Entre la madrugada del 30 de julio y la tarde del 31, cerca de 50.000 personas —en su inmensa mayoría jóvenes marroquíes— cruzaron de forma irregular hacia Ceuta, a nado o bordeando el espigón de El Tarajal. El balance de víctimas mortales, que al escribir estas líneas se aproxima ya a la centena de ahogados, multiplica varias veces la crisis de mayo de 2021 y convierte lo ocurrido en el episodio migratorio más grave registrado nunca en una frontera española. No es un hecho aislado: es un síntoma. La democracia europea —y española— está sometida a presiones que proceden de la geopolítica de los países vecinos, de la instrumentalización del derecho con fines políticos, de una Administración estadounidense que ha convertido la inmigración en arma política y de una ultraderecha que ha utilizado la tragedia como argumento contra las políticas progresistas españolas.

El debate se ha trasladado enseguida a las relaciones internacionales, a los intereses económicos y a las elecciones próximas de determinados líderes, incluso al fútbol, ante la disputa de si la final se jugará en el Bernabéu, el Camp Nou o el Hassan II de Casablanca. Asuntos relevantes, pero cuyo estudio muestra una carencia importante: los grandes argumentos olvidan a los muertos. Hay familias desoladas, vagando por Ceuta en busca de sus desaparecidos, sin saber si siguen vivos. Muchos de los que cruzaron eran tan jóvenes que cayeron en el anzuelo de las redes sociales, que prometían nacionalidad, trabajo o un futuro mejor a quienes solo tenían un presente incierto. Como advirtió Helena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, han convertido el derecho al movimiento en un instrumento de chantaje entre países. No es la primera vez que Marruecos lanza ese mensaje a su población más joven —muchos casi niños, soñando con ser futbolistas como Lamine Yamal—; y resulta revelador que, cuando llegó la orden de regreso, la inmensa mayoría volviera de inmediato, sin discusión. Queda la duda de si la decisión fue igual de "libre" en el viaje de ida.

El pasado 8 de julio la Sala Tercera del TS estableció que el rechazo en frontera solo es aplicable cuando la entrada se produce superando las vallas, y no cuando se accede por mar a nado. Aplica la jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2020 y protege el derecho a no ser expulsado sin garantías individualizadas; pero, al excluir del rechazo la vía marítima, convirtió el mar en una ruta jurídicamente menos hostil que una cerca, creando un incentivo perverso sobre personas desesperadas y manipuladas por redes de tráfico, en un tramo de costa donde la letalidad está garantizada. Un tribunal no puede resolver una cuestión sustantiva sin ponderar el efecto de su fallo sobre conductas humanas en juego de vida o muerte. La doctrina puede ser sólida, pero su aplicación práctica, sin medidas paralelas de rescate, se ha convertido en una trampa mortal.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó al Gobierno central el cierre urgente de la frontera, el despliegue del Ejército y la emergencia nacional, evitando incluso comparecer junto a Sánchez en su visita. Es comprensible en quien carece de competencias sobre fronteras y vio su ciudad de 80.000 habitantes desbordada; pero exigir medios no es ofrecer una solución, y Vivas ha optado por el reproche político antes que por la corresponsabilidad institucional que la situación exigía.

La tensión derivó en enfrentamientos entre parte de la población ceutí y los recién llegados, con militares atendiendo heridos en plena calle: consecuencia del colapso de los servicios de acogida y de un clima de miedo alimentado por bulos y por un discurso ultraderechista que describe a los recién llegados como fuerza de ocupación. Ese discurso tiene nombre y apellidos. Este domingo, Santiago Abascal viajó a Ceuta y calificó lo ocurrido de "acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez", reclamando la militarización permanente de la frontera y la devolución de todos los marroquíes en situación irregular. Le acompañaba el portavoz europeo de Vox, Jorge Buxadé. Cabe preguntarse cómo concilia esa hostilidad con su alineamiento incondicional con Trump, precisamente quien ha recompensado a Marruecos por su cercanía. No es una invasión islámica; los propios ceutíes se lo dejaron claro en la calle a los bulistas desplazados hasta allí.

Que ciudadanos españoles se vean empujados a la autodefensa vecinal ante la ausencia de un dispositivo estatal ordenado es, en sí mismo, un fracaso de la respuesta pública. El rey Felipe VI habló con Sánchez, Vivas y Feijóo, expresando su preocupación y reclamando medidas que garanticen la seguridad de Ceuta y Melilla: papel institucional correcto, pero que no sustituye la decisión política que corresponde al Gobierno y a las Cortes.

Tampoco puede eludirse la responsabilidad de los servicios de inteligencia. El CNI ya advirtió, tras 2021, que Rabat empleaba las llegadas masivas como instrumento de presión vinculado al Sáhara, y la Guardia Civil venía detectando un repunte de intentos por mar. Que el Ejecutivo alegara después falta de información porque su atención estaba en los incendios no exonera a un aparato de seguridad que, conociendo el precedente de 2021, debía mantener activada una alerta permanente. Del lado marroquí, la inhibición inicial de policías y gendarmes, seguida de una contención tan eficaz que logró el retorno voluntario de casi todos, revela una capacidad que se activó solo cuando convino a Rabat: no es fallo de inteligencia, sino mirar hacia otro lado en el momento oportuno. Dicho esto, la reacción posterior del Gobierno ha funcionado, con el cierre preventivo de Melilla incluido, y la respuesta de Sánchez a los gobiernos que atacaron a España, calificando de "reacciones egoístas" las de quienes exigían sanciones sin ofrecer solidaridad, ha resultado clara.

Italia, gobernada por la extrema derecha de Giorgia Meloni y sin frontera compartida con Marruecos, aprovechó una crisis ajena para escenificar un gesto de firmeza migratoria de pura rentabilidad interna, impulsando la suspensión de España en Schengen durante un mes, a la que se sumaron con distinta intensidad Polonia, Finlandia, Austria, Chequia y Dinamarca. No cuajó en Francia, que reforzó controles sin secundar la suspensión; ni en Alemania, que exigió a Marruecos la readmisión inmediata; ni en Von der Leyen y Costa, solidarios con España sin respaldar a Roma; ni en el Reino Unido, cuyo primer ministro ofreció apoyo, pero subrayó que se trataba, ante todo, de un problema español. La crisis ha evidenciado que España carece de una alianza mediterránea que contrapese a los gobiernos conservadores europeos y a discursos como el de Nigel Farage, que habla de una batalla por la civilización.

Sánchez respondió sosteniendo que la solidaridad y la empatía son opcionales, pero que el respeto a los tratados y a los datos es vinculante. Es una réplica eficaz, porque la suspensión de Schengen exige criterios objetivos mientras el reparto de solicitantes de protección sigue dependiendo de la voluntad de cada Estado; pero no resuelve el problema de fondo: una arquitectura europea donde el control fronterizo es exigible y la solidaridad graciable. Esa asimetría es, precisamente, lo que hay que corregir.

Apenas diez días antes de la crisis, Sánchez viajó a Argel para normalizar relaciones rotas desde 2022; tres días después, el Congreso comenzó a tramitar una ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1975. Marruecos tiene una tradición bien documentada de someter a España a pruebas de estrés cada vez que percibe un acercamiento con Argelia y el Polisario: desde la Marcha Verde de 1975, pasando por Perejil en 2002 y la avalancha de 2021, hasta esta movilización masiva. No es una sucesión de episodios inconexos, sino un patrón perfeccionado durante medio siglo.

El vínculo entre Rabat y Washington explica buena parte del contexto. Marruecos fue de los primeros países árabes en firmar los Acuerdos de Abraham con Israel, y Trump lo recompensó reconociendo su soberanía sobre el Sáhara Occidental; al restablecer los aranceles universales, excluyó las importaciones marroquíes de roca fosfórica, de la que Marruecos posee el 70% de las reservas mundiales, sin perder de vista el gaseoducto proyectado sobre un Sáhara cuya soberanía marroquí reclama. Además, ha firmado contratos millonarios de armamento con Estados Unidos, y el mismo sábado de la avalancha, Washington ratificaba esa soberanía por carta.

La doctrina Trump se caracteriza por la criminalización del migrante, la militarización de la frontera propia, más de 600.000 deportaciones desde enero de 2025 y el uso de la inmigración como arma electoral. Lo que hace Marruecos es distinto en su mecánica, pero convergente en lo esencial: ambas aproximaciones instrumentalizan a los migrantes como munición geopolítica, con precedentes en Bielorrusia frente a Polonia o Turquía frente a Grecia. Trump no provocó la crisis ceutí, pero se apresuró a explotarla con la misma gramática que aplica a su propia frontera sur, y que emplean también Vox y sus aliados europeos.

La solución pasa por varios ejes: reforzar el salvamento marítimo; articular vías legales y seguras de migración que vacíen de sentido el negocio de las mafias; una solidaridad europea obligatoria, no voluntaria; una diplomacia con Marruecos basada en el respeto pero también en la firmeza, porque Rabat interpreta la cesión como debilidad. Y la atención prioritaria a los menores no acompañados —770 acogidos en Ceuta frente a 29 plazas ordinarias—, cuya situación vulnera de forma flagrante la Convención de los Derechos del Niño.

¿Aporta algo la posición del PP y de Vox? Muy poco, y lo poco que aporta viene envuelto en un relato que agrava el problema. Existen demandas técnicamente razonables en el discurso del PP —refuerzo de medios, respuesta europea más contundente, comparecencia del Gobierno— que podrían plantearse sin el lenguaje de la invasión. Pero ese discurso queda contaminado por un marco ideológico que convierte al migrante, por definición, en sospechoso o amenaza, vulnerando el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y bordeando los tipos penales de incitación al odio de los artículos 510 y 511 del Código Penal. 

Núñez Feijóo ha optado, además, por un oportunismo de manual: en vez de exigir responsabilidades por los canales institucionales que le corresponden, contactó por su cuenta con una veintena de dirigentes internacionales y con la Administración estadounidense, internacionalizando el desgaste del Gobierno. Mientras, dejó que su secretario general acusara a Sánchez de un "efecto llamada" por la regularización de más de un millón de inmigrantes, la misma lógica simplificadora de Vox, que exige militarizar la frontera y devolver de inmediato a todos los marroquíes, equiparando a menores y familias con una fuerza de ocupación. Ambos coinciden en calificar la crisis como invasión, término jurídicamente inaplicable a un fenómeno protagonizado por civiles desarmados, y que cumple una función precisa: deshumanizar al migrante.

Esta dinámica se inserta en la misma línea que la instrumentalización del Poder Judicial, la posverdad y las políticas xenófobas: expresiones de un mismo fenómeno de erosión democrática, con idéntica lógica autoritaria, sustituir el imperio de la ley por la gestión discrecional del miedo. Ceuta es un test de estrés para la calidad democrática española y europea. La dignidad humana no admite excepciones territoriales: se protege en la frontera exterior de la Unión con el mismo rigor con que en cualquier tribunal, o no se protege en ningún sitio.

Me queda la amargura de comprobar que las ilusiones de mejora que todos albergamos no existen para buena parte de quienes hoy deciden. No buscan la felicidad de sus administrados, sino el beneficio de quienes los auspician. La solidaridad se hace añicos cuando las personas se convierten en peones y dejan de ser vistas como seres humanos, reducidas a cifras que solo sirven para comparar si la tragedia fue grande. A eso conduce la geopolítica mortal en la que estamos sumidos. Ceder a esa tentación sería la prueba de que Europa ha decidido sacrificar sus principios fundacionales en el altar del miedo.

_________________

Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

Se puede ser a la vez un inútil y un tonto útil, pero ¿se puede ser a la vez patriota y estar del lado de quienes atacan a tu país? ¿Se puede tener principios cuando se está dispuesto a lo que sea para conseguir lo que quieres? ¿Se puede combatir a los enemigos a base de palmadas en la espalda? ¿Se puede decir que España está siendo invadida? Sí, pero sólo en caso de que te refieras a la plaga de la ultraderecha, que se está comiendo el mundo como la cochinilla algodonosa se come las hojas de los limoneros, con la complicidad de la difunta derecha moderada, que en paz descanse, y los votos de quienes no ven que lo que viene no es el paraíso, son los parásitos.

Lo que ha ocurrido en Ceuta parece lo que es: un ataque orquestado, no un problema de inmigración ilegal. Los ataques orquestados necesitan un compositor y aquí se mezcla, como en las verbenas, la música que viene de Washington, Rabat y Tel Aviv. Las imágenes de camiones llenos de jóvenes que se bajan y corren hacia la frontera bajo la atenta mirada de las fuerzas de seguridad de Marruecos, que vigilan que todo siga el plan previsto, han dado la vuelta al mundo, pero el candidato Feijóo y su futuro vicepresidente Abascal, si es que llega a La Moncloa, en lugar de sacarle la Tizona a Mohamed VI, la juntan con la bandera y las usan los dos de muletilla contra el Gobierno. ¿Prioridad Nacional? Manda Vox, la cosa.

Mientras nuestro Cid Campeador de salón, Santiago y cierra la democracia, se hacía unas fotos navegando a Ceuta con cara de estadista preocupado y luego, por lo que sea, se escondía en un hotel, por miedo a pisar la calle y que la calle fuese en dirección contraria, la gente se ahogaba, niños enviados a la muerte por el actual rey de Marruecos, que domina el arte del chantaje recurrente porque de casta le viene al galgo, y porque de la extorsión siempre se saca tajada cuando estás bajo el paraguas de la Casa Blanca. Su nuevo desafío tiene al fondo, igual que siempre, la reivindicación de Ceuta y Melilla; así que el PP actual y su socio se pueden vestir de soldados de Flandes e ir por ahí con pinta de cuñado en una despedida de soltero, pero lo que están haciendo uno y otro es colaborar con quien amenaza esa integridad territorial de la que tanto hablan en sus discursos.

De la incongruencia a la indecencia hay unas letras de nada. Será que hay a quienes les resulta imposible meter en el mismo saco sus ideas —si es que decir a todo que no es alguna clase de idea— y sus intereses. Se llama cinismo y está haciéndose con el control de este desdichado planeta.

Miguel Ángel Rodríguez ha demostrado que quien domina la relación con los medios puede condicionar de lo que se habla, quién aparece como el culpable y cómo se premia al que obedece a sus intereses. Ex secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar, empresario, tertuliano y profundo conocedor de los ritmos internos de las redacciones, actualmente Rodríguez no se limita a trasladar las decisiones de su jefa, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sino que participa en la construcción del personaje, escoge los marcos del enfrentamiento y establece las condiciones de acceso a la información.

Su sistema se apoya en una combinación conocida por muchos periodistas madrileños: recompensa para quienes reproducen el mensaje, distancia para quienes se apartan de él y hostilidad abierta para quienes investigan asuntos incómodos o se muestran críticos con Ayuso. Es lo que ha ocurrido, precisamente, con el ático comprado por la Comunidad de Madrid como “oficina” provisional de su jefa. En el momento en el que las explicaciones comenzaron a acumular contradicciones, el Gobierno de Ayuso anunció que lo vendería y destinaría el dinero a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. Sin embargo, se han negado a aclarar muchas de las incógnitas que rodean al inmueble. 

La secuencia duró apenas unos días. La Comunidad de Madrid había adquirido en abril, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí (uno de los distritos más caros de la capital) con una terraza de unos 200 metros, para utilizarlo supuestamente durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. La operación permaneció oculta hasta la semana pasada, cuando El País lo desveló. El Ejecutivo madrileño no explicó por qué había elegido una vivienda de lujo para ello en lugar de alquilar oficinas o utilizar algunos de los inmuebles que ya tiene la Comunidad de Madrid y tampoco aclaró por qué se iba a habilitar para ello un inmueble de uso residencial.

La primera reacción de Ayuso fue la habitual: denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”, argumentó la presidenta madrileña, si bien no aclaró el coste del inmueble y tampoco por qué lo habían adquirido coincidiendo con la venta del piso en el que reside si la normativa urbanística solo permite dedicar el piso a uso residencial. Después llegó la rectificación y el mensaje de MAR consistió en presentar como falsa la hipótesis de la residencia oficial y limitar el asunto a una operación inmobiliaria de la empresa pública. 

La operación ha dejado muchas preguntas tanto a nivel patrimonial, como administrativo y urbanístico sin responder, lo que a su vez ha generado una crisis comunicativa en el relato de la Puerta del Sol. Hasta el punto de que medios afines a la presidenta madrileña, como ABC o El Mundo, cuestionaron las explicaciones con duros editoriales. Ante esa situación, MAR volvió a recurrir a su manual en redes: “Todos esos que gritan por un ático están de vacaciones. No les veo recorrer como [Isabel] Díaz Ayuso los pueblos devastados. La Comunidad de Madrid trabaja en la reconstrucción y los que gritan desean la destrucción. Ella recorre los pueblos; Sánchez no puede salir de su palacio blindado”, publicó este domingo en X.

La relación de MAR con la prensa ha sido conflictiva desde la época que dirigía la comunicación de José María Aznar en la Junta de Castilla y León. En el año 1989 salió a la luz un informe interno, de seis páginas y con sello de Presidencia, que clasificaba a doce periodistas mediante valoraciones profesionales, políticas y personales. Una “lista negra”, atribuida al propio Rodríguez, que les calificaba según su utilidad o peligrosidad para el Gobierno autonómico del Partido Popular. La Agrupación de Periodistas de Castilla y León pidió inmediatamente una investigación y calificó la utilización de datos privados y las valoraciones profesionales como un atentado contra derechos elementales. 

Tras dejar la portavocía de La Moncloa entre críticas de los suyos dos años después de que Aznar llegase a la Presidencia del Gobierno estatal, Rodríguez pasó dos décadas moviéndose entre la consultoría, la empresa y los medios de comunicación. Presidió Carat España, organizó grandes eventos como el centenario del Real Madrid, impulsó proyectos audiovisuales propios, fue consejero de Grupo Secuoya y colaboró con FAES.

También se convirtió en un rostro habitual de la televisión y la radio. Participó en tertulias como la de 59 segundos de TVE, Espejo Público de Antena 3, La Noria de Telecinco y El gato al agua de Intereconomía, entre otras. Su estilo provocador, agresivo y construido alrededor de frases efectistas que pudieran sobrevivir al programa y circular después fuera de él anticipó buena parte de la comunicación política que aplicaría en la Comunidad de Madrid.

Como tertuliano, MAR destacó por un estilo deliberadamente provocador y por varios enfrentamientos personales. La polémica más grave fue la del doctor Luis Montes, al que llamó reiteradamente “nazi” en 59 segundos y La Noria, a propósito del caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa a enfermos terminales. En 2011, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su condena por un delito continuado de injurias graves con publicidad, con multa e indemnización de 30.000 euros a Montes. Pero Montes no fue el único, también llamó “cocainómano” al Gran Wyoming e “imbécil” a la periodista María Antonia Iglesias.

Todo ello le permitió construir relaciones personales con presentadores, directivos, productores y tertulianos de los grandes grupos audiovisuales. Cuando regresó a la primera línea política en 2019, utilizó todo lo que le caracterizó en su faceta de tertuliano. Es decir, frases breves, confrontación permanente y polémicas casi diarias. Por el camino, además, eligió a un antagonista concreto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Una parte esencial de la influencia de Rodríguez no está en leyes concretas ni siquiera en argumentarios políticos, sino en su agenda de teléfono. Rodríguez mantiene canales directos con periodistas, tertulianos y responsables de medios. Durante su declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio al ex fiscal general del Estado explicó que había difundido determinada información en dos grupos de WhatsApp que reunían a 55 informadores.

Para MAR no se trata de dar información, sino de controlar el mensaje. En un ecosistema competitivo como el de los medios de comunicación, disponer de una declaración o unas fuentes off the record antes que los demás constituye una ventaja. En el citado juicio, el defensor del entonces fiscal general también quiso saber si el principal asesor de Ayuso fue la fuente de la noticia falsa de El Mundo publicada la noche del 13 de marzo que inició la escalada de desmentidos en diferentes medios y, finalmente, llevó a la Fiscalía a difundir una nota al día siguiente aclarando lo que en realidad había ocurrido. Una nota de prensa que acabó con su máximo responsable condenado.

La información, firmada por el periodista Esteban Urreiztieta se titulaba La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales, cuando en realidad fue al revés, fue el abogado de González Amador el que planteó ese acuerdo. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al preguntarle qué pruebas tenía para afirmar que la Fiscalía había frenado un acuerdo “por órdenes de arriba”, MAR admitió que no era información contrastada, sino una deducción personal: “No es información, es intuición, Tengo el pelo blanco y puedo colegir lo que está pasando”, justificó. Pero lo cierto es que su influencia sobre determinados medios fue decisiva y le permitió intervenir en la noticia para ofrecer una versión falsa. Eso no impidió que varios medios difundieran la versión impulsada desde el gabinete, obligando a la Fiscalía a reaccionar públicamente.

El acceso privilegiado a determinada información no es la única herramienta con la que el Gobierno madrileño se relaciona con los medios. También está la publicidad institucional. La investigación 'Ayuso parte y reparte' realizada por infoLibre demuestra que la Comunidad de Madrid no aplica el criterio que marcó en 2019 “de audiencia y no a dedo” sino que desde que gobierna ha incrementado su gasto publicitario y que el reparto ha beneficiado a medios conservadores y afines al Ejecutivo regional, mientras cabeceras progresistas han quedado relegadas pese a contar en algunos casos con audiencias superiores.

La propia Comunidad sostiene que sus planes se confeccionan mediante criterios “objetivos y técnicos”, entre ellos la audiencia, la cobertura, la frecuencia, la notoriedad y la afinidad. Pero los datos analizados por este periódico muestran desproporciones difíciles de explicar únicamente mediante esos parámetros y una falta de transparencia que impide reconstruir con facilidad las decisiones del plan de medios.

La distribución del dinero está marcada por la sobrerrepresentación de medios en el espectro de la derecha, que no solo se quedan la mayor parte del reparto publicitario, sino que también han absorbido la mayor parte del aumento de los fondos, especialmente algunos como El Debate, ABC y The Objective. En 2023 infoLibre y otros cuatro medios —La Marea, El Salto, Carne Cruda y CTXT— ya denunciaron el sesgo ideológico de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en el reparto de la publicidad. En 2024 Ayuso dejó a los cinco sin un solo euro de los 23,96 millones adjudicados por esta vía. 

En el ‘manual MAR’ también hay espacio para la intimidación. El 12 de marzo de 2024, en plena publicación de las informaciones sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, MAR envió a la periodista Esther Palomera varios mensajes amenazantes: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid calificaron los mensajes de amenazas y respaldaron públicamente a la redacción.

Cuando declaró posteriormente sobre el episodio, Rodríguez lo definió como una “conversación impropia” con una persona con la que creía que podía mantenerla. Pero no fue un hecho aislado. Ese mismo mes, dos periodistas de El País que investigaban una posible irregularidad urbanística en el inmueble donde vivían Ayuso y su pareja fueron identificados por agentes policiales. Rodríguez difundió sus nombres y una fotografía y los acusó de haber intentado acceder encapuchados al edificio y de haber acosado a vecinos, incluidos menores. Los afectados negaron los hechos.

La APM denunció que las acusaciones falsas de responsables de la Comunidad, y “singularmente” de Miguel Ángel Rodríguez, coartaban el libre ejercicio del periodismo. En abril de 2022, la APM ya había condenado la actuación de Rodríguez cuando interrumpió físicamente a la reportera de La Sexta, Andrea Ropero, mientras intentaba preguntar a Ayuso. La asociación reclamó respeto al trabajo de los informadores y recordó que los medios tienen derecho a preguntar en espacios públicos, no solo cuando los cargos políticos lo permiten.

El periodista Jordi Évole, que conoce a Rodríguez desde hace más de quince años tras trabajar juntos, cortó el contacto después de que MAR sugiriese en televisión que había que fusilar al expresident Artur Mas. Después lo recuperaron, aunque Évole lo describió como alguien menos accesible y “menos juguetón” desde su vuelta al poder. Pero tras los ataques de Rodríguez a familiares de fallecidos en residencias, Évole afirmó que aquello era “demasiado inhumano incluso para Miguel Ángel Rodríguez” y que no entendía ese grado de degradación política.

Ceuta trata de recuperar este lunes la normalidad después de la entrada sin precedentes de más de 50.000 personas desde Marruecos, pero la ciudad sigue marcada por la dimensión de la tragedia. El balance provisional se eleva a 72 fallecidos en el lado español y más de un millar de personas atendidas por los servicios sanitarios. Además, Marruecos reconoce otras once muertes en sus costas. Más de 48.000 migrantes habían regresado al país vecino durante las primeras 48 horas y otros lo hicieron a lo largo del fin de semana.

Mientras las autoridades reforzaban la frontera, buscaban cuerpos en el mar y trataban de localizar y devolver a quienes permanecían en la ciudad, la crisis humanitaria y de seguridad pasó rápidamente al terreno de la confrontación política. Pedro Sánchez viajó el viernes a Ceuta; Alberto Núñez Feijóo hizo lo mismo el sábado y Santiago Abascal, el domingo. PP y Vox aprovecharon sus visitas para responsabilizar directamente al presidente del Gobierno y endurecer su discurso sobre inmigración y soberanía nacional.

El choque se ha extendido también a Europa. Italia, Dinamarca y Finlandia acusaron a España de no proteger adecuadamente la frontera exterior de la Unión, mientras 22 Estados miembros reclamaron una respuesta coordinada. Sánchez respondió con una carta a los responsables de las instituciones comunitarias en la que reprochó las críticas, defendió la actuación española y solicitó una reunión urgente de los ministros de Interior, prevista para este martes.

Sánchez había viajado el viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para visitar la frontera del Tarajal y reunirse con las autoridades locales y los responsables del operativo. Tras el encuentro, calificó lo ocurrido como una “violación” y un “ataque a la integridad territorial” de España y aseguró que el Gobierno emplearía “todos los resortes” y “todos los recursos del Estado” para garantizar la seguridad y recuperar cuanto antes la normalidad. “Toda España está con” los ceutíes, afirmó.

El presidente atribuyó la entrada masiva a la interpretación que las redes de tráfico de personas habrían hecho de una reciente sentencia sobre las devoluciones de quienes acceden a nado. Entre las medidas anunciadas citó el refuerzo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el despliegue de las Fuerzas Armadas, la colocación de una barrera de boyas en el espigón y la agilización de las repatriaciones, para las que agradeció la cooperación de Marruecos.

El líder del PP viajó el sábado a Ceuta y compareció junto a Vivas en la plaza de África. Feijóo sostuvo que lo ocurrido no había sido una crisis imprevisible, sino una “ocupación premeditada y sin precedentes”, y aseguró que el Gobierno conocía desde principios de semana la posibilidad de una entrada masiva y “nada hizo” para impedirla.

El dirigente popular no presentó durante su intervención pruebas de que Sánchez hubiera recibido una alerta concreta sobre la movilización. Marlaska sostuvo posteriormente que el Centro Nacional de Inteligencia no había avisado de una operación de esa magnitud, mientras fuentes del Ejecutivo reconocieron que el Gobierno no vio venir la crisis.

Feijóo vinculó además lo ocurrido con la política migratoria del Ejecutivo y la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno. También exigió esclarecer qué había fallado en la cooperación con Marruecos, reforzar permanentemente la frontera y evitar que quienes habían entrado en Ceuta pudieran desplazarse a la Península o a otros países europeos.

La presión continuó el domingo por medio del secretario general del PP, Miguel Tellado. El número dos de los populares rechazó la versión gubernamental de que la situación estuviera prácticamente revertida y reclamó que se pusieran todos los medios para devolver a quienes permanecieran en la ciudad: “Que no quede ni uno”.

Tellado calificó al Gobierno de “indolente” e “incompetente”, sostuvo que Ceuta seguía desprotegida y evitó definir lo ocurrido como una crisis migratoria. En su lugar, habló de “ocupación” y de “auténtica invasión”, términos con los que el PP se aproximó durante el fin de semana al marco discursivo utilizado habitualmente por Vox.

Vox elevó todavía más el tono. Abascal viajó el domingo a Ceuta y acusó a Sánchez de estar “sometido” a Marruecos. El líder de la extrema derecha exigió militarizar permanentemente la frontera, cerrar el paso cuando sea necesario y pedir a la Unión Europea que suspenda su acuerdo de asociación con Rabat.

El líder ultraderechista calificó la entrada masiva como una “invasión” y aseguró, sin aportar datos que respaldaran su cálculo, que todavía quedaban unas 10.000 personas que debían ser expulsadas de inmediato. Interior situaba en más de 48.000 las personas que ya habían regresado a Marruecos, mientras el Gobierno ceutí hablaba de varios miles todavía presentes en la ciudad.

