Candela, Esperanza, Belén, Esther, Micaela, Gabriela, Purificación, Toñi, Fátima, Estrella… Y así hasta 2.317 nombres. Escritos en una camiseta, formando el mapa de Andalucía. Son las mujeres afectadas por los cribados del cáncer de mama. Y en su pecho las llevó José Ignacio García durante el debate en TVE de cara a las elecciones del 17 de mayo. Un diseño del sevillano Bernar SF materializado por los jerezanos Gloria Vendimia. 

García es el político revelación en el sur en la carrera electoral contra veteranos dirigentes como María Jesús Montero (PSOE), Juanma Moreno (PP) y Antonio Maíllo (Por Andalucía). Y su popularidad ha crecido desde el debate de este lunes, en el que muchos espectadores han reparado en él más allá de Despeñaperros.

¿Quién es García? ¿Por qué está conectando? ¿Cuál es su fórmula? El ‘número uno’ de Adelante Andalucía es el aspirante que recibe mejor nota por parte de los electores, según el barómetro del Centra (el CIS andaluz) publicado este mismo martes. El gaditano cuenta con una media de 6,07, por delante del propio presidente de la Junta de Andalucía, que se queda en el 5,49.

García (Jerez de la Frontera, 1987) se presenta como el rostro de un andalucismo sin complejos y sin órdenes desde Madrid mirando a fórmulas como el BNG, la CHA o Compromís. Defensa a ultranza de los servicios públicos y de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, además de una clara vocación ecologista. Un político adicto a las redes sociales, que se viste con la icónica camiseta de The South Face y que suena a La Plazuela, la banda granadina que enloquece a muchos jóvenes andaluces y que ha puesto música al spot de Adelante Andalucía.

“Ya no quiero estar más en el lado de la pena…”, cantan El Indio y El Nitro mientras se muestra la imagen de una ciudadana agotada y cansada de escuchar el “todo va bien” de Juanma Moreno. Con una estética muy similar a los vídeos del Green Party en Reino Unido. García tiene obsesión por el día a día de la vida, por lo que preocupa en las calles. Lleva con mucho orgullo haber sido el impulsor de la ley de gratuidad de gafas, aprobada por el Parlamento andaluz y que ahora está en fase de tramitación en el Congreso. Siempre repite que en su comunidad hay un millón de personas que no llevan lentillas o gafas porque no se lo pueden permitir.

Pero el perfil político de García irrumpió principalmente durante la crisis de los cribados de cáncer de mama. Se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la oposición a Moreno Bonilla en el Hospital de las Cinco Llagas. Directo, cuerpo a cuerpo. Todo un torbellino que trata de desenmascarar al “verdadero” presidente de la Junta frente a su imagen de yerno perfecto. Esta es una de las obsesiones de la izquierda: frenar el marketing del líder conservador y evidenciar su doble discurso en sanidad, donde en el fondo hay una apuesta clara por la privatización.

García se presenta por primera vez como número uno de Adelante Andalucía después de que Teresa Rodríguez agotara el tiempo en política que había prometido y volviera a su vida anterior como profesora. Hubo vértigo en el partido. Pero el jerezano ha logrado llenar ese hueco e incluso aspira a doblar el resultado en escaños de su predecesora. Los dos hablan mucho y ella está colaborando con él en la estrategia de campaña.

Una de las claves de su figura, como señalan en su entorno, es que “no es un político impostado”: “Lo que ves en la tele es lo que es en la calle”. Él mismo escribe sus discursos con boli. Anotaciones, correcciones, subrayados sobre el papel. Y siempre con un lenguaje cercano, de la calle. Por eso, también pone en primer lugar la crisis de la vivienda y trata de explicar cómo el PP beneficia a los fondos buitre a lo largo y ancho de toda Andalucía.

Sus vídeos en Instagram y en TikTok se han convertido en virales. Y, frente a la dinámica actual de la izquierda, es un dirigente progresista con tirón entre los más jóvenes. Casi un treinta por ciento de los electores de entre 18 y 24 años lo puntúa con notas de sobresaliente (9 y 10), un porcentaje muy superior al del resto de aspirantes. 

Su principal problema, en cambio, es su grado de conocimiento, por debajo de la atención que tienen Moreno o Montero. Pero en su equipo señalan que la campaña está sirviendo especialmente para que su figura cale. El otro gran hándicap es su perfil de la Andalucía Occidental, con un partido arraigado especialmente en Cádiz y Sevilla. El barómetro del Centra da dos escaños en cada una de estas provincias y otro por Málaga. 

García no para ni un segundo durante estos días. Y cree que su defensa de los servicios públicos impregnará en una comunidad que ya sufre el deterioro de las políticas de Moreno Bonilla. Él lleva lo público en la sangre: es psicólogo, orientador educativo y funcionario. De su trabajo en los institutos viene también otra de sus grandes luchas: la salud mental de los jóvenes.

Como muchos políticos gaditanos, su despertar político está ligado al movimiento scout con valores como la solidaridad, el compromiso, la justicia, la igualdad y el ecologismo. Y, luego, estuvo muy implicado en el activismo estudiantil durante su época en la Universidad de Sevilla para licenciarse en Psicología. Aquellas huelgas por el plan Bolonia fueron el germen de varios círculos que luego participarían de manera activa en el movimiento del 15M en la capital andaluza.

Estuvo en el nacimiento del partido Podemos, pero luego decidió, junto a Teresa Rodríguez, lanzar Adelante Andalucía para imprimir un carácter regionalista a un proyecto político. Tiene como filosofía que la política no es para siempre y que volverá a su puesto como orientador de instituto. Su verdadera pasión. Y que no le falte nunca un libro en la mesita de noche (algunos en italiano, lengua que domina tras su Erasmus en Roma) y su bicicleta. Le queda todavía mucho por pedalear.

Desde mi experiencia en el ámbito migratorio, llevo años denunciando que las políticas europeas han estado atravesadas por una lógica sostenida de deshumanización desde hace décadas. No se trata de una deriva reciente, sino de la consolidación progresiva de un modelo que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos explotables, al tiempo que normaliza y reproduce el racismo institucional en todas sus formas.

La reciente aprobación del Reglamento de Retorno en el Parlamento Europeo es una muestra más de esta deriva. La consolidación de un sistema que normaliza la exclusión y jerarquiza vidas haciendo que los derechos dejen de ser universales para convertirse en privilegios.

No se trata únicamente de un endurecimiento administrativo; es algo mucho más profundo. Se trata de un clima que se instala, de una normalización del odio que se ha blanqueado sibilinamente. De una idea que avanza de forma escurridiza como lo hacen todas las ideas del fascismo: se deslizan, se filtran casi sin ser percibidas, y acaban impregnando narrativas que hoy se imponen sin apenas resistencia en barrios obreros, en bares y en espacios donde antes habría resultado impensable.

La idea de fondo es terrible: hay vidas que valen menos, hay cuerpos más sospechosos, hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas, y por tanto no tienen los mismos derechos que el resto.

Hannah Arendt dejó muy claro cuál era la disputa que hoy está en juego: “el derecho a tener derechos”. Esa es la base de toda comunidad política y cuando ese principio se quiebra, lo que se erosiona no es solo la vida de quienes quedan fuera, sino el propio fundamento de la democracia.

El Reglamento de Retorno se asienta precisamente sobre esa ruptura. Se presenta como una herramienta técnica de la burocracia europea para gestionar las migraciones de forma ‘ordenada’. Pero su contenido revela algo mucho más profundo: forma parte de una arquitectura política, orientada a convertir la expulsión en el eje central de la política migratoria europea.

Si realmente hubiese voluntad política para ‘ordenar’ las migraciones, solo tendrían que poner en marcha vías legales y seguras pero, ‘por lo que sea’, de eso, ni hablamos.

Cuando, ante el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por guerras ilegales, genocidios y desplazamientos forzados, la Unión Europea debería estar reforzando los mecanismos de protección internacional. Sin embargo, el bloque de las derechas (la derecha ultra y la ultraderecha, más mimetizadas que nunca) ha optado por acelerar la construcción de una maquinaria de deportación masiva para continuar con su guerra contra las personas que huyen de su país buscando un lugar seguro o una oportunidad en la Europa que un día fue tierra de acogida.

La Europa que se reivindicaba como espacio de derechos humanos avanza hacia un modelo de detención, persecución y expulsión. Bajo este paradigma, la migración deja de entenderse como un fenómeno social que representa un desafío a la vez que una oportunidad, para convertirlo intencionadamente en un problema de seguridad. 

Se construye así una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y moral: una línea que separa a quienes son considerados sujetos de derechos de quienes pasan a ser sujetos administrables, detenibles y expulsables.

El objetivo es claro: acelerar las deportaciones, reducir garantías, ampliar la detención y facilitar expulsiones incluso hacia terceros países donde la persona migrante puede no tener ningún tipo de vínculo. 

Por tanto, no se trata solo de expulsar, sino de hacerlo lo más lejos y rápido posible, automatizando el proceso sin garantías, y convirtiéndolo en una rutina cruelmente institucionalizada.

En este marco, Europa se configura como un sistema que produce activamente vidas deportables. Sujetos cuya existencia queda atravesada por la amenaza constante de detención, sospecha, criminalización y expulsión. Personas cuya identidad queda subordinada a su estatus administrativo.

En palabras de Achille Mbembe, vivimos en regímenes donde el poder decide “quién puede vivir y quién debe morir”, o, en este caso, quién puede permanecer y quién debe ser expulsado. 

El Reglamento de Retorno encarna esa lógica: no elimina vidas, pero las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad estructural.

Y lo vemos en los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que son Guantánomos europeos que representan la expresión más nítida de esta deriva de valores. Centros externalizados fuera del territorio de la Unión donde las personas migrantes serán retenidas por tiempo indefinido. Espacios sin garantías jurídicas efectivas, donde la responsabilidad se diluye. Espacios de tránsito sin identidad, sin derechos y sin reconocimiento.

Se trata de una estrategia que erosiona derechos fundamentales al limitar el acceso a la defensa jurídica, acortar los plazos de recurso y suprimir efectos suspensivos que impedirían la expulsión mientras se tramitan los recursos. En la práctica, esto vacía de contenido el derecho, que deja de ser una garantía efectiva, y deforma el propio marco jurídico para facilitar la expulsión de quienes son considerados “expulsables”, alejándolos del espacio europeo y de sus mecanismos de protección bajo la lógica de que aquello que no se ve resulta más fácil de ignorar.

Las advertencias sobre la posible vulneración del derecho internacional no han sido en absoluto marginales. Sin embargo, para quienes han situado a las personas migrantes en el centro de una ofensiva política sostenida, han caído en saco roto. Organismos internacionales han alertado del riesgo de quebrantar el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho de asilo, así como de la posibilidad de detenciones arbitrarias y graves déficits en las garantías procesales. Pese a ello, estas advertencias han sido ignoradas. Y no por desconocimiento, sino por cálculo: incluso si el reglamento acaba siendo cuestionado o corregido por instancias judiciales internacionales, su aplicación inmediata permite avanzar en una agenda política que convierte la persecución de las personas migrantes en objetivo preferente y en rédito electoral.

Lo que emerge con claridad es un modelo de control que transforma la migración en un campo de vigilancia permanente. Didier Fassin lo dice muy claro, las políticas migratorias contemporáneas operan mediante una “economía moral” que jerarquiza vidas y legitima la desigualdad en nombre de la seguridad.

En este contexto, la detención deja de ser una medida excepcional vinculada a delitos y pasa a ser un instrumento ordinario de gestión migratoria. Incluso menores pueden verse afectados, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado el horizonte ético europeo.

Cuando cada día abrimos los informativos con imágenes durísimas que ilustran las políticas migratorias de Trump, amenazando la cohesión interna  y la convivencia ciudadana en EEUU, es inevitable hacer una proyección de lo que puede suponer el Reglamento de Retorno. El modelo que subyace apunta en la misma dirección que políticas impulsadas por agencias como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde la migración se gestiona mediante dispositivos policiales basados en la sospecha permanente. El Reglamento insta a los Estados Miembros a identificar, detener y expulsar, abriendo la puerta a prácticas de perfilado racial que llevarán a intensificar los controles selectivos en función del color de piel, el acento o la apariencia. De este modo se incentiva las redadas y la persecución policial de personas migrantes en el espacio público, normalizando su criminalización. 

De este modo, se construyen las condiciones para un sistema de vigilancia y castigo que, de consolidarse, podría desembocar en una suerte de “ICE europeo”, donde la excepcionalidad se convierte en norma y determinados cuerpos pasan a ser objetivo permanente de control estatal.

Por tanto, estamos ante la consolidación de un auténtico “apartheid migratorio”: un sistema que distribuye derechos en función del origen, en un marco profundamente desigual y atravesado por lógicas neocoloniales.

Y es aquí donde conecta directamente con el discurso de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox y asumido por el Partido Popular para mantenerse en el poder en los gobiernos autonómicos. Esta idea no es una simple consigna electoral: es el soporte ideológico que legitima políticas como el Reglamento de Retorno.

La lógica del postulado de la prioridad nacional conduce a producir exclusión dentro de nuestra sociedad, establiendo una frontera interior que divide a la ciudadanía entre quienes merecen derechos plenos y quienes quedan subordinadas.

Lejos de proteger a la mayoría social, esta lógica la debilita. En lugar de ampliar derechos, los restringe. En lugar de reforzar lo público, lo fragmenta. Y, sobre todo, divide a la clase trabajadora, enfrentando a personas que comparten condiciones materiales similares, enfrentando a los penúltimos contra los últimos, convirtiendo a las personas migrantes en las culpables sobre las que descargar las insatisfacciones e inseguridades que tienen causas mucho más profundas.

La asunción de este marco por parte del Partido Popular no es anecdótica. Representa la normalización de un discurso que erosiona los fundamentos del Estado social. Cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos.

Lo más preocupante no es solo la norma en sí, sino el silencio con el que se ha asumido esta barbaridad que acaba con los principios humanistas y solidarios de nuestra sociedad. Porque lo que se está normalizando no es únicamente una política, sino una forma de entender quién merece derechos y quién no.

El Reglamento de Retorno no solo redefine la política migratoria europea desde un punto de vista reaccionario. Redefine el propio proyecto europeo y plantea una disyuntiva clara: o se reconstruye un marco basado en la igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, o se consolida una Europa que ha decidido asumir la exclusión como principio.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

A dos semanas de las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno trata de mantener lejos a sus propios compañeros de partido. Él quiere evitar los “líos” que, en sus propias palabras, representan los pactos con Vox y la “prioridad nacional” en la que la dirección nacional del Partido Popular está atrapada desde hace semanas. Así, al igual que hizo el actual presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, el presidente andaluz ha diseñado una campaña en la que pesa más su nombre que el de su partido y en la que trata de huir de la confrontación ideológica.

Moreno quiere evitar que las elecciones del 17M se contaminen del “ruido” de Madrid y no participarán en campaña ni la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso —de viaje por México—, ni los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo sí estará, pero con una presencia limitada y sin ocupar el centro de la campaña. Este domingo será la primera vez que coincidan en un acto en Málaga, pero fuentes de Génova destacan que el líder nacional tendrá una agenda propia y separada en buena parte de la de Moreno. “Cuantos menos actores haya en el escenario, mejor”, resumió el presidente andaluz en funciones en una entrevista en Antena 3.

El andaluz quiere aparecer como algo más que el candidato del PP. Su objetivo es presentarse como una figura “institucional, reconocible y transversal”, capaz de llegar a electores que no hace tanto “votaban al PSOE”, explican fuentes de su equipo. El calendario le ha ayudado a ello, con celebraciones populares —Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de Mayo, Patios de Córdoba o Feria del Caballo de Jerez— en las que Moreno se ha dejado ver fuera de la habitual confrontación partidista y de los mítines al uso.

Los rivales de Moreno, sin embargo, sí quieren que Andalucía mire a Madrid. El PSOE cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede levantar a su electorado y que al candidato del PP le perjudica hablar de cuestiones nacionales, al igual que pasa con Vox, que necesita a su líder nacional, Santiago Abascal, para visibilizar a su propio candidato. En la izquierda, Sumar también busca la presencia de sus referentes nacionales para dar empuje a Antonio Maíllo frente a la amenaza que supone Adelante Andalucía. El PP andaluz, en cambio, considera que su candidato es más fuerte cuanto menos acompañado esté.

El contraste de la campaña andaluza con las últimas autonómicas es evidente. En Castilla y León, Aragón y Extremadura, los candidatos del PP estuvieron acompañados de Feijóo, Ayuso, Aznar y Rajoy en varios mítines para movilizar al electorado conservador. En lugares como Aragón, el líder del PP echó el resto en campaña y no se movió prácticamente del territorio en las dos semanas. En Andalucía, sin embargo, Moreno intenta que la campaña no parezca una extensión de Génova ni una sucursal de la Puerta del Sol. 

La ausencia de Ayuso es la más significativa. La presidenta madrileña atrae las miradas allá donde va, pero también alimenta el choque contra Sánchez y la disputa cultural contra la izquierda. Todo eso moviliza al votante duro del PP, pero en el equipo de Moreno creen que puede poner en riesgo el activo principal de su candidato. Y la mayoría absoluta “no está garantizada”, como llevan repitiendo desde hace semanas. Es más, pronostican que todo dependerá de “cómo se repartan los restos” y de su capacidad de “robar voto” al PSOE.

En Castilla y León, Feijóo, Aznar y Rajoy arroparon a Alfonso Fernández Mañueco. Ahora, ambos expresidentes “no suman”, según trasladan en el PP andaluz, especialmente Rajoy, con el caso Kitchen todavía coleando. En Aragón, Jorge Azcón hizo lo contrario de Moreno al nacionalizar el mensaje y convertir a Ayuso en “invitada estrella” de su campaña, con actos durante todo un fin de semana. En Extremadura, aunque con menos presencia nacional, Feijóo se volcó con una campaña paralela a la de María Guardiola para “peinar” el territorio y frenar a Vox.

Esos precedentes pesan en Andalucía. El PP ganó en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero no logró romper la dependencia de Vox. Guardiola se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, Azcón ganó en Aragón pero con dos escaños menos mientras Vox se disparó hasta las 14 actas y Mañueco venció en Castilla y León sin alcanzar los 42 procuradores necesarios para gobernar en solitario.

Moreno busca ser la excepción de ese ciclo. Si alcanza la mayoría absoluta, podrá exhibirse como el único barón popular capaz de contener a Vox sin mimetizarse con su discurso. Si  no lo logra, se enfrentará al mismo problema que sus compañeros de partido: una legislatura condicionada por la extrema derecha. El presidente andaluz quiere vender estabilidad frente al “lío” de otros barones populares condicionados por Vox, y para eso necesita alejarse tanto de la retórica ultra como del lenguaje de la política nacional. 

La inmigración es el ejemplo más evidente. Moreno se ha distanciado de la fórmula pactada por el PP con Vox en otras comunidades con la “prioridad nacional” y ha incluido en su programa una defensa de la contribución de la población migrante regularizada al crecimiento económico, al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero tiene otras flaquezas de gestión que la oposición trata de utilizar a su favor, con el estado de la sanidad como el principal elemento de desgaste.

El presidente andaluz, a diferencia de Feijóo e incluso de Ayuso, no necesita demostrar que el PP puede ganar a Pedro Sánchez, sino que él puede seguir gobernando Andalucía sin depender de Vox. Lo que más teme es perder la mayoría absoluta y quedar atrapado en la misma dinámica que Guardiola, Azcón o Mañueco. Es decir, ganar pero depender de la extrema derecha para gobernar, pese a que él mismo accedió al poder gracias a Vox en 2018.

El Grupo Parlamentario Socialista ha elevado este lunes a la Dirección de Comunicación del Congreso un escrito de denuncia en el que solicitan aclarar las circunstancias en las que el agitador Vito Quiles, acreditado como redactor literario en la Cámara Baja, grabó y subió a redes sociales un vídeo en el despacho de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Alma Alfonso.

En él, comentan que Quiles ataca a varios periodistas y amenaza a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con acciones judiciales.

“Anuncio acciones judiciales contra Begoña Gómez y sus charo acompañantes por la violencia que sufrí ayer”, escribió en un tweet. “Me ha denunciado ella a mí, que soy la víctima”, comenta. Y añade: “Es una locura cómo os intentan hacer creer lo que vuestros propios ojos no han visto y quieren que os creáis lo que ellos dicen”.

La publicación del vídeo en la red social X tuvo lugar el pasado jueves, 30 de abril, dos días después de abordar a Gómez en un restaurante y perseguirla por los alrededores.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista recuerdan que “los redactores literarios no tienen autorización ni acreditación para realizar grabaciones de vídeo”, tal como recoge el precepto 3.2 del apartado I del Acuerdo de Mesa del Congreso de los Diputados, en desarrollo de lo previsto en el artículo 98 del Reglamento del Congreso.

Piden en esta denuncia que, en el curso de la instrucción, “se inquiera a la diputada Alma Alfonso y al GPP a expresar si dieron su autorización y estaban presentes (tal y como exige el Reglamento de la cámara) cuando Vito Quiles utilizó sus dependencias para verter sus amenazas”.

A la denuncia de los socialistas, Quiles ha respondido a través de X: “Hoy la polémica es que me tomé un café con una diputada en su despacho. Y lo denuncian los mismos que comen los miércoles con Patxi López y Rufián, que se van a hoteles con diputados, que son invitados por Illa a la Generalitat, que tienen su oficina en Ferraz, que se hacen fotos con Sánchez y que montan en el Falcon. Es imposible ser más cínico, más hipócrita y más falso”.

Alfonso Fernández Mañueco tuvo una campaña más tranquila que sus compañeros de Aragón y Extremadura. Con su flema, parsimonia y costumbre de no exponerse a preguntas de la prensa, logró que no se lo fagocitaran los temas nacionales y defendió con más éxito del pronosticado el gran territorio popular, la única comunidad sin alternancia política en 40 años, ante un Vox que pinchó sobre sus propias expectativas. Prometió entonces que para él la negociación sería diferente, que la ultraderecha tendría que pivotar sobre el programa del PP y no al revés, pero Santiago Abascal, desde su ahora ruta infatigable por Andalucía, le deja claro que el menú es igual para todos. Y lo comes o lo dejas.

En un mitin reciente en Huelva, el líder de Vox aprovechó para recuperar su reproche insistente durante la campaña electoral en Castilla y León: que Mañueco, el nada polémico Mañueco, había sorprendido a todos en el primer debate lanzándole al candidato Carlos Pollán un dardo inusual: que su partido quería “tirar gente [migrantes] al mar”. Y que esa “infamia”, repitió en cada mitin y canutazo Abascal, no la podía aceptar Vox, el mismo partido que abandonó el Gobierno de coalición con argumentos como este, en palabras del entonces vicepresidente Juan García-Gallardo: "No queremos que Castilla y León se convierta en Francia, que sus barrios humildes acaben como los barrios del extrarradio de París […] Estamos a tiempo de corregir esto en Castilla y León, no estamos condenados a la islamización".

Abascal se pasó toda la campaña a partir de esa frase inesperada de Mañueco subiéndole el precio: le exigía una disculpa pública para poder pensar en negociar juntos, le venía a decir que se acabaría comiendo esas palabras. Y ese menú, importado de Francia, tenía un nombre que se repetía constantemente en campaña antes de colocarse como un tema principal en el debate público español: “prioridad nacional”. Cuando los periodistas le preguntaron por esto en la celebración del Día de Castilla y León en Villalar el 23 de abril, Mañueco se limitó a decir al respecto: "Hablaremos de ese proyecto cuando se concrete y cuando se firme. Lo explicaremos, no se preocupen ustedes, con todo detalle".

La negociación de Castilla y León queda por el camino, pero el premio gordo se juega en Andalucía. El Partido Popular se conjura ahora para hacer todo lo posible por que los pactos en otras autonomías no perjudiquen las aspiraciones de Juanma Moreno, especialmente por el flanco más moderado. En Vox ya han activado la batería de reproches ante la expectativa de que el pacto en Castilla y León, que según ellos se podría hacer en 24 horas, quede para después de la campaña andaluza con el objetivo proteger a Moreno. La ultraderecha, al contrario, no deja pasar la ocasión de usar el debate sobre la negociación en Castilla y León para marcar la hoja de ruta en Andalucía y recordar que apretarán al máximo en el tema migratorio, donde ya han conseguido arrastrar al PP a posiciones muy incómodas, incluso para la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La inmigración fue el tema de mayor choque entre Mañueco y Abascal (y el candidato que apenas lo parecía, Pollán) en la campaña de Castilla y León. El popular defendió, como había hecho anteriormente en las Cortes tras la espantada de Vox de los gobiernos autonómicos, que la comunidad recibe de buen grado a todo el que llegue “a trabajar”. “Somos una tierra de emigrantes, no lo olvide nunca, y somos tierra de acogida, de integración y oportunidades para los que quieran venir a trabajar, lo éramos cuando formaban parte de este Gobierno y lo somos ahora”, le decía a la bancada de Vox el Mañueco de marzo de 2025, quien, ante la excusa de Vox para romper por el reparto de menores no acompañados, recordaba a la ultraderecha que el punto dos de su pacto de Gobierno era promover la solidaridad entre las comunidades y ciudades autónomas. “Canarias y Ceuta son comunidades y ciudades autónomas de España, somos solidarios con España”, remachaba.

