemis II de la NASA emprendió el camino hacia la Luna. Un camino que los humanos no hemos transitado desde diciembre de 1972 con la misión Apolo 17.

Artemis II, que supone el primer paso en la colonización permanente de nuestro satélite, acarrea múltiples retos. Uno de los más relevantes es lidiar con la radiación espacial, compuesta de partículas cargadas de muy alta energía. Evitar o, al menos, minimizar sus efectos es esencial para el éxito de esta y futuras misiones.

El origen de esa radiación espacial es variable: procede del espacio galáctico e intergaláctico, pero también de nuestro propio Sol –por su actividad nuclear y electromagnética– y de partículas atrapadas por el campo magnético terrestre, en los denominados cinturones de Van Allen.

Aunque las características de las radiaciones galácticas y solares no son iguales, sus efectos sobre los seres vivos sí se pueden generalizar.

Dichos efectos son negativos, muy parecidos a los que ocurren por la radiactividad de explosiones atómicas o accidentes en reactores nucleares. Su interacción con las células supone graves alteraciones de su función.

Por lo general, la radiación provoca roturas de las distintas moléculas de las células, bien directamente por su altísima energía, bien indirectamente porque esa energía se va disipando y genera especies químicas muy reactivas en altas concentraciones.

Estos cambios drásticos en las biomoléculas llevan a la pérdida de la función de las células. Lógicamente, es un daño que se puede traducir en trastornos graves o, incluso, la muerte de los astronautas. Estudios previos ya han puesto de manifiesto alteraciones de distintos sistemas, como el sistema nervioso central o el cardiovascular, en las personas expuestas.

La radiación puede alterar o romper el material genético, el ADN. Dado que esta molécula es la que aporta la información para todas las funciones de la célula, su alteración o destrucción supone un grave peligro.

A corto plazo, el daño puede provocar enfermedad o la muerte del individuo. A más largo plazo, puede suponer la pérdida crónica de distintas funciones o el desarrollo de cáncer.

La gravedad del impacto va a depender de distintos factores, como el tipo concreto de partícula ionizante, la energía de cada una de ellas o el tiempo de exposición.

Una característica que resume de forma general el daño potencial es la dosis absorbida. Una de las unidades empleadas es el sievert, y su milésima parte, el milisievert. Por ejemplo, una dosis súbita de 5-6 sieverts suele provocar la muerte en pocos días. Para hacernos una idea, la dosis anual máxima para tripulaciones de vuelos comerciales se sitúa en 1-2 milisieverts (0,001-0,002 sieverts).

En las misiones Apolo, los astronautas recibieron unas dosis de 0,5-3 milisievert cada día, con una duración de las misiones en torno a una semana. Es decir, dosis totales de unos 10-20 milisieverts.

Por ahora, el seguimiento de la salud de los astronautas que han participado en anteriores misiones a la Luna no parece indicar que presenten mayor incidencia de cáncer o mayor mortalidad. Pero es cierto que se expusieron durante tiempos relativamente cortos (algo más de 12 días en el caso de la misión más larga, el Apolo 17).

Aunque estas cantidades parecen asumibles, por el momento, no debemos perder de vista lo cambiante del ambiente espacial. Por ejemplo, si las misiones Apolo 16 y 17, que volaron en abril y diciembre de 1972, hubiesen tenido lugar en agosto de ese mismo año, la dosis de radiación hubiese sido letal debido a una erupción solar que tuvo lugar entonces. A menudo, tales erupciones ocurren con muy poca advertencia previa.

Desde luego, las distintas organizaciones involucradas en promover los vuelos espaciales investigan maneras para evitar o, al menos, reducir el impacto de la radiación sobre los astronautas. Dentro de las limitaciones obvias de peso y espacio, existen materiales que actúan de barreras para la radiación.

Ahora bien, al actuar sobre estos materiales se puede generar una radiación secundaria, también dañina, dentro de la cápsula. Se están estudiando mecanismos físicos, como generar campos electrostáticos o magnéticos, para desviar o frenar parte de la radiación.