El presidente de Vox llegó incluso llegó a insinuar que Marruecos podía disponer de información comprometedora sobre Sánchez y afirmó que el presidente debía sentarse en el banquillo y acabar en prisión. 

El desembarco de dirigentes y agitadores de extrema derecha provocó protestas de vecinos. Alvise Pérez y Vito Quiles fueron increpados y el eurodiputado tuvo que ser evacuado por la Policía, mientras una veintena de integrantes de Núcleo Nacional fueron escoltados hasta el puerto entre gritos contra su presencia. Parte de la población ceutí denunció que trataban de aprovechar la crisis para sembrar odio y poner en riesgo la convivencia.

La dimensión europea de la crisis también se hizo evidente desde el viernes. Giorgia Meloni planteó suspender a España del espacio Schengen y su Gobierno reintrodujo durante un mes controles para determinados viajeros procedentes de territorio español. La propuesta italiana recibió el respaldo de Dinamarca y Finlandia, que cuestionaron la capacidad de España para proteger la frontera exterior comunitaria.

Las críticas se apoyaron en la regularización extraordinaria aprobada por el Ejecutivo español, a la que varios dirigentes europeos atribuyeron un supuesto efecto llamada. España rechaza esa relación y recuerda que Ceuta tiene un régimen especial: quienes entran irregularmente en la ciudad no pueden desplazarse libremente a la Península ni circular por el espacio Schengen.

Sánchez remitió el sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa. En ella denunció que algunos gobiernos habían reaccionado guiados por prejuicios, desinformación o intereses políticos y calificó sus posiciones de egoístas y polarizadoras.

El presidente defendió que, según Frontex, la frontera exterior española se encuentra entre las menos permeables de la Unión y registra aproximadamente la mitad de entradas irregulares que Italia desde 2021. También recordó que prácticamente todas las personas que habían cruzado fueron retornadas sin que se produjera un desplazamiento hacia la Europa continental.

La Comisión Europea rechazó excluir a España de Schengen, recordó el régimen particular de Ceuta y pidió una respuesta europea unida. Francia descartó apoyar la suspensión, aunque reforzó sus controles fronterizos, y Alemania reclamó acelerar la aplicación de las normas europeas sobre retornos.

La reunión extraordinaria de ministros de Interior convocada para este martes deberá abordar esas divisiones. 22 Estados miembros han reclamado reforzar la protección de las fronteras exteriores, mientras España pide que Ceuta reciba la misma solidaridad que la UE ofreció a Polonia o Finlandia cuando otros países facilitaron movimientos migratorios hacia sus fronteras.

Las comunidades autónomas en manos del PP y Vox no habéis hecho nada por proteger la masa forestal de vuestro territorio. Es grave el abandono al que habéis sometido al monte desde vuestros gobiernos. Debéis invertir, y no desinvertir como estáis haciendo ahora. Hay que contratar más personal, dotar de más medios y estabilizar los contratos de trabajo para combatir los incendios, actuando de octubre a octubre, de forma permanente. Gobiernos de las comunidades autónomas: si de verdad trabajarais para salvar la masa forestal y os comprometierais con ella, otra sería la situación. Comunidades gobernadas por el PP, ¿dónde está el dinero que les transfiere el malvado Gobierno de España? Ya está bien de no hacer nada en prevención, limpieza y desbroce, y de negar los derechos laborales de las plantillas de profesionales forestales. Es obligatorio la fijeza de los contratos y la estabilidad de las plantillas..

Isabel Díaz Ayuso: basta de recortes, de salarios bajos y de falta de personal en prevención de incendios. Los profesionales forestales se juegan la vida entre las llamas todos los días para salvar vidas, hogares y masa forestal. Es humano un salario digno durante todo el año.

Hay que luchar contra el fuego en invierno, limpiando, desbrozando y protegiendo el monte desde el final del verano. Las comunidades autónomas deben contratar más trabajadores y trabajadoras forestales. Se podrían crear entre 10.000 y 15.000 nuevos puestos de trabajo en el medio rural español, con personal bien formado, preparado y dotado del material necesario. No como ocurre en la Comunidad de Madrid, que no tiene vehículo ni material suficiente y la plantilla se ha reducido en un 50%.

Gobierno de España: además del Plan Estatal Forestal para salvar los montes españoles, es necesario elaborar, junto con los sindicatos de clase y mediante la negociación colectiva, un convenio estatal del sector forestal que fije unos estándares mínimos y evite los desmanes de las comunidades autónomas en las garras del PP. También debe evitar que sigan precarizando las relaciones laborales, empobreciendo a los profesionales forestales y negando la vida en el medio rural y en sus pueblos, cuyos habitantes tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones que los Feijóos o Abascales de turno.

Gobiernos de las comunidades autónomas: vosotras y vosotros cobráis un buen salario, no seré quien os diga que algunas y algunos no lo merecéis, aunque vuelvo a reiterar y no me cansare de reivindicar más inversión para apagar los incendios forestales en el invierno y me niego cohabitar ni normalizar el fuego permanente por la irresponsabilidad de los gobiernos del PP en las comunidades autónomas. Limpien la masa forestal desde el fin de la campaña de prevención, estructurando, modernizando e incluyendo medidas para los planes forestales en todas las comunidades autónomas, adaptándolos a las nuevas singularidades que está ocasionado el cambio climático. Es evidente y urgente contratar a más personas y estabilizar el empleo precario actual de los contratos no fijos, en fijos e indefinidos. Dejar de negar la negociación colectiva en las comunidades autónomas descontroladas por el PP y Vox y corregir la desestabilidad laboral desde ya, hagan todo lo que este en sus manos contra el fuego.

Sabéis, negacionistas y terraplanistas del PP y Vox, que se ahorrarían miles y miles de millones de euros en los presupuestos públicos apagando el fuego en el invierno para destinarlos a la escuela pública, universidades públicas, formación profesional pública, la sanidad pública, pensiones y jubilaciones públicas y para prevención y protección de los incendios de la masa forestal española.

Proteger vidas, animales, masa forestal y hogares de las familias del medio del rural es otro efecto positivo de actuar en el invierno para apagar el fuego. Me niego aceptar los incendios incontrolados y descontrolados por culpa de la inacción de los gobiernos de las comunidades autónomas del PP y Vox. Los recortes para perdonar impuestos a los ricos, las lamentaciones, las manipulaciones y las mentiras de la señora Ayuso no apagan los fuegos. La UME está para actuar en casos urgentes y grandes catástrofes, no para sacarles las castañas del fuego a los gobiernos de las comunidades autónomas del PP y Vox que perdonan el pago de impuestos a los ricos, que no han invertido en prevención de incendios y han recortado presupuesto para invertir en toreros, incultura, la Fórmula 1 o el hangar del Zendal, en lugar de salvar el monte en el invierno. A los políticos territoriales del PP y Vox les toca ponerse trabajar, dejar de vaguear y hacer política en pro del medioambiente y nunca en defensa del negacionismo del cambio climático.

___________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

En el programa electoral del Partido Popular del 2008 (página 108) aparecía la siguiente promesa: “Aprobaremos la Ley Integral de Lucha contra el Cambio Climático”. En el del 2015 (página 61) aparece: “Estableceremos un marco reforzado para luchar contra el cambio climático”. A continuación, propone una Hoja de Ruta 2030 (que suena mucho a la agenda 20-30) donde se dice que quieren reducir los gases de efecto invernadero y fomentar las energías renovables y la eficiencia energética. Ahora mismo, el Partido Popular dice ya que el Cambio Climático no existe y que en la tierra siempre ha habido cambios de clima. Todavía no sabemos lo que opina el PP de las vacunas, pero ya vimos que estaba en contra del confinamiento…y de lo que haga falta.

No sé si para cuando este artículo se publique se habrán apagado los fuegos de Madrid y Ávila, pero mientras escribo arde Canadá, Inglaterra, Sicilia, Francia…y Zamora, Tarragona… El planeta siempre ha ardido, cierto, siempre ha habido rayos u hogueras mal apagadas, pero no siempre ha hecho este calor, no siempre han estado los montes en este estado, no siempre ha habido tan poca humedad en verano. Las casi 100.000 hectáreas calcinadas en España pueden ser, según los expertos, un millón cualquier día. Y no, no siempre han sido los incendios tan grandes y tan imposibles de apagar. El mundo parece cada vez más pequeño y más interconectado: lo que comemos, lo que respiramos, el calor o el frío que tenemos, las inundaciones, los huracanes...viajamos todos en el mismo barco frágil.

El mundo arde de diversas maneras, no sólo con el fuego, sino también con un calor extremo que amenaza con hacer impracticables grandes áreas del planeta, y la derecha decide no sólo no hacer nada, sino afirmar que no pasa nada. Cualquier persona medianamente normal tiene que preguntarse por qué se ha producido este cambio de posición en el PP, desde una posición normal a otra enloquecida y contraria a la razón y la ciencia. Al fin y al cabo, cuando todo se queme, cuando todo arda, cuando no se pueda salir a la calle en verano, o cuando tengamos que migrar buscando áreas más frescas, eso les afectará también a ellos. Pero con un capitalismo desbocado y cada vez más desigual e injusto, es imprescindible que la gente no se dé cuenta de cuál es el problema y cuál sería la solución. Lo han aprendido de Trump. La mentira sale muy rentable electoralmente.

El capitalismo es un tren sin frenos. Sus defensores no pueden pensar en el futuro, sino en el beneficio inmediato; no pueden pensar en la autodestrucción, sino en el beneficio inmediato, no pueden pensar en aire limpio o en el agua, sino en el beneficio inmediato; no pueden pensar en la prevención del año que viene, sino en el beneficio inmediato; ni siquiera pueden pensar en que mañana mismo España, como destino turístico, estará muerta si hoy, esta tarde, aún pueden tener pingües beneficios con ese turismo destructor. Un planeta finito no puede soportar un crecimiento infinito pero los defensores del capitalismo sostendrán que sí hasta que el fuego arda a las puertas mismas de sus casas, pero eso tampoco les preocupa porque creen que entonces cogerán un cohete y se podrán ir a Marte, junto con Elon Musk.

El capitalismo no puede asumir que hay que invertir en prevención, que hay que invertir en desinvertir, en decrecer, que hay que hacer menos negocio para poder tener más vida. Los políticos de derechas son la voz de las petroleras, de las empresas contaminantes y por eso no sólo no van a hacer nada, sino que tienen que convencer a la gente de que lo ven que no existe y que el calor que tienen es normal. Por eso han pasado de asumir hace unos pocos años que el cambio climático es una realidad, cuando todavía no parecía necesario tomar medidas radicales, a mentir y echar la culpa precisamente a quienes se preocupan por la situación, cuando la gente empieza a exigir medidas.

Necesitan que la gente desconfíe de la ciencia, de la cultura, de la inteligencia, de las instituciones, de la democracia, de lo que dicen los responsables a cargo y también de los vecinos, no vaya a ser que crezca la solidaridad y la ayuda mutua. Al final, necesitan mentir respecto a todo. A la derecha le interesa un medio ambiente social tóxico, irrespirable, en donde verdad y mentira sean indistinguibles, donde todo el mundo se enfrente al vecino y en donde la violencia se expanda, siempre que no sea contra ellos. La estupidez les viene bien y el conocimiento les hace daño porque nos permite entender qué está pasando. Así que se suman con entusiasmo a cualquier mentira disruptiva: las vacunas, la Atlántida, el ciclo del agua (que ya hay negacionistas del ciclo del agua) los chemtrails… y son capaces de convertir a Iker Jiménez en un intelectual.

Y ahora, además, tenemos otro problema grave: las redes que han pasado a ser el medio por el que se informa la mayoría de la gente. Hay que meter mano a las redes ya, pero nadie sabe cómo hacerlo ni desde dónde. En medio de los incendios de Madrid y Ávila, ultraderechistas varios e influencers de toda calaña, inundaban las redes con vídeos falsos en los que se instaba a no hacer caso a la UME ni a los bomberos y en los que se aseguraba que todo era una conspiración del Gobierno, que quiere quemar el campo. No estamos lejos del momento en que haya personas que mueran por culpa de la información falsa. Habrá gente que se quemará en sus casas por no salir a tiempo, que se tirará por un barranco, que no se vacunará en medio de una pandemia mortal o que se empeñara en salir con su velero en medio de un tsunami porque se lo ha dicho un influencer o un político de ultraderecha. Incluso gente que quiere informarse bien puede que no sepa ya dónde hacerlo; todos nos tragamos ya bulos que son a veces indistinguibles de la realidad. Las consecuencias de esto son política y éticamente muy profundas.

El problema es que no es fácil solucionarlo. Alguien decía ayer que se puede, por ejemplo, dejar de insertar publicidad institucional en aquellos pseudomedios que difundan bulos. Pero la publicidad institucional la inserta un partido u otro, y entonces… ¿cómo se va a castigar un partido que difunde bulos a sí mismo? ¿Quién decide qué es un bulo y qué no lo es? ¿Quién decide qué es mentira y qué es verdad cuando no se acepta un suelo de conocimiento común; cuando, desde posiciones de poder, no se reconoce ciencia ni verdad, sino que, por el contrario, se embarulla, se miente, se confunde? ¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Se deja que lo decida un juez? Upsss, mejor que no.

En un mundo que ya está ardiendo, más nos vale saber que las redes también arden y que, por ahora, no sabemos cómo apagarlas.

_______________

Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Dos bloques perfectamente diferenciados y enfrentados. A la derecha, PP y Vox, sin discrepancias, exhibiendo una imagen de unidad. A la izquierda, PSOE y Unidas por Extremadura, mostrando apoyo mutuo y buena sintonía. Es la imagen que deja la política extremeña justo antes de las vacaciones de verano.

El primer gobierno autonómico de la derecha y la extrema derecha que abrió la puerta al concepto de "prioridad nacional" acaba de aprobar sus primeros presupuestos. Las cuentas son para 2026, por lo que tendrán poco recorrido con pocos meses para la ejecución, pero sientan las bases de qué política va a desarrollar la coalición PP-Vox en Extremadura. Sobre todo, teniendo en cuenta que en octubre, casi al inicio del nuevo curso, empezará la negociación para el presupuesto de 2027, que supondrá un nuevo termómetro de la estabilidad del pacto de la presidenta María Guardiola con los ultras. 

Así, la huella de Vox ya asoma. Si bien la "prioridad nacional" es todavía más un marco político que una aplicación real, se han dado los pasos necesarios para que haya recortes en materias que estaban en el punto de mira.