Para el presidente de la Junta no será cómodo explicar por qué asume, como todo pronostica que le tocará, el concepto de “prioridad nacional” impuesto por el partido al que reprochó querer tirar migrantes al mar. Y, sobre todo, cuando la comunidad y sus gobiernos autonómicos, provinciales y locales bracean desesperadamente contra la despoblación crónica en una de las regiones más envejecidas de Europa. Capitales de provincia en el epicentro de esa despoblación, como Zamora, solo han logrado revertir las caídas abismales (bajar, en este caso, de los 60.000 habitantes) gracias a la llegada de población extranjera, como tienen bien analizado los ayuntamientos. Mañueco reconoce esta conveniencia por un lado, al tiempo que hace malabares para no dejar de criticar la política de apertura del Gobierno. De hecho, la Junta ya ha anunciado que recurrirá la regularización extraordinaria de inmigrantes promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Mañueco ha puesto en marcha en los últimos años ayudas directas, aunque insuficientes, para favorecer el retorno de los emigrados de la comunidad, con un ‘Pasaporte de vuelta’ para que regresen del extranjero o de otras autonomías. Si se aplicara en Castilla y León la ‘Prioridad nacional’, podría ocurrir que un nacido en la comunidad y residente en otra autonomía pueda optar a este tipo de apoyos al llevar al menos dos años empadronado fuera, mientras por esa misma razón —no haber estado empadronado en Castilla y León los últimos diez años— estaría fuera de las ayudas para el acceso a la vivienda. Vox ya ha dejado claro que no hará excepciones ni con Castilla y León ni con Andalucía: la “prioridad nacional”, como ocurre con su programa electoral, es un calco para todos. Y tratan de zafarse de los reparos que expresan desde el PP mientras van firmándolo en pactos uno detrás de otro: "Qué cosa más estúpida esa de demonizarnos y por lo tanto demonizarse a sí mismos", afirmó Abascal, seguro de que todos los dirigentes populares tendrán que pasar por el aro de su marco una vez más.

Después de ver lo que ocurre en el juicio de Kitchen, mi mente se llena de dudas sobre el peligro que corre un país en manos de ignorantes y corruptos. Porque nadie podrá pensar que estoy polarizado. Simplemente he escuchado videos y veo el juicio y da vergüenza a españoles honrados. Por mucho que gente de la derecha que elijan quieran defender un imposible.

Sé que hoy y después los medios de comunicación que todos conocemos llenarán sus páginas de simplezas por no contar el deterioro a que ha llegado la política, o mejor dicho, la judicatura y el periodismo, por llamar a esas profesiones de alguna manera, pero donde no vemos representado lo que vemos en el juicio. Por mucho que se quiera defender a M.Rajoy y a Cospedal, da vergüenza ajena ver el comportamiento de jueces que acallan cualquier palabra que pueda herirles con el silencio absoluto del CGPJ y de los muchos jueces que sabemos de su integridad profesional. 

Es muy grave que en este país la justicia ya no se pueda escribir con mayúscula porque no se lo ganan. Empezando por el juicio al FGE y siguiendo hasta hoy se ve la lucha por echar del país a Sánchez sin explicar nada que haya hecho con datos. Porque una cosa es negarle hasta la salud y otra convencer con datos de lo que sea criticable. Incluso negando cualquier opción que nos haga saber qué harían en un gobierno, aunque ya lo sabemos, Extremadura y Aragón ya lo han explicado. Y ese hombre es el único que ve el mundo con claridad. Qué podemos esperar de Aznar, Abascal, Ayuso, Feijóo...

Cuando miro y estudio este país creo que sería una maravilla si no estuviera lleno de españoles. Porque pensando así sobre la España donde nací me encuentro con el rechazo de esos españoles que cito antes y que generan un cierto asco de que ellos definan lo que es ser buen español. Yo no lo soy, porque no soy patriota, pago todas mis obligaciones fiscales y sociales, trabajé mucho, muchísimo hasta mi jubilación, tanto como sentir que robé demasiado espacio a mi familia, y ahora me encuentro con que aquí existen varias clases de españoles pero yo no estoy incluido...

En plena era de la IA y la computación cuántica, me avergüenza lo que sucede en el país donde nací y del que cada día me siento más distante, si el futuro es el que parece. ¿No hay nadie que lo impida? ¿No hay nadie capaz de distinguir el fascismo de una derecha sensata? Ellos mismos lo niegan…

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

Una, Grande y Libre. Libre de todo aquello que ellos odian: diversidad, igualdad, etnicidad y especialmente equidad. 

El discurso nacionalista sobre la "prioridad nacional" no es algo nuevo en España. Siempre ha girado alrededor de las élites económicas y del poder, en torno a la derecha más populista, ya sea conservadora o extrema.  

A finales del siglo XX, era ya una coletilla que utilizaba históricamente la extrema derecha europea. Por ejemplo: Le Front National, de Jean-Marie Le Pen en Francia; La Liga de Italia, que defendía la independencia económica de las regiones más industriales frente a las más pobres del sur; o (más recientemente) el partido UKIP, de Nigel Farage, en el Reino Unido, relacionado con el proceso del Brexit. 

Para defender su particular modelo de vida, su discurso, hay que movilizarse frente a alguien o algo. Es necesario crear un enemigo ficticio para agitar el aura de peligrosidad frente a la propiedad cultural de la comunidad. 

Se mueve alrededor del odio a la diferencia alzando una hipotética tradición que supuestamente se siente superior moralmente; pero que en el fondo esconde un modelo censitario, elitista, racista, machista, homófobo y medieval.  

La derecha más populista ha encontrado en la mentira y el amarillismo su oportunidad perfecta para volver al poder institucional.  

En pleno siglo XXI, donde se cohabita con la normalización de una sociedad multiétnica, igualitaria y diversa, donde lo que nos caracteriza es universalización de la convivencia entre individuos diferentes bajo el paraguas de la paz y fraternidad, ellos utilizan el odio y la polarización para mejorar sus resultados electorales bajo la bandera de la mentira y el odio al diferente.  

La "prioridad nacional" que defiende hoy Vox, y ampara el Partido Popular en sus pactos autonómicos, es la máscara para imponer su verdadero objetivo: una sociedad unitaria donde solo los ricos tengan beneficios, donde solo los poderosos (la nobleza) tengan privilegios, donde no exista la igualdad y menos el ascenso social, donde no haya opciones para que los humildes puedan vivir dignamente, donde se silencie a la izquierda y a todo movimiento social, donde los partidos que giran alrededor de la izquierda no puedan acceder al poder público... 

Una sociedad donde no existan libertades públicas, ya sea en forma de prensa, de ideología, de opinión o de formación. 

Ellos quieren repetir lo que ya consiguieron sus mayores a inicios del siglo XX gracias a la fuerza de las armas. Una nación única, una sociedad sin derechos, una estructura social piramidal y estamental. Una manera de convivencia basada en el miedo y la sumisión.  

Porque para ellos, ya se consideren liberales, patriotas, conservadores o nacionalistas, solo hay un objetivo con la excusa de la imposición del orden, de la seguridad ciudadana, del control económico: monopolizar la democracia excluyendo de todo derecho a quien no piense como ellos. 

Y frente a estos movimientos ultras, a estos amantes de la censura y el autoritarismo populista, solo hay una solución: rebelarse, opinar, participar, levantar la mano. Defender la democracia, los derechos individuales y colectivos. No hay otra más.  

A ellos les molesta. Somos esos vagos y maleantes de antaño. Sigamos siéndolo.

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David Acosta Arrés es licenciado en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad de Granada. 

Isabel Díaz Ayuso presentaba esta semana una de sus medidas estrella. La presidenta madrileña ha anunciado una estrategia para ampliar la red de residencias de la Comunidad de Madrid que ha hecho saltar las alarmas de las asociaciones que pelean por dignificar la atención a los mayores. El plan contempla la apertura de 40 residencias y 40 centros de día. En total, 8.000 nuevas plazas. Al menos 3.200 estarán integradas en la red pública, mientras que el resto —la mayoría— serán privadas y contarán con una inversión de 500 millones de euros. Explica el gobierno regional que a ellas se podrá acceder a través de un cheque servicio que ofrece ayuda monetaria para quien no pueda costearlas. Las familias de las víctimas de las residencias —que aun buscan justicia por los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por este periódico, y no olvidan los desplantes del gobierno regional y de Ayuso durante todos estos años— recelan de que estas ayudas puedan cubrir parte de su coste.

El plan, aseguran las asociaciones, dista mucho de ser equitativo. El principal problema que ven es la abrumadora presencia de centros privados. “Hay una discriminación clara entre las personas que tienen dinero y las que no. La mayoría de las nuevas plazas serán privadas y el cheque servicio no cubre todos los gastos”, afirma Pilar Serrano, presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Pública y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. 

“La colaboración público-privada no va a funcionar porque ya la hemos vivido. Cuando las residencias son públicas de gestión privada, sabemos lo que pasa: la estructura de los edificios está mal, no hay suficiente personal, tienen condiciones horribles, etc.”, retrata María Jesús Valero, portavoz de 7.291: Verdad y Justicia, al otro lado del teléfono. 

Desde la organización se oponen a que con dinero público se “construyan residencias cuya propiedad sea de fondos buitre o grandes empresas del sector de residencias”. Para ellas, el objetivo no es mejorar el servicio de las residencias sino por el contrario, “hacer grandes negocios a costa de la calidad de vida de residentes y personas trabajadoras”. 

En Marea de Residencias también ponen el foco en los riesgos de la colaboración público-privada. “Lo que se hace con este modelo es dar recursos públicos a empresas que no tienen ningún control. Se quitan de en medio a personas vulnerables y las dejan en manos privadas", asegura Carmen López Llorente, portavoz de Marea de Residencias. 

Las cifras dejan ver las grietas que tiene el modelo privatizado. Algo que se hizo más evidente en la pandemia. Entre marzo y abril de 2020, la mortalidad en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid fue del 7,4%. En las concertadas, la cifra se elevó a un 21,9%. Aun así, tan solo el 5,7% de las residencias son totalmente públicas. En ellas, cuentan desde Verdad y Justicia en un comunicado, imperan las “malas condiciones de vida de los residentes” además de “las pésimas condiciones laborales de las trabajadoras”. 

“La presidenta Ayuso quiere ‘un pelotazo’ para ciertas empresas y, de paso, aparecer como la gran benefactora de la población mayor, construyendo residencias, para que olvidemos que dejó morir a 7.291 residentes sin asistencia sanitaria y que Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020”, denuncian desde estas asociaciones. Y critican la falta de interés de la Comunidad de Madrid en favorecer políticas públicas: “La presidenta Ayuso nunca ha actuado en favor de la salud de la ciudadanía. Es una medida que, más que útil, es puro marketing político”, afirma Serrano. 

Hay muchas cosas que se han dejado fuera del nuevo plan. Se trata de acciones que, tanto para Marea de Residencias como para 7.291: Verdad y Justicia, son imprescindibles. La principal es la zonificación. “No han hecho ningún tipo de estudio. Conceden el suelo sin tener en cuenta las necesidades de las personas que están en lista de espera. Hay muchas personas que tienen a sus mayores a kilómetros y kilómetros porque no porque no hay disponibilidad en su zona y, si dices que no, no te dan alternativa: vuelves al final de la lista”, cuenta Valero. 

Pero desde 7.291: Verdad y Justicia son claros con lo que piden: 40 nuevas residencias completamente públicas, distribuidas territorialmente en función de la población y adaptadas a los criterios de acreditación, además de mecanismos de participación. 

No parece que se vaya a cumplir en el futuro cercano. Ni siquiera la región parece escuchar las demandas, ya no de las familias, sino de la Administración central. Ahora mismo, lo que impera es un acuerdo marco que muchas comunidades, como la Comunidad de Madrid, se saltan. “El acuerdo se tiene que convertir en una ley marco que pueda blindar a las personas de las ganancias de las empresas. Hay muchos que se lo saltan. Por ejemplo las ratios están fijadas en 120 mayores por residencia pero en Madrid hay muchas que superan los 150”, relata Carmen López. 

