Hace 12 años que Manuela Navarro, vecina de Orcasitas, inició una pequeña revuelta para rehabilitar el "Poblado" de Orcasitas, uno de los barrios con menos renta de Madrid. Entonces, prácticamente nadie tenía aire acondicionado en verano y poco encendían la calefacción en invierno porque no podían pagarla. Ahora, esta comunidad de un centenar de edificios puede vivir casi sin ellos gracias a un enorme proyecto de eficiencia energética que es referencia europea.

En apenas una década, esta vecina ha conseguido poner de acuerdo a algo más de 3.000 familias para buscar subvenciones por todos lados y poner al día sus viviendas. Todo partió del desprendimiento de un trozo de fachada que alertó a los vecinos, pero aquella anécdota ha terminado convirtiéndose en un proyecto millonario en el que se han rehabilitado 90 bloques de viviendas y hay otros 17 esperando.

"Mi barrio es un buen ejemplo de donde está el dinero público. Aquí hay muchos millones metidos", dice la portavoz de este movimiento, que se impulsó desde la Asociación Vecinal de Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas. Por su trabajo de unión social, Navarro recibió hace tres meses la Cruz de la Orden del Mérito Civil.

La clave está precisamente en el dinero, porque convencer a los vecinos de embarcarse en un proyecto de decenas de miles de euros era impensable. Según detalla, renovar la fachada de un edificio en el que viven solo 20 vecinos les costaba entre 700.000 y un millón de euros, pero gracias fundamentalmente a las ayudas del Ayuntamiento de Madrid han podido hacerlo prácticamente gratis. Como llevan diez años con ello, algunos pisos consiguieron sumar las subvenciones del consistorio con fondos europeos o de la Comunidad de Madrid. En el peor de los casos han pagado 3.000 euros por vecino, y algunos no han tenido que pagar nada.

Estos edificios, como muchos otros de Madrid y de las grandes ciudades españolas, se levantaron entre 1957 y 1965. Con materiales baratos y sin pensar más que en terminarlos lo antes posible, antes incluso de las primeras normas básicas de edificación del país. El resultado es que la etiqueta energética de estos bloques era hasta hace unos años una G, la peor posible, lo que significa que los veranos y los inviernos eran insoportables en su interior.

Antes de la reforma, Navarro explica que, con la calefacción puesta en los meses de frío, no había manera de calentar su casa por encima de los 15º C. Ahora, en cambio, puede pasar buena parte del invierno sin poner la calefacción y su casa se mantiene relativamente agradable, a unos 19 ºC. "Tengo anécdotas de todo el mundo. De un abuelito del barrio que nos agradeció que impulsáramos esto porque no podía pagar la calefacción. Nos dijo que ahora sigue sin ponerla, pero que al menos ya no pasa frío y se resfría menos", afirma. 

Ahora que llega el verano, Manuela tampoco necesita el aire acondicionado y, con un vistazo a las fachadas, es evidente que prácticamente ningún vecino tiene aparatos en su casa. No todos pueden vivir así, cuenta Antonio, un vecino del barrio en cuyo apartamento el sol pega de frente desde el mediodía, aunque es una excepción. "La obra, magnífica, pero tampoco es que se pueda vivir sin aire acondicionado. Es cierto que ahora con ponerlo tres horas y bajar el toldo se puede estar en casa, mientras que antes lo tenía puesto desde las 12.00, cuando empezaba a pegar el sol hasta que me iba a dormir", cuenta.

Aunque no ha echado cuentas exactas, calcula que se ahorra probablemente un 40% en la factura de la luz. Manuela Navarro, que conoce bien el proyecto, dice que, en su caso, el invierno que más pagó en calefacción fueron 58 euros, el de Filomena, frente a los 300 que se dejaba antes de la rehabilitación.

Para realizar estas intervenciones, los vecinos contaron, evidentemente, con  apoyo externo de expertos en energía. El principal impulso fue un concurso del Colegio de Arquitectos de Madrid, Renueva Orcasitas, que permitió desarrollar un proyecto profesional y común para toda la zona. El resultado fue un salto en eficiencia de la letra G a la C, solo con intervenciones superficiales de los edificios. Básicamente, poner un recubrimiento SATE en la fachada y aprovechar para retirar el amianto de los edificios y unas rocas pesadas que decoraban las ventanas. Quienes quisieron, también cambiaron ventanas y tuberías por cuenta propia.

El proyecto de Orcasitas es una referencia en España sobre cómo las cosas deberían hacerse para lograr una rehabilitación rápida y a gran escala. En este momento se ponen a punto energéticamente unas 30.000 viviendas en España al año, de las 21 millones que lo necesitan. El Gobierno se ha marcado por ahora la meta de rehabilitar 1,2 millones para 2030, pero a este ritmo solo se alcanzarán unas 285.000, menos de la cuarta parte, según datos del Colegio Profesional de Administradores de Fincas.

La Fiscalía europea ha abierto una investigación por posible fraude en un contrato entre el Gobierno de Murcia y la consultora vasca IDOM para la elaboración de un informe en 2020 en el que se retrata la contaminación de los suelos en el Campo de Cartagena. El estudio sigue guardado en un cajón, pese a las docenas de peticiones de acceso de las organizaciones vecinales, preocupadas por los metales pesados a los que se exponen cada día. Además, hay evidencias de que el trabajo podría haberse entregado de forma incompleta. Como fue financiado en un 80% con fondos europeos Feder, los investigadores indagan ahora en si se cometió un delito de fraude comunitario por valor de 200.932,60 euros.

Según ha podido saber infoLibre, la Fiscalía quiere averiguar si el encargo fue efectivamente entregado en tiempo y forma, porque la Consejería de Medioambiente ha ignorado sistemáticamente todas las peticiones de acceso de la organización vecinal Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, que terminó denunciando en Luxemburgo. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia también envió dos reclamaciones a la Dirección General de Medio Ambiente para que publicase en internet el estudio íntegro, pero fueron ignoradas.

Cuando la asociación tuvo finalmente acceso al documento el pasado mes de febrero a través de terceras personas –la Consejería sigue desoyendo las peticiones de transparencia–, pudo comprobar que el estudio encargado hace seis años estaba en realidad incompleto. infoLibre tuvo acceso al trabajo y pudo comprobar que la ausencia más clara es la de la creación de una app móvil en la que se debería poder ver sobre un mapa el nivel de riesgo por contaminación, pero que nadie ha visto todavía.

Esa aplicación formaba, de hecho, parte del título del encargo, y su elaboración era una prioridad. El trabajo se titula Determinación de niveles de fondo y Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de metales y elementos traza en suelos, elaboración del inventario de suelos contaminados y desarrollo de una aplicación web (con visor SIG) para la gestión de la información de la calidad de los suelos.

Según los denunciantes, en el informe que fue filtrado tampoco había rastro de otros contenidos que sí estaban recogidos en el pliegue del contrato: la cartografía de suelos contaminados, la memoria final, nueve informes de seguimiento y un material divulgativo para dar publicidad a los resultados. En la versión que vio infoLibre, el informe estaba además recortado y no contenía los anexos II y III, donde supuestamente están las actas de laboratorio y los resultados analíticos, y donde debería verse cada muestra tomada con su referencia geográfica y el nivel de contaminación de ese punto.

"Existen indicios de que el contrato pudo ser certificado y/o pagado total o parcialmente sin evidencia verificable de ejecución real y entrega de entregables esenciales", se lee en la denuncia de la organización de vecinos. Tras recibir el escrito, la Fiscalía europea decidió la semana pasada abrir una investigación por "un posible delito de malversación de caudales públicos, un delito de fraudes y exacciones ilegales y un delito de prevaricación". Los tres delitos están recogidos en el Código Penal y conllevan pena de prisión.

El contrato fue adjudicado el 1 de junio de 2020 a IDOM Consulting y se daban diez meses para su realización, pero no se volvió a saber más de él. No obstante, en el informe filtrado hace cuatro meses sí que figura que fue finalizado en noviembre de 2020. El proyecto fue presupuestado en 251.165,75 euros (IVA incluído) y 200.932,60 euros fue la cantidad que aportó la Unión Europea. El resto se costeó con los presupuestos de la Consejería de Agricultura.

Sara Rubira, la consejera a cargo de esta cartera, fue precisamente cesada la semana pasada, junto con el consejero de Sanidad, en lo que el barón del PP Fernando López Miras calificó de renovación del Gobierno murciano. Rubira fue aupada a ese puesto en 2023, cuando, en teoría, el informe de IDOM ya había sido entregado. Sin embargo, sí fue bajo su cargo cuando ignoró las exigencias de publicación del Consejo de Transparencia. No es tampoco el primer informe de este tipo que Rubira mantiene en un cajón.

La denuncia fue interpuesta por la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, que lleva años reclamando que el Gobierno regional se tome en serio los altísimos niveles de contaminación por metales pesados en los suelos de los municipios que rodean la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.

Las minas que se explotaron en esa zona hasta la década de 1990 quedaron abandonadas y docenas de balsas de residuos permanecen abiertas, de manera que el viento y el agua dispersan metales pesados por toda la región. Un informe sobre incidencia y la mortalidad por cáncer con datos de 1996 a 2007 ya demostró que la comarca era un punto negro. En las últimas dos décadas apenas ha cambiado nada.

Pedro Gálvez, portavoz de esa asociación, denuncia que él mismo se ha sometido en los últimos años a tres análisis de plomo y cadmio en sangre, y ha dado positivo en ambos casos. "Que la contaminación minera sea la causa no lo podemos saber, porque nadie lo ha investigado, pero hay mucha gente enfermando de cáncer aquí", explica. "Cuando hace viento, ese polvo tóxico llega a mi casa, porque lo hemos comprobado con análisis. Y cuando llueve, se generan unos lixiviados, que es un cóctel de arsénico, cadmio y plomo, que se arrastran hasta el puerto de Cartagena", añade.

Lo que sí figura en el informe de IDOM, fechado en noviembre de 2020, es un resumen de los resultados de 550 muestras de suelo tomadas por los autores y que demuestran una vez más que la región que rodea la Sierra Minera de Cartagena-La Unión está contaminada por metales pesados, suelos que incluyen tierras agrícolas y municipios como Cartagena, La Unión, El Algar o El Llano del Beal. Según se lee, todo el área tiene concentraciones de plomo superiores a 1.000 mg/kg de tierra, casi diez veces por encima del máximo legal para una tierra de cultivo. El plomo es un metal considerado potencialmente cancerígeno.

El estudio también encuentra niveles muy por encima del máximo legal en cadmio, un metal considerado cancerígeno, en Cartagena, "donde se alcanzan valores que pueden llegar a los 6 mg/kg". El límite legal en suelo agrícola es de 1,5 mg/kg. También se supera el tope en zinc en esa misma zona, "donde los valores pueden llegar a superar los 600 mg/kg". El límite de zinc es 200 mg/kg.

Castilla y León ya era considerada hasta este miércoles la comunidad con el dispositivo antiincendios más caótico y precario del país, con bomberos trabajando para docenas de empresas diferentes y una Junta incapaz de coordinar los medios de extinción en verano y de prevención en invierno. A esto se suma ahora la decisión de PP y Vox de repartirse las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, una decisión que podría dejar a los bomberos forestales entre dos aguas.

El PP ya ha dicho que ellos se quedarán con la gestión del dispositivo de incendios, pero Vox tendrá a su cargo una serie de competencias de esa rama en un área llamada "Política Ambiental", que todavía no se han concretado, y que se integraría en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Según explican fuentes del PP a infoLibre, Vox tendrá un espacio estratégico para condicionar la política rural, la caza, la pesca, el lobo y la relación entre protección ambiental y actividad agraria.

Los bomberos forestales, con la temporada de incendios ya comenzada, explican que por ahora no saben qué significará para ellos esta ruptura de la consejería, y esa incertidumbre nunca es bienvenida en una profesión que ya de por sí arrastra problemas de coordinación bajo el mando del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aspira a ponerse de nuevo al mando de la parte que corresponda a los populares.

"El cambio nos afecta, porque en un dispositivo antiincendios las decisiones son siempre políticas y ahora no sabemos con quién tenemos que hablar, con PP o con Vox", afirma un profesional, que prefiere no dar su nombre porque trabaja para el cuerpo público de la Junta. 

La lista de tareas de los bomberos forestales, más allá de apagar fuegos, están íntimamente relacionadas con la política ambiental de la comunidad, y es ahí donde podrían chocar las órdenes de las consejerías. Fuera de la época de riesgo elevado, su día a día consiste en  la prevención activa –con tareas de desbroce y tala–, en el mantenimiento de infraestructuras contra incendios, en la vigilancia de los bosques y en la restauración del entorno tras los fuegos para acelerar su recuperación. Algunos profesionales afirman que este año han tenido incluso que ayudar en un proyecto para recuperar el lince. 

Lo que sí se saca en claro del pacto de los populares con la extrema derecha es que el dispositivo continuará ampliamente externalizado. "Se incrementará de forma efectiva la colaboración público-privada para asegurar la limpieza, la repoblación, la prevención y la extinción de incendios", se lee en el acuerdo de Gobierno, firmado este miércoles entre PP y Vox. Para un portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL), esa frase es una declaración de intenciones: supone continuar con el operativo precario actual. "Tememos que ese punto del acuerdo sea un guiño a que la relación de la Junta con las empresas va a seguir durante mucho más", afirman desde la organización, cuyo objetivo número uno es convertir todo el dispositivo en un cuerpo público.

Esta batalla es especialmente intensa en esta comunidad porque otras autonomías tienen una parte de los bomberos subcontratada a empresas privadas, pero en Castilla y León esa proporción llega al 70% del cuerpo. Esa es, según los trabajadores, la principal causa de que los forestales estén extremadamente precarizados. Ninguno de los bomberos de empresa trabaja los 12 meses del año, condición imprescindible para poder realizar tareas de prevención efectivas durante el invierno. Tampoco tienen reconocida su categoría profesional como bomberos forestales ni cobran pluses por peligrosidad.

Los cambios en la consejería llegan, de hecho, en un momento de presión máxima en el operativo antiincendios de esta región. La Junta tiene un acuerdo no oficial con el sector para reorganizar el operativo y concentrar a los bomberos externalizados, que ahora trabajan para más de 30 empresas, en la empresa pública Tragsa. Para ello, en teoría, todos los contratos que caduquen a partir de ahora se firmarán con esta compañía, y el traslado completo culminaría en un plazo de tres años.