La cooperación internacional ha sido el mayor ejemplo. Un tijeretazo sin precedentes y la destrucción de 30 años de trabajo. Extremadura era referente nacional en este ámbito. De casi 11 millones de euros que recibía se ha pasado a 2,7 millones, apenas un 0,03% de la cuantía total.

De la mano de esta reducción ha ido también el castigo a las asociaciones que trabajan con migrantes, en palabras de Vox, “para evitar la inmigración masiva y descontrolada”.

Paralelamente, el Gobierno regional presume de que el presupuesto de 2026 es el más alto de la historia, con 8.854 millones de euros; eso sí, gracias, en parte, al incremento de las entregas del sistema de financiación.

PP y Vox defienden que crecen las cuantías en sanidad, educación y políticas sociales, con especial hincapié en las ayudas a la natalidad, que se duplican. “Se preocupan de que nazcan más niños, pero después no hay pediatras en los pueblos”, les reprochó durante el debate parlamentario, por ejemplo, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández.  

El PSOE les recriminó, entre otros asuntos, el hachazo al diálogo social con el recorte de las subvenciones a los sindicatos.

Los partidos de la oposición se unieron para denunciar que las nuevas medidas fiscales “benefician a los que más tienen”. Estas incluyen la rebaja en los dos primeros tramos del IRPF y la ampliación de bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones cuando las herencias pasen de tíos a sobrinos.

De los diversos frentes abiertos de Vox contra los derechos humanos y sociales, el colectivo LGTBI no sufrirá recortes en las ayudas. No obstante, la diputada Nerea Fernández volvió a cargar contra el PP para recordarle que la ley extremeña de 2015, pionera en España y que se aprobó cuando el popular José Monago era presidente, sigue sin dinero para poder desarrollarse.  

Antes de llegar a esta cita en la Asamblea, que sin duda ha marcado un punto de inflexión, el líder del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, le hizo una oferta a Guardiola: su partido apoyaría las cuentas si ella cesaba a los dos consejeros de Vox.

Cotrina aprovechó así su estreno en el Parlamento regional como nuevo jefe de los socialistas para atraer el foco sobre él. Sabía que su propuesta no tenía ningún recorrido, pero sonó bien alto.  

Fue precisamente la falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos regionales el argumento que le valió de excusa a Guardiola para convocar elecciones. No tenía respaldo de ningún grupo. Apostó fuerte para conseguir la mayoría absoluta o quedarse muy cerca. No lo logró. Ahora tiene a dos miembros de Vox, uno de ellos vicepresidente, en su Consejo de Gobierno.

El Parlamento regional vivió más de 11 intensas horas de debate. Pero la realidad es que no salió adelante ni una sola de las más de 600 enmiendas que presentaron PSOE y Unidas. En todo momento, dos bloques distanciados.

Esta imagen política responde también a la suspensión este año del Debate del Estado de la Región, otra cita importante en la que se hace balance de la gestión y en la que se suele anunciar algún proyecto llamativo que acapara titulares. Guardiola hizo una petición a la Asamblea para que esta vez no se celebrara alegando que el Ejecutivo apenas había empezado a andar y que el reglamento no contempla un adelanto electoral, una situación inédita en Extremadura. Su solicitud fue aceptada. La oposición criticó esta decisión aseverando que era una manera de no rendir cuentas ante la ciudadanía y de silenciar a los partidos que no forman parte del gobierno.

De momento, y sobre el papel, el primer escollo que tenían que afrontar juntos PP y Vox ha sido superado. “Misión cumplida”, dijo Guardiola cuando finalizó el debate de presupuestos.

La siguiente prueba será en octubre, con las cuentas de 2027, en las que ya está previsto que se incluya la primera rebaja de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz, si finalmente el Gobierno central le da el visto bueno a que siga operativa. Si así fuera, las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) irán pagando menos por el Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medioambiente, o lo que es lo mismo, el impuesto por contaminar. La rebaja gradual hasta el 30% en 2029 es una de las medidas escritas en el pacto PP-Vox.

Será ese acuerdo el que vuelva a marcar las directrices de las próximas cuentas regionales y el que condicione la relación entre ambos partidos.

PP y Vox huelen sangre. Conscientes de que es un tema sensible y del desgaste que puede suponer para el Gobierno la crisis migratoria desatada por la sentencia del Supremo que, aprovechando un vacío legal, impide la expulsión en caliente de los migrantes que acceden a Ceuta nadando, la derecha se ha lanzado con todas las armas a su alcance contra el Ejecutivo.

Unas 50.000 personas han entrado en Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, según los cálculos que manejan las fuerzas de seguridad. Más de medio centenar perdieron la vida en el intento. Eso supone aproximadamente un 60% de la población censada en la ciudad autónoma. De ellas, al menos 48.300 ya habían regresado a su país de origen a media tarde del viernes, según el Ministerio del Interior.

Sin mencionar ni la responsabilidad de Marruecos, cuyas autoridades miraron hacia otro lado durante casi toda la jornada del jueves y toleraron, de hecho, el flujo masivo de personas hacia Ceuta, ni el origen del problema —la sentencia del Supremo—, la derecha acusó a Sánchez de ser el causante del problema y de no haber reaccionado adecuadamente para hacerle frente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó primero al Ejecutivo haber reaccionado con “debilidad” y no hacer “nada suficiente para evitar” la entrada masiva de migrantes irregulares.

Y eso a pesar de que el Gobierno activó el jueves un dispositivo en Ceuta destinado a reforzar la seguridad fronteriza y ciudadana que ha incluido la movilización de militares, carros blindados, guardias civiles, policías nacionales —incluyendo unidades antidisturbios— y un grupo especial de actividades subacuáticas, además de medios aéreos y marítimos.

Pero nada de esto parece relevante para Feijóo, según el cual el Gobierno debía adoptar “instrumentos excepcionales” y solicitar la intervención de Frontex y de sus unidades de intervención rápida —una solución que tardaría días en ser operativa—, además de declarar la situación de interés prevista en la Ley de Seguridad nacional.

Coordinación reforzada

En España, una declaración de este tipo está pensada para atender una crisis que, por su gravedad, alcance, urgencia y necesidad de medidas transversales, exige una coordinación reforzada de las administraciones bajo la dirección del Gobierno. No es un estado de alarma: se afronta con medios y competencias ordinarios y no permite suspender derechos fundamentales.

A través de un comunicado, el líder del PP, Feijóo, subió después el tono adoptando la terminología propia de la extrema derecha: “Un territorio español está siendo ocupado”. Es, dijo, una “crisis de soberanía”. “Quienes han entrado irregularmente tienen que volver”, subrayó, ignorando que miles de ellos ya estaban cruzando en esos momentos la frontera hacia Marruecos.

El PP, no obstante, pese a poner el foco en el Gobierno, no ha tenido más remedio que reconocer que el origen del problema es la sentencia del Supremo, al pedir la tramitación inmediata y en lectura única de la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para garantizar que la figura del rechazo en frontera se aplique también a las entradas por vía marítima a las ciudades de Ceuta y Melilla y taponar así ela agujero abierto por el Supremo.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que no ha dudado en usar el término “invasión”, sobre el que se asientan las políticas xenófobas de la extrema derecha en toda Europa, ha pedido que se convoque al Congreso de los Diputados este fin de semana para aprobar una modificación por la vía de urgencia de la Ley de Extranjería.

Pero la solución a corto plazo mediante una reforma legal es imposible. Desde el punto de vista jurídico y constitucional, es totalmente imposible modificar la Ley de Extranjería en 48 horas. Al afectar a derechos fundamentales, cualquier cambio en esta norma requiere el rango de ley orgánica. Además, la Constitución prohíbe de forma expresa que el Gobierno recurra a un real decreto-ley de urgencia para regular materias que afecten a libertades públicas, por lo que la vía de un Consejo de Ministros exprés queda descartada por inconstitucional.

A esto se suman los plazos y trámites parlamentarios obligatorios del sistema bicameral español. Aunque se convocase un Pleno extraordinario de urgencia en el Congreso durante el fin de semana, como pide el PP, la legislación exige garantizar un periodo mínimo para que el resto de grupos presente enmiendas. Posteriormente, el texto debe remitirse obligatoriamente al Senado, cámara que dispone de un plazo legal de hasta 20 días para debatir, enmendar o vetar la norma. Y después, el proyecto tendría que volver al Congreso.

En el afán por culpar a Pedro Sánchez se han aplicado especialmente las voces más extremistas del PP y Vox. El secretario general del PP, Miguel Tellado, declaró este viernes que “a nadie puede sorprenderle” que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares “de un día para otro”. “El responsable de lo que pasa en Ceuta es el presidente del Gobierno”, insistió, pasando por alto que nadie que haya entrado irregularmente en España después del 31 de diciembre del año pasado puede optar siquiera a regularizar su situación.

El problema, en realidad, no ha nacido del Gobierno, sino de la sentencia del Supremo que dificulta la devolución inmediata (“en caliente”) de los migrantes que entren en Ceuta a nado, lo que ha alimentado la falsa creencia de que quienes entrasen así en España podrían quedarse. El tribunal ha establecido que llegar a nuestro país de ese modo no equivale a rebasar una valla o barrera física, que es el requisito que marca la ley para hacer posible la devolución inmediata. 

El fallo judicial obliga al Estado a aplicar el procedimiento administrativo ordinario, lo que no impide las expulsiones, solo exige abrir un expediente individualizado con asistencia letrada, intérprete y el derecho formal a solicitar asilo, un trámite que paraliza cautelarmente la devolución. En la práctica, la resolución no regulariza a la persona ni le otorga residencia, pero sí convierte un rechazo instantáneo en un proceso burocrático mucho más garantista y lento que aplaza la ejecución de las expulsiones mientras se resuelve cada caso.

No obstante, al PP y a Vox no parece importarles esa realidad. En la misma línea, pero en una afirmación todavía con menos fundamento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo el jueves por la noche que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha permitido deliberadamente “la invasión” de Ceuta para ocultar “todos sus juicios”.

En un mensaje publicado en la red social X, Ayuso opinó: “Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega”.

La fundación FAES, que preside el expresidente José María Aznar, echó más leña al fuego atribuyendo lo ocurrido a la “actitud claudicante” del Ejecutivo y a su política “servil” hacia Marruecos.

Tampoco ha medido sus palabras el líder de Vox, Santiago Abascal. También en un mensaje publicado en la red social X, propiedad del tecnólogo ultraderechista Elon Musk, Abascal sostuvo que los inmigrantes “no vienen huyendo de ninguna guerra ni de la pobreza”, sino que “son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras, para que después deambulen por las calles de España diciendo: ‘Viva Pedro Sánchez”. En realidad, los que entraron fueron jóvenes, mujeres y familias enteras, incluidos niños.

Vox se está empleando a fondo en la difusión de mentiras, como afirmar que la llegada de inmigrantes es el resultado “de darles menú halal, construirles mezquitas o gastar millones en mataderos móviles para la fiesta del cordero”. Sin dar nombres, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), amenazó con retirar las ayudas de su comunidad a cualquier ONG que atienda a los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta.

De estas posiciones, sin base, se ha distanciado una muy significativa: el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha atribuido la entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal a una “manipulación de Marruecos de su población con fines partidistas”.

Y es que la entrada masiva fue posible, en gran parte, gracias a la ausencia de medios policiales del lado marroquí desplegados para contener el tránsito de migrantes hacia el espigón que marca los límites entre el reino alauita y España, algo que las autoridades de Rabat corrigieron ya este viernes, utilizando incluso material antidisturbios y permitiendo la apertura de la frontera para facilitar el retorno.

Uno de los rasgos más llamativos de esta crisis, a diferencia de la que tuvo lugar hace cinco años, es que, en sintonía con la derecha española, son numerosas las voces de la derecha y la extrema derecha de Europa y de Estados Unidos que se han sumado a las críticas a Pedro Sánchez. Algunas de forma sorprendente —teniendo en cuenta que la crisis migratoria ha tenido lugar en África, al otro lado del Mediterráneo—, como las que llegaron de Finlandia o Italia, al pedir el cierre de la libre circulación con España.

La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, representante en su gobierno de la formación ultra Partido de los Finlandeses, acusó a España de haber “fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”.

El presidente español, Pedro Sánchez, les respondió a través de redes sociales recordando que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia entre 2021 y 2026 duplicaron las de España. Y añadió: “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no”.

En lo que parece una declaración coordinada con el PP Europeo, Antonio Tajani, el ministro de Exteriores del Gobierno italiano —liderado también por la formación de ultraderecha Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni— , que además es el interlocutor de Feijóo en ese país, relacionó la llegada de migrantes con la reciente regularización de migrantes en España. El canciller alemán, Friedrich Merz, del mismo partido, se pronunció también contra nuestro país.

También a miles de kilómetros de distancia, Francia reforzó los controles en la frontera con España. E incluso Dinamarca, situada a 2.500 kilómetros en línea recta de Ceuta, con un Gobierno socialdemócrata pero que practica duras políticas antiinmigración, se sumó a las críticas hablando de la posibilidad de cerrar fronteras con España.

Hasta la Casa Blanca atribuyó este jueves a las “políticas globalistas de extrema izquierda” de España la situación en Ceuta. “El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición”, dijo a EFE Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

El propio presidente Trump se refirió a este asunto: “Ayer vi lo de España y observé la catástrofe que tuvo lugar. Pareció una invasión de un país por cientos de miles de personas, y eso mismo nos va a pasar a nosotros si no ganan los republicanos (las elecciones), pero mucho peor”, declaró durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David.

La desinformación es tal que el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, tuvo que negar este viernes que se estén produciendo desplazamientos de personas desde Ceuta hacia el continente europeo.

De hecho, Brunner acogió “con satisfacción” la “estrecha cooperación entre España y Marruecos para gestionar la situación y garantizar los retornos rápidos” y recordó que Marruecos figura en la lista de la UE de países de origen seguros.

La Comisión Europea añadió que sigue considerando a “Marruecos un socio clave y de confianza de la UE. En los últimos años, hemos intensificado la cooperación en materia de migración y gestión de fronteras, así como en la lucha contra el tráfico ilícito. Ahora estamos trabajando para elevar nuestra relación a una asociación global y estratégica”, aseguró un portavoz comunitario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desplazado a la ciudad de Ceuta para conocer de primera mano la situación, se mostró dispuesto a abordar la reforma de la Ley de Extranjería para corregir el agujero abierto por el Supremo, cuya difusión en Marruecos a través de las redes sociales atribuyó a las mafias que trafican con personas.

