El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que mantiene la ambición de una legislatura de cuatro años, pero ante la posibilidad de que se adelanten las elecciones, se ha limitado a señalar que los presupuestos se presentarán en 2026 y los comicios serán en 2027.

Sánchez se ha expresado de esta forma en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas y al plantearle si convocará de forma inmediata elecciones si no consigue que se aprueben los presupuestos.

"Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas", ha subrayado.

Pero no ha concretado más y se ha limitado a señalar que "la realidad es muy dinámica" ante el interés de los periodistas por acotar más la fecha de los comicios.

Sí ha explicado que su ambición y su objetivo sigue siendo que las legislaturas, "cuando no gobierna la derecha", duren cuatro años.

Han pasado las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y el pueblo español –aunque yo diría los medios de comunicación– ya han dado “el pistoletazo” a las nuevas ”Elecciones Generales”, elecciones que creo van a ser muy importantes para el devenir de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas y por consiguiente del PUEBLO. Y más cuando el resultado hasta ahora ha sido gobiernos ultraconservadores PP y Vox, que van a proceder a recortes de derechos y libertades.

Pienso que ese día va a ser muy importante y puede significar el volver a recuperar o perder nuevos derechos, y allí nuestro voto es muy importante, por ello y con estos meses de antelación , me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que ese día nuestro voto puede decidir.

Desgraciadamente y con toda seguridad, tras las elecciones generales puede haber nuevos recortes, depende a quién se vote, y más cuando debe ser prioritario para el gobierno que salga de las urnas la recuperación del empleo y de la capacidad de los salarios, así como el restablecimiento de las redes de protección social, la implantación de una Renta Mínima mayor, la universalización y mejora de los servicios públicos. La importancia del empleo juvenil, el derecho a una vivienda digna para todos y todas.

Empieza a mosquear que proliferen las informaciones sobre las cuentas de la Seguridad Social, y ciertas afirmaciones de que después de las elecciones pueda haber "una nueva rebaja de las prestaciones sociales".

Continuando con las reflexiones sobre la próxima visita a las urnas, pienso que los partidos entre sus prioridades también deben promover una reforma de la Constitución en sentido federal, con el máximo consenso y que esta sea sometida a referéndum. También deben reforzar la campaña de lucha contra la pobreza, así como participar activamente en la lucha contra la violencia de género y en la concienciación sobre el cambio climático. Es más, pienso y tengo claro que si la recuperación no llega a la gente que peor lo pasa, solo será una falacia propagandística.

El escenario en el que actualmente nos encontramos todavía es un panorama donde la crisis es importante en un gran número de familias y donde continuamos con una alta tasa de paro, pese a que ya superamos los 22 millones de trabajadores. Y por si fuera poco, las instituciones europeas son incapaces de renunciar a las políticas de austeridad que se han demostrado incompatibles con la recuperación económica, el empleo y los derechos. Lo que ocurrió en Grecia es un buen ejemplo de lo que digo. La UE se movió más por ideología que por la necesidad de superar la difícil situación económica del país heleno y prefirió actuar de manera ejemplarizante en lugar de respetar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía griega. Otro ejemplo lamentable ha sido espectáculo ofrecido por las autoridades comunitarias ante el drama humano de las personas refugiadas que llegan a Europa huyendo de la guerra, la muerte y la hambruna. Y firman un pacto cruel contra la migración. Todo ello demuestra que las políticas económicas impulsadas por la Comisión Europea son antisociales. Por eso, y cuando aún faltan unos meses para la nueva cita electoral, debemos empezar a reflexionar y a discernir en todo aquello que a partir de ahora vamos a leer, oír y repetir insistentemente y que muchas de esas opiniones nos van alejar de la verdadera realidad y de lo que en realidad se pretende con esas declaraciones. La próxima cita en las urnas es importante y el pueblo se juega mucho y es nuestro deber participar y no dejar que otros decidan por nosotros. Y sobre todo es importante decidir por aquella opción que nos haga más libres y defienda nuestros derechos y nos aleje cada vez más de la corrupción, cosa que se ha hecho habitual, y se acerque más a lo que el pueblo necesita: tener voz y voto de verdad en las decisiones políticas, sociales, educativas y de salud. Nosotros y nosotras decidimos.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya no quiere mejorar su inglés pese a que fue una de las carencias que más le persiguieron cuando desembarcó en la política estatal en 2022. El conservador reconoció este miércoles en El Hormiguero que su nivel sigue siendo insuficiente cuatro años después. "¿Cómo va su inglés?", le preguntó el presentador, Pablo Motos. "Mal", respondió el líder de la oposición. Ante la insistencia del presentador, añadió: "No lo toco, ahora con el móvil ya me lo traduce directamente. Voy con el traductor".

Una declaración que supone un giro respecto al discurso que había mantenido hasta la fecha. En la campaña de las generales de 2023, en la que el dominio del inglés aparecía como una de sus principales debilidades, Feijóo sostenía que debía mejorar. "Mi problema no es el gallego ni el castellano, es el inglés. Me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación", aseguró. Incluso llegó a explicar que la convocatoria anticipada de elecciones había alterado sus planes para empezar a hacerlo y que ya estaba recibiendo las primeras clases. El precedente de Mariano Rajoy, incapaz de defenderse ante mandatarios y prensa extranjera en otra lengua, estaba muy presente, especialmente después de que Pedro Sánchez sí demostrara su buen nivel.

Ahora el mensaje es muy distinto. El líder del PP ya no se marca como obligación aprender inglés pese a que aspira a que España tenga un rol relevante a nivel global y es la lengua que se utiliza de manera habitual para despachar asuntos internacionales. Su solución pasa por recurrir a la tecnología para suplir esa carencia. Una fuente de la dirección del PP asegura, entre risas, que con la inteligencia artificial ya “hay mucho avanzado” y que, por tanto, Feijóo ya no debe dedicar tiempo a esta cuestión.

La evolución resulta significativa porque, a diferencia de lo que ocurría en 2022 y 2023, cuando trataba de construir una imagen presidencial y disipar las dudas que acompañaban a su salto desde la Xunta de Galicia a la política nacional, ahora Feijóo ya da por hecho que va a llegar a La Moncloa, con idioma o sin él. Y después de una larga campaña de desgaste contra Pedro Sánchez, el presidente del PP parece haber llegado a la conclusión de que no necesita demostrar que está trabajando para corregir esa falta de dominio lingüístico.

La entrevista en El Hormiguero estuvo, de hecho, impregnada de un tono claramente preelectoral y presidencial. Feijóo habló de cómo gobernaría, pidió "cuatro años de confianza" a los ciudadanos y se presentó como alternativa inmediata al actual Ejecutivo. 

En ese contexto, la naturalidad con la que despachó la cuestión del inglés resulta reveladora, aunque culpó a haber estudiado en una “escuela rural” su falta de dominio.

El nivel de inglés de Feijóo ha acompañado su trayectoria nacional desde que sustituyó a Pablo Casado al frente del PP. El propio presidente del PP admitía en 2023 que aprender inglés era algo que debían hacer quienes aspiran a ser primeros ministros, aunque defendía que en las negociaciones internacionales es preferible expresarse con precisión en la lengua propia y recurrir a traductores profesionales. Sin embargo, esa falta de conocimiento hace muy difícil estrechar vínculos personales con dirigentes políticos de otros países.

El PP, Junts y el PNV apuntan desde hace tiempo hacia unas elecciones anticipadas. Deseo, anhelo, cálculo político. En sus manos está presentar una moción de censura, que saldría adelante junto a Vox si reman todos a favor. Pero, por el momento, no quieren utilizar ese instrumento constitucional y dejan toda la presión para que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pulse el botón para poner las urnas.

La sesión de control al Gobierno de este miércoles dejó patente esa presión que intenta ejercer cada uno de estos partidos para que Sánchez vaya a elecciones antes del verano del año que viene. Pero en la Moncloa insisten en que su hoja de ruta sigue pasando por convocar esos comicios en 2027. Y, como muestra de ese intento de llegar hasta el final, aparece el plan del Ejecutivo de arrancar la semana que viene el proceso para elaborar los presupuestos con la fase de la actualización del cuadro macroeconómico.

Por lo tanto, ahora se da el juego político de la presión en ambos sentidos. PP, Junts y el PNV quieren que el paso sea de Pedro Sánchez, lo que supondría asumir en primera persona el fracaso ya de la legislatura. Pero el líder de los socialistas tira de su habitual manual de resistencia, con su consabida piel de cocodrilo para aguantar pulsos externos. Algo que ha sufrido dentro de su partido durante años, como durante su gestión en temas como el choque con Donald Trump. 

El Partido Popular descarta por ahora presentar esa moción de censura. Cree que por el momento no le dan los números y no se fía de que Junts o el PNV les dejen tirado en la votación de ese instrumento. En esta pantalla, los populares tratan de presionar más al presidente del Gobierno con alguna votación simbólica que evidencie que no tiene mayoría en el Parlamento.

Esta semana se ha frustrado el intento de llevar al Pleno una enmienda en la que el Congreso exija esos comicios adelantados a Sánchez a través de una moción consecuencia de interpelación urgente. Una iniciativa planteada por el PP de manera paralela a Junts, pero que finalmente no fue aceptada por la Mesa del Congreso al entender que se trata de una competencia exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

El Partido Popular vuelve a la carga después de esa iniciativa e incluirá en el orden del día del próximo miércoles en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una moción en la que se pide a Sánchez que adelante ya las elecciones.

En concreto, el texto registrado por el grupo del PP en el Senado insta en su último punto al presidente del Gobierno a “proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”.

El texto no tiene ningún efecto y se trata solo de un movimiento simbólico, pero los populares insisten en que tiene un gran valor porque el Senado deja constancia de la falta de apoyo al presidente. No obstante, esa Cámara no tiene esa representación que buscan los populares porque el respaldo en España se mide en el Congreso, que es el encargado de votar las investiduras, las mociones de censura y las cuestiones de confianza.

Precisamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tachó de “cobarde” a Sánchez durante su cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, además de acusarle de tratar de amordazar al Parlamento por el veto de la Mesa a su enmienda sobre adelanto electoral. 

Fuentes del Partido Popular insisten: “Sánchez impide que los españoles voten en las urnas por el miedo que tiene a que los españoles se expresen, y el sanchismo ha dado un paso más impidiendo que los diputados voten iniciativas por el pavor que tiene Pedro Sánchez a comprobar que ha perdido todos los apoyos y que las Cortes exigen elecciones generales”.

Durante estas horas, también Junts ha elevado la presión al Gobierno y sorprendió con esa enmienda para unirse al texto del PP en el Congreso para pedir elecciones, que al final no salió. Tanto los populares como los independentistas niegan tener relaciones, pero a muchos diputados de la izquierda les sorprendió que de manera simultánea los dos grupos presentaran enmiendas similares destinadas a un texto inicial del partido de Feijóo.

Junts se encuentra en una encrucijada. Rompió relaciones con el PSOE, pero, a la vez, no quiere dar el paso definitivo de unirse al PP y Vox para materializar una moción de censura. Pero sí ve con buenos ojos que sea Sánchez quien vaya a elecciones porque así no tendrá que cargar con la idea de que la ultraderecha llegaría a la Moncloa precisamente gracias al soberanismo catalán.

Pero detrás de los movimientos de Junts también está la ansiedad que genera en este partido en estos momentos el subidón en las encuestas de Aliança Catalana. Los posconvergentes no saben cómo frenar el ascenso de la ultraderecha independentista y la dirección de Carles Puigdemont está recibiendo mucha presión por parte de sus alcaldes y cargos locales, que están avisando de la fuerza que ven en las calles de sus municipios del partido de Sílvia Orriols.

"Queda claro, tras esta decisión, la evidencia de la debilidad extrema en la que se encuentra el Gobierno del Estado español, incapaz de afrontar una sencilla votación en el Pleno", indican desde el partido de Puigdemont respecto al veto de su enmienda en el Congreso.

La postura del PNV es la que genera siempre más nervios dentro del Gobierno y del PSOE porque el partido vasco es clave para aguantar. Los peneuvistas llevan ya tiempo dibujando la idea de un adelanto electoral con la idea precisamente de que esa cita no coincida con las elecciones municipales.

El presidente del Gobierno descartó recientemente hacer un superdomingo electoral en mayo del año que viene. Un mensaje que iba dirigido principalmente al PNV. ¿Por qué? Los soberanistas no quieren un día en el que se pongan varias urnas porque el debate nacional polariza y puede beneficiar, en su opinión, al PSE-EE y a EH Bildu, como un frente de izquierdas ante el avance de las derechas. El partido de Aitor Esteban quiere seguir manteniendo su gran poder municipal, con ayuntamientos en sus manos como los de Bilbao y San Sebastián, además de las tres diputaciones forales, con un poder inmenso al ser las que recaudan los impuestos.

El mensaje del PNV fue claro este miércoles en la sesión de control a través de la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, que dijo directamente a Sánchez que está “nadando en el último largo de la legislatura” y que es “evidente” que se ha perdido la mayoría de la investidura. Con este límite: debe convocar elecciones si no logra aprobar los presupuestos generales.

Por un lado, supone delimitar ya en el tiempo su apoyo a Sánchez, aunque, por otro, también es un balón de oxígeno porque la tramitación de los presupuestos generales puede conllevar meses desde su presentación hasta su votación en la Cámara Baja. No es una exigencia de poner las urnas ya.