Sin embargo, las empresas que históricamente han asumido estos contratos no están dispuestas a quedarse sin negocio. La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), que representa a algunas de las concesionarias, anunció la semana pasada una supuesta huelga de 950 bomberos en protesta por este cambio, denunciando "la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa” que tienen los bomberos. 

Desde ATIFCYL insisten en que los trabajadores no secundan este parón, sino que sería más bien un cierre patronal. "La orden es efectiva y tenemos varios testimonios de compañeros que han recibido la orden de no salir si la Junta necesita efectivos para apagar un incendio. El problema es que la Junta ha dado tanto poder a las empresas que, si deciden no ir a apagar el fuego, se te cae la mitad del operativo", resume el portavoz de la asociación.

El síndrome de la rana hervida funciona como una metáfora que ejemplifica cómo las personas vamos aceptando, mediante la adaptación, situaciones que resultan peligrosas o destructivas. La analogía compara así el supuestamente diferente comportamiento de las ranas si caen en una olla con agua hirviendo (de la que intentarán salir inmediatamente) o si se encuentran en un recipiente con agua que se pone al fuego y se va calentando lentamente hasta finalmente hervir; en este caso, en cambio, la rana irá acostumbrándose a la nueva temperatura hasta morir.

Aunque la base de la parábola generó controversia (distintos experimentos mostraron que la rana que se encuentra en agua que se calienta lentamente acabará intentando escapar cuando la temperatura sea excesiva), la metáfora se ha empleado para alertar de la incapacidad de los seres humanos o de las sociedades de percibir un peligro que no es súbito, sino que crece gradualmente. También en relación con el cambio climático, y de hecho Al Gore utilizó esta referencia en su famoso documental Una verdad incómoda, ganador de dos Oscar.

Los datos no mienten. El cambio climático, provocado por la acción humana, es una realidad desde hace décadas y ya estamos sufriendo sus efectos. Sube la temperatura media —lentamente, como si estuviésemos en una olla hirviendo— y aumentan los fenómenos meteorológicos extremos —sequías, récords de temperaturas, lluvias torrenciales…—, cada vez más frecuentes y cada vez más extremos.

Esta semana que termina, todo el oeste de Europa sufrió un episodio de temperaturas inusualmente altas para el mes de mayo. Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica o Irlanda batieron sus récords para este mes, con 35 grados alcanzados en Londres, 37 en el sur de Francia o más de 30 en Alemania. En Galicia, los valores alcanzados esta semana no supusieron máximas históricas, pero estuvieron cerca.

Cuando sí se baten esos récords, surge la alarma. En la segunda mitad del mes de junio del año pasado, las temperaturas en Ourense superaron los 40 grados en cuatro jornadas y durante dos semanas los termómetros no bajaron de los 30 grados. En el resto de Galicia, con valores más reducidos, la situación fue similar. Llevamos años de récords sucesivos, lo que no quiere decir que esas marcas históricas se batan todos los meses.

Pero, de nuevo, los datos muestran una realidad incómoda para muchos y desmienten los falaces argumentos de los negacionistas (interesados o dirigidos) del cambio climático. Los cuatro últimos años fueron los más cálidos de la serie histórica en Galicia, como se ve en el gráfico anterior. La temperatura media entre 2022 y 2025 se movió entre los 14,7 y los 14,9 grados, más de un grado por encima de la media del período 1980-2010 y casi dos grados más que los valores más habituales en las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo.

Las causas del calentamiento global están también claras —en especial, el uso de carbón, petróleo y gas para generar electricidad, calor o para mover vehículos de combustión— y las soluciones están igualmente enunciadas y aceptadas, a la espera de su aplicación.

David Domínguez, responsable de las cuentas de Redmeteo en X e Instagram, comenta en conversación con Praza.gal las elevadas temperaturas vividas en Galicia y en la mayor parte del oeste de Europa, subrayando que el fenómeno fue particular en el norte: “por ejemplo, en Mondoñedo sí se batió el récord de temperatura máxima para el mes de mayo, con niveles que quizá no se alcancen ni en agosto”.

Domínguez subraya que “lo que se sale de la norma no es bueno, ni las lluvias excesivas y la sucesión de días grises que tuvimos en invierno, ni el calor excesivo que vivimos en los meses más cálidos”.

El gráfico anterior muestra las anomalías de temperatura registradas mes a mes en Galicia desde el año 2020. Como se ve, predominan los colores rojos, correspondientes a los meses extremadamente cálidos y cálidos. Las excepciones son los meses con temperaturas normales o frías. En el pasado año 2025 destacaron los datos del mes de junio, ya comentado, con una anomalía de 2,8 grados. Pero también los de enero (1,8 grados por encima de la media de las últimas décadas).

En 2024 los extremos los marcaron los meses de enero y noviembre, una muestra de que las subidas de las temperaturas no afectan únicamente al período estival, sino que se dan durante todo el año, incluso en invierno y también en meses como octubre —extraordinariamente cálido en 2022 y 2023—.

Como destaca David Domínguez, los veranos son objetivamente más largos, empezando antes (los meses de abril y mayo son cada vez más cálidos y secos) y terminando más tarde, con unos meses de octubre que están marcados cada vez más por el calor y por los incendios. “Yo lo noto especialmente al final del verano, pues parece que cada vez tarda más en comenzar el otoño. Y no me refiero a la lluvia, porque al final más o menos va lloviendo lo mismo, pero sí en relación con las temperaturas. Octubre es cada vez más cálido y últimamente incluso noviembre registra temperaturas más altas”, dice.

“Los veranos, además, llegan antes, llegan de golpe y año tras año estamos batiendo récords en todos los meses”, añade, concluyendo que “esto no se puede negar: hay datos, es una evidencia científica”.

Uno o dos grados pueden no parecer mucho (de nuevo la parábola de la rana puesta a hervir), pero tiene implicaciones a corto, medio y largo plazo que todos sufrimos en nuestra vida diaria. En primer lugar, por la sucesión de anomalías de temperatura (de bajas y de altas temperaturas, más frecuentes estas últimas) que hacen más incómodas nuestras vidas y que tienen consecuencias graves para la salud de las personas más vulnerables, especialmente las de edad avanzada, pero también niños y niñas y personas con determinadas patologías.

Desde el año 2015 el Sistema de Vigilancia de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) monitoriza los excesos de mortalidad en España, realizando estimaciones que comparan los fallecimientos esperados y los reales y analizando las causas de estas desviaciones, entre ellas las temperaturas. Entre 2015 y 2025 más de dos mil personas perdieron la vida en el período estival —entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre— debido al efecto del calor.

El año pasado fue el peor de la serie, con 397 personas que fallecieron debido a los efectos atribuibles a las altas temperaturas. La mayor parte fueron personas de más de 85 años (303), especialmente en los meses de agosto y junio.

Conviene aclarar que solo una parte de estas muertes se notifica como directamente causada por las altas temperaturas (por ejemplo, los golpes de calor). Sin embargo, el efecto negativo de las altas temperaturas, sobre todo cuando estas se extienden en el tiempo, provoca un debilitamiento de la salud, especialmente en personas de edad avanzada o aquejadas por otras patologías.

Los territorios en los que tradicionalmente las temperaturas eran más altas en verano suelen estar mejor adaptados al calor por desarrollar una serie de hábitos (permanencia en espacios más frescos en las horas de más calor), medidas de protección individual (mayor presencia de aire acondicionado, persianas, toldos) y diseños urbanísticos (calles más estrechas, fuentes, zonas de sombra) que reducen los impactos del calor en la salud.

Otro efecto claro, ligado al incremento de la temperatura del agua del mar, es la crisis que sufre el importante sector marisquero en Galicia

Las temperaturas elevadas —unidas a otras consecuencias del cambio climático, como períodos prolongados de sequía— están ya provocando otros efectos evidentes, como el incremento de la peligrosidad y virulencia de los incendios forestales, más difíciles de controlar y con efectos más graves.

Otro efecto, ligado al incremento de la temperatura del agua del mar, es la crisis que sufre el importante sector marisquero en Galicia. Especialmente significativo —por su peso económico— es el declive del mejillón de las bateas gallegas: 2025 marcó un nuevo récord negativo en las últimas dos décadas. Lo mismo sucedió con la almeja, la volandera o la ostra plana, entre otros bivalvos. La contaminación y los efectos del cambio climático, entre las causas.

Quedamos, pues, a la espera de los siguientes récords históricos de temperatura, de las anomalías en relación con los valores normales y de los efectos —inmediatos y directos o a medio plazo e indirectos— de un calentamiento global que está marcando la vida de las generaciones actuales y que lo hará en mayor medida sobre las generaciones venideras.

El enfado de los sindicatos es mayúsculo. España es uno de los epicentros del calor en el hemisferio norte y el Gobierno sigue sin tomarse en serio la protección de los trabajadores durante los meses tórridos, hasta el punto de que se desconoce cuántas muertes reales ocurren por altas temperaturas. El Ministerio de Trabajo llega de nuevo al verano sin adaptar la ley de riesgos laborales al cambio climático y sin modificar los reglamentos que había prometido. Esta semana, con temperaturas que rozan los 40 ºC, se verán las primeras consecuencias.

"Las justificaciones del ministerio no convencen a nadie. Tendríamos que tener desde diciembre un real decreto aprobado, y no está ni el borrador. Tenemos una reforma legal que va al Congreso, y en la situación política actual no tengo ninguna esperanza", se desahoga Mariano Sanz, encargado de Salud Laboral y Medioambiente en Comisiones Obreras (CCOO). "La Aemet prevé un verano como el del año pasado. Ya nos han advertido, y en unos días nos rasgaremos las vestiduras cuando lleguen las consecuencias", añade con contundencia.

Agricultores, repartidores, albañiles, policías, personal de limpieza… la lista de empleos expuestos al calor es interminable, y los expertos advierten de que cada año la situación va a peor debido al cambio climático. Hace falta adaptar la ley, denuncian los sindicatos, para evitar que estos trabajadores estén desprotegidos. En general, la norma obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores, pero hace falta concreción y persecución del incumplimiento.

El paso principal es actualizar la Ley de riesgos laborales de 1997, la mejor manera de obligar a las empresas a adaptarse al calor. El Ministerio de Trabajo lleva inmerso desde febrero de 2024 en una negociación con sindicatos y patronal para reformarla, pero en noviembre los empresarios se levantaron de la mesa y la ministra Yolanda Díaz terminó publicando un anteproyecto de ley sin el apoyo de los empresarios.

Ese texto, que todavía tiene un largo camino antes de entrar en vigor, reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo, y por tanto la salud de los trabajadores. Otro punto de la reforma también señala que, si hay una previsión de que vaya a ocurrir un fenómeno meteorológico adverso en un territorio, se tratará como un "riesgo laboral grave e inminente". Estos dos cambios obligarían a las empresas a introducir en sus planes de prevención de riesgos medidas para enfrentarse al calor, a las riadas o a otros fenómenos.

El texto fue aprobado en Consejo de Ministros y se encuentra ahora en estudio por el Consejo Económico y Social, que debe emitir un informe preceptivo. No está claro, según los sindicatos, si irá después al Consejo de Estado. De ahí volverá al Consejo de Ministros –"esperamos que pronto, pero no podemos dar una fecha", afirman fuentes de Trabajo–  para ser revalidado y después pasará por el Congreso de los Diputados, donde se augura un fracaso debido a la crisis parlamentaria actual.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, recuerda que el verano pasado se estimaron casi 4.000 muertes atribuibles al calor en España, según el Ministerio de Sanidad, y que cientos de miles de trabajadores no pueden quedarse desprotegidos por un desacuerdo en el Congreso. "Nos hemos vuelto a plantar a las puertas del verano sin una ley que proteja a los trabajadores. Esperemos que esta ley no caiga por el camino porque es inadmisible volver a sufrir otro año como el pasado", critica.

Mariano Sanz, de CCOO, reconoce que la reforma de la ley de riesgos laborales es una utopía en este momento, pero que hay otra figura que permite a Yolanda Díaz actuar sin pasar por el Congreso. De hecho, es su obligación abordarla.

En noviembre de 2024, como parte del real decreto ley 8/2024, de medidas para responder a la dana de Valencia, el Gobierno introdujo una disposición que ordenaba en un plazo de 12 meses al Ministerio de Trabajo aprobar "un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral". Al no tratarse de una modificación de una ley, no requeriría ir al Congreso, y podría abordarse por decreto.

"Nuestra esperanza es que al menos este reglamento salga adelante, pero todavía no hay ni un borrador. Exigimos que se publique ya", señala el portavoz. Trabajo les ha respondido que antes necesita aprobar la reforma de la ley que tiene pendiente, pero para Sanz ese proceso no tiene futuro y solo retrasará cualquier avance en protección laboral.

Aunque la ley de prevención tiene tres décadas, uno de sus reglamentos asociados se actualizó en 2023 para introducir el riesgo por calor a la hora de modificar la jornada laboral, y esta herramienta sí que debe aplicarse ya en empresas y administraciones.

El real decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo recoge ya que todo empleado al aire libre tiene "la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos", como olas de calor, si no se puede garantizar su seguridad.

También subraya que si una zona está bajo aviso naranja o rojo de la Aemet, por ejemplo por calor, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista".

Otra de las exigencias que hacen los sindicatos es abordar el escasísimo seguimiento que hay de las muertes laborales por golpe de calor. El año pasado se registraron oficialmente cinco muertes por este motivo y 259 accidentes laborales, según la Estadística de Accidentes de Trabajo del ministerio que dirige Yolanda Díaz. El año anterior se contaron cero fallecidos por altas temperaturas en puestos de trabajo.

Los sindicatos no comprenden que mientras los estudios de impacto del calor en la sociedad española estiman cientos de fallecidos cada verano, la estadística laboral ignore este problema. Según los portavoces consultados, en la inmensa mayoría de los casos, simplemente no se realiza un estudio en profundidad sobre las causas de la muerte. "Si un obrero se cae de un andamio, no se indaga en si antes sufrió un golpe de calor", resume Mariano Sanz.

El barón popular Fernando López Miras ha descabezado este jueves la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia como parte , zona cero del escándalo de tierras agrícolas contaminadas en el Campo de Cartagena, en una remodelación más amplia de su Gobierno. La consejera del PP Sara Rubira llevaba desde febrero negando su responsabilidad sobre el informe que le fue entregado en mayo del año pasado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), documento que mantuvo en un cajón hasta que la presión vecinal, política y mediática llevaron a su revelación hace apenas un mes. Miras ha enmarcado este cese en una remodelación del Ejecutivo autonómico que afecta también a otros cuatro consejeros.