Por último, se proponen estrategias de tipo nutricional o farmacéuticas para ayudar en la reparación correcta del daño al ADN y a las células. Una vez sobre la Luna, se baraja construir bases subterráneas para aprovechar la protección que suponen los primeros metros de suelo lunar.

Muchos son los retos a los que nos enfrentamos en la exploración espacial, incluso en los primeros pasos, como es establecer una base lunar. Uno de ellos será cómo evitar o disminuir de la mejor manera la radiación a la que los humanos estaremos expuestos en nuestro satélite, bien en su órbita o en su superficie. Las misiones Artemis nos proporcionarán, sin duda, respuestas a estos interrogantes.

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Alfonso Blázquez Castro es profesor del Departamento de Biología en la UAM, Universidad Autónoma de Madrid. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Asturias registraba a última hora de la tarde de este miércoles 14 incendios forestales, de los cuales diez estaban activos y cuatro se daban por controlados en una jornada en la que toda la comunidad está en riesgo muy alto por las elevadas temperaturas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los fuegos se registran en una docena de concejos asturianos: Amieva, Allande, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Llanes, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga y Tineo.

La mayoría de los focos son de escasa dimensión y se encuentran en zonas altas, aunque el localizado en la zona de Antoñana, en el concejo de Belmonte, que aún sigue activo, destaca por su extensión.

Este miércoles, los 78 concejos asturianos han estado en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que las temperaturas máximas han quedado en torno a 24-25 grados y en la que apenas ha habido precipitaciones y las rachas de viento han amainado, mientras que mañana, jueves, toda Asturias seguirá en riesgo muy alto, en un día en el que las temperaturas máximas volverán a subir.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año, tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias contabilizó en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media afectada de diez hectáreas.

En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.

El consejero de Gestión de Emergencias atribuyó el martes el origen de esta nueva oleada de incendios, que comenzó el lunes, a la acción de "incendiarios".

"Todos estos incendios no se producen de manera natural, sino porque hay delincuentes que los provocan", remarcó Alejandro Calvo.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias registró en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media de 10 hectáreas. En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.

El hambre por llegar a la Luna, despertada en los últimos días a raíz de la misión Artemis II, no es más que un paso previo para viajar más allá, con la vista puesta en Marte. La razón es que el satélite sería la parada perfecta para poder volar después los más de 200 millones de kilómetros que separan la Tierra del planeta rojo. Aunque iniciar la misión desde la Luna solo recorte una fracción de la distancia del recorrido, la expedición necesitaría diez veces menos combustible, reduciendo drásticamente el espacio y el peso de la nave, así como el precio del periplo.

Según calcula Eloy Peña, profesor de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Alicante y colaborador del programa Artemis de la NASA, para salir del sistema Tierra-Luna desde la Tierra hace falta una velocidad de 11,2 km/s, mientras que hacerlo desde la Luna solo requiere 2,9 km/s debido a que hay que superar una menor fuerza gravitatoria.

Si se extrapola esa fuerza a un motor cohete típico actual, esto se traduce en que viajar directamente desde la Tierra requiere diez veces más de combustible de propulsión que si se para en el astro a repostar, señala el investigador. "La razón principal de despegar desde la Luna es abaratar costes. Es mucho, muchísimo más barato hacer el recorrido Tierra-Luna-Marte que ir directamente desde la Tierra", opina Peña.

En todo caso, para que este sistema sea realmente operativo, habría que llevar el combustible desde la Tierra y almacenarlo en la Luna. O idealmente, producirlo allí. Y es aquí donde empiezan los problemas. Según los investigadores consultados, lo único que sería relativamente viable es fabricar en la Luna un propulsor exclusivamente a base de hidrógeno (H) y oxígeno (O), que son los elementos principales que componen el combustible estándar que se utiliza ahora, pero habría que descartar el uso de variantes sintéticas más complejas porque requieren una industria avanzada que es inviable desarrollar en el astro.

Si el objetivo es construir una gasolinera lunar, tendría que estar impepinablemente ubicada en el extremo sur de la Luna, según los expertos, dentro de su polo sur. La razón es que es el único lugar del satélite en el que hay reservas de agua en forma de hielo debido a que la curvatura del astro limita la cantidad de luz que llega a esa región. El interior de los cráteres más profundos que hay en esa zona jamás ha sido iluminado y la temperatura allí es incluso inferior a los -200ºC. Diversas mediciones han confirmado que allí habría hielo.

Si ese hielo se recoge, se limpia –está mezclado con polvo y rocas, no son casquetes polares como los que se pueden encontrar en la Tierra– y se procesa, se puede obtener hidrógeno y oxígeno para producir combustible espacial a gran escala. Según Ignasi Casanova, profesor de Tecnologías Energéticas de la Universidad Politécnica de Cataluña y exinvestigador del Johnson Space Center de la NASA, el problema está en que no se conoce con exactitud la concentración de hielo que hay en esos lugares. "Hay estimaciones diversas, que van desde unos pocos gramos por tonelada de tierra, hasta varios kilos. Y extraerlo de manera pura trabajando a -150ºC y a 300.000 kilómetros de la Tierra no será fácil", valora.

Desde hace años se ha fantaseado también con la idea de construir minas en la Luna, pero Casanova insiste en que sería una pésima idea. Primero, porque uno de los incentivos para hacerlo es directamente mentira: la presencia de tierras raras. "Eso es rotundamente falso, un mito que se originó en la época de las misiones Apolo. Si alguien promete traer tierras raras, miente. Solo sirve para convencer a la opinión pública de invertir en ello prometiendo el oro", insiste. 

Según explica el investigador, esta confusión proviene de que en la Luna se han encontrado las conocidas como rocas KREEP, compuestas por potasio (K), tierras raras (REE, en inglés) y fósforo (P), pero la concentración de las tierras raras en ellas es "miles de veces inferior" a lo necesario para poder explotarse, por lo que no sería económicamente viable.

Casanova también advierte de que esta fiebre minera de la Luna es extremadamente peligrosa porque podría generar un grave problema ambiental en el astro que comprometería la presencia humana en el futuro. La casi inexistente gravedad provoca que, si se levanta polvo en la Luna, este se mantiene durante años flotando, y esos granos altamente abrasivos pueden inhabilitar telescopios o paneles solares, por ejemplo. Según recuerda el experto, se calcula que el polvo levantado por los retrocohetes de las misiones Apolo que alunizaron en las décadas de 1960 y 1970 levantaron un polvo que se quedará levitando durante 200 años.

Mauro Spagnuolo, geólogo planetario de la Universidad de Buenos Aires, explica que en la superficie lunar también hay otros elementos que se valoran minar, principalmente el helio-3 y el regolito.

El helio-3 es un elemento volátil producido en el Sol que ha sido arrastrado por vientos solares durante miles de millones de años hasta la Luna y que ha quedado almacenado en las zonas más frías del astro, como los cráteres del polo sur. El helio-3 tiene propiedades únicas que permitirían utilizarlo para generar inmensas cantidades de energía en reactores de fusión –uno de los sueños de la humanidad– y es extremadamente raro encontrarlo en la Tierra, mientras que en la Luna se calcula que hay más de un millón de toneladas.

Ese helio-3 se almacena a su vez en el regolito, que es sencillamente el material que compone el suelo de la Luna, tanto el polvo como las rocas, y está compuesto de todo tipo de minerales, rocas, vidrios y metales, mezclados tras millones de impactos de asteroides. En este caso, su valor no reside en los elementos que forman esa tierra, sino en que puede usarse para fabricar cemento lunar sin tener que enviar toneladas de arena desde la Tierra. "La idea es mezclarlo con algún aglutinante para fabricar ladrillos, cemento, o bien una mezcla que pueda ser usada en impresoras de casas", señala el geólogo en referencia a unas máquinas automáticas que levanten viviendas.