No obstante, y en tanto no se reforme la ley, el Ejecutivo ha ordenado a la empresa Sasemar, encargada de Salvamento Marítimo, que despliegue una barrera de separación apoyada en boyas para prolongar el espigón que separa la frontera y hacer mucho más difícil la entrada irregular en Ceuta desde territorio marroquí.

Señor Feijóo, señores del PP: no en todos los partidos existen ladrones, prevaricadores y corruptos. También hay personas en otros partidos que no lo son, que luchan por la igualdad, por ampliar los derechos humanos y por aumentar el bienestar. Pero eso, para ustedes, no sirve. Su cruel táctica, su innoble patriotismo, su falta de respeto por la democracia, y ese permanente "y tú más" resultan tristísimos. Pero, ¿cómo se atreven a comparar varios casos a los cientos de casos de corrupción que tienen, han tenido y volverán a tener si vuelven al poder? Y, si pasa, unos cuantos togados, comprados y miserables, los dejan en libertad o dilatan los procedimientos durante años, hasta que los delitos prescriben. Son capaces de utilizar las instituciones, la policía y pseudomedios de comunicación. Y, en cuanto a algunos periodistas, son sus propios amigos quienes los ponen a su servicio.

Mire, señor Feijóo; señor Abascal; señora Ayuso; señor Aznar: argumentar con mentiras para alimentar el odio lo único que consigue es cargarse la democracia. Y eso lo pagarán, porque una parte de la ciudadanía no lo vamos a permitir. Además, quienes hoy los apoyan acabarán dándose cuenta, más pronto que tarde, de que han sido utilizados y de que, en el fondo, ustedes son peores. Es cierto que el poder corrompe y el bipartidismo favorece esa corrupción. Por eso el pueblo lleva tiempo diciendo que no acepta ni quiere un sistema bipartidista. Quiere pluralidad de partidos, quiere aumentar su bienestar, quiere nobleza, quiere diálogo y, sobre todo, no quiere ni odio ni crispación. Y, aun así, me gustaría dirigirme a esa ciudadanía que los apoya para pedirle que reflexione sobre a quién está respaldando: a un partido con actuaciones más propias de una mafia, utilizando la justicia, las instituciones, etc. Basta ya, señores del PP y de Vox. No todos son iguales. Existen políticos honestos, incluso dentro de su partido, señor Feijóo. Pero está claro que eso no es lo que ustedes quieren. Lo que buscan es que sus dirigentes, para llegar al poder, sean cada vez más irracionales, más corruptos y más generadores de odio y crispación. Esa es la realidad de esta oposición.

La ciudadanía y los partidos que todavía creen en la democracia, y que rechazan a quienes actúan contra ella, pueden hacer algo ya: decir, alto y claro, basta. Porque, digan lo que digan los peperos y los voxeros, somos más. Lo único que tenemos que hacer es salir, hablar y actuar. Y, aunque me cueste decirlo, quizá ese proceso no deba estar liderado por el PSOE, sino por otro dirigente. Todavía queda tiempo para demostrar que el refrán "piensa el ladrón que todos son de su misma condición" no define a la izquierda. Para ello hay que poner en marcha, sin descanso y día tras día, políticas como una mayor presión fiscal sobre quienes más tienen; que la Iglesia pague lo que le corresponda y devuelva lo robado; que los grandes tenedores de vivienda sean sancionados si no ofrecen alquileres sociales; que se afronte de verdad el problema de la vivienda; que aumente el salario mínimo interprofesional; que crezca el empleo y se facilite más empleo público. Y, si fuera necesario, que se nacionalicen aquellas empresas energéticas que aumentan sus beneficios elevando el precio de sus productos. También habría que limitar el precio de los alimentos para evitar la especulación y conseguir que los bancos devuelvan lo que deben, dejen de cobrar determinadas comisiones y no se aprovechen de los índices hipotecarios.

Ya sé que pueden parecer soluciones utópicas. Nadie pide que se implanten ya; requieren tiempo, igual que otras medidas sociales, de igualdad y de mejora del bienestar. Pero hay que empezar, no solo sobre el papel, sino con hechos. No podemos permitir que personas como Mazón o Ayuso, con sus víctimas por sus ineptitudes, o señores como Aldama, Bárcenas y otros, estén en la calle mientras otras personas, condenadas por delitos "menores", se estén pudriendo en la cárcel. Y, ante todo, hay que reformar la justicia y depurar a quienes utilicen su posición en el poder judicial para hacer política y golpes de Estado a la democracia, porque no se puede aceptar que se actúe contra la democracia ni que se impida que la ciudadanía amplíe sus derechos para preservar privilegios.

En resumen, no todos son iguales. El refrán “piensa el ladrón que todos son de su misma condición” solo sirve para esos dirigentes del bipartidismo que han visto en la política no una solución para ayudar a la ciudadanía, sino una herramienta para aumentar su patrimonio y las de aquellos y aquellas que les corrompen y les ayudaron. Al final ven que, con ayuda de “sus togados”, les sale muy bien: salen libres y todavía les pagan. Irracional y desdeñable.

__________________

Ximo Estal es socio de infoLibre.

El pasado abril, en el debate anual sobre política general, el presidente Rueda puso en el punto de mira al personal de baja laboral. Desde entonces, la Xunta, la patronal y en las últimas semanas también el PP estatal de Feijóo vienen presentando como “absentismo” la demora con la que las personas asalariadas obtienen un tratamiento por parte del sistema de salud y, con ella, el alta laboral. En esta lucha de clases entre el capital y el trabajo, responsables políticos y empresariales suelen poner ejemplos de supuestos empleados de baja que realizan actividades presuntamente incompatibles con su curación.

Pero en el otro lado la justicia gallega también viene anulando despidos de personas de baja a las que se acusó de excederse a partir de informes de detectives privados y a las que las sentencias reconocen su derecho a hacer “vida cotidiana”, recordando incluso que también las empresas incumplen en ocasiones sus obligaciones.

Una sentencia del pasado mayo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el despido de un hombre con “lumbago con ciática” que fue despedido tras dos meses de baja amparándose la empresa en un informe de un detective privado. La empresa reprochó a su empleado que cortase el césped, levantase unas losas de 25 kilos, empujase una carretilla con leña o saliese de un establecimiento cargando seis botellas de agua de litro y medio.

La sentencia del TSXG comienza valorando que en este caso la dolencia no es simulada o fraudulenta, sino que “la realidad del lumbago con ciática no es discutida”. Pero también señala que la prescripción médica que tenía el trabajador era “la de no hacer esfuerzos, sin mayor concreción y sin que esté acreditada una indicación médica de reposo”. Y considera que “algunas de las conductas imputadas y acreditadas no tienen especial significación o relevancia”. Así, tras subrayar que habría que tener en cuenta la complexión del hombre para valorar el peso relativo de las cosas que levantó, la sentencia señala que cargó las losas antes de recibir la prescripción de no hacer esfuerzos o que no se tiene constancia del tipo de leña que llevaba en la carretilla.

Sí se pudo establecer el peso de las losas y de las botellas de agua, pero el tribunal señala que hay que tener en cuenta la “proporcionalidad, o no, de la decisión de despido”. “Estamos ante dos conductas puntuales y solo parcialmente objetivadas, y ello puesto que no se señalan en los hechos probados datos como, por ejemplo, la concreta distancia recorrida con las botellas”, dice la sentencia, que añade que “en este sentido conviene decir que tampoco otros incumplimientos de las personas trabajadoras o de las empresas, cuando son puntuales, constituyen una causa justificativa de la ruptura de la relación laboral”. Y pone como ejemplos “faltas de asistencia o de puntualidad de la persona trabajadora” o “retrasos en el abono de las nóminas o impagos por parte de la empresa”.

El TSXG valora también que el hombre tenía una antigüedad laboral de más de 30 años y nunca había sido sancionado, por lo que considera que “la sanción de despido no es proporcionada en atención a las circunstancias del caso concreto”. Así, la sentencia no solo anula el despido, sino que también indemniza al trabajador con 7.501 euros “por daños morales”.

También en las últimas semanas acaba de hacerse pública otra sentencia, en este caso de la sección de lo Social número 3 del Tribunal de Instancia de A Coruña, que anuló el despido de una mujer que había sufrido un ictus. Menos de cinco meses después fue despedida amparándose la empresa, igualmente, en un informe de un detective privado que la observó “llevando a cabo, con intensidad y de forma reiterada, actuaciones como permanecer sentada, caminar, pasear, subir y bajar escaleras y rampas, acudir a centros comerciales, ir de compras y portar bolsos o bolsas de tamaño generoso”. También mantenía “relaciones sociales con toda normalidad” y realizaba “trámites administrativos en oficinas públicas” o “actuaciones con su teléfono móvil”. Incluso se le reprochó que acompañaba a su hijo menor de edad hasta la parada del autobús.

Sin embargo, la sentencia hecha ahora pública considera que “las tareas que realiza la trabajadora no suponen ningún estrés, ni esfuerzo alguno, más allá de realizar funciones normales en la vida cotidiana de una madre”. “Son actividades que se pueden incluir dentro de la vida cotidiana de cualquier persona, incluida la conducción de un vehículo, y que se trata de actividades que no se acreditó que sean incompatibles con su enfermedad, ni tampoco con la curación de la misma”, subraya la sentencia.

Así, igual que en el caso anterior, la sentencia anula el despido y obliga a la empresa a indemnizar a la trabajadora con 5.000 euros por “daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales”.

La sentencia cita diversa jurisprudencia y recuerda que “cuando el trabajador está en situación de incapacidad temporal, la realización de actividades incompatibles con la recuperación o que evidencian simulación pueden suponer un despido disciplinario” por “transgresión de la buena fe contractual”. Sin embargo, para que el despido por esa transgresión de la buena fe sea procedente debe cumplir varias exigencias: que el incumplimiento sea grave; que sea culpable y la persona actúe de manera consciente y no sea un error o descuido; que exista proporcionalidad entre la conducta y la sanción teniendo en cuenta la antigüedad y trayectoria anterior del empleado; y que la empresa no “guarde” los hechos indefinidamente, sino que actúe en un plazo razonable desde su conocimiento.

Para mucha gente puede parecer algo menor o muy subjetivo, pero hoy el 39,6% de las mujeres tienen miedo al caminar solas por las calles, en gran medida por la violencia que ejercen los hombres (CIS, marzo 2026), y otras muchas sienten ese mismo miedo en sus casas por la violencia de género. Más de la mitad de las mujeres, concretamente el 57,3%, ya ha vivido alguna forma de este tipo de violencia dentro o fuera de la pareja (Macroencuesta 2019), pero todas la han sufrido porque el objetivo de la violencia de género no es solo dañar, lo hace y mucho, sino aleccionar a cada una de las mujeres para marcarles el territorio y los comportamientos que el modelo cultural androcéntrico decide. Por eso tenemos expresiones totalmente integradas como, “estos no son sitios para una mujer”, o “estas no son hora para una mujer”, “mi marido me pega lo normal”, “mi pareja no me ha pegado nunca, claro que yo tampoco le he dado motivo”… expresiones que reflejan la normalidad y la connivencia social con esa violencia, algo imposible para cualquier otra manifestación violenta.

Por eso la verdadera prioridad para las mujeres es poder vivir una vida en paz y sin violencia, sin que para lograrlo tengan que someterse al dictado del hombre de turno que lo permita.

Y esa convivencia con la violencia también está en la política y en las acciones de gobierno, y lo está de forma vergonzante y responsable en algunos escenarios. En los cuatro últimos pactos de gobierno entre PP y Vox se han creado consejerías y viceconsejerías de “desregulación”, para acabar con lo que desde sus mentes inmaculadas denominan “leyes ideológicas”, entre ellas las normas contra la violencia de género.

Empezaron negándola y ahora, como dicen que no existe, actúan en consecuencia y pretenden quitar las leyes dirigidas a algo que no forma parte de la realidad. Pura lógica machista.

El problema es que sí existe, que cada año asesinan de media a 58 mujeres, que solo se denuncia un 9 % de todos los casos, que cada día maltratan a 6.759 mujeres (Macroencuesta 2024), y que en los hogares donde se produce esta violencia viven alrededor de 1.700.000 niños y niñas que también la sufren.

El último de esos pactos de la vergüenza que habla de “prioridad nacional” y posterga la violencia contra las mujeres, ha sido en Andalucía, una comunidad autónoma en la que durante los meses que se preparaban las elecciones, después se negociaba el pacto y finalmente se aprobó, han asesinado a 10 mujeres, el 31,2% de todas las mujeres asesinadas por violencia de género, cuando la población andaluza representa el 17,6 % de la población nacional.

Pero no solo es un problema de este año. En los cinco años previos a la llegada del PP al gobierno de la Junta de Andalucía (2014-2018), la media de mujeres asesinadas en nuestra comunidad fue de 9,8, y representaba el 18,4% de todos los homicidios por violencia de género, que en España y para esos años fueron 53,2. En los cinco años siguientes (2019-2024), el número de mujeres asesinadas ha sido de 11,7, lo cual significa un aumento del 19,4%, mientras que en España el número de homicidios en el mismo periodo ha sido de 52, es decir, un descenso del 2,2%.

Algo no se está haciendo bien en Andalucía cuando en los periodos de tiempo considerados los homicidios por violencia de género disminuyen en España y aumentan en Andalucía. Y este 2026 hasta el mes de julio la situación, tal y como hemos adelantado, es más grave con esos 10 homicidios representando el 31,2% de todos los homicidios por violencia de género cometidos en España.

Y si ya preocupa el resultado también lo hace la situación social que da lugar al mismo. Según el barómetro del CIS, la media de población que considera la violencia de género entre los problemas principales en España en 2026, con 32 mujeres asesinadas, es del 0,5%. Pero en Andalucía la situación es más preocupante cuando el Barómetro andaluz de marzo de 2026 recoge que el porcentaje de población que considera la violencia de género entre los problemas principales es el 0%.

La violencia contra las mujeres está presente, pero sin política, sin medidas y sin recursos no se acabará con ella. Y con vicepresidencias de desregulación y negacionismo mucho menos, salvo que lo que se pretenda es llegar a la situación anterior a 2003 donde no había datos ni estadísticas, y se tomaba lo invisible por inexistente.