En ese informe, titulado Diagnóstico de la Calidad de los Suelos Agrícolas del Campo de Cartagena, un grupo de expertos en edafología demuestra negro sobre blanco lo que ya se conoce desde hace al menos dos décadas: que todo el suelo agrícola del Campo de Cartagena tiene niveles de metales pesados en cantidades altamente peligrosas. En el caso del plomo, un metal demostrado tóxico y potencialmente cancerígeno, la concentración encontrada en la tierra de esa zona es entre ocho y 160 veces superior al límite legal. En arsénico, considerado cancerígeno, el nivel más alto encontrado por los expertos es 17 veces superior al nivel genérico de referencia.

Aunque el informe no se hizo público durante un año, el pasado febrero se filtraron unos mapas de concentración de metales en suelo donde ya se veía claramente que la situación era grave. El informe completo, que salió a la luz hace un mes por la prensa, detalla a lo largo de más de 500 páginas una situación dramática y se reconoce con datos que los agricultores de algunas zonas tienen una probabilidad mayor de sufrir cáncer debido a ese cóctel de metales pesados.

En concreto, en la región del Campo de Cartagena los autores calculan que el riesgo de cáncer es de 19 casos extra por cada 100.000 personas para los trabajadores de alta exposición –que trabajan en contacto con la tierra durante 250 días al año sin las protecciones adecuadas–. Si el trabajador se expone menos días y usa guantes, calzado adecuado y se lava correctamente al terminar la tarea, el riesgo se reduce. El arsénico es el principal responsable, seguido del plomo.

"Bajo estas condiciones, únicamente se identifican valores que superan ligeramente los umbrales de referencia en algunas áreas muy localizadas del sureste, coincidentes nuevamente con el entorno de la Sierra Minera de Cartagena–La Unión, donde la presencia de metales pesados es históricamente más elevada. El resto del área evaluada no muestra niveles de riesgo que comprometan la salud humana", se lee en el estudio, al que ha tenido acceso infoLibre. El informe fue coordinado por Ángel Faz, responsable del Grupo de Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa) de la UPCT.

La consejera ahora destituida, Sara Rubira, no solo mantiene un cajón el informe –sigue sin estar disponible para el público, pese a que fue financiado con los presupuestos regionales–, sino que inicialmente dejó por escrito en un documento oficial que este análisis no existía. Esto ha derivado en una denuncia de Podemos ante la Fiscalía de Murcia por falsedad en documento público y prevaricación, asunto que continúa pendiente. Ecologistas en Acción lo denunció directamente ante un juez, pero no consideró investigarlo.

La historia se remonta al pasado octubre, cuando Ecologistas reclamó a la Consejería de Agricultura la desclasificación del estudio, pero esta contestó en febrero, con firma de Rubira, que el estudio no se había entregado y que iba a exigir la devolución de los 293.000 euros que costó el encargo a la UPCT. Días después, la universidad confirmó su existencia y que fue entregado en mayo de 2025 al Gobierno autonómico. Rubira cambió entonces su versión y dijo que no se ajustaba "a algunos aspectos, características, metodología o plazos que reflejaba la memoria", y pidió igualmente la devolución del dinero a la UPTC.

A finales de abril, cuando el estudio completo llegó a los medios, la entonces consejera finalmente reconoció que ahora su equipo estaba "evaluándolo y verificándolo". "Cuando finalice ese proceso se actuará según las recomendaciones técnicas y la máxima responsabilidad", dijo a la prensa. En todo caso, según publicó La Verdad, el Gobierno regional sí que reclamará a la universidad murciana una parte del coste porque no está de acuerdo con algunas muestras tomadas.

Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia, reclama mayor transparencia y denuncia que el silencio es total alrededor de un asunto que expone a agricultores, vecinos y consumidores de los productos cultivados. "Que hay contaminación ya lo sabíamos. El problema es tener más información y ocultarla, porque solo haces el problema más grande. No sabemos si a raíz del informe se han hecho controles sanitarios ni si se han tomado medidas. Esperamos que el nuevo consejero cambie esta dinámica", opina. Rubira ha sido sustituida por Joaquín Buendía, director de Esamur, la empresa pública murciana de gestión de aguas residuales.

Pedro Luengo desconoce si la polémica del informe ha sido la causa del descabezamiento de la consejería, pero sí recuerda que, junto a Rubira, ha sido cesado también Juan José Pedreño, consejero de Sanidad de la Región, una cartera ligada directamente al problema agrícola porque ese polvo contaminado también afecta de decenas de miles de vecinos de la zona. Un estudio sobre la incidencia de cáncer en la Región de Murcia con datos de 1996 a 2007 muestra una mayor prevalencia en el Campo de Cartagena en mesotelioma, en cáncer de próstata y en cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.

Tras más de un año de espera, la Comunidad de Madrid ha avalado la documentación de las cuatro organizaciones empresariales que aspiran a hacerse cargo del sistema que cambiará la recogida de basuras en España, el conocido como SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno). Las latas y botellas costarán unos céntimos extra que el cliente recuperará cuando devuelva los envases al supermercado, un mecanismo que ya funciona en media Unión Europea. Procircular, Ecoembes, Corepet y Asociación SDDR España serán las encargadas de montarlo.

Según ha podido saber infoLibre, la Comunidad de Madrid ha dado el 'ok' seis meses después de que finalizase el plazo original que contemplaba la normativa nacional. Lo ha hecho a última hora, en un periodo extraordinario de seis meses, que finalizó el viernes pasado. Si la implantación del SDDR ya comenzó con unos tiempos extremadamente ajustados, el retraso del Gobierno regional hace inviable cumplir con la normativa. Según la ley de residuos, la transformación del sistema de recogida de envases debe estar lista en noviembre de 2026.

Julio Barea, de Greenpeace España, reclama recuperar el tiempo perdido y que bajo ningún concepto se espere a 2029, como piden algunas voces de la industria. "Ahora queremos reunirnos con el Ministerio para la Transición Ecológica para establecer un calendario concreto de fechas. La Comunidad de Madrid lo ha tenido bloqueado, y aunque ha cumplido con el último plazo, ha retrasado la implantación. Si no es en noviembre, queremos tener una nueva fecha concreta", valora.

Es un secreto a voces en el sector que no hay mucho interés –o ninguno– en la industria del reciclaje en que el SDDR llegue a España, puesto que supone acabar con un lucrativo negocio para las empresas responsables de recoger y procesar estos envases. El sistema actual, catalogado como "monopolio" por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), está organizado por Ecoembes y se basa en recoger las botellas y latas en los cubos amarillos, una fórmula que se ha demostrado un fracaso y que además repercute en el bolsillo del ciudadano.

El año que ha tardado la Puerta del Sol en dar el paso inicial para desarrollar el SDDR es "estrategia pura y dura", según afirma un agente del sector. "Todos sabemos que para algunos no compensa introducir el SDDR lo antes posible", opina este experto. De las cuatro, opina, Ecoembes es la que "está contra las cuerdas", mientras que Corepet y la Asociación SDDR son las que más reman para ponerlo en marcha cuanto antes.

De las cuatro organizaciones, Ecoembes es la más grande, puesto que ha tenido en sus manos desde finales de los años 90 la gestión de la mayor parte de los residuos del país: el papel, el vidrio y los envases. Corepet está ligada a la italiana Coripet, una de las empresas que dirige el SDDR voluntario del país vecino. La Asociación SDDR España es la organización formada por las patronales FIAB, Aecoc y Anged, de la alimentación, bebidas y supermercados. Y Procircular forma parte de Reclay, una compañía internacional de gestión de residuos.

El visto bueno de la Comunidad de Madrid solo es el inicio de un largo proceso hasta poner en marcha el proyecto. Según la ley de residuos de 2022, aunque el sistema de retorno de envases será nacional, las organizaciones que lo conformen deben ser avaladas por la comunidad autónoma en la que se encuentre su sede social, y las cuatro están en Madrid. De ahí que la Consejería de Medioambiente madrileña tuviese la responsabilidad de dar el primer paso, que consiste en dar por buena la propuesta y la documentación que tiene cada organización.

El siguiente paso es que la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos (CCR), formada por el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas, emita un informe no vinculante sobre la viabilidad del proyecto que propone cada organización, y si es viable que las cuatro convivan en el mismo territorio, como ocurre en otros países, o se concentren en una sola. El visto bueno final a qué sociedad montará el SDDR lo dará después la Comunidad de Madrid.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica se limitan a recordar que la ley obliga a poner en marcha el nuevo sistema de reciclaje antes de diciembre de 2026, y rechazan  la postura de parte de la industria que, basándose en una reinterpretación del reglamento europeo 2025/40, defiende que el SDDR se puede posponer a enero de 2029. 

"Esperamos que se acelere el calendario previsto por los SCRAPs [las cuatro organizaciones aspirantes] que han solicitado autorización para gestionar el SDDR, con el objetivo de poner en marcha el sistema lo antes posible. Para ello, entendemos que es clave comenzar a realizar las inversiones necesarias desde ya, dado que los plazos de implantación son exigentes y el cumplimiento de los objetivos requerirá disponer del sistema plenamente operativo con suficiente antelación una vez se resuelvan las solicitudes de autorización", afirman fuentes de este ministerio.

El SDDR es importante en España porque la alternativa actual, basada en cubos amarillos, no solo es extremadamente ineficiente y un desastre ambiental, sino que provoca que España incumpla la obligación europea de recoger por separado el 77% de las botellas de plástico. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que en 2023, el último dato disponible, solo se recogió por separado el 43,1% de estos residuos. Esto expone a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a eventuales multas de Bruselas, por mucho que la responsabilidad de recoger estos envases sea de las empresas que los ponen en circulación.

España ya llega tarde al plazo de dos años que dio la Unión Europea para trasponer a su legislación la nueva Directiva Penal Ambiental, que facilita que los delitos sobre la naturaleza se procesen por la vía penal para que los castigos sean proporcionales a los daños, incluyendo multas cuantiosas, penas de cárcel para casos graves y la obligación de costear la restauración del ecosistema.

Bruselas reconoce que la justicia europea no tenía hasta ahora herramientas para disuadir a empresas y administraciones de contaminar o destruir el medioambiente, y que era necesario dotar a los tribunales de herramientas más duras. Las ONG advierten de que el Ministerio de Justicia no solo llega tarde, sino que es probable que la directiva no se trasponga esta legislatura, alargando el proceso durante años.

Según explica David de la Bodega, responsable jurídico de SEO BirdLife, su organización no tiene constancia de que Justicia haya avanzado en el trabajo previo para sacar adelante la adaptación normativa ni hay un borrador. En los últimos meses han enviado dos cartas al ministerio para recordar la importancia de avanzar con este problema que no han sido contestadas. Fuentes de Justicia señalan a infoLibre que su intención es llevar el asunto "pronto al Consejo de Ministros".

"La verdad es que no tenemos esperanzas de que se vaya a trasponer durante esta legislatura. Para empezar, parece que no se ha empezado a trabajar en ello, y además necesita después el apoyo de una mayoría cualificada en el Congreso porque hace falta reformar el Código Penal, y con la situación política actual no creo que pueda lograrse", opina el activista.

Las organizaciones ecologistas llevan meses presionando para que se importe la directiva   porque afirman que España sufre un grave problema de impunidad en lo que respecta a los delitos ambientales. Están reconocidos en la ley, pero como las penas son muy bajas, casi siempre en forma de pequeñas multas, son casos de baja prioridad en los juzgados. Y si hay una condena, en muchas ocasiones merece la pena cometer la infracción y pagar.

Esta sensación se detecta a diario en casos de robo de aguas para regadío, en la contaminación de lagunas y acuíferos, en la caza furtiva de especies protegidas, en la exportación ilegal de basuras o en casos de contaminación del aire. Los que luchan cada día contra estos abusos piden también formar a jueces y fiscales en legislación ambiental.

Los estados miembros tenían hasta el jueves 21 de mayo para trasponer la normativa europea al Código Penal, cosa que no ha hecho el Gobierno. El principal cambio que introduce la directiva europea es establecer una lista de infracciones para que sean claramente reconocidas como delitos penales contra el medioambiente, puesto que en los 27 países hay discrepancias debido a la falta de claridad de la anterior directiva comunitaria de 2008. El segundo cambio clave de la nueva versión es que aclara que las personas jurídicas –las empresas– pueden ser responsables de pleno de un crimen ambiental si se benefician de él, no solo las personas que han dado la orden.

Según describen los expertos, en España, por lo general, ya se recogen como delitos la gran mayoría de casos que aparecen en la nueva directiva, pero esta también incorpora las sanciones concretas que deben pagar los acusados. Muchas de las infracciones, sobre todo las que tienen daños a largo plazo sobre un ecosistema, tendrán penas de cárcel concretas, y no habrá margen para resolverlas con una multa, como ocurre ahora.

Por ejemplo, un vertido contaminante que cause daños sustanciales en el ecosistema, si tiene el agravante de realizarse sobre un suelo protegido y con un impacto a gran escala y duradero, tiene en la directiva una pena máxima de al menos ocho años de prisión, en función de lo que decida cada Estado a la hora de la trasposición.

La normativa europea resume el cambio en que los gobiernos nacionales deben garantizar que todos los delitos ambientales recogidos "puedan ser castigados con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias".

La organización WWF es otra de las que ha hecho campaña ante el Gobierno para que cumpla con su compromiso con Europa porque consideran que muy pocos delitos contra la naturaleza terminan siendo perseguidos en España. Hace tres años publicaron un análisis en el que concluyeron que de 4.902 casos de crímenes contra la fauna protegida registrados entre 2015 y 2020 en el país, solo 327 tuvieron una sentencia judicial, el 7%.

Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF, opina que si se endurecieran las penas, estos delitos pasarían a ser prioritarios. "Lo importante no es que la gente vaya a la cárcel más años, sino que los jueces darían más prioridad al medioambiente y tendrían más recursos para estos casos, como escuchas telefónicas o la geolocalización, que se reservan para los casos más graves", valora.

Otro cambio primordial es que la norma europea propone poner el foco sobre las empresas que comentan un crimen ambiental, más allá de condenar a sus dueños, con castigos muy fuertes, como una multa equivalente al 5% de su facturación global en los casos de los delitos más graves.