“Si la presidenta Ayuso ya no cumple con el acuerdo marco, ¿cómo esperamos que cumpla con las promesas de este nuevo plan?”, se pregunta María Jesús. Por ejemplo, el plan recoge una forma de estructurar las residencias por módulos para que los mayores vivan como si estuvieran en un piso. “Esto es una utopía y el Gobierno de Madrid nunca ha facilitado las cosas. No se va a cumplir”, zanja María Jesús Valero.

“Pide fondos para el olivar tradicional porque a usted le gusta, pero lo que le gusta a los agricultores de Extremadura es tener menos sacrificio en el campo y que su rentabilidad sea mayor, lo que quieren es rentabilidad sea como sea; si a usted le gusta el olivar tradicional, practíquelo usted”. Fue la respuesta que el diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura, Juan José García, le dio a la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, en un debate durante la pasada legislatura. Ahora, García es el nuevo titular de Agricultura.

Ya es oficial y ya está en marcha. El DOE publicó este jueves 30 de abril el decreto que recoge el nuevo equipo configurado por la popular María Guardiola, que tiene una consejería más que en su anterior mandato para volver a sentar a los ultras en su gobierno, esta vez con dos carteras y una vicepresidencia.

¿Qué competencias va a manejar exactamente Vox en Extremadura? Por un lado, la llamada Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. En la misma se incluye “el análisis y detección de la existencia de trabas burocráticas y administrativas”, pero también “el estudio y análisis del destino y la utilidad de los recursos públicos”. Una tarea que estará marcada por el principio de “prioridad nacional” que la extrema derecha ha puesto sobre la mesa y el PP ha aceptado; no obstante, su significado real aplicado a la práctica genera dudas, incertidumbre y también rifirrafes entre ambos partidos a la hora de interpretar el concepto.

Asimismo, dentro de esta consejería estarán las competencias en materia de prestaciones y servicios sociales e infancia, incluidas las referidas a los menores migrantes no acompañados, una cuestión que para el partido de Santiago Abascal es clave.

Ellos se niegan al reubicación de estos niños y adolescentes entre las comunidades y así está escrito en el documento firmado por PP y Vox en Extremadura. Habría que recordar que el argumento que usó Abascal cuando dio la orden de que sus consejeros se salieran de los gobiernos autonómicos fue precisamente la oposición a esta medida.

Los colectivos y plataformas que en Extremadura trabajan con estos menores defienden que la región tiene plazas de sobra y que se podría asumir una mayor acogida sin que suponga ningún perjuicio.

Y otra de las áreas dentro de esta consejería es la cooperación internacional. En el citado acuerdo PP-Vox se asegura que se reducirá “al mínimo legal” las subvenciones destinadas a la misma y que “se garantizará que todo euro publico invertido en el exterior redundará en el fin concreto al que se destine”.

La otra consejería en manos de Vox es Agricultura, Ganadería y Medio Natural. En la misma se incluyen las decisiones sobre los regadíos y las áreas protegidas (revisar la delimitación de las zonas ZEPA es una de las medidas pactadas). Además, tienen las competencias para el fomento de la Tauromaquia.

De este modo, la extrema derecha logra su objetivo y se hace con el control del campo, a sabiendas de que el sector primario se ha convertido en un caladero de votos y donde ha encontrado hueco el discurso de rechazo a las políticas que llegan desde Bruselas. De hecho, Vox mantiene su total oposición al Pacto Verde.

¿Y quiénes son las personas al frente de las dos consejerías de Vox? En el caso de Desregulación, el elegido es Óscar Fernández Calle, quien fuera candidato el 21D, diputado en la Asamblea y portavoz. Y además de esta cartera de nueva creación (un modelo que Abascal ha copiado del argentino Milei), ejercerá de vicepresidente de la Junta.

Fernández Calle (Cáceres, 1975) es diplomado en Enfermería por la Universidad de Extremadura y comercial de laboratorios farmacéuticos. Es su segunda legislatura con escaño en el Parlamento regional.

Sus enfrentamientos en redes sociales con Guardiola han sido sonados; también sus intervenciones en el pleno de la Asamblea justo antes de firmarse el acuerdo entre PP y Vox. Para exhibir su fuerza, expresó: “La señora Guardiola fue presidenta porque nosotros queríamos, ni más ni menos, porque a nosotros nos da la gana; y si hay nueva presidenta, que eso Dios dirá porque estamos en manos del Altísimo, será porque nosotros queremos y porque nos da la gana”.

Fernández Calle será el encargado de vigilar de cerca que el pacto se cumpla. Pero no será el único vicepresidente. Guardiola ha nombrado a otro más de su partido, Abel Bautista, persona de su máxima confianza y que además asume la Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias.

Ambas vicepresidencias “estarán al mismo nivel”, aunque será Bautista quien sustituya a la presidenta cuando tenga que ausentarse.

En cuanto al otro consejero de Vox de Extremadura, Juan José García, las redes sociales le recordaron nada más conocerse su nombramiento algunas de sus famosas ‘perlas’ en la Asamblea. Por ejemplo, el enfrentamiento con la consejera de Hacienda, Elena Manzano (que repite en el cargo y también como portavoz del Gobierno) en un debate sobre la deuda pública: “Hasta una señora de letras lo entiende”, le dijo a Manzano, quien lo tildó de machista. Ambos trabajarán ahora juntos.

García (Atalaya, Badajoz) es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias por la Universidad de Extremadura. En su carrera profesional se ha movido en el ámbito de la investigación y la docencia universitaria. “Alguien muy de Vox, muy preparado y muy extremeño”, así lo define su compañero Fernández Calle.

Los dos saben cuál su peso en el Gobierno extremeño. En el PP también son conscientes, de ahí que esta vez Guardiola haya optado por su núcleo más cercano pero también por cambiar algunas caras para buscar un perfil más político y menos técnico.

Si en 2023 apostó por tres independientes expertos en la cartera que tendrían a su cargo, ahora ha preferido nombres con peso en el partido.

El nuevo equipo lo completan Laureano León al frente de Cultura, Turismo y Deportes; y Sandra Valencia con Educación y Formación Profesional. El primero había sido nombrado senador, pero ha tenido que dejar su puesto para cedérselo a Vox. León es un histórico político cacereño y sustituye a Victoria Bazaga, una de las que accedió como independiente. Valencia, por su parte, entra por Mercedes Vaquera, otra de las citadas independientes.

Asimismo, siguen en el gobierno Mercedes Morán y Francisco Ramírez, pero con otras competencias. Morán manejaba Agricultura y estaba bien valorada por el sector, pero ahora ocupará una consejería nueva que incluye Industria, Energía, Ciencia y Territorio. Ramírez estaba al frente de Gestión Forestal y Mundo Rural (la cartera que creó Guardiola para hacerle hueco a Vox en su primera legislatura y que desaparece) y ahora se encargará de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, un puesto que ocupaba Manuel Martín Castizo, que sale del equipo.

Sí sigue en el mismo lugar Guillermo Santamaría, con Economía, Empleo y Transformación Digital (el único de los tres independientes que permanece).

Y repite igualmente Sara García Espada como consejera de Salud y Atención a la Dependencia.

Hasta ahí los nombres y los cargos. La primera prueba de fuego será la aprobación de los presupuestos. Guardiola espera poder hacerlo en un plazo de dos semanas. Debería ser un trámite sencillo puesto que el acuerdo PP-Vox incluye que no habrá discrepancias y que se dará luz verde. Al menos, esa es la teoría.

Hace unos días, Vox obligó al PP a incorporar en sus pactos de gobierno en Extremadura y Aragón el principio de "prioridad nacional" en el acceso a "ayudas, subvenciones y prestaciones públicas". Literalmente, en los dos documentos firmados por las dos formaciones de derecha y ultraderecha, se indica el compromiso de "promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, inspirado en el principio de prioridad nacional, que busca la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantienen una conexión real, duradera y verificable con el territorio". 

Dado que discriminar a una persona por su lugar de origen es ilegal (el artículo 14 deja claro que "los españoles son iguales ante la ley, sin que se permita discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" ), ambas partes insisten en que, en la aplicación práctica de este principio, entraría en juego el "arraigo" de una persona en un territorio, sobre todo, medido por los años que lleva inscrita en ese lugar, además de otros factores como los "vínculos económicos, sociales, familiares, laborales y formativos", el "historial de cotizaciones" o la "contribución al sistema".

Uno de los líderes emergentes de Vox, Carlos Hernández Quero, señaló como criterio de exclusión para acceder a estos beneficios el límite de 10 años de residencia ininterrumpida en una determinada zona (en un municipio, en una comunidad autónoma, en el Estado), un requisito que forma parte de la ideología xenófoba de esta formación y que puede marginar a una parte importante de la población.

Este miércoles, el INE publicó las variables actualizadas de residencia, educación y trabajo del Censo , con datos hasta 2025. Estos indicadores muestran cuántas personas han residido en una comunidad autónoma específica o municipio no específico durante menos de diez años. Esta cifra es cada vez mayor, dada la creciente movilidad por motivos personales, académicos o laborales —cada vez más personas residen fuera del municipio en el que nacieron— y alcanza sus mayores proporciones en las zonas urbanas.

En 2025, el 22,8% de la población empadronada en las siete ciudades gallegas más importantes llevaba residiendo allí menos de 10 años y, por lo tanto, quedaría excluida del acceso a determinados recursos públicos municipales, según el criterio de arraigo utilizado por Vox y PP. Esto representa a unas 228.562 personas de un total de algo más de un millón de habitantes que conforman esos siete municipios.

Estas cifras incluyen a muchas personas nacidas en el extranjero y también a muchas nacidas en España, pero que ahora viven en un municipio diferente al de su nacimiento y que, por lo tanto, carecen de esas raíces arraigadas. 

Los porcentajes más altos se encuentran en Santiago (26,5%), Ourense (26%) y A Coruña (25,1%), seguidos de Ferrol (23,3%), Pontevedra (22,5%) y Lugo (21,7%). Vigo (18,8%) es la ciudad con la menor proporción de población con menos de diez años de registro.

A nivel gallego, encontramos alrededor de 200.000 personas, el 7,28% de la población, que han residido en Galicia durante menos de diez años consecutivos y que, por lo tanto, quedarían excluidas de la asignación de recursos públicos de carácter autonómico (los más importantes). Obviamente, si el criterio temporal fuera otro (5 años de registro o 15 años...), las cifras serían diferentes.

El gráfico anterior muestra la gran movilidad que existe en la población de las zonas urbanas, donde apenas el 40% de sus habitantes nacieron en ese mismo lugar. Las cifras son más altas en Vigo (45%) y apenas superan el 30% en Ourense y A Coruña. En todas las ciudades, excepto Vigo, más de una cuarta parte de la población proviene de otro municipio de la misma provincia. 

Santiago es la ciudad que más población ha atraído procedente de otras provincias gallegas, mientras que A Coruña y Ferrol son las ciudades donde la población nacida en otras comunidades autónomas tiene mayor peso. La población nacida en el extranjero es más importante en A Coruña y Ourense, superando el 12%.

El sur ya está de campaña. De alto voltaje. 6.812.861 andaluces están llamados a elegir la composición del Hospital de las Cinco Llagas el próximo 17 de mayo. Pero no es una cita normal, sino que marcará también el tablero político más allá de Despeñaperros en la gran convocatoria antes de las trepidantes elecciones locales y generales marcadas para el año que viene.

Andalucía lleva ya semanas inmersa en esta primavera electoral después de una legislatura de cómoda mayoría absoluta de Juanma Moreno (Partido Popular). Ahora ese resultado está en el aire, con el presidente de la Junta luchando por llegar a los 55 diputados. Los nervios se apoderan de las formaciones en estos momentos, con un Vox que ve cómo se está frenando su ascenso, mientras el PSOE pelea por superar las malas expectativas y con la izquierda viviendo una dura lucha en el espacio con las candidaturas de Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Moreno quiere que le funcione la ‘fórmula Juanma’, una marca personal que tiene más tirón que la del Partido Popular. El presidente sigue al frente de las encuestas y es el líder mejor valorado, pero tiene una mochila que hace peligrar su anterior triunfo. Su principal problema: la sanidad andaluza. Se ha convertido en el principal problema para los ciudadanos, según recogen todas las encuestas, y ha vivido su mayor crisis con el escándalo de los cribados de cáncer de mama.

El presidente de la Junta quiere contrarrestar este desgaste con su faceta más institucional y su gestión de otras crisis como la del accidente del tren en Adamuz (Córdoba) y los temporales que han azotado Andalucía. Y, además, vende la imagen de transversalidad y moderación en tiempos de polarización política.

En Génova 13 saben que el resultado de Moreno es muy importante a nivel nacional e interno. El presidente andaluz es uno de los pilares que sustentan a Feijóo en Madrid y es la némesis de Isabel Díaz Ayuso, el referente del sector más duro de los populares. Pero, además, una mayoría absoluta supondría dejar fuera de juego a Vox después de los pactos que han firmado en Aragón y en Extremadura. En cambio, el aspirante local ha marcado distancias con la dirección nacional para no contaminar su campaña y no ha tirado de figuras como la madrileña. Él tiene su propia marca.

La fuerza de la ultraderecha es una de las grandes incógnitas del domingo 17. Los de Santiago Abascal han visto cómo en las últimas semanas las encuestas están detectando un frenazo en su ascenso a nivel nacional. Andalucía es una tierra clave para ellos: allí irrumpieron en el panorama institucional en diciembre de 2018 y es una comunidad simbólica para todo el país.

La ultraderecha lleva como candidato a Manuel Gavira después de la polémica carrera hace cuatro años de Macarena Olona, llena de escándalos como su empadronamiento exprés en Salobreña (Granada) y su intento antinatural de andalucización con fotos con mantones en bodegas y ferias. Y los de Abascal se enfrentan a un PP que se presenta como la estabilidad y como un muro frente a los “líos”.

De hecho, en algunos sondeos se abre la posibilidad de que Vox tenga peores resultados que hace cuatro años, cuando llegó a 14 escaños con un porcentaje de voto superior al 13%. En la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas se pronostica una estimación media de voto del 10,3%, lo que le llevaría a tener 13 asientos en el Parlamento andaluz. En cambio, la encuesta publicada en abril por el Centra (el CIS andaluz) recoge que la papeleta de Gavira estaría entre los 17 y 20 diputados, lo que haría peligrar la mayoría absoluta de Moreno.

La pérdida de la mayoría absoluta por parte de Moreno supondría un gran problema para el popular principalmente porque haría cambiar totalmente su imagen de hombre moderado al tener que firmar un pacto con Vox. Pero no sería una situación inédita: el presidente de la Junta llegó precisamente al Palacio de San Telmo tras las elecciones de 2018 gracias a un acuerdo con la ultraderecha y Ciudadanos, aunque los de Abascal no entraron en el Ejecutivo.

El PSOE vive estos días un momento crucial en Andalucía, su antiguo fortín y granero de votos. María Jesús Montero lidera una candidatura con el apoyo del presidente, Pedro Sánchez, que se va a volcar de lleno con ella con cuatro grandes actos, empezando este viernes en Cártama (Málaga).

Los socialistas llegan a esta cita todavía inmersos en su travesía en el desierto tras sus cuarenta años de poder y la traumática salida de San Telmo para un partido acostumbrado a gobernar y sin idea de hacer oposición. Y esto se ha notado mucho en los últimos años con continuas crisis internas en la etapa final de Susana Díaz y en el breve liderazgo de Juan Espadas, ex alcalde de Sevilla.

Montero se enfrenta a la ofensiva de la derecha, por su paso por el Gobierno central con medidas como la financiación autonómica y la condonación de la deuda, con un discurso centrado principalmente en la defensa de los servicios públicos. Para la socialista, el 17M se tiene que convertir en un referéndum sobre la sanidad, la antigua joya de la corona de la Junta que ahora sufre la ola de privatización de los populares.

Hay una palabra que obsesiona a los moradores de la calle de San Vicente: la abstención. Montero quiere llevar a las urnas a los más de 700.000 votantes socialistas que se movilizan para las generales, pero luego se quedan en el sofá en las autonómicas. En las andaluzas de 2022, el PSOE se quedó en el 24% de voto, mientras que en las generales del año siguiente la papeleta encabezada por Sánchez alcanzó un 33%. El sur fue un factor clave para que la coalición aguante todavía en la Moncloa.

La izquierda transformadora irá dividida a esta cita, como ya pasó en los anteriores comicios. Pero en este arranque se vive una dura competición, con Por Andalucía y Adelante Andalucía, con la misma fuerza en los sondeos. La primera candidatura está encabezada por Antonio Maíllo, líder nacional de Izquierda Unida y un referente progresista durante décadas en la comunidad.

Por Andalucía ha logrado integrar en su papeleta a IU, Sumar y Podemos, lo que supone un paso en la unidad de cara a las generales, aunque el pacto ha recibido críticas de Pablo Iglesias. Su estrategia busca la mayor movilización posible, incidiendo también en los abstencionistas, y se va a presentar durante estas dos semanas como el verdadero voto útil de la izquierda. Y con un mensaje claro: son la fuerza del espacio que tiene vocación de entrar en un Gobierno si los números dan.

Pero Por Andalucía siente muy cerca el aliento de Adelante Andalucía, la formación fundada por Teresa Rodríguez. El partido tiene como señas de identidad su andalucismo sin depender de ninguna dirección de Madrid y su postura contraria a entrar en gobiernos de coalición como el PSOE (ha criticado que tanto Unidas Podemos como Sumar hayan estado en el Consejo de Ministros de Sánchez). La formación llega con un nuevo candidato, José Ignacio García, que ha hecho una reconocida labor en el Parlamento de oposición a Moreno y que se ha vuelto viral en redes, especialmente entre los jóvenes. Además, según las encuestas, está logrando extenderse en las ocho provincias a pesar de que era un fenómeno hasta ahora enmarcado en Cádiz y Sevilla.

Andalucía vive su primavera electoral. El sur también marca su norte. 

Alberto Núñez Feijóo quiere hablar de sanidad. Este miércoles, durante la sesión de control del Congreso, aprovechó la huelga de médicos para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de desatender a los sanitarios y también contra la ministra del ramo, Mónica García, que recientemente anunció que quiere volver a enfrentarse a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) en las próximas elecciones autonómicas. Pero el debate en el PP se extiende más allá de las huelgas sanitarias. Los conservadores abogan por excluir a los migrantes en situación irregular, un modelo que ya implementó Mariano Rajoy en 2012.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, defendió el martes que los irregulares tengan asistencia "en cuestiones de urgencia" pero "no en operaciones programadas": "Es evidente que no puede ser lo mismo estar de forma regular que irregular", señaló. Fuentes de la dirección del partido se escudan para justificarlo en la situación de supuesto "colapso” en el acceso a los servicios del estado del bienestar, la misma tesis que defiende la extrema derecha. En el equipo directo de Alberto Núñez Feijóo no niegan que quieran volver al 'modelo Rajoy' y únicamente destacan que "no han comentado lo que harán de aquí a un año" y que ahora se enfocan en la falta de médicos MIR. 

Génova rechaza el modelo de sanidad universal para extranjeros en situación irregular impulsado por el Gobierno de Sánchez. Hace solo unas semanas el Consejo de Ministros aprobó un decreto a propuesta de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinado a que cualquier persona que viva en el país, aunque sea de forma irregular, tenga acceso a la sanidad pública gratuita, además de garantizarla para todos los españoles que viven en el extranjero y estén de visita. 

Un real decreto que solventa el problema con el que se encontraban hasta ahora miles de migrantes, ya que si no podían demostrar que llevaban tres meses residiendo en el país, no tenían acceso gratuito. Esto dejaba fuera a los que llevaban menos tiempo y a los que no podían acreditar su residencia de ningún modo por su situación irregular en el país. Para el PP, estos migrantes deben “tener acceso a las urgencias” pero no al médico de cabecera pese a que desde el ministerio de Sanidad señalan que de esta forma se genera mayor carga asistencial y que es la primaria la que “deriva” en función de la gravedad.

En mayo de 2012, el Congreso aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Entonces era la conservadora Ana Mato la encargada de la cartera de Sanidad. Su medida, defendió entonces, conseguiría acabar con el "turismo sanitario" y evitar "el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria". Un argumento que también utilizó Muñoz el martes: "Todos conocemos el concepto de turismo sanitario, de gente que viene a nuestro país y que acceda al sistema para que le hagan operaciones programadas, no operaciones de urgencia", señaló en rueda de prensa.

En una reciente entrevista en Servimedia, Feijóo defendió que “una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, planteó, en la línea con el discurso duro que está exhibiendo el partido en materia migratoria. Y añadió: “La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, señaló el líder del PP. 

La misma tesis utilizó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del área migratoria del PP, en otra entrevista reciente en Artículo 14. Ezcurra aseguró que nadie que necesite atención sanitaria urgente se quedará sin ella, pero defendió "ordenar el acceso" a prestaciones programadas en función del arraigo, la permanencia y la contribución al sistema. Así, el PP ya está públicamente lanzando el mensaje de que la sanidad debe estar limitada a los migrantes en casos de urgencias.

Los conservadores plantean volver a la reforma sanitaria de Rajoy que sustituyó la lógica de la universalidad por la de la condición de "asegurado" o "beneficiario". Con todo, voces de la dirección del PP matizan que la ley que salga de un futurible Gobierno de PP y Vox tendrá “el sello Feijóo” aunque se inspire en la de Rajoy. En la práctica, los extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España quedaron limitados a la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente, a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto, y a la atención a menores de edad.

Ese modelo fue corregido en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud para las personas extranjeras residentes en España y reconoció expresamente que quienes no tuvieran residencia legal podían acceder a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, siempre dentro de los requisitos establecidos por la norma.

Fue la socialista Carmen Montón, entonces al frente de la cartera, la encargada de anunciarlo. Pero no fue suficiente. Ese real decreto no instauró la universalidad en el acceso al sistema sanitario con el mismo grado de cobertura que existía antes de la reforma de 2012 al dejar fuera a las personas migrantes que no contaban con residencia autorizada en España de más de tres meses y también excluía a las personas que llegaban a través de la reagrupación familiar.

El real decreto aprobado el pasado 10 de marzo facilitó los trámites para que el reconocimiento del derecho se realice mediante una declaración responsable, en la que la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. A partir de ese momento, recibe un documento provisional que le da acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, válido en cualquier comunidad autónoma.

Desde el PP consideran que, de esta manera, el Gobierno está cargando más presión sobre un sistema sanitario ya tensionado y reclama que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de más financiación para las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad. Es más, la formación de Feijóo gobierna en once comunidades autónomas, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Hace precisamente un mes, el pasado 26 de marzo, el PP se abstuvo en una moción presentada por Vox que pedía “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario” y reclamaba derogar el decreto que aprobó el Ejecutivo para universalizar la sanidad.  

Cuenta que hubo una época en la que la confianza en sus superiores era nula. Un tiempo en el que intentaban quitarle de en medio enterrándole en trabajo o dándole la patada hacia arriba. Un periodo en el que, con tono despectivo, se le calificaba por los pasillos como "la bestia negra del PP". Pero este miércoles, Manuel Morocho, antaño inspector jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) e investigador principal de la Gürtel, ha sido en la Audiencia Nacional el encargado de tirar la última palada de tierra sobre la principal línea de defensa de los acusados en Kitchen. El agente 81.067 ha negado con contundencia que las vigilancias sobre el entorno del extesorero Luis Bárcenas contasen con autorización judicial. Y ya, de paso, ha dibujado toda una trama policial al servicio de la formación conservadora.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado que formaran parte de, como dice la Fiscalía Anticorrupción, una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" que pudieran "resultar incriminatorias" para el PP y sus máximos dirigentes en Gürtel y que pudiera tener Luis Bárcenas. Fue, más bien, según sus argumentos, una "operación policial, justificada y totalmente legal" para encontrar cuentas bancarias que el extesorero pudiera tener en el extranjero.

Pero dos inspectores jefes se han encargado durante el juicio de poner en cuestión esa tesis. El primero fue Gonzalo Fraga, el investigador principal de la Kitchen. "No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora", dijo el agente de Asuntos Internos, que fue quien abrió la ronda de testificales. Algo que ahora se ha encargado de apuntalar, precisamente, el investigador principal de aquella causa de corrupción. "Había una operación policial que no contaba con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno", ha resonado este miércoles en la sede central de la Audiencia Nacional.

Son varios los elementos expuestos que apuntan en esa dirección. Es el caso, por ejemplo, de la "opacidad evidente", en palabras del propio Fraga, sobre los trabajos que se estaban desarrollando, fundamentalmente, desde la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información. Algo que no se hizo aflorar en las bases de datos hasta casi dos años después. La Kitchen no se introdujo hasta mediados de 2015 en GATI, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras.

La Fiscalía Anticorrupción considera que con ese movimiento los acusados buscaban "enmascarar la operación policial". Es decir, legalizarla. Morocho ha explicado que el "protocolo" de 1995 que regula el funcionamiento de GATI "dice taxativamente" que la investigación debe registrarse cuando se inicia –y eso es, precisamente, lo que ellos hicieron en 2007 cuando empezaron a investigar Gürtel– y, a partir de ahí, se va "alimentando" con nuevos datos de los que se vaya disponiendo. Pero en este caso se hizo tiempo después. Y eso impidió que se realizaran los cruces y que el inspector jefe tuviera conocimiento de estas pesquisas realizadas bajo el paraguas de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que no es una unidad investigadora, hasta agosto de 2015.

"Cuando se recibió la información el procedimiento estaba ya cerrado", ha explicado Morocho. En mayo de ese año, se había dictado auto de apertura de juicio oral en Papeles de Bárcenas, pieza separada de Gürtel. Y nadie antes le había informado ni de la existencia de un topo en el entorno de los Bárcenas ni de la posible existencia de fondos en las Antillas Holandesas o Cracovia. Nunca, "como responsable de la unidad de auxilio judicial", le "llegó" ninguna "nota informativa de inteligencia" sobre este tema procedente de la Dirección Adjunta Operativa, que entonces tenía como cara visible al comisario Eugenio Pino. Y él nunca, como investigador principal en Gürtel, pidió el apoyo de la UCAO o de Instituciones Penitenciarias para hacer indagaciones respecto a Bárcenas o su entorno.

"Yo hice un oficio cuando comenzó Gürtel solicitando que se me comunicara a mí expresamente, además de al comisario general o al jefe de unidad, si había cruce con alguna investigación secreta respecto de alguno de los encartados, y eso a mí no se me ha comunicado", ha apuntado el inspector. Aunque las defensas sostienen que con la operación se buscaba el dinero en el exterior de Bárcenas, lo cierto es que la primera vigilancia de la que se tiene constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013, cuando las autoridades suizas ya habían aflorado los 47 millones vinculados al extesorero en la Confederación Helvética.

La extensa comparecencia del agente 81.067 ha permitido, además, dibujar una suerte de trama policial al servicio total del PP. Durante buena parte del interrogatorio, el inspector ha relatado las continuas trabas impuestas por la cadena de mando durante la investigación de Gürtel. Así, ha mencionado las presiones para que no mencionara en sus informes al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como perceptor de sobresueldos. O al empresario Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, como uno de los donantes de la formación conservadora.

Todas esas "imposiciones", ha explicado a preguntas del abogado de Podemos, se las hacían sus superiores analizando solo "el informe final", no toda la documentación con la que él había trabajado y que le llevaba a las conclusiones que se plasmaban en el mismo. Es más, ha deslizado que a sus jefes solo parecía interesarles "cuántas veces" se mencionaba "al PP" en los documentos que elaboraban o si aparecía "algún cargo" de la formación conservadora. Una cadena de mando en la que, ha reconocido el inspector, no confiaba: "No estaban avalando la investigación que nosotros estábamos haciendo".

"Se pretendía que vulnerara la neutralidad que debo tener en una investigación", ha lanzado Morocho. Es más, ha explicado que él tenía que moverse "con inteligencia" porque había "mucho interés" en tumbar el procedimiento: "Maniobras que podían torpedear o dar armas para pedir la nulidad de alguna de las pruebas". Además, y siguiendo con los palos en las ruedas, ha relatado que sus superiores tardaban en visar los informes que él elaboraba, lo que retrasaba durante meses el envío de los mismos al juez instructor. Entre otros, ha puesto como ejemplo uno relativo a los regalos de la trama que salpicaba al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y la exministra Ana Mato (entonces marido y mujer), que estuvo más de un año en el aire. Y se presentó porque así lo exigió el magistrado ante el riesgo de prescripción de los delitos.

"Se demoraban tanto tiempo porque se escrutaban desde diferentes ángulos", ha señalado Morocho. De hecho, y en este sentido, ha apuntado hacia otro de los acusados: Andrés Gómez Gordo. Así, ha contado que un día se le "escapó" a quien era su jefe en la UDEF que los documentos eran analizados, entre otros, por dicho inspector jefe, quien había trabajado para Cospedal en Castilla-La Mancha como director general de Documentación y Análisis. 

Durante su declaración, el investigador de la Gürtel, que ha tardado más de tres lustros en ser juzgada en su totalidad, ha deslizado que el PP tenía acceso a los informes de la investigación. Unas filtraciones sobre las que puso el acento el propio juez instructor en una de sus resoluciones.

Sobre el informe que afectaba al matrimonio Sepúlveda-Mato, Morocho ha resaltado que el comisario José Luis Olivera le pidió una copia. De hecho, ha dicho que siempre estuvo interesado en tener acceso al contenido de lo que ellos hacían. "Me dijo que sería conveniente que le participase los informes y me dio un correo personal, pero yo no le remití nada", ha explicado al tribunal. Es más, el inspector ha llegado a relatar cómo en una ocasión el propio Olivera le llegó a reconocer que le había facilitado a la ex secretaria general del PP un fax intervenido a Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, que iba dirigido a Luis Bárcenas. "Me dice: ya me he encargado yo de que ese documento lo tenga Cospedal en su caja de seguridad. Me quedé estupefacto", ha contado.

El agente ha dibujado, de principio a fin, el mismo "panorama desolador" –en palabras del magistrado Manuel García-Castellón– que describió en la fase de instrucción, donde el cierre precipitado de las pesquisas apenas permitió profundizar en la conexión política de la Kitchen. Un periodo en el que se intentaron "quitar de en medio" al policía que se estaba enfrentando a una de las grandes tramas de corrupción de la historia reciente. A golpe de "hostilidad manifiesta", como cuando el comisario Enrique García Castaño, antaño jefe de la UCAO, le dijo: "¿Y tú qué haces aquí? Deberías estar muerto". A base de enterrarle en trabajo. O de trasladarle de manera forzada durante unos meses a la DAO, donde el inspector José Ángel Fuentes Gago, miembro de la mal llamada brigada patriótica y también acusado en Kitchen, le llegó a pedir que revisara el famoso informe Pisa contra Podemos.

La investidura de Guardiola en Extremadura ha dado paso a la del gobierno sellado entre PP y Vox en Aragón en vísperas del día de San Jorge. Tras los caucus de la derecha, la constitución de sendos ejecutivos autonómicos se suceden en cadena, con la premisa de dos conceptos nacidos al albur del movimiento MAGA y el manifiesto Palantir: prioridad nacional y desregulación. Bajo la perversa deshumanización de los migrantes y la sombra de Ian Randt, se constituyen los gobiernos del futuro terror en las periferias mudas, articulados desde la actual guerra cognitiva. 

Mientras el PSOE despliega la regularización de 500.000 inmigrantes, Feijóo se debilita y su partido se agrieta internamente. El reemplazo desde dentro continúa. En Andalucía, donde se impone la estabilidad como motor de la próxima mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla, no quieren “líos” y desde el Madrid D.F. Isabel Díaz Ayuso levanta un telón libertario que trata de contener a la comunidad latina, esa que en estos momentos está definiendo una región cercana a los diez millones de habitantes. 

“Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso”, afirmaba la senadora Padme Amidala desde su escaño en el Episodio IV de La Guerra de las Galaxias mientras el canciller Palpatine se proclamaba emperador. “Así termina el mundo, no con un estallido sino con un quejido”, escribió T.S. Eliott en el crepuscular poema 'Los hombres huecos', publicado en 1925. Las ficciones son un constante palimpsesto que marca el surco de la realidad.

La plataforma Palantir daba a conocer hace una semana sus principios condensados en 22 puntos donde se proclamaba la resistencia “a la tentación superficial de un pluralismo vacío y hueco”. El tecno-oligarca iliberal Peter Thiel expresaba así su voluntad de influir en el mundo pocos días después de que PP y Vox sellaran un acuerdo de gobierno en Extremadura donde se incluía, entre sus principios, la consagración de la prioridad nacional. 

“Los españoles primero”, afirmaba en el debate de investidura Óscar Fernández Calle, apelando a la esperanza, invirtiendo el significado moral del discurso del presidente, entonces candidato demócrata, Barak Obama, pronunciado durante los caucus de New Hampshire hace más de 15 años. “Sí, se puede”, exhortó a los extremeños el presidente de Vox desde el atrio de la Asamblea de Mérida pocas horas antes de que Jorge Azcón y Alejandro Nolasco defendieran lo mismo desde Aragón con su pacto de gobierno sellado en vísperas del día de San Jorge.

La Casa Blanca, Palantir, Vox y las guerras cognitivas toman forma en la España de las periferias mudas desde la defensa de la desregulación y la introducción de la prioridad nacional. Son dos conceptos sencillos y contundentes. Dos significantes elásticos y vacíos con los que PP y Vox pueden hacer interpretaciones diferentes sin necesidad de llegar a la ruptura o la confrontación. Dos sintagmas, en definitiva, con gran capacidad para intervenir sobre las emociones, el nuevo/viejo campo de batalla, y alterar la percepción de la realidad de los electores y los adversarios.

Para el sacerdote y paleontólogo francés Teilhard de Chardin, el Punto Omega era el nivel máximo de complejidad y conciencia al que tiende el universo. Es un punto de convergencia espiritual donde la humanidad, tras evolucionar técnica y socialmente, se une en una conciencia colectiva (la noosfera) con lo divino. Quizá la de Peter Thiel y Palantir sea una inversión moral de ese momento, una extenuación social que comienza a presentar síntomas patológicos a través del lenguaje. Conviene recordar a Lewis Carrol:

"Cuando yo uso una palabra —insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso— quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos. 

—La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. 

—La cuestión —zanjó Humpty Dumpty— es saber quién es el que manda…, eso es todo".

Una semana después de conocer los 22 puntos del manifiesto Palantir firmados por Peter Thiel, la ira ha aumentado un grado en el campo de batalla de las guerras cognitivas. Las imágenes pesan mucho más que las palabras, las metáforas hiperbólicas con que se explica la realidad resultan tan simples que la realidad misma también lo parece. En una semana, en el complejo España un diputado de Vox imprecaba violentamente a un vicepresidente del Congreso, un portero golpeaba a un jugador en un campo de fútbol y el presidente de Vox llamaba “mierda” al presidente del Gobierno alentando una algarada en las calles de Granada durante la precampaña andaluza. La ira simplifica las reglas. La realidad se resume en un plano, un grito, un disparo…

Son días de violencia. Un profesor ha intentado asesinar a Donald Trump. La culpa es de los periodistas y los profesores, dijo Nixon a sus asesores más cercanos tras su dimisión por el Watergate en 1974. Se diría que el manifiesto Palantir es una sublimada invitación a la ira. Sin embargo, algo falla en el algoritmo. Mientras tratamos de procesar un genocidio en Gaza y una guerra en Irán, cuando la violencia se vuelca en un punto local, el sistema sufre un apagón sin mayor explicación que la evidencia. La soberbia intelectual de Thiel conduce inevitablemente hacia la oscuridad. El intento fallido de sustituir la democracia liberal por la tecnocracia es la puerta inversa al Punto Omega. Y Vox, en Andalucía, continúa instalado en su pájara.

Abascal ha aprovechado la vulnerabilidad de Feijóo y se ha impuesto ganar los corazones y las mentes de sus votantes. Diseñado el patrón, basta con cambiar los moldes de lugar (algunos nombres y otros complementos circunstanciales) para reutilizar el mismo armamento mental una y otra vez hasta que el adversario pique el anzuelo. En Extremadura y Aragón ha sido necesario aceptar apenas un aroma del manifiesto Palantir para que el PP pudiera celebrar dos gobiernos. Pero, como hemos dicho anteriormente, la conclusión de los caucus no es el final del reemplazo. Vox logra escapar de su flojera y ocupar la centralidad del debate presentando incluso una moción a la Corte de los Leones donde Feijóo, esta vez sí, ha votado en contra de la prioridad nacional, abriendo otra nueva grieta en el PP.

El alcance de la campaña se ha extendido en todo el territorio, ya sea en Madrid o Andalucía, donde Díaz Ayuso y Moreno Bonilla se juegan dos mayorías absolutas en sus respectivas elecciones. La política diaria a cualquier nivel proporciona excusas suficientes para activar el combate, ya sea en el Congreso de los Diputados, en Sol, San Telmo o un ayuntamiento de Murcia.