Fuentes de la Moncloa quieren ver el vaso medio lleno y se quedan con que el PNV se abre precisamente a negociar las cuentas del año que viene: “Partido a partido. Somos optimistas y no nos planteamos que nos los vayan a tumbar”. El debate de totalidad de ese proyecto en la Cámara Baja, primer gran test de apoyos, podría producirse, según cálculos del propio Ejecutivo, entre octubre y noviembre.

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), concebida como el sustento ideológico de la derecha, ha convertido los escándalos que afectan al entorno del PSOE en uno de los ejes centrales de su producción editorial. El think thank presidido por el expresidente José María Aznar publica de manera asidua análisis en los que se muestra muy duro con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con publicaciones como Sin chófer ni secretaria, que data de febrero de 2024, Emergencia democrática, emergencia nacional, de junio del pasado año, o Queda lo peor, un texto de hace solo cinco días, mantiene una ofensiva total con graves acusaciones que vierte sobre el Gobierno. “La indecencia se ha instalado en el núcleo del Gobierno y del partido que lo sustenta”, resume uno de ellos.

Sin embargo, la fundación no ha abordado el caso que afecta a Zapatero pese a que estalló hace ya un mes tras la imputación del expresidente por un presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. Tampoco ha escrito ningún análisis previo a la declaración del socialista este miércoles. E, incluso, el propio Aznar esquivó la cuestión cuando fue interrogado el mismo día en que se conoció la imputación. “No tengo nada más que decir sobre este asunto”, llegó a afirmar. "La justicia en España es independiente y los jueces son independientes”, se limitó a añadir.

La tesis que ha mantenido FAES en los últimos años es que la corrupción forma parte del ecosistema político que sostiene al actual Ejecutivo. Y su dureza no se ha limitado a la denuncia de presuntas irregularidades. La organización presidida por Aznar habla de "mordidas, pucherazos, extorsiones y chantajes" y llega a describir al “núcleo sanchista" como "la banda del Peugeot". También hay referencias a "capos", "consiglieris", "fontaneros", "omertá", "famiglia" y "mordidas". También sostiene que Sánchez "entiende el poder como botín" y que Ábalos, Koldo, Jessica Rodríguez —expareja del entonces ministro de Transportes— y Leire Díez son consecuencia de una "concepción puramente patrimonial del poder", pese a que todavía no hay sentencia que lo respalde.

FAES también acusa al Gobierno de haber actuado como encubridor político "cuando menos" de la corrupción, y en "el delito como entorno", donde afirma que la coalición de Sánchez "se gestó y se sostiene" gracias a su "familiaridad" con la delincuencia. Y ya con Leire Díez como referencia tras la investigación liderada por el juez Pedraz, se habla de un "carrusel estercolario", un "rastro de porquería" y se lanza la pregunta de si queda alguna institución "por pringar".

FAES no es un observador neutral, aunque nunca ha pretendido serlo. Nació como laboratorio de ideas de la derecha española y sigue funcionando como uno de los principales centros de producción ideológica vinculados al universo político del PP. Precisamente por eso resulta relevante analizar no sólo aquello sobre lo que habla, sino también aquello que decide no comentar, como es el caso de Zapatero, Plus Ultra y las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que han provocado que el juez Calama abra una pieza separada.

Y no se trata de una cuestión de afinidad o de respeto por el expresidente español. La fundación ha construido durante años buena parte de su identidad política en oposición a José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la etapa posterior a 2004, Aznar y FAES convirtieron al expresidente socialista en uno de sus principales adversarios políticos e intelectuales, al que culpan de que el PP perdiera las elecciones tras los atentados terroristas. La crítica a Zapatero fue constante en cuestiones como el modelo territorial, la negociación con ETA, la política económica o la memoria histórica. Es más, en una publicación de 2023, bajo el título de El sembrador y su cosecha, FAES responsabiliza a Zapatero de propiciar un “pasteleo con ETA” de la mano del socialista Jesús Eguiguren.

Y, aunque FAES exige máximos estándares de transparencia y ejemplaridad cuando analiza los casos que afectan al Gobierno de Sánchez, su presidente apenas cuenta con controles efectivos. Desde su salida de la política institucional, ha ejercido como actor privado, lobbysta, conferenciante y consejero internacional. Una clave que podría explicar el silencio de su fundación y al que en el PP nacional no le dan mayor importancia. “No es nuestro trabajo comentar lo que dice o deja de decir FAES”, responden fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo a infoLibre. La acusación del PP no ha pedido prisión provisional para el expresidente tras su declaración de este martes.

Con todo, la posición del think thank resulta especialmente llamativa porque Aznar ha construido en los últimos años una posición singular en la política española. Ya no es un dirigente sometido al control parlamentario ni un responsable institucional y en el PP acuden a él de manera asidua tanto en mítines como en grandes celebraciones. Es un expresidente que ejerce influencia desde una fundación privada, interviene periódicamente en el debate público y mantiene una red de relaciones nacionales e internacionales forjada durante décadas. Y los conservadores no niegan que sea su “referente moral”, como definen la importancia de Zapatero con el PSOE y la izquierda.

El expresidente del Gobierno, además de presidir FAES, ha pasado por Georgetown University y ha ocupado puestos en grandes corporaciones y firmas internacionales. News Corp, el grupo de Rupert Murdoch, lo presenta como consejero independiente desde 2013 y recoge en su documentación oficial una remuneración de 341.565 dólares en el ejercicio fiscal de 2025. Antes, ya había entrado en la órbita del grupo Murdoch en 2006. También fue contratado por Endesa como asesor externo para Iberoamérica, con una retribución publicada en torno a 200.000 euros anuales, y fichó en 2013 por DLA Piper como asesor senior para Latinoamérica.

La nómina de actividades privadas es más amplia: asesorías, fundaciones, foros internacionales, libros y conferencias. Pero la transparencia sobre esa actividad es limitada. No existe un registro público, completo y homogéneo que permita conocer con detalle cuánto ha ingresado Aznar desde 2004, quién le ha pagado, por qué servicios y con qué posibles conflictos de interés. Lo que aparece son datos de remuneraciones parciales en documentos societarios, noticias sobre contratos concretos o episodios como el de Famaztella, la sociedad familiar a través de la cual canalizó ingresos por libros y conferencias y por la que Hacienda le exigió una declaración complementaria y una sanción por los ejercicios 2011 y 2012.

La plurinacionalidad se ha convertido en el mayor estabilizador de la España plural, transversal y periférica. Se constata este hecho cuando el Papa León XVI celebra la diversidad desde la Sagrada Familia, en un acto que bien podría simbolizar el final de un ciclo político y el comienzo de otro nuevo. Pensamos en las elecciones de julio de 2027 pero no se nos puede escapar que unos meses antes, en las locales y en autonómicas, un abertzale puede gobernar Navarra o que en las Juntas Generales de Euskadi el progreso de Bildu sitúa a los de Arnaldo Otegi como unos socios de gobierno tan fiables como lo han sido en otros momentos los jetzales de Aitor Esteban. La plurinacionalidad se ha convertido en el verdadero factor de cohesión territorial, acompañado siempre de presupuestos sociales. Llegados a este punto, resulta difícil comprender por qué Feijóo ha renunciado a ser derecha plural, provocando un enorme desencanto político dentro y fuera de su propio partido.    

Si el PP quiere seguir siendo el fiel reflejo de la derecha española deberá ser plural o no será. A la vista de la representación que tuvo lugar en el Cercle d’Economía en Barcelona, Feijóo parece haber querido renunciar a serlo ante empresarios, economistas y agentes sociales. ¿Quién estaría dispuesto a romper un puente que conecte las siglas a la plurinacionalidad? Aznar, en primer lugar, y detrás de él, Feijóo. La reacción de algunos banqueros no se ha dejado esperar. Hay mil maneras de decir "Feijóo no nos vale". La de Josep Oliu, el presidente del Banco Sabadell, fue un ejemplo suficientemente tajante: "Vale, eres un martillo despertador. Y ahora ¿qué vas a hacer?". La salida de Feijóo del Cercle sólo sembró más preguntas e incertidumbres en torno a él. Sin moción de censura, caballo de Troya, después qué. 

La burguesía catalana parece haber emitido mensajes de preocupación tras conocerse alguna encuesta publicada por la industria de la actualidad. El problema no es Salvador Illa, que con presupuestos en Catalunya y el anuncio de las cuentas más plurinacionales del Estado en Madrid dibuja un horizonte sostenible en el tiempo para los agentes económicos y sociales de su comunidad. El problema es de orden político: el crecimiento de Aliança Catalana y la caída libre de Junts. 

Arcadi España, ministro de Hacienda, y Carlos Cuerpo, de Economía, presentarán los cuadros macro que anticipan los Presupuestos Generales del Estado el próximo 23 de junio, cuatro días antes de que Pedro Sánchez comparezca ante el Comité Federal del PSOE. Llegará con el PSOE caoba desactivado y con el último informe de Goldman Sachs en la mano, el mismo documento que afirma que en España se está creando empleo de calidad, la productividad mejora y la economía presenta ciertos factores que la dotan de una sorprendente resistencia estructural.  

España encuentra el germen de su nuevo ciclo en aquellos territorios que quieren ser alternativa democrática y social a los gobiernos del futuro terror constituidos tras los caucus de la derecha. Cada comunidad es un universo que admite infinitas posibilidades si decide liberarse de los relatos producidos en el Madrid D.F. Lo vemos en la Comunitat Valenciana, cuando Pérez Llorca se dispone a negociar su financiación autonómica junto al ministro de Hacienda, Arcadi España. Feijóo renunció a ser derecha plural en el Cercle de Economía y quien se debilita por ello es él mismo y no tanto el PP plural donde rige una máxima: “cada uno a sus votantes”. La plurinacionalidad no es un objetivo ni una meta; es un proceso, una conversación continua, tan ligada a la democracia liberal en la conformación de mayorías estables que también asimila sus defectos y sus virtudes. Como ha enseñado Catalunya en tantas otras ocasiones, la plurinacionalidad es condición de posibilidad para levantar la institucionalidad de este país de países, inabarcable, libre y mutante.

España es más estable de lo que transmite el Madrid D.F., y esta circunstancia es la que apuntala nuestra democracia día tras día, como un hábito, una costumbre, que no es capaz de desestabilizar el momento antípolítico que la industria de la actualidad retransmite desde los juzgados. La política se abre camino. Lo ha entendido muy bien Álvaro Sánchez Cotrina, secretario del PSOE de Extremadura al tomar la iniciativa parlamentaria este martes ofreciendo un acuerdo presupuestario a la presidenta María Guardiola. Cotrina envía varios mensajes. En primer lugar, que se puede estar en la oposición y no perder el pulso político. En segundo lugar y, en clave interna, que los resultados de la acción política regional de alcaldes y presidentes autonómicos no dependen de lo que le suceda a Pedro Sánchez.  

Una España más plurinacional otorga una España más estable. Lo debe entender el PNV, que tiene motivos para estar nervioso ante el último sondeo electoral que ha publicado el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco con estimación de voto para las elecciones a Juntas Generales de mayo de 2027. En general, los resultados muestran un reforzamiento de PNV y EH Bildu en perjuicio de PSE-EE y PP. Bildu se está presentando en la Corte de los Leones como un socio parlamentario mucho más fiable para el Gobierno que el PNV y, además, crece en Euskadi más que el PNV. Arnaldo Otegi ha entendido la función estabilizadora de su partido. No tiene prisa en gobernar. El 2028 se aproxima lentamente y será un acto político fundacional, el Gran Momento que puede registrar a un abertzale elegido presidente de Navarra. 

Pequeños surcos indican el comienzo de un nuevo ciclo político. El PP vasco también parece haber renunciado a ser derecha plural en su propio territorio. Javier Andrés, su presidente, arremete contra el PNV tildándolo de “pétalo” del PSOE. Mientras el PP se conforme con ser un partido cautivo de Vox, Feijóo tendrá muy difícil consolidar un liderazgo que no es capaz de gobernar sin someterse a las condiciones de Santiago Abascal. Los gobiernos del futuro terror en Extremadura, Aragón y Castilla y León no parecen haber restado iniciativa al PSOE ni tampoco que mengüe su liderazgo. Lo observaremos en el próximo Comité Federal, donde es posible que concluya una etapa política y comience a germinar otra.  

Alberto Núñez Feijóo no tiene, por el momento, intención de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Prefiere, en su opinión, que el Ejecutivo se vaya desgastando cada día por las causas judiciales abiertas. Jugando con la presión política, como el texto simbólico que pretendía hacer votar en el Congreso para adelantar elecciones. Y aprovecha estos días duros para el PSOE tratando de buscar una imagen agradable y cercana frente al bronco discurso en las instituciones.

Esta semana supone un vía crucis para el Gobierno, principalmente por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Todo ello después de que la mujer del presidente, Begoña Gómez, se enfrentara el lunes a la audiencia previa ante el juez Juan Carlos Peinado y de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, compareciese este martes en el Senado por sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. Además, sobrevuela la sentencia del caso Mascarillas, que afecta a José Luis Ábalos y Koldo García.