Tanto para personas físicas como jurídicas se propone también que tengan que costear la recuperación del ecosistema dañado o que paguen una indemnización equivalente. Si bien, queda en manos de los estados miembros decidir qué castigos concretos trasponen a su normativa.

David de la Bodega destaca el castigo a las corporaciones como un cambio muy importante en la legislación ambiental porque con la normativa actual, contaminar un acuífero o abatir un animal protegido de valor incalculable para la sociedad, se resuelven con una multa.

"Un ejemplo claro es la rotura de la balsa de Aznalcollar de 1998, que hizo un daño inmenso al Parque de Doñana y a los alrededores. Como no se pudo atribuir una responsabilidad penal ni civil a la minera, terminamos pagando todos la restauración", recuerda.

Que España no incorpore los cambios en el Código Penal también conllevará que el Gobierno no elabore la Estrategia nacional de lucha contra los delitos medioambientales, un documento que forma parte de la directiva europea y que cada Estado debe publicar como tarde en mayo de 2027. Sería una guía muy útil para prevenir los daños sobre el ecosistema porque en ella se recoge qué aspectos hay que mejorar, qué administración es la responsable y cómo se van a corregir los errores. Los expertos también explican que al no trasponerse la normativa, España se expone a que la Unión Europea abra un procedimiento sancionador por incumplimiento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes el esperado Plan Social para el Clima, 9.000 millones de euros que irán destinados a mitigar el impacto sobre la población vulnerable del nuevo mercado de emisiones europeo destinado a gravar la contaminación de los edificios y del transporte por carretera. Este mercado, llamado ETS2, debe ponerse en marcha el 1 de enero de 2028 y se espera que encarezca la gasolina en unos 16 céntimos por litro y el gas natural en 16 euros/MWh. Sin embargo, España todavía no ha traspuesto a su legislación la normativa del ETS2, y debía haberlo hecho hace dos años.

Las organizaciones sociales especializadas en pobreza energética reclaman la trasposición inmediata de la directiva europea de comercio de derechos de emisión. Primero, porque es obligatorio. Y segundo, porque ayudará a reducir la contaminación de las carreteras y de los edificios. Solo el transporte representa en España un 33% de las emisiones de CO2, mientras que los edificios suponen el 9%. El ETS2 está diseñado para que las emisiones conjuntas de los dos sectores se reduzcan un 42% para 2030 en comparación con los niveles de 2005.

Además, si el ETS2 no se introduce en la ley española, el Plan Social para el Clima presentado este lunes carece de sentido y Bruselas no lo aprobará, como ya ha advertido. "El plan no se puede aprobar sin transposición de la directiva porque lo primero que tenemos que analizar en la Comisión Europea es la relevancia del plan. Y sin ETS2, no hay impacto directo del ETS2, y nosotros tenemos que rechazarlo", declaró en una ponencia en el Congreso de los Diputados Marcos González, de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, a mediados de abril.

En teoría, España debía haber traspuesto la directiva antes del 30 de junio de 2024 para ir recabando información de cuánto combustible consumen los edificios y el transporte de cara a su implementación final. Originalmente el ETS2 iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero a finales de 2025 la Unión Europea decidió posponerlo un año, a 2028. El Gobierno no solo va dos años tarde, sino que para trasponer la directiva necesita una mayoría simple en el Congreso en un momento político extremadamente convulso.

No obstante, quien sigue el asunto de cerca opina que el Gobierno podría ponerse al día en cuestión de dos meses. "Creemos que podría trasponerse [esta legislatura]", opina Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima. "Ha estado hasta ahora parado, pero parece que hay interés para sacarlo adelante incluso antes del verano. Que Sánchez haya presentado este lunes el Plan Social para el Clima nos dice que hay voluntad", añade el portavoz.

El sistema ETS2 es la segunda versión del ETS (Sistema de Comercio de Emisiones, por sus siglas en inglés), activo desde 2005 para la industria y las plantas de generación eléctrica –y en los últimos años también a navieras y aerolíneas–, y que ya ha conseguido reducir casi un 50% las emisiones respecto a 2005 en todos estos sectores. El mecanismo ETS consiste en que cada año se emiten una cantidad tope de permisos para contaminar que las compañías deben comprar para poder emitir una tonelada de CO2. Como el número de permisos se recorta cada año, las compañías están obligadas a reducir sus emisiones porque contaminar sin tener una autorización supone enfrentarse a una multa cuantiosa. En este momento, un permiso para emitir una tonelada de CO2 en el ETS cuesta 77 euros. Este precio varía cada día en función de la oferta y la demanda, y se comercian en un mercado secundario.

Con la entrada del ETS2 en enero de 2028, los proveedores de combustibles para edificios y vehículos (esencialmente gasolina, gas natural y diésel) tendrán que tener en propiedad los permisos de emisiones equivalentes a las emisiones que generen. Durante los tres primeros años, un mecanismo evitará que esos permisos se encarezcan mucho más allá de los 45 euros/tonelada.

Se espera que este sobrecoste en la energía se traslade a través de la cadena hasta los hogares y empresas, los consumidores finales. Transport & Environment, una organización europea especializada en descarbonización de las carreteras, calcula que, si los permisos de emisiones del ETS2 se venden a 55 euros/tonelada, el precio de la gasolina se encarecerá en 15,5 céntimos/litro, y el del diésel en 17,3 céntimos/litro, IVA incluído. Esto equivale a que repostar un coche pequeño costará entre 7 y 8 euros más.

La consultora Magnus Commodities estima que si los ETS2 se venden a 73 euros/tonelada, el gas natural para calefacción se encarecería en 15 euros/MWh, lo que supondría una subida del 33% respecto a la cotización actual del gas natural en Europa.

En cuanto a su impacto general sobre la economía, un estudio publicado este año en la revista Energy Policy estima que si el carbono termina cotizando a 57,5 ​​euros por tonelada en el ETS2, el coste general de la vida en la Unión Europea subirá un 1,18%, que se reduciría al 1,04% si se toman medidas de eficiencia energética. España sería menos golpeada que la media del bloque, con una inflación del 1,02% y del 1,49%, en un escenario de baja y alta eficiencia energética, respectivamente.

Este encarecimiento de la vida es precisamente lo que pretende mitigar el Plan Social para el Clima presentado este lunes por el Gobierno con un presupuesto de 9.099 millones de euros. El 75% de ese presupuesto vendrá de Bruselas, del Fondo Social para el Clima, financiado con los ingresos de la venta de los permisos ETS. El 25% restante lo aportarán los Presupuestos españoles. 

Con ese dinero se financiarán dos tipos de proyectos para hogares con rentas bajas: la mejora de la eficiencia energética en edificios (52% del presupuesto) y el impulso al transporte limpio (48%). La mayor partida en transporte irá destinada a la descarbonización del parque (2.269,6 millones), con ayudas para renovar flotas de vehículos pesados y furgonetas y al achatarramiento de vehículos anteriores a 2020. En vivienda, la mayor cuantía se destinará a construir viviendas nuevas asequibles de alta eficiencia energética (1.813 millones), aunque no se ha publicado el número de inmuebles que se levantarán.

Las organizaciones civiles que han participado en el proceso de elaboración del plan insisten en que su mayor preocupación es que el plan no pierda su rumbo y se centre en ayudar a los más vulnerables. "El ETS2 engloba a dos sectores que van a afectar de lleno a los ciudadanos y repercutirá sobre el coste de las facturas y del transporte. El objetivo del Plan Social para el Clima es paliar ese impacto", valora Cecilia Foronda, directora de Acción para la Transición Ecológica Justa de Ecodes.

Por su parte, Carlos Bravo reconoce que lo que se conoce por ahora es un plan genérico, pero dice que es ahora, durante la consulta pública, cuando se tiene que aclarar la letra pequeña de a quién beneficiarán las ayudas. "Si hablamos de ayudas para el transporte pesado, tienen que enfocarse en el camionero autónomo, que es el que necesita recursos para asumir los cambios, no a la compañía que tiene una flota enorme de autobuses", opina.

Este paquete llega también un año tarde –debía haberse presentado ante Bruselas el 21 de mayo de 2025– y acaba de salir a consulta pública, por lo que todavía tiene que recibir los comentarios de organizaciones y empresas, ser revisado y enviarse definitivamente a la EU. En todo caso, como adelantó el mes pasado el enviado de la Comisión, el Plan Social para el Clima no recibirá el visto bueno hasta que no se trasponga la directiva ETS2

Castilla y León, la región más castigada por los incendios forestales, es, paradójicamente, la que peor trata a sus bomberos forestales. Es un secreto a voces entre los profesionales de todo el país. Los que trabajan allí describen sueldos que rozan el salario mínimo, escasez de trajes antiincendios, alrededor de un 70% del cuerpo externalizado a un abanico de pequeñas empresas y una total falta de organización autonómica. El fatídico verano de 2025 –con cinco fallecidos, un récord de hectáreas quemadas y pueblos enteros arrasados– no trajo mejoras sustanciales.

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco anunció en otoño que aumentaría drásticamente el presupuesto de lucha contra incendios tras la catástrofe estival y prometió convertir en "público" un cuerpo que tenía casi por completo derivado a empresas forestales en más de un centenar de contratos. Sin embargo, ni los presupuestos ni este decreto ley para transformar la profesión salieron adelante porque este partido gobernaba entonces en solitario y la oposición los vetó.

Los bomberos consultados describen un absoluto abandono histórico de un cuerpo que cada año trabaja más al límite debido al cambio climático. De los últimos cinco años, Castilla y León ha sido la región número uno de España en hectáreas quemadas en tres de ellos.

"Es tan grande nuestra diferencia con otras comunidades autónomas que es imposible de creer", explica por teléfono Enrique Sánchez, bombero en Barco de Ávila del equipo externalizado a la empresa pública Tragsa. "Llevamos siendo el cuerpo más precario de España desde el INFOCAL de 1999 y no vemos señales de que vaya a cambiar", añade.

Las imágenes que recorrieron España el verano pasado de los incendios de Las Médulas afloraron las pésimas condiciones en las que trabajaban las brigadas autonómicas, donde en total hay unos 6.000 bomberos. En otras regiones también hay salarios bajos, enfermedades y lesiones no reconocidas o falta de vehículos y material, pero ninguna se iguala al caos que describen en Castilla y León. No solo está externalizado, sino que el cuerpo está compuesto por más de 120 contratos diferentes a más de 30 empresas. 

"Aquí llegas a un incendio y tienes personal laboral de la Junta, tienes a empresas privadas y tienes a Tragsa, cada uno con una ropa, una normativa de salud y seguridad, y con un horario diferente. El descontrol es total", relata Sánchez, también delegado del sindicato UGT en Ávila.

Aunque cayó el decreto ley que modernizaba el cuerpo, la Junta ha mantenido el compromiso de contratar de forma "pública" al personal, pero solo de manera figurada, porque el plan consiste en trasladar esos contratos a Tragsa, una empresa pública, pero con su propio convenio completamente diferente al de un funcionario o al del personal laboral de la administración. El sistema de mejora será progresivo a medida que vayan caducando los contratos actuales con empresas más pequeñas. Por ejemplo, en junio se incorporan a Tragsa tres retenes de tierra. 

Esta transición, sin embargo, también será caótica, describen los profesionales, porque se hará en forma de cascada según venzan los contratos actuales, negociando contrato a contrato de aquí a 2028, cuando se espera que todo el cuerpo externalizado haya mudado a la compañía pública. Estar en Tragsa, como ya se ha demostrado en la Comunidad de Madrid, donde los forestales llevan más de 1.000 días de huelga, no es ni mucho menos garantía de un empleo de calidad, pero es mejor que lo que tienen ahora. 

"Fíjate cómo están las cosas que pasar a Tragsa aquí es una victoria. Tienen el convenio sin actualizar desde 2011 y, aún así, es un gran salto a mejor para nosotros", reconoce resignado otro bombero castellanoleonés entrevistado.

Aunque los pasos son muy pequeños, este cambio sí traerá alguna ventaja importante para el cuerpo de Castilla y León. El principal es que todos los bomberos que se vayan incorporando a Tragsa tendrán un contrato durante los 12 meses del año, cuando lo normal hasta ahora era trabajar tres, cuatro o seis meses, una mejora laboral pero también un gran paso en las tareas de prevención de incendios. Otro plus que destacan en Tragsa es que la empresa pública garantiza a todos los profesionales trajes antiincendios, un mínimo para trabajar que por desgracia se echa en falta en muchos casos. 

Rodrigo Martín, bombero en Palencia y también del sindicato UGT en Castilla y León, trabaja en el área pública de este cuerpo como personal laboral, donde también denuncia condiciones extremadamente precarias. Habla de "los sueldos más bajos de España", donde un peón que apaga fuegos y se expone a situaciones de toxicidad, quemaduras y una inmensa lista de riesgos laborales –no reconocidos– cobra 1.280 euros al mes, poco más que el salario mínimo.

No hay pluses por peligrosidad ni reconocimiento de la categoría profesional del bombero forestal, como obliga la Ley Básica de Bomberos Forestales de 2024. Lo que sí han empezado ahora es a implementar la sobrecotización en la nómina para acceder a la jubilación anticipada, cosa que no existe en otras regiones también precarizadas, ni en las BRIF del Ministerio de Transición Ecológica.

"El problema es que la sociedad presionó a los políticos para que invirtiesen más después de los incendios, pero luego no saben gestionar ese presupuesto. Un compañero en Palencia nos contó que ahora trabaja todo el año, pero que, en vez de hacer tareas de prevención, ha estado apoyando la reintroducción del lince construyendo madrigueras para conejos", resume Martín. 

Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO, también subraya la pésima organización de la Junta de Castilla y León. "El personal suele quejarse de una falta de planificación a la hora de organizar el operativo que afecta a la eficacia de la extinción y a las condiciones de seguridad en las que se trabaja", afirma.

El subidón de precios de los fertilizantes derivado de la guerra en Irán podría reavivar el uso del estiércol y purines en el campo, una práctica con un pasado sombrío en España porque provocó la contaminación de buena parte de los acuíferos del país. Su uso ahora está regulado por ley y la tecnología actual permitiría evitar los abusos del pasado, pero los expertos subrayan que hace falta un impulso político para que lleguen a emplearse de forma masiva.