Ya escribí que lo de la “prioridad nacional” en verdad significaba “los hombres primero”, y parece que es lo que intentan. Pero si esa es la estrategia que sepan que la sociedad no lo va a permitir, y que continuará trabajando y avanzando bajo la prioridad vital de las mujeres hasta la erradicación de la violencia que sufren.

_______________

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este jueves que ha dado instrucciones a la empresa Planifica Madrid para que se ponga a la venta el ático que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tenía previsto usar como oficina temporal, y destinar esos fondos a la reconstrucción tras los incendios de la sierra oeste.

En declaraciones a los periodistas, García Martín ha explicado que ha dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta cuatro inmuebles que tiene en la Gran Vía y también el ático situado en el Paseo del General Martínez Campos valorados en su conjunto en unos veinte millones de euros para ayudar en la reconstrucción por los recientes incendios en la comunidad.

"La Comunidad de Madrid está volcada en la recuperación de la sierra oeste tras el devastador incendio. Es la máxima prioridad que tenemos", ha subrayado. El portavoz del Ejecutivo madrileño ha recordado que este miércoles se presentó un conjunto de medidas urgentes, valorado en más de 100 millones de euros, para ayudar a los afectados y que las Consejerías siguen trabajando en coordinación con los ayuntamientos para seguir presentando iniciativas con el objetivo de conseguir una recuperación "inédita" de la sierra oeste de Madrid.

De forma paralela, ha precisado, el Gobierno regional seguirá con las obras planificadas en la Real Casa de Correos, que comenzaron en 2025 y que continuarán en 2026 y 2027, un edificio con más de 250 años de historia, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), que la Comunidad de Madrid tiene el "deber" de conservar por tratarse de una "joya" del patrimonio regional.

Además, ha agregado el portavoz del Gobierno madrileño, "seguirá buscando, en paralelo, espacios dentro del patrimonio de la Comunidad de Madrid que sean compatibles con el uso institucional de la Real Casa de Correos y con las obras que están planificadas y que son necesarias para conservar este edificio en buen estado.

Han pasado diez años desde los sucesos de La Manada en Pamplona. Diez años desde unos hechos que marcaron para siempre la vida de casi todos nosotros.

Aquello no fue un abuso, ni un jolgorio festivo y consentido. Fue una violación salvaje. Y la respuesta social que siguió cambió la forma en que muchas personas entendían el consentimiento, la violencia sexual y el papel de la justicia.

Diez años después, queda bastante camino por recorrer (porque tenemos al PP y al alcalde de Móstoles por ahí, a Abascal y sus secuaces y su forma de entender la violencia machista, a Salazar y Ábalos del PSOE...), pero también una lección que no debería olvidarse: hay que escuchar a las víctimas, y seguir construyendo una sociedad en la que ninguna mujer tenga que demostrar que se resistió para que se reconozca que fue víctima de una violación o de una agresión.

Diez años dan para demasiados titulares. Para demasiados escándalos. Para demasiadas decepciones. Cambian los nombres, cambian los gobiernos, cambian los protagonistas... pero demasiadas veces permanecen las mismas inercias.

Entre otras mucha cosas, hemos conocido al ángel de Jorge Fernández Díaz, hemos condecorado con la medalla al mérito policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor. Descubrimos a Cristina Cifuentes robando cremas, a María Dolores de Cospedal y Villarejo conspirando entre grabaciones. Albert Rivera e Inés Arrimadas han desaparecido de nuestras vidas, lo mismo que Pablo Casado. Esperanza Aguirre ha pasado a ser activista de primera línea, cortando carreteras. Seguimos sin saber quién era "MpuntoRajoy". Hemos asistido a la exhumación de la tumba del dictador, convertida por unos en reparación democrática y por otros en una afrenta a España.

Hemos visto a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán investigados y algunos condenados por tramas de corrupción. Hemos conocido las investigaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presuntos delitos fiscales. Hemos visto hospitales en Madrid tratando de ahorrar hasta en el material sanitario de un solo uso, mientras las listas de espera crecían. Hemos visto al PP regalar cestas de fruta al PSOE y, según nos ha dicho un pajarito que venía del despacho de Abogados Cristianos, Santi Abascal está muy ofendido porque a él también le gusta mucho, mucho, muuuucho la fruta.

Hemos descubierto "El Ventorro" como símbolo de una comida de trabajo, un reservado y una gestión criminal. Hemos asistido al desastre de los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Ha fallecido el papa Francisco y la pederastia en la Iglesia española ha saltado al primer plano de la actualidad. El exministro Montoro se nos ha destapado, se nos ha salido de madre, parecía tonto el chaval. Hemos visto una España rota, hecha jirones por la amnistía a los líderes del independentismo catalán. Pero todos tranquilos: España para los españoles primero, la prioridad es nacional. Acordémonos de Torre-Pacheco.

Y así, mientras España arde, podríamos seguir hasta aburrirnos.

Pero ¿qué será de nuestra política dentro de diez años? Yo me lo imagino así:

Isabel Díaz Ayuso, Feijóo, MAR y Tellado ya no estarán entre nosotros (puede que vengan otros que igual les hacen buenos). El PP seguirá sin gobernar, los pensionistas y los trabajadores, por fin han dejado de votarles. Vox desaparecerá para siempre. El novio de Ayuso no se habrá suicidado ni se habrá exiliado, seguirá viviendo en su ático de lujo pero sin relaciones con Quirón. Puigdemont seguirá en Waterloo, "no viene porque no quiere". Los jueces encajarán bien las críticas a su trabajo, la ley será igual para todos. La monarquía estará a punto de desaparecer y Euskadi y Cataluña casi serán independientes (Otxandiano y Rufián serán los lehendakaris). Al "Perro Sánchez" me lo imagino presidiendo la ONU. Y por qué no: una mujer de izquierdas será presidenta del Gobierno. Los partidos a la izquierda del PSOE serán capaces de construir un frente común sin desperdiciar energías en discusiones estériles y batallas de egos. Los derechos conquistados sobrevivirán porque ha habido una ciudadanía dispuesta a defenderlos.

______________

Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

Debe de ser muy duro levantarse cada día en una magnífica casa, en una de las zonas más acomodadas de Madrid, y subir a un coche que te lleva al Congreso de los Diputados. Antes de salir, ese hombre político quizá se mire en el espejo, tratando de encontrarse y reconocerse en su rostro, en su mirada. Se dirá para sus adentros que él será el próximo presidente de su país. Pero, cuando observa con atención, el espejo le devuelve otra imagen, un alter ego que no es el suyo: a veces el rostro de Abascal; otras, el de Ayuso, dos figuras con mayor fuerza mediática.

Entonces, Feijóo se repite que no puede ser, que necesita atraer los focos hacia él, hacia sus discursos, y combatir esa capacidad mediática que siempre parece jugar en su contra. Después desfilan por su cabeza las meteduras de pata, las frases desafortunadas, todas con algo en común: seguir la estela de Abascal y Ayuso, crear polémicas donde no las hay, revolcarse en el fango y enfangar la política con un único propósito: alcanzar el poder como sea.

Feijóo no es un político brillante en ningún sentido. Es torpe al comunicar, capaz de retorcer cifras para sostener algunos discursos y reincidente en afirmaciones que apenas resisten una comprobación. Quien lo escuche encontrará en sus palabras demasiados guiños a la xenofobia, al antifeminismo y al negacionismo climático.

Su última aportación a la causa obrera ha sido presentar las bajas laborales como absentismo, y hacerlo precisamente ante empresarios, mientras cada año quedan sin pagar millones de horas extraordinarias a los trabajadores. Feijóo, el supuesto hombre tranquilo y moderado, nunca ha hecho verdadera gala de esos adjetivos, ni siquiera cuando presidía la Xunta de Galicia.

La diferencia es que allí el PP controla buena parte del poder mediático y esa maquinaria le pulía la imagen. En Madrid, aunque los medios afines también intenten abrillantarla, la competencia es feroz. Abascal y Ayuso suelen ocupar las primeras planas, y en Telemadrid manda Ayuso como él mandaba en la TVG.

En fin, Feijóo es un político mediocre, pero es el líder que el PP ha colocado al frente. Supongo que muchos días se acordará de Pablo Casado y de su caída después de enfrentarse a Ayuso y cuestionar la conducta de su hermano. Ahora asistimos a algo parecido, aunque esta vez la respuesta es el silencio.

En el centro están los negocios de la pareja de Ayuso, las acusaciones de fraude fiscal y unas explicaciones que han rozado lo grotesco. Todavía resuenan las carcajadas de ambos desde su magnífico ático, una vivienda rodeada de preguntas incómodas.

Feijóo no se atreve a alzar la voz ante un caso de fraude fiscal ni ante las sospechas de trato de favor del Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia el Grupo Quirónsalud. No sabemos si calla por miedo, por cálculo político o porque, en el fondo, considera normales este tipo de prácticas.

_____________

Carlos Brage es socio de infoLibre.

No hay un solo argumento de Isabel Díaz Ayuso para justificar la compra del ático de varios millones de euros que resista un análisis y tenga sentido. Y, una vez se ponen todos juntos, dibujan la anatomía forense de un posible desfalco político y de una impunidad temeraria. Ayuso ha tirado del manual victimista habitual: “Mi pareja se está defendiendo sola de toda la maquinaria del Estado”; “es una operación del Estado contra un adversario político”. También ha embestido contra la prensa sin aclarar una sola cuestión sobre la compra. Si fuera una “campaña de desprestigio”, la información sería falsa. Pero el ático de lujo ya está comprado y ha sido incapaz de explicar por qué y para qué. 

El ático, con 200 metros cuadrados de terraza y sin oficinas es, según Ayuso, para celebrar "temporalmente reuniones". Si la necesidad es provisional, ¿qué pretende hacer después con el ático? ¿Por qué comprar en vez de alquilar? ¿Qué uso está previsto para justificar el desembolso de varios millones de euros, cuyas escrituras tendrá que hacer públicas? Si se quieren convertir en oficinas, ¿por qué no se han comprado unas oficinas? Si todavía no hay un proyecto conocido para las obras en la Puerta del Sol y, además, esas obras son temporales, ¿qué justifica una compra permanente de varios millones de euros? ¿Y por qué adquirir precisamente un ático que necesita una reforma para adaptarlo mientras duren las obras? Si, además, el edificio no permite legalmente un uso administrativo, la pregunta ya no es sólo para qué se ha comprado, sino por qué se ha dado una explicación que resulta imposible. O, directamente, falsa.

Si la propia presidenta reconoce que todavía no sabe "cómo lo va a organizar" y habla indistintamente de recepciones institucionales, encuentros con los medios o incluso de trasladar allí a un consejero, la operación tiene todavía menos sentido. Para un traslado temporal, la presidenta tiene consejerías de sobra. La Comunidad de Madrid cuenta con numerosos inmuebles en propiedad —basta consultar su inventario patrimonial— en calles como Sagasta, Princesa o Miguel Ángel. Y, si la intención fuera trasladar la sede de la Presidencia, tendría más lógica buscar una ubicación próxima a la Asamblea que un ático en Chamberí.

“No es para mí”, dice la presidenta. Tampoco “le compete”. Es posible que en cuestión de horas cambie de versión. En el mejor de los escenarios, no se trataría de un chanchullo, sino de una operación especulativa de compra ejecutada con impunidad y alevosía. “Lo que no puede esta administración es despatrimonializarse. Me consta que está habiendo muchas ventas de otros inmuebles y oficinas”. Sea por afán especulativo o por la razón que termine conociéndose, el responsable de Madrid Planifica debe comparecer, el Consejo de Gobierno tiene que explicar la operación y la Comunidad de Madrid debe hacer pública la escritura de compraventa con la vendedora. Cuando no hay una explicación convincente, normalmente es porque no la hay. Por lo pronto, la polémica exige una respuesta política y una transparencia documental absoluta sobre una operación inmobiliaria que la Comunidad ocultó hasta que El País la ha hecho pública. Aunque los áticos, en la política madrileña, acaban necesitando en demasiadas ocasiones una explicación judicial.

Hace bien Ayuso en preocuparse por lo que pensarán sobre el nuevo ático las personas que han perdido sus bienes en los incendios. O qué pensará Maricarmen, con 87 años, amenazada con un desahucio de la casa en la que ha vivido toda su vida. O qué pensarán las personas a las que, de un día para otro, les piden duplicar el precio del alquiler de la vivienda en la que llevan residiendo siete años porque Madrid se niega a aplicar los topes al alquiler. Y también debería preocuparse por lo que pensarán algunas asociaciones cívicas y jurídicas, porque las explicaciones pintan mal para justificar el objeto y el destino de la nueva inversión.

Con Ayuso, el gato blanco suele acariciarse desde Génova 13 y no en la oposición. Es una tradición. Con Esperanza Aguirre fueron las propias luchas internas del partido las que acabaron empujando a sus peones más corruptos. Pablo Casado fue sacrificado en ese enfrentamiento y Alberto Núñez Feijóo tampoco ha sido ajeno a envites y operaciones de desgaste desde Madrid. Nadie en el PP parece dispuesto a salir en defensa de la presidenta por sus dos áticos en Chamberí, por el tercer ático desvelado por El País o por el futuro informe de la UCO sobre Alberto González Amador. Quizá porque, cuando el silencio se impone entre los propios, también temen que la falta de explicaciones les salpique. 

Cada verano, mientras los incendios forestales asolan distintos puntos del país y los servicios de emergencia luchan contra las llamas, el debate político también se llena de desinformación. La actual ola de incendios, que ha afectado a Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha, no ha sido una excepción. A medida que avanzaban los fuegos, dirigentes de PP y Vox reactivaron un discurso que minimiza el papel del cambio climático y pone el foco en la gestión forestal.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha calificado de “irresponsabilidad política” la difusión de bulos sobre los incendios. Sin embargo, durante estos últimos días varios políticos han usado las ruedas de prensa y las redes sociales como altavoz para difundir desinformación.

El discurso más frontal contra la evidencia científica proviene de Vox. La formación de extrema derecha ha aprovechado la oleada de incendios para reactivar su argumentario negacionista. El 20 de julio, el diputado en la Asamblea de Madrid, José Antonio Fúster, cruzó todas las líneas rojas del consenso científico al afirmar que la acción del hombre no es la causante del calentamiento global. “La Tierra, el mundo, el sistema solar tiene sus propios tiempos y hace lo que le parece. No es el hombre”, afirmó, asegurando además que “los paneles científicos” se estaban “echando un pelín para atrás” en la idea del origen humano del calentamiento global, una afirmación que no se corresponde con el consenso científico internacional, respaldado por organismos como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que en su último informe sobre cambio climático señala la influencia humana como principal responsable del calentamiento a un ritmo sin precedentes.

A partir de esas declaraciones, la maquinaria del partido se ha centrado en desvincular el clima del fuego. En su cuenta oficial de X, publicaron que no hay cambio climático, sino “una ideología criminal, incompetencia y abandono”. Al mensaje adjuntaban una imagen que indica que si los montes no se limpian en invierno, arden en verano. El mensaje elude que la limpieza y la gestión de los montes son competencia de las comunidades autónomas, incluidas aquellas donde gobierna Vox en coalición y dirige áreas como Medio Ambiente en Aragón o Medio Rural y Política Ambiental en Castilla y León.

En esta línea han seguido otros representantes como Iñigo Henríquez de Luna, diputado en la Asamblea de Madrid, quien la semana pasada acusó reiteradamente a otros políticos (y en especial a Pedro Sánchez) de utilizar el cambio climático como un “burladero” para esconder su responsabilidad en la prevención y gestión. Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y el propio Santiago Abascal, atribuyeron la falta de medios contra los incendios a la “corrupción” del Gobierno central, llegando a calificar a Sánchez de “plaga”. Ninguno de los tres aportó datos, informes o ejemplos concretos que sostuvieran esa relación directa entre corrupción y escasez de medios de extinción.

Por su parte, el portavoz de Trabajo y Campo de la formación, Rodrigo Alonso, completó ese argumento asegurando que los incendios activos no se deben al cambio climático, sino a la falta de “trabajos de desbroce” y a que no se ha “limpiado el campo adecuadamente”. La Ley de Montes, aprobada en 2003 por el Gobierno de José María Aznar, establece obligaciones que contradicen esa afirmación. La norma exige la limpieza de los montes tanto a los propietarios privados como a los ayuntamientos, y demanda a las comunidades autónomas la elaboración de planes anuales de prevención de incendios. Entre esas medidas antiincendios deben figurar trabajos de carácter preventivo como los tratamientos selvícolas, que incluyen la eliminación de matorrales y la poda.

Isabel Díaz Ayuso y Feijóo han ignorado en diversas ocasiones la propuesta de un Pacto de Estado contra el cambio climático que propone el Gobierno. En cambio, Ayuso ha reclamado este lunes que se escuche “a las gentes del campo, que son quienes de verdad conocen lo que pasa en los montes”, denunciando “dificultades para limpiar los montes y para trabajar en sus propios terrenos”. Tampoco la Ley de Montes respalda esta interpretación. Los permisos solo son necesarios para quemas o uso de maquinaria en periodos de riesgo, y su tramitación depende de cada comunidad autónoma. Algunas, como Castilla y León o la propia Comunidad de Madrid, solo exigen una declaración responsable en el caso de extraer matorrales de más de 1,5 metros o realizar podas mayores.

En la misma línea se ha pronunciado este lunes Alfonso Serrano en el programa Todo es mentira. “¿El cambio climático explica parte de lo que está pasando? Sí. ¿Que ahora existe un exceso de burocracia que impide a la gente del campo hacer lo que antes hacían? También”, ha asegurado. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de Sánchez de utilizar el cambio climático “como mantra” para evitar hablar de su “mala gestión” en materia de prevención de incendios. 

Este discurso no es nuevo. Ya en 2022, Ayuso definió la agenda climática como una posible “gran estafa” ante la Asamblea de Madrid. La misma dirigente que meses después, en el debate electoral del 28M, prometía “llevar naturaleza a los patios y a las azoteas” para que “cada balcón de Madrid tenga una planta”, ha mantenido en paralelo, año tras año, un discurso agresivo contra las políticas climáticas.

El año pasado Vox ya achacaba los incendios en España al fanatismo climático y las políticas medioambientales de la Agenda 2030. Esta no es una ley ni una norma jurídica, por lo que no autoriza ni prohíbe nada a nivel estatal o autonómico, sino que es un compromiso internacional de Naciones Unidas para la protección de los ecosistemas terrestres.

Mientras los bomberos siguen trabajando sobre el terreno, la legislación vigente mantiene desde hace más de dos décadas obligaciones concretas sobre la gestión de los montes y reparte responsabilidades entre propietarios y administraciones. Ese marco legal contrasta, sin embargo, con un debate política en el que cada verano resurgen afirmaciones que cuestionan tanto el consenso científico sobre el cambio climático como el alcance real de la normativa forestal.

Pedro Sánchez confirmó este martes que no habrá pacto de Estado frente a la emergencia climática mientras el Partido Popular no abandone el negacionismo climático. Lo dijo en su comparecencia semestral en Moncloa, con ocho grandes incendios activos en España y más de 170.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año, seis veces más que en el mismo periodo de 2025.

“El negacionismo es el peor de los combustibles ante la emergencia climática”, insistió Sánchez. Negar la realidad y las alarmas de la ciencia no prepara al país. Al contrario, según el presidente, lo hace más vulnerable y más inseguro.

En una intervención ante los medios, convocada para hablar del curso político —la última de la legislatura por estas fechas—, ligó esa advertencia al balance humano de los incendios. Habló de más de una decena de víctimas mortales, de familias confinadas en sus casas y de personas que han tenido que abandonar sus hogares. Con agosto y septiembre todavía por delante, y con una nueva ola de calor anunciada por la Aemet, insistió en que la pregunta pendiente es “qué más tiene que pasar” para que el conjunto de las fuerzas políticas respalde el acuerdo.

“La emergencia climática mata; el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante”, afirmó.

El pacto de Estado frente a la emergencia climática no es una propuesta nueva. Sánchez recordó que lo planteó en el verano de 2025, en plena campaña de incendios. Desde entonces, explicó, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha coordinado un proceso que ha recogido más de 4.000 aportaciones de 1.500 personas. El resultado se presentó en septiembre de 2025 en Ponferrada, en la comarca de El Bierzo.

Sánchez situó la trascendencia de ese acuerdo por encima de cualquier otro. Lo definió como “el acuerdo de país que más necesita España”. E insistió en que no es una opción, sino una obligación compartida entre fuerzas políticas, agentes sociales, comunidad científica, ONG y administraciones.

¿Y por qué, entonces, es tan difícil llegar a un acuerdo con el PP? “El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios”, afirmó. Y la unidad en la respuesta a las emergencias ya existe. La citó como ejemplo en la coordinación entre administraciones que se está viendo estos días en Castilla y León (por el incendio de Ávila), Madrid y la Comunitat Valenciana (por el fuego de la Vall d’Uixó, en Castellón).

Lo que falta, según su planteamiento, es un acuerdo sobre la prevención y sobre la reconstrucción de las zonas afectadas. Y eso, dijo, exige reconocer que la emergencia climática multiplica los riesgos de incendio, así como de otras catástrofes, como la que causó la dana en València en 2024.

Sánchez situó el pacto como una demanda ciudadana al recordar una visita a El Bierzo hace un año, donde vecinos y miembros de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) le trasladaron la necesidad de un acuerdo que trascendiera los cuatro años de una legislatura. La gestión de los montes y la respuesta a las olas de calor, las danas y las sequías, dijo, requieren políticas sostenidas en el tiempo.

Sánchez apeló también a lo que llamó “el elefante en la habitación”. Sostuvo que la ciencia exige actuar en dos frentes a la vez: la mitigación, es decir, la reducción de gases de efecto invernadero, y la adaptación a un clima que ya ha cambiado. “Tenemos que hacer las dos cosas”, dijo.

El presidente reprochó a los gobiernos autonómicos del PP y Vox que, a su juicio, conviertan a algunos de sus líderes en portavoces de bulos sobre la gestión forestal. Mencionó explícitamente la ley de montes, de la que dijo que no impide lo que algunos afirman que impide. Y recordó que la limpieza y el desbroce de los montes son competencia de las comunidades autónomas. “Me causa muchísima pena ver a líderes políticos, a representantes de instituciones públicas, convertirse en portavoces de bulos”, declaró.

Sánchez trazó una línea entre el pasado y el presente del PP en materia energética. Recordó que, cuando llegó al Gobierno en 2018, España tenía un impuesto al autoconsumo, conocido como el impuesto al sol, que frenaba la expansión de las energías renovables. La potencia instalada de energías limpias, según los datos que citó, ha pasado del 47% en 2018 al 72% actualmente, con un 60% del mix eléctrico procedente de fuentes limpias.

“Quienes ayer frenaron, precisamente con el impuesto al sol, el despliegue de las energías renovables son los mismos que hoy acuerdan con la ultraderecha, allí donde gobiernan en los territorios, el frenazo, el parón de las energías renovables”, acusó. Citó como ejemplos Aragón, Extremadura y Castilla y León, comunidades gobernadas por el PP en coalición con Vox.

Es precisamente esa política la razón por la que el Gobierno no espera que las comunidades gobernadas por PP y Vox se sumen a sus medidas, como la red de infraestructuras de refugios climáticos que presentó un día antes de la comparecencia.

Para contraponer lo que el Gobierno está haciendo en materia de lucha contra el fuego, Sánchez también detalló el refuerzo presupuestario del dispositivo estatal contra incendios. Según los datos que aportó, el presupuesto destinado a la prevención ha aumentado un 30% entre 2024 y 2026, y el de extinción, un 34%. La financiación de las BRIF, dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, ha crecido un 47%, con un nuevo convenio que reconoce su trabajo durante todo el año. Anunció, además, la compra de siete nuevos aviones anfibios que se incorporarán a partir de 2028.

Pero con eso no basta, subrayó. La acción unilateral del Estado tiene límites. “Estamos haciendo mucho, pero no es suficiente”, reconoció. Hace falta la unión de todas las administraciones, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos y las diputaciones, porque en la prevención estas últimas tienen competencias decisivas.

Sánchez se declaró dispuesto a hablar con las fuerzas políticas y a convocar una Conferencia de Presidentes sobre el pacto climático. Recordó que ha convocado más conferencias de presidentes que ningún otro jefe del Ejecutivo desde el inicio de la democracia. Citó como precedente la conferencia celebrada en La Palma, en la que se reforzó el Sistema Nacional de Protección Civil.

Pero matizó esa disposición. Dijo ser “un poco precavido” porque, en los gobiernos donde el PP pacta con Vox, no observa “una voluntad clara y firme de luchar contra la emergencia climática”, sino todo lo contrario.

Sobre una eventual reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez dijo que el Gobierno está siempre abierto a hablar con la oposición. Añadió el deseo de que esa oposición fuera constructiva y no destructiva, y se remitió al Congreso, donde aseguró que su grupo parlamentario y el ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantienen contacto con todas las formaciones. “Si tienen a bien unirse a este pacto de Estado, pues bienvenidos sean, tienen las puertas abiertas”, afirmó.

Sánchez cerró su argumento con una idea que repitió en distintos momentos de la comparecencia. La emergencia climática, dijo, no tiene ideología y afecta a todos por igual, también a los vecinos de los territorios gobernados por el PP y Vox. Mientras esa premisa no sea compartida por todas las fuerzas políticas, el pacto de Estado que propuso hace un año sigue sin contar con todas las firmas que necesita para desarrollar medidas que trasciendan una legislatura o un eventual cambio de Gobierno.

Didáctica de la concreción. No es sólo un deseo sino una necesidad que tendrá que ser expresada por los partidos a lo largo de los próximos meses. El que concreta gana. Lo hemos dicho para unas elecciones locales y también para unas generales; lo afirmamos tanto para los partidos del bloque plurinacional como para aquellos que integran los partidos del bloque autoritario. Frente a la corrosión que provoca el algoritmo judicial, concreción programática en los plurinacionales de la izquierda y de la derecha ante un electorado que demuestra mantener una gran estabilidad, ya sea en Catalunya o en el resto de España. Efectivamente, la prioridad nacional toma la dimensión política que sólo se decide en el Madrid D.F. cuando la verdadera prioridad, en estos momentos, es la vivienda y el calentamiento global. Quizá la fortaleza de Aliança Catalana puede ser sólo otro espejismo que tenga el mismo origen y que se puede desmantelar únicamente desde una didáctica de la concreción.

El camino es la concreción. El que concreta gana. Concretar es también rectificar: Junts votó en contra del consorcio de inversiones hace unas semanas, una herramienta que permitirá que Catalunya participe en la elaboración de los estudios previos, la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras del Estado. Junqueras se lo dijo a Gabriel Rufián y al resto de diputados de ERC en el Ritz: “La esperanza puede ser abstracta, etérea o simpática, pero necesita ser concreta”. Ahora le pide a Junts que rectifique y sea un partido útil, apoyando iniciativas como la del consorcio de inversiones o el nuevo modelo de financiación. O sea, todos dentro.

Quedan doce meses para la batalla municipal, primera vuelta (volumen II) del armagedón que enfrentará al Consorcio PP-Vox y al Frente democrático y plurinacional en 2027. Tiene razón el exjesuita en su homilía. Lo recordamos otra vez. Cuando los gobiernos no resuelven el cambio climático, cuando no son capaces de dar respuesta a la crisis energética, a los flujos migratorios, a los incendios de sexta generación, al problema estructural de la vivienda, se genera una frustración en buena parte de la sociedad. En esta batalla entre el miedo y la esperanza, la esperanza, que puede ser abstracta, etérea o simpática, necesita una didáctica de la concreción.

Didáctica de la concreción es también poner en práctica la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que falló la semana pasada a favor de la ley de amnistía. Un 62,6% de los catalanes está a favor de que la ley se aplique a todas las causas judiciales pendientes relacionadas con el procés, según indica Encuesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para El Periódico, que fue realizada tras conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). España, país de países, no volverá a otro procés como el de 2017, expresión de una herida política profunda y severa cuando no se reconoce la plurinacionalidad. Ahora se hace necesario que el algoritmo judicial no opere en contra del TJUE y respete el ordenamiento comunitario o, al menos, que lo haga en la misma medida que el Parlamento español lo ha respetado. Se hace necesario que Carles Puigdemont aterrice cuanto antes en Catalunya y se materialice el Estado de derecho.

Didáctica de la concreción es actuar desde la plurinacionalidad, basamento social sobre el que se construye nuestra democracia, desactivando leyes que incluyan como eje de acción de cualquier gobierno autonómico la "prioridad nacional". En ese sentido, el Gobierno de la Comunitat Valenciana, periferia muda, incorporó el pasado miércoles el significante vacío en su último presupuesto aprobado con el apoyo de Vox. Hay que dejarlo claro: en su modalidad más moderada, el arraigo, la prioridad entra en serio conflicto con el artículo 14 de la Constitución Española, que consagra el principio de igualdad. En su vertiente más agresiva y explícita, la "prioridad nacional" es sólo el éxtasis político del supremacismo.