El líder popular ha diseñado una agenda con la que quiere mostrar su lado más cercano frente a los escándalos del Gobierno. Por eso, va este miércoles a divertirse a El hormiguero, en pleno prime time televisivo y en un espacio con un marcado carácter anti-Sánchez. De esta manera, busca meterse en el salón de millones de espectadores de la mano de Pablo Motos, un presentador que ha criticado duramente durante estos años al jefe del Ejecutivo, un tema recurrente también en la mesa de análisis de ese programa. 

Uno de los mayores déficits de Feijóo es la falta de tirón personal que tiene entre los votantes, muy lejos de las expectativas que depositó el PP en él después de que los barones forzaran la dimisión del anterior líder, Pablo Casado, por su enfrentamiento directo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Feijóo sólo es citado por el 13,4% de los encuestados como su político preferido para ser presidente del Gobierno, muy por debajo de Sánchez, que es mencionado por el 25%. Además, Santiago Abascal le sigue de cerca, con un 9,5%.

Asimismo, Feijóo tiene una valoración media (3,79) por debajo de Sánchez (4,21). El presidente del Partido Popular solo genera confianza entre el 20,3% de los españoles, en tanto que despierta “poca o ninguna confianza” entre el 78,4% de los ciudadanos. El líder conservador tiene su principal caladero entre los mayores de 75 años, en tanto que anota sus peores registros entre los votantes de 25 a 34 años.

Este intento de acercarse a los ciudadanos durante estos días se ha visto también en redes sociales. Por ejemplo, en X colgó una foto, antes del partido de España contra Cabo Verde en Atlanta en la primera fase del Mundial, junto a su hijo jugando al fútbol. La acompañó con este mensaje: “Viendo esta imagen, es evidente que ‘no juego en la selección porque no quiero’. Hoy he disfrutado del fútbol con mi hijo. Mañana lo haré con el debut mundialista del equipo de mi país. ¡Vamos España!”

El Partido Popular quiere presionar también políticamente al Gobierno para que se disuelvan las Cortes, pero sin dar el paso definitivo de una moción de censura. Los populares y Junts presentaron este martes sendas enmiendas en la Cámara Baja a una “moción consecuencia de interpelación urgente” del PP para incluir  en la votación del jueves la exigencia al presidente de que convoque elecciones de manera anticipada.

Se trata de una iniciativa sin ningún carácter vinculante y tan sólo con peso simbólico. Pero los populares vendieron el texto como una moción de confianza de facto al Gobierno porque enviaría, en su opinión, una señal muy clara de que Sánchez no tiene respaldo parlamentario.

Finalmente, la Mesa del Congreso, con mayoría progresista, rechazó aceptar las enmiendas del PP y de Junts para su votación al entender que se trata de una competencia (la convocatoria de elecciones anticipadas) exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

Junts se ha alineado con el PP en este camino, aunque deja la decisión en manos de Sánchez. Desde el PSOE insisten en que se trata de mera “cobardía política” y restan importancia porque no se trataba de una moción de censura. Asimismo, el mensaje que trasladan desde La Moncloa es que siguen gobernando para la mayoría y que su intención, como ha repetido Sánchez, es agotar la legislatura.

La semana que viene será clave para el Gobierno. El martes dará el primer paso para tramitar los presupuestos generales del Estado. Aunque parezca casi imposible, el Ejecutivo cree que puede conseguir armar todavía una mayoría. Y el miércoles tendrá lugar la esperada comparecencia de Sánchez ante el Pleno para abordar el caso Leire Díez y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Feijóo y su equipo creen que es imposible ya para el PSOE darle la vuelta a la situación y que el declive es total. Por eso, a pesar de la ansiedad de algunos en el PP, hay también dirigentes que creen que este fuego lento judicial es abrasador para Ferraz y que sólo hay que esperar. 

Además, el PP aguarda un pacto en breve entre Juanma Moreno y Vox en Andalucía. El presidente de la Junta ha iniciado ya el relato para justificar el acuerdo  con la ultraderecha, a pesar de haberse presentado durante años como uno de los barones moderados y abanderado de un centroderecha alejado de Santiago Abascal. El popular ha criticado que la izquierda “se ha autoexcluido de una manera irresponsable sin dejar ninguna posibilidad a la abstención”. El PP se mueve entre El hormiguero y la “prioridad nacional”.

La Mesa del Congreso no ha admitido las enmiendas presentadas por el PP y Junts para que la cámara inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un adelanto electoral al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.

Según han informado a EFE fuentes parlamentarias, la Constitución es clara sobre esta potestad del presidente del Gobierno, por lo que toda iniciativa que vaya en ese sentido, aunque sea de manera "encubierta", va contra la carta magna.

La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, han rechazado así las enmiendas presentadas a la moción del PP por los propios populares y Junts, ya que "ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno".

Las citadas fuentes han recordado además que existen precedentes anteriores, como la proposición no de ley de Junts de febrero de 2025 en la que pedían a Sánchez someterse a una cuestión de confianza, que fue inadmitida por el mismo motivo por la Mesa.

Otras fuentes parlamentarias han advertido por su parte que Junts ya había incluido en su enmienda que su petición carece de vinculación jurídica con el propósito de que no fuera parada por la Mesa del Congreso.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apuntado que para Sumar la legislatura debe continuar, aunque eso "tiene que significar que le valga la pena a la gente”.

Al mismo tiempo señala que también es necesario que el PSOE “aclare lo que está ocurriendo” en torno al partido ante supuestos casos de corrupción.

Sobre la opción de acudir a las urnas antes de lo previsto recuerda que “los socios parlamentarios ya han dicho que no van a participar de ella” porque el PP “viene con Vox bajo el brazo” y “nadie va a querer participar de esa operación”.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso y uno de los socios del Gobierno de coalición, ha señalado que lo que su partido pregunta al Ejecutivo es para qué quiere aprovechar el tiempo, si para aguantar y decir que "los otros son peores" o para cuestiones como frenar la especulación inmobiliaria o tener una fiscalidad más justa.

"Ya sabemos que los otros son peores, eso lo sabemos, es de primero de izquierdas", ha recalcado, aunque ha rechazado que se opte por "aguantar y asquear" a los ciudadanos

Viernes, 18 de febrero de 2005. José Luis Rodríguez Zapatero preside la reunión semanal del Consejo de Ministros. Toma la palabra el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. En su cartera lleva el Código de Buen Gobierno que afectará a partir de ese momento a todos los miembros del Ejecutivo y a los altos cargos. Un texto que ahora está de plena actualidad por las joyas encontradas en el despacho del expresidente.

En ese código, por primera vez, se regulaba el comportamiento respecto a los regalos que recibían los políticos. En el apartado dedicado a los principios de conducta se fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.

Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. Durante estos días, el exministro socialista Miguel Sebastián ha revelado, por ejemplo, que él recibió unas joyas por parte de la Casa Real saudí después de participar en un acto en ese país y que decidió colocarlas en una vitrina en la sede de su departamento. 

La Casa Real española reguló la recepción de regalos a través de una normativa aprobada en enero de 2015, dentro del paquete de reformas lanzado por Felipe VI tras llegar al trono en junio de 2014 en mitad de los escándalos protagonizados por su padre. Se basó en la Ley de Transparencia y fija que se actualizará si hay cambios en la legislación.

Se establecen unos principios generales por los que los miembros de la familia real “no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”. Y señala el texto: “En el caso de obsequios que, de acuerdo con estas normas, tengan carácter institucional, se procederá a su incorporación al Patrimonio Nacional”.

Asimismo, establece que los miembros de la familia real “no podrán aceptar regalos que, por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas”. 

Por ejemplo, esta normativa fija que no se aceptarán “préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero”. “En este último caso se procederá a su devolución o a ser donado a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general”, marca el texto, que indica que si se concede un premio a un miembro de la familia real que comprenda una dotación económica, se tendrá que ceder su importe a una entidad sin ánimo de lucro “que persiga fines de interés general”.

Además, regula el escenario de herencias que puedan recibir miembros de la familia real por parte de personas con las que no haya una relación familiar. La norma señala que podrán ser aceptadas “cuando así se considere procedente”: “Estos bienes, en atención a su naturaleza, deberán incorporarse al Patrimonio Nacional o ser entregados a instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para la consecución de fines de interés general, salvo que las disposiciones incluyan un destino o finalidad específica cuyo cumplimiento se requiere para su aceptación”.

La Casa Real publica todos los años la relación de regalos institucionales recibidos por la familia real. Por ejemplo, en 2024 fueron 358. Especialmente fueron dirigidos a Felipe VI, que obtuvo 203 presentes. Entre ellos, una alfombra del embajador de Irán, un ajedrez de madera del presidente de Paraguay y una camiseta personalizada del Cádiz. Esta lista, no obstante, no incluye el valor económico de estos regalos.

Hay otras instituciones que ponen un tope monetario a los regalos. Es el caso de las Cortes Generales, en cuyo código de conducta, aprobado tanto por el Congreso como por el Senado, se fija como límite 150 euros. Se establece que los parlamentarios “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios”.

Sí permiten las Cortes que los diputados y senadores reciban regalos “personales de amigos y familiares que se hayan otorgado sin vinculación alguna con su labor como parlamentarios”. “Serán también admisibles los obsequios, descuentos, promociones o beneficios de similar naturaleza que sean comunes de acuerdo con los usos y costumbres y cuyo ofrecimiento y entrega se encuentren desvinculados de su actividad política”, añade el texto.

También recoge el caso de los regalos recibidos por miembros de las Cortes en viajes oficiales de las Cámaras: “Deberán ser entregados a la Secretaría General siempre que sean ofrecidos en razón de dicha representación y no a título personal y tengan un valor estimado superior a 150 euros. Dichos regalos serán inventariados y publicados en la página web del Congreso de los Diputados o del Senado”.

Asimismo, en el desarrollo protocolario de esta guía se dispone qué hacer en casos de regalos inesperados, como, por ejemplo, el envío de un presente al despacho de un diputado: “El obsequio no debe usarse ni consumirse. Se informará a la Secretaría General o a la Oficina de Conflicto de Intereses para su devolución o, si ello no fuera viable, para su entrega a la institución o eventual donación autorizada, dejando constancia del trámite”.

También, por ejemplo, fija límites en función del valor económico el Ayuntamiento de Madrid. El régimen fue aprobado durante el mandato de Manuela Carmena y fija que sólo se podrán recibir obsequios dentro de la “cortesía habitual o la atención protocolaria” que se correspondan con los “usos y costumbres sociales”.

Establece que estará prohibido recibir regalos que sobrepasen los 50 euros y no se podrán acumular presentes procedentes de la misma persona física o jurídica cuando la suma de sus valores sea superior a 150 euros durante el periodo de un año. 

En ese sentido, marca también claramente los límites el código de conducta del Parlament catalán, que recoge que no se puede aceptar “ningún obsequio o regalo de valor, ni favor o servicio que les sea ofrecido por razón del cargo”: “Se entiende por obsequio o regalo de valor el que supera el importe estimado de 150 euros”.

Establece esta norma, aprobada en 2016, que si los diputados reciben regalos “en virtud de las reglas de cortesía”, deben entregarlos a la Cámara, que “debe llevar un registro de los mismos que debe ser de consulta pública en el Portal de la Transparencia”. “Los obsequios y regalos se han de enajenar periódicamente y los rendimientos obtenidos deben destinarse a la financiación de actividades o servicios sociales”, añade el texto.

España ha vivido una apoteosis de eso que Guy Debord llamó la sociedad del espectáculo. Tanto si ustedes viven en las ciudades por las que el papa ha pasado como por las que no, habrá visto televisiones —incluida la pública— con una sucesión de programas especiales, coberturas mediáticas desbordadas —no así este periódico, lo cual se agradece—, y una opinión publicada que obligaba a suplicar a creyentes y ateos: ¡elogio de la mesura, por Dios!

Los análisis de las palabras de Su Santidad han provocado ríos de tinta. Unos advirtiendo de su discurso favorable a la inmigración y la paz, otros al aborto. Apenas se ha reparado en que la doctrina cristiana hace compatible una cosa con la otra; algo que desde el punto de vista político hoy no tiene encaje alguno en nuestra paleta de opciones ideológicas donde nos movemos en muchos ejes, pero sobre todo en el que diferencia la izquierda de la derecha. Si las palabras del papa han creado cierta sorpresa en algunos sectores, posiblemente se debe a que buena parte de la jerarquía eclesiástica española sí está nítidamente situada en el ala derecha, y en la mayoría de casos en la derecha de la derecha o, directamente, en la ultraderecha. Subrayo: la jerarquía, no todos sus fieles, ni mucho menos. 

Así las cosas, el jefe de un Estado que no admite mujeres en sus órganos de gobierno ni migrantes en su territorio fue aplaudido entusiásticamente por prácticamente todo el Parlamento español —en sesión conjunta de Congreso y Senado—, como si de un ser superior se tratara, capaz de eliminar los conflictos, las tensiones y la crispación… Eso sí, durante 48 horas. ¿Qué hacían sus señorías aplaudiendo discursos con los que discrepaban, al menos, cada uno de ellos en el 50%? y por cierto, ¿qué hacía un líder religioso —no en su calidad de jefe de Estado— hablando en la sede de la soberanía nacional?