En el sector primario hay un consenso en que este año se desplomará el uso de fertilizantes sintéticos después de que su precio se haya casi duplicado desde hace un año. Son tan caros que se han vuelto viables las variedades orgánicas, normalmente más costosas porque son difíciles de transportar y ocupan entre cinco y diez veces más que sus alternativas químicas.

"El abono orgánico puede ser un alivio para la crisis actual y un impulso para la agricultura ecológica en España. No creo que resuelva el problema y cambie el sistema, pero ayudará", opina Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid.

Los estiércoles siempre han sido una opción para el sector primario, pero hasta el pico de precios de este momento estaban reservados fundamentalmente para las fincas ecológicas, que por normativa tienen muy acotado el tipo de fertilizantes que pueden utilizar. Son buenos para la planta y además refuerzan la salud del suelo y mejoran su diversidad, pero son más caros, más engorrosos de manejar y son muy sensibles a las propiedades del suelo, por lo que requieren mucho trabajo de medición, prueba y error.

Para empezar, hay muchos tipos de abonos naturales y cada tipo de suelo y cultivo tiene el suyo. Los principales son los excrementos animales (de vacas, cerdos, gallinas…) y se dividen en sólidos (estiércol) y líquidos (purines). Estos son los que se han usado tradicionalmente en las granjas para dar salida a esos residuos, pero al utilizarse sin control, una gran cantidad ha terminado filtrándose a los acuíferos. Según Greenpeace, un 30% de las aguas subterráneas en España están contaminadas de esta manera.

Roberto Ruiz de Arcaute, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), reconoce que esta práctica tradicional ha traído muchos problemas al campo, pero que ahora hay maneras de reducir ese impacto ambiental. La más destacada es convertir los desechos en digestatos, un fertilizante natural de acción lenta que se absorbe lentamente por la tierra. En ese tanque se genera al mismo tiempo biogás que puede utilizarse como alternativa al gas natural que España tiene ahora que importar, fomentando la economía circular.

La Comisión Europea publicó esta semana su plan de acción contra la crisis de los fertilizantes y entre sus soluciones plantea precisamente incrementar el uso de digestatos, aunque para ello hace falta fomentar la construcción de plantas de biogás, que en España todavía son anecdóticas. El portavoz de SEAE comenta que este es un punto de fricción ahora mismo en la España rural, que está recibiendo una oleada de proyectos de este tipo. "La teoría está muy bien, pero vemos cómo se intentan construir plantas de biogás donde no hay ganado y en forma de macroinstalaciones de purines. Se las llevan a Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León… y eso elimina la idea de la economía cercana y circular", explica.

Otro de los puntos que preocupan a Ruiz de Arcaute, que representa a los agricultores que ya utilizan estos abonos en su día a día, es que este nuevo auge podría convertirse en una burbuja. Asegura que cuando la tonelada de fertilizantes químicos sube de los 500 euros, hay un trasvase hacia las variantes bio, y ahora mismo el precio de los sintéticos está muy por encima de ese límite, rozando los 1.000 euros por tonelada. "Esto ya pasó en la crisis de 2008. Los agricultores fuertes acapararán los fertilizantes orgánicos y subirá el precio. En estas circunstancias siempre hay especulación", valora.

Algunas organizaciones agrarias, como Asaja, reclaman que si de verdad se quiere aumentar el uso de abonos naturales en Europa hay que eliminar las restricciones de uso por motivos ambientales. Algunos cultivos no son rentables salvo que la producción sea artificialmente alta, y para eso necesitan una cantidad de nitrógeno extraordinaria. Sin embargo, el uso de estiércol está topado en algunos lugares donde históricamente se ha abusado de ellos.

En concreto, su empleo está limitado a 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año en terrenos sensibles a la contaminación de las aguas subterráneas, que no son pocos: prácticamente toda Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y amplias zonas del centro y el sur de la península. Mientras que el uso de fertilizantes químicos en estas tierras está regulado pero es mucho más laxo, en función del cultivo.

Carlos Baixuli, director del Centro de Experiencias de Cajamar y experto en salud del suelo aboga por eliminar estos máximos. "El problema es que tenemos una normativa que nos limita con unos valores que en mi opinión son un corta-pega de Europa que no tienen sentido para España", opina. El experto aboga por utilizar análisis de suelos y sondas para soltar con precisión estos abonos. "Utilizar materia orgánica no significa hacer mal las cosas, solo hay que saber dosificarla. Hay malos usuarios de abonos orgánicos y hay malos usuarios de minerales, que piensan que por echar más van a recoger más".

El calendario sigue corriendo y la guerra de Irán ya se aproxima a su cuarto mes completamente paralizada. El impacto sobre el sector agrícola era uno de los que más preocupaba por su dependencia de los fertilizantes del Golfo Pérsico, así como del gas natural necesario para fabricarlos.

Las primeras semanas pudieron capearse gracias al abono almacenado del invierno, pero ese periodo de gracia ya ha terminado y los agricultores han comenzado a comprar fertilizantes a precio de oro, un 80% más caros que hace un año. Los profesionales que no puedan permitirse la subida dejarán de abonar, por lo que se espera un desplome en la producción de cereales del 10,6% en España, según calcula la Comisión Europea.

Los cereales, como el trigo, el centeno, la cebada, la avena, el maíz y el arroz, son el tipo de cultivo más expuesto porque ocupan una enorme extensión y necesitan una aportación importante de fertilizantes para que su cosecha sea rentable. Los cereales que se sembraron en otoño tienen que abonarse ahora, en un momento de precios máximos, mientras que los agricultores que tenían pensado sembrar después de verano se plantean dejar en barbecho sus tierras. 

"Hay muchas dudas sobre la rentabilidad de los cultivos en general y del cereal en particular", declara el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). "Hay un riesgo de que los rendimientos de las cosechas este año sean menores por el alto desembolso que hay que hacer", añade el portavoz.

Cuando estalló la guerra se temían problemas de abastecimiento en los fertilizantes puesto que el Estrecho de Ormuz, que continúa cerrado, sirve para exportar desde Oriente Medio un tercio de los abonos sintéticos consumidos en el mundo. 80 días después no hay señales de escasez, pero los expertos consultados aseguran que todo el que puede, está evitando comprarlos.

"Es algo así como el juego de las sillas, nadie quiere ser el primero en pagar lo que cuestan porque confían en que la guerra se resuelva pronto. El problema llegará si el conflicto se alarga hasta el otoño", opina Pablo Resco, responsable de Estrategia Agroalimentaria en Plataforma Tierra.

Todavía es pronto para conocer con precisión el alcance del agujero de la producción, pero a finales de abril se publicaron las primeras previsiones de impacto este año. La Comisión Europea calcula que en la campaña 2026-2027 la producción de cereal caerá en unos nueve millones de toneladas, un 3,2%. Las previsiones para Europa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos apuestan por una caída mayor, del 4,5%.

España, aunque no es el mayor productor del bloque, será de lejos el país que más producción perderá, un 10,6%, según estima la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Nada menos que 2,5 millones de toneladas menos que el año pasado. Los principales cereales cultivados en España son la cebada (-2,6% de producción este año), el trigo blando (-17,6%) y el maíz (-8,7%). Si bien es cierto, el desplome está adulterado porque en 2025 la cosecha de cereal fue en España de casi récord, de manera que la caída de la temporada actual no debería llevar al país a tener un déficit notable.

Según la información que manejaba el Ministerio de Agricultura a comienzos de abril, España tenía entonces reservas de fertilizantes para "un mes o un mes y medio a lo sumo", y una vez agotadas, los agricultores o los intermediarios tendrían que empezar a reponer el stock con importaciones mucho más caras o con la producción nacional de abonos sintéticos. Aunque sean fabricados en España, donde hay una importante industria de fertilizantes nitrogenados, la materia prima base es el gas natural, que también ha disparado su precio por la guerra. 

Javier Fatás, responsable de fertilizantes en la organización agraria COAG, confirma que el fertilizante almacenado del invierno ya se ha agotado. "Hoy ya estamos abasteciéndonos a precio de mercado, pagando los nitrogenados a un 70% más que hace un año, e incluso un 40% más que hace un mes, cuando ya había comenzado el conflicto en Irán", asegura el representante. "Lo que estamos haciendo es comprar puntualmente para el abonado de junio: hortícolas, frutales o viña. A largo plazo no compramos porque esperamos que se solucione", reconoce también.

Otra de las esperanzas del sector era que llegase un paquete de ayuda desde Bruselas para abaratar sus costes. Al fin y al cabo, confiaban en que los políticos europeos iban a mover cielo y tierra para evitar un encarecimiento de los alimentos en el continente. Sin embargo, ese plan llegó este miércoles y decepcionó enormemente al sector primario.

La Comisión anunció, sin concretar cifras, un incremento de la reserva agrícola de crisis para que los Estados Miembros apoyen a sus agricultores, así como un plan de reforma de la Política Agraria Común en junio que abrirá la puerta a que los profesionales accedan a ayudas extra y tengan menos exigencias en el uso de abonos, pero esto no es lo que reclamaban. Ninguna de las propuestas tendrá un impacto inminente.

"Decepcionante y preocupante, hay una falta de ambición clara", opina José María Castillo, responsable de la oficina europea de Asaja, la principal organización agraria de España. "Las medidas a largo plazo son las que ya estaban previstas antes de la guerra, y no estamos de acuerdo con ampliar el fondo de crisis porque esta situación no es culpa del agricultor", añade.

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Noruega), un depósito subterráneo que alberga cerca del Polo Norte más de 1,3 millones de semillas de 6.500 especies de todo el mundo para salvaguardar la biodiversidad de plantas que contribuyen a la alimentación de todo el planeta, ha obtenido este miércoles el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026.

En un momento en el que cada vez se cultivan menos especies de plantas y en el que se han perdido miles de variedades, este proyecto liderado por Noruega se ha hecho merecedor de este galardón por ser un "modelo de multilateralismo eficaz" que reúne la colaboración de numerosos países, instituciones científicas y organizaciones internacionales en torno al objetivo común de "garantizar la base genética de los sistemas alimentarios".

Según recoge el acta del jurado, que ha otorgado este premio por unanimidad de sus quince miembros, también debe valorarse "la cooperación silenciosa de esta infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras".

Inaugurado en 2008, este almacén subterráneo fue construido por el Gobierno noruego en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago de Svalbard, a prueba de terremotos, bombas, erupciones volcánicas o cualquier otro desastre, por lo que popularmente es conocida como la cámara 'del fin del mundo' o 'Arca de Noé' de las semillas.

La Bóveda Global —gestionada por una asociación entre el Gobierno noruego, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el Banco Genético Nórdico— tiene capacidad para almacenar 4,5 millones de muestras de semillas y hasta la fecha ha recibido más de 1,38 millones de muestras de 6.536 especies.

A ello han contribuido de forma voluntaria 132 instituciones y gobiernos, lo que refleja el alcance global de esta iniciativa, que forma parte del sistema internacional para la conservación de los recursos fitogenéticos bajo el liderazgo de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La utilidad del mayor banco de semillas del mundo, se vio por primera vez en 2015, cuando el Centro Internacional de Investigación Agraria en Áreas Desérticas, situado en Siria, perdió la mayoría de las 150.000 muestras de cereales, alimentos y piensos de cien países por culpa de la guerra y tuvo que recurrir a las que había depositado en la Bóveda Global para poder replicarlas de nuevo.

Situada a 130 metros sobre el nivel del mar, para que no acabe bajo el agua en el caso de que todas las masas de hielo del planeta se derritiesen, esta instalación subterránea cuenta con más de 1.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas que se mantienen en un ambiente controlado, a 18 grados bajo cero.

En caso de un fallo eléctrico, las muestras podrían conservarse durante cientos de años gracias al permafrost ártico (capa permanentemente helada) del exterior, que actúa como refrigerante natural y permite mantener la bóveda por debajo de los cero grados.

No obstante, los efectos del cambio climático han empezado a notarse también en el Ártico, lo que ha llevado a invertir en la mejora de las instalaciones, en previsión de un clima más cálido.

El almacenamiento de las semillas, en su mayoría variedades de arroz, trigo y cebada, se realiza de forma gratuita y la propiedad de éstas se mantiene en manos del depositante que es el único que puede solicitar su devolución.

Estados Unidos, Alemania, Canadá y Países Bajos son los países que han hecho más aportaciones a este centro, en el que España también ha depositado distintas variedades de semillas, las últimas de ellas de olivos.

Tras el fallo del galardón, cuarto en fallarse en esta edición entre los ocho que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias, el ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega, Nils Kristen Sandtrøe, en un comentario enviado a EFE ha señalado que "este premio constituye un importante reconocimiento a la cooperación internacional e intergubernamental que ha hecho posible todo esto" en menos de dos décadas.

Para el presidente del jurado, el jurista y exministro Gustavo Suárez-Pertierra, en este premio se ha encontrado un "ejemplo clarísimo" de cooperación internacional ya que, no sólo colaboran países, también lo hacen instituciones privadas y públicas y organizaciones de carácter internacional que trabajan en pro de la seguridad alimentaria, el desarrollo de los pueblos y el futuro de la humanidad.

Para el secretario general del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) España, Juan Carlos del Olmo, que ha formado parte del jurado, este reconocimiento supone "una apuesta por el futuro, el multilateralismo y el medioambiente" ante el impacto del cambio climático o posibles conflictos provocados por el hombre.

El premio de Cooperación Internacional, junto al resto de los ocho galardones que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias, se entregará, como es tradicional, el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Esta semana culmina por fin el plazo para que la Comunidad de Madrid inicie el proceso para implementar en España el nuevo sistema para devolver botellas y latas al supermercado a cambio de recuperar unos céntimos: el conocido como SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno), un mecanismo que en teoría debe estar instaurado en el país antes del mes de noviembre.

Según la ley de residuos, aunque el sistema de retorno de envases será nacional, las organizaciones que lo conformen deben ser avaladas por la comunidad autónoma en la que se encuentre su sede social, y las cuatro están en Madrid, de manera que todos los ojos están ahora puestos en esta administración. A preguntas de infoLibre, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente madrileña no aclaran por ahora si cumplirán con el calendario legal. "Estamos trabajando en el expediente. Está aún en tramitación", responden.

Su equipo ya prorrogó seis meses esta tarea, pero el calendario ha pasado y debe dar una respuesta antes del próximo sábado. Con el retraso que acumula el proceso, todo apunta a que no habrá máquinas para devolver envases antes de 2029, más de dos años después de lo que contempla la ley de residuos.