Es la demoscopia quien guía la didáctica de la concreción y adquiere su plenitud en el municipalismo. El acceso a la vivienda es el problema más grave en Barcelona para el 31% de los encuestados en el último barómetro publicado por la Oficina Municipal de Datos de su Ayuntamiento, seguido de la inseguridad, con un 26,3%. En tercer lugar aparecen los problemas asociados a la inmigración, citados por un 7,5%; por delante del turismo (6,9%), la limpieza (3,7%), las obras (2,6%). También aparecen la masificación y el modelo de ciudad, ambos con un 2,2%, y la falta de civismo o de educación, con un 2,1%. La agenda local de los Ayuntamientos está clara.

Catalunya tiene un votante muy estable. España se disciplina y progresa desde la plurinacionalidad, a través de presupuestos sociales, y desde la consagración de la UE, cumpliendo con su ordenamiento y sus sentencias. Juntas son dos motores que conforman y definen la materia social de la que se compone nuestro país. Si Junts concreta y demuestra que es útil para Catalunya, una parte de sus votantes seguirán votando a los de Puigdemont. En cambio, si opta por no tomar nunca ninguna decisión útil para Catalunya, una parte de sus votantes acabará buscando alternativa en Aliança Catalana. Dicho de forma más clara: cada vez que Junts vota en contra del Gobierno y de sus socios, el partido de Orriols crece exponencialmente en los municipios de Catalunya, principalmente porque los de Nogueras se sitúan fuera de los márgenes del sistema España absorbidos por un nuevo marco político definido por la prioridad nacional.

A pesar de ello, volvamos a la clave municipal: ¿significa eso que los de Orriols reemplazarán a Junts en la mayoría de municipios catalanes en las próximas locales? Pues no. Aliança es sólo una respuesta a la inmigración y sólo a la inmigración. De los 900 ayuntamientos de Catalunya, el partido independentista tiene serios problemas de organización y persuasión para conseguir cabezas de cartel en más de la mitad, o sea, en aquellos territorios con menos de 5.000 habitantes. Si en enero no logra asentar candidaturas fiables en esos municipios, Aliança puede situarse en el horizonte de sucesos que destruyó a Ciudadanos. Dicho de otra manera, el hundimiento acelerado de Junts puede obedecer a una burbuja mediática que emana, como tantas otras veces, exclusivamente desde el Madrid D.F. Atentos.

Pedro Sánchez atribuye las causas judiciales que afectan a su hermano, David Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, a una intencionalidad política compartida por el PP y Vox. Lo hizo durante la comparecencia semestral de balance de la acción de Gobierno.

Sánchez recordó que, en el caso de su hermano y de su esposa, no ha sido la Fiscalía la que ha impulsado las causas. “Fíjese, es curioso, porque en el caso de mi familia, de David Sánchez y de Begoña Gómez, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento —en el caso, por ejemplo, de Begoña Gómez, de un supuesto delito de malversación— y no ha sido requerida la Abogacía del Estado, que en teoría está para defender los intereses de la Administración pública”, afirmó.

El presidente añadió que, ante la ausencia de estas dos instancias, son las acusaciones populares las que sostienen ambos procesos. “Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Las acusaciones populares”, dijo.

Sánchez afirmó que detrás de esas acusaciones hay una intencionalidad política. “Es evidente que hay una intencionalidad por parte de estas acusaciones populares y, por cierto, por parte también de partidos políticos, de Vox, del Partido Popular, que se presentan con acusaciones populares”, subrayó.

El presidente describió la actuación de ambos partidos en los tribunales: “La única propuesta que hacen, que se conoce durante estos años, es elevar penas de cárcel. Esas son las propuestas que están haciendo. Ese es el tipo de oposición que tenemos”, se quejó. 

Preguntado acerca de si actuaría igual en 2018, cuando presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy, a la vista de los acontecimientos que han afectado al exministro José Luis Ábalos, Sánchez remarcó las diferencias entre la gestión de los casos de corrupción del PSOE y la del PP con la trama Gürtel. “Yo le ofrecí al señor Rajoy que asumieran las responsabilidades políticas, porque no asumieron ninguna. Al contrario, lo que hizo fue encubrir y proteger una corrupción sistémica que afectaba a su partido”, dijo.

Y contrapuso esa actuación con la de su propio partido. “En el caso del Partido Socialista, cuando ha habido el más mínimo atisbo, lo que hemos hecho ha sido actuar con contundencia. Creo que hay una enorme diferencia entre unos y otros”, sostuvo.

El presidente insistió en que la comparación entre partidos no se limita al pasado. “Hay múltiples casos, no solamente del pasado, sino actuales, en relación con el Partido Popular y con la ultraderecha de Vox, que también nos dicen cómo actúan unos y cómo actúan otros cuando, por desgracia, emergen casos de corrupción como el que nosotros también hemos sufrido”, afirmó.

Sánchez pidió no reducir a su hermano y a su esposa a su parentesco con él. “Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano, pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y formarse”, afirmó.

El presidente detalló incluso la trayectoria académica de su hermano. “Uno es mi hermano, David Sánchez, licenciado en Económicas por ICADE, licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo, donde vivió seis años; habla perfectamente ruso e inglés. También habla francés e italiano”, explicó.

Sánchez defendió su derecho a recurrir la sentencia que le condenó por inhabilitación. “No es mi hermano solo; es fundamentalmente David Sánchez y, por tanto, él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta. Esperemos que otras instancias le den la razón, como yo le defiendo también”, dijo.

Sánchez trasladó el mismo argumento al caso de su esposa, investigada por un supuesto delito de malversación. “Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años. Llevaba ya más de diez años trabajando en su empresa”, relató.

Y explicó por qué Begoña Gómez dejó su puesto profesional al llegar él a La Moncloa. “Cuando dejó su empresa fue en el año 2018, cuando yo entré a ser presidente del Gobierno. Renunció a su empresa para evitar cualquier conflicto de interés y cualquier problema que pudiera surgir, aunque fuera artificial e intencionado, por parte de intereses que hoy, a través de las acusaciones populares” se están confirmando, afirmó.

Sánchez recordó también la trayectoria académica previa de su esposa. “Era una profesional antes de que yo la conociera. Antes de que yo fuera secretario general del Partido Socialista, colaboraba en la Universidad Complutense con algunos másteres y estudios de posgrado que ella lideraba y diseñó", dijo.

Una vez más, el presidente pidió no reducir a su esposa a su relación con él. “No es mi mujer, es Begoña Gómez. Lo digo porque en muchas ocasiones, con ese tipo de estrategias, lo que se hace es deshumanizar a personas que tienen un pasado de integridad y de profesionalidad, y que además han sacrificado buena parte de su desarrollo profesional”, declaró.

Sánchez planteó una pregunta sobre el coste personal de ocupar la Presidencia del Gobierno. “La pregunta que nos tenemos que hacer es si la pareja de un presidente o presidenta de Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional. ¿Esa es la España que queremos?”, afirmó. Sobre el desenlace judicial de la causa, se limitó a decir que espera que “acabe lo que tiene que acabar”.

Sánchez abordó también, en la misma comparecencia, el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, afectado por una investigación acerca del préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra y por haber aceptado joyas como regalo.

Sánchez respaldó a su antecesor sin entrar a valorar el contenido de las explicaciones que este dio la semana pasada en una entrevista concedida a Televisión Española. “Por parte del Gobierno de España, por parte del partido que me honro en dirigir, desde luego cuenta con nuestro respaldo. Respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales de esta investigación. Ya veremos en qué deriva”, dijo.

Lo que se negó a comentar son las palabras de Julio Martínez, una de las personas investigadas en la causa, que declaró ante el juez que Zapatero le informó del rescate a Plus Ultra antes de que lo supiera la SEPI, la sociedad estatal de participaciones industriales. “Esa es su versión”, dijo, rechazando expresamente tener que “opinar sobre las versiones de unos y otros y sus estrategias de defensa”.

Sánchez sí defendió de nuevo la legalidad del expediente. “El expediente de Plus Ultra ha sido examinado por activa, por pasiva y por perifrástica, no sé cuántas veces. Desde el Gobierno de España decimos lo que hemos dicho siempre”, que el expedientese tramitó de acuerdo con “una legalidad absolutamente intachable”.

“Quiero recordar una vez más”, añadió, “que no es un rescate, que fue un préstamo, con unos tipos de interés que no eran del agrado de ninguna de las empresas que lo recibieron”, explicó. Y que ese mecanismo permitió “la conservación de 60.000 puestos de trabajo” durante la pandemia.

Sobre las joyas recibidas por Zapatero, calificadas por el propio expresidente como “un regalo de cortesía personal sin afán lucrativo” pero cuyo origen concreto todavía no ha explicado, Sánchez remitió las explicaciones pendientes a su antecesor. “Las explicaciones las dará el presidente Zapatero en la sala, en sede judicial y en los medios de comunicación cuando considere. Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero", zanjó.

Pedro Sánchez ha situado la emergencia climática y la oleada de incendios que afecta a buena parte del país en el centro de su balance del curso político. El presidente del Gobierno ha reclamado unidad entre administraciones para afrontar tanto la prevención como la recuperación de las zonas afectadas y ha cargado contra los discursos de Vox y de algunos dirigentes del PP que niegan o minimizan los efectos del cambio climático.

“El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática”, ha advertido Sánchez durante su comparecencia desde el Palacio de la Moncloa. A su juicio, cuestionar las evidencias científicas no contribuye a proteger a la población, sino que aumenta su vulnerabilidad ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes. “La emergencia climática mata y el negacionismo desarma” a quienes trabajan para prevenir y combatir los incendios, ha resumido.

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a pedir un pacto de Estado frente a la emergencia climática, una propuesta que, por el momento, no cuenta con el respaldo de las comunidades gobernadas por el PP. Sánchez ha apelado directamente a las administraciones autonómicas y locales para que dejen a un lado sus diferencias políticas y participen en un acuerdo común que refuerce la prevención, la respuesta ante las catástrofes y la reconstrucción posterior.

Para defender la urgencia de ese pacto, el presidente ha recordado los incendios registrados en provincias como Almería, Guadalajara, Madrid, Ávila y Castellón. Según los datos ofrecidos durante su comparecencia, más de 170.000 hectáreas han ardido en lo que va de año, una superficie seis veces superior a la del ejercicio anterior. Sánchez también ha señalado que los incendios han dejado ya una decena de víctimas mortales cuando todavía quedan por delante agosto y septiembre, dos de los meses de mayor riesgo.

“¿Qué más tiene que pasar para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país?”, se ha preguntado. El presidente ha insistido en que negar la dimensión del problema o las advertencias de la comunidad científica debilita la capacidad de respuesta del país y genera una falsa sensación de seguridad.

Sánchez también ha advertido de que los próximos días serán “especialmente complejos” por el aumento progresivo de las temperaturas, que dificultará las tareas de extinción y elevará el riesgo de nuevos incendios en distintos puntos de España. Ante ese escenario, ha asegurado que el Gobierno seguirá movilizando, en coordinación con el resto de las instituciones, todos los medios necesarios “hasta apagar la última llama”.

El Consejo de Ministros ha aprobado además la declaración como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil de los territorios perjudicados por los incendios. Esta medida permitirá activar ayudas para hacer frente a los daños personales y materiales ocasionados por el fuego.

El presidente también ha destacado que la España de hoy es la que crea la mitad de los puestos de trabajo que se generan en la Unión Europea, "muy distinta" a la España de hace una década que condenaba a la ciudadanía al "paro crónico o al exilio".

"Batir cada poco tiempo récords de empleo se ha convertido en la norma", ha afirmado el presidente tras conocerse este martes que el mercado laboral marcó un nuevo máximo en 22,7 millones de ocupados de acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) del segundo trimestre.

Sánchez ha subrayado que ya son seis encuestas de población activa consecutivas en las que el empleo crece por encima del medio millón de empleos anuales, lo que considera un éxito de los empresarios, los autónomos, los trabajadores, las instituciones y todo el país.

Asimismo, ha destacado que la tasa de paro ha vuelto a descender del 10%, el nivel más bajo en 18 años, y que se está logrando generando empleo en sectores de alto valor añadido como la información y las telecomunicaciones, o las actividades científico-técnicas. "No solo es cuestión de cantidad, sino de calidad", ha incidido el presidente, que lo ha atribuido a una reforma laboral que ha favorecido que la temporalidad haya caído 11 puntos.

Todo ello "en un contexto muy complejo para la economía europea", que España está capeando creando valor añadido, tras dejar atrás "burbujas como la de la vivienda" y el empleo precario, y mejorando al mismo tiempo la salud de las cuentas públicas.

Respecto al crecimiento económico, ha hecho hincapié en la mejora de las previsiones internacionales para España este 2026, en un momento en el que la economía española está creciendo "cinco veces más que la italiana, cuatro veces más que la alemana y tres veces más que la francesa". 

El presidente del Ejecutivo también ha ratificado que “queda un año para culminar esta legislatura” y las reformas pendientes, y ha pedido a los ciudadanos que se sientan orgullosos de un país “que tiene las cosas muy claras, que defiende la convivencia y la paz, que juega limpio y que construye una sociedad mejor”.

Sánchez ha vuelto a dejar claro que no contempla un adelanto electoral y ha subrayado que las legislaturas duran cuatro años también cuando las elecciones las gana la izquierda.

Tras pedir que se asuman los resultados electorales, ha insistido en que “queda mucho camino por delante” y ha garantizado que su equipo tiene “los objetivos muy claros” tras ocho años de gobierno: “Somos el Gobierno de la gente, somos el Gobierno de coalición progresista, y este es el Gobierno de España”.

Ante las vacaciones estivales, ha pedido a los españoles que viajen al extranjero que se fijen en la “admiración” que genera el país, y no solo por la selección de fútbol, y que se sientan orgullosos del mismo.

Sánchez ha defendido la agenda “del sentido común” que está llevando a cabo el Ejecutivo en un contexto “nada fácil” y marcado por una incertidumbre internacional “casi permanente”.

Ha recordado que llegó a la Moncloa tras una “década de recortes” del Ejecutivo del PP, en la que también se cercenaron “los derechos laborales y las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras”, y se ha mostrado convencido de que el país está “infinitamente mejor”.