Sentí perplejidad como ciudadana y escándalo como analista al contemplar la escena. A la salida, cada uno enfatizó aquello con lo que coincidía: “de la A a la Z”, decía Feijóo, sin caer en que la prioridad nacional que firma en los gobiernos que comparte con Vox no entra en la visión de la migración unida a los derechos humanos que defiende el papa. Para Bolaños las palabras de Su Santidad "apuestan de manera tan clara por la paz y por el derecho internacional, palabras de tanto valor moral que pongan las cosas en su sitio", sin reparar en que no tuvo ni un gesto para pedir perdón a las víctimas de pederastia en la Iglesia. Es más, tuvo la osadía de visitar el epicentro de los abusos en Cataluña, la Abadía de Montserrat, donde muchos —ingenuamente— pensamos que haría una rotunda condena de esos hechos, pediría perdón a las víctimas y anunciaría algo relevante. Nada de eso ocurrió.

No obstante lo anterior, creo que la visita del papa deja algunas enseñanzas de las que tomar nota. Los discursos que hacían las delicias de los fieles conectaban con algo que hoy se echa en falta en nuestras sociedades y por donde crece un estado de ánimo de impotencia que aprovecha la ultraderecha. El discurso del papa fue, en todo momento, un discurso de esperanza. De mirada al futuro en positivo. Una llamada a construir ese futuro, a “alzar la mirada”. Todo un antídoto para estos tiempos de descontento, frustración, malestar e impotencia. Una llamada a la esperanza como forma de conectar con una sociedad hiperindividualista, donde los lazos sociales y comunitarios se van disolviendo, carente de referentes, en busca de guías. No por causalidad Rosalía con su espectáculo, la película Los Domingos o el aclamado ensayo Instrucción de Novicias de Ana Garriga y Carmen Urbita (Blackie books) han triunfado entre jóvenes y no tan jóvenes. Hay un clamor social que busca orientación. Hay quienes lo hacen en la religión. Otros podrán hacerlo en otros campos, pero conviene tomar nota: la esperanza, y no el miedo, es el antídoto contra la impotencia. 

Hace tres años estalló el escándalo de los políticos que se beneficiaban de ayudas ideadas para que familias vulnerables puedan pagar sus facturas de la luz y del gas tras una investigación de infoLibre. Pero lejos de rechazarlas, la lista de adjudicatarios sigue creciendo. Solo en el entorno del PP de Madrid hay al menos ocho altos cargos que siguen disfrutando de esta rebaja gracias a su condición de familia numerosa, un requisito que el Gobierno central prometió eliminar en 2023, pero que en 2026 sigue vigente.

El número dos del partido regional, Alfonso Serrano, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cobrar la subvención anual para calefacción hace apenas dos meses. Una prestación que asciende a 210,71 euros y que corresponde a la ayuda completa de 2025. También lo ha hecho Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid y anterior número dos de la presidenta Ayuso, que ha cobrado la misma cantidad. Ambos llevan disfrutando de este descuento al menos cuatro años.

Además, infoLibre ha identificado a otros políticos y altos cargos vinculados al PP de Madrid también suscritos a estos bonos. Cinco de ellos son diputados de la Asamblea de Madrid (incluyendo a Ossorio y Serrano), uno es concejal del Ayuntamiento de la capital, otro es alto cargo de la Comunidad y la última es miembro de la ejecutiva del partido regional y concejala de Boadilla.

No es posible contrastar oficialmente si todos ellos también disfrutan del bono social eléctrico porque al no tratarse de una subvención, la información no es pública. Pero se puede presuponer, ya que el bono eléctrico es imprescindible para poder cobrar el térmico. Esa otra ayuda es todavía mayor porque supone un descuento directo de la factura de luz mensual del 42,5% sobre el concepto de energía del recibo, hasta un consumo máximo de 4.761 kWh anuales.

Tanto el bono eléctrico como el térmico tienen el único objetivo de paliar la pobreza energética en España, que sufren unos 2,9 millones de hogares, según los cálculos del Gobierno central. Otro estudio de la Universidad Pontificia Comillas estima que 1,7 millones de hogares ni siquiera pueden pagar una cuarta parte de lo necesario para cubrir sus necesidades energéticas básicas.

Este problema contrasta con la situación de los dos altos cargos del PP madrileño. Ossorio, como presidente del hemiciclo, ganó el año pasado 127.570,94 euros, y en 2023 declaró más de 1,3 millones de euros en inversiones. Por su parte, Serrano cobraba 67.848 euros en 2023 de la Asamblea, pero hace dos años rompió su exclusividad para cobrar la mitad y compatibilizar así su sueldo con otros ingresos. Serrano es también secretario general del PP de Madrid.

Tras destaparse la polémica hace tres años, la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió incluir requisitos de renta para familias numerosas, pero todavía no se han implementado. Si bien, la actual ministra Sara Aagesen se ha comprometido a corregir ese vacío legal en la próxima Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que debería entrar en funcionamiento en 2027, aunque debía haberse puesto en marcha en 2025.

En la lista de diputados autonómicos que se benefician del bono térmico destaca Miguel López-Valverde, que también es consejero de Digitalización, con un salario bruto de 124.851 euros brutos al año. En la Asamblea también lo han cobrado los diputados del PP Daniel Portero y Eva María Gallego y ambos ganan alrededor de 63.000 euros al año. En estos dos casos es cierto que ninguno ha ingresado el dinero este año, solo lo hicieron en 2025 (correspondiente a la ayuda de 2024), pero un portavoz del partido no aclara si están pendientes de cobrarlo o se han dado de baja de los dos bonos o de uno.

Otro de los beneficiarios destacados es Miguel Povedano, director de Tributos de la Comunidad de Madrid, precisamente la persona encargada de fijar los impuestos que pagan los madrileños. No tiene cargo político dentro del PP regional, pero sí fue designado a dedo por la presidenta Ayuso para el puesto que ocupa. En su caso cobra 113.995 euros al año.

En el Ayuntamiento de Madrid, infoLibre ha encontrado como beneficiaria a la concejala del PP de Turismo y del distrito de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo del Valle, madre de tres hijos y alto cargo del consistorio desde hace dos décadas. Declara un sueldo de 104.793 euros. Por último, este medio ha identificado también a María Jesús García-Alarilla, coordinadora del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid y concejala de Innovación en Boadilla del Monte.

El PP de Madrid, a preguntas de este medio, ha rechazado confirmar o desmentir que la lista anterior de políticos efectivamente disfruta del bono social. infoLibre tiene además otros nombres de altos cargos del partido que podrían estar disfrutándolo, pero no ha podido corroborarlos de forma inequívoca. "Todos los diputados que cobran el bono social es porque cumplen todos los requisitos como cualquier otro ciudadano", se limitan a responder fuentes del partido.

Isabel Díaz Ayuso fue la primera que defendió a los suyos cuando se conocieron los casos de sus dos escuderos hace tres años. "Se llama [bono] social, pero no es solo para las personas vulnerables. Se entiende que es un gesto del Gobierno hacia las familias numerosas", dijo la presidenta preguntada en una rueda de prensa en 2023.

Del resto de partidos, en la Asamblea de Madrid, infoLibre solo ha localizado a dos políticos de Vox acogidos a las ayudas energéticas: José Ignacio Arias Moreno y María Belén González.

A nivel estatal, de todo el Congreso de los Diputados, este medio solo ha encontrado un beneficiario: Ricardo Chamorro, de Vox, electo por Ciudad Real. Mientras que del Senado solo cobró el año pasado Raquel González, del Partido Popular y electa por Burgos, que ya se ha dado de baja del bono térmico. Un diputado del Partido Socialista por Albacete, Emilio Sáez, también cobró el año pasado como familia numerosa, carné que tiene por su condición de discapacidad, pero también se ha dado de baja.

La justificación de que existan estos bonos sociales es exclusivamente "para proteger al consumidor vulnerable" de energía eléctrica y calor y reducir los elevados niveles de pobreza energética del país. Sin embargo, el agujero legal que permite a familias ricas optar a la rebaja, solo por ser familia numerosa, lleva 17 años vigente sin que ningún Gobierno lo haya reformado. Desde que se aprobó la creación del bono social eléctrico en 2009, uno de los requisitos para obtenerlo ha sido contar con el título de familia numerosa, sin ningún tipo de criterio económico. En 2017 se concretó la figura del "consumidor vulnerable", donde de nuevo se incluía la figura de la familia numerosa, de nuevo sin limitación de renta. 

El bono social térmico se creó después, en 2018, y se otorga de manera automática a quien disfruta del bono eléctrico, por lo que heredó ese vacío legal. Los dos bonos se deben renovar cada dos años para garantizar que se cumplen las condiciones económicas, pero las familias numerosas lo reciben indefinidamente mientras tengan en su poder este título. En todo caso, para que las ayudas sean concedidas por primera vez, debe ser el beneficiario el que las solicite por cuenta propia, de manera que ninguno de los citados puede alegar que no era consciente de recibirlas. 

José Carlos Romero, de la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas, es muy crítico con la normativa actual y exige que ese agujero legal se corrija cuanto antes. "El bono social eléctrico y térmico deben ser una herramienta de protección frente a la vulnerabilidad energética, no una ayuda general por pertenecer a un determinado colectivo. Una familia numerosa puede tener más necesidades energéticas, desde luego, pero eso no justifica que el acceso sea automático y sin comprobar ingresos", afirma el experto.

Para el resto de beneficiarios –en total hay 1.729.109 receptores del bono eléctrico en España, y casi un tercio son familias numerosas– el acceso está restringido en función de los ingresos del hogar. El bono eléctrico para consumidores vulnerables supone una rebaja en el componente energético de la factura del 42,5%, y del 57,5% para vulnerables severos. Mientras que el bono térmico supone una subvención única anual de entre 210,71€ y 400,69€, en función del grado de vulnerabilidad del consumidor y de la zona climática en la que se ubique su vivienda habitual.

También hay una diferencia fundamental entre el térmico y el eléctrico: el primero lo costean todos los españoles a través de sus impuestos y el segundo todos los consumidores eléctricos (hogares, empresas y administraciones) a través de los cargos de la factura de la luz. La CNMC calcula que el conjunto de clientes pagarán este año 437,2 millones de euros para financiar el bono eléctrico. El térmico, cubierto con los Presupuestos Generales del Estado, costó 312 millones a los contribuyentes en 2025, además de las aportaciones autonómicas voluntarias.

Sergio Tirado, investigador de pobreza energética en la Universidad Autónoma de Madrid, añade que el colectivo de familias numerosas no solo disfruta de no tener techo de renta, sino que además tiene generalmente más estudios y recursos y por eso "es el colectivo que más lo pide y más disfruta de él". Cita un estudio de Esade de 2024, que dice que mientras que el bono social solo llega al 24,5% de sus potenciales beneficiarios, en el colectivo de familias numerosas lo disfrutan el 45,5% del total, una proporción de casi el doble.

Los últimos datos disponibles del Ministerio de Transición Ecológica, de abril, muestran que 467.952 familias numerosas reciben el bono eléctrico (y por tanto, el térmico) en el país, un 27% del total de beneficiarios. De lejos es Madrid la Comunidad con más ayudas para esta tipología, con 83.068 familias numerosas cobrando. No todas son familias con tres o más hijos, ya que también se entrega este carné a padres con dos hijos si uno tiene discapacidad superior al 33%, entre otros casos.

Esta base de datos evidencia que cada vez más familias numerosas conocen esta ayuda y la solicitan. Desde enero de 2023 sus abonados han crecido un 32%. Si bien, también han crecido en otras categorías porque en general el número de españoles con bono social eléctrico ha crecido en tres años un 27%, hasta 1,73 millones de familias.

El vagón va atestado. No cabe ni un alfiler. La línea 7 del metro de Madrid arde. Vuelta al centro de la ciudad. Sombreros de paja, pantalones cortos, flores en el pelo. Mucha brillantina. “No te puedo olvidar, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar”. En una nube caribeña van todos los que han estado casi tres horas perreando con Bad Bunny en el Metropolitano. Un joven, de repente, se desgañita: “Pedro Sánchez, hijo de puta”. Espera un coro de vuelta. Pero no. Alguien pone a todo volumen su altavoz: “Un verano en Nueva Yol…” Todos aplauden, y más alto: “Si te quieres divertir, un verano en Nueva Yoooool”.

Tras años de derechización de la juventud, las encuestas empiezan a cambiar de tendencia. No todos los nuevos votantes son seguidores de Vito Quiles y abrazan los postulados machistas y xenófobos. Y en estos días ese giro empieza a detectarse a pesar del ruido de los escándalos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

En el estudio de junio de 40dB. para El País y la Cadena Ser, el PSOE es el partido con mayor intención de voto entre los menores de 24 años, con un apoyo del 25,7%, más de cinco puntos por encima de Vox (20,6%). Y muy por delante del Partido Popular (11,6%). Luego aparecen Se Acabó la Fiesta (4,6%), Sumar (4,4%) y Podemos (3,6%). Las opciones nacionalistas aglutinan un 6,2%, mientras que un 23% está indeciso en estos momentos.

Pero, además, el PSOE también se impone, según este barómetro, en la franja que va de los 25 a los 34 años, con un respaldo del 26,5%. En segundo lugar está el partido de Santiago Abascal, a más de cuatro puntos de distancia (22,1%). El Partido Popular aparece en el tercer escalón con un 16,1%. Sumar, con un 5,6%, se impone a Se Acabó la Fiesta (3,6%). El grado de indecisión se sitúa en el 17,1%. 

