El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apreciado la existencia de "un anormal funcionamiento de la justicia" en la instrucción de una de las partes del caso Mercasevilla, un escándalo que castigó a PSOE e IU en la capital andaluza y que finalmente quedó en nada en una sentencia firme. El informe del CGPG [ver aquí], realizado tras una reclamación patrimonial del ex líder local de IU Antonio Rodrigo Torrijos y de un ex asesor municipal del PSOE, Enrique Castaño, aprecia "una serie de períodos temporales que habrían dado lugar a dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento". El tiempo entre el inicio de la instrucción, abril de 2009, y la sentencia, junio de 2017, fue "excesivo", sin que quede acreditada por la "complejidad" que lo justifique. El informe del CGPJ, preceptivo en este tipo de reclamaciones, no se pronuncia sobre la cuantía de la posible indemnización, que en la denuncia ante el Ministerio de Justicia presentada por Torrijos y Castaño asciende a 73.500 euros en cada caso.

Torrijos y Castaños presentaron escritos de reclamación en junio de 2016 ante el Ministerio de Justicia. El CGPJ resuelve las dos denuncias juntas. A juicio de los reclamantes, el caso de la supuesta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla incurrió en dilaciones indebidas. La denuncia incluye las fechas. El inicio de la instrucción a cargo de Mercedes Alaya tuvo lugar el 27 de abril de 2009, a raíz de una denuncia presentada por Juan Ignacio Zoido, en calidad de portavoz municipal del PP. Torrijos no fue imputado hasta el 4 de abril de 2011, pudiendo entonces personarse con abogado y procurador. Durante todo ese tiempo, Torrijos, que era primer teniente de alcalde en un gobierno de coalición PSOE-IU, estuvo durante todo ese tiempo sujeto a atención púbica por un posible caso de corrupción. La imputación se acabó produciendo el mes anterior a la celebración de elecciones municipales, celebradas el 22 de mayo.

Resultó "llamativa la filtración a los medios de comunicación de su citación judicial y ello por cuanto se produjo en plena campaña electoral", señala la denuncia. La declaración de Torrijos no tuvo lugar hasta el 8 de junio de 2011. Hasta el 3 de diciembre de 2013, la juez Mercedes Alaya no dictó otra resolución concerniente a Torrijos, cuando transformó las diligencias previas en sumario. Ese auto fue anulado y las diligencias previas se transformaron en procedimiento abreviado. Torrijos va dando cuenta de supuestas dilaciones, errores y complicaciones, en ocasiones derivadas de la imputación de 16 personas más.

El juicio no pudo celebrarse en diciembre de 2016, como estaba previsto, porque Torrijos estaba enfermo de cáncer. Finalmente se señaló en marzo de 2017. Torrijos asistió mientras recibía quimio y radioterapia. Terminó el 17 de marzo de 2017, “casi ocho años después de que se incoaran las diligencias previas 5612/2009 por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla”.se Desde el auto de incoación de las diligencias previas de fecha 27 de abril de 2009 hasta la notificación de la sentencia, que tuvo lugar el día 21 de junio de 2017, transcurrieron 8 años, 1 mes y 24 días, recalca la reclamación, que detecta "lapsos temporales de completa inactividad".

La reclamación sintetiza el problema en una frase, recogida por el informe del CGPJ: "Aparte del coste económico derivado de su defensa en el procedimiento judicial, como consecuencia de la demora y extensión de las referidas actuaciones judiciales, han sufrido un importante daño moral, dado que aquellas han incidido muy negativamente tanto en su vida personal y familiar, como también en su trayectoria profesional. Destacan la importante repercusión mediática del llamado caso Mercasevilla, con un amplio seguimiento en los medios de comunicación local y nacional amén de numerosas filtraciones más o menos interesadas durante la fase de instrucción, habiéndose prolongado la instrucción por más de siete años, obligándoles a sufrir una prolongada pena de banquillo, pese a su incontestable inocencia".

Lo cierto es que la presentación de la reclamación de Torrijos se produjo antes de quedara establecida su inocencia en este caso. Pero finalmente quedó establecida un año después. Y de manera, efectivamente, incontestable.

El caso y la sentencia

Pero, ¿por qué es importante el caso Mercasevilla?

Por las manos de Alaya pasaron varios de los casos más relevantes de los últimos diez años en Andalucía. Destacan tres: los ERE, cuya pieza política fue ya llevada a juicio con una condena a la antigua cúpula de la Junta, los cursos de formación y Mercasevilla. Las tres investigaciones compartían una misma visión: no se trató sólo –según las instrucciones de Alaya– de fraudes concretas, sino que se inscribían en complejas maquinaciones. Lo que en jerga política y mediática se conoce como "tramas". Tras el archivo de la pieza principal del caso de los cursos de formación, la sentencia absolutoria de la pieza de la venta de suelos del caso Mercasevilla supuso un golpe al crédito de Alaya, que recuperó con la sentencia del caso ERE, aún pendiente de fallo definitivo en el Supremo.

La sentencia del caso Mercasevilla fue contundente [ver aquí]. La Fiscalía ni siquiera la recurrió. Según el fallo, la adjudicación de suelos públicos objeto de juicio se realizó tras haber recibido información privilegiada la empresa que resultó ganadora, Sanma, filial de la malagueña Sando, pero ni queda establecido quién dio la información ni resultó determinante para la decisión final. Según la sentencia, "sólo hay meras sospechas, que no pueden elevarse a la categoría de indicios, de que tal operación pudiera abrigar como finalidad la de beneficiar a una determinada mercantil". No hubo además, según el fallo, intención de "defraudar al ente municipal". El fallo descartaba de plano cualquier "amaño" o "concierto previo".

La absolución era de todos los cargos: prevaricación, fraude, exacciones ilegales y delito societario. Y también de todos los acusados, desde el principal responsable político, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a los directivos de Mercasevilla, pasando por funcionarios y responsables de la empresa Sando. Todos ellos se jugaban dos años de cárcel. El fallo sobre Mercasevilla fue un alivio para Torrijos, el que fue hombre fuerte de IU en Sevilla, que fue machacado por la instrucción del caso.

Para entender los hechos hay que viajar hasta 2003. La sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento y la pública Mercasa, atravesaba una situación de falta de recursos, por lo que suscribió con la entidad Larena 98 un acuerdo de uso de unos suelos de Mercasevilla. La empresa, que planeaba construir naves para arrendamiento, se comprometía a un pago mensual de casi 60.000 euros. Tras pagar la primera mensualidad, y ante las dificultades para obtener las licencias, Larena 98 dejó de pagar y demandó al Ayuntamiento. Mercasevilla "pactó con la constructora Sando" que esta se haría cargo, a través de su filial Sanma, del pago de la reclamación de Larena 98, según recoge la sentencia. La idea era que Sanma se quedara con el derecho de superficie y Mercasevilla le adjudicara una opción de compra sobre todos los terrenos. Sando hizo su parte: llegó a un acuerdo con Larena 98 y le pagó más de 1 millón de euros. La adjudicación posterior de los terrenos se hizo mediante un concurso. Y ahí empieza todo. Acudieron ocho empresas y ganó Sando, que ofrecía 105 millones. La compañía Noga, que ofrecía 158 millones, fue penalizada en aplicación de una cláusula de limitación al alza. Mercasevilla y Sando firmaron la venta en febrero de 2006, cinco años antes de la imputación de Torrijos, más de once años antes de la sentencia. El acuerdo se produjo más de 14 años antes de que el CGPJ diga ahora que en la instrucción hubo dilaciones indebidas y un "anormal funcionamiento de la justicia".

La sentencia fue un palo para Alaya, que veía amañado el concurso. Según su investigación, la forma en que se hizo el pliego estaba destinada a favorecer a Sando. Se trataba, a juicio de Alaya, de establecer unos requisitos que pusieran la adjudicación en bandeja a dicha empresa. Pero tal cosan no quedó probada.

Antonio Rodrigo Torrijos

En contra de lo que suele afirmarse, esta parte del caso Mercasevilla, la venta de suelos, no tiene relación ni es origen del escándalo de los ERE. Hay relación entre Mercasevilla y los ERE, pero no por este parte, sino por otras: una mordida que intentaron cobrar unos ex directivos de Mercasevilla y la inclusión de intrusos en un ERE de la empresa. Son casos ya ajenos a Torrijos, que con la sentencia de 2017 obtuvo un tardío resarcimiento judicial. Políticamente el tiempo hasta el fallo fue toda una era, a lo largo de la cual PSOE e IU se hundieron en 2011 tras gobernar juntos dos mandatos en coalición, lo que llevó al poder durante cuatro años a Juan Ignacio Zoido (PP), que a la postre perdió el bastón de mando en 2015 y recaló en el Gobierno como ministro del Interior. Sería inexacto decir que el caso Mercasevilla fue el único único motivo del batacazo electoral de PSOE e IU en las elecciones de 2011, pero lo seguro es que la venta supuestamente fraudulenta de los suelos a una empresa malagueña fue un escándalo de enorme repercusión mediática que cobró fuerza a las puertas de las municipales de 2011, con el número dos del ayuntamiento, bestia negra del conservadurismo sevillano, en el ojo del huracán.

La instrucción arruinó la trayectoria política de Torrijos, que fue portavoz municipal de IU y primer teniente de alcalde de 2007 y 2011 durante el cogobierno con el PSOE. Un hombre muy conocido en Sevilla. Reconocible, con su pipa, su hablar florido y su izquierdismo ortodoxo, enfrentado sin rubor a los sectores más tradicionalistas de la ciudad. Presumía, con sorna, de tener el récord de portadas de ABC de Sevilla. Su figura política quedó marcada por el caso. Torrijos se presentó como candidato en 2011 como imputado, en contra de sectores de su partido que hubieran preferido su dimisión, y fue la imagen de la derrota de la izquierda y la pérdida del poder. Especialmente demoledora para Torrijos resultó la famosa foto de la mariscada junto a Mellet, publicada por ABC de Sevilla en 2010, cuando Mercasevilla ya estaba bajo la lupa judicial.

Tras su imputación en Mercasevilla, en 2011, Torrijos fue condenado por acoso laboral a una funcionaria durante su etapa de número dos del Ayuntamiento, un asunto sin relación con este. Todo junto –la foto, la sentencia, la instrucción, la derrota electoral– acabó apartándolo de la primera línea. Torrijos, que dimitió como portavoz municipal de IU a finales de 2013, siempre insistió en su inocencia en el caso de la venta de los suelos, que era el que hacía planear sobre él la sombra de la corrupción. Es más, denunció que la instrucción de Alaya había tenido un sesgo de persecución política, con su imputación un mes y medio antes de las municipales. Torrijos atendió el juicio mientras recibía sesiones de radio y quimioterapia. Finalmente la sentencia fue un éxito para él. El fallo hacía especial énfasis en la inexistencia total de indicios que apuntasen a que Torrijos actuara para favorecer a la empresa que ganó el concurso por los suelos de Mercasevilla. Ni participó en la mesa de contratación, ni en la baremación, ni en la decisión final de la ganadora, ni mucho menos manipuló el proceso, según la sentencia. Torrijos busca ahora resarcimiento. 

Dos expresidentes de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo de los acusados por uno de los más sonados casos de corrupción de la historia democrática española. Una comunidad situada entre las peores en las clasificaciones elaboradas sobre los principales indicadores socioeconómicos. Una región que, partiendo de abajo, no converge con la media española y europea, sino que se aleja. Y, al mismo tiempo, un solo partido en la presidencia, el PSOE, camino ya –sería en 2022– de los 40 años en el poder. ¿Qué explica el éxito electoral de un partido que, a priori, ofrece un bagaje tan cuestionable? La oposición responde al unísono: clientelismo. Pero no es tan sencillo.

¿Qué es el clientelismo? Aunque la jueza Mercedes Alaya ha utilizado en varias ocasiones el concepto de forma más o menos explícita a lo largo de sus instrucciones judiciales de los ERE y los cursos de formación, el clientelismo no es un concepto penal. Es una abstracción política y socioeconómica. Sirve para describir un sistema de poder basado en el intercambio informal de favores. En un sistema clientelar, los cargos públicos conceden prebendas a círculos de afines, que se mantienen en la ratio de reparto siempre que acrediten adhesión y complicidad. El clientelismo es una idea sinuosa, pero se remite a un campo semántico donde caben la arbitrariedad, el nepotismo y el control de la opinión pública. Un sistema clientelar es un sistema rígido y excluyente.

No hay una línea que separe la política clientelar de la que no lo es. Hay rasgos clientelares. No existe el clientelismo químicamente puro, ni el sistema libre de su influjo. "Es una cuestión de grados", señala la abogada del Estado Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación Hay Derecho, dedicada "a la defensa del Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional". De la Nuez está entre los autores del ensayo colectivo Contra el capitalismo clientelar (Península, 2017), donde el desafío a las convenciones sobre el clientelismo empieza en el mismo título. Porque el diagnóstico del estudio es que el capitalismo español, el propio funcionamiento del sistema económico, es el que apresa a las instituciones y las aleja del interés general. El clientelismo sería así consustancial al sistema. Y no sólo en Andalucía.

"En toda España hay clientelismo porque las instituciones son débiles y fácilmente capturables. No sólo por el poder político, sino fundamentalmente por los agentes económicos. Órganos reguladores están capturados por los propios agentes regulados. Hay un problema general de proximidad del poder económico al político", señala De la Nuez. La corrupción político-económica, las puertas giratorias, la falta de regulación sobre los lobbies y los sobrecostes en la obra pública son manifestaciones de la debilidad del sistema institucional español, que abarcaría –según Hay Derecho– a los ámbitos local, autonómico y estatal.

Clientelismo para todos

La fundación de Elisa de la Nuez hace su diagnóstico desde un enfoque liberal. Pero hay otros caminos que conducen al mismo punto. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Manuel Delgado, un referente en el estudio crítico del comportamiento del capitalismo en España, ha llegado a conclusiones compatibles con las de Hay Derecho. Su idea central es esta: "La corrupción no es el resultado coyuntural de un fallo, sino que se ha venido instalando en el sistema, de manera que hoy es parte fundamental del mismo". Delgado no limita la idea de "corrupción" a la imagen estereotípica del concejal de Urbanismo haciendo el egipcio para cobrar su comisión por una recalificación. Su explicación sitúa la corrupción como elemento consustancial del capitalismo clientelar español.

Es un análisis coincidente con el que presenta el informe Aproximación a la geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas, de la Asociación de Geógrafos Españoles, que describe la dependencia del capitalismo español de las burbujas, especialmente en vivienda e infraestructuras. En ambos sectores la corrupción y el clientelismo han engrasado las relaciones entre administraciones públicas y empresas, señala el informe. El coste ha sido elevado. La asociación de geógrafos detalla cómo el derroche se ha convertido en un rasgo distintivo de la política española en detrimento del interés general. La planificación racional ha sido sustituida por el amiguismo y el oportunismo, generando espacios de privilegio alrededor de lo público. En los últimos veinte años, según este estudio en el que han participado nueve investigadores, las administraciones públicas han comprometido casi 100.000 millones "en infraestructuras innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas".

El riesgo monocolor

Si, como decía Elisa de la Nuez, en el clientelismo "hay grados", Andalucía está atrapada en esta misma dinámica pero además suma un factor riesgo: la perennidad de su partido de Gobierno. "Crony capitalism [traducido, algo así como "capitalismo de amiguetes"] hay en todas partes, en todas. En España y fuera. Lo que hace débil a España es su fragilidad institucional. En Andalucía, por la falta de rotación política, hay todavía menos contrapesos", señala De la Nuez. La abogada del Estado afirma que la mejor receta contra el clientelismo son "instituciones fuertes, no politizadas, con criterio técnico y profesional suficiente para hacer de contrapeso".

A priori, un monocolor político ayuda poco a estos fines. Y de hecho Andalucía ha sucumbido a las dinámicas de asignación ineficiente de recursos, indicador fiable de clientelismo. El libro Los megaproyectos en Andalucía. Relaciones de poder y apropiación de riqueza (Aconcagua, 2016), coordinado por los catedráticos de la Universidad de Sevilla Manuel Delgado y Leandro del Moral y centrado en Andalucía, realiza un detallado recorrido por infraestructuras faraónicas construidas –o proyectadas y finalmente abortadas–, cuestionando su utilidad y recalcando la subordinación de los intereses públicos a los privados en su planificación.

Más Estado que sociedad

Aunque no hay indicadores de mayor incidencia del despilfarro en Andalucía que en otras comunidades, la nómina de dirigentes políticos que señalan el "clientelismo" andaluz sin mencionar ningún otro abarca a todos los grandes partidos salvo el PSOE: Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos) y Alberto Garzón (IU). También los líderes andaluces de dichos partidos. Todos ellos hacen referencia a una suerte de clientelismo autóctono de gran capilaridad, que sería a su vez causa y consecuencia de los 40 años de gobierno del PSOE.

Las descripciones detalladas del fenómeno en este punto son difíciles. "En Andalucía se ha producido una perversión del autonomismo. Hemos llegado a una situación de macrocefalia administrativa. Tenemos mucho Estado y poca sociedad. Falta músculo civil. Se ha construido alrededor del partido gobernante un conglomerado de intereses. Hay un clientelismo de partido que se expresa sobre todo en el ámbito rural, con un familismo de corta distancia", señala el catedrático de Antropología Social José Antonio González Alcantud. Añade: "No es el único caso. Mire Cataluña, Galicia, Castilla... Es el mismo modelo. Todos los partidos lo han encarnado, cada uno a su manera".

Incluso los más documentados defensores de la existencia de clientelismo en Andalucía señalan que es un rasgo común a otras comunidades. Y que no hay manera de vincular científicamente con el clientelismo los reiterados triunfos del PSOE en las elecciones autonómicas (salvo en 2012, cuando ganó en votos el PP pero se mantuvo en el gobierno en coalición con IU) de una comunidad con 8,4 millones de habitantes. Es, a lo sumo, un factor más.

Las claves de un éxito

¿Dónde está la clave, entonces, del sostenimiento del PSOE en el poder? Hay múltiples análisis al respecto. Sin desdeñar la influencia que pueda tener el desarrollo de dinámicas clientelares, se citan frecuentemente entre las causas estas otras: memoria histórica, conectada con el rechazo a la derecha, especialmente en el ámbito rural; fuerte desarrollo de infraestructuras y servicios sociales bajo gobiernos socialistas; identificación del PSOE con el autonomismo, las movilizaciones de 1977 y el referéndum de 1981; peso de la figura de Felipe González como responsable de la salida del subdesarrollo...

También pesa la incrustación en el imaginario colectivo de una derecha señoritinga y despectiva ante la que el PSOE sabe presentarse como dique de contención. Por eso es tan frecuente oír que comentarios desdeñosos como los de Isabel García Tejerina o antes de Ana Mato o Esperanza Aguirre son la mejor campaña electoral del PSOE. Sigue recordándose, sobre todo en los pueblos, señala González Alcantud, a esa "élite con casa en Madrid que sólo bajaba al sur a cobrar las rentas". "El régimen autonómico fue muy deseado. La UCD cavó su tumba cuando propuso para Andalucía una autonomía de segunda. Ha funcionado muy bien el regionalismo dulce del PSOE", añade.

Y ha funcionado a pesar de que Andalucía no puede presumir de indicadores socioeconómicos brillantes. Más bien al contrario.

Paro y dependencia

La tasa de riesgo de pobreza se sitúa está en un 31%, frente a un 21,6% de la media española. De los 15 barrios con menor renta de España, según el INE, diez están en Andalucía, que también cuenta con un buen puñado de los municipios con mayor desempleo. La tasa de paro está en el 22,9%, frente al 15,2 de media. Y además hay divergencia. El porcentaje de lo que el PIB andaluz significa con respecto al PIB general decrece. La crisis, que siempre golpea con más fuerza las economías frágiles, hace que la brecha esté más lejos de cerrarse que hace diez años.

El rasgo distintivo de Andalucía es que ocupa una posición más frágil dentro del ecosistema capitalista español, que es en sí mismo clientelar. En el ensayo Poder, economía y sociedad en el sur. Historia e instituciones del capitalismo andaluz (Centro de Estudios Andaluces, 2016), Carlos Arenas ya desgranó cómo una versión especialmente extractiva del capitalismo, con raíces medievales, estaba detrás de la fragilidad industrial y el elevado desempleo andaluz. Este desempleo conduce a su vez a una mayor dependencia del empleador, sea privado o público.

González Alcantud aporta una referencia al hilo de la falta de empleo: cómo en el debate público todo se subordina al empleo. "A pesar de ver la monstruosidad de Arabia Saudí [con el descuartizamiento del periodista Kashoggi], parece que pocos se atreven a criticar el contrato de Navantia, porque se entiende que así se va contra el empleo", explica el profesor. González Alcantud cree que el paro estructural genera dependencia, más aún ante una Administración pública "macrocéfala".

Posición periférica

El profesor de Historia Económica Marcial Sánchez Mosquera, que ha abordado exhaustivamente el funcionamiento a ras de suelo de la economía andaluza, no considera que el clientelismo sea el hecho diferencial de la política autonómica. El rasgo distintivo, según sus investigaciones, es la incapacidad para salir de las posiciones de debilidad económica en España y Europa. Las políticas de la Junta encaminadas a paliar los efectos de esta posición de debilidad no han dado resultado. Pero han provocado un cierto aquietamiento social.

Uno de los objetos de estudio de Sánchez Mosquera ha sido la "concertación", el histórico modelo socioeconómico impulsado por la Junta de Andalucía, que ponía de acuerdo a la Administración pública, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEA para marcar líneas de actuación económica. La conclusión de Sánchez Mosquera es que la concertación no ha servido para sacar a Andalucía de los furgones de cola. Los desajustes persisten. El paro se ha cronificado.

"Pese a toda la concertación, utilizando fondos europeos, las estructuras económicas no se han movido. El afán desarrollista del modelo se ha mostrado inoperativo. Nunca se ha cambiado el modelo. Se le ha metido más madera a la caldera, pero la caldera sigue obsoleta", señala. "No nos movemos. Llegamos a alcanzar durante la burbuja económica el 79% de la renta media europea, pero era artificial. Era por la burbuja de la construcción y por el efecto estadístico de la entrada de los países del Este. Luego llegó la crisis. Y las crisis se ceban con las regiones más atrasadas. Son periodos de divergencia", añade.

Factor de adormecimiento

El clientelismo no es único en Andalucía, pero se manifiesta de forma adaptada a la singularidad de un modelo económico más periférico y más dependiente que otros de las decisiones del poder público. Y en el que, además, el caudal de ayudas no ha logrado la tantas veces anunciada modificación de las bases económicas de la región.

Andalucía ha recibido desde 1986 más de 100.000 millones de fondos europeos. Es verdad que el dinero no se ha perdido. Ahí están las infraestructuras y la modernización agrícola, entre otros logros. Pero tampoco ha servido para una alteración sustancial del modelo productivo. Ni para enfilar el camino hacia la media europea. Las políticas públicas se han mostrado incapaces de cerrar la brecha en indicadores como pobreza relativa, carencia material e incapacidad para asumir imprevistos. Tras seis años en el grupo de las llamadas regiones en transición, aquellas cuya riqueza por habitante están por encima del 75%, ha vuelto a caer al grupo de regiones en desarrollo. Esto significa que Andalucía percibirá más fondos europeos en el marco 2021-2027.

Sánchez Mosquera muestra su preocupación. "Las transferencias de renta operan como un factor de adormecimiento, de favorecimiento del statu quo. Nuestro problema es que estamos en una posición periférica, recibiendo transferencias de renta pero sin alterar nuestro sistema productivo. Y no olvidemos que las políticas de transferencia favorecen a los territorios que las reciben, de acuerdo, pero también a los contribuyentes netos, que refuerzan su posición en el mercado único. Las ayudas generan desarrollo pero son un elemento más del engranaje del sistema", señala Sánchez Mosquera. Un sistema en el que Andalucía tiene una posición periférica dentro de España, de igual modo que España tiene una posición periférica dentro de la UE. Las ayudas permiten subsistir, pero no garantizan el avance. Sánchez Mosquera afirma que no puede haber avance sin una decidida inversión por sectores innovadores con valor añadido.

Emigración y PER

Sánchez Mosquera no desdeña el factor clientelismo. "Ha habido y hay estructuras clientelares", afirma el investigador. Pero no cree que eso sirva de explicación ni para el atraso comparado de Andalucía, ni para el mantenimiento del PSOE en el poder. El investigador ofrece otro elemento de reflexión. El PSOE ha optado por desechar una vía que hubiera sido más sencilla y más drástica para forzar la convergencia: facilitar la emigración. "Si empujas a la gente a la emigración, por ejemplo con recortes y ausencia de ayudas en el ámbito rural, la gente empieza a salir y empezamos a converger rápidamente por renta media. Despoblamos los pueblos y nos equilibramos", señala el investigador, que celebra que no se haya acudido a esta fórmula.

En cambio, ha habido políticas de Estado para evitar la despoblación rural de las dos grandes autonomías aquejadas por el problema endémico del desempleo agrario, Andalucía y Extremadura. Estas ayudas, el subsidio agrario, el modelo conocido como el PER –aunque ya no se llama así–, han contribuido a evitar una emigración masiva, al mismo tiempo que han sido una especie de sustituto paliativo de la siempre pospuesta reforma agraria.

El desarrollo económico endógeno sigue a la espera, mientras continúa activo un sistema de garantía de subsistencia. Se trata de un programa que en 2018 ha supuesto en Andalucía 153,6 millones de euros. Aunque las ayudas agrícolas rurales del antiguo PER suelen servir para ilustrar la tesis clientelar andaluza, sus cantidades palidecen ante las que se manejan en los programas de desarrollo industrial. Es decir, se otorga grandes áreas del sur un papel subsidiario en el reparto del trabajo al mismo tiempo que se les acusa de ser económicamente dependientes.

"Pendientes del BOJA"

El periodista Pepe Fernández, ex director regional de Onda Cero y fundador del digital El Confidencial Andaluz, se muestra tan firme en la defensa de que existe clientelismo en Andalucía, como en la idea de que el fenómeno no es exclusivo de Andalucía. Pero sí cree que las particularidades sociopolíticas de Andalucía determinan la expresión local del clientelismo. A juicio de Fernández, el hecho de que el PSOE jamás haya perdido el poder conlleva una influencia excesiva sobre sindicatos, patronales, medios de comunicación públicos y privados e incluso poder judicial. Y el hecho de que la Administración pública tenga un peso tan decisivo en la economía hace que haya "demasiada gente pendiente del BOJA".

El periodista también hace una observación sobre el fenómeno de la corrupción. "Aquí se ha dado, por ejemplo con los ERE, lo que yo llamo corrupción de Curro Jiménez. No recuerdo ningún caso de enriquecimiento descarado, tipo Gürtel, con dinero en el extranjero. Esto es otra cosa", señala.  

La magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla Mercedes Alaya, quien fuera instructora de macrocausas como los ERE, Mercasevilla o del caso Lopera y empezara la de los cursos de formación, manifestó este miércoles que está "muy tranquila" con las últimas declaraciones que realizó, que ratifica, y con las que pretende "cambiar el sistema desde dentro", en las que aseguró principalmente en lo referente a la independencia de la Fiscalía General del Estado del Gobierno, informa Europa Press.

En un foro informativo, Alaya había dicho que atribuir a la Fiscalía la investigación de los procedimientos por corrupción sería "como tener al lobo metido dentro del gallinero". A este respecto, el Pleno del Consejo Fiscal decidió por unanimidad mostrar su rechazo a estas palabras, ya que considera que "suponen un absoluto desconocimiento" de la institución que es el Ministerio Público, además de un "menosprecio implícito".

En un almuerzo informativo en Madrid, Alaya aseguró que las "presiones" que dice haber sufrido son "absolutamente comprobables" en las hemerotecas y que son los políticos quienes "utilizan a los medios para presionar al poder judicial". También criticó la elección del fiscal general del Estado por parte del gobierno porque puede ser escogido "por afinidades políticas" y, por tanto, podría incurrir en "seguir directrices de partidos políticos".

Precisamente este miércoles se conoció que el promotor de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una diligencia informativa en relación con las recientes manifestaciones de Alaya. 

Fuentes del CGPJ indicaron que la apertura de diligencias se produce después de que la Fiscalía General del Estado haya remitido una comunicación al CGPJ considerando que son "merecedoras de la apertura de expediente disciplinario".

En la comunicación se daba traslado de los acuerdos adoptados el 5 de junio por el Pleno del Consejo Fiscal, que rechazó las declaraciones efectuadas el día anterior por Alaya por poner en entredicho, "con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Audiencia, Alaya manifestó que "está muy tranquila" por lo que dijo, ratificando que "necesitamos una Fiscalía independiente y no elegida por el Gobierno". "La Constitución dice que será nombrado por el Gobierno, no elegido", subrayó, precisando que está "en contra" de este sistema, "no de las personas".

La magistrada, que no valoró la propuesta de María José Segarra como fiscal general del Estado, defendió un acuerdo de todas las fuerzas políticas para elegir este cargo. "Las fuerzas políticas son tan dispares que tendrían que elegir una persona independiente", sugirió.

Alaya, que aseguró que su relación con el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, "a día de hoy es magnífica y estupenda", señaló que éste "entiende lo que persigo, modificar el sistema desde dentro". Precisamente, Álvarez aseguró ante el CGPJ que cuando tuvo conocimiento de los comentarios de la magistrada sobre posibles "presiones" políticas pensó, en un primer momento, que ella "buscaba algún tipo de carrera política".

"No se me pasaba ser otra cosa que jueza"

"Es una opinión libre de Álvarez, pero ni se me pasa por la imaginación ser otra cosa que jueza. No estoy tentada ni pienso en otra cosa que no sea mi trabajo, que llevo al día, puedo llevar esto y todo lo que me echen", expresó. "En la Carrera Judicial mientras menos se hable sería mejor, estaría más tranquila sin hablar en mi casa o en mi trabajo", manifestó.

"Mis intenciones son loables, cambiar el sistema desde dentro, sin pretender afear la conducta ni herir a nadie. Hay muchos jueces que pretenden la independencia judicial por encima de todo", afirmó, exponiendo que existe "apariencia de politización" en los nombramientos de altos cargos del CGPJ, Tribunal Supremo, TSJA o presidentes de Audiencias, que son "cargos discrecionales" y que "sí que influyen en las resoluciones judiciales", refiriéndose a "cargos y no personas", quiso aclarar.

En una entrevista concedida recientemente al diario ABC y en un almuerzo informativo en Madrid, Alaya hacía referencia a presiones políticas para "apartarla" de las macrocausas que instruía porque había "miedo" a que siguiera investigando los cursos de formación, y además se pronunció sobre el trabajo de los jueces de refuerzo durante la instrucción.

Esto provocó que la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla expresara su profundo malestar por las manifestaciones de la magistrada cuestionando la capacidad y profesionalidad de sus compañeros, principalmente de quienes realizaron funciones de refuerzo, como el magistrado Álvaro Martín. La Sala de Gobierno del TSJA tomó este martes conocimiento del acta de la Junta Sectorial y puso de manifiesto que es obligación de todo juez promover en la sociedad una actitud de "respeto y confianza" en el Poder Judicial.

En este sentido, Alaya reconoció que le "dan igual" las quejas de sus compañeros, porque lo que quiso decir es que "no podía perder el tiempo" en explicar las macrocausas y los millones de folios que tenía. "Era más eficaz hacerlo yo que explicar a personas que no tenían que tener conocimiento de las causas", expresó.

No obstante, Alaya, que afirmó que "no distingue entre partidos, pues al PSOE y PP les interesa en determinadas instrucciones mover sus piezas", matizó que con sus palabras no se refiere a los jueces de instrucción, sino a Álvaro Martín, miembro destacado de la APM, y "me remito a las palabras que dije". "Hay determinadas personas que representan cargos importantes en asociaciones que deben ser ejemplares, algo que se demuestra trabajando", manifestó.

"Lamenté profundamente dejar los cursos de formación"

A raíz de esto, aseguró que "no ha criticado" a María Núñez, actual juez de Instrucción número 6, quien le merece "todo el respeto". Cabe recordar que Alaya, siendo titular del Juzgado, solicitó ocupar una plaza en la Audiencia Provincial, al tiempo que pidió la comisión de servicio para seguir instruyendo todas las macrocausas, si bien sólo se le asignó el caso de los ERE y a Núñez Bolaños, la instrucción del resto, entre ellas los cursos de formación o los avales concedidos por IDEA.

Alaya no compartía este reparto y, ante su falta de colaboración, el TSJA solicitó al CGPJ la aprobación de una única comisión de servicio en favor del juez de refuerzo, Álvaro Martín, lo que implicaba revocar la comisión concedida inicialmente a Alaya. Entonces, remitió una carta al CGPJ en la que aludía, entre otros aspectos, a la "estrecha amistad" de Núñez Bolaños con el entonces consejero de Justicia e Interior Emilio de Llera.

Sobre esa carta, la magistrada afirmó que era "privada" y pertenecía a un expediente "privado", donde "lo único que decía" era un organigrama "coherente" para terminar estas instrucciones en breve plazo y "no como se están haciendo y dilatando", así como la "amistad íntima de Bolaños con De Llera". "Nos rasgamos las vestiduras por algo que era notorio en Sevilla y que sólo quería poner en conocimiento del CGPJ por si querían tenerlo en cuenta", indicó.

Aseguró que de haber sabido que no hubiese podido seguir con la instrucción, "no hubiese solicitado la plaza en la Audiencia". "Tenía la seguridad hasta el punto de que se pensó por los responsables que la plaza –del Juzgado de Instrucción 6– se iba a quedar vacante". "Lamenté profundamente no seguir con la instrucción de los cursos de formación porque había cosas muy importantes", expresó antes de lamentar que "sin practicar diligencia alguna, se distribuyeron –por la juez Núñez– los informes de la Intervención de la Junta por provincias".

Medios "muy injustos" con ella

Sobre su relación con los medios de comunicación, Alaya expresó que fueron "muy injustos con ella casi desde el primer momento", sobre todo, con informaciones referentes a su estilismo, algo que no hubiese ocurrido de ser un hombre. "Me han dolido mucho", confesó antes de señalar que no se mete en titulares sobre su trabajo.

También reconoció que esperaba que los órganos jurisdiccionales superiores "respetaran" sus decisiones, pero "no ha sido así", sino que "siempre ha habido altas instancias del Poder Judicial que comentaban sus resoluciones y siempre en negativo".

Aseguró que considera "más que una solemne tontería" pensar que con el trabajo que ella tenía "me preocupara del calendario del PSOE" para hacer coincidir sus resoluciones con elecciones o asuntos políticos. "Es absurdo", insistió.

De otro lado,recordó que "el primer gran daño" que se le causó en la instrucción de macrocausas fue la recusación contra ella en 2010 por una acusada en Mercasevilla, y apoyada por la Fiscalía, por la relación de la actividad profesional de su marido con la investigación judicial, pues su esposo fue auditor de Mercasevilla durante siete años hasta junio de 2002. "Fue duro de admitir esta recusación sin pies ni cabeza", admitió.

A sus 72 años, Manuel Chaves, la figura política más relevante de la historia de la autonomía andaluza, que presidió de 1990 a 2009, vivió este lunes una de las jornadas más difíciles de su larga trayectoria, que arranca en 1977 como diputado y abarca dos ministerios, una vicepresidencia del Gobierno, el Congreso, el Parlamento andaluz y la presidencia de su partido de toda la vida, el PSOE. Chaves dejó su militancia en 2015, imputado en los ERE, el caso que arruinó el final de su vida política y que ha sentado en el banquillo toda una era de poder socialista en Andalucía, el principal feudo del PSOE.

Este lunes le tocó a Chaves, en el juicio de la parte política del caso, sentarse ante el tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle y responder. No se juega, a diferencia de Griñán, la libertad, porque no está acusado de malversación, sino únicamente de prevaricación, por lo que la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación, una condena poco relevante para un político retirado, un pensionista que no tiene previsto volver a la política. Lo que se pretende dilucidar es si Chaves prevaricó al aprobar y presupuestar las partidas del fondo de los ERE. Eso sí, además de este extremo, está en juego el legado político de uno de los históricos barones del PSOE.

El que fue presidente de la Junta entre 1990 y 2009 negó reiteradamente haber conocido ilegalidades o irregularidades vinculadas al fondo para ayudas sociolaborales dotado entre 2000 y 2011 con unos 855 millones de euros. Chaves circunscribió su labor al enfoque político para afrontar las graves crisis industriales atendidas con el fondo: Santana, Astilleros, Delphi... "Hablábamos [en el Consejo de Gobierno], desde una perspectiva política, sobre cómo afrontar estas situaciones y sus repercusiones sociales", explicó. Chaves aseguró que su "criterio y opinión" era que "a una empresa en crisis había que tratar de salvarla", para lo que la Junta aprobaba planes de viabilidad seguidos en mesas de negociación de las que la Administración formaba parte. Si esta estrategia fracasaba –y fracasaba con frecuencia–, era cuando se tiraba del fondo. Y de ese fondo, Chaves afirma que desconoció cómo se gestionaba.

"Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales, igual que la Junta daba un complemento de las becas Erasmus, o ayudas deportivas, medioambientales. ¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no lo sabía. Eso correspondía a un ámbito político de decisión diferente. ¿Cómo se hacía? ¿Qué procedimiento? ¿Qué requisitos? ¿Cuál era la exigencia y los beneficiarios? Eso no era parte de mi ámbito político de decisión", afirmó. El expresidente reiteró esa idea, más o menos con las mismas palabras, cada vez que el interrogatorio del fiscal se aproximaba a su grado de conocimiento del funcionamiento del fondo de los ERE, que según la instrucción impulsada por la jueza Mercedes Alaya sirvió para pagar prejubilaciones de intrusos sin relación con las empresas, sobrecomisiones a intermediadosy ayudas sin justificación suficiente a sociedades, instituciones y particulares afines al PSOE. "Mi ámbito de decisión política era poner en marcha un plan de viabilidad", afirmó Chaves, que no se sometió a las preguntas de las acusaciones particulares (PP y Manos Limpias), sólo del fiscal y de su abogado.

Al expresidente no le preocupa sólo su inocencia. También su imagen. Quiso aparecer tranquilo y confiado. Incluso lanzó una "anécdota", con permiso del presidente del tribunal. Contó que de la lectura de Juliano el apóstata, una semblanza del emperador Juliano escrita por Gore Vidal, aprendió que, en caso de conflicto, había que dar siempre la razón al ministro o al consejero económico, porque de lo contrario el gobierno se venía abajo. Afirma que así lo hizo cuando entraron en contradicción los departamentos de Hacienda y de Empleo. Es en este último en el que Griñán situó el fraude. Chaves no apuntó directamente contra dicho departamento. Ni contra los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera, ni tampoco contra el ex director general Javier Guerrero, el hombre de la caja. Pero de su declaración sí se deriva que, de haber responsabilidades penales o irregularidades, estarían en la consejería competente: Empleo.

Chaves no quería aparecer como un escapista, como un responsable político que, a la hora de la verdad, se lava las manos. "No es un problema de dejación de responsabilidades, ni de querer esconder nuestras responsabilidades", afirmó. El expresidente explicó que el presupuesto de la Junta de Andalucía es mayor que el de varios Estados de la Unión Europea. Y que para él era imposible conocer el detalle de la ejecución de las partidas presupuestarias, tanto del fondo de los ERE como de cualquier otra. Tampoco –dijo– se planteó jamás oponerse, ni siquiera discutir, las modificaciones presupuestarias que engordaron esa partida, porque llegaban al Consejo de Gobierno "en el índice verde", y eso ni se debate ni se discute. Al término de la sesión se lo dijo expresamente al juez, que se interés especialmente por este punto. Al igual que Griñán, Chaves se mostró en desacuerdo con la idea –expresada por el exconsejero Antonio Fernández durante la instrucción– de que los miembros del gobierno debían conocer el detalle de las modificaciones presupuestarias.

El expresidente no acusó a nadie de hacer nada ilegal ni delictivo. Se limitó a señalar que para él era "muy difícil" pensar que un consejero "pudiera establecer algún procedimiento conscientemente ilegal". "Siempre he creído que mis consejeros y consejeras cumplían la ley. Me ha costado creer y me cuesta que se hubiera podido establecer un procedimiento irregular o para burlar la ley. Partía del hecho de que en una estructura de gobierno se respetaba la ley", afirmó.

Una instrucción que apunta a la cúpula de la Junta

El caso de los ERE se subdivide en unas 200 piezas. Esta es la primera que llega a juicio, la llamada parte política. Es la culminación de la línea de investigación más controvertida de la jueza Alaya. En ella desarrolló una idea central de su instrucción: que el caso de los ERE no consistía en la delimitación penal de las supuestas irregularidades cometidas con el dinero del fondo, a cargo de aprovechados con la participación o complicidad de políticos de la Consejería de Empleo. Es decir, Alaya siempre pensó que el caso no iba del ex director general Guerrero hacia abajo, sino hacia arriba, hasta la cúspide de la Junta de Andalucía, porque había existido –según la jueza– una maquinación de altos cargos a gran escala para crear, mantener y cebar un fondo de ayudas que les permitiese a su vez alimentar una tupida red clientelar y garantizar la llamada "paz social", sintagma que este lunes usó el propio Chaves.

El fiscal no preguntó expresamente por esta trama. Pero las respuestas de Chaves se orientaban a desmontar esta idea. Según su relato, como presidente se ocupaba de los grandes temas, de las grandes líneas políticas, sin llegar al detalle suficiente de las ejecuciones presupuestarias concretas. El fiscal Juan Enrique Egocheaga fijó con insistencia su atención en los acuerdos que como presidente alcanzó con la patronal y los sindicatos UGT y CCOO, los llamados "pactos de concertación", así como en su implicación directa en las negociaciones para evitar cierres de empresas o mitigar el coste laboral de las mismas. "Yo hablaba con los sindicatos de las grandes empresas. Mi única condición es que los secretarios generales de los sindicatos respaldaran las reuniones. Era normalidad democrática. Lo anormal hubiera sido que el presidente del Gobierno [andaluz] no se reuniera con los comités de empresa de Santana o Delphi".

Chaves reiteró que no conoció, porque no tenía que conocer, "ninguna normativa concreta [interna] de ninguna consejería". Lo mismo dijo del convenio, firmado en 2001 por la Consejería de Empleo y la empresa pública IFA, que dio cobertura a la dotación de fondos, y que según la Fiscalía fue un ingenio deliberado para garantizar la opacidad del reparto. El expresidente dijo que, de hecho, no conoció ningún convenio interno de la Administración. No despachaba, por respeto a los principios jerárquicos y de confianza, con nadie por debajo de sus consejeros, afirmó. Dijo que no conoció la transformación del fondo 22E en el fondo 31L, que más tarde sería conocido, a raíz de una declaración policial de Javier Guerrero, como "fondo de reptiles".

– ¿Pero sabía que la partida 31L era de la Consejería de Empleo? –le preguntó el fiscal.

– Sí –respondió Chaves. Y añadió, como subrayando lo obvio–: Igual que sabía las becas eran de la Consejería de Educación.

Exactamente lo mismo que de las modificaciones presupuestarias –que afirmó que ni conocía ni tenía que conocer– dijo sobre el modo en que "se ejecutaban y tramitaban las transferencias de financiación", la figura técnica que, según las acusaciones, permitía evitar los controles internos. Sobre las modificaciones presupuestarias para engordar la partida en cuestión, recordó que pasaban por el Parlamento. "Era la ley. Por definición una ley no puede ser ilegal", dijo. Chaves aseguró que nunca fue alertado de ilegalidad alguna. Más tarde añadió, cuando se amontaron las respuestas del tipo "no lo conocí y no pude conocerlo": "No quiero hurtar mi responsabilidad". La explicación a su alegada falta de conocimiento, aseguró, no era más que resultado de la propia naturaleza del cargo de presidente, desde el que no se aterriza en detalles procedimentales de las consejerías.

El abogado de Chaves, Pablo Jiménez de Parga, se esforzó en ubicar la cuestión en los puntos concretos donde las acusaciones señalan una responsabilidad penal. Interrogó a su cliente sobre su grado de conocimiento del detalle de los presupuestos. Chaves llevaba incluso una hoja con un cuadro con tres conceptos: consejería, cuantía y capítulo. Nada más. El expresidente mostró la hoja al tribunal. Cualquier detalle fuera de esa hoja, dijo, era competencia del consejero competente. Chaves afirmó que ni siquiera participaba directamente en el debate parlamentario sobre los presupuestos. Al igual que hizo con Griñán, el juez que preside el tribunal no le apretó las tuercas con sus preguntas. Le preguntó si se ratificaba en su declaración ante el Tribunal Supremo, en la que también defendió su inocencia. Chaves dijo que sí, aunque ahora sabe "más cosas que entonces".

El juez Calle se interesó también brevemente por su grado de conocimiento de las interioridades de las modificaciones presupuestarias. Fue un intercambio de apenas dos minutos. Luego levantó la sesión, alrededor de las 14.10. El que quisiera tenía margen incluso para llegar a comer a la Feria de Abril. Aunque con prudencia, el juicio sigue este martes.

El de la parte política del caso de los ERE es un juicio de letra pequeña, que se dirime en detalles técnicos. Los 22 ex altos cargos y funcionarios que se sientan en el banquillo por prevaricación y/o malversación están acusados de haber promovido y mantenido durante más de una década (2000-2011) un sistema de reparto de fondos irregular que permitió que salieran de las arcas públicas andaluzas 855 millones en ayudas sociolaborales sin suficiente control. Si lo hicieron o no se establecerá en parte en función de la interpretación que el tribunal que preside Juan Antonio Calle haga sobre qué legislación era aplicable a la concesión de las ayudas. Todo esto deriva en largas sesiones con interrogatorios de cariz muy técnico. A veces los intercambios con el fiscal adquieren el aire de una disquisición sobre derecho público. Este aroma rutinario contrasta con el elevado relieve político de buena parte de los acusados. Porque están desfilando delante del juez auténticos pesos pesados del poder socialista andaluz, especialmente durante la época de presidente de Manuel Chaves (1990-2009).

Gaspar Zarrías fue consejero de Presidencia de 1988 a 1990 y de 1996 y 2009. De él se decía hiperbólicamente que no se movía una hoja en Andalucía, especialmente en Jaén, sin que se enterase. Nadie por debajo de Chaves tuvo más poder que Zarrías, que ocupó de forma interina la presidencia durante el relevo a José Antonio Griñán. En su interrogatorio, Zarrías se convirtió en el acusado –se expone a diez años de inhabilitación– que con más vehemencia defendió la cobertura lega sistema de reparto de las ayudas. "Había regulación y normativa" para conceder las ayudas, dijo. Quien fuera mano derecha de Chaves citó la Ley de Hacienda, que regulaba las subvenciones, las leyes de presupuestos de la Junta y algunos decretos, así como normas estatales como la órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 para ayudas previas a la jubilación y a trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas, respectivamente. "Normativa y reglamentación había", insistió.

La cuestión no es baladí. Parte de la instrucción de Mercedes Alaya, juez impulsora del caso, se basa en la acusación de que las ayudas se tramitaban sin ningún tipo de soporte legal. Esta tesis ha sido respaldada no sólo por Alaya, sino también por el juez Álvaro Martín, que cerró la instrucción de la pieza política, y por la Fiscalía. Ante ello los acusados vienen pronunciándose en dos sentidos: o negando un conocimiento sobre el modo de reparto de las ayudas o sobre los informes de la Intervención –yo no supe nada– o defendiendo la legalidad de todo el sistema –todo era correcto–. Entre estos últimos ha destacado Zarrías, cuya afinidad política y personal con Chaves es total. Los que, como Zarrías, defienden la legalidad del sistema de ayudas sostienen que no hay caso en lo que afecta al método de reparto de ayudas, lo cual contribuiría a desactivar la acusación contra los altos cargos. Si en Andalucía hubo delitos, deberán ser delimitados uno a uno, pero no condenando todo el mecanismo de reparto, según esta línea de defensa.

Una cuestión clave

Zarrías aludió a una orden ministerial de 1995 para entregar sin límites de cuantía ni de años de duración, sin exigencia de publicidad ni de concurrencia. Es decir, lo que coloquialmente se llama a dedo. Esto chocaría, si es aceptado por el tribunal que preside Juan Antonio Calle, con la conclusión de Alaya de que las ayudas fueron entregadas a escondidas. Ya habría una norma que permite otorgar las ayudas sin exigencia de publicidad ni concurrencia y la Junta sería competente para otorgarlas. La propia juez María Núñez, que instruye el resto de las piezas, se ha mostrado permeable a esta idea al preguntar al Ministerio de Trabajo cuántas ayudas entregó con la orden del 95. Está por ver cómo lo ve el tribunal.

La cuestión podría ser clave a lo largo de un juicio que está próximo a cerrar el capítulo de declaraciones de acusados. De los 22, sólo faltan por declarar un ex alto cargo de Empleo, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y los dos expresidentes, Chaves y Griñán. Antes de ellos han desfilado ya ante el tribunal numerosos pesos pesados, como los exconsejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Magdalena Álvarez, que también fue ministra con José Luis Rodríguez Zapatero y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Todos ellos negaron conocimiento de irregularidad alguna, pero pusieron menos énfasis que Zarrías en defender la legalidad de la operativa y más en subrayar que no tuvieron conocimiento por Intervención de ilegalidad alguna. Las declaraciones tienden a desplazar el meollo de la responsabilidad a la Consejería de Empleo, lo cual podría poner las cosas difíciles a los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como al ex director general Javier Guerrero. No obstante, una tónica general del juicio la marca que nadie carga contra nadie, al menos directamente.

Vallejo afirmó ante el tribunal que le parecía "insólita e increíble" la tesis de que "cientos de personas de distintos ámbitos" cooperasen "durante 12 años" para sostener adrede un "sistema" ilegal de subvenciones arbitrarias o irregulares, lo que supone en parte una parodia de la tesis de la gran trama delictiva de Alaya. En la misma habría estado no sólo el núcleo duro de Chaves, sino que –según la juez instructora que impulsó la causa–, también colaboradores de Griñán, que fue su sucesor. Carmen Martínez Aguayo, mano derecha de Griñán que llegó a ser consejera de Hacienda, para quien la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, aseguró que los informes del Control Financiero Permanente alertando del uso "inadecuado" del procedimiento usado para la concesión y pago de las ayudas, de los que era "receptora" la Viceconsejería de Economía cuando la ocupaba ella como número dos de Griñán, "no pasaban por su mesa". La exconsejera dijo que eran leídos por su equipo técnico, que, junto a la Intervención, no le advirtió de ilegalidades en el mismo. Aguayo insistió en todo momento en que no informó a Griñán de esos informes.

Griñán, en mayores problemas que Chaves

Mientras Chaves se expone únicamente a 10 años de inhabilitación –condena poco relevante por cuanto ya está apartado de la política–, su sucesor se enfrenta a 6 años de prisión y 30 de inhabilitación, al añadirle la Fiscalía el delito de malversación, en contra del criterio del Supremo. La diferencia es que Griñán, presidente de 2009 a 2013, cuando cedió el testigo a Susana Díaz, está acusado de permitir el lucro de terceros. El animus rem sib habendi (ánimo de quedarse con algo) no exige necesariamente enriquecimiento, según el juez Álvaro Martín, que cerró la instrucción iniciada por Alaya. Otra de las dificultades de Griñán es que el ex interventor general, Manuel Gómez, se ratificó durante el juicio en una declaración anterior en la que señalaba que Griñán debió conocer irregularidades. En la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso de 2012, Griñán dijo que fue advertido de que "la escalera de incendios podía ser mejor, pero nunca de que hubiera fuego".

Es previsible, observan fuentes conocedoras del caso, que Chaves siga la línea de defensa de Zarrías. En cuanto a Griñán, su trayectoria ha sido más cambiante. Siempre estuvo seguro de que la investigación no lo alcanzaría, hasta que lo alcanzó. Luego llegó a reconocer que en los ERE hubo "un gran fraude", lo cual consumó su alejamiento político de Chaves. Durante el juicio ambos muestran una renovada sintonía. Aunque quedan lejos los tiempos de amistad y tardes de cine en familia, su relación no está rota.

A la espera de que declaren Chaves y Griñán, previsiblemente después de Semana Santa, las defensas han insistido en que no hubo trama delictiva, o no la conocieron. En ocasiones –como el caso de Zarrías– han subrayado que todo fue legal. Porque en este juicio no se dirimen los posibles delitos cometidos con el dinero del sistema, sino su diseño y mantenimiento. Más adelante llegarán los juicios por el supuesto mal uso que hicieron políticos, sindicalistas, empresarios, abogados, comisionistas y próximos al PSOE de distintos ámbitos: sobrecomisiones, intrusos, tratos de favor, ayudas sin justificar... Todo ello se dirimirá en otros juicios, no en éste, en el que sólo se establecen las responsabilidades de los políticos que idearon y mantuvieron el sistema.

Después de Chaves y Griñán, el juicio pasará pantalla. Los guardias civiles empezarán a declarar el 9 de abril.

"¿Esto también lo tengo que leer?". El secretario judicial Rafael Castro dibujó un nítido gesto de exasperación cuando el fiscal le solicitó que diera lectura del listado de las preguntas formuladas al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, en el juicio por el caso de los ERE, que sienta en el banquillo una década de poder socialista en Andalucía. "No soy una máquina, yo también necesito descansar. Tengo derecho a beber un poco de agua", añadió el hombre con el gesto arrugado.

La impaciencia de Castro, que más tarde se disculpó por las formas, es compartida por no pocas defensas. Los periodistas se pasean entre la expectación y el tedio por la sala con televisión en directo habilitada en un edificio contiguo a la Audiencia Provincial de Sevilla. El motivo es la morosidad del juicio, que comenzó el 13 de diciembre y desde el principio ha avanzado a trompicones. Desde el planteamiento y resolución de las cuestiones previas a la lectura completa de los escritos de acusación y defensa, todo han sido dilaciones en un juicio de enorme complejidad por la presencia de 22 acusados, cada cual con su estrategia, en el banquillo.

El lunes se sentó finalmente ante el tribunal el que fuera director general de Trabajo entre 1999 y 2008, Javier Guerrero, considerado principal responsable del fondo de dinero público del que salieron 855 millones de euros en ayudas sociolaborales, utilizando un sistema que según la instrucción impulsada por la juez Mercedes Alaya era irregular y fue diseñado y mantenido para evitar los controles y favorecer un reparto arbitrario del dinero. Guerrero era un plato fuerte: el hombre de la caja, un partícipe decisivo en las negociaciones con empresas y sindicatos para la concesión de ayudas.

Además llevaba siete años generando expectativas. Sus declaraciones ante la Policía, ante Alaya, en la comisión de investigación y hasta en los medios de comunicación, lo habían desvelado como un personaje dado a la manifestación espontánea y poco calculada. Y habían incomodado seriamente a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como al exconsejero José Antonio Viera –que fue su superior directo– y otros ex altos cargos sentados ahora en el banquillo. No porque los acusara directamente, sino porque diluía su posible responsabilidad en el funcionamiento de una Administración verticalizada donde él era, como se dice coloquialmente, un mandado.

Pero Guerrero cambió el paso. Aleccionado en las formas –evitó sus corrientes salidas de tono–, en el fondo se mantuvo fiel a una idea: no señalar a nadie, negar cualquier ilegalidad en el procedimiento. En esencia, Guerrero da cobertura a la tesis mayoritaria de las defensas, que podría resumirse así: si hubo fraude, no reside en el propio sistema con el que se repartieron las ayudas entre 2000 y 2011, sino en el mal uso que algunos hicieron del sistema con fines lucrativos: sobrecomisiones, intrusos, tratos de favor, ayudas sin justificar... Todo ello se dirimirá en otros juicios, no en éste, en el que sólo se establecen las responsabilidades de los políticos que idearon y mantuvieron el sistema. Este juicio es para saber si el cesto estaba podrido. En sucesivos juicios –hay unas 200 piezas abiertas– se observará con detalle cada una de las manzanas.

La bajada de tono de Guerrero abundó en la impresión de un juicio templado, sin bombazos. Pasado el tempestuoso ex director general, raro será que algún acusado se salga del guión. Los periodistas que esperaban titulares de relumbrón se llevaron un chasco con la declaración de Guerrero. A lo largo de los dos meses desde su inicio, el juicio ha ido perdiendo espacio en la cobertura de los telediarios nacionales, extendiéndose la idea de que "no está pasando nada" más allá de la intentona frustrada del PP de que declarase Susana Díaz como testigo y la exclusión del delito de asociación ilícita. Pero sí está pasando. Dentro de la sala, o en el desarrollo de la instrucción de las piezas restantes a cargo de la juez María Núñez –sustituta de Alaya–, se suceden acontecimientos de notable relevancia para el caso.

  1. Marcha atrás de Guerrero

El problema para Guerrero, y para los ex consejeros Viera y Antonio Fernández, es que la mayoría de los acusados, al eludir su responsabilidad, la circunscriben a la Consejería de Empleo, en la que durante años reinó el descontrol. Así se observó en la lectura de los escritos de defensa, por ejemplo de Chaves y de Griñán. Circula además una frase de Manuel Chaves, en la que atribuía el caso a "cuatro golfos" entre los que estarían el propio Guerrero y el sindicalista Juan Lanzas, que durