Entre 2003 y 2011, Caixanova, con su director general al frente, Julio Fernández Gayoso, perdió 45 millones de euros en una fallida operación urbanística para construir una promoción de lujo y un puerto deportivo en la antigua conservera Massó, en Cangas (Pontevedra). Así lo estableció la Fiscalía, que concluyó que el dinero se destinó a sociedades creadas a medias entre la caja y el empresario Ubaldino Rodríguez y su esposa para desarrollar un proyecto con fuerte oposición social y que finalmente nunca vería la luz. 

Pero este relato de los hechos de la Fiscalía quedará impune porque la investigación de lo sucedido se inició en 2016, cuando los posibles delitos ya habían prescrito. Así lo ha sentenciado la Audiencia Nacional en una resolución hecha pública estos últimos días en la que se absuelve al entonces máximo responsable de Caixanova y a los empresarios implicados, que fueron acusados ​​de apropiación indebida y administración desleal.

La investigación sobre lo ocurrido con el dinero de Caixanova perdido en el proyecto Massó llegó a juicio el pasado 27 de noviembre, con el expresidente de la caja gallega y los empresarios sentados en el banquillo de los acusados ​​en la Audiencia Nacional. Sin embargo, ese primer día, la Fiscalía pidió la palabra para señalar que el último hecho perseguible penalmente había ocurrido en febrero de 2011, mientras que el procedimiento penal se inició en septiembre de 2016, más de cinco años después, lo que significaba que ya habían prescrito los posibles delitos de apropiación indebida y administración desleal. 

Las defensas coincidieron, al igual que los abogados tanto de la heredera de las cajas gallegas, Abanca, como de la que asumió sus pérdidas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) creado por el Estado. Así que ante la retirada de todas las acusaciones contra los implicados, la Audiencia Nacional los absolvió.

Quedará así impune y sin certificación judicial el relato de los hechos con los que había llegado a juicio la Fiscalía, que estableció en 2003 el inicio por parte de Gayoso de un "plan" para construir la urbanización y el puerto deportivo en tierras de Massó, para lo cual se contó con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Vigo, el Ayuntamiento de Cangas y la empresa Conservas e Frigoríficos del Morrazo, propietaria de los terrenos y titular de las concesiones existentes en la zona. Esa sociedad había concedido una opción de compra por 13,8 millones a Atlántico de Construcciones y Promociones SL, de Ubaldino Rodríguez y su esposa, que acabó creando al 50% con Caixanova, las sociedades Residencial Marina Atlántica SA y Complejo Residencial Marina Atlántica SL.

En el caso del puerto deportivo, la Autoridad Portuaria de Vigo otorgó en 2005, con el popular Julio Pedrosa como presidente, una concesión que su sucesor ese mismo año, el socialista Abel Caballero, consideró correcta. Sin embargo, en 2013 el Tribunal Supremo la anuló. 

Entremedias, Marina Atlántica inició las obras del puerto deportivo en 2005, pero no pudo continuar debido a las sucesivas protestas vecinales, encabezadas por la Cofradía de Pescadores de Cangas. Y en tierra, pese a que el plan urbanístico de Cangas estaba suspendido, Marina Atlántica, ya con Caixanova como socia al 50%, acordó en 2006 la compra del suelo. 

Pero si Frigoríficos del Morrazo había firmado una opción de venta con Atlántico de Construcciones y Promociones por poco más de 13 millones, esa operación se acabó cerrando por 19,3 millones. Y a su vez la sociedad controlada por Ubaldino Rodríguez y su mujer revendió los terrenos a Marina Atlántica, en los que ellos y Caixanova poseían el 50%, por valor de 53,3 millones, algo que la Fiscalía calificaba de "plusvalía injustificada para el vendedor".

Según la Fiscalía, "para hacer frente a las cuotas pactadas en la escritura de compraventa del terreno" y "a su participación en el capital social" de Marina Atlántica, los acusados ​​en la cúpula de la caja "utilizaron e instrumentalizaron una sistema de financiación cuyo objetivo, en última instancia, era ocultar a los órganos rectores de Caixanova el precio finalmente pagado", algo que hicieron "mediante la concesión de préstamos participativos, ampliaciones de capital y pólizas de crédito a las sociedades Residencial Marina Atlántica SA y Conjunto Residencial Marina Atlántica SL".

El desembolso de dinero de Caixanova en apoyo al proyecto urbanístico finaliza "en 2011, cuando NovaCaixaGalicia Banco, entidad surgida tras la fusión de Caixanova con Caixa Galicia, en adelante NCG Banco, se adjudicó el terreno tasado en junio de 2012 por la Sociedad de Tasación de 1,9 millones de euros, en pago de las deudas de sus sociedades participadas que ascendieron a 45.059.139,18 euros".

Por la pérdida de esos 45 millones de euros de Caixanova en el proyecto Massó, la Fiscalía consideró que el Estado acabó saliendo perjudicado en última instancia ya que salió a su rescate el FROB, "que al inyectar 10.000 millones de euros que eran necesarios para poder hacer frente a la preocupante situación económica de la entidad asumió, entre otras, las pérdidas derivadas de esta operación". Por su parte, los terrenos quedaron en propiedad de Abanca como sucesora de NCG Banco.

Por estas actuaciones, la Fiscalía llegó a juicio el pasado 27 de noviembre solicitando diversas penas de prisión para los implicados por delitos societarios de administración desleal y apropiación indebida. Pero ese mismo día admitió que los hechos ya habían prescrito, se retiraron las acusaciones y la Audiencia Nacional dictó una sentencia absolutoria que ahora se ha publicado. La desaparición de 45 millones de euros de Caixanova en Massó queda así impune.

La gran banca española batió récord de beneficios en 2023, ejercicio en el que ganó 26.088 millones de euros, la mayor cifra de su historia y 20 veces más de lo abonado por el impuesto que impulsó el Gobierno para el sector. Y la tendencia ha continuado en 2024: en el primer trimestre del año se ha embolsado 2.954 millones, lo que supone un 40,8% más, según un informe elaborado por la consultora Neovantas.

En ese dibujo de situación falta otra pieza: las plantillas están sin convenio colectivo desde enero y sus representantes sindicales no entienden “por qué les están haciendo una OPA hostil a los trabajadores que los han llevado a obtener esas ganancias históricas”.

En la órbita de la Banca operaban al cierre de 2022 en torno a 83.000 trabajadores, de acuerdo a los datos que maneja CCOO. Se suman, dentro del sector financiero, a los alrededor de 55.000 del área de Ahorro y a los 17.000 de las Cooperativas de Crédito. Mientras estos dos últimos colectivos ya cuentan “con un convenio que los ampare”, los primeros empleados asisten a cómo las negociaciones entre los sindicatos y la patronal, la Asociación Española de Banca (AEB), “se arrastran desde hace meses, sin ningún resultado”.

¿Dónde está el principal escollo? Javier de Dios, responsable del Sector Financiero de CCOO, lo explica: “Los trabajadores de Banca tienen el salario de convenio y hay cierta parte de la plantilla a la que las entidades financieras por lo que llaman ‘meritocracia’, que es discrecionalidad, según nosotros, otorgan unos complementos. Esas mejoras voluntarias, cuando sube el salario base por el convenio en la negociación colectiva, se absorben y compensan, con lo que los trabajadores siguen teniendo el mismo salario final. Nuestro caballo de batalla es al menos modular esa cláusula, si no se puede suprimir al cien por cien”. 

Elena Díaz, presidenta de FINE, coincide en el diagnóstico. “El problema es la absorción y compensación de los incrementos. Tenemos a personas con los sueldos congelados desde hace muchísimo tiempo y creemos que todo el mundo tiene derecho a ver cómo se eleva su salario en la línea en la que se ha incrementado la vida, que ha sido mucho y en muy poco tiempo. Ese es el escollo. Nos ofrecen algo que no está claro. En Ahorro, por ejemplo, el convenio se ha firmado sin absorción ni compensación. Tenemos una cláusula de garantía y los trabajadores han visto, en mayor o menor medida, cómo sus salarios se han adecuado más o menos al coste de la vida. Y en Cooperativas de Crédito lo mismo. Aquí no podemos ser menos”, lanza.

Con todo, De Dios apunta que en las últimas reuniones con la patronal han logrado “abrir la vía” para que la ABE “entienda que, aunque sea transitoriamente para este convenio, se aplique algún tipo de cláusula de garantía con el fin de que las personas que tienen esas mejoras, puedan notar alguna subida. Se ha planteado que al menos opere para dos años, pero no nos han aclarado en qué porcentaje lo están considerando ni algunas otras cuestiones”, asevera. 

Díaz no comprende “por qué se está dilatando el proceso y jugando a avanzar tan lentamente. No tiene ninguna justificación, sobre todo porque no estamos abriendo el convenio en canal. Tenemos dos precedentes de firma, Ahorro y Cooperativas de Crédito, que son convenios parecidos”, por lo que la patronal “ya conoce de sobra cuáles son nuestras prioridades”, indica. No sabe tampoco el motivo por el que las mesas negociadoras “se agendan cada dos semanas -la próxima reunión será el 10 de julio- y el tiempo se agota”. “En FINE tenemos prisa -enlaza- en la medida en la que creemos que la situación que están viviendo las plantillas es bastante crítica, como la del resto de la sociedad”. Se preguntan “cómo es posible que el sector con mayores beneficios, sea tan reticente con algo que se está firmando, ya no sólo en convenios vecinos, sino en los de otras áreas de actividad que se han renegociado y no están teniendo tantos problemas en las subidas, pese a no haberse beneficiado en igual medida de la situación económica”. “La plantilla aún no ha visto reflejado nada más que pérdidas en sus bolsillos", remata la presidenta de FINE. 

A los sindicatos, la propuesta de la patronal, que algunas fuentes de la negociación interpretan que está dispuesta a una subida salarial acumulada durante tres años de hasta el 11%, mientras para otras “no está claro el porcentaje”; se “les queda corta” y “tiene aspectos" por desenredar. “Están racaneando en el convenio a sus empleados quienes menos tendrían que hacerlo”, defienden, por lo que no descartan “protestas de todo tipo”. Avisan de que no aceptarán "un órdago" y de que, si no hay acuerdo antes del verano, porque las partes no sean capaces de “pulir” una propuesta de consenso, “nos veremos abocados a entrar otra vez en conflictividad en otoño”. “No la queremos”, apostilla De Dios en concreto, “pero no nos quedan más herramientas. Porque las plantillas se merecen mejoras”, recalca.

“Si la patronal sólo atiende las peticiones de los trabajadores a través de movilizaciones y huelgas, se van a encontrar con un otoño caliente”, advierten desde UGT. “Es un convenio básicamente salarial. Están acostumbrados a mover la parte que ellos denominan por meritocracia como quieren. No sabemos ni a quién dan ni cuánto”, lamentan fuentes de esa organización sindical. Las mismas que añaden que, se les ha ofrecido que, “si no se pueden hacer cambios ya en 2024, por presupuestos o por las razones que sean, se pacten para los dos años más de vigencia del convenio”. 

“Remunerar a los accionistas y a los miembros de los consejos de administración les parece fenomenal -proclaman-, pero a los trabajadores no se les puede premiar por el esfuerzo que han hecho. Hemos estado ahí en la pandemia, que además fuimos servicio obligatorio, en otros convenios anteriores nos hemos ajustado el cinturón porque había una crisis y ahora, que están ganando dinero a espuertas, dicen que no hay para nosotros”. Las fuentes de UGT sondeadas relatan que “en la última mesa” de negociación, “el portavoz de la patronal dijo ‘queremos un convenio justo y equitativo para ambas partes y acorde a los beneficios del sector’. Dónde está eso en lo que están ofreciendo. Y ya ha pasado medio año y ahí seguimos”, concluyen.

Otras fuentes sindicales se quejan, además, de que algunos de los principales bancos “encima están aumentando de forma desproporcionada los objetivos” a cubrir por parte de las plantillas “incluso en la etapa en la que la mayoría disfruta de sus vacaciones” o “están obligando a determinados trabajadores a vender de todo a sus clientes”, censuran. “Con esta patronal es siempre la ley del embudo, para mí lo ancho y para ti lo agudo. Llueve sobre mojado desde hace demasiado tiempo”, ponen punto final de forma gráfica desde los sindicatos.  

A la luz del informe Evolución salarial 2007-2023, realizado por la consultora ICSA Grupo en colaboración con la escuela de negocios Eada, mientras un empleado de Banca cobró el pasado ejercicio 28.816 euros, un mando intermedio habría recibido en torno a los 49.040, y los directivos 94.124 euros. Ello sin contar los sueldos "estratosféricos", desde la mirada sindical, de algunos integrantes de los consejos de administración.

Los tres grupos con representación en la Cámara gallega, PPdeG, BNG y PSdeG, han aprobado la creación de una comisión de investigación para "analizar la evolución económico-financiera" de las antiguas cajas de ahorros y las "causas y responsabilidades de su transformación en bancos", incluyendo las indemnizaciones millonarias de sus exdirectivos con el fin de terminar los trabajos realizados en la IX y X legislatura que están pendientes de conclusión.

Así, los tres grupos han unificado en una petición de reapertura de comisión petición de reapertura de comisiónlas dos propuestas realizadas por BNG y PPdeG, un acuerdo que fue anunciado por el portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, en medio de un tenso debate en el que hubo reproches entre todas las fuerzas políticas y que sirvió para repasar la historia de la fusión de las cajas, hace ahora diez años. De hecho, esta comisión se abre por tercera vez en las últimas tres legislaturas autonómicas con el fin de concluir, ocho años más tarde, un informe que ponga sobre el papel la historia de fusión, bancarización y venta de las entidades gallegas, ahora Abanca, informa Europa Press.

En el debate, BNG y PSdeG señalaron al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo -que no estuvo en el debate pero acudió a la votación-, como "responsable" de la fusión "fiasco", en palabras de Pontón, y de la "celebración" de la entidad resultante de Caixanova y Caixa Galicia. Pero la dirigente nacionalista y el viceportavoz del PSdeG, Pablo Arangüena, también se echaron en cara haber sido el "tonto útil" del PP en el proceso que acabó en la subasta de la entidad, comprada por la venezolana Banesco.

Mientras, el portavoz del PPdeG ha manifestado que "es bueno que la cámara fije los hechos en el tiempo y presente un dictamen" y, ante el tira y afloja que hubo en el debate, Puy defendió que el volumen de documentación aportado por la Xunta y el medio centenar de comparecencias que pasaron por la comisión en el verano de 2013 para señalar que "el país debe protegerse frente a las informaciones interesadas y manipuladas".

Pedro Puy ha repasado los antecedentes de la crisis económica y cómo apenas "un mes y medio después" de que Feijóo ganase las elecciones comenzó una reestructuración "muy honda" del sistema financiero, incluidas las cajas gallegas, en las que, afirmó, el objetivo era mantener "la galleguidad y no perder los centros de dirección", como se aprobó en el Parlamento de Galicia pero fue recurrido por el Tribunal Constitucional.

Rifirrafes

Y precisamente sobre los distintos apoyos a la fusión de las cajas se produjo uno de los mayores rifirrafes entre los diputados de la Cámara. La propuesta legislativa había sido impulsada por el BNG e inicialmente contó con el apoyo de las tres fuerzas políticas, pero el PSdeG no acabó votando la normativa, al respecto de lo que los nacionalistas acusaron a conservadores y socialistas de "descolgarse" del acuerdo en Galicia para modificar la Ley orgánica de cajas de ahorros (Lorca) en Madrid -con Zapatero y Rajoy- y de luego "blindar" por ley a los exdirectivos que "ganaron tiempo" para las indemnizaciones después juzgadas.

En este escenario, Pablo Arangüena acusó al BNG de ser "el tonto útil" del PP en el proceso de fusión y de tener "consejeros" en las cajas, a lo que Pontón le replicó espetándole que era el PSdeG el que tenía representación en las direcciones y citó, expresamente, a "Mar Barcón (exdiputada y exedil de A Coruña, y que en la Cámara gallega se ausentaba en las votaciones que afectaban a esta cuestión por ser miembro del consejo de Caixa Galicia) y Salvador Moreda (expresidente de la Diputación de A Coruña).

PSdeG y BNG echaron en cara al PPdeG que el "informe" que de KMPG que hay entre la documentación de las cajas en la Cámara gallega es solo "un power point" y piden conocer el documento "al completo" por el que se pagó un millón de euros -tal y como figura en la carta de encargo de la Xunta-. Puy asegura que está toda la documentación desde hace diez años en el Pazo do Hórreo y subrayó que ese informe fue "avalado" con informes internacionales y del Banco de España posteriormente avalando la fusión de las cajas gallegas.

Y en este intercambio de reproches, Arangüena destacó que él denunció las indemnizaciones, que acabaron en condenas "ejemplares" en palabras de Pedro Puy, e ironizó con que Feijóo "encargó" una "pluma Montblanc" para firmar la fusión de las cajas e incluso anunció que la "incorporaría al archivo" del gobierno gallego, haciéndose eco de las informaciones que se publicaron al respecto.

"Una imagen, más que mil palabras" 

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha iniciado su intervención con dos fotos de la "celebración de la fusión-fiasco", asegurando que "una imagen vale más que mil palabras" y, así, sacó dos fotografías de la fusión para añadir que "no solo se dieron la mano, sino que brindaron porque había un acuerdo para la fusión de las cajas". En este sentido, apuntó que "tiene mucho que ver con el negacionismo" del presidente de la Xunta, de quien lamentó su "silla vacía" en el debate, algo que achacó a que "no tiene la conciencia tranquila".

Sobre las fotos también habló el viceportavoz del PSdeG y ponente en el debate. No solo apelló a esa fotografía con "delincuentes de guante blanco", sino otras como la "del exdirectivo de Pemex detenido", al que Feijóo "apadrinó", y "con ese otro amigo suyo, menos de guante blanco pero que traficaba con una sustancia blanca". Es más, aseguró que "hay quien entiende que es un deporte de alto riesgo hacerse fotos con Feijóo".

Pontón ha juzgado que Feijóo ha hecho un "ejercicio de escapismo cutre" al respecto de su gestión, lo que "muestra su debilidad". "Si tuviese la conciencia tranquila, no estaría eludiendo la responsabilidad con ese auto de la Audiencia Nacional", ha dicho, en referencia al pronunciamiento en el que dice, sobre la intervención del FROB relativa a las cajas de ahorro gallegas, que "la única razón" por la que tuvo que actuar "fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba, en 2010, Caixa Galicia, antes de que se produjera la fusión". En ese mismo auto se añade que "Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia".

La diputada nacionalista ha incidido en que es necesario conocer "la verdad de cuáles fueron las razones reales de la venta de Novagalicia Banco" y ha señalado que es preciso que el Parlamento determine las "responsabilidades políticas" de este "negocio ruinoso" para los gallegos, que ha supuesto la pérdida de más de 9.000 millones de euros.

Pedro Puy ha afirmado que "por supuesto" que los conservadores "asumen la responsabilidad de la fusión" que les corresponde y, es más, ha reivindicado que fue "uno de los factores que más reforzó la idea de que el PP defiende a Galicia", precisamente, dijo, por la "batalla que dio para poder mantener las cajas y conseguir que no desaparecieran". "Esa responsabilidad la asumimos y orgullosos", ha enfatizado Pedro Puy, quien ha señalado que dieron "una batalla muy dura, entre ellas, con el Banco de España".

Todo ello, en un debate en el que también salieron a colación declaraciones del alcalde de Vigo por parte de Arangüena, para señalar que pareciese que tenía "una bola de cristal" por rechazar la fusión, y por parte de Pedro Puy, que usó otras palabras de Abel Caballero para indicar que reivindicó que la sede social de la fusión de las cajas se quedase en la ciudad olívica como una victoria.

El Parlamento de Galicia volverá a contar con una comisión de investigación de la fusión de las cajas gallegas –Caixanova y Caixa Galicia– y su posterior bancarización, más de ocho años después de que se abriese por primera vez en la Cámara autonómica.

Tanto PPdeG como BNG han incluido en el orden del día sendas peticiones concretas sobre esta cuestión, pero ya negocian, también con el PSdeG, un acuerdo para abrir este órgano de investigación parlamentaria con el consenso de todas las fuerzas políticas. La idea es, además, aprovechar los trabajos realizados, que acabaron sin un dictamen de la Cámara.

En el escenario de una comisión de investigación, que los tres grupos tienen intención de hacer por consenso y que en todo caso saldrá adelante en el pleno de la semana que viene, la oposición advierte de que, en primer lugar, la Xunta "tiene" que entregar la documentación que todavía no se envió en su día y, entre otras cuestiones, el viceportavoz del PSdeG, Pablo Arangüena, pide conocer los detalles del informe encargado a KPMG, una due dilligente por la que el Gobierno autonómico pagó un millón de euros.

Además, esta comisión llegará después de que se haya conocido un auto de la Audiencia Nacional en el que se sostiene, sobre la intervención del FROB relativa a las cajas de ahorro gallegas, que "la única razón" por la que tuvo que actuar "fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba, en 2010, Caixa Galicia, antes de que se produjera la fusión".

En ese mismo auto se añade que "Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia".

Tercera vez de la comisión parlamentaria 

Será la tercera vez que se abre esta comisión en el Parlamento de Galicia, después de que en 2012 arrancasen los trabajos que nunca concluyeron en un dictamen. Cerrada la legislatura, en 2017 se reactivaron los trabajos, pero tampoco hubo dictamen que cerrase este capítulo económico en Galicia.

La comisión de investigación se reunió el 23 de marzo de 2017 para aprobar el plan de trabajo y el 13 de julio de ese año se modificó, siendo la última reunión de este organismo en toda la legislatura pasada.

Con la nueva legislatura iniciada en 2020, el BNG registró el 29 de septiembre una petición el pasado mes de septiembre. Por su parte, el PPdeG registró otra el pasado viernes 9 de octubre, en la que figura inclusive la firma del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Además, los socialistas, que no tienen diputados suficientes para reclamar la constitución de una comisión de investigación por la misma fórmula que PP y BNG, se han dirigido a la Mesa a través de la diputada que la integra –Marina Ortega–, según un escrito recogido por Europa Press, para instar también a la creación de este órgano parlamentario que ponga fin a ocho años sin dictamen.

Ahora los grupos han quedado en negociar, de acuerdo con los servicios jurídicos, una fórmula para que el martes que viene, en la sesión plenaria, salga adelante la constitución de esta comisión por consenso. En esencia, las dos piden lo mismo y solo incluyen dos matices: la impulsada por los populares apuesta por crear una comisión de investigación para "analizar y evaluar", un matiz, el de este último verbo, que no aparece en la que hace el BNG.

Mientras, los nacionalistas señalan en título que los trabajos se retomaron "sin conclusión" en la X Legislatura una mención que, si bien es reconocida por el PPdeG –ya que no hubo dictamen–, no aparece como tal en el título de la comisión de investigación que se ha registrado.

No finalizaron los trabajos

En la rueda de prensa posterior a la reunión de los portavoces, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha explicado que hay voluntad de llegar a un "acuerdo general para la puesta en marcha de una comisión que retome los trabajos" de la pasada legislatura.

En su solicitud, los populares apuntan que la comisión terminó sus "dos primeras fases" –solicitud y aportación de documentación y comparecencias–, pero "no llegó a finalizar su dictamen". "Entre otros motivos, porque algunas de las cuestiones relevantes abordadas por la comisión de investigación, por ejemplo las indemnizaciones millonarias recibidas por los exdirectivos, estaban sub iúdice, conociéndose la primera sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional en 2015". La confirmación de la sentencia, por parte del Tribunal Supremo, tuvo lugar el 14 de septiembre de 2016.

Aún está pendiente de resolución en los tribunales algunas de las denuncias presentadas por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) contra los antiguos gestores de las cajas, recuerda el PPdeG en su texto registrado.

Cabe recordar que, precisamente, las conclusiones aprobadas por el pleno de la Cámara relativas a una comisión de investigación, además de ser publicadas en boletín del Parlamento y comunicadas a la Xunta, son susceptibles de trasladarse al Ministerio Fiscal "para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas". Es decir, la propia labor de la Cámara sirve de base investigadora para la Justicia, de ser el caso.

Petición de información

Para la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, es necesario "esclarecer qué ocurrió en el proceso de fusión y bancarización" de la entidad financiera que supuso "unas enormes pérdidas sociales". Así, ha mostrado la "voluntad de llevar adelante esta comisión de investigación, con la voluntad muy firme de que culminen los trabajos".

Rodil lamentó que "el veto de la mayoría, que cerró bajo siete llaves" la comisión de investigación hace que "a día de hoy" siga sin haber conclusiones de esta comisión. Además, también afeó que la Xunta "no colaboró con esta cámara, no remitió toda la documentación que debería", pero ahora la voluntad es que "se cree y, sobre todo, que se culminen los trabajos".

Por su parte, el viceportavoz socialista, Pablo Arangüena, ha expresado la buena voluntad de todos los grupos para alcanzar un acuerdo conjunto y ha avanzado que, en todo caso, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, preguntará al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por la valoración del auto de la Audiencia Nacional acerca de que "Caixanova nunca hubiese sido intervenida si no hubiese sido obligada a fusionarse".

Arangüena ha remarcado la "relevancia extraordinaria de esta afirmación muy fuerte" que "desmonta" los argumentos de la fusión. "Los órganos judiciales no hablan gratuitamente", ha apuntado el diputado socialista, quien ha reclamado conocer "la totalidad" del informe de KPMG, del que trascendieron en su día la documentación aportada a la comisión de las cajas y, ya en 2018, la carta de encargo hecha por la Xunta.

El PSdeG ha denunciado que con la pérdida de las cajas los gallegos "perdieron un patrimonio de 8.000 millones de euros", que son "tres cuartas partes" del presupuesto anual de la Xunta. Por ello, ha incidido en que "hay que dar esa explicación" a la ciudadanía.

La Mesa de la Asamblea de Madrid debe decidir este lunes si admite la propuesta de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos para crear una comisión que investigue las irregularidades de Avalmadrid, en el centro de la controversia por las vinculaciones de las empresas a las que avalaba con consejeros y directivos de la sociedad de garantías, así como por el trato de favor dispensado, entre otras, a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso.

Ciudadanos y Vox ya han anunciado que apoyan la creación de la comisión, pero el PP la descarta con el argumento de que Avalmadrid es una empresa privada y, como sociedad de garantía privada, ya está sometida a la supervisión del Banco de España. Queda fuera, por tanto, del ámbito de control de la Asamblea madrileña. El informe que los letrados de la cámara regional acaban de enviar a la Mesa desmonta ese razonamiento, al determinar que la supervisión administrativa del Banco de España no excluye la parlamentaria y que ésta se centra, precisamente, en la actuación del Gobierno o en la información que el Ejecutivo tiene gracias a su participación en los órganos de dirección de esta sociedad.

Además, son numerosas las comisiones de investigación abiertas, tanto en el Congreso y en el Senado como en los parlamentos autonómicos, desde 1977. Y muchas de ellas se ocuparon de empresas privadas y semipúblicas, como es el caso de Avalmadrid, cuyo 26,1% pertenece a la Comunidad madrileña. Otro 25,4% del capital lo aporta Bankia, que a su vez es propiedad del Estado –a través del FROB– en un 61%. El presidente de Avalmadrid lo nombra el Gobierno regional, y en su consejo de administración se sientan también otros dos altos cargos de la Comunidad: el viceconsejero de Economía y el secretario general técnico de esa consejería.

  RUMASA

El Congreso de los Diputados, ya en la segunda legislatura, examinó la evolución del grupo Rumasa desde que se creó, en 1961, hasta que fue expropiada por el Gobierno socialista el 23 de febrero de 1983. Todos los grupos, menos el Mixto, apoyaban la investigación, que se abrió sólo tres meses después de la expropiación y se prolongó hasta abril de 1985, un año más de lo previsto. El dictamen final, que contó con los votos particulares de Alianza Popular y UCD, culpó a los gobiernos anteriores a 1977 del crecimiento irregular de Rumasa así como de sus “desastrosas repercusiones, sociales y económicas”. También consideró la expropiación como la única “solución eficaz”. El grupo comandado por José María Ruiz-Mateos llegó a tener más de 700 empresas, incluidos 17 bancos, y a contar con una plantilla de 60.000 trabajadores. Pero en el momento de ser expropiado sufría un déficit patrimonial que Arthur Andersen cifró en 1.558 millones de euros. Debía 64,7 millones a la Seguridad Social y 116 millones más a Hacienda.

Como suele ser habitual con las investigaciones parlamentarias, también hubo una actuación judicial. Y en este caso fue múltiple: la Fiscalía demandó a Ruiz-Mateos, que fue detenido en abril de 1985 en Fráncfort y extraditado. Fue juzgado por falsedad documental y contable en la Audiencia Nacional pero absuelto en 1997, pese a quedar probado que falseó la contabilidad, porque cuando lo hizo el Código Penal no lo consideraba un delito. Pero tanto el Supremo como el Constitucional fallaron en contra de Ruiz-Mateos y confirmaron la legalidad de la expropiación.

En 1986, en cambio, el Congreso rechazó crear una segunda comisión para investigar la gestión que hizo el Gobierno de la Rumasa expropiada y su posterior privatización. Alianza Popular promovió la iniciativa, que fue apoyada por el PDP, IU, CDS y el Grupo Mixto, pero contó con el rechazo del PSOE, entonces en el Gobierno y con mayoría absoluta en la Cámara Baja.

  GESCARTERA

En septiembre de 2001 se constituyó otra comisión que investigó a una empresa privada: la agencia de valores Gescartera. Ese verano había sido intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había descubierto un agujero patrimonial de 100 millones de euros. Perdieron su dinero la mitad de los clientes, unas 2.000 personas. El fraude se convirtió en un escándalo político cuando se hizo público que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, era hermana del secretario de Estado de Hacienda y que la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, había mantenido reuniones con los dueños de la sociedad de valores a petición suya. Enrique Giménez-Reina tuvo que dimitir, al igual que Valiente. Además, el vicepresidente de la CNMV –y exdiputado del PP– Luis Ramallo, había recibido regalos del principal accionista de la agencia, Antonio Camacho, por valor de 12.000 euros. Gescartera había sido investigada desde 1993 en varias ocasiones por la CNMV, pero nunca actuó contra ella.

En noviembre de 2001, el Congreso aprobó el dictamen de la comisión, que eximía al Gobierno de responsabilidades políticas. Sólo la apoyaron, además del PP, CiU y Coalición Canaria. Mientras, el frente judicial se prolongó hasta marzo de 2008, cuando la Audiencia Nacional condenó a 52 años en total a las ocho personas acusadas.

También en los parlamentos autonómicos se han sucedido las comisiones de investigación desde 1977 hasta ahora. Bajo la lupa se pusieron tanto empresas privadas como semipúblicas. Por recibir subvenciones –las primeras– o por la participación de los gobiernos autonómicos en su gestión –las segundas–. Sin olvidar las cajas de ahorros, entidades privadas pero con dependencia orgánica de las administraciones territoriales.

  SPANAIR

Así, el Parlamento catalán investigó en 2014 la quiebra de Spanair, una de las empresas del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ocurrida dos años antes. Fue solicitada por todos los grupos políticos, que querían saber qué había ocurrido con los 185 millones de euros que habían inyectado la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para apoyar la compra de la aerolínea por parte un grupo de inversores catalanes. Sin embargo, entró en concurso con un pasivo de 474 millones de euros.

En julio de 2015, la comisión eximió de responsabilidad política a las instituciones, con los votos de CiU, PSC y ERC, la abstención de ICV y el rechazo de PP y Ciudadanos. Si éstas apoyaron con dinero público la operación fue porque consideraron que el proyecto era “viable”, aseguraba el dictamen. La Audiencia Nacional terminó exonerando a la cúpula de la empresa, que había sido condenada en primera instancia a pagar 10,8 millones de euros, al igual que la sociedad de la Generalitat Avançsa, que ejercía de administradora de la empresa, Fira de Barcelona e Inversions Turistiques i Comercials (Iticsa), filial de Turisme de Barcelona, un consorcio municipal.

  PROYECTO CASTOR

Tampoco ha tenido problema el Parlament para investigar el proyecto Castor, la planta de almacenamiento de gas que una empresa del grupo ACS, Escal UGS, perforaba frente a la desembocadura del Ebro en Tarragona. El proyecto tuvo que ser clausurado cuando empezó a detectarse una fuerte actividad sísmica en la zona. El Estado, que había asegurado el riesgo geológico de la obra, terminó pagando 1.350 millones a la empresa, propiedad de Florentino Pérez. La comisión se creó con el apoyo de todos los grupos políticos de la cámara. Aún no ha terminado sus trabajos.

  EPSILON E HIRIKO

En otros casos, los parlamentos autonómicos han investigado a empresas privadas por sus relaciones con las administraciones públicas. Por ejemplo, el Parlamento vasco analizó en 2015 las ayudas concedidas por el Gobierno de esa comunidad autónoma a los proyectos Epsilon –60 millones de euros en 2007– e Hiriko –15 millones en 2009–, que resultaron fracasados. La comisión halló responsabilidades políticas en miembros tanto del Consejo de Promoción Económica como del consejo de administración del Parque Tecnológico de Álava y de SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial.

  MUSEOS GUGGENHEIM Y BALENCIAGA

En la comisión que se abrió en 2008 sobre el Museo Guggenheim, se trataba de dilucidar responsabilidades políticas por las “irregularidades financieras, ausencia de control administrativo y anomalías” descubiertas en las dos sociedades públicas del museo: la Sociedad Tenedora, encargada de comprar obras de arte, y la Sociedad Inmobiliaria, dueña del solar y del edificio. El 50% de la Sociedad Tenedora es propiedad del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, pero sus cuentas no estaban integradas en los presupuestos de ninguna de estas instituciones ni sujetas a control público. La oposición las tachaba de opacas.

El detonante de la investigación fue el desfalco de más de medio millón de euros entre 1998 y 2005 cometido por el director de Finanzas del Museo, Roberto Cearsolo. Pero también se sometió a escrutinio una operación de compra de dólares –destinados a la adquisición de obras de arte–, donde la Sociedad Tenedora perdió más de seis millones de euros, de los 17,3 millones que habían aportado el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya.

El dictamen de la comisión culpó al director del museo, Juan Ignacio Vidarte, por su “falta de capacidad profesional” para controlar a sus subordinados, tutelar los bienes de la institución y gestionarla. Pero sobre todo reprochó a la consejera de Cultura, Miren Azkarate, su “falta de celo” en el control al director del museo y que hubiera “relajado su atención” sobre el manejo de recursos públicos. Azkarate presidía los consejos de administración de las dos sociedades antes citadas.

Casi al mismo tiempo, el Parlamento vasco indagaba en las irregularidades detectadas en otro museo, el Balenciaga, en esos momentos aún en fase de proyecto. En el patronato de la fundación que lo promovía se sientan el Ayuntamiento de Getaria (Guipúzcoa) y el Ministerio de Cultura, así como el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, en 2005 las cuatro instituciones constituyeron la sociedad Berroeta Aldamar para impulsar la construcción del museo dedicado al diseñador.

La comisión atribuyó responsabilidades políticas a los miembros del consejo de administración de Berroeta Aldamar por su “dejación en la gestión adecuada de los recursos públicos, falta de celo en su función de control de sus gestores y por avalar actuaciones de su gestor máximo con resultados contrarios al interés de la sociedad”. También culpó a la Dirección de Patrimonio del Gobierno vasco de una “insuficiente actuación en la supervisión e inventario”.

  GRUPO HISPANO TEXTIL

En Castilla y León fue el grupo Hispano Textil el que tuvo que someterse a escrutinio de su parlamento por una subvención de 3,61 millones de euros que la Junta le había concedido en 1992. Más otros 1,6 millones en incentivos regionales. De dos millones se desconoce aún cuál ha sido su paradero. La empresa de Béjar (Salamanca) cerró en 1983, dejando a 350 trabajadores en la calle. La comisión parlamentaria concluyó eximiendo de responsabilidades políticas al Gobierno del PP, pese a que durante las investigaciones se habían aportado documentos que revelaban fraude en la contabilidad, con indicios de caja B.

  NEW TECHNO

Otra subvención bajo sospecha fueron los 360.000 euros que recibió la empresa New Techno de la Junta de Castilla-La Mancha en 1987. Además, el Ministerio de Industria le concedió otros dos millones. El problema era que la empresa tenía escasa viabilidad. Aun así, la Junta, a través de la Sociedad de Fomento Regional (SFR), se quedó con 600 acciones de la empresa a cambio de la ayuda. Además, New Techno resultó ser la dueña del jaguar que durante años condujo el entonces secretario del Grupo Socialista en el Congreso, el abogado José María Mohedano, quien tuvo que dimitir cuando se hizo pública su relación con la empresa: también actuaba de asesor legal de su dueño, el empresario José Luis Gómez Pinto-Fontán.

  ACOREX

En Extremadura la comisión que investigó la quiebra de Acorex, la mayor cooperativa agrícola de la comunidad autónoma, en 2015 fue un fracaso: el Parlamento autonómico no llegó a aprobar un dictamen conjunto porque cada uno de los cuatro grupos sólo votó a favor del suyo propio y rechazó el del resto. Las indagaciones se centraron en la intervención de la Junta de Extremadura en Acorex, que entró en concurso de acreedores ese año, y en la Caja Rural extremeña. Todos los grupos coincidieron en la existencia de “injerencias políticas” en la empresa y en la caja, para unos por parte del Gobierno del PP y para otros, del PSOE. Podemos pidió la comparecencia de más de 100 personas, pero finalmente no acudieron ni los presidentes Guillermo Fernández Vara (PSOE) ni José Antonio Monago (PP), mientras que la Caja Rural de Extremadura pidió –y consiguió– que las sesiones no fueran públicas. La Junta, a través de la sociedad pública Avante, inyectó 16,9 millones de euros en el grupo cooperativo, de los cuales 10 millones eran préstamos. La Caja Rural debía actuar como “pulmón financiero” de Acorex, que salió del concurso en 2017. Según dijo entonces el PP, la intervención en la caja rural fue para “evitar que desapareciese”, siguiendo el consejo del Banco de España.

  CAJAS DE AHORROS

Un capítulo aparte merece la atención que han prestado los parlamentos autonómicos a las cajas de ahorros de sus respectivos territorios. Las vinculaciones entre estas entidades financieras y los políticos llevan mucho tiempo en el ojo del huracán. En 1988 el Parlamento canario empezó a investigar las cuentas corrientes que los miembros del Gobierno regional y los diputados tenían en las cajas de ahorro de las islas. Quería saber si algunos de ellos se habían beneficiado de créditos concedidos por estas entidades. La comisión se creó a solicitud del CDS, después de que IU lanzara las primeras acusaciones: el presidente canario, Lorenzo Olarte, había pedido un crédito de seis millones de euros a la Caja Insular de Ahorros de Canarias –de la que había sido presidente– para levantar una urbanización en Fuerteventura. En la misma comisión tuvo que comparecer otro presidente canario, el socialista Jerónimo Saavedra, para explicar la concesión de créditos por la misma entidad financiera.

En el Parlamento andaluz todos los grupos aprobaron el dictamen que denunció las múltiples irregularidades financieras y contables cometidas durante años en la Caja Rural de Jaén. Fue en 1983 cuando se destaparon los pufos que llevaron a la intervención de la entidad y los que se cometieron cuando ésta ya era inminente. Entre ellos, el trato de favor recibido por el teniente coronel Antonio Tejero. Ya había sido condenado por el intento de golpe del 23-F cuando pudo rescatar unos 20 millones de pesetas –120.000 euros– invertidos en valores de la Caja Rural de Jaén antes de su vencimiento. Esa cantidad le había sido entregada por la empresa editora del diario ultraderechista El AlcázarEl Alcázar. Cuando la entidad estaba a punto de ser intervenida, Tejero pudo así recuperar su inversión y los intereses, mientras que muchos otros clientes perdieron hasta un 25% de su dinero.

Además, el presidente de la entidad, Domingo Solís Ruiz, había utilizado fondos de una caja B para financiar un partido que había fundado, Acción Social Agraria, también para financiar a la UCD.

Pero es sin duda la crisis que llevó a la desaparición de las cajas de ahorro tras el estallido financiero de 2008 el asunto que más ha acaparado la atención de las cámaras autonómicas en los últimos años. Las de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja se han dedicado a intentar dirimir responsabilidades. Pero con éxito dispar.

En Castilla y León, la comisión que indagó por los motivos que llevaron a la desaparición de sus seis cajas de ahorro terminó el pasado enero sin conclusiones tras año y medio de trabajo. No salió adelante ninguna propuesta por el empate entre los 42 escaños del PP y los del conjunto de la oposición. Los populares pedía que eximiera de toda responsabilidad a la Junta de Castilla y León, además de culpar de lo ocurrido a la falta de vigilancia del Banco de España. Eso sí, los directivos de las cajas de Segovia, Ávila y Caja EspañaSegoviaÁvilaCaja España han afrontado en los juzgados sus correspondientes procesos.

En la Comunidad Valenciana, la cámara autonómica examinó el desvalijamiento de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con una comisión que se constituyó con el apoyo unánime de los grupos en octubre de 2011 y no concluyó sus trabajos hasta marzo de 2015. Indagó sobre los motivos por los que la cuarta caja de ahorros española terminó siendo intervenida por el Banco de España y desapareció con unas pérdidas de 1.731 millones de euros y una tasa de morosidad del 20%. Lo que no fue óbice para que sus directivos se embolsaran cuantiosas indemnizaciones, los mismos que habían concedido avales a proyectos inviables y habían permitido una sobreexposición de la entidad al ladrillo de 16.000 millones de euros.

En sus conclusiones, la comisión repartió culpas entre el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por falta de diligencia. Pero también señalaron a los directivos por sussueldos desorbitados y sus pensiones vitalicias, además de acusarles de manipular las cuentas y los balances. También reprocharon a la auditora KPMG por una actuación “complaciente”. Y no faltaron las menciones al trato de favor recibido por algunos empresarios.

La Audiencia Nacional sigue aún juzgando a algunos de los directivos responsables de la estrepitosa caída de la CAM, mientras el Tribunal Supremo acaba de absolver del delito de falsedad contable a su ex director general Roberto López Abad y de reducir las penas a otros dos ejecutivos.

En La Rioja, la comisión que investiga la integración de su caja en Bankia empezó a trabajar en septiembre de 2016. Fue suspendida en junio de 2017. Y aún hoy sigue sin cerrarse.

En Navarra, por el contrario, el dictamen se aprobó el pasado 22 de febrero y determinó que la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) podría haber continuado en solitario, en lugar de desaparecer al quedar integrada primero en Banca Cívica, en 2010, y en 2012 en Caixabank. Contó con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, pero con el rechazo de UPN, PSN y PP. La comisión atribuyó el fin de la CAN al cambio de modelo de negocio que impulsó su último director general, Enrique Goñi, así como a una “dejación de funciones de control” por parte de los gobiernos forales de entonces. Además, destaca que la pérdida patrimonial que sufrió la caja navarra, del 80%, fue “muy superior a la sufrida por otras entidades del entorno”.

La patronal de las cajas (CECA) publica desde 2017 un estudio sobre su contribución fiscal, elaborado por la consulta PricewaterhouseCoopers (PwC) siguiendo una metodología propia que emplean empresas y sectores de todo el mundo desde 2005. La CECA ha utilizado el informe como argumento para rechazar el impuesto que el Gobierno del PSOE quiere aplicar al sector financiero, esgrimiendo que las cajas de ahorro pagan 41 euros de impuestos por cada 100 euros de beneficios. No obstante, esa cifra incluye, además del impuesto de sociedades, el IVA, las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, los impuestos que pagan a las comunidades autónomas y ayuntamientos (desde el IBI hasta el Impuesto de Actividades Económicas), y el impuesto sobre los depósitos.

En realidad, por el impuesto de sociedades, que grava los beneficios, las 10 entidades que integran la CECA –Abanca, Caixabank, Bankia, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank, Unicaja, Cecabank, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença— no han pagado ni un euro al menos en 2016 y 2017, según los dos estudios publicados por la patronal hasta ahora. Pese a que representan el 39% del sistema financiero nacional en cuanto a depósitos y aunque han ganado 3.651 millones de euros brutos en 2016 y 3.347 millones de euros en 2017, según los datos contables de la propia CECA, la factura con Hacienda les salió a su favor en ambos ejercicios.

Lo explica con detalle la asociación en el estudio. En 2016 las cajas pagaron de forma adelantada al fisco 752 millones de euros por sus ganancias: 688 millones en pagos fraccionados, 37 millones en retenciones a cuenta y 27 millones en autoliquidaciones. Pero como la Agencia Tributaria les reintegró 776 millones, correspondientes a las devoluciones de 2014 –609 millones– y de 2015 –167 millones–, el saldo neto fue negativo por importe de -24 millones de euros.

Esa alza de las devoluciones tiene su origen en cambios de la normativa fiscal. A partir de 2012, el Ejecutivo del PP aumentó el pago fraccionado a las empresas que facturan más de 20 millones de euros y limitó al 25% la compensación de pérdidas de años anteriores para las sociedades que superan los 60 millones de cifra de negocio. Al exceder estos pagos adelantados el importe de la declaración final del impuesto, Hacienda les devolvió en 2016 los 776 millones antes citados, así como 991 millones en 2017, tras haber abonado de forma anticipada 840 millones de euros –771 millones en pagos fraccionados, 36 millones por retenciones a cuenta y 33 millones más por autoliquidaciones–. Es decir, el saldo neto también fue negativo ese año, pero por una cifra incluso mayor: -151 millones de euros. Un total de 175 millones en los dos últimos ejercicios.

La 'trampa' de la prestación por los DTA

En el informe de la CECA, sin embargo, el dato que aparece en 2017 no es que recibiesen de Hacienda 151 millones de euros por Impuesto de Sociedades, sino que pagaron 96 millones. ¿Cómo se explica este hecho? La respuesta está en que los autores del estudio añaden a los pagos adelantados, retenciones y autoliquidaciones del impuesto los 247 millones de euros que las cajas pagaron en 2017 en concepto de prestación patrimonial –del 1,5%– por la garantía que el Estado concede a parte de los activos por impuesto diferido (DTA), cuya conversión en efectivo le pueden solicitar las entidades financieras en caso de liquidación o si tienen pérdidas.

Pese a que la CECA reconoce que esa prestación carece de “naturaleza impositiva”, dice que la ha incorporado “como mayor impuesto sobre sociedades”, porque considera “vinculado” su pago a “activos fiscales generados por el citado impuesto”. Por tanto, eliminados los 247 millones de esa prestación patrimonial, que sólo se empezó a cobrar en 2017, la factura final del impuesto de sociedades fue de -151 millones de euros en 2017, como queda dicho más arriba.

Según el informe, los impuestos soportados por las cajas en 2017 ascendieron a 2.287 millones de euros, el 41,3% de los 5.538 millones de euros de beneficios antes de impuestos a efectos de la TTC (Total Tax Contribution, el método de PwC), que resultan de sumar el beneficio contable antes de impuestos –3.347 millones–, los impuestos soportados –2.287 millones– y de restar el saldo del impuesto de sociedades –los teóricos 96 millones que se contabilizan en el estudio–. 

Los DTA son una especie de colchón fiscal, que se originan a partir de las provisiones que los bancos realizan –para cubrir el riesgo de los créditos e inmuebles tóxicos, por ejemplo–, de las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas y de las pérdidas de ejercicios anteriores. Estas cantidades no son deducibles en el impuesto de sociedades, pero Hacienda permite a los bancos acumularlas en forma de DTA y utilizar éstos en los siguientes ejercicios para reducir sus pagos fiscales. Además, la Ley del Impuesto de Sociedades permite a cualquier empresa, no sólo a los bancos, convertir los DTA en “créditos exigibles frente a la Administración tributaria” si registra pérdidas o si es liquidada o declarada insolvente por un juez. Es lo que hizo el Santander al comprar el Popular –solicitó al fisco que le abonara 474,23 millones de euros también en la declaración de 2016– y Bankia con BMN, por la que pidió 38,25 millones.

No obstante, no todos los DTA cuentan con esa garantía del Estado y puede pedirse su abono en efectivo. Sólo se permite con los DTA generados por provisiones y por aportaciones a planes de pensiones, que equivalen a un 60% de los activos fiscales diferidos, pero no a los generados por bases imponibles negativas.

En 2015, Bruselas abrió una investigación para determinar si esa garantía sobre algunos DTA constituía una ayuda de Estado ilegal. Así que el Gobierno impuso a los bancos una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5%, que fue aceptada por Bruselas para cerrar la investigación. Por esa tasa el Estado recaudó 471 millones en 2017, según los datos de la Intervención General del Estado. De ellos, 247 millones los abonaron las cajas de ahorros.

Criterio de caja

Todas las cifras anteriores referidas al impuesto de sociedades las calculan los consultores de PwC siguiendo un criterio de caja, por lo que difieren de la información financiera que publican cada año las entidades, que sigue un criterio contable: no todos los conceptos contables tributan luego en las declaraciones del impuesto enviadas a Hacienda o se imputan al mismo ejercicio. Usar el criterio de caja permite hacer comparaciones entre empresas, sectores o países y aproximarse a lo que realmente pagan a Hacienda las entidades. El propio estudio reconoce que los resultados así proporcionados “no serían del dominio público de otra forma”.

En cualquier caso, el documento incluye también el gasto contable en que incurren las cajas de la CECA por el impuesto sobre sociedades. En 2017 fue de 421 millones de euros, el 12,57% de los 3.347 millones que se apuntaron de beneficios. La cifra es casi la mitad del gasto de 2016, 789 millones, que a su vez representa el 21,6% de los 3.651 millones de euros registrados como ganancias. Por tanto, unos tipos muy alejados del general aplicado a la banca en este impuesto, el 30%.

Comparándose con el Reino Unido

La CECA detalla en su estudio cómo se reparte la carga fiscal que soporta. Además del impuesto sobre sociedades, las entidades financieras pagan desde 2014 un impuesto sobre los depósitos del 0,03%, que a las cajas de ahorro les supuso el abono de 152 millones de euros en 2017, un 25,5% menos que el año anterior –204 millones–. Este impuesto representa apenas el 6,6% de la carga fiscal de estas entidades y es el único específico para el sector que existe en España.

Según afirman los autores del informe, la distribución de la carga fiscal que afrontan las cajas españolas es “comparable” a la de las entidades financieras de otros países. En concreto, la CECA aporta dos informes realizados en el Reino Unido siguiendo la misma metodología de PwC. Allí, no obstante, existen dos impuestos específicos para el sector financiero: la bank levy (tasa bancaria)bank levy , que desde 2011 grava el pasivo a corto plazo, así como las acciones y pasivos a largo, y el bank surcharge, un recargo suplementario del 8% del impuesto sobre sociedadesbank surcharge que empezó a aplicarse en 2017 sobre los beneficios obtenidos por encima de los 25 millones de libras. Este recargo fue la inspiración del PSOE para su propuesta de impuesto a la banca, según explicó en su día el responsable económico del partido, Manuel Escudero.

En 2017 el sector financiero británico –incluye bancos, aseguradoras, gestoras de fondos e inmobiliarias– pagó 10.500 millones de libras (11.684 millones de euros) al Exchequer (la Hacienda británica) por el impuesto sobre sociedades, 3.000 millones por la tasa bancaria y 1.100 millones por el recargo del 8%. En total, un 28% de la carga fiscal soportada por el sector, según el estudio que PwC elaboró para la Corporación de la City de Londres. El IVA no recuperable representa el 24,1% y las cotizaciones sociales de sus empleados, el 32,4%, la parte del león fiscal en el Reino Unido. Allí el tipo del impuesto sobre sociedades es del 20%, más bajo que en España, pero desde el año pasado hay que añadirle el 8% del recargo bancario y, con la tasa bancaria, del 0,18%, el conjunto se aproxima al 30% español.

Pero si la atención se centra sólo en los bancos, resulta que el peso del impuesto de sociedades, junto con la tasa y el recargo bancarios es mucho mayor y supone hasta el 46% de su factura fiscal, por un 24,2% de las cotizaciones sociales y un 25,2% del IVA.

En España, las cotizaciones sociales que pagan las cajas de ahorros por sus plantillas, 1.010 millones de euros en 2017, se llevan la mayor parte parte de la tarta fiscal –el 44%–, seguidas del IVA, 682 millones, que equivale a un 30%. A ayuntamientos y comunidades autónomas les ingresan 331 millones, de los que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles supone 123 millones de euros anuales.

Finalmente, las cajas incluyen en el estudio sus contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo Único de Resolución. El primero garantiza los depósitos de los clientes hasta 100.000 euros y el segundo, creado en 2016 por la Unión Europea, se encargará de financiar la reestructuración de las entidades financieras con problemas. Al primero aportaron 565 millones en 2017 y al segundo, 213 millones. Como ocurre con la prestación patrimonial por la garantía del Estado para los DTA, la CECA admite que estas contribuciones carecen de “naturaleza tributaria” y no forman parte de su contribución fiscal.

Mientras corren, y luego se desmienten, los rumores sobre un posible interés del BBVA en comprar Bankia, Unidos Podemos llevó al Congreso una propuesta para conservar el banco en poder del Estado y convertirlo en el núcleo de una renovada y más potente banca pública. También el PSOE ha resucitado la idea de una banca pública que garantice tanto el crédito para inversiones a largo plazo como el crédito social.

En España la banca pública se redujo al Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde que Argentaria, fruto de la fusión en 1991 del Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Agrícola, Caja Postal y Banco Exterior, fue privatizada y terminó fusionándose con el Banco Bilbao Vizcaya en 1999. Francisco González fue el último presidente de Argentaria y el primer copresidente, junto a Emilio Ybarra, del recién nacido BBVA.

Tras la crisis financiera de 2008 y la consiguiente restricción del crédito que padeció la economía española, han vuelto, aunque tímidas, las voces que reclaman el regreso de una banca pública con más músculo del que tiene ahora el ICO. Bankia fue rescatada con dinero público, un mínimo de 22.424 millones según las cifras oficiales del Banco de España, con la idea de devolverla al sector privado antes del diciembre de 2019. Al menos así queda recogido en el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado con Bruselas. Sin embargo, los bajos índices de rentabilidad del negocio bancario lastran su cotización bursátil, por lo que la venta de las acciones de Bankia se retrasa día a día a la espera de que el mercado se anime. Por el momento, se han colocado sólo dos paquetes de acciones, el primero en febrero de 2014, un 7,5% del capital, por importe de 1.300 millones de euros, y el segundo, el 12 de diciembre pasado, un 7%, por menos dinero, 818,3 millones de euros. El 18 de abril el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, admitió en el Congreso que no tiene “ninguna ansiedad” por vender Bankia y se empieza a hablar de retrasar a 2020 la fecha límite en busca de un repunte de las acciones en el parqué.

En ese escenario el Congreso debatía sobre la conveniencia de dejar Bankia en el sector público –el Estado sigue poseyendo casi el 61% de las acciones del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri–, fusionarla con el ICO y convertir ambos en una renovada banca pública que financie proyectos de infraestructuras e industriales, facilite el acceso a la vivienda y ofrezca “un sistema de depósitos seguro y a bajo coste”. La proposición no de ley fue rechazada por la Comisión de Economía.

“En otros países europeos existen bancos públicos con cuotas de mercado de entre el 15% y el 25%”, responde Bruno Estrada, director de Estudios y Proyectos de la Fundación Primero de Mayo de CCOO y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Madrid. En Francia, la Caisse des Dépôts, la Banque Postale y la Banque Publique d'Investissements (BPI) son públicos. Este último invierte en sectores industriales considerados estratégicos, explica Estrada. Alemania cuenta con una banca pública regional, dependiente de los Länder. En Italia, a la Banca Posta y la Cassa Depositi e Prestiti se le unió en 2011 el Fondo Strategico Italiano, que imita la política de inversión industrial del BPI francés. En Holanda, el Bank Nederlanse Gemeenten es la cuarta entidad del país por volumen de activos. Hasta en Dakota del Norte, destaca Estrada, existe un banco público donde la administración estatal está obligada por ley a depositar todos sus ingresos y cuya misión es impulsar la economía del Estado.

Contra la concentración bancaria

Aunque el economista de CCOO no cree que España pueda ni deba imitar el modelo alemán, por ejemplo, sí aconseja renegociar el MoU con la Unión Europea, mantener el control estatal sobre el 51% de Bankia y dar un “papel más activo” al ICO. “El ICO carece de capacidad ni personal suficientes para gestionar las líneas de crédito, tiene que firmar acuerdos con las entidades bancarias para hacerlo”, lamenta Estrada. En esa queja coincide con Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario entre 1985 y 1994. “El ICO tiene ahora un papel muy limitado en la economía española, pinta muy poco”. Representa el 2% del crédito, cuando hasta los años 90 llegó al 15%.

Ambos defienden la existencia de un “segmento público” en el sector financiero también como forma de contrarrestar la creciente concentración bancaria. Tras la absorción del Popular por el Santander y de BMN por Bankia, “las cinco mayores entidades controlan el 70% de la actividad bancaria en España”, recuerda Bruno Estrada. Según el informe anual que acaba de publicar el Banco de España, si se le añade el negocio de estos cinco bancos en el extranjero, esa cuota es aún mayor: el 81,5%, cuando en 2008, antes de explotar la crisis, no pasaba del 49%. “La concentración redunda en un empeoramiento de las condiciones que se ofrecen a los clientes, además de que la concentración provoca exclusión bancaria: cada vez más núcleos de población se quedarán sin sucursales”, apunta Julio Rodríguez.

Para el expresidente del Hipotecario, rechazar la banca pública por anacrónica es una postura “muy ideológica”. Por su parte, Bruno Estrada destaca el elevado coste  que el rescate de Bankia ha tenido para el contribuyente y aboga por añadir “criterios sociales” a los “de mercado” en las líneas de actuación de la banca. Por ejemplo, “un comportamiento diferenciado en las hipotecas”: “Si ofreces mejores condiciones a los particulares en estos créditos pequeños obligas a la banca privada a mejorar las suyas y así mejoras las condiciones del crédito en general, introduciendo más competencia en un mercado cada vez más concentrado”, asegura.

Al tiempo, Estrada defiende que se mantenga la parte de Bankia que ya está en manos privadas. “Ayuda a disciplinar la gestión en términos de eficacia económica”, sostiene, “supone un control de la gestión pública que evitará lo ocurrido en las cajas de ahorros”.

Vivienda sí, infraestructuras no

También Julio Rodríguez ve con buenos ojos que Bankia se quede en el sector público, o bien se refuerce el ICO, con la mira puesta en promover la vivienda en alquiler. “España carece de un parque público de vivienda social para alquiler y los bancos privados no están dispuestos a financiar promociones sobre suelo cedido por los ayuntamientos”, lamenta Rodríguez, quien cree que ahí debería estar un ICO que preste directamente, en lugar de a través de los bancos privados como hace ahora, y “capte dinero también directamente de los mercados”. “O una Bankia que desarrolle determinadas líneas que sugiera el Gobierno con condiciones algo mejores que las privadas, pero sin poner en peligro su cuenta de resultados”, ofrece.

Eso sí, a diferencia de Estrada, desaconseja que la banca pública imite a la francesa invirtiendo en infraestructuras. “Para eso es mejor la financiación presupuestaria, los préstamos tienen costes muy altos y terminan siendo ruinosos”, advierte el expresidente del Hipotecario.

Julio Rodríguez recuerda que en su época “el crédito oficial funcionaba bien”. “El Banco Hipotecario tenía 500 empleados [el ICO cuenta con 300 trabajadores], unos beneficios de 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros] y el 40% de la vivienda pública oficial en su cartera”, presume. Aunque, para mejorar su experiencia, Julio Rodríguez pide que una posible nueva banca pública sea sometida a un “seguimiento muy estrecho” por parte del Parlamento y que la elección de sus directivos sea tan estricta “como la que se hace con los del Banco de España”.

“La banca pública ya está inventada y no funcionó”

Por el contrario, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, responde que “no tiene sentido” ni recuperar la banca pública ni que ésta sea Bankia. “La banca pública ya está inventada y no funcionó”, apunta en dirección a las cajas de ahorro. “Fueron el reflejo de lo que pretendía ser la banca pública, sus inversiones fallidas eran inversiones dirigidas por los gobiernos, las terras míticas y similares…terras míticas”, mantiene. Aunque se trataba de entidades privadas, las cajas de ahorro “por gobernanza sí tenían objetivos públicos”, critica García Montalvo, “por ejemplo, invertir en parques de atracciones porque de ello dependía el futuro de una comunidad autónoma era un objetivo del político de turno, que luego resultó que se equivocaba o que tenía incentivos perversos para financiar cosas que no tenían sentido”.

A su juicio, la banca pública sólo es necesaria cuando se sufre un problema general de falta de financiación, como ocurrió durante la crisis, o si hay algún sector o actividad en particular cuyo desarrollo interesa al Estado y no tiene otra forma de conseguir dinero más que recurrir al ICO. Pero en estos momentos, resalta el economista de la Pompeu Fabra, los tipos de interés están lo suficientemente bajos como para que la ayuda pública sea innecesaria. Es más, “ahora faltan empresas que pidan financiación, los bancos querrían prestar más, pero con la crisis las grandes compañías han huido de la financiación bancaria y se han lanzado a emitir bonos”.

García Montalvo replica también que las entidades privadas seleccionan mejor los sectores financiables que el Estado. Rechaza “el dirigismo industrial”. “No funciona bien”, continúa, “en Cataluña ha habido mucho y ha sido desastroso”.

Del ICO alaba el apoyo que prestó a las pymes durante la crisis, cuando se les cerró el grifo de la financiación, pero critica los préstamos Renta Universidad, que han dejado entrampados a miles de estudiantes que los pidieron para cursar másters entre 2009 y 2011. “La banca pública debe ser complementaria de la privada y dedicarse a financiar cosas muy concretas en las que los bancos privados no entran porque son muy arriesgadas pero importantes desde el punto de vista estratégico”, precisa. Y en ese campo limitado “no hay papel para Bankia”, subraya: “Si quisiera hacer una banca pública, yo no haría una Bankia”. Según explica, la entidad rescatada “tiene una estructura y una determinada concentración geográfica que no encajarían en la banca pública”. Tampoco para financiar proyectos de vivienda. “Eso ya se hace en los planes estatales de vivienda, que utilizan a los bancos privados: se ofrecen tipos más bajos y la diferencia la paga el Estado”, descarta.

Sobre lo que ninguno de los economistas consultados se atreve a conjeturar es la fecha adecuada para vender Bankia. Bruno Estrada rechaza de plano la privatización, Julio Rodríguez advierte de que la idea de vender “como sea” antes de dos años perjudicará irremediablemente el precio y José García Montalvo teme por un sector bancario en serio peligro ante la amenaza de Google, Amazon y las fintech. “Vender Bankia para recuperar todo lo invertido en el rescate es una quimera, por mucho que mejore el mercado; el objetivo será conseguir el máximo posible”, se resigna.

El 29 de noviembre de 2010, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apadrinó la firma ante notario de las escrituras fundacionales de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas de ahorros gallegas. Ante los máximos responsables de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y Caixa Galicia, Mauro Varela, Feijóo celebró como un “hecho histórico” una operación que, a su juicio, trascendía “sus objetivos meramente financieros” para convertirse en un ejemplo de cómo Galicia afrontaba la crisis económica con “medidas constructivas y autónomas”.

También atribuyó la “fortaleza de la fusión” a su “demostrada solvencia”. Y glosó la “gestión profesional e independiente” que quedaba en manos de Gayoso, Varela y sus directores generales, José Luis Pego y Javier García de Paredes, también presentes en el acto celebrado en Santiago de Compostela.

Sin embargo, no había transcurrido aún un año y ya en septiembre de 2011 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) anunciaba una inyección de 2.465 millones de euros de dinero público en la caja fusionada. Fue sólo la primera. El importe global del rescate se elevó hasta 10.251 millones de euros, según los últimos cálculos publicados por el Banco de España. De esa cantidad, el supervisor da por perdidos 9.178 millones: en diciembre de 2013 el FROB vendió Novacaixagalicia al financiero venezolano Juan Carlos Escotet por sólo 1.003 millones de euros.

Además, apenas unos meses más tarde –junio de 2012– los cuatro gestores presentes en esa firme solemne terminaban imputados por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la caja se hundía y pedía dinero público. Mauro Varela fue finalmente desimputado y Javier García de Paredes, absuelto por la Audiencia Nacional. Pero el Tribunal Supremo condenó a Julio Fernández Gayoso y a José Luis Pego, así como a otros dos altos directivos y un asesor legal, a dos años de cárcelcada uno por apropiación indebida y administración desleal. Entraron en prisión en enero de 2017 y empezaron a salir en régimen de semilibertad en agosto y octubre.

En resumen, año y medio después de ese acto en Santiago, Galicia se quedaba sin cajas de ahorros, ya que Novacaixagalicia se convirtió en banco en octubre de 2011. Y pese a que Abanca –la reencarnación de Novagalicia Banco– mantiene el domicilio social en la comunidad autónoma, el capital que lo sostiene es venezolano. La comunidad autónoma tampoco tiene ya bancos propios. Tras la absorción del Banco Pastor por el Popular en 2012, y la de éste, a su vez, por el Santander en 2017, el grupo de Ana Botín dio de baja hace menos de dos meses la ficha bancaria del otro gran banco gallego y trasladó su sede social de A Coruña a Madrid.

En el camino, no sólo se han perdido 9.178 millones de euros de dinero público, sino que, además, la fusión de las dos grandes cajas se saldó con cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que se tradujeron en 3.780 despidos y prejubilaciones –la mitad de la plantilla–, y en el cierre de 300 sucursales.

Fernández Ordóñez, en contra

El fiasco de las cajas gallegas está bajo investigación en dos comisiones parlamentarias, una en la Cámara gallega y otra en el Congreso de los Diputados, que indaga en la crisis financiera española al completo. En esta última compareció el pasado noviembre el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. No quiso acudir en persona al Parlamento de Galicia cuando se le convocó, en julio de 2013, pero presentó una declaración por escrito. En ambos foros explicó que la fusión de Caixanova y Caixagalicia provocaba un problema de falta de competencia y, sobre todo, que existían otras alternativas “más sólidas”.

“Tuve ocasión de plantearle estos problemas de competencia al presidente de la Xunta en una entrevista en la que traté de convencerle –y es obvio que no pude– de que permitiera buscar soluciones más sólidas y mejores desde todos los puntos de vista económicos, incluido éste”, contestó al Parlamento gallego. Ambas cajas sumaban el 50% de la cuota de mercado en Galicia, un hecho que no había ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma, precisaba Fernández Ordóñez.

Cuatro años después, lo reiteró en el Congreso. La fusión de las cajas gallegas fue “un ejemplo típico” de regulación con los “incentivos mal alineados”. De hecho, fueron las únicas entidades que tuvieron ese problema. “El incentivo”, subrayó, “estaba mal diseñado porque se dejaba al presidente de la comunidad autónoma –y no sólo el señor Feijóo, en el Parlamento gallego había una idea muy grande de galleguidad– que vetara las fusiones”. La operación, explicaba Fernández Ordóñez a los diputados, ha costado “mucho dinero, 9.000 millones”, pero “Galicia no los ha pagado, los paga el Estado, y ése es un ejemplo de libro de incentivo mal alineado”.

La tesis del Banco de España siempre ha sido que la Xunta “lideró” tanto el proyecto de integración de las dos cajas como “las propias negociaciones entre los dos órganos de administración”. Lo repitió el exsubgobernador y expresidente del FROB Javier Aríztegui Yáñez en la misma comisión cuando dejó claro que el Banco de España prefería “otra opción” pero fue imposible “porque las autoridades de Galicia formaron otro criterio e impulsaron otro proyecto”.

Esa alternativa a la fusión de las dos cajas era la integración con una entidad de otra comunidad autónoma. Fernández Ordóñez reveló ante el Parlamento gallego que en 2009 Caixanova y Caixagalicia “estuvieron trabajando en proyectos corporativos independientes”. En concreto, Caixagalicia trabajaba en la integración con otras dos cajas de ahorro, que el exgobernador no cita. Mencionó también a otra “entidad grande con una demostrada capacidad de gestión y que ha superado el ejercicio de estrés de Oliver Wyman con holgura”, que estaba interesada en adquirir la entidad coruñesa. Mientras, Caixanova negociaba con “un grupo de cajas de ahorro de similar tamaño y elevada solidez”, aseguró sin más precisiones.

Pero, continuó, Fernández Ordóñez, “la insistencia y el bloqueo de la Xunta a cualquier fusión de las cajas gallegas con otras de fuera de la comunidad autónoma” frustró estas actuaciones.

Un mandato de la sociedad gallega, dice Feijóo

El Gobierno de Núñez Feijóo replica que no hizo más que cumplir el mandato del Parlamento gallego, que en noviembre de 2009 le había instado por unanimidad a defender que los centros de decisión de las cajas se mantuvieran en Galicia. Así lo explicó en la comisión de investigación del Congreso el pasado mes de abril quien entonces era conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás. “Era el criterio que defendió toda la sociedad gallega”, esgrimió. La futura caja debía ser “solvente y gallega”. Lo que Fernández Currás negó es que la Xunta “antepusiera gallega a solvente”. “El orden fue el inverso; hasta cinco veces se nos dijo que [la caja fusionada] era solvente”, recalcó.

Tanto la conselleira en el Congreso como Núñez Feijóo siempre que le han preguntado han apuntado el tiro hacia Fernández Ordóñez. A juicio de Fernández Currás, “la opinión del gobernador en materia de competencia tampoco es muy relevante”, ya que hasta la Dirección General de Competencia de la UE dio su visto bueno a la fusión. También se quejó la conselleira de los “agravios comparativos” sufridos por Galicia: el Gobierno del PSOE recurrió la Ley de Cajas gallega ante el Tribunal Constitucional, el FROB negó un Esquema de Protección de Activos (EPA) –garantías– a la caja fusionada y valoró su patrimonio neto en sólo 181 millones de euros cuando en libros alcanzaba los 1.714 millones… “La fusión fue la consecuencia de la mala situación de las cajas, de 13.500 millones de euros de aumento del crédito inmobiliario en cuatro años”, resumió en el Congreso.

Núñez Feijóo tampoco ha admitido responsabilidad alguna sobre una operación que Julio Fernández Gayoso consideró “la solución más traumática de todas”. Por el contrario, culpa a los directivos de las cajas, a “algunos políticos y al Banco de España, que “no actuó con la diligencia debida en la fusión de las entidades, en su supervisión y en toda la remodelación bancaria española”. “Y él [Fernández Ordóñez] era el máximo responsable”, remacha.

La conselleira de Facenda, además, descarta que hubiera opciones distintas a la que se ejecutó.  Se reducían a la recapitalización o la liquidación ordenada, “que es la más barata”, sintetizó. Pero la segunda “habría supuesto tener que hacer frente a 30.000 millones de depósitos de minoristas”, así que se prefirió “inyectar dinero público, lo mismo que hicieron todos los países europeos”.

La Xunta sostiene también a su favor que la fusión fue aprobada por el mismo Banco de España que en un principio se opuso. Después, también por el Parlamento gallego –con los votos a favor del PP y el PSOE y la abstención del BNG, pero porque temía que se abrieran las puertas a la privatización–, la CNMV y Bruselas.

En su día, Fernández Ordóñez indicó que el Banco de España había dado luz verde a la fusión “como mal menor para evitar una situación de bloqueo”. Según escribió al Parlamento gallego, ese bloqueo habría aumentado el deterioro de las cajas, lo que a su vez habría acabado en la intervención de las entidades, “una solución más traumática y de mayor coste” –la que se produjo dos años más tarde–. Por eso, el supervisor prefirió “exigir condicionantes para que la fusión pudiera ser aprobada con un mínimo de razonabilidad en cuanto a solidez”. Sin embargo, vuelve a cargar de nuevo Fernández Ordóñez, los condicionantes “se cumplieron muy parcialmente”.

La auditoría que sólo era un “diagnóstico acelerado”

Además de en el mandato aprobado por el Parlamento gallego, la Xunta basó su apuesta por la fusión de Caixanova y Caixagalicia en un informe que encargó a KPMG y publicitó ampliamente. Costó 835.000 euros. Según Fernández Currás, se eligió a esta multinacional de la consultoría por recomendación del Banco de España. El 20 de enero de 2010, la conselleira compareció ante los medios de comunicación para presentar lo que definió como una “auditoría externa”. El comunicado que hizo público la Xunta incluso hablaba de due diligence, el informe previo por el que se investiga a la otra parte en una operación mercantil. Ese documento, aseguraba el Gobierno gallego, no sólo “avalaba la solvencia de la fusión de las cajas gallegas”, sino que también auguraba que la entidad resultante se convertiría en “la quinta caja española por volumen de activos”.

En su comparecencia, Fernández Currás descartaba la fusión con cajas de otra comunidad autónoma tanto como el SIP –Sistema Institucional de Protección o fusión fría–, porque “vaciaría de contenido” las entidades, se perdería la capacidad de decisión, supondría su “bancarización” y resultaría “un proceso irreversible, con un trasvase de trabajadores a la nueva entidad, y que sólo permitiría competencias residuales y de imagen”.

Aunque reconocía que el informe no analizaba otras opciones aparte de la fusión intrarregional y que una integración con entidades de fuera de Galicia podría obtener mejores resultados económicos, la conselleira alegó que no se trataba de “buscar el máximo rendimiento del dividendo”. “Las cajas”, argumentaba, “no se crearon con fines lucrativos”.

En las dos comisiones parlamentarias que investigan la operación gallega comparecieron también dos de los autores de esa auditoría externa. Y negaron que fuera tal, como falsamente argumentó la Xunta. Su trabajo no era sino un “informe preliminar” o “diagnóstico acelerado” sobre la fusión de las cajas. Ni una auditoría de cuentas, ni una due diligence ni ningún otro tipo de documento requerido por la normativa mercantil. Tampoco se les pidió que analizaran otras alternativas a la fusión de ambas cajas, indicó el consultor de KPMG Francesc Gibert Pibernat. Según añadió, el estudio pormenorizado de un proceso tan complejo como una fusión requiere un trabajo de cuatro a seis meses. En cambio, el informe preliminar fue elaborado durante un mes, por un equipo de 50 personas. Se trató de un análisis de la viabilidad de la fusión, para “anticipar el trazo grueso de un trabajo completo”. Una segunda fase, que debía durar tres o cuatro meses, consistía en elaborar los planes de integración y fue encargada a Pricewaterhouse Coopers (PwC) y Deloitte. 

De acuerdo con los datos del informe de KPMG, la fusión debía suponer el cierre de 280 oficinas, un 20% de la red, y un recorte de plantilla de 1.300 empleados, el 90% a través de prejubilaciones. Así se ahorrarían 120 millones de euros al año. Además, preveía unas ayudas del FROB de entre 1.200 y 1.500 millones de euros. Con estos mimbres, y pese a una exposición al sector inmobiliario de 17.000 millones de euros, la consultora calculaba que la entidad resultante no sólo tendría beneficios en un plazo de cinco años, sino que para entonces, además, sería “rentable y sostenible en el tiempo”.

No fue así en absoluto. Según el consultor de KPMG, porque la economía se deterioró de una forma que ni ellos ni nadie habían previsto y porque cambió el marco regulatorio. Gibert Pibernat se refería a las nuevas exigencias de capital impuestas al sector financiero. En 2011 las cajas fueron obligadas a tener un 10% de core capital, o capital principal y por entonces la recién nacida Novacaixagalicia no superaba el 5,2%. El Banco de España cifró entonces las necesidades de capital de la caja fusionada en 2.622 millones de euros, las mayores de todo el sistema financiero español. “Nuestras conclusiones continuaban siendo válidas un año después [de elaborado el informe, en diciembre de 2009], no así a partir del segundo o tercer año”, justificó el consultor de KPMG.

Gayoso, contra la fusión con el vecino del norte

Pero no fue Fernández Ordóñez la única voz discrepante con la fusión de las cajas gallegas. El presidente de una de ellas, Julio Fernández Gayoso, también la rechazó en un primer momento. “[Caixanova y Caixagalicia] ocupaban el mismo territorio desde hacía 100 años, era imposible evitar duplicidades de sedes centrales y de oficinas”, lamentó en la comisión del Congreso. Director general de Caixavigo y Caixanova desde 1965 y presidente no ejecutivo de Caixanova desde 2006 hasta 2010, Fernández Gayoso creía que fusionarse con su competidor del norte de Galicia supondría no sólo una sangría de despidos y oficinas, sino además una disminución del negocio, “del crédito viejo, vivo” y una caída de los depósitos, por tanto también de los resultados y de la obra social. Por eso consideraba preferible “una unión de cajas de distintas comunidades, la misma solución que aplicaron todas las cajas de España, sin excepción”. “¿Por qué no se hizo esto en Galicia?”, se preguntó ante los diputados el pasado mes de mayo, “porque no estaba permitido”. Aun así, Gayoso firmó la fusión con Mauro Varela al abrigo de Núñez Feijóo. En la comisión echó balones fuera: “Yo estaba en contra de la fusión, pero quienes tenían que tomar la decisión eran los órganos de gobierno de la caja que, unánimemente, estaban alineados con esa postura”.

Para el presidente de la Xunta, la culpa de todo fue del Banco de España y, retroactivamente, de directivos como Gayoso además del Gobierno que le precedió en San Caetano, integrado por el PSOE y el BNG. Ellos deberían explicar “por qué aumentó tanto la red de oficinas, por qué esas sucursales se abrían en Levante y en lugares de enorme especulación urbanística y por qué se incrementaron tanto los riesgos y las inversiones en inmuebles”, recapituló en una entrevista concedida a la Radio Galega. Pero sobre la decisión de la Xunta, ni una duda: “Volveríamos a hacer lo mismo que hicimos”. La decisión le costó a los contribuyentes 9.178 millones de euros.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, y propone juzgar a 13 investigados, entre ellos al exdirector general de la entidad Roberto López Abad, por delitos de apropiación indebida y/o administración desleal.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

La magistrada da a partir de ahora un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras 11 personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal SL.

Estudios "muy deficientes"

El auto describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la UCO expresa en todas ellas una "serie de irregularidades comunes", tales como documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos.

Todos estos estudios, según la juez, "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal". Además, remarca que las propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.

Lamela afirma en su auto que Roberto López y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, "consintieron" que Ferri y Baldó "dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".

Deficiencias en los sistemas de control de la cúpula 

Conforme expresa el informe emitido por Deloitte en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012, dice la magistrada, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados Roberto López Abad y Daniel Gil en el seno de la CAM y TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad".

"Y así lo entendió el Banco de España reflejando en el expediente sancionador que los miembros de la Comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la Comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP, deficiencias que supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.

El escrito señala cómo el 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de CAM y designó al FROB como administrador provisional.

Como consecuencia de ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos, a través de una inyección de capital en diciembre de 2011. Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, reseña el auto.

La Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) de Estados Unidos está a punto de publicar su informe anual sobre el programa de ayudas públicas diseñado por el Gobierno de George W. Bush para rescatar al sistema financiero de la peor crisis de la historia, justo cuando se cumplen 10 años de su aprobación, en octubre de 2008, apenas 18 días después de la caída de Lehman Brothers.

El Troubled Asset Relief Program (TARP) o Programa de Rescate de Activos Problemáticos estaba dotado de 700.000 millones de dólares –560.000 millones de euros–, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos, tanto hipotecas como cualquier instrumento financiero basado en ellas. Pretendía así sacar de los balances de los bancos todos esos activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

De esa cantidad se han desembolsado finalmente casi 438.000 millones de dólares y otros 8.000 millones más se encuentran pendientes de gasto, según consta en el último informe de la CBO, enviado al Congreso en junio de 2017 y que utiliza datos hasta el 31 de mayo. A esa fecha, el coste para las arcas públicas del rescate a los bancos estadounidenses ha sido de sólo 33.000 millones de dólares, el 7,4% del total de 445.000 millones que ha costado el programa.

Así, los bancos y empresas rescatadas han devuelto 377.000 millones de dólares –el 86% de lo desembolsado–, mientras que 61.000 millones han sido cancelados. Más de la mitad de esa cifra, 33.000 millones, corresponde al plan de compra de hipotecas para evitar desahucios, unas cantidades no sometidas a devolución. También perdió dinero el Tesoro con las ayudas destinadas a la aseguradora AIG, que recibió un total de 182.000 millones de dólares. A cambio, el Tesoro se convirtió en propietario del 92% de la firma, la mayor del mundo en su sector, atrapada por el estallido de las hipotecas subprime, a las que daba cobertura. Según el último informe de la CBO, el erario público de EEUU ha perdido 15.000 millones ayudando a AIG, pese a que vendió paulatinamente las acciones de la aseguradora hasta deshacerse de todas ellas en diciembre de 2012. También ha perdido dinero con el rescate a General Motors y Chrysler, otros 14.000 millones de dólares. El Tesoro inyectó en ambas empresas 61.000 millones, de los que recuperó 47.000 vendiendo los bonos y acciones que había comprado. Además, a sus respectivas financieras les concedió ayudas por importe de 19.000 millones.

Pero el Gobierno de Washington también ha ganado dinero con otros programas del rescate. En concreto, 16.000 millones de dólares en el de compra de acciones preferentes de 707 instituciones financieras y 8.000 millones más en los planes de ayuda adicional a Bank of America y Citigroup, que recibieron cada uno un total de 45.000 millones de dólares de dinero público. Con el respaldo a las financieras de Chrysler y General Motors, obtuvo un beneficio de 1.000 millones.

Por último, el TARP incluyó programas público-privados, que reportaron a la Administración 3.000 millones de ganancias. Uno de ellos, por ejemplo, cubrió las pérdidas en que habían incurrido los valores respaldados con préstamos garantizados de la Agencia Federal para el Desarrollo de las Pymes. En total, el beneficio público suma 27.000 millones de dólares.

Así que el saldo final, teniendo en cuenta los beneficios y pérdidas generados por los distintos programas, es que en Estados Unidos sólo se han perdido los 33.000 millones de dólares ligados a las hipotecas basura.

Sólo se ha recuperado el 6,8% del rescate español

A lado de estas cifras, las del rescate español a las cajas de ahorros pueden catalogarse de decepcionantes. Sólo se han recuperado hasta el momento 3.873 millones de euros de los 56.865 millones inyectados, según los datos del último informe del Banco de España, referidos a julio de 2017. Esa cantidad equivale al 6,8% de lo aportado entre 2008 y 2014. Y lo que es peor, el supervisor no espera recuperar más que 14.275 millones, el 25% del dinero invertido en sostener el sistema financiero nacional.

Acababa de conceder Bruselas a España el crédito de 100.000 millones para hacer frente al rescate, en junio de 2012, cuando tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como su ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraron que la operación no iba a costar “ni un euro” a los contribuyentes. “Es un crédito a la banca, que va a pagar la propia banca”, fue la explicación de Rajoy en el Congreso. Un año después, no obstante, De Guindos ya empezaba a matizar: “No tenga usted la más mínima duda de que se van a recuperar la mayor parte de esas inversiones”. Y en 2014 ya sólo se refería el ministro a un “ahorro en los intereses de la deuda pública”, consecuencia de la restructuración bancaria, de 14.000 millones de euros.

El mismo mensaje lanzó en su día el presidente Barack Obama, que continuó con el programa de rescate elaborado por su antecesor: “Mi compromiso es recuperar cada centavo que se les debe a los ciudadanos”, resaltó en enero de 2010, “mi determinación de alcanzar esta meta aumenta cuando veo los informes sobre las enormes ganancias y las primas obscenas en entidades financieras que siguen existiendo gracias a los ciudadanos de este país, que todavía se enfrentan a dificultades reales en esta recesión”. Cuatro meses más tarde, cuando defendía en el Senado su propuesta para aplicar un impuesto a los grandes bancos que ayudara a pagar el rescate, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, abundaba en la misma idea: “Aprobar esta tasa dejará claro a los ciudadanos estadounidenses que no tendrán que correr con los costes directos de proteger la economía de futuras quiebras financieras”. Y lo cumplieron. Si se exceptúan los 33.000 millones en hipotecas compradas con dinero público para evitar desahucios, una partida a fondo perdido, el coste del rescate ha sido cero: los beneficios de los programas de compra de activos han compensado las pérdidas ocasionadas por la ayuda a AIG, Chrysler y General Motors.

Además de en los resultados, las diferencias entre los rescates lanzados a ambos lados del Atlántico son sustanciales, por las características de los sistemas financieros y por el modelo de operación utilizado.

“En Estados Unidos se rescataron bancos rentables que tenían problemas de liquidez, mientras que en España eran cajas de ahorro quebradas, negocios poco rentables con problemas de solvencia”, destaca Javier Santacruz, economista de la Universidad de Essex. Allí recibieron ayudas públicas JP Morgan (25.000 millones), Bank of America (45.000 millones), Citigroup (45.000 millones), Wells Fargo (25.000 millones), Goldman Sachs (10.000 millones) y Morgan Stanley (10.000 millones), las seis mayores entidades financieras del país por sus activos. En todos ellos tenía un gran peso el negocio inmobiliario, sufrían con sus activos tóxicos y padecían problemas de crédito, explica Santacruz, pero también poseían participaciones industriales “importantes y diversificadas en todo el mundo”.

En cambio, la mitad del negocio de las cajas de ahorro españolas estaba concentrado en el ladrillo y su ámbito era únicamente nacional. Por tanto, el dinero público de EEUU se invirtió en bancos que iban a poder devolverlo; en España, en cajas de ahorro al borde del desguace. De hecho, las entidades estadounidenses lo reintegraron “gracias a los beneficios que obtuvieron de sus negocios de banca de inversión y fuera de Estados Unidos”, de sus operaciones en mercados financieros y de sus participaciones industriales, subraya el economista. “En España debería haberse dicho desde el primer momento que se iba a perder dinero con el rescate”, reprocha Javier Santacruz al Gobierno.

Inmediato y rápido

Otro factor fundamental fueron los tiempos. En Estados Unidos, el rescate fue inmediato. Lehman Brothers quebró el 15 de septiembre de 2008 y Bush firmó la ley que creaba el TARP el 3 de octubre de ese mismo año. “Fueron muy rápidos, pusieron encima de la mesa todo lo que hacía falta y en ocho meses habían acabado con la crisis”, apunta Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.

Por el contrario, en España el rescate se retrasó hasta 2012. Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas frente a la Crisis, culpa de la demora a las comunidades autónomas, recelosas de que la ayuda y las fusiones significarán la desaparición de la caja de ahorros en su territorio o el traslado de su sede a otro. También le reprocha al Gobierno del PSOE el retraso por su “horror” a que se le tachara de “partido nacionalizador”. “Luego De Guindos fue mucho menos escrupuloso”, critica. En definitiva, “el rescate debió hacerse cuatro años antes”.

Pero no sólo fue tardío, sino también más lento. En Estados Unidos, los grandes bancos competían por ser los primeros en devolver las ayudas públicas. En cuanto fueron autorizados por el Gobierno, una vez practicados los correspondientes tests de estrés, en junio de 2009, 10 bancos comenzaron a reembolsar los fondos inyectados. No había transcurrido pues ni un año desde que se aprobó el programa. Entre esa decena se encontraban los grandes: Goldman Sachs, JP Morgan y American Express. Todos ellos ansiosos por anunciar que ya no eran propiedad del Estado y por escapar de las restricciones que éste les impuso para recibir la lluvia de millones que sanaría sus balances: limitaciones en los salarios de sus altos ejecutivos y en el reparto de dividendos, así como la anulación de los blindajes en caso de despido. Además, el Tesoro multó a JP Morgan con 13.000 millones de dólares por las hipotecas basura que habían vendido Bearn Stearns y Washington Mutual antes de ser adquiridas por el primer banco estadounidense.

“En Europa, las ayudas públicas no son tan anatema como en Estados Unidos, allí son más vigilantes y comenzaron a devolverse las ayudas cuando aún ni siquiera se había resuelto el tema judicial”, razona Santiago Carbó. A su juicio, el rescate en Estados Unidos fue “muy claro, muy transparente y muy exigente”, pues se obligó a tomar capital incluso a las entidades que estaban “menos mal” para evitar problemas de confianza.

En España, sin embargo, la lenta reacción de los gobiernos agravó el problema y convirtió en “irrecuperables activos que eran dudosos” y se deterioraron con el tiempo. Porque en España, a diferencia de Estados Unidos, más que de las hipotecas la toxicidad provenía del préstamo promotor, advierte el economista de Funcas. “Una promoción inacabada supone una pérdida del 100%, una vivienda hipotecada no tanto”, resume.

489 bancos quebraron en Estados Unidos

Julio Rodríguez recuerda que, pese al rescate, muchos bancos quebraron en Estados Unidos. Según la FDCI, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, un total de 489 entidades desaparecieron entre 2008 y 2013 arrastrados por la crisis financiera. Mientras, en España, se operaba un cambio fundamental en la naturaleza del sistema financiero nacional: desaparecieron las cajas de ahorro, fusionadas primero y transformadas después en bancos. Los bancos rescatados en Estados Unidos podían acudir a los mercados, como de hecho hicieron, ampliando capital, para devolver las ayudas públicas. Las cajas, en cambio, no pueden emitir acciones para obtener capital, lo que encareció el saneamiento español. Por eso el apoyo financiero del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) se realizó suscribiendo participaciones preferentes, convertibles en acciones y promoviendo la fusión de las cajas, primero con las llamadas SIP (Sistema Institucional de Protección) o fusiones frías, y luego su conversión o adquisición por los bancos.

En algunos casos, el precio de venta fue simbólico –un euro pagó BBVA por Unnim– o muy bajo –1.003 millones de euros pagó el venezolano Banesco por Novagalicia–. Pero venía arropado por las ayudas del FROB y por Esquemas de Protección de Activos (EPA), garantías que cubren potenciales pérdidas en la cartera de créditos de la caja adquirida. “Sin EPA, los bancos no las habrían comprado”, asegura Santiago Carbó.

Para Javier Santacruz, a los bancos no les ha salido barato quedarse con las cajas quebradas, por mucho que se les subvencionara la compra. “Ahora se están dando cuenta”, sostiene. A su juicio, el motivo estriba en que la banca comercial ya no es negocio y en los costes que les ha supuesto la integración de grandes redes de sucursales y el despido de miles de trabajadores.

Santacruz cree que habría sido más eficiente inyectar dinero en el Fondo de Garantía de Depósitos –que se nutre de las aportaciones de los bancos– en lugar de en las cajas de ahorro y provocar después la quiebra controlada de éstas. “En lugar de fusionar cajas malas con las buenas, fusionar todas las malas”, resume, “se debería haber creado primero la Sareb [el banco malo] y después haber rescatado a las cajas”. Así, asegura, se habrían evitado los casos Rato o Narcís Serra, consecuencia, según dice, de haber puesto el dinero en las manos de los mismos gestores responsables de la mala gestión.

Privatización de Bankia

El Banco de España fía la devolución de 9.260 millones de euros de los 10.402 millones cuya recuperación aún considera factible a la privatización de Bankia. El FROB posee aún un 60,63% del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, tras haber vendido un 7% el pasado mes de diciembre –colocó otro paquete en 2014–. Y tiene el mandato de desprenderse del total de su participación antes del 31 de diciembre de 2019. “Ahora la única esperanza para recuperar el máximo posible del dinero inyectado es que la cotización de Bankia en bolsa suba como la espuma”, apunta el economista de la Universidad de Essex. Pero no es muy probable. El presidente del FROB, Jaime Ponce, dejó caer hace sólo unos días que no puede descartarse un retraso para evitar malvender la participación pública y “maximizar la recuperación” de lo invertido.

Julio Rodríguez no duda de que lo mejor sería “esperar tiempos mejores”. Los bajos tipos de interés dañan los márgenes de los bancos y Bankia sigue teniendo pendientes en los tribunales asuntos que perjudican su reputación, como el caso Rato y la salida a Bolsa de la entidad en 2011.

Javier Santacruz recuerda que el presidente del británico Lloyd’s, Antonio Horta-Osório, pidió al ex primer ministro David Cameron cuando el banco fue rescatado con 20.300 millones de libras –22.930 millones de euros– “un plan creíble y determinado de las desinversiones del Estado”. “Cameron se lo dio”, añade, “en cambio, Luis de Guindos dijo expresamente que no tenía un plan establecido”. La Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones, aprobada en 2013, no incluye ni plazos ni fechas.

Lloyd’s terminó de devolver el importe íntegro con que fue rescatado por el Estado británico en abril de 2017. Mientras, en España, el último informe del supervisor bancario rebajaba en 1.389 millones la cuantía de las ayudas que espera recobrar, debido a la devaluación sufrida por la participación del FROB en Bankia y en Banco Mare Nostrum (BMN), que acaban de fusionarse. “Con el modelo de rescate elegido aquí”, lamenta Santacruz, “no se puede recuperar más”.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigado el próximo 20 de febrero al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra por el agujero de 720 millones de eurosagujero en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007 por la entidad bancaria, informa Europa Press.

Ese mismo día, y una hora después, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también llama a comparecer como investigados a los ex directores generales de la caja catalana Adolf Todó y José María Loza.

Al día siguiente, 21 de febrero, están citados otros exdirectivos de la entidad: Lluis Gasull, Eduardo Aznar, Joan Valls y Joan Güel; el día 22, acudirán a la Audiencia Nacional Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso y Joan Echaniz; mientras que el día 23 comparecerán ante el juez Josep Molins, Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn.

Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pedía la imputación de los 15 investigados, la caja catalana realizó entre 2000 y 2007 "una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria", principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia.

El Ministerio Público denunciaba por "notables irregularidades" en la gestión de la caja a los ex altos cargos por un presunto delito continuado de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el texto constataba que en ese periodo la caja ejecutó las inversiones, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal.

"En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados", destacaba.

La Fiscalía asumió la denuncia presentada por el FROB, nacionalizado en 2011, el cual consideraba que esta actuación le provocó un perjuicio que ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y su posterior adjudicación a la SAREB.

La caja, a través de sus órganos de gobierno —consejo de administración o comisión ejecutiva—, acordó intervenir en estas promociones mediante sociedades participadas en las que se reservaban la mayoría del capital. Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés.

En la mayoría de los contratos no se establecieron cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos. Tampoco hicieron tasaciones por expertos independientes.

En cuanto a la actuación concreta de los exdirectivos, incluido el que fuera exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la Fiscalía detectó una "total falta de preparación técnica" de la mayor parte de los miembros del consejo de administración para aprobar cualquier propuesta.

Por ello, el Ministerio Público concluye que se daba una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran "quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho".

Con este criterio, añade la Fiscalía, el banco realizó inversiones en lugares como Cracovia, para la construcción de más de 2.000 viviendas, Valdemoro (Madrid), Molina de Segura (Murcia) o Chiclana (Cádiz).

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia ha emitido un auto en el que decide la apertura de juicio oral en el caso de las prejubilaciones y planes de pensiones aprobados por el consejo de administración de Caja Segovia para los que fueron sus últimos directivos.

Así lo han indicado desde Izquierda Unida, que está personada como acusación popular en el proceso, junto a la Condeferación Intersindical de Cajas (CIC), mientras que la Fundación Caja Segovia ejerce como acusación particular. En esta causa, la Fiscalía renunció a formular acusación alguna, sino que solicitó el sobreseimiento y archivo.

Las acusaciones solicitan penas de prisión que oscilan entre los tres y los ocho años y las fianzas impuestas suman un total que supera los 50 millones de euros y el auto abre la puerta a que se sienten en el banquillo el que fuera presidente de la entidad, Atilano Soto, así como los exconsejeros Manuel Agudíez, Elena García Gil, Manuel Escribano, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla, por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

La titular del Juzgado también sitúa como responsable civil directo a la aseguradora Caser, con la que Caja Segovia suscribió las pólizas relacionadas con las retribuciones aprobadas. Asimismo, considera partícipes a título lucrativo a Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Javier Varas, Juan Bautista Magaña, Malaquías Folgado y Juan Antonio Folgado.

En los momentos iniciales del proceso también estuvo personada UPyD, que inició la investigación con una denuncia, aunque tras la disolución del partido en Segovia, la asociación heredera de la formación magenta, Centrados en Segovia, se vio obligada a retirarse de esa función.

Indemnizaciones de 17 millones de euros

Los integrantes del consejo de administración y del comité de retribuciones de la caja segoviana avalaron las sucesivas modificaciones de los planes de prejubilación, que poco a poco fueron elevando su importe, convirtiéndose en millonarias, "aumentando la cuantía del fondo creado en 2006 hasta los 17,19 millones de euros".

"Blindaron su percepción mediante unas novedosas pólizas de seguros", explicaba UPyD, que especificaba que los integrantes del consejo "pervirtieron" el sistema de prejubilaciones "con la finalidad de que sus directivos se embolsaran todo el dinero posible con carácter previo a su integración en Bankia".

El que fuera vicepresidente económico de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, Pedro SolbesSolbes, ha manifestado este miércoles que al Gobierno le faltó valentía para acumular superávit antes de la crisis y reformar la gobernanza de las cajas de ahorro antes del estallido de la misma.

"Creo que debimos ser más valientes en términos superávit y más valientes en entrar en la gobernanza de las cajas", ha reconocido durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, recogida por Europa Press.

Durante su intervención, Solbes también ha admitido "claros errores de previsión en términos macroeconómicos" y también a la hora de detectar la llegada de una segunda recesión y su magnitud. "No fuimos capaces de detectar la fuerte recesión", ha dicho, recordando que si bien el Gobierno previó una contracción del PIB del 2% en 2009, la caída alcanzó el 3,6%.

Asimismo, ha señalado que en 2010 el Ejecutivo de Zapatero confiaba en "volver a la normalidad" y recuperar el crecimiento, algo que "tampoco sucedió". "Con la segunda recesión nos equivocamos totalmente", ha aseverado.

"Tardamos más porque teníamos que actuar como europeos"

Solbes ha señalado que la complejidad de la crisis no permitió al Gobierno conocer la "amplitud" de la misma, y ha responsabilizado a la arquitectura económica de la Unión Europea y la debilidad del euro ante las dificultadas de deuda de los países miembros.

"No esperábamos que el euro reaccionara tan mal. Podríamos haberlo pensado, pero en la primera intervención de apoyo a Grecia se debatió si íbamos con el FMI o solos", ha dicho, lamentando el tiempo que se empleó en tomar decisiones a nivel comunitario, lo que hizo que "la crisis acabara tocando a Irlanda, Portugal, España o Grecia". "Tardamos más porque teníamos que actuar conjuntamente como europeos", ha excusado.

No cree que hubiera podido actuar "brutalmente" al estallar la crisis

Solbes ha sido preguntado durante su comparecencia sobre el tiempo que tardó el Gobierno en emplear recursos públicos en el sector financiero, a diferencia de lo realizado por otros países. Muchos de los testimonios durante las sesiones de la comisión lamentaron que, al retrasar la inyección de recursos, el coste del rescate fue mayor y no se pudo recuperar tantas ayudas.

"No tengo tan claro como usted la posibilidad de haber actuado brutalmente, o muy directamente, antes de que empezaran a verse los primeros efectos", ha replicado Solbes, a preguntas del diputado conservador Miguel Ángel Paniagua. "Hubo quien lo hizo y obligó a sus bancos a tomar dinero, quisieran o no. Nosotros no lo hicimos", se ha limitado a contestar.

Cree que sin problemas no habría podido reformar las cajas

Respecto a la reforma de las cajas, Solbes ha puesto en duda que "hubiera sido posible visto el momento político", aludiendo durante su intervención a la minoría parlamentaria en la que se encontraba el PSOE. Según su opinión, "el problema no eran las cajas" sino las características de una "gobernanza inadecuada", y cree que esto también afectaba a las posibilidades del Gobierno para reformarlas.

"El tema de la gestión era clave, pero dada la sensibilidad política y territorial, modificar la legislación no era realista si no existían problemas de solvencia", ha dicho el exvicepresidente, que ha señalado que la reforma tuvo que esperar hasta la intervención de Caja Castilla-La Mancha.

"Las cajas han sido entidades financieras fantásticas"

Solbes, que ha defendido que las cajas de ahorro fueron entidades financieras "fantásticas desde todos los puntos de vista durante muchos años", ha criticado tanto la ampliación de su ámbito de actuación fuera de su territorio, lo que las forzó a competir con otras entidades, como una "falta de rigor" en el nombramiento de sus responsables.

"Lo que hemos visto es que las instituciones con gestores de alto nivel se han mantenido, se han convertido en bancos y han funcionado excelentemente bien y las que no los han tenido han funcionado mal", ha indicado. En este línea, el exministro, que se muestra "favorable" al modelo de las cajas, ha manifestado que considera "imprescindible" que exista la figura del dueño, pues el hecho de no tenerlo favorece su mal funcionamiento.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado este viernes sobreseer provisionalmente las actuaciones contra la cúpula de la Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM) por los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal en la causa de las operaciones realizadas por la entidad en el Caribe con el grupo hotelero Valfensal, informa Europa Press.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha aceptado así la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción de sobreseimiento por estos delitos, con lo que ahora la causa se seguirá únicamente por el delito contra la Hacienda Pública.

En esta investigación están imputados José Salvador Baldó, Juan Vicente Ferri, Jaime Escriba y Alfonso Climent, que ya han declarado en la causa. Además, la magistrada cita como investigados por delito contra la Hacienda Pública a Neus Tarres, Mar Muñoz y Rebeca Alfonso para el próximo 11 de enero a las 9.00 horas.

El escrito de Anticorrupción solicitaba el sobreseimiento por la imposibilidad de evaluar el perjuicio económico. El Ministerio Público incluso argumentaba la imposibilidad de determinar si finalmente existirá perjuicio económico.

Después de valorar los informes periciales emitidos así como la documental aportada, Lamela coincide con el fiscal en que no existió "un perjuicio para la CAM, y por consiguiente para el Fondo de Garantía de Depósitos —responsable de la querella por la que se les imputó—, procedente del impago efectivo de los créditos o de una disminución sobre el valor del 30% que TIP ostentaba en Valfensal, sino, y únicamente, para el fondo de una previsión de resultados negativos que llevó a la dotación de la provisión correspondiente y que finalmente no llegó a producirse".

Por ello, explica la magistrada, "se comparte el criterio del Ministerio Fiscal en el sentido de estimar que la acción que por los hechos que se investigan en el presente procedimiento se imputa a los querellados no ha ocasionado finalmente perjuicio alguno a la entidad CAM".

El expresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) Juan Ramón Quintás Seoane ha acusado este lunes a las comunidades autónomas, al Gobierno y al Banco de España de ser "cooperadores necesarios" en la gestación y la evolución de la crisis financiera por sus errores de estrategia y sus retrasos en la aplicación de medidas correctoras.

Así lo ha señalado quien estuviera al frente de la CECA hasta marzo de 2010 durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas y el rescate bancario, en la que ha comparecido después del presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez Ruiz, ha informado Europa Press.

En relación con las comunidades autónomas, Quintás las ha acusado de ser "importantes impulsoras" de las malas prácticas de las cajas y ha apuntado que "hubo gobiernos autonómicos que no dudaron en recurrir a la propia regulación autonómica de las cajas solo para garantizar su control frente a un grupo rival".

"El control indirecto por los partidos políticos respecto de los órganos de gobierno de determinadas cajas permitió que se tomaran públicamente acuerdos en instancias ajenas a las cajas respecto de asuntos de gran trascendencia que realmente correspondían a los órganos de gobierno", ha dicho.

En la misma línea, ha acusado a las comunidades autónomas de "bloquear" las fusiones "extrarregionales", aunque fueran "razonables", por su "profunda aversión al riesgo de perder su influencia sobre la caja en favor de otra comunidad". Para Quintás, los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) fueron "insuficientes" para atajar los problemas del sector, especialmente el de solvencia.

En cuanto al Gobierno, le achaca una "incapacidad" para "elaborar a tiempo un diagnóstico correcto, tanto de la expansión económica inicial como de la extraordinaria recesión que siguió". "Como sector tenemos amplio campo de multa, pero no tanto como el que hace las leyes", ha añadido.

"No era la naturaleza jurídica de las cajas, sino comportamientos de gestores que, en ausencia de sanciones ejemplarizadoras que los reprimiesen, se extendieron peligrosamente por el sector al cobijo de la fuerte expansión económica", ha apuntado.

Falta de "buena regulación"

Quintás ha señalado que "ciertamente, una buena regulación y supervisión hubiera dificultado y limitado drásticamente los daños causados por la mala gestión de los administradores e impedido la devastadora evolución en progresión geométrica que resultó en los procesos acelerados de deterioro de la solvencia".

El expresidente de la CECA ha valorado que "el control parlamentario del Banco de España era débil" y que en España la transparencia de los supervisores financieros presenta opacidades en aspectos relevantes.

Asimismo, el expresidente de la CECA ha acusado a las empresas auditoras de colaborar en la creación de esta crisis, aunque "su importancia es menor", así como a la banca comercial.

Para Quintás, la "causa remota" de la crisis de las cajas fue la "inoculación de la politización" de las mismas mediante la Ley Orgánica de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA), al tiempo que la crisis económica global fue el "detonante y catalizador", mientras que la "causa próxima" fueron las malas prácticas de gobierno corporativo de las cajas.

El expresidente de la CECA ha señalado durante su intervención que el coste de esta crisis con cargo a los recursos públicos "será enorme, superior sin duda a los 60.000 millones de euros", a lo que se suman las "cuantiosas pérdidas privadas soportadas directamente por los pequeños y grandes inversores", así como por los clientes y los empleados.

Un sistema financiero "peor"

Para Quintás, el sistema financiero derivado de la crisis es "peor" que el que había antes, algo que achaca a la "concentración bancaria", la "homogeneización institucional" y la desaparición de las cajas, "un vector social de gran importancia".

En su opinión, la concentración del sector "ha aumentado notablemente", "oligopolizando al sector", pues permanecen actualmente un tercio de los competidores que había hace nueve años. No obstante, ha apuntado que "los efectos sobre la competencia no son aún excesivamente importantes".

Según ha explicado, la desaparición de un sector "que representaba nada menos que a la mitad del antiguo sistema bancario", ha supuesto la extinción de "un vector social de gran importancia" en el sistema, dado que las cajas colaboraban en "evitar la exclusión financiera" y ofrecían una "potente" obra social.

Además, ha indicado que la "obligada disminución progresiva" de la presencia de las fundaciones bancarias en el accionariado de las antiguas cajas puede ser un "riesgo" que "debilite la atención prestada a la inclusión financiera en los aspectos con mayor impacto negativo sobre la cuenta de resultados".

Dentro del sistema bancario español actual, Quintás ha diferenciado entre el sector CECA (las antiguas cajas) y el sector AEB (la banca) y considera que, aunque el primero ha perdido importancia respecto al segundo, a largo plazo no es descartable que la cuota del sector CECA mejoresector CECA, dado que las antiguas cajas cuentan con "los mejores recursos".

Los grupos políticos presentes en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorros y el rescate bancario reprocharon este martes al exgobernador del Banco de España Jaime Caruana su falta de autocrítica al analizar el papel de la institución durante su mandato.

Por una parte, el diputado socialista Pedro Saura manifestó que el papel del Banco de España durante la crisis de las cajas fue "importante" por su labor como supervisor. Saura consideró que los años en los que Caruana fue gobernador de la institución, de 2000 a 2006, fueron aquellos en los que "se gestó la burbuja" inmobiliaria, por lo que cuestionó los instrumentos con los que contaba el Banco de España para hacer frente a la crisis y sobre las medidas que pudo poner en marcha.

El segundo grupo político que replicó a Caruana fue Unidos Podemos a través de la diputada de En Marea Yolanda Díaz Pérez, que reprochó al ahora director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) que hablase de la crisis financiera como si de una "catástrofe natural" se tratara, al tiempo que le achacó que la crisis produjo "suicidios" en la gente corriente, mientras que una "élite" consiguió "enormes beneficios".

"Si usted y su cúpula hubieran tomado las decisiones correctas se podría haber evitado el rescate, el fraude de las preferentes, los sueldos astronómicos de los gestores, los blindajes de las jubilaciones, la concesión de créditos fallidos, el endeudamiento de por vida de las familias, los miles de desahucios, los suicidios... En definitiva, se habría evitado mucho sufrimiento a la ciudadanía", le espetó.

El diputado Francisco de la Torre, de Ciudadanos, afirmó que "la realidad" demostró que las entidades financieras realmente no estaban bien gestionadas y apuntó que "no parece que se tomasen medidas" por parte del Banco de España para poner freno a la burbuja inmobiliaria.

En su opinión, bajo la supervisión de órganos como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se llevaron a cabo actuaciones como la comercialización de participaciones preferentesparticipaciones preferentes, también durante el mandato de Caruana, por lo que le replicó que echa en falta "una visión crítica de todo esto".

Por parte del PNV intervino Idoia Sagastizabal, que reprochó a Caruana que durante su intervención no haya hablado "de ningún tipo de responsabilidad" y le cuestionó, entre otros aspectos, por qué las entidades financieras podían conceder créditos por el 80% del valor del inmueble.

El representante del Grupo Popular, Ramón Aguirre, contestó a Caruana que el Banco de España sí contaba con instrumentos suficientes para atajar la quiebra de las cajas de ahorro, así como con "todas las competencias y herramientas en su mano en materia de supervisión y regulación".

Según dijo, el Banco de España "sí hubiera podido hacer algunas aportaciones", como controlar las tasaciones inmobiliarias, limitar el valor de las hipotecas en función del valor de la vivienda y los pagos mensuales en función de la renta disponible del deudor, además de haber intervenido en la composición de los órganos de gobierno de las cajas.

Por último, el comisionado del Grupo de Esquerra Republicana Joan Capdevilla, que consideró a Caruana "colaborador necesario" del "sufrimiento" provocado por la crisis financiera, le cuestionó si deberían responder con su patrimonio las autoridades responsables en la crisis, así como qué opinión tiene sobre el exministro de Economía Rodrigo Rato, presidente después de Caja Madrid/Bankia.

El fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol ha elevado a definitivas este lunes su petición de penas de cárcel que alcanzan hasta los siete años y medio para los directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se sientan en el banquillo de los acusados por falsear las cuentas de los ejercicios 2010 y primer trimestre de 2011 de manera "intencionada", según informa Europa Press.

En esta nueva sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional dedicada a las conclusiones finales, el fiscal del caso ha insistido en que las cuentas no reflejaban la imagen real de la caja alicantina y que la excúpula reconoció beneficios en los estados financieros de esos ejercicios a través de dos mecanismos: la incorrecta calificación de provisiones y el mecanismo de las titulizaciones.