En cambio, está mucho más derechizada la franja de votantes que va de los 35 a los 44 años, donde la opción de Vox está a la cabeza, con un respaldo del 22,9%.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó este jueves su barómetro, que ya recoge la caída en general de cinco puntos de los socialistas por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el estallido del caso. Pero el partido de Pedro Sánchez se impone entre los votantes menores de 24 años, con un respaldo del 18,2%, por delante de Vox (14,5%) y PP (14,2%). Sumar rasca un 5,8%, por delante de Se Acabó la Fiesta (3,1%), ERC (1,8%), Podemos (1,5%) y PACMA (1,6%). 

En cambio, la ultraderecha de Abascal es la fuerza en estos momentos que gana tanto en la franja de 25 a 34 años (20,9%) como en la que va de los 35 a los 44 años (18,8%). El Partido Popular no logra ser primero, por tramos de edad, hasta la franja que va de 45 a 54 años, con un 21,3%. Los socialistas vuelven a ser primeros entre los votantes de 55 a 74 años. Alberto Núñez Feijóo vence entre los electores mayores de 75 años. 

El PSOE lleva tiempo trabajando para recuperar terreno entre los jóvenes después de años viendo cómo Vox se adueñaba de esa franja electoral. Y esa labor la ha encabezado el propio Pedro Sánchez, que dio un giro, por ejemplo, en su comunicación desde el verano pasado para llegar a este público. Desde ese momento, el presidente del Gobierno se centró en ámbitos que tenía olvidados, como TikTok. Por ejemplo, cada sábado hace recomendaciones culturales en esta plataforma y ha adaptado sus mensajes para esta red social. Y no solo él. También otras figuras socialistas como Óscar Puente, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Carlos Cuerpo y José María Albares han implantado un tono más didáctico y cercano en sus vídeos y publicaciones en Instagram.

Asimismo, como comentan varios dirigentes socialistas, muchas de las banderas del Gobierno conectan con preocupaciones de los jóvenes como su rechazo al genocidio en Gaza perpetrado por Israel, que ha provocado grandes manifestaciones estudiantiles. También la defensa de la educación pública y la lucha contra los tecnooligarcas recogen la sensibilidad de los nuevos votantes. El gran tema pendiente, reconocen varias fuentes, es la solución al problema de la vivienda, aunque creen que se ven las diferencias respecto a las políticas neoliberales de las derechas.

En el PSOE trasladan que es mentira esa imagen que quiere crear la derecha de que Sánchez es odiado por los jóvenes. “No todos los jóvenes son como los que aparecen en los vídeos de Vito Quiles”, indica un alto dirigente del partido, que contrapone esta imagen con la de Pedro Sánchez hace unos días en el festival Primavera Sound de Barcelona, donde estuvo junto a Amaia, Martin Urrutia y Juanjo Bona, figuras de la música que arrastran a centenares de miles de seguidores.

Pero, además, los jóvenes han encontrado otro punto de referencia actualmente en las llamadas izquierdas territoriales. Uno de los ejemplos es Chunta Aragonesista en las pasadas elecciones del 8 de febrero. El estudio postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre esa contienda autonómica recoge que CHA fue la formación más votada por los votantes menores de 24 años, superando el 25% de los votos. Por detrás quedaron: PP (18,5%), Vox (18,2%) y PSOE (17,2%). A continuación: Teruel Existe (4,8%), Podemos (1,7%), Se Acabó la Fiesta (1,6%), PAR (0,8%) y Sumar-IU (0,4%).

Esa candidatura de Chunta tuvo como número uno a Jorge Pueyo, conocido presentador de televisión y exdiputado en el Congreso. Una de las claves fue el uso de las redes sociales, en las que protagonizó vídeos diferentes, con un lenguaje muy cercano y con temas que preocupan especialmente a los jóvenes.

Precisamente esta fórmula también la ha empleado José Ignacio García, el número uno de Adelante Andalucía en las últimas elecciones autonómicas. El partido ha sido la gran revelación al cuadruplicar sus resultados y pasar de dos a ocho escaños en el Hospital de las Cinco Llagas. “Mis hijos han votado a Adelante Andalucía”, reconoce hasta un alto dirigente socialista sobre este fenómeno.

A falta de los estudios postelectorales en Andalucía, todas las encuestas previas reflejaron que el mayor porcentaje de intención de voto de este partido está entre los más jóvenes. García, asimismo, se ha centrado en temas como la vivienda a través de vídeos, denunciando la especulación de los fondos buitre, especialmente en zonas como Sevilla, Cádiz y Málaga. Además, ha puesto en el centro del debate los problemas de salud mental entre los jóvenes. Y fue el aspirante con mejor nota en las encuestas entre los nuevos votantes.

La idea de que todos los jóvenes son fachas empieza a quedarse en papel mojado.

El Gobierno está negociando con los grupos parlamentarios los nombres que ocuparán los puestos vacantes en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de que expiren los mandatos actuales. La presidenta, Cani Fernández, y los consejeros Josep Maria Salas y Carlos Aguilar terminan su mandato de seis años el 16 de junio. Un cuarto puesto, el de la consejera Pilar Sánchez, que entró con ellos en 2020 y cesó voluntariamente en enero de 2026, también debe ser cubierto. Que llegue esa fecha no significa que ese día se produzcan los nombramientos, pero el reloj corre y las negociaciones están en marcha.

La CNMC es uno de los organismos reguladores más importantes del Estado. Su consejo tiene diez miembros: un presidente, un vicepresidente y ocho consejeros. Supervisa los mercados de energía, telecomunicaciones, transporte, audiovisual y competencia. Multa a empresas por prácticas anticompetitivas, fija las tarifas de acceso a las redes eléctricas y de gas, regula el mercado ferroviario y, cuando el Parlamento le otorgue la habilitación que lleva más de un año esperando, será también la autoridad que vigile a las grandes plataformas digitales en España y supervise asuntos tan delicados para los medios de comunicación como el reparto de la publicidad institucional.

El procedimiento de renovación está fijado en la Ley 3/2013, aprobada con mayoría absoluta del PP bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. El Gobierno nombra a los consejeros mediante real decreto, a propuesta del ministro de Economía, entre personas de reconocido prestigio en los ámbitos de actuación del organismo. Antes de que el decreto se publique, el candidato debe comparecer ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, que tiene un mes para vetarlo.

Ese veto requiere mayoría absoluta de esa comisión, es decir, al menos 19 de sus 37 diputados. El PP tiene 14 y Vox, tres. Suman 17. No llegan solos. Para bloquear un nombramiento necesitan el apoyo de, al menos, dos diputados más de otros grupos. Sin ese apoyo adicional, los candidatos del Gobierno salen adelante.

El Ejecutivo (PSOE y Sumar, con 12 y tres diputados en la comisión, respectivamente) da por hecho que no puede pactar los nombres con el PP, así que necesita llegar a acuerdos con ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG (con un diputado cada uno). 

En su última comparecencia anual ante la Comisión de Economía, el 21 de abril, la presidenta saliente, Cani Fernández, dedicó el cierre de su intervención a hablar de la renovación y de lo que considera las dos deudas pendientes del Congreso con el regulador.

La primera es la habilitación para aplicar en España el Reglamento de Servicios Digitales de la UE, conocido como DSA por sus siglas en inglés. Ese reglamento, en vigor desde febrero de 2024, obliga a cada Estado miembro a designar una autoridad coordinadora con poderes reales para supervisar, investigar y sancionar a las plataformas.

El Gobierno designó a la CNMC en enero de 2024, pero no le dio los instrumentos legales para actuar. El organismo tiene el título, pero no las herramientas. Fernández lo resumió sin rodeos ante los diputados: sin esa habilitación —que el PP se ha negado a conceder las dos veces que se sometió a votación en el Congreso—, la CNMC no puede investigar ni sancionar a los prestadores de servicios establecidos en España ni proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las plataformas digitales.

La segunda norma pendiente es la EMFA, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que también asigna funciones al regulador nacional. España acumula retraso en ambas.

“En sus manos está, señorías”, dijo Fernández antes de pedir que la renovación se produzca con garantías de independencia, rigor técnico y continuidad institucional.

La realidad es que el Partido Popular lleva meses utilizando la renovación de la CNMC como palanca. Cuando el Congreso rechazó en abril la proposición de ley del Grupo Socialista que habría dado a la CNMC los poderes necesarios para aplicar el DSA, el PP argumentó que ampliar las competencias del regulador antes de renovar su consejo era crear un instrumento de control político. Exigió primero la renovación, con consejeros de su agrado, y después las competencias.

El argumento tiene un problema de fondo. El DSA no es una opción que el Gobierno pueda decidir aplicar o no. Es un reglamento europeo directamente aplicable. La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España en julio de 2024 y, tras un dictamen motivado que Madrid no atendió, llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE en mayo de 2025. El caso tiene ya número de registro: C-841/25. Si el tribunal declara el incumplimiento y España no corrige la situación, pueden llegar sanciones económicas.

La posición del PP recuerda a la que sostuvo durante años con el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación bloqueó para asegurarse de que los nuevos vocales fuesen de su agrado. La diferencia con la CNMC es que aquí el mecanismo legal no permite al PP plantear un bloqueo indefinido: la ley establece plazos y el Gobierno puede nombrar sin el voto afirmativo de los de Alberto Núñez Feijóo, siempre que no exista un veto respaldado por una mayoría absoluta que la derecha no alcanza por sí sola.

La CNMC que se renueva ahora no es la misma institución que existía cuando fue creada en 2013. Sus competencias han crecido. Tiene ya atribuida la supervisión del audiovisual, la defensa de la competencia, la regulación energética y el sector ferroviario. Le faltan dos piezas que llevan tiempo en el Boletín Oficial europeo, pero no en el español: la coordinación del DSA y el desarrollo de la EMFA.

En su comparecencia de abril, Fernández recordó que la CNMC presidirá el organismo de reguladores europeos de telecomunicaciones, BEREC, en 2027, y que durante 2025 presidió el Media Board de la UE, que se ocupa de la EMFA. La institución tiene peso internacional. Pero, en casa, el regulador lleva más de un año sin poder ejercer las funciones que le corresponden por derecho europeo.

Los mandatos que vencen el 16 de junio se renuevan de forma parcial cada dos años precisamente para evitar que un solo gobierno controle el organismo de golpe. Quien ocupe la presidencia ahora tendrá un mandato que se extenderá hasta 2032. De ahí las maniobras del PP para intentar condicionar el nombramiento o, al menos, retrasarlo, pensando en poder hacerlo a su gusto el año que viene si, como dicen las encuestas, consigue controlar el Congreso con la ayuda de la ultraderecha de Vox.

La renovación afecta a varios ministerios. Economía, ahora en manos de Carlos Cuerpo, que siempre ha sido quien ha controlado el organismo, aspira a seguir haciéndolo. Pero otros departamentos, cuya labor se ve fuertemente afectada por las decisiones de la CNMC, como es el caso de Transportes (Óscar Puente), Transformación Digital (Óscar López) y Transición Ecológica (Sara Aagesen), también tienen algo que decir. Será el presidente Pedro Sánchez quien, en última instancia, decida.

En todo caso, no hay mucho margen de maniobra, porque solo hay cuatro asientos a repartir. Si se repite el reparto de 2020, el PSOE se reservará la presidencia y un consejero, Sumar nombrará a otro —hace seis años lo hizo Podemos— y ERC al cuarto.

El problema, una vez más, es Junts, que logró en 2024 un asiento, el de Pere Soler, todavía en el cargo, pero con el que no están satisfechos por no haberse opuesto a la opa del BBVA sobre el Sabadell, y quiere volver a designar un representante. Si se alinea con PP y Vox, tiene en su mano bloquear indefinidamente la renovación.

La primera prueba para el Partido Popular y Vox en Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo se saldó esta semana sin acuerdo. La extrema derecha no estará en el órgano de gobierno del Parlamento andaluz— también ocurrió en Extremadura y Aragón — yaunque eso no equivale a una ruptura de la negociación, retrata el pulso entre el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla y el de Vox, Santiago Abascal, antiguos compañeros de Nuevas Generaciones del PP, que distintas fuentes apuntan a que será “largo”.

Desde el partido de Santiago Abascal aseguran que su prioridad es el contenido del acuerdo — de gobierno o de legislatura—  con medidas, garantías de cumplimiento y una traducción andaluza de sus banderas nacionales, desde la "prioridad nacional" con la que pretenden discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas, tachada de “eslogan vacío” por el presidente andaluz, a las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el niqab y el  rechazo a la Agenda 2030, entre otras cuestiones.

Con todo, en Vox ya hay voces de la dirección del partido que admiten en privado que es un “marrón” gobernar en comunidades con “mucho presupuesto”, como es el caso de Andalucía. La duda acompaña a Vox desde su salida de los ejecutivos autonómicos compartidos con el PP en julio de 2024. Aquella ruptura le permitió volver al terreno en el que mejor se maneja la ultraderecha, con la confrontación y la denuncia del "sistema” por bandera. Y sus propios dirigentes reconocen que es más cómodo no responsabilizarse de problemáticas inherentes a la gobernabilidad como las listas de espera, el campo, la vivienda o la seguridad. 