Tanto empresas como activistas ambientales llevan meses preguntándose por qué la Comunidad de Madrid ha alargado tanto este proceso. En mayo del 2025 comenzó la evaluación de las cuatro asociaciones que se presentaron (Procircular, Ecoembes, Coripet y Asociación SDDR España) y, según fuentes del sector, no fue hasta hace un mes cuando pidió información complementaria a las organizaciones. En noviembre de 2025, todo el sector organizó una jornada en Madrid para pedir a la Consejería de Medio Ambiente que acelerase el proceso.

La semana pasada, más de un centenar de organizaciones civiles volvieron a reclamar a la Comunidad de Madrid, a través de un comunicado y de una carta dirigida a la Puerta del Sol, que cumpla con su parte. Principalmente, preocupa que la Comunidad no cumpla con el plazo legal, que vence este 22 de mayo, y que esta modernización del sistema de recogida de residuos se prorrogue todavía más.

"De no llegar ahora a los objetivos, las entidades lamentan que se puedan tardar varios años más en instaurar un sistema necesario por ley, ya que no cumplimos con los objetivos de reutilización y reciclaje que marca Europa", se lee en el comunicado. Los firmantes recuerdan que cada día en España se quedan sin reciclar 35 millones de latas, botellas y briks, que acaban en la naturaleza, en vertederos o incinerados. 

César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende la implantación de este sistema de reciclaje, subraya que, un año después de que el equipo de Isabel Díaz Ayuso tenga en sus manos el futuro del SDDR, no tienen ninguna información sobre la situación. "Este viernes vence el plazo y no sabemos nada. Nos ha llegado que las empresas han hecho sus trámites y tienen voluntad de avanzar. La pregunta es por qué la Comunidad ha tardado tanto si recibió la documentación hace un año", opina.

La tarea en la que la Comunidad de Madrid lleva un año atascada consiste en revisar las solicitudes y propuestas de cada una de las cuatro organizaciones para coordinar el SDDR, una documentación en la que cada asociación detalla cómo pretende garantizar que el sistema de devolución de residuos funcione de manera eficiente, cuánto calcula que costará el mecanismo y cómo piensa financiarlo, ya que es obligación de estas empresas costear el reciclaje de las botellas y latas que ponen en el mercado.

Una vez que la Puerta del Sol recopile y compruebe que la documentación es correcta, debe enviarla a la Comisión de Coordinación en materia de residuos, formada por el Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas. El último visto bueno lo dará después, de nuevo, la Comunidad de Madrid. Pero toda esta tarea continúa parada en el primer punto.

El SDDR es importante en España porque la alternativa actual, basada en cubos amarillos, no solo es extremadamente ineficiente y un desastre ambiental, sino que provoca que España incumpla la obligación europea de recoger por separado el 77% de las botellas de plástico. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que en 2023, el último dato disponible, solo se recogió por separado el 43,1%. Esto expone a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a eventuales multas de Bruselas, por mucho que la responsabilidad de recoger estos envases sea de las empresas que los ponen en circulación.

Portavoces del sector de los residuos también han señalado en los últimos meses al Ministerio de Transición Ecológica, que aunque no sea el responsable de avalar a las asociaciones, supuestamente no estaba ayudando a la Comunidad de Madrid a resolver diferentes dudas jurídicas del proceso. Al fin y al cabo, la ley de residuos que estipula las fechas y los pasos a seguir, fue elaborada por el Ministerio dirigido por Sara Aagesen. Fuentes de este organismo, sin embargo, desmienten que Transición Ecológica esté detrás de este retraso, y subrayan que ya resolvieron "en agosto de 2025 las dudas que remitió la Comunidad". 

El pasado mes de noviembre, cuando empresas y consultores de reciclaje se reunieron en Madrid, calcularon que a este ritmo no habrá SDDR en España hasta 2029, más de dos años de retraso frente a lo establecido en la ley de residuos. Si las gestiones administrativas ya van con meses de retraso, después hay que instalar en España miles de máquinas donde depositar las botellas y latas –la mayoría en los supermercados– y organizar un sistema de recogida, tratamiento y valorización de los residuos.

Ignasi Puig, de la consultora ambiental ENT, opina que todo esto es imposible que se logre antes del 22 de noviembre de 2026, la fecha límite estipulada en la ley de residuos. "Ya sea por poco interés por parte del sector de residuos, o poca diligencia de la administración, claramente no se va  a cumplir el plazo de 2026, lo cual dice mucho de la poca seriedad de este país. Mi pronóstico es que tratarán de retrasarlo lo máximo posible, probablemente a 2029", explica.

La principal consecuencia de que el sistema SDDR se retrase mucho más allá de 2026 es medioambiental. Está demostrado que si se devuelven unos céntimos al usuario, la probabilidad de que recicle correctamente los envases crece exponencialmente, con una tasa de recuperación de botellas y latas superior al 90% en los países en los que ya funciona –más de la mitad de los países de la Unión Europea–. Es decir, de cada 100 envases que se tiran a la basura, más de 90 llegan de nuevo al fabricante en condiciones idóneas para ser reutilizadas o recicladas.

La segunda ventaja del SDDR es que en la actualidad, por cómo está diseñado el sistema de reciclaje de residuos en España, las empresas de envases solo se hacen cargo económicamente de las latas y botellas que acaban en los contenedores amarillos, y las que se tiran a las papeleras, al contenedor gris o acaban en la naturaleza, si se recogen, es a cargo del ayuntamiento, incrementándo el gasto municipal de recogida de basuras.

El verano pasado estuvo protagonizado por los brutales incendios que dejaron la mayor superficie quemada desde 1994. Ese drama, concentrado en Castilla y León y Galicia, afloró las pésimas condiciones en las que trabajan los 20.000 bomberos forestales de España. Sueldos bajos, riesgos laborales no reconocidos, imposibilidad de jubilarse anticipadamente, ausencia de complementos salariales por peligrosidad o contratos por temporadas. En ese momento de crisis se prometió una reforma integral para proteger a los profesionales, pero poco ha cambiado un año después.

"Se ha avanzado un poco en algunas cosas, pero los cambios son muy lentos", resume Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO. "Seguimos teniendo buena parte de los dispositivos trabajando durante la campaña de incendios, y en el paro durante la otra mitad del año", añade. Según calcula, este invierno han perdido su trabajo unos 6.000 bomberos forestales en España, y ahora regresan a sus puestos para enfrentarse al verano, que se espera muy duro.

La temporalidad es una de las lacras de la profesión, aunque tienen numerosos frentes abiertos. No ayuda el caos organizativo de este sector, ya que hay bomberos que trabajan para el Estado, otros para las comunidades autónomas y otros para los ayuntamientos. También se dividen entre funcionarios, personal laboral y subcontratados a empresas privadas. Dentro de estos últimos, unos 2.000 trabajan para Tragsa, una empresa pública. Cada uno de ellos tiene sus propias condiciones, que se negocian por separado.

En noviembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley Básica de Bomberos Forestales, una norma pionera cuyo objetivo principal era consolidar la profesión y aclarar sus tareas, puesto que era habitual que en los contratos de trabajo se les denominase con nombres inverosímiles como peones de caza, jardineros o conductores de apoyo a la extinción, fórmulas para justificar sueldos irrisorios y condiciones precarias para trabajadores expuestos a una lista interminable de riesgos laborales.

Ese estatuto se sigue incumpliendo ampliamente en todo el país, un año y medio después de su entrada en vigor, pese a que el 8 de noviembre de 2025 debía estar implementado por completo en todo el territorio.

Carlos Martín reconoce que, desde los incendios de 2025, ha habido tibios avances y que al menos ya se les reconoce como bomberos forestales en casi todas las comunidades, aunque ese título solo tiene sentido si se acompaña de los beneficios que tiene la profesión: reconocimiento de enfermedades profesionales, turnos de trabajo adecuados, una cotización extra a la Seguridad Social para adelantar la jubilación, medidas de prevención de riesgos laborales, recolocación puestos alternativos a bomberos que no pasen las pruebas físicas anuales y garantía de trabajo durante los 12 meses del año.

Es en todos estos puntos donde el plan hace aguas, aunque varía por comunidades autónomas. Según diferentes profesionales preguntados, Castilla y León es de lejos la región más precaria de todas, pese a que fue precisamente la más castigada por los fuegos de 2025, concentrando el 46% de toda la superficie quemada. También citan a Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía. En Madrid, los forestales llevan más de 1.000 días en huelga, y probablemente continúen durante el resto de este año.

Castilla y León es el caso más sangrante porque el Gobierno regional del Partido Popular sigue sin responder pese a los salvajes incendios de 2022 (en la Sierra de la Culebra) y 2025 (en el Bierzo). En esa comunidad se estima que el 80% de las cuadrillas están externalizadas a empresas privadas, los profesionales siguen sin ser catalogados como bomberos forestales y la temporalidad provoca que hasta el mes de junio los dispositivos no estén preparados para hacer frente de manera efectiva al fuego.

En la Comunidad de Madrid también siguen faltando medidas tan básicas como el correcto reconocimiento de la profesión, según Alfonso Ferrero, bombero forestal contratado como personal laboral en esta región. "Seguimos igual desde el año pasado. Hemos estado un año negociando y en febrero cortaron las conversaciones y nos dijeron que en 2026 mantendremos las mismas condiciones que el año pasado", se queja. Todo esto después de que falleciese por primera vez en dos décadas una persona por un incendio en la Comunidad, en Tres Cantos.

La temporalidad también continúa en la plantilla del personal laboral de bomberos forestales de Madrid, donde pertenece Ferrero. Explica que ahora se ha sacado unas oposiciones para trabajar como conductor del parque móvil en invierno, y que las condiciones son las mismas que las de un bombero que se juega la vida. "Gano exactamente lo mismo conduciendo un Renault Clio que apagando fuegos en verano", resume.

Además, añade, este verano habrá en Madrid unos 130 bomberos forestales menos que el año pasado, tras la eliminación de la estacionalidad en la plantilla externalizada a Tragsa en 2026. Si antes había 300 trabajadores en invierno y unos 550 en verano, ahora pasa a haber alrededor de 420 todo el año. Más servicios de prevención en temporada baja, pero menos cobertura durante los meses más duros. 

Las comunidades autónomas no son las únicas que no cumplen la ley de 2024. Carlos Martín, de CCOO, denuncia que hay dos grandes problemas que son responsabilidad del Gobierno central. El estatuto contemplaba la creación de un reglamento de prevención de riesgos laborales para los forestales por parte del Ministerio de Trabajo antes de noviembre de 2025, pero el pasado mes de diciembre se paralizaron las conversiones para su elaboración con los sindicatos, revela el portavoz.

También está pendiente la introducción de numerosas enfermedades profesionales en la categoría del bombero forestal, que por ahora solo tienen reconocida la exposición a los óxidos de carbono, cuando el sector calcula que cada año conviven con el 90% de todos los accidentes y enfermedades catalogados como riesgos profesionales, desde descargas eléctricas hasta atropellos. También se relaciona su trabajo con más de una decena de cánceres, lesiones de espalda y articulaciones, o problemas crónicos de pulmón y corazón. Esta tarea también recae en el Ministerio de Trabajo.

Donde sí aseguran que se han mejorado las condiciones drásticamente es en las cuadrillas que trabajan para el Gobierno central, las conocidas como BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales), dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y subcontratadas a la empresa pública Tragsa, donde trabajan unos 700 bomberos.

Las BRIF tenían hasta el verano pasado unas de las condiciones más precarias de la profesión, pero el Ministerio actualizó el 20 de agosto, en medio de la ola de incendios, su convenio con Tragsa para garantizar que se cumplen las horas de convenio –antes era habitual doblar o triplicar turnos en salidas a incendios–, un aumento de los salarios y la posibilidad de librar seis días en verano, enumera Marcos Gómez, presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF.

"Este año tenemos más medios, mejores condiciones y más personal. Lo que echamos en falta todavía es que no se ha empezado a sobrecotizar en la nómina para acceder a la jubilación anticipada", matiza Gómez. Sobre el incremento de los contratos, explica que las BRIF tienen 11 bases en España, y cada una tendrá este verano entre seis y diez profesionales más, lo que equivale a un crecimiento total del cuerpo de casi el 20%.

El tren de borrascas de enero y febrero dejó el tercer invierno más lluvioso de este siglo, cargando los suelos de agua, como muestran los diferentes mapas de humedad de España. Lo que en principio debería ser una muy buena noticia para los bosques de la península, podría volverse en su contra cuando comience la temporada de incendios, que se concentra entre julio y septiembre. Según diferentes expertos, en un territorio seco y muy caluroso como el español, ese incremento de la vegetación puntual en primavera se traduce en más combustible para el fuego durante el verano.

Raúl Quílez, doctor en incendios forestales y profesor del Máster Interuniversitario en Incendios Forestales, explica esta contradicción es especialmente aguda debido al impacto del cambio climático, que extiende y hace más intensas las olas de calor de verano, las que secarán las hierbas y los matorrales que se han desarrollado exageradamente durante esta primavera. "En un escenario normal, que llueva es lo mejor porque el bosque llega reforzado a la temporada de incendios. Pero en un escenario de cambio climático se genera un cóctel que aumenta la intensidad de los incendios porque se seca la vegetación", valora el profesional.

Según opina Quílez, en ese cóctel también destacan las altas temperaturas nocturnas que caracterizan al verano peninsular, con mínimas que fácilmente superan los 25ºC e incluso los 30ºC en algunos puntos del país, una condición que acelera la evapotranspiración de la vegetación y la seca rápidamente en las primeras semanas del verano. El cambio climático también está aumentando la inestabilidad atmosférica, incrementando la probabilidad de reventones térmicos, unos fenómenos característicos del verano que generan fuertes vientos, de 70 u 80 km/h, que facilitan la propagación del fuego.

Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universitat de Lleida, añade que el efecto principal del extra de humedad en la naturaleza multiplica principalmente la presencia de gramíneas, unas plantas que, una vez secas, son muy peligrosas en caso de incendio porque facilitan su propagación. "Esta biomasa propaga los incendios porque generan pavesas que hacen que el fuego salte y genere nuevos focos", subraya.