Aunque los dos asuntos están ampliamente estudiados, no forman parte todavía de la hoja de ruta oficial de la NASA. Este organismo presentó en marzo su nuevo programa espacial a desarrollar durante la presidencia de Donald Trump (hasta enero de 2029) con un calendario extremadamente apretado que incluye diferentes expediciones Artemis que concluirían con Artemis V, un viaje tripulado para aterrizar en la Luna a finales de 2028. También dibujó los siguientes pasos a realizar en el futuro, sin fechas definidas, con el objetivo de alunizar cada seis meses y desarrollar tecnología de aterrizaje reutilizable para impulsar finalmente los viajes comerciales asequibles a la Luna.

Paralelamente, en esa presentación, la NASA anunció la suspensión del programa Gateway, cuya finalidad era montar una estación espacial permanente en la órbita lunar que sirviese para facilitar los aterrizajes en la Luna de las naves. El centro prefiere ahora "centrar sus esfuerzos en la infraestructura de superficie que permita operaciones sostenidas", publicó el mes pasado la agencia estadounidense, confirmando su intención de focalizarse en la construcción de una base lunar.

En todo caso, llegar a tener una gasolinera lunar es un proyecto a larguísimo plazo porque ni el escenario más futurista de los planes de la NASA recoge la construcción de esta infraestructura. El apartado del asentamiento lunar que está presente en la hoja de ruta de la agencia estadounidense tiene tres fases. La fase uno de la base lunar incluye la construcción de tecnología básica de aterrizaje, comunicaciones y generación de energía. La segunda, levantar estaciones "semi-habitables" y llevar vehículos de transporte lunar. Y la tercera, comenzar a llevar infraestructura pesada para mejorar la vida de los científicos y su transporte.

Asturias registraba a media tarde de este martes 26 incendios forestales, de los que 22 están activos y cuatro controlados, en una jornada de riesgo elevado por las altas temperaturas.

Aunque buena parte de los focos son de poca dimensión y se encuentran en zonas altas, hay dos "muy extensos" localizados en Bustantigo, en el concejo de Allande, y Antoñana, en Belmonte de Miranda, que es donde más medios se concentran, ha detallado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA),

Los fuegos se reparten en 18 de los 78 concejos asturianos: Allande, Belmonte de Miranda, Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Llanes, Morcín, Oviedo, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga, Ribadedeva, Salas, Tineo y Yernes y Tameza.

En Tineo se ha tenido que cortar un tramo de la AS-15, la recta de La Vega, entre los kilómetros 25,500 y 25,300 y habilitar desvíos, a causa de un desprendimiento de piedras provocado por el incendio.

Según el índice diario elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, en la jornada de hoy 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los cuatro restantes, en riesgo alto.

Las temperaturas máximas se han suavizado ligeramente respecto a ayer, aunque se han acercado a los 27 grados, mientras que las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora (km/h) en algunos puntos de los Picos de Europa y se han situado en torno a 70 km/h en otros puntos de la comunidad, lo que ha dificultados las labores de extinción.

De cara a mañana, miércoles, los 78 concejos asturianos se encontrarán en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que la Aemet prevé en Asturias un nuevo descenso de las temperaturas máximas y lluvias y chubascos en la cordillera, ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser fuertes.

El incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña), que son dos focos unidos, ha quedado controlado este martes tras quemar 190 hectáreas, informa la Consellería do Medio Rural, informa EFE.

El fuego de Carballo empezó en la parroquia de Noicela a las 14:18 horas del lunes, mientras que el de A Laracha, en Caión, arrancó a las 13:13 horas, según detalló la Guardia Civil.

Las llamas obligaron a la Guardia Civil a desalojar a trece personas en los lugares de Goxán de Arriba y de Outeiro —ubicados en la parroquia de Caión, en el término municipal de A Laracha— y han sido trasladadas al centro cívico de Caión.

El incendio forestal está controlado —sin llama visible— desde las 15:37 horas de este martes, tras su estabilización de anoche.

En él trabajan diecisiete agentes, veintiún brigadas, veinte motobombas, dos palas, cuatro técnicos, tres helicópteros, tres unidades técnicas de apoyo y cuatro aviones.

Los fuegos obligaron a cortar la carretera DP-1909 entre los kilómetros 12 y 15, el tramo que une Caión con A Laracha, debido a la falta de visibilidad provocada por el intenso humo. 

La combinación del calor extremo y las sequías serán cinco veces más frecuentes al final del siglo si se mantienen las políticas climáticas actuales, un fenómeno que afectará gravemente a cerca del 30 por ciento de la población y que impactará más a los países tropicales con menos ingresos, los que menos contribuyen al calentamiento global.

Los dos eventos (sequía y calor extremo) generan conjuntamente riesgos mayores que cada uno por separado, y amenazan la seguridad alimentaria, la salud humana y el acceso al agua, además de enfatizar la "profunda injusticia climática", ya que los países con menos recursos para adaptarse sufrirán las consecuencias más severas de las emisiones generadas por potencias industriales.

Son las principales conclusiones de un estudio que han realizado investigadores de la Universidad Oceánica de China y del Instituto Alfred Wegener alemán, que han observado cómo podrían evolucionar las condiciones hasta finales del siglo y han realizado para ello 152 simulaciones basadas en ocho modelos climáticos, considerando diversos escenarios de crecimiento demográfico y calentamiento global que se describen en el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).

Los investigadores han publicado hoy los resultados de su trabajo en la revista Geophysical Research Letters, de la Unión Geofísica Americana.

El análisis sugiere que cumplir con los acuerdos internacionales de emisiones podría reducir significativamente el número de personas expuestas a estos peligros ambientales, y que las decisiones políticas actuales determinarán la calidad de vida y supervivencia de miles de millones de personas en las próximas décadas.

Los investigadores han subrayado que el calor y la sequía se potencian mutuamente, y en situaciones extremas provocan restricciones de agua e inestabilidad en los precios de los alimentos, además de un mayor riesgo de incendios forestales, pérdidas agrícolas y una mayor mortalidad.

Los investigadores dividieron la superficie terrestre en celdas sobre una cuadrícula y compararon la frecuencia de las olas de calor y las sequías en cada celda, y descubrieron que las áreas terrestres sufrieron aproximadamente cuatro episodios de calor y sequía al año entre 2001 y 2020, lo que representa el doble de la frecuencia que se registraba en el período preindustrial, entre 1850 y 1900.

Y aunque han señalado que cuanto más caótico se vuelve el clima más difícil resulta hacer pronósticos, los científicos han corroborado que en el escenario de crecimiento climático y demográfico más acorde con la trayectoria actual los extremos de calor y sequía se intensificarían para el 28 por ciento de la población mundial —casi 2.600 millones de personas— para la década de 2090, y un 6,6 por ciento sufrirá ese nivel de exposición en la década de 2030.

A nivel mundial, los extremos de calor y sequía combinados podrían ocurrir casi 10 veces al año en promedio para finales de siglo, con los más largos durando alrededor de 15 días, lo que representa un aumento de 2,4 y 2,7 ​​veces con respecto a las condiciones de los últimos 25 años, respectivamente.

Los investigadores han concluido que son las emisiones humanas de gases de efecto invernadero las que impulsan estos cambios, ya que cuando analizaron simulaciones considerando únicamente fuerzas naturales, no se observaron tendencias significativas en la frecuencia o en la duración de los extremos de calor y sequía.

También han concluido que los países que más emiten no serán los que sufran los mayores impactos, y según la distribución geográfica del riesgo en las simulaciones, las naciones de bajos ingresos cercanas al ecuador y los trópicos experimentarán los extremos de calor y sequía más intensos a pesar de contribuir con muchas menos emisiones que las naciones más ricas.