Desde entonces, distintas lecturas dentro y fuera del partido coinciden en que Vox se mueve mejor cuando influye desde fuera que cuando debe responder por la letra pequeña de la administración y así lo reflejan también los sondeos. Su etapa en gobiernos autonómicos con el PP coincidió con una fase de debilidad: tras caer al 12,4% y perder 19 escaños en las generales de 2023, la mayoría de encuestas lo situaron durante meses en torno al 9%-12%, y en las europeas de junio de ese año obtuvo un 9,6%, por debajo de su resultado del 23J, además de sufrir la competencia de Se Acabó La Fiesta en el espacio ultra. La salida de los ejecutivos autonómicos en julio de 2024 le permitió recuperar posiciones. 

Con todo, según aseguran fuentes de la formación ultra, entre sus planes sí está pedir entrar en el Ejecutivo andaluz, aunque reconocen que, en ese caso, aplicarían la “proporcionalidad debida”, ya que Moreno se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta. Aun así, también contemplan la posibilidad de no entrar en la Junta y apoyar desde fuera pero siempre “con un acuerdo” tangible que tiene que incluir su consigna racista de ‘los españoles primero’, que el PP vincula sin embargo con el arraigo.

En el caso andaluz, Juanma Moreno reprochó a Vox su falta de capacidad de gestión durante la campaña. Llegó a afirmar que "no quieren gobernar porque no saben" y que la formación ultra no tenía “equipos preparados” para ello, además de calificar la "prioridad nacional" de eslogan vacío e incluso ilegal cuando implica discriminar por nacionalidad en el acceso a recursos públicos. Ese discurso buscaba movilizar al electorado conservador en busca de una mayoría absoluta que finalmente no se produjo. Pero también generó un efecto boomerang que también alimentó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que Abascal se vio empujado a demostrar que no huía de las responsabilidades. 

El líder de Vox no quiere aparecer como la muleta del PP ni tampoco como el líder de una formación que no sabe gestionar, sobre todo si su objetivo es llegar a La Moncloa de la mano de los conservadores. “El señor Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere gobernar, que no tiene valor para gobernar, que sale corriendo. Le tengo que decir sí vamos a gobernar en las tres regiones", señaló tras las elecciones de Castilla y León. Vox decidió entonces entrar a gobernar en coalición en esa comunidad, en Extremadura y Aragón. Unos pactos que, en realidad, son papel mojado porque determinadas promesas exceden las competencias autonómicas y dependen de la legislación estatal, europea o de los tribunales.

Andalucía, sin embargo, es harina de otro costal, según admiten fuentes cercanas a Abascal. La Junta maneja uno de los mayores presupuestos autonómicos del país y competencias de alta exposición pública. Para Vox, asumir una consejería implicaría entrar en la gestión de una comunidad con más de ocho millones de habitantes y un presupuesto que supera al de las tres comunidades anteriormente citadas. Concretamente, son 51.597,9 millones de euros en 2026: 5,8 veces el de Extremadura, 5,6 veces el de Aragón y 3,3 veces el de Castilla y León. Incluso comparado con la suma de las tres —unos 33.714,6 millones de euros—, Andalucía gestiona 17.883,3 millones más, es decir, 1,5 veces más que Extremadura, Aragón y Castilla y León juntos.

Por su parte, hay sectores del PP — aunque Moreno no es uno de ellos—  que creen que es peor dejar fuera a Vox fuera de las instituciones, porque de esa manera capitalizan el enfado social sin pagar peaje por la gestión. Algunos conservadores consideran que es más inteligente hacer el llamado  “abrazo del oso” a su socio de gobierno, teniendo ellos la posición mayoritaria lo que implica apropiarse de los “éxitos”. Esto, a su vez, implica que los de Abascal entren, gestionen y se desgasten, aunque sea a costa de ceder en cuestiones como la “prioridad nacional” y tener menos sillones para los suyos, especialmente si eso lleva consigo que Vox pierda fuerza a nivel electoral de cara también a las próximas generales.

La tesis, especialmente compartida en Génova, es que mientras Vox permanezca fuera de los gobiernos, puede presentarse como una fuerza libre de contradicciones, dedicada a agitar agravios y denunciar las supuestas tibiezas de la "derechita cobarde" o el "PSOE azul", en palabras de una fuente del equipo de Feijóo. En cambio, una vez dentro de los ejecutivos, los ultras se convierten en corresponsables de la gestión de los servicios públicos y los presupuestos. Esto supone también un giro para el planteamiento del líder del PP, que siempre ha reivindicado los gobiernos en solitario, y ahora asume que el futuro pasa por incorporar a Vox al gabinete, si no le queda más remedio, auto enmendado su supuesta moderación.

Tras años de vaivenes con la ultraderecha, el PP ha concluido, según admiten fuentes de la dirección, que su problema no es pactar con Vox, sino dejarlo crecer al margen de las instituciones. Una decisión que no responde solo a una necesidad aritmética, sino a una estrategia política de largo alcance. El objetivo final de Génova es frenar el ascenso de los ultras replicando la estrategia de 2023 tras las autonómicas y municipales, aunque también existe el temor de que se vuelva a repetir un escenario en el que ambas fuerzas no sumen. Lo ideal, creen en Génova, es que el PP “triplique” en escaños a Vox.

La paradoja es que tanto PP como Vox tienen incentivos contradictorios. Moreno quiere gobernar en solitario para preservar su perfil de “gestor moderado”, pero necesita a Vox para reeditar en la Junta, si bien ambas formaciones descartan el escenario de una repetición electoral. Los ultraderechistas quieren imponer el programa y condicionar la acción de la Junta, con el temor de quemarse si asumen la gestión de áreas complejas. Y, aunque una parte del PP, cree que les viene bien que los ultras entren para que se desgasten, una coalición también puede reforzarlo como partido de gobierno. Y Vox puede preferir quedarse fuera, pero después de meses de reproches por "no saber gobernar", una negativa abierta alimentaría la crítica que Abascal intenta desactivar. El “lío”, como diría Moreno, está hecho.

Se esperaba con impaciencia este CIS post imputación de Zapatero para calibrar el roto en el electorado socialista y ya podemos hacernos una composición de lugar, resumida en cinco claves expuestas desde el análisis independiente de las tablas publicadas:

1. El Partido Popular, pese a perder casi medio millón de votos respecto a las elecciones de 2023, sería hoy la formación más votada con 7.631.000 papeletas. Afianza su primera posición con un 31,2% de los votos y 134 escaños, solo tres por debajo de los que logró hace ahora tres años. 

Feijóo no enamora a sus votantes pero el PP avanza. La digestión andaluza ha sido aparentemente buena, sin que la pérdida de la mayoría absoluta haya tenido penalización. Otra cosa es el significado interno, al cerrarse una vía y quedarse sola Ayuso en la aspiración de gobernar sin la formación verde. 

2. Vox obtendría hoy 4.069.000 votantes, mejorando en casi un millón el resultado que obtuvo en 2023. Eso se traduciría en un 16,9% de votos y 59 escaños. Lejos queda el 20% que alcanzó previo a las negociaciones para formar gobierno y su tardía decisión de entrar en los mismos, a la que le siguió un deterioro continuado de su apoyo electoral. 

La prioridad nacional les ha devuelto foco, las informaciones sobre las desavenencias internas han pasado a segundo plano y los números de este CIS parecen indicar que ha parado la caída y se estabiliza en el 16% - 17%. La transferencia del PP a Vox está hoy fijada en el millón de votos y ancla la dependencia de Feijóo a Abascal. Juntos obtendrían hoy 193 escaños, 17 por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176.

3. El Partido Socialista obtendría hoy 6.784.000 votos, perdiendo casi un millón de apoyos respecto a las elecciones generales de julio de 2023. Con el 27,8% de los sufragios y 113 escaños se queda lejos del Partido Popular. Ni siquiera el voto prestado que le llega de Sumar (459.000) les rescata en esta ocasión. 

El PSOE no tiene muchos motivos para sonreír, pero al menos puede respirar aliviado por el hecho de que la transferencia del PSOE al PP y Vox se mantiene en valores parecidos a los conocidos previos al caso Zapatero, en torno al 8%. 700.000 votantes harían en estos momentos el viaje de izquierda a derecha. Esto es importante -el clavo ardiendo al que posiblemente se agarren en Moncloa- en la medida en que el descontento se traduce en desmovilización y no en fuga a otros partidos. Si sumamos el voto que se va a marcas minoritarias, blanco y abstención suman 1.100.000 papeletas que podrían perderse para la izquierda, y de los que seguramente una parte sean aún persuadibles. 

4. Sumar y Podemos ni están ni se les espera. Sacarían hoy 2.164.000 votos. Sumar 1.475.000 y 8 escaños. Podemos 688.000 y 2 asientos. 10 escaños en total, frente a los 31 que lograron juntos. Al perjuicio en términos de escaños de ir por separado, se suma la doble penalización de la ley D’Hondt resumida en un hecho, que por sí solo debería empujar a la reflexión: la pérdida de un 28% de votos se traduce en la pérdida de un 68% de sus escaños. 

5. Pese a que todos los partidos pierden votos respecto a 2023 menos Vox, y pese a que PSOE y Sumar envían un número considerable de electores a la abstención, la participación si hubiera hoy elecciones subiría del 66,6% al 69,2%. De ahí se infiere la movilización tan alta que tiene hoy la derecha. 

Más allá de lo electoral, el CIS pregunta también por los principales problemas de los españoles y los resultados muestran un país preocupado, en primer lugar, por la vivienda (42% de menciones) y decepcionado con la clase política (29% de menciones si sumamos “gobierno”, “partidos”, “políticos”; “mal comportamiento de los políticos” y “lo que hacen los partidos”). La corrupción (18%) escala posiciones y se sitúa ya como uno de los aspectos más citados. Si a la denuncia a la clase política le sumamos la corrupción, englobado todo bajo el paraguas de la desafección ciudadana, ésta se convertiría en el principal problema (47%).

En un segundo nivel aparece la economía (crisis económica, problemas de índole económico, calidad del empleo) y la inmigración. Desde la óptica de partido los votantes de PSOE y Sumar están especialmente preocupados por la vivienda, mientras los de PP y, sobre todo, Vox, lo están por la inmigración. 

Para acabar, el CIS introduce en este barómetro también la pregunta sobre las expectativas de voto en unas supuestas elecciones autonómicas que se celebraran en la actualidad. Lo más interesante a este respecto es que mientras el PP mantiene fiel su base de apoyo en generales (un 78% declara directamente que le votaría, antes de asignar indecisos), el PSOE y Vox apenas harían lo propio con un 56% de los suyos. Esto no hará sino incrementar los nervios de candidatos y equipos de campaña según se acerquen esos comicios locales y regionales. 

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Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab.

“Nos quieren vender la idea de que es dinero tirado a la basura, dinero que sale fuera y se pierde. La cooperación internacional crea puestos de trabajo, como el mío, con el que pago mi casa en mi pueblo y con el que cotizo en España. Somos muchos los que, siendo jóvenes, nos hemos formado en este campo y hemos logrado aplicar una gran profesionalidad a cada proyecto para que todo esté muy medido. Nuestra región era un ejemplo y un faro a seguir, y lo vamos a perder”, expresa la extremeña Marina del Barrio Rodríguez.

Ella es de Azuaga, en la provincia de Badajoz, tiene 35 años y hace estas declaraciones desde Perú, concretamente desde la región de Loreto, donde forma parte de un programa de prevención de la violencia en niñas y mujeres. Entre otras batallas, intenta evitar que adolescentes menores de edad se queden embarazadas.

Tuvo su primera experiencia sobre el terreno en El Salvador gracias a un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), hace siete años. También ha estado en Colombia. Y ha trabajado en la Asociación Malvaluna de Mérida, que presta ayuda a mujeres víctimas de la violencia machista. La labor que ahora desarrolla cuenta solo con fondos nacionales y de la Generalitat Valenciana: no hay dinero extremeño.   

“Siento una enorme tristeza porque Extremadura va a sufrir el mayor recorte en solidaridad y eso va a suponer dejar programas a medias y abandonar a las poblaciones. Si no llegamos nosotros a determinados lugares, hay vacíos, y aparecen otras cosas, como las guerrillas o las agresiones medioambientales”, se lamenta Del Barrio.

También se indigna por la visión que se quiere transmitir sobre el significado de la cooperación internacional: “Es un recurso que nos demuestra que la migración está a la orden del día, porque nos vamos a seguir marchando a donde haga falta en busca de una mejor vida”. Al hilo de esta reflexión, añade: “Mi familia se tuvo que ir a Suiza, a Alemania, a Bélgica…”.

A su testimonio se une el de Javier Martín, del municipio de Segura de Toro, en la provincia de Cáceres. Tiene 66 años y ha dedicado toda su carrera a la cooperación. Empezó en 1992, en la guerra de los Balcanes, y ahora sigue como voluntario en Sahel, en Mali. Además, preside el Movimiento Extremeño por la Paz (MEP). Está especializado en situaciones de emergencia humanitaria en escenarios de desastres naturales y de conflictos armados.