El año pasado, cuando se registró la mayor superficie quemada en un periodo estival en lo que va de siglo, España llegó al verano en unas condiciones similares a las actuales, con unos niveles de humedad elevados en el suelo, como se observa en el histórico de la Agencia Española de Meteorología. A continuación ocurrió ese cóctel que describe Raúl Quílez: hubo dos olas de calor muy intensas y prolongadas que secaron la naturaleza. Una que transcurrió entre el 18 de junio y el 4 de julio, y otra entre el 3 y 18 de agosto. Sumando una tercera ola en Canarias, el verano de 2025 cerró como el segundo del registro histórico con más días bajo ola de calor.

Lo que está por ver en 2026 es si se repetirán esas condiciones de calor extremo que conviertan hierbas y matorrales en combustible, aunque hay indicadores que apuntan en esa dirección. Por una parte, en los últimos cuatro años se han producido tres de los cinco años más cálidos desde que comenzaron los registros en España, en 1961. Por otro, la previsión del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés) estima una probabilidad de entre el 70% y el 100% de que las temperaturas en junio y julio se ubiquen en el quintil superior del histórico, y la probabilidad continuará por encima del 50% en agosto y septiembre.

También hay por ahora una probabilidad del 60% de que a partir de junio se desarrolle en el hemisferio norte El Niño, un fenómeno climático global que provoca un aumento de la temperatura media planetaria y una reducción de las precipitaciones en verano en el noreste de Europa.

Un estudio publicado en la revista Nature en 2020, que analizó casi 10.000 incendios entre 2001 y 2018 en todo el mundo, concluyó de manera científica lo que aquí exponen los expertos. El estudio confirma que en las regiones áridas, los periodos de excesiva humedad en el suelo son la antesala de temporadas con fuegos muy intensos. "En las regiones áridas, los suelos más húmedos de lo normal facilitan el crecimiento suficiente de biomasa necesario para alimentar grandes incendios", se lee en el análisis. Mientras que en bosques tradicionalmente húmedos ocurre lo contrario: los años especialmente secos suelen caracterizarse por incendios más fuertes debido a que la biomasa acumulada en años anteriores se convierte en combustible.

“Estamos de capa caída, hay que ser realistas”, se lamenta Eugenio Campanario, portavoz del movimiento Extremadura Vaciada. Hace siete años que esta plataforma se unió a las reivindicaciones de otros territorios para llevar a Madrid las deudas pendientes con las zonas más despobladas. La España Vaciada sonó bien alto, pero la revuelta ha ido perdiendo fuerza y poco se ha avanzado en sus peticiones. Campanario, que es cura en tres pueblos de la provincia de Badajoz (Ahillones, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre), pertenece al Movimiento Rural Cristiano y conoce de primera mano las necesidades de su entorno. Los problemas siguen ahí: despoblación, envejecimiento, emigración de los jóvenes por falta de oportunidades, déficit de infraestructuras o la lucha constante por mantener servicios básicos. No obstante, ahora hay otro elemento en la ecuación que, considera, ha venido a perjudicar a las zonas rurales: el impacto de las plantas fotovoltaicas.

Lo explica así para infoLibre: “Es una obviedad que hay que seguir el camino de las renovables, pero el modelo que la España Vaciada puso sobre la mesa es ir contra los macroproyectos, porque aniquilan las alternativas. No ha habido control y no se ha tenido en cuenta la sostenibilidad. Tampoco ha servido para fijar población porque la mano de obra que se crea es temporal”.

Con él coincide Cecilia Carrasco, secretaria de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) en Extremadura: “Lo que se ha hecho es alimentar los macroproyectos, no la autosuficiencia de los pueblos para que sean más sostenibles y paguen menos en la factura de la luz. Es lo que ocurre siempre en el medio rural, que es un campo de experimentación; y no se piensa en sus habitantes, sino en el beneficio de las empresas que hay detrás”.

Ella reconoce que en algunos casos estos parques solares se han colocado en terrenos con poca fertilidad o cuyos propietarios no querían hacerse ya cargo “y les ha venido bien vender y llevarse un dinero”. “Igual que a los ayuntamientos, que han tenido ingresos puntuales por determinadas parcelas. El problema está en que, una vez que terminan las obras de instalación, se acabó el empleo, no hay ninguna progresión”. 

Carrasco también habla del impacto visual: “Vas desde Aliseda a Malpartida de Cáceres, que es una carretera preciosa, y estás rodeada de espejos”. “Lo que sí hemos conseguido”, prosigue, “es que en algunos parques solares entre el ganado a pastar”.

Los datos que recoge Red Eléctrica sirven de contexto: en 2015 había 562 megavatios (MW) de fotovoltaica instalados en Extremadura; en 2025 ya eran 8.512 MW. La potencia se ha multiplicado por 15 en una década, destacando en esta cifra las grandes plantas que se reparten por toda la comunidad autónoma.

En cuanto al peso del autoconsumo, apenas se llega al 2% del parque de renovables, la tasa más baja del país, según el informe elaborado por la consultora Opina 360 a través de Red Eléctrica. Habría que añadir, no obstante, que en ese porcentaje influye la poca industria que existe en la región extremeña.

El pasado mes de febrero, cuando todavía la Junta de Extremadura estaba en funciones, se publicó un decreto para determinar las zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica. En el decreto se buscar dar garantía jurídica a los promotores, pero también se especifica la protección de la dehesa y de los cultivos leñosos (olivar, vid, frutales), por ejemplo.

Este documento lo analiza Eugenio Romero, profesor de Formación Profesional y uno de los portavoces de la Asociación 25 de marzo: “Sacan de la catalogación a los núcleos de población, lo que nos parece un error, porque en los edificios públicos y privados y en las viviendas es donde se debería fomentar el uso de placas para el autoconsumo”.

Romero pone el foco, sobre todo, en el porcentaje de territorio que Extremadura destina a proyectos fotovoltaicos según este citado decreto: “La superficie catalogada como de alta o muy alta capacidad es el 20%, una quinta parte de la región, 840 mil hectáreas. Y si se añaden las zonas con capacidad media se llega al 39%. Por hacer una comparativa, en Madrid solo se permite hasta el 4%. Y a estos datos hay que sumarle que la comunidad extremeña exporta el 80% de la electricidad que genera. No podemos ser una colonia energética para los grandes puntos de consumo”.

En el debate sobre qué camino deben seguir las renovables, inevitablemente aparece la central de Almaraz. Su posible cierre ha generado una gran polémica en Extremadura. “La nuclear nos sobra porque los extremeños solo consumimos el equivalente a la mitad de lo que producen las energías alternativas. Y si Almaraz continúa, supondrá un freno para las renovables, que muchas veces tienen que tirar electricidad porque hay exceso, lo que también afecta a la rentabilidad de las grandes plantas”, subraya el portavoz de la Asociación 25 de marzo. No obstante, va más allá en su reflexión: “Hay una base clara: la transición energética es imprescindible, pero al mismo tiempo somos conscientes de que la sustitución total del petróleo, el gas y el carbón por energías renovables es muy complicada. La cuestión que se debe poner encima de la mesa es el nivel de consumo energético que llevamos, porque los recursos son finitos. Hasta para extraer minerales hace falta petróleo. Las cosas no se están haciendo bien y hay intereses que chocan. Y no hay que olvidar que muchos de los conflictos bélicos que tenemos son por las materias primas”.

Volviendo a la fotovoltaica y su repercusión en Extremadura, Romero tiene claro que estos macroproyectos son “una burbuja sostenida con fondos públicos”.

En cuanto al autoconsumo, asegura: “Cualquier país del norte de Europa, con menos sol que nosotros, tiene más superficie destinada a este fin y una factura de la luz más barata”.

¿Qué dicen los ecologistas? El pasado verano, por ejemplo, presentaron un recurso de alzada contra la fotovoltaica de Trujillo por su impacto ambiental. “Es un área de alta sensibilidad ambiental con especies amenazadas”, explica Julio César Pintos, de Ecologistas en Acción.

Pintos denuncia también el daño en la zona entre Calzadilla y Guijo de Coria, “una zona de exclusión ambiental donde está presente el cernícalo primilla y la avutarda”. Por ello, lamenta que la protección de aves quede en un segundo plano y que “el desarrollo tan rápido de grandes proyectos haya dificultado la vigilancia del respeto medioambiental”.

Asimismo, un informe de Ecologistas en Acción de marzo de 2025 recoge: “El despliegue de forma no planificada por parte de grandes empresas, en forma de instalaciones cada vez más grandes en la España Vaciada, ha originado un fuerte rechazo social. A ello se le suman efectos sobre el sistema eléctrico como la saturación de algunos nudos, el desplome de precios en las horas de mayor generación, o la necesidad cada vez más habitual de parar o limitar la generación renovable debido a que la generación se sitúa por encima del consumo”.

Quien se presenta como paradigma de apuesta por las energías limpias es Pablo Ramos, de Ecologistas Extremadura. Cuenta que en su vivienda tiene placas solares y que con ellas también recarga dos coches eléctricos. “Se están desaprovechando los tejados. Yo estoy desenganchado de la red, no viví el apagón en mi casa”, remarca.

Asimismo, bajo su punto de vista, el hecho de que ya no haya Consejería de Medio Ambiente o que las plazas de funcionario de evaluación ambiental sean limitadas influye en que, a veces, no se hayan establecido criterios precisos de protección, especialmente cuando se trata de las aves.

Ramos, al igual que el resto de voces de este reportaje, alerta del peligro de “la mentalidad colonialista” en cuanto a la energía y de las consecuencias que esta práctica tiene y tendrá en la Extremadura Vaciada.

Una combinación de calor extremo y humedad pondrá en riesgo la salud de los jugadores y la afición durante el próximo Mundial de fútbol de Canadá, México y Estados Unidos, que comienza el 11 de junio. Según un estudio publicado este jueves, al menos una cuarta parte de los encuentros se disputarán en condiciones meteorológicas consideradas "inseguras" para un deporte de alta intensidad, y algunos de esos partidos –en principio, se estiman en cinco– tendrán lugar en condiciones de muy alto riesgo, con una sensación térmica equivalente a 38 ºC. El cambio climático, recoge el análisis, empeorará drásticamente las condiciones de juego.

El prestigioso equipo que lo ha elaborado, el World Weather Attribution, una coalición global de científicos, ha reclamado en una rueda de prensa, medidas preventivas para evitar sustos, como ataques al corazón o golpes de calor. Los autores advierten que los aficionados estarán expuestos a muchas horas de sol que se sumarán a la habitual combinación de alcohol, baja hidratación y poco descanso que caracteriza a este evento. Añaden que los jugadores procedentes de regiones frías probablemente tendrán un peor rendimiento en el campo debido al choque térmico y podrían sufrir problemas de salud.

El informe calcula la peligrosidad de cada partido teniendo en cuenta la combinación de altas temperaturas, elevada humedad, escaso viento y fuerte radiación solar. Esos cuatro parámetros combinados permiten calcular un índice llamado temperatura de bulbo húmedo (Wet Bulb Globe Temperature, o WBGT) para cada partido del Mundial. El WBGT se diferencia de la conocida como sensación térmica en que esta se mide a la sombra y solo tiene en cuenta la temperatura y la humedad.

Calcular la temperatura de bulbo es muy importante en lugares de elevada humedad porque representa el estrés térmico al que se somete el organismo, y es clave para medir el peligro al que se exponen personas que pasan mucho tiempo al sol o practican deporte. A medida que aumenta la humedad relativa del aire, el cuerpo humano pierde capacidad para sudar porque el aire se satura de agua, incrementando drásticamente la posibilidad de sufrir un golpe de calor.

A diferencia de la temperatura del aire seco que utilizamos en nuestro día a día –y que los humanos pueden soportar en niveles muy altos–, la WBGT tiene un límite máximo de 35ºC, según el consenso científico. A partir de ese nivel, cualquier persona, incluso un deportista con buena salud, sufre un golpe de calor y puede morir en cuestión de seis horas porque en esas condiciones el organismo llega a alcanzar temperaturas de 42-43 ºC. No obstante, para llegar a una temperatura de bulbo de 35 ºC haría falta, por ejemplo, que una ciudad registre 41 ºC de calor con un 75% de humedad, un escenario extremo.

En ningún caso se llegará a esos niveles durante el Mundial, pero sí se esperan umbrales de WBGT de riesgo en numerosos encuentros, especialmente en estadios del este y el suroeste de Estados Unidos, como Dallas, Houston, Atlanta, Nueva York y Kansas.

Teniendo en cuenta la fecha, hora y ubicación de cada uno de los 104 partidos del evento, los investigadores han calculado que se jugarán nueve partidos bajo una temperatura de bulbo superior a 26 ºC, el nivel a partir del cual se considera arriesgado jugar, según el sindicato internacional de futbolistas Fifpro. En esa cifra no se tienen en cuenta los enfrentamientos jugados en los estadios de Houston, Dallas y Atlanta porque estos tienen aire acondicionado, disminuyendo el peligro.

Si se incluyen también estos estadios, en total habrá 26 partidos de riesgo a lo largo del Mundial. Los autores destacan, en todo caso, que las zonas exteriores de fans en ningún caso estarán refrigeradas. A lo largo del Mundial, también habrá al menos cinco partidos en los que la temperatura de bulbo superará previsiblemente los 28 ºC, una línea roja.

La organización Fifpro recoge que cuando la temperatura de bulbo supere los 26 ºC en un partido "deberían incluirse pausas de refresco. Por ejemplo, a los 30 minutos de cada parte". Mientras que cuando se superen los 28 ºC de bulbo, "debería retrasarse o posponerse el partido hasta que las condiciones para los jugadores, árbitros y fans sean seguras". Estas advertencias contrastan con la normativa vigente de la Copa Mundial de la FIFA, que solo contempla el aplazamiento cuando la WBGT supera los 32 °C.

Chris Mullington, anestesista y profesor del Imperial College de Londres, explicó en la rueda de prensa de presentación del estudio que el índice de temperatura de bulbo será determinante en el Mundial de este año porque las condiciones serán especialmente duras.

"En la práctica, la temperatura de bulbo expresa la dificultad del cuerpo para enfriarse. Esto es importante porque los futbolistas generan grandes cantidades de calor metabólico a base de esprintar. Cuando los umbrales seguros se superan, las consecuencias son tanto de salud como de rendimiento", resumió Mullington.

El experto puso ejemplos históricos como el del corredor británico Jonny Brownlee, que tuvo que ser ayudado por un compañero en 2016 para alcanzar la meta durante una carrera en condiciones extremas de humedad en Cozumel (México).