Contra la guerra cognitiva y el uso indiscriminado de significantes vacíos, sólo cabe tener una posición de poder y una idea opuesta, prioridad ciudadana, sostenidos por un buen diccionario, la ley y cierta querencia por la indignación. En San Telmo y en Sol han apostado por un “no” a los pactos con Vox que aglutine a sus respectivas mayorías. De fondo, como en el “no a la guerra” de Pedro Sánchez, se encuentra el rechazo moral a un derecho inválido que vulnera el principio de igualdad ante la ley, recogido en la Constitución y la ciudadanía europea. El derecho se nutre de valores y lo que se esconde en el fondo del pacto PP-Vox es una tentación supremacista a la espera de una debilidad.

Pero un ‘no' es insuficiente para conformar una mayoría. Frente a la prioridad nacional, el ‘sí’ se sustancia en la prioridad ciudadana, donde caben las batallas propositivas que aglutinan otras mayorías. Fíjense en el alcalde Jaume Collboni y su plan de vivienda para Barcelona, en Salvador Illa y su plan de choque para reducir las listas de espera para la percepción de las ayudas a la dependencia. Lean a Unai Sordo y sus políticas de empleo y el no a la guerra convertido en sí a la paz de Pedro Sánchez, adalid de la socialdemocracia en el mundo desde Gaza hasta hoy. Las batallas del ‘sí’ son las únicas que abren camino a una nueva esperanza.

Vox ha advertido este martes al PP de que no permitirá que el criterio de la 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios públicos quede "diluido" y de que luchará por "hacer valer" todos sus postulados en los gobiernos.

Así lo ha advertido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, al ser preguntada en una rueda de prensa si les preocupa que la idea de prioridad nacional que defiende Vox quede diluida con el paso del tiempo en la gestión del PP en las comunidades autónomas donde ambos han pactado su aplicación.

"Vox no teme que nuestras medidas y lo que nosotros propugnamos en las comunidades autónomas se diluya, no lo vamos a permitir", ha respondido y ha avisado de que "si el PP cree que va a diluir con esa retórica lo que Vox está poniendo encima de la mesa, está muy equivocado".

Ha incidido en que su partido luchará por hacer valer todos sus postulados en los gobiernos de los que forme parte y ha señalado que el PP "ahora cambia las tornas", porque, según ha señalado, está viendo en las encuestas que "la mayoría de los españoles están de acuerdo con la prioridad nacional".

Y es que, ha recalcado, "esto no va de ideología, esto va de sentido común y de un sistema colapsado ante el cual los españoles merecen y tiene que ser los primeros".

Ha insistido así en que la línea que deben seguir las políticas públicas debe ser la de la prioridad nacional "orientada a las personas que contribuyen con su esfuerzo al sostenimiento del sistema".

Millán ha basado esta afirmación en la "escasez" de recursos y el "colapso" de los servicios públicos que hay en España, lo que le ha llevado a decir que en estas situaciones deben ser atendidos primero quienes han contribuido a levantar el sistema.

"No puede ser que inundemos nuestra sociedad de personas que no aportan en la misma medida al sistema del que luego son beneficiarios", ha dicho la portavoz, que ha vuelto a cargar contra el proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno.

En este sentido, ha anunciado que presentarán iniciativas en los ayuntamientos donde tiene representación "para dificultar la puesta en marcha de este procedimiento fraudulento y garantizar los derechos de los españoles".

Pedirá que la emisión de informes de vulnerabilidad se base en hechos "objetivamente acreditados", mediante "una evaluación técnica completa con verificación de la situación laboral, patrimonial, de empadronamiento y de acceso a otras ayudas".

Exigirá así que todas las solicitudes de documentación tramitadas por los municipios se sometan a "una verificación estricta de los requisitos legales, mediante comprobación individualizada, documentada y sin automatismos".

A los delitos también se les pasa el arroz, se les va el santo al cielo, se les marcha un tren que no volverá a pasar. La Justicia es ciega, pero debería andarse con ojo, porque se le escapan los caracoles, sobre todo cuando los investigados son ricos y poderosos, es decir que tienen abogados capaces de convertir la ley en la trampa y lograr que dos más dos sea igual a lo que le convenga a su cliente. La Audiencia Nacional exonera a Jordi Pujol del juicio contra él y su familia por la fortuna que tenían oculta y cuya procedencia no se ha llegado aún a esclarecer, debido a su deterioro cognitivo, fácil de entender a sus noventa y cinco años de edad. Se fue de rositas. ¿Les parece poco? Pues el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tampoco va a procesar a Mazón.

La antigua cúpula del Partido Popular tampoco parece que vaya a pagar ningún precio por haber usado el Ministerio del Interior, a la policía y probablemente al CNI para que intentasen destruir las pruebas que tenía contra ella el tesorero de su partido. Visto el resultado, no debieron de reclutar tampoco a los más listos. Y eso que lo intentaron todo, desde mandarle a casa a un ladrón disfrazado de cura hasta destruir su ordenador a martillazos, y como no funcionó, tiraron de las fuerzas de seguridad para que les sacasen las castañas del fuego. Pero algún juez muy colega no se vio capaz de establecer relación alguna entre el presidente Mariano Rajoy y M. Rajoy, o sea que si es blanco y en botella debe de ser un bidón de petróleo.

Así que ni el jefe del Gobierno de entonces, ni sus vicepresidentas, ni sus colaboradores más cercanos tuvieron nada que ver con ese asunto, o no se puede demostrar que lo tuvieran, o las grabaciones e indicios que parecen probarlo a las claras no les parecen suficientes a quienes les investigan, aunque, la verdad, durante el proceso algún miembro del tribunal ha parecido más su guardaespaldas que su jueza… Así que más de lo mismo para los máximos responsables políticos de aquel Ejecutivo tramposo: quedarán impunes, se han lavado las manos y se marcharán por donde han venido.

Y mientras, los relojes que van tan lentos hacia la derecha, lo hacen muy deprisa hacia la izquierda: si comparas los delitos de los que se acusaba al fiscal general del Estado con los que implica el lodazal de la Kitchen, y ves lo fino que han hilado en unas cosas y lo ciegos que parecen a la hora de vigilar otras, y cada vez que oyes eso del respeto por la Justicia… te tienes que reír. Lo contrario sería echarte a llorar y no merece la pena, que esto son cuatro días y ninguno vuelve.

El Consello de Contas hizo públicos el jueves varios informes de fiscalización de la Xunta de Galicia, entre ellos uno específico sobre la atención primaria en el país, pero también los habituales informes anuales sobre las cuentas públicas, correspondientes en este caso al ejercicio 2024, en los que volvió a pedir más transparencia en la empresa con la que la Xunta pactó la llegada de Altri.

Ese 2024 una de las decisiones más significativas del Gobierno gallego fue el rescate de cuatro autovías con peaje en sombra planificadas por Feijóo en las que Contas había detectado que la Xunta estaba pagando más de lo que debía. Un rescate que supuso un desembolso inmediato para la Xunta de unos 300 millones de euros a cambio de ahorrar en futuros pagos comprometidos. Pese a esa reducción a instancias del Consello de Contas, el ente fiscalizador refleja que los compromisos de pagos futuros de la Xunta ascendían a finales de ese año a 19.916 millones de euros.

En esos compromisos futuros que tiene ya adquiridos la Xunta hasta 2073, gobierne quien gobierne, se incluyen los cerca de 12.000 millones de euros de deuda financiera de la administración general, a los que hay que añadir otros 4.500 millones de otro tipo de compromisos de la administración general y otros 3.500 millones de compromisos futuros de organismos autónomos (fundamentalmente el Sergas) y agencias públicas. Para contextualizar las cifras, el total de gasto no financiero en los presupuestos de la Xunta para este 2026 es de unos 14.000 millones de euros.

Los informes de Contas destacan cómo en la última década y media se fue reduciendo el número de entidades instrumentales de la Xunta, pero con un aumento del importe total de fondos públicos que gestionan, especialmente en las generalizadas agencias. Así, Contas señala que en 2024 las entidades instrumentales disponían "aproximadamente del 17% del presupuesto autonómico" y que "pese a la reducción considerable en el número de entidades desde 2011, el volumen de fondos del sector instrumental desde ese ejercicio y, en particular, las transferencias y subvenciones, crecieron por la generalización del modelo de agencia".

En 2024 esas entidades instrumentales gestionaron un total de 2.309 millones, cifra que aumentó por la transferencia de la Xunta a la Axencia de Infraestruturas de unos 300 millones para el rescate de las cuatro antedichas autovías de peaje en sombra: AG-11 Autovía do Barbanza, AG-41 Autovía do Salnés, AG-31 Autovía de Celanova y AG-56 Autovía Santiago-Brión. A cambio de esos 300 millones del rescate inmediato, la Xunta ahorrará unos 641 millones que se había comprometido a ir pagando en los próximos años por la construcción y mantenimiento de esas autovías. Por el contrario, ahora tendrá que ser la Xunta la que asuma el mantenimiento de esas infraestructuras con contratos ordinarios de conservación ordinaria.

Los informes de Contas divulgados el jueves también reiteran diversas deficiencias contables en toda la Xunta, especialmente en el Sergas, que sigue sin contar con un plan de contabilidad adecuado. En el ámbito sanitario, el ente fiscalizador insiste en criticar las reiteradas modificaciones y ampliaciones presupuestarias que se producen cada año por una incorrecta planificación de gastos que el Sergas ya debería dar por supuestos y estables. En general, toda la Xunta insiste en presentar como inversiones gastos que deberían ser corrientes. Igualmente, Contas vuelve a cuestionar la elevada temporalidad en el empleo público.

En el ámbito municipal, el ente fiscalizador señala que seis ayuntamientos no le rindieron cuentas del ejercicio 2024, entre ellos la ciudad de Ourense, además de Cambre, Culleredo, Narón, Verín y Rois. Contas también constata que en aquel ejercicio 81 entidades locales contaban con un presupuesto prorrogado de años anteriores, alguna desde hace muchos años, como Gondomar desde 2012 o Salvaterra de Miño desde 2017.

Tras casi un mes en vigor, la prórroga de los alquileres llega este martes al Congreso de los Diputados con pocas esperanzas de prosperar. Han sido semanas de manifestaciones, protestas frente a la sede del PP y cruces de acusaciones entre las distintas formaciones políticas. Los sindicatos han llamado a los inquilinos a solicitar la prórroga aun sabiendo que probablemente decaería y han mandado hasta 50.000 cartas a los diputados que, previsiblemente, votarán contra la norma. En medio de esta tormenta están los inquilinos, que si no han notificado a su casero no podrán hacerlo ya si el decreto decae. Quienes sí lo hayan solicitado, deberían poder disfrutar de la extensión de su contrato, aunque desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan a infoLibre que la mayoría de las peticiones no ha recibido respuesta y los caseros guardan silencio. 

La medida no es nueva, porque estuvo vigente dentro del paquete anticrisis que se implantó en la pandemia, pero puede ayudar a frenar la burbuja de precios del mercado, ya que simplemente con haberlo solicitado hasta este martes, permite extender los contratos de vivienda que vayan a concluir antes del 31 de diciembre de 2027 durante un máximo de dos años y manteniendo las condiciones, con un tope de incremento del precio del 2%.

La norma se encontró con la oposición cerrada del Partido Popular, Vox y Junts, pero desató una respuesta social entre los sindicatos de inquilinas. Otros partidos como Sumar o el propio PSOE, por boca de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedían a los arrendatarios que solicitasen la prórroga a sus caseros aun asumiendo que iba a decaer, ya que legalmente —y aunque la medida no pase el filtro del Congreso— la extensión del contrato se les debe aplicar.

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha sido la parte del Gobierno más implicada en este proyecto y ha mantenido abierta hasta el último momento la posibilidad de llegar a un acuerdo con Junts. "Apuraremos hasta el último segundo", señaló el responsable de Consumo. Además, en una carta abierta remitida la semana pasada a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, Bustinduy le pedía que se replantease su postura, ya que era una medida “razonable y necesaria” que “no supone merma alguna” para los propietarios. Desde el PP respondió su portavoz, Esther López, señalando que no se sentarían a hablar porque la medida “no funciona” y tratando de vincularla con la okupación. 

Durante este mes escaso de vigencia, los sindicatos de vivienda han ayudado a cientos de personas a solicitar esta extensión automática de sus contratos, ofreciendo modelos de burofax y asesoramiento. "La percepción es que, en la gran mayoría de los casos, los caseros no han contestado", explican a infoLibre desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. La situación es incierta y muchos arrendadores han optado por el silencio a la espera de lo que pase este martes, aunque desde la agrupación sindical señalan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo avala estas peticiones y la aplicación de la prórroga. 