Tras décadas de vivencias sobre el terreno, argumenta: “Sin estos proyectos, los jóvenes pierden la oportunidad de prosperar en su tierra. Al truncar estas alternativas económicas que se les ofrecen, se les empuja a dos salidas desesperadas: caer en las redes de reclutamiento de grupos extremistas o jugarse la vida en rutas migratorias mortales hacia Europa. Reducir el dinero de los programas de cooperación contradice el propio discurso en el que tanto se insiste. Al ahogar la ayuda en origen, se destruye el único freno real y humano a la migración forzosa, agravando la crisis humanitaria en las fronteras”.

Y prosigue: “No es solo un ajuste de cuentas en un despacho, es el desmantelamiento de un tejido solidario, social y técnico que ha tardado mucho en construirse”.

Martín traza también una comparación con la propia historia de Extremadura: “Perder este recurso significa que nuestra región le da la espalda a la solidaridad entre los pueblos, y a nuestra propia memoria, empobreciéndose éticamente al olvidar que hace solo unas décadas los extremeños eran quienes buscábamos un futuro lejos de casa, como hicieron mis padres”.

Las críticas y paradojas que ambos plantean son la respuesta y el análisis ante la reciente decisión de la Junta. En los presupuestos regionales de 2026, que ya han sido presentados por el PP y apoyados por Vox, se cumple uno de los puntos recogidos en el acuerdo que la derecha y los ultras firmaron para que hubiera gobierno regional: un recorte sin precedentes a la cooperación internacional.

Así, de los casi 11 millones de euros que se destinaban a este apartado se ha pasado a 2,7 millones. Si ya la primera cifra apenas representaba un 0,12% del montante total, ahora la cantidad queda rebajada a solo un 0,03%. Las cuentas planteadas para este año (o más bien para los meses que quedan de él) llegan a los 8.854 millones de euros y la Junta presume de que es la mayor cifra presupuestaria de la historia de Extremadura.

Esta merma ha provocado la “renuncia” de la directora de la Aexcid, Isabel Belloso Bueso, cuyo puesto no se va cubrir porque no se considera necesario.

Conviene recordar que las competencias de la cooperación internacional están en la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una cartera que dirige Óscar Fernández Calle, uno de los miembros de Vox que forma parte del Consejo de Gobierno y que además es vicepresidente del Ejecutivo regional.

Fernández Calle argumentó que la salida de Belloso supondrá un ahorro de “85.000 euros anuales”. “No vamos a poner a nadie para que esté cobrando un sueldo sin hacer nada prácticamente”, ha afirmado.

Sus palabras no quedaron ahí: “Hemos recortado 10 millones de euros en asociaciones y entidades que promueven la inmigración masiva y descontrolada y en cooperación para cubrir muchas de las necesidades de los extremeños en nuestra tierra”, subrayó. También se refirió, por ejemplo, a duplicar las ayudas a la natalidad con el convencimiento de que esta medida fomentará que haya más nacimientos en la región.

Tras estas manifestaciones, el veterano cooperante Javier Martín asegura: “Reducir el presupuesto al 0,03% asfixia a unas 60 organizaciones, forzando unos 200 despidos y la pérdida de profesionales extremeños muy especializados”.

Tanto él como su compañera Marina del Barrio destacan también que parte de los fondos de cooperación se destinan a la Educación para la Ciudadanía Global en Extremadura, por lo que se recortará “en talleres y charlas en colegios e institutos que educan en tolerancia, diversidad y derechos humanos, debilitando la empatía de las nuevas generaciones”.

La decisión de la Junta ha provocado críticas e indignación en diversos sectores. Por ejemplo, desde las delegaciones de Personas Migrantes y Refugiadas de las diócesis extremeñas pidieron en un comunicado que se diera marcha atrás: “Con la cooperación internacional ganamos todos y no pierde nadie. Y recibimos ayudas de otros pueblos de Europa”, rezaba el escrito.

Desde la Coordinadora Extremeña de ONGD resaltan que se “destruye el trabajo de 30 años de solidaridad” y que se deja de “cumplir con los compromisos internacionales”.

El recorte puesto sobre el papel que aplicará la Junta afecta igualmente a las entidades que prestan servicio a quienes llegan de fuera, por ejemplo, la Asociación Migrante-Obrera (Amoex): “Rechazamos la criminalización hecha al trabajo de acompañamiento de personas migrantes en la región. Esta labor se encuentra amparada por la legislación internacional de los Derechos Humanos, por la normativa europea y la Constitución Española”, resaltan.

Entre otras funciones, Amoex ayuda a personas de distintos países en el proceso de regularización. Esta asistencia también la presta el Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura (Las Migrantas), que han decidido renunciar a dos subvenciones gestionadas por la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia “por coherencia”. 

Desde Las Migrantas afirman: “El trabajo que hacemos está centrado en la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y exiliadas, en visibilizar sus aportaciones y en promover un enfoque que dignifique la movilidad humana. Ese trabajo es incompatible con discursos que presentan la migración como un problema y que contribuyen a su estigmatización”.

La denuncia por los recortes es evidente, pero desde la consejería de Vox ya han remarcado que “no hay marcha atrás”.

Blessing nació en Nigeria, en una familia pobre en la que convivía con sus siete hermanos. A los 14 años estaba sola. Y a los 22 decidió tratar de llegar a Europa, dejando atrás a sus hijos de cuatro y dos años. Quería ir a otro continente para ganar dinero y darles la vida que ella no pudo tener. Entonces quedó en manos de la mafia con una deuda de 25.000 euros. Esperó meses encerrada, sin poder bañarse. Y vio cómo otras personas salían antes que ella en una patera y morían en el mar.

Pero ella decidió también arriesgarse. Su patera sí llegó a la orilla en Canarias. Pero allí le quitaron a su bebé de once meses, fruto de una violación de uno de los hombres de la mafia que trafica con los migrantes. La obligaron a prostituirse para devolver ese dinero. 

La historia de Blessing rompe cualquier corazón. Hoy no puede mostrar su rostro porque está protegida por la Policía ante las amenazas de esos mafiosos. Pero su testimonio fue leído por otra persona durante el acto del papa León XIV en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, por razones de seguridad.  

Después de los fastos en Madrid y Barcelona, Canarias es el verdadero mensaje que trae el papa a España. Un mensaje de solidaridad y de integración de los migrantes, con un alto calado simbólico y político en una Europa dominada en cierta medida por los partidos ultras y por los postulados xenófobos, que han comprado la mayoría de los partidos conservadores en el continente.

Es un mensaje del papa a todo el continente europeo desde Canarias, epicentro de la ruta más peligrosa de los migrantes por el mar. Un grito que, además, se produce desde España en un momento en el que el Partido Popular y Vox protagonizan pactos de investidura y de presupuestos bajo el concepto de “prioridad nacional” en comunidades como Extremadura, Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana.

"No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", dijo el pontífice desde el puerto de Arguineguín, conocido como el “muelle de la vergüenza” después de que en 2020, en plena pandemia, llegaran a hacinarse allí más de dos mil migrantes llegados en pateras y cayucos desde las costas africanas. 

Otra de sus ideas pasa por este enunciado: "Queridos migrantes: antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás; con sueños que nadie tiene derecho a despreciar". Una frase que choca de lleno con el tratamiento de las derechas sobre las personas migrantes y su intento de despojarlas de humanidad con expresiones como “menas” para referirse a los menores migrantes no acompañados.

El discurso del papa pasa, en estas horas de su visita a Canarias, por poner el foco también en aquellos que quieren dar la espalda a la realidad y negar ayuda a las personas que cruzan el mar. Sus palabras remarcan la necesidad de que todo el mundo se vuelque en esta misión: "Gracias de corazón a cuantos se suman a los rescates, a la acogida y al acompañamiento, dando testimonio de que la misericordia concreta puede salvar y cambiar vidas. La acogida del migrante no puede ser algo secundario ni estar delegada únicamente a algunos voluntarios.". 

Con esta filosofía: "Que la historia no tenga que acusarnos de haber convertido el dolor de los que sufren en paisaje habitual de nuestras costas. Porque hoy, aquí, junto al mar, cada vida que llega nos pregunta qué queda de nuestra humanidad. Tarde o temprano, se sabrá si supimos custodiarla o si dejamos que la indiferencia hablara por nosotros". 

La visita del papa también ha puesto en el centro la labor de Cáritas. Ya en Madrid visitó un centro de esta institución en el barrio de Lucero, mientras que en el archipiélago ha estado junto a trabajadores y voluntarios. Todo ello en un momento en el que Vox aprieta sus críticas a esta organización, a la que acusa incluso de hacer negocio con la migración y a la que trata de retirar ayudas. Por eso, el mensaje de León XIV es muy potente en este sentido contra la ultraderecha.

Asimismo, el pontífice incide en estos postulados de acogida en un momento en el que el debate en España está marcado en buena parte por la regularización de migrantes que lleva a cabo el Gobierno y que puede legalizar a más de 500.000 personas que ya trabajan en España. Este proceso está siendo utilizado por el PP y Vox para cultivar su discurso xenófobo, alimentándolo para aumentar en intención de voto como ha sucedido en otros países como Francia e Italia.

Asimismo, el racismo y el discurso contra la migración siguen expandiéndose a toda velocidad por Europa. La tensión se ha apoderado de Irlanda del Norte, donde se han vivido ya varias jornadas de disturbios racistas tras una agresión atribuida a un hombre sudanés en Belfast. Grupos de extrema derecha están alentando a los ciudadanos a cometer agresiones violentas contra la comunidad migrante.

Desde el Gobierno de España se da mucha importancia a las palabras del papa León XIV e incluso en Moncloa las califican de “espaldarazo” a su política migratoria, que va en dirección contraria a la mayoría del continente y de países como Estados Unidos, donde Donald Trump ha instaurado un régimen de terror entre los migrantes con la policía paramilitar del ICE.

El Ejecutivo, en un momento muy complicado de la legislatura por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la investigación del caso Leire Díez, busca reivindicar su política migratoria y retratar la hipocresía de las derechas. Ese espíritu lo verbalizó la portavoz y ministra de Inclusión, Elma Saiz: "El otro día vimos cómo la bancada del PP y de Vox en el Congreso aplaudía el discurso de León XIV. Los aplausos no transforman vidas, lo que transforma son las leyes justas que ponen en el centro a las personas. Y el PP y Vox, con su prioridad nacional, están en contra, así que desde luego me preocupa".

El último barómetro del CIS revela que el PSOE ha perdido 4,9 puntos de apoyo electoral tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la entrada de la UCO en Ferraz, y aunque seguiría ganando las elecciones con el 31,3 % de los votos, el PP se le acerca y queda a solo 4,2 puntos.

El muestreo, a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre el 1 y 4 de junio, recoge una subida de 2,2 puntos para el PP, hasta llegar a un voto estimado del 27,1%, lo que le permite reducir a menos de la mitad la distancia que le separaba de los socialistas en la anterior encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vox se mantiene en tercera posición, aunque se deja cuatro décimas (15,8%), mientras Sumar sube siete décimas hasta el 6,4% y Podemos gana tres décimas, con el 2,8% de voto estimado. 

El CIS dibuja un panorama político muy diferente al que mostró hace dos semanas, antes de la imputación de Zapatero en la causa de Plus Ultra y de las novedades en el caso Leire que llevaron a agentes de la UCO a acudir a la sede del PSOE para recabar información sobre una presunta trama para boicotear investigaciones judiciales que perjudicaran al PSOE o al Gobierno.

Entonces el PSOE ganaba al PP por 11,3 puntos con un 36,2 % de los sufragios, una ventaja que se ha visto reducida en muy poco tiempo.

Entre las otras formaciones políticas, ERC se deja siete décimas y lograría el 1,9% de los votos si hubiera elecciones; Junts gana dos décimas en este barómetro hasta el 1% de apoyo y Se Acabó la Fiesta (SALF) cae cinco pero aún así el CIS le atribuye un 1,9% de los votos.

Entre los partidos vascos, EH Bildu se sitúa en primer lugar gracias al 1,2% de los votos (tres décimas más) y el PNV sube una décima y logra el 0,6%; el barómetro concede tres décimas más y el 1% al BNG, CC gana una décima hasta el 0,2% y UPN repite su 0,1%

El líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente pero solo para uno de cada cuatro españoles (el 25%), cuando en el anterior barómetro lo era para el 29,4%; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue en segunda posición, favorito para el 13,4%, y el de Vox, Santiago Abascal, en tercer lugar (9,5%).

El muestreo apunta que crece la desconfianza en Sánchez, puesto que el 68% de los encuestados manifiesta que le inspira "poca" o "ninguna" confianza, cuando en el anterior sondeo era el 63%; no obstante, son más los que desconfían del líder del PP: 78,4%.

Se mantiene la tónica consolidada de que ningún dirigente político aprueba en opinión de los ciudadanos, y Sánchez conserva su primer lugar con una nota de 4,21 puntos sobre diez, seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (4,05), de Feijóo (3,79) y de Abascal (2,99).

Un mes más la vivienda es citada como el principal problema que existe en España, con el 41,5% de menciones, en una tabla donde le siguen los problemas económicos (19,2%) y la inmigración (18,9%).

La corrupción pasa de la décima posición a la cuarta entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, ya que si en mayo era citada por el 9,1%, ahora la señalan el doble de entrevistados (18,4%).

Eso sí, los problemas que más inquietan personalmente a los españoles son los económicos (28,4 %), la vivienda (27,4%) y la sanidad (21,7%).

Al preguntar por la situación económica de España, un 56,6% dice que es "mala" o "muy mala", pero cuando el CIS pregunta por su situación económica personal las tornas cambian y una mayoría del 68,4% dice que es "buena" o "muy buena".

En cuanto a la situación internacional, el 69% de los encuestados se muestra "muy" o "bastante" preocupado por la guerra en Oriente Medio y el 61,6 % también lo está por la invasión de Rusia a Ucrania.

Durante años, una parte significativa del debate político y mediático español aceptó como una verdad casi incuestionable la existencia de un "sector moderado" dentro del Partido Popular. Era la corriente que, teóricamente, encarnaban dirigentes como el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente andaluz Juanma Moreno y otros de sus homólogos presentados como gestores pragmáticos, alejados de la confrontación ideológica y capaces de ocupar el espacio del centro político. Frente a ellos estaba el "sector duro", identificado con dirigentes como José María Aznar, el antecesor de Feijóo en el cargo, Pablo Casado, o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, lo ocurrido en  los últimos años obliga a plantear si realmente existió alguna vez ese sector moderado, los “halcones frente a las palomas”, o fue más bien una construcción discursiva útil para ampliar la base electoral del partido. La diferencia entre Moreno y Ayuso, o entre Feijóo y otros dirigentes considerados más duros, parece residir más en las formas que en los límites políticos. Así, cuando llega el momento de decidir si la extrema derecha de Vox es un socio aceptable para gobernar, las diferencias no existen.

La llegada de Feijóo a la presidencia nacional del PP, en abril de 2022, evidencia incluso ese cambio discursivo. Durante más de una década, el entonces presidente de la Xunta fue presentado como el ejemplo de una derecha templada, autonomista y alejada de los excesos de la política madrileña. Buena parte de los análisis interpretaron su desembarco en Génova como un giro hacia la moderación tras la defenestración colectiva que acabó con Pablo Casado tras su enfrentamiento abierto con Ayuso.

En enero de 2019, todavía como presidente de la Xunta, Feijóo situó a Vox en "el ámbito de la extrema derecha" y defendió que el PP seguía ocupando el "centro político": "Si nos hubiésemos ido a la extrema derecha no habría nacido Vox o nos habríamos cambiado el nombre", afirmó entonces. Sin embargo, tras alcanzar la presidencia nacional no solo asumió los marcos discursivos de la derecha más conservadora en cuestiones como la memoria democrática, la inmigración o las alianzas parlamentarias, sino que normalizó los acuerdos con Vox allí donde resultaban necesarios para acceder o conservar el poder. 

La hipótesis de que existe una corriente moderada enfrentada a otra más radical se debilita aún más cuando se observa el comportamiento de otros líderes territoriales. Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo en Galicia, no necesita actualmente a Vox para gobernar gracias a su mayoría absoluta. Pero nada indica que mantuviera una actitud diferente si las matemáticas parlamentarias fueran otras. La trayectoria de Feijóo y del conjunto de la organización apunta precisamente en sentido contrario.

Sobre Vox, la verdad se impuso muy temprano. Aún no había llegado Feijóo a Génova en 2022 cuando dio su bendición a la decisión de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, de meter por primera vez a los ultras en un Ejecutivo autonómico. Aquí el actual líder del PP sí se distinguió de su predecesor. Casado marcó una frontera nítida con los de Santiago Abascal en la primera moción de censura que los ultras presentaron contra Pedro Sánchez, en el otoño de 2020, votando ‘no’ y mostrándose extremadamente crítico con ellos.

Justo al revés que Feijóo, impulsor de una relación mucho más complaciente, que ordenó a su grupo parlamentario abstenerse en la segunda, votada en marzo de 2023, en la que los ultras presentaron como candidato al economista Ramón Tamames.  Feijóo, a diferencia de Casado, mantuvo transitables todos los puentes con Vox hasta el punto de que no dudó en transformarlos en sólidas alianzas después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 con tal de asegurarse una inmensa cuota de poder. Una operación que se ha repetido en este nuevo ciclo electoral.

Esto contrasta con su primer discurso como presidente del PP, en abril de 2022, cuando no citó expresamente a Vox, pero a los que dirigió mensajes inequívocos: "No creo en adanes, ni en caudillos, ni en salvadores", "Guárdense sus carnés de patriotas, guárdense las soflamas", apuntó.  Tres años después, el contraste es evidente. En el congreso nacional del PP de julio ya rechazó un "cordón sanitario" a Vox, defendió que sus votantes "merecen respeto" y asumió varios de sus marcos, desde la inmigración hasta el "adoctrinamiento" o la crítica al feminismo. 

La evolución, con todo, no es únicamente terminológica. El presidente del PP que se presentaba como antídoto moderado frente a la extrema derecha en la Xunta de Galicia acabó tratándola como socio legítimo y necesario cuando la aritmética del poder lo exigió. Una estrategia que han seguido los barones autonómicos de su formación cuando lo han necesitado.

Entre ellos, el presidente andaluz Juanma Moreno, que ha sido presentado como la cara amable del PP, un dirigente dialogante cuya gestión contrastaba con la agresividad política de otros barones territoriales. Sin embargo, de él también puede afirmarse que fue el primer líder regional en pactar con la ultraderecha en España tras su espectacular resultado en 2018. El cordón sanitario no llegó a estrenarse. El PP ya firmó acuerdos asumiendo exigencias de la ultraderecha en inmigración, género, memoria histórica o educación.

Ya en enero de 2019, el propio Moreno, entonces en busca de votos para su investidura, firmó un acuerdo que llegó de la mano del entonces secretario general, Teodoro García Egea (PP), y de Francisco Serrano y Javier Ortega Smith (Vox). El pacto obligaba a evitar "decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada'" y a "combatir a las mafias", además de a garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental" [...]". Siete años después las exigencias de los ultras se han endurecido todavía más.

La imagen de moderación no impidió entonces el pacto. Tampoco parece hacerlo ahora. La reunión mantenida esta semana entre PP y Vox en Andalucía para la constitución del Parlamento este jueves vuelve a evidenciar que, cuando se trata de garantizar acuerdos institucionales o presupuestarios, la supuesta distancia ideológica desaparece rápidamente.

El patrón se repite en otros territorios. María Guardiola, que llegó a afirmar tras las elecciones de 2023 que no podría gobernar con Vox por sus posiciones sobre violencia machista o derechos LGTBI, terminó firmando un acuerdo con Vox para llegar a la presidencia e incorporó a la formación ultra al Gobierno autonómico. Recientemente ha asumido fórmulas como la llamada "prioridad nacional" para volver a ser presidenta, una exigencia rebautizada por los conservadores como "arraigo real, duradero y verificable" para intentar darle encaje legal.

El caso de Jorge Azcón en Aragón siguió un modelo similar. El PP pactó con Vox un gobierno de coalición que dio a la extrema derecha una vicepresidencia y dos consejerías. No fue solo un acuerdo de investidura ni un apoyo externo, fue una entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, con capacidad para condicionar políticas públicas y para proyectar su agenda ideológica desde dentro de la Administración. También allí acabó apareciendo la "prioridad nacional" como uno de los ejes pactados entre ambas formaciones.

Alfonso Fernández Mañueco fue incluso más lejos en Castilla y León tras abrir la puerta al primer Gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox. Y ahora, en su nuevo acuerdo con la extrema derecha, ha asumido de nuevo esa lógica, con Vox en el Ejecutivo y con la "prioridad nacional" situada en el centro del pacto. La pretensión de la ultraderecha es condicionar el acceso a recursos públicos en función de su origen, una manera de incorporar al lenguaje institucional una de las grandes obsesiones políticas de Vox en materia migratoria.

Ahí se desmonta buena parte del relato. Los llamados moderados del PP no se diferencian de los "duros" por levantar un cordón sanitario frente a Vox, sino por la forma de justificar el pacto. Los primeros lo envuelven en palabras como estabilidad, gestión, responsabilidad o arraigo; los segundos lo reivindican de forma más explícita y combativa. Pero el resultado es el mismo: Vox entra en los gobiernos, condiciona las agendas y consigue que parte de su marco ideológico sea asumido por el PP. La diferencia, por tanto, no está en los límites, sino en el tono. Pero cuando la aritmética obliga a elegir entre mantener el poder o rechazar a Vox, la supuesta moderación desaparece. 

Se trata de una iniciativa importante por su carácter casi constitucional, pero nace condenada al fracaso. El grupo parlamentario del PP en el Senado, donde la formación de Alberto Núñez Feijóo cuenta con mayoría absoluta, ha presentado una proposición de ley orgánica de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El nuevo método plantea el mantra de siempre de la derecha judicial: que sean los jueces sin intervención del Parlamento, los que elijan a los 12 miembros del órgano que deben proceder de la carrera judicial. Casi con total seguridad, la propuesta no verá la luz. En primer lugar, porque el PP carece de mayoría suficiente en el Congreso para sacarla adelante. Pero también porque la propia dirección del partido está pidiendo a gritos la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, algo que, con seguridad, se producirá el año que viene, lo que mandará de manera inmediata la iniciativa al cajón.

La propuesta de reforma, cuya toma en consideración ha sido aprobada este miércoles en el Pleno del Senado, se basa en la disposición adicional de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acompañó a la última renovación del CGPJ pactada por el Gobierno y el PP a finales de junio de 2024. Esa disposición obligaba al órgano de gobierno de los jueces en su nueva composición a aprobar por mayoría de tres quintos de los vocales un informe que analizara los sistemas europeos de elección de miembros de consejos análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 consejeros que deben ser jueces de carrera "que garantice su independencia" y "pueda ser evaluado positivamente" por la Comisión Europea y en la que se establezca "un CGPJ acorde con los mejores estándares europeos". Ese informe y esa propuesta debían estar listas a los seis meses de la entrada en vigor de la norma, publicada en el BOE el 2 de agosto de 2024.

El Consejo cumplió con ese plazo y el 5 de febrero de 2025 aprobó un informe que, ante la falta de acuerdo de los vocales, iba acompañado de dos propuestas. Mientras que la de los progresistas reclamaba que la elección de esos 12 vocales judiciales siguiera siendo parlamentaria de entre una lista de candidatos previamente votada previamente por la judicatura, la de los conservadores la dejaba su renovación en manos de los propios jueces y magistrados eliminando la intervención de las Cámaras. El acuerdo, una vez votado, se envió como obligaba la disposición adicional de la ley, al Gobierno y a las Cortes.

Han pasado 15 meses desde entonces sin que el PP haya propuesto nada. Es ahora, cuando el principal partido de la oposición pide cada día elecciones anticipadas y sondea la posibilidad de buscar socios –sin éxito– para presentar una moción de censura a Pedro Sánchez, ahora que la legislatura está ya cerca de su fin, cuando se saca de la manga su propuesta. Desde el partido reconocen que no tienen los números en el Congreso no les salen, pero señalan que lo que buscan presentándola es "marcar posición" y "que quede clara su postura". Al mismo tiempo, fuentes de la formación conservadora admiten que "no saben" si volverán a traer su propuesta la próxima legislatura y que dependerá de las mayorías de la Cámara. "No nos podemos comprometer a algo sin saber qué pasará", resumen en el equipo de Alberto Núñez Feijóo.

Al contrario que el PP, el PSOE y el resto de la izquierda defiende el sistema parlamentario de renovación propuesto en febrero de 2025 por los vocales progresistas. Se trata del método elección actual y vigente, con algunos cambios introducidos por los distintos gobiernos, desde 1985. Tras su aprobación, el PP ha gozado de mayoría absoluta en dos legislaturas y, sin embargo, se ha negado a cambiarlo. Durante el primer mandato de Mariano Rajoy, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ante los medios que fuera la judicatura la que eligiera, pero el Gobierno terminó por aprobar una reforma que mantenía la renovación parlamentaria de los 20 miembros del Consejo.

El primer CGPJ de la democracia, elegido en 1980, se nombró por el sistema que ahora dice defender el PP pero que no ha puesto en marcha cuando ha podido: los 12 vocales judiciales fueron elegidos directamente por sus compañeros. El resultado fue un órgano de gobierno de los jueces en el que todos esos consejeros pertenecían a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que consiguió el control del órgano y arrinconó a los progresistas, lo que provocó que el Gobierno de Felipe González lo cambiara. 46 años después, la derecha es todavía más mayoritaria entre la judicatura –como se demuestra en las elecciones a salas de gobierno y en las renovaciones de la comisión de ética, donde todos votan– por lo que abrazar el sistema que propone el PP supondría entregarle la institución.

La proposición de ley orgánica del PP presenta el cambio de sistema como algo obligado por los sucesivos informes de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, que recomiendan que, en caso de que exista un consejo de la magistratura al estilo del CGPJ español, sean los jueces los que elijan a la mayoría de los vocales. Desde el Gobierno y el resto de la izquierda política y judicial, sin embargo, se recuerda que lo que dicen esos organismos fiscalizadores son únicamente recomendaciones. Recuerdan que varios países europeos carecen de Consejo y sus sistemas democráticos no se ponen en duda. Además, señalan que ni el Tribunal de Justicia de la UE ni el de Estrasburgo han cuestionado en ninguna de sus sentencias el sistema parlamentario actual que permite que en el órgano estén presentes las ideologías mayoritarias de la mayoría de los españoles.