En cuanto a los aficionados, el especialista advierte que el riesgo es todavía mayor. "Entre el público habrá gente muy joven y muy mayor, pueden tener problemas cardiovasculares o de riñones o pueden estar tomando medicamentos sensibles al estrés térmico", añade. 

Joyce Kimutai, una de las autoras del estudio e investigadora del Centro de Política Medioambiental del Imperial College, subraya que este Mundial será 0,7 ºC más cálido de media que el último celebrado en Estados Unidos, en 1994. "Este cambio es atribuible al cambio climático antropogénico. Además calculamos que esta intensidad se incrementará en el futuro a medida que el planeta se caliente. Solo el fin de los combustibles fósiles puede prevenir esta escalada", subrayó en una llamada con periodistas. Para atenuar el impacto sobre la salud del evento, incidió en que hará falta poner toldos, zonas de hidratación y aire acondicionados en todas las instalaciones. 

Tras la alarma de los primeros días, el consenso científico ya ha aclarado que el hantavirus no tiene por ahora capacidad para convertirse en una pandemia global, pero el brote del barco MV Hondius ha reabierto el debate sobre la posibilidad de que enfermedades regionales o latentes puedan desencadenar un nuevo brote global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una lista de patógenos que vigila de manera especial, como el zika o el virus Nipah, aunque los expertos subrayan especialmente el riesgo de los virus de transmisión respiratoria, como el SARS o la gripe A, con alta capacidad para mutar en versiones más transmisibles.

La crisis de la gripe aviar de 2003, el SARS de 2003 o el ébola de 2014 llevaron a la OMS a elaborar en 2017 una lista de de más de 20 patógenos y familias de patógenos que cumplen con los requisitos para llegar a provocar pandemias o epidemias, entre los que destacan los coronavirus, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el ébola, el virus de Marburgo, la fiebre de Lassa, el SARS (síndrome respiratorio agudo grave), el virus Nipah, la fiebre del valle del Rift, el zika y el conocido como patógeno X. Muchos de ellos están activos en puntos concretos del planeta y contagian a decenas o miles de personas cada año.

Natalia Rodríguez-Valero, investigadora de ISGlobal y médica de salud internacional del Hospital Clínic de Barcelona, opina que la próxima pandemia que afronte la humanidad probablemente no estará protagonizada por un virus desconocido o escondido en un lugar remoto, como el hantavirus de Los Andes, sino que llegará de un virus bien conocido, como los que enumera la OMS. "Realmente no nos preocupa el potencial pandémico de los virus que pueda traer un turista, como en el hantavirus. Pueden ocurrir crisis puntuales, pero los que más me preocupan a mí son los virus respiratorios, como la gripe aviar", señala la experta.

Según explica, el peligro de descontrol de las enfermedades infecciosas está en su capacidad para propagarse, y muchos de los virus más remotos o mortales se contagian mediante fluidos corporales o contactos muy estrechos, como la variante Andes del hantavirus, que tiene un número básico de reproducción (conocido como R0) inferior a 1. Es decir, por cada persona infectada, de media se produce menos de un contagio, lo que impide que la enfermedad se extienda de manera imparable. 

Krutika Kuppalli, experta en pandemias y exasesora de emergencias sanitarias en la OMS, coincide también en que los virus respiratorios son los que suscitan "mayor preocupación". "Los virus de la gripe (especialmente las cepas de gripe aviar como el H5N1), los coronavirus y ciertos paramixovirus (el sarampión y el virus Nipah) siguen ocupando los primeros puestos de esa lista", explica a preguntas de infoLibre. Su riesgo se basa en su capacidad para saltar fronteras muy rápidamente y propagarse antes de poder ser detectados.

Varios expertos consultados ponen a la gripe aviar (H5N1), una variante de la gripe A, como el mayor peligro a largo plazo, como destaca Marina Segura, alto cargo de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. Explica que, como otros virus respiratorios basados en ARN, tiene una alta capacidad para mutar y adaptarse a los humanos, aunque hasta ahora los casos que se dan son mínimos y ocurren principalmente en granjas de pollos, donde el contacto humano y animal es muy elevado, pero no hay constancia de que las variantes actuales se transmitan de persona a persona.

No obstante, no todos los virus que vigila la OMS y los expertos en salud global son aerosoles que se contagian por el aire, como los virus respiratorios. Muchos de ellos se mueven también mediante las picaduras de insectos, y la preocupación en la comunidad científica es cada vez mayor porque el cambio climático facilita su expansión. El virus Crimea-Congo se contagia principalmente por la picadura de garrapatas, cuya población está creciendo drásticamente por el aumento de las temperaturas en otoño e invierno. En España se detectaron tres positivos el año pasado.

Los mosquitos son otro vector clave que extiende virus críticos como la fiebre del valle del Rift, el virus del Nilo Occidental o el dengue, y el aumento de las temperaturas está llevando a estos insectos a expandirse por el mundo. En España, el virus del Nilo causó estragos en el verano de 2024 porque los mosquitos autóctonos –los que tienen capacidad de infección– tienen cada vez más ciclos reproductivos. Mientras que el mosquito tigre, que transmite el dengue y el chikunguña, ya está completamente establecido en todo el sur y este de España, y gana terreno año a año.

Otros virus de alto riesgo como el ébola, el virus de Marburgo o el Nipah se contagian por el contacto con fluidos, excrementos o sangre de personas infectadas, y llega a los humanos a partir del contacto con animales infectados, de manera que tienen capacidad para generar epidemias locales, pero es difícil que lleguen a extenderse y derivar en pandemias.

Estos virus zoonóticos, los transmitidos por animales, también comienzan a preocupar cada vez más debido al cambio climático, el turismo de masas o la deforestación, porque los cambios en los ecosistemas –que aceleran los movimientos de animales y personas– y el mayor contacto de humanos con animales como monos, murciélagos o roedores, facilita la aparición de brotes, como el reciente de hantavirus.

Otra enfermedad que alarma a la comunidad científica es el sarampión, según Marina Segura. Este virus tiene un número básico de reproducción de 18 –cada afectado la transmite de media a 18 personas– y que vive un resurgimiento muy fuerte en este momento, con más de 200.000 contagios en los últimos tres años solo en Europa, un peligroso incremento astronómico que la OMS achaca a la desinformación sobre las vacunas.

Lo que evita que el sarampión se desate es la muy elevada tasa de vacunación, que en España alcanza el 93,8% para las dos dosis recomendadas, una cifra inferior a la de años atrás, provocando que España perdiese el pasado enero su condición de país libre de sarampión. En Estados Unidos, las trabas que ha puesto la Administración Trump a la vacunación infantil contra el sarampión llevó en 2025 a multiplicar por ocho los casos confirmados frente al año anterior, hasta superar los 2.000, y tres niños murieron.

En la última lista de virus de riesgo pandémico de la OMS, elaborada en 2024, los expertos dan mucho más peso que en las dos entregas anteriores al conocido como patógeno X, un término que no se refiere a ninguna enfermedad concreta, sino al hecho de que cualquier familia viral conocida tiene el potencial de transformarse y suponer una amenaza a gran escala. Esta advertencia incluye la necesidad de vigilar patógenos menos peligrosos y desarrollar plataformas de investigación adaptables a todo tipo de virus.

"El concepto de enfermedad X reconoce que la próxima pandemia podría estar causada por un patógeno actualmente desconocido con potencial epidémico o pandémico. La covid-19 fue, en muchos sentidos, un ejemplo de cómo la enfermedad X se hizo realidad", reconoce Krutika Kuppalli.

En el 2008, llegó a las carteleras El curioso caso de Benjamin Button, película basada en un breve relato escrito en 1922 por F. Scott Fitzgerald. Su protagonista nace con el aspecto físico de un octogenario que, a medida que pasa el tiempo, ve cómo su cuerpo rejuvenece mientras que sus experiencias son sentidas de una manera “normal”. Button vive la vida al revés, rejuvenece y, en cierto modo, vuelve al origen, pues fallece siendo un niño.

Un efecto similar se ha producido a raíz de las lluvias caídas en los primeros meses de 2026, que han convertido el tramo inicial del Guadiana, en el entorno del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, en un “Benjamin Button hidrológico”. Sus aguas retroceden, discurren río arriba y terminan infiltrándose en la tierra. Aunque el fenómeno no es nuevo, no es tan conocido; en gran medida porque no resulta habitual.

En este enclave de Castilla-La Mancha, las tablas fluviales representan un ecosistema de humedal único en Europa Occidental, caracterizado por el desbordamiento de ríos en tramos llanos con muy poca pendiente y que actúan como grandes encharcamientos en los márgenes de su curso.

En condiciones normales, Las Tablas de Daimiel se formaban por la confluencia de dos ríos. Por un lado, el Cigüela, nacido en las serranías conquenses, que llegaba a Daimiel después de atravesar la llanura manchega. Por otro, el Guadiana, que nacía en los Ojos –hoy secos–, donde recuperaba en superficie el agua sobrante del acuífero subterráneo situado bajo La Mancha para unirla, kilómetros después, a las procedentes del Campo de Montiel, que discurrían por el Azuer, uno de sus afluentes.

Durante siglos, el sistema fluvial de Las Tablas funcionó de manera equilibrada. Agua, clima y suelos dieron lugar a un ecosistema dominado por un bosque mediterráneo progresivamente humanizado. Desde el siglo XIII, la Orden de Calatrava favoreció la roturación de tierras y su conversión en dehesas destinadas al pasto de ganado –generalmente ovino– que, cada invierno, llegaba a la zona procedente de las tierras altas de Castilla.

Agua, bosque y pastos convivieron en Las Tablas en un escenario natural con unas enormes potencialidades económicas. Aquel espacio, conocido entonces como Real Dehesa de Zacatena, gozó de protección, al menos desde que Felipe II dictó unas ordenanzas con el objetivo de regular los aprovechamientos forestales, piscícolas y cinegéticos que, desde entonces, estuvieron vigilados por un guarda mayor.

Uno de los elementos más prototípicos del lugar fueron los molinos de ribera, de enorme importancia en la época preindustrial. Incluso puede decirse que, en una región seca como La Mancha, fueron más numerosos y económicamente más determinantes que los gigantes a los que se enfrentó don Quijote.

Varios de ellos datan de época musulmana. Sin embargo, el sistema de molinos hidráulicos del Alto Guadiana quedó configurado a lo largo del siglo XVI. A mediados de aquella centuria, entre los Ojos del Guadiana y el límite oriental de Zacatena –en un tramo de unos veinticinco kilómetros de río– llegaron a funcionar diez ingenios. Los molinos del Guadiana también actuaron como puentes y pesquerías, así como eficaces presas que retuvieron el agua del río y ampliaron la superficie encharcada.

Aunque su uso y gestión dieron lugar a pleitos y conflictos institucionales, el sistema funcionó con eficacia durante siglos. Cuando las ideas ilustradas propias del setecientos persiguieron aumentar las tierras cultivables y desecar el cauce del Guadiana, se hizo imprescindible derruir algunos de estos molinos y limitar el funcionamiento de otros. El fracaso de aquellos proyectos mantuvo en pie la mayoría de estos ingenios hasta bien entrado el siglo XX, cuando la dictadura franquista recuperó las ideas del siglo XVIII. En aquella ocasión no hubo marcha atrás.

Los trabajos de canalización del Guadiana que se llevaron a cabo a finales de los años 1960, hicieron más profundo el cauce natural del río, alteraron el curso de las aguas, redujeron el encharcamiento de la ribera y limitaron la capacidad de molienda de las piedras que hasta entonces habían sido el motor de la economía local. Las presas fueron inutilizadas y el paisaje cambió radicalmente.

El regadío intensivo y la alteración de la dinámica natural del Guadiana condujeron a una situación insostenible. Las Tablas perdieron su equilibro natural, puesto que las aguas superficiales (cada vez más escasas) dejaron de encontrarse con las subterráneas, que ya no manaban del acuífero por la sobreexplotación a la que se le sometió.

Fue entonces cuando algunos recordaron el efecto regulador de las presas de los molinos, pero el estado de ruina en que se encontraban tras años de inactividad hizo imposible su rehabilitación. Sin embargo, el plan de regeneración hídrica que se puso en marcha en los años ochenta del siglo XX recuperó la esencia de su funcionamiento.

Para salvar Las Tablas se levantaron varias presas. Las dos más importantes fueron la de Puente Navarro y la del Morenillo. La primera se sitúa a la salida del Parque, a escasos metros del antiguo molino de El Navarro, mientras que la segunda se alza allí donde el Cigüela y el Guadiana se encuentran. La misión de ambas es mantener el nivel encharcamiento y asegurar una mínima lámina de agua, algo que, en los últimos años, ni tan siquiera ha sido posible debido, en parte y entre otros factores, a los efectos del cambio climático y la presión antrópica, que han reducido las lluvias y aumentado las extracciones del acuífero que antes alimentaba de manera natural al Guadiana.

La tercera presa es el molino de Molemocho (restaurado en 1998), que hunde sus cimientos en el río y que cierra la superficie encharcada de Las Tablas por su extremo suroriental.

La existencia de estas tres barreras cobra sentido en momentos puntuales, marcados por la abundancia de lluvias, dando lugar a fenómenos como el que ha ocurrido este año o como el acaecido durante el ciclo húmedo que tuvo lugar entre 2009 y 2013, un periodo de lluvias por encima de la media.

Cuando el cielo es generoso, el Cigüela vierte en Las Tablas y la superficie encharcada llega a su límite. Entonces, el agua rebasa la barrera central (presa del Morenillo), sigue su camino y desborda Puente Navarro. Si los niveles de encharcamiento persisten, incluso se hace necesario abrir las compuertas del Molemocho.

Es justo en ese momento cuando, como Button, el Guadiana desafía el orden natural y su corriente remonta el cauce en busca de su origen. El fenómeno no solo es curioso, sino muy positivo porque el agua termina infiltrándose en el subsuelo y contribuye a la recarga del acuífero.

Cierto es que es una situación anómala, temporalmente corta y que suele durar lo que dura la inundación máxima de Las Tablas, pero no es menos verdad que alerta acerca de la necesidad de controlar los niveles de encharcamiento y de lo mucho que la historia de las infraestructuras hidráulicas de aquella comarca puede enseñar a propios y extraños del lugar.

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Francisco J. Moreno Díaz del Campo es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Castilla-La Mancha. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.