Uno de los riesgos a los que se enfrentan quienes la solicitan es que sus caseros intenten echarlos utilizando subterfugios legales o que recurran en los tribunales la petición. De ahí que algunos expertos pronostiquen una avalancha de procesos judiciales. Para el Sindicato de Inquilinas de Madrid, estos mensajes "son una forma de amedrentar a los vecinos para que no soliciten la prórroga" y piden seguir adelante con el envío de los burofaxes.

Sus homólogos en Cataluña también han mantenido el pulso social, han participado en el envío de misivas y han señalado a quienes planean votar en contra. Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, afirmó este lunes en un acto donde unos 30 inquilinos de la empresa Vivenio pedían la prórroga, que los partidos políticos que se opongan “también serán responsables” de las expulsiones de los vecinos. 

Con estos mimbres y un Junts que juega con la incertidumbre hasta la última hora, es como llega la propuesta al Congreso. En la tarde del lunes, el partido de Carles Puigdemont respondía con otra negativa al intento de acercamiento del titular de Consumo. Bustiduy se abría a negociar medidas defendidas por la agrupación catalana, como dar más apoyo a los propietarios o el fraccionamiento del IVA para los autónomos, si estos apoyaban el Real Decreto. Pero los independentistas catalanes reiteraron que no negociarían y que su opinión no había variado.

Este decreto es uno de los dos que conformaban el paquete de medidas que el Gobierno lanzó para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán. Se elaboró a petición de Sumar, pero no fue respaldado por la mayoría parlamentaria y su aplicación quedó acotada al periodo de vigencia que expira este martes. 

"Para las personas que hayan solicitado acogerse al Real Decreto, los efectos jurídicos son los mismos, independientemente de lo que se vote en el Congreso", aclara a este medio Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Más allá de los casos particulares o de la conflictividad que pueda darse con cada casero, Jacinto explica que aquellas solicitudes que se hayan hecho mientras la norma estaba en vigor (es decir, hasta este martes, en caso de que decaiga) deberán tenerse en cuenta. "Esa es la opinión mayoritaria entre los expertos", apunta. "Un ejemplo es la renta antigua. Es una figura que ya no está vigente, pero sí se respeta legalmente para aquellas personas que la tenían antes de que fuese derogada", concluye.

Si se da el escenario más favorable y la medida sale adelante, los inquilinos que quieran acogerse a ella deben solicitarlo previamente a sus caseros, ya sin este trámite no será de aplicación automática.

Desde los sindicatos de inquilinos insisten en la posición de vulnerabilidad de los arrendatarios y también en la incertidumbre económica en la que se ven sumidas aquellas personas que se tienen que buscar otra vivienda cuando su contrato finaliza, ya que en esta situación no hay límite para subir los precios. Otro dato importante a considerar es que el número de propietarios en España ha caído un 22% en los últimos 14 años, por lo que cada vez más personas se ven expuestas al mercado del alquiler.

Un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC publicado este lunes señala que el porcentaje de hogares que viven en una casa de su propiedad se ha reducido desde el 79% hasta el 63,9% en poco más de una década, mientras que quienes viven de alquiler han aumentado desde un 11% hasta un 19%.

En Consumo insisten una y otra vez en sus argumentos para mantener la prórroga, ya que esta bloquearía los precios aunque el contrato expirase. "En las condiciones actuales de mercado, la renovación de estos contratos supondría para muchos de ellos subidas intempestivas de hasta un 50% en el precio de los alquileres", señalan. Y tampoco renuncian a disipar las dudas electoralistas que pudieran surgirles a PP, Vox o Junts, insistiendo con otro estudio que apunta que un 73,4% de la ciudadanía respalda la prórroga, incluyendo un 65% de electores del PP.

La “prioridad nacional” pactada por el Partido Popular y Vox para investir a los presidentes de Extremadura y Aragón ha abierto una brecha en el partido de Alberto Núñez Feijóo, que espera que el asunto se “acabe cuanto antes”. Desde Génova sostienen que el acuerdo no discrimina por nacionalidad, sino que premia el “arraigo real, duradero y verificable” —empadronamiento, cotización, vinculación laboral, familiar o formativa— para el acceso a determinadas ayudas de la Administración en materia de vivienda y que ya se aplica en otras comunidades autónomas. Pero lo cierto es que el término ni siquiera convence a los suyos.

El principal motivo es que Vox ha conseguido imponer sus tesis y lo vende como la traducción práctica de su lema “los españoles primero”. Una fórmula que implica asumir, de facto, una segregación en el acceso a los recursos públicos pese a que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón han incidido en varias ocasiones en que no se apartarán “de la legalidad”. “Si tenemos que salir a explicarlo tantas veces, es que algo no funciona y estamos haciendo mal”, reflexiona una fuente con asiento en el Congreso en conversación con infoLibre, que cree que Vox ha conseguido más peso que en los pactos de 2023.

En la dirección nacional del PP consideran, sin embargo, que no han cruzado sus líneas rojas y sostienen que esta cuestión “no les quita ningún voto” y, a cambio, les sirve para garantizarse cuatro años de mandato. “Hemos despejado el riesgo de otras elecciones”, destacan también. Un logro que atribuyen a los dos negociadores de Génova: Miguel Tellado, secretario general del PP, y Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo. Ambos tomaron las riendas de las negociaciones días antes de que los ultraderechistas votaran en contra de la investidura de Guardiola y tras advertencias a la baronesa extremeña. 

Aunque algunos dirigentes temen que Vox haga suya la medida mientras el PP queda atrapado en la indefinición, en Génova aseguran que, una vez que se traslade a la legislación autonómica, “no habrá debate posible” y serán los ultras los que “deberán retractarse”. Además, una fuente del equipo de Feijóo admite que el de la “prioridad nacional” es un “balón de oxígeno” que la formación de Abascal “necesita”. “No podemos permitirnos que se vuelva a repetir el escenario de las últimas generales, en las que Vox se quedó por debajo de los 35 escaños”, reflexiona, en referencia a que el PP necesita a un Vox fuerte para poder hacerse con el control del Congreso de los Diputados.

Privar de ayudas a una persona por su origen o nacionalidad es inconstitucional, de ahí que el pacto no incluya esos criterios como baremo y recurra a fórmulas como la residencia, el empadronamiento o la contribución al sistema. Sin embargo, voces del PP también advierten de que el criterio de arraigo podría generar desigualdades no solo entre migrantes, sino también entre españoles; por ejemplo, entre quien se traslada de una comunidad a otra.

Todas estas cuestiones forzaron a Feijóo a intentar acotar el alcance del acuerdo. Desde el Congreso, el líder del PP pidió "rigor", defendió que "todo lo que se ha firmado es de acuerdo a las leyes" y recalcó que el pacto habla de arraigo "con independencia de la nacionalidad”. Según Feijóo, las acotaciones añadidas en el texto de ambos acuerdos dejan claro que “prioridad nacional” no significa dar prioridad a los españoles, pese a que así lo afirma Vox.

Una explicación que también tuvo que dar, a través de su cuenta de X, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de explicar el ‘no’ de su partido a la moción de Vox que quería extender este criterio segregacionista a nivel nacional. “Prioridad nacional conforme a la legislación vigente. Vivienda y ayudas para quien trabaja, cotiza y tiene raíces aquí”, señalaba la pasada semana.

En el caso de los barones autonómicos, la primera en alzar la voz fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se desmarcó nada más conocer el texto del acuerdo extremeño al advertir de que priorizar a los españoles frente a los inmigrantes "no es legal ni se ajusta a derecho”. El andaluz Juanma Moreno también ha tratado de tomar distancia desde Andalucía, donde el ruido por los pactos de Extremadura y Aragón incomoda su campaña, que se basa en tratar de revalidar su mayoría absoluta frente a los “líos” de sus compañeros de partido, en sus propias palabras. 

En Castilla y León, el entorno de Alfonso Fernández Mañueco también intenta desmarcarse pese a que Vox ya avisa de que "apretará un poco más" al PP en esa comunidad, donde considera que tiene más fuerza negociadora que en Extremadura y Aragón. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, recordó este lunes que en las elecciones obtuvieron 14 procuradores y un porcentaje de voto mayor que en Aragón —18,9% frente a 17,9%—, lo que a su juicio les permite elevar las exigencias en un eventual pacto. Según trasladan fuentes del PP, no está previsto cerrar un acuerdo hasta después de las andaluzas

Otros dirigentes territoriales, como Alejandro Fernández, líder del PP catalán, no se han pronunciado. No obstante, hace solo unos meses, él mismo rechazó de plano la "prioridad nacional" que defendía Vox y la definió como "la antesala del fascismo", al advertir de que clasificar derechos por nacionalidad podía llevar a "grados de consanguinidad" e insistió en que, si una persona trabaja y está en situación legal, “no se le puede negar una ayuda social por su origen”.

Este debate también agita a territorios especialmente sensibles a la cuestión migratoria, como Canarias y Ceuta. En Canarias, el presidente Fernando Clavijo, socio del PP en el Gobierno autonómico, ha mostrado "preocupación, decepción y enfado" por el rechazo a la reubicación de menores migrantes no acompañados incluido en los acuerdos, y ha cuestionado la legalidad de algunas medidas. En Ceuta, Juan José Vivas ha optado por el silencio pese a haber apelado otras veces a la solidaridad del resto de comunidades ante la presión migratoria. 

A esto se le añade la confusión que ha imperado también en Vox por el propio concepto. El portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga, afirmó el pasado viernes que "es español el nacido de padre y madre española", una definición que fue corregida después por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que la calificó de "error" y aclaró que, legalmente, español es “quien tiene el DNI" o quien tiene reconocida la nacionalidad. 

Abascal también tuvo que intervenir en un acto de la precampaña andaluza. Señaló que "ser español es tener la nacionalidad española", pero aprovechó para defender que se endurezca el acceso a la nacionalidad. En la formación ultraderechista no son pocos, comenzando por el propio Ignacio Garriga, que tienen padres de origen extranjero. En su caso, su madre nació en Guinea Ecuatorial y su padre es de ascendencia belga.  

En todas partes del mundo avanza un sistema de creencias variopinto, a menudo contradictorio y falaz, pero siempre discriminador: el de las extremas derechas autoritarias, que buscan nuevamente su oportunidad histórica. La pulsión solipsista de la tribu se recubre de ideología nacionalista que define desde arriba quién pertenece a la comunidad, quién forma parte del “nosotros”, quién vale más que otros.

Bajo su aparente heterogeneidad late un proyecto común: destruir uno de los principios fundamentales de la herencia ilustrada, tanto liberal como socialista: el concepto de derechos humanos universales. A cambio proponen el bienestar de la comunidad nacional, y sus virtudes diferenciales, como referencia moral. No hay derechos universales, afirman, sino derechos particulares más importantes que otros: los nuestros.

En los años ochenta el Frente Nacional francés resucitó el concepto nazi de “prioridad nacional”. El nazismo fue étnico y racial, por tanto tribal y agresivo. Se inventó una Volksgemeinschaft ("comunidad del pueblo") como ideal de sociedad armoniosa, unificada y racialmente pura, libre de divisiones de clase.

Para realizar este delirio construyeron un enemigo externo y otro interno: el primero eran las potencias que impusieron las reparaciones del Tratado de Versalles. El enemigo interno fue la población judía, menos del uno por ciento de los ciudadanos y culturalmente tan alemana como el resto. Sin embargo, la definieron como no alemana y la expulsaron de la comunidad moral, conceptualizándola como un “otro” inferior e indeseable. Tristemente, hoy los israelíes repiten ese guion con los palestinos.

Los nazi-fascismos y sus secuelas autoritarias se basan en la jerarquización de las diferencias sociales. Transforman la riqueza de la diversidad horizontal en la pobreza de la jerarquía vertical. No pueden existir sin alguna idea de superioridad, de exclusión y, finalmente, de persecución.

En el reciente pacto extremeño entre VOX y el PP, la “prioridad nacional” se plantea como criterio para distribuir ayudas, subvenciones y prestaciones, dando preferencia a quienes demuestren un “arraigo real, duradero y verificable” con Extremadura. La redacción es ambigua y el término “arraigo” interpretable, pero Vox lo entiende como prioridad para los “españoles”.

“Prioridad nacional”, junto a otros términos, funciona como eufemismo de un dispositivo social de producción de excluidos. Convierte las pulsiones de cercanía en pasiones de lejanía. Cuando se consolida como discurso y práctica tolerada, señala el inicio del declive hacia la miseria moral.

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Adolfo Estrella es socio de infoLibre.