"Se ha hecho trampas, ustedes han engañado", ha dicho el fiscal Anticorrupción a los acusados a quienes les han recordado que aunque sus acciones no fueron causa de la quiebra de la CAM, no se trató de un error sino de una actuación intencionada.

Por ello les imputa delitos de falsedad contable en los estados de 2010 y 2011 y estafa continuada y pide que indemnicen de forma solidaria al Banco Sabadell con 20 millones de euros y a los afectados por la compra de cuotas participativascuotas participativas entre marzo y julio de 2011, muchos de ellos personados como acusación en el juicio.

El Ministerio Público pide siete años y medio de cárcel para el exdirector general de la entidad Roberto López Abad, la exdirectora general adjunta Dolores Amorós, el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez y de Planificación y Control Teófilo Sogorb.

Para los exdirectores de Financiación y de Información Financiera Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, respectivamente, solicita 1,2 años de cárcel y para Vicente Soriano (Recursos) diez meses. Exculpa al expresidente de la caja Modesto Crespo que se sientan en el banquillo a petición de las acusaciones.

Rodríguez Sol ha insistido en que como consecuencia de una incorrecta rehabilitación de créditos fallidos y dudosos a normales, los acusados presentaron en 2011 unos resultados que arrojaban beneficios de 65 millones de euros cuando en realidad existían unas pérdidas después de impuestos de 1.136 millones de euros. A esta conclusión llegaron los administradores provisionales nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención del Banco de España en julio de 2011.

Culpables y cómplices

De López Abad ha dicho que, como principal administrador, dio las instrucciones para elaborar los presupuestos "sentando las bases" de lo que pasó en 2011. En concreto se ha referido a un correo electrónico enviado en noviembre de 2010 por el entonces director general en el que instaba a los principales ejecutivos a sacar 300 millones de euros de ganancias de cara al cierre del ejercicio.

El objetivo era facilitar la creación del Sistema de Protección Institucional (SIP) integrado por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria que diera luz verde al Banco Base, proyecto que finalmente no vio la luz al retirarse el resto de cajas del proyecto ante las dudas de solvencia de la CAM, que acabó vendiéndose al Banco Sabadell por la cantidad simbólica de un euro. Por ello ha considerado al resto de acusados "cómplices" de los hechos que comenzaron a juzgarse el pasado 29 de mayo.

Respecto al papel del supervisor, el representante del Ministerio Fiscal ha dicho que los informes del Banco de España ya reflejaron que la situación de la caja alicantina era "crítica" ante la falta de liquidez y ha respaldado la versión otorgada por los peritos judiciales del mismo que declararon durante el juicio en calidad de testigos.

"No es lo mismo que el beneficio salga porque se han aplicado correctamente las normas contables que porque se han hecho trampas. Lo que no se puede hacer nunca es trampas y una vez hechas explicar que hubiéramos ganado igual. Ustedes han engañado", ha espetado el fiscal en referencia a la versión de los acusados que insistieron en su declaración en calidad de investigados que el Banco de España les permitió ajustar contra reservas las plusvalías de la cuentas de 2010.

Imagen falsa al inversor

También se ha referido al mecanismo de las titulizaciones como herramienta empleada por la excúpula para maquillar las cuentas y presentar un resultado presupuestado en 2010 superior a los 200 millones de euros. Con esta incorrecta contabilización de préstamos hipotecarios aparentaron una transferencia de riesgos y beneficios que en realidad no se produjo.

En relación a la cuotas participativas Rodríguez Sol ha recordado que se ofreció una imagen falsa al inversor y que se le provocó un perjuicio con la emisión de este producto financiero cuyo valor quedó reducido a cero una vez vendida la caja alicantina al Banco Sabadell.

Igualmente ha insistido ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, que los acusados cobraron indebidamente beneficios de la entidad quebrada en calidad de planes de pensiones, incentivos o prejubilaciones y que costaron a la caja un desembolso indebido superior a los 20 millones de euros. Al respecto ha defendido que la aseguradora Caser es la responsable real "casi sin ningún género de dudas" por la póliza de responsabilidad civil de los exaltos cargos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha sido elegido este jueves presidente de la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta investigación del PP, donde se verán asuntos como la trama Gürtel trama Gürtel y los papeles del extesorero Luis Bárcenas.

La propuesta de Quevedo fue lanzada este mismo jueves por el PP y aceptada por el PSOE, mientras el diputado de Nueva Canarias estaba en su circunscripción ajeno a las negociaciones, ya que no estaba ni adscrito a la comisión de investigación.

El aval de PP y PSOE ha permitido desbloquear las negociaciones y ha dejado fuera de la comisión a Jordi Xuclà, diputado de la antigua Convergència a quien el PP había propuesto inicialmente la presidencia.

En esta sesión constitutiva, Unidos Podemos ha planteado un candidato alternativo a presidir la comisión, el coordinador de su grupo parlamentario, Txema Guijarro, pero sólo ha recabado el apoyo de sus diputados. Ciudadanos, ERC, PNV y el Grupo Mixto han optado por abstenerse y no han dado su voto ni a uno ni a otro.

Junto con Quevedo ocuparán la Mesa de la comisión representantes de los cuatro grandes grupos: Beatriz Escudero (PP) y Soraya Rodríuguez (PSIE) como vicepresidentas, y Txema Guijarro (Unidos Podemos) y Marcial Gómez (Cs) como secretarios.

Oramas presidirá la comisión sobre el rescate bancario

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha sido elegida este jueves presidenta de la comisión de investigación del Congreso sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorro, con el apoyo del PP, el PSOE y el Grupo Mixto.

En esta sesión constitutiva de la comisión , Ciudadanos propuso como alternativa para la presidencia a su diputado Nacho Prendes, vicepresidente primero del Congreso, pero no recabó más apoyos que los de su partido.

Por su parte, Unidos Podemos, Esquerra, y el PNV optaron por abstenerse y no apoyar a ninguno de los dos aspirantes.

Junto con Ana Oramas, el resto de la Mesa de la comisión estará compuesta por diputados de los cuatro grandes partidos: Juan Manuel Juncal (PP) y Margarita Pérez Herráiz (PSOE) como vicepresidentes y Yolanda Díaz (En Marea) y Toni Roldán (Cs) como secretarios.

Tras ser elegida, Ana Oramas se ha marcado como objetivo de la comisión no sólo "analizar" el pasado de lo que ha ocurrido en la crisis financiera, sino "intentar prever" que no se repetirá en el futuro.

La diputada del Grupo Mixto, economista de formación y con experiencia parlamentaria, el perfil que querían PP y PSOE, ha emplazado a los grupos a la próxima semana para empezar a ver los aspectos sobre los que debe

empezar la comisión.

  “¡La quiebra a Bankia ha venido,

nadie sabe cómo ha sido! ”. Muy fan.nadie sabe cómo ha sido!

Todo está en Machado. Es fascinante comprobar cómo su bellísima poesía puede integrarse con toda naturalidad en esta lamentable historia de nuestras vidas, como los ríos que van a dar a la mar, que es pa’ morirse. Ya verán...

Nosotros que, cuales inocentes abejitas, esperábamos como agua de marzo la aclaración de responsabilidades de los encargados de supervisar la salida de la entidad a Bolsa. Nosotros, que revoloteamos en torno a las declaraciones de los presuntos controladores, con las antenas en alto para no perder detalle, nos hemos quedado de pasta de jalea real.

Los primeros en salir a recitar ante la Audiencia Nacional fueron Segura y Restoy, expresidente y exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en aquellos años floridos y hermosos.

Ambos siguieron el guión previsto y aseguraron que no era responsabilidad de la CNMV verificar las cuentas de salida a Bolsa. Su función consistía en echarle un vistazo al folleto, comprobar que las cuentas estaban auditadas y chimpún. Segura y Restoy vinieron a decir:

“Todo pasa y todo queda,

pero lo nuestro es pasar”. Así que levantaron el vuelo de la Audiencia Nacional y, antes de abandonar las instalaciones, le pasaron la bola de polen al Banco de España.Llegó el turno de Pedro Comín, ex director adjunto de Supervisión del Banco de España. Él fue quien recibió en su buzón, antes de que el organismo autorizara la operación, la misiva del inspector José Antonio Casaus que alertaba de que la salida a Bolsa no era buena idea.Pedro aseguró que había comentado la ardorosa correspondencia con otro Pedro, González, su jefe. Y afirmó que la cosa de ahí no pasó, que la epístola nunca llegó a la cúpula porque el contenido no tenía suficiente nivel. Se trataba de un aguijonazo poco meditado, “opiniones personales de futuro que podían cumplirse o no”. O sí... “ ...abrió los ojos el niñoy el caballito no vio”.Pedro González negó haber recibido la correspondencia de Casaus, aunque confirmó que su subordinado le había informado de lo que preconizaba el remitente.Y también afirmó estar seguro de que las advertencias del inspector escribiente habían llegado a oídos de la cúpula. Concretamente, a los del subgobernador Aríztegui, porque el gobernador Fernández Ordóñez “estaba a otras cosas”...Imaginamos la sorpresa de MAFO al encontrarse con la quiebra en las narices sin haber escuchado ni un estornudo de alerta. ¡Como atento no más a mi quimera no reparaba en torno mío, un día me sorprendió la fértil primavera que en todo el ancho campo sonreía.Él fue el protagonista del momento culminante del recital. Máxima expectación cuando el exgobernador del Banco de España, proyectó la voz en el auditorio, miró al frente y, en medio del profundo silencio, espetó: “Los correos de Casaus pudieron acertar en su predicción pero eran erróneos”.El abogado de la acusación popular, Andrés Herzog, le comentó que no entendía por qué estaban equivocados los pronósticos del inspector, si habían acertado en todo. A lo que MAFO respondió: “Si tú aciertas en una predicción pero fallas en las causas, estás en un error”. Y como Herzog continuaba preguntando, el exgobernador concluyó: “Esto lo explicas en una tertulia y no se entiende”. No le falta razón. “El hombre es por natura la bestia paradójicaun animal absurdo que necesita lógica”Y antes de marcharse con su música relajante a otra parte, Miguel Ángel le echó la culpa de la quiebra al boogie. ¡Que no, que es broma! ¿Cómo le va a echar el exgobernador la culpa al boogie sin hacer autocrítica ni nada? No, no, MAFO le echó la culpa... a la recesión: ¡Qué difícil escuando todo bajano bajar también!Ya lo saben. Según los controladores, Bankia salió a Bolsa “arregladita como pa’ ir de boda”, que cantaría Serrat. Rodrigo puso su mejor sonrisa, tocó la campanita y aquí paz y después... quiebra:  “Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamentey quebrarse”Y ustedes no sé, pero los reguladores están tan tranquilos como...  “...una blanca paloma se posaen el alto ciprés centenario”Que casi ni nos sorprende, porque vivimos en un constante déjà vu:  “Dice la monotoníadel agua clara al caer:un día es como otro día;hoy es lo mismo que ayer”.Es otro de nuestros clásicos “cantares”, los que tienen que velar por nosotros, no se dan por aludidos si nos quedamos a dos velas.  Soñé que tú me llevabaspor una blanca vereda,en medio del Bankia verde,hacia el negro de la quiebra. (*)Para añadir surrealismo a la historia, el autor de los correos, Casaus, compareció ante el juez emocionado y rompió a llorar durante su declaración porque estaba en un período de mucho estrés. Luego les dijo a los periodistas que “lo que importa es que en España haya 100.000 muertes por aborto...".Este país es un poema. La quiebra a Bankia ha venido, nadie sabe cómo ha sido.NOTA DE LA AUTORA: Gracias al eterno Antonio Machado. A veces, maestro, hay que tirar del sublime talento de los grandes para vencer el hastío... (*) Por exigencias del guión, las palabras: “Bankia, negro y quiebra”  sustituyen a las de poema original: “campo, azul y las sierras”. lo nuestro es pasar”.

Pedro Comín,

“opiniones personales

y el caballito no vio

sorpresa de MAFO

¡Como atento no más a mi quimera

no reparaba en torno mío, un día

me sorprendió la fértil primavera

que en todo el ancho campo sonreía

“El hombre es por natura la bestia paradójica

un animal absurdo que necesita lógica”

boogie

¡Qué difícil es

cuando todo baja

no bajar también!

Me gusta verlos pintarse de sol y grana,

volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente

y quebrarse”

“...una blanca paloma se posaen el alto ciprés centenario”Que casi ni nos sorprende, porque vivimos en un constante déjà vu:  “Dice la monotoníadel agua clara al caer:un día es como otro día;hoy es lo mismo que ayer”.Es otro de nuestros clásicos “cantares”, los que tienen que velar por nosotros, no se dan por aludidos si nos quedamos a dos velas.  Soñé que tú me llevabaspor una blanca vereda,en medio del Bankia verde,hacia el negro de la quiebra. (*)Para añadir surrealismo a la historia, el autor de los correos, Casaus, compareció ante el juez emocionado y rompió a llorar durante su declaración porque estaba en un período de mucho estrés. Luego les dijo a los periodistas que “lo que importa es que en España haya 100.000 muertes por aborto...".Este país es un poema. La quiebra a Bankia ha venido, nadie sabe cómo ha sido.NOTA DE LA AUTORA: Gracias al eterno Antonio Machado. A veces, maestro, hay que tirar del sublime talento de los grandes para vencer el hastío... (*) Por exigencias del guión, las palabras: “Bankia, negro y quiebra”  sustituyen a las de poema original: “campo, azul y las sierras”. una blanca paloma se posa

en el alto ciprés centenario”

“Dice la monotonía

del agua clara al caer:

un día es como otro día;

hoy es lo mismo que ayer”.

Soñé que tú me llevabas

por una blanca vereda,

en medio del Bankia verde,Bankia

hacia el negro de la quiebra. (*)negrola quiebra

NOTA DE LA AUTORA: Gracias al eterno Antonio Machado. A veces, maestro, hay que tirar del sublime talento de los grandes para vencer el hastío... hastío

(*) Por exigencias del guión, las palabras: “Bankia, negro y quiebra”  sustituyen a las de poema original: “campo, azul y las sierras”.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza compuesta por el presidente Rubén Blasco Obedé, y los magistrados Carlos Lasala Albasini y Alfonso Ballestín Miguel, ha condenado a cuatro años de cárcel al exdirector general de la desaparecida Caja Inmaculada (CAI) Tomás García Montes, al exdirectivo FJA y a un socio de estos, Ramón Marrero, por un delito de apropiación indebida agravada, según la sentencia a la que ha tenido acceso infoLibre.

En la resolución, la Audiencia les impone a cada uno el abono de multas de 3.600 euros y de indemnizaciones que de forma conjunta alcanzan los 6.927.915 euros. Sin embargo, los absuelve de los delitos de administración desleal y estafa continuada.

En concreto, los tres deberán abonar conjunta y solidariamente 90.059 euros a la sociedad mercantil 'El Soto de Vistahermosa', 45.230'49 euros a la mercantil 'Golf El Puerto' y 60.000 euros a 'Arcai Inmuebles' por los gastos de un viaje común a Egipto, informa Europa Press.

También tendrán que indemnizar a esta última con la cantidad de 597.000 euros por la responsabilidad civil derivada del delito continuado de apropiación indebida por las compraventas de las participaciones sociales.

Además, deberán hacer lo mismo con la sociedad mercantil 'CAI Inmuebles' con la cantidad de 5.681.000 euros como responsabilidad civil derivada del delito de apropiación indebida agravada por la compraventa de los dos activos inmobiliarios hipervalorados.

Asimismo, García Montes y Marrero deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria con 233.155 euros a la sociedad mercantil 'El Soto de Vistahermosa' por la venta del apartamento a Tomás García Montes; y Marrero y FJA tendrán que indemnizar con 221.471,84 euros a la misma sociedad por la venta del apartamento a FJA.

Por su parte, la esposa de FJA, María Ángeles Álvarez, deberá indemnizar, como participe a título lucrativo, a la misma mercantil, de forma solidaria con su marido, con 110.735,92 euros.

Los tres deberán pagar las costas del juicio. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo dentro del plazo de cinco días tras la notificación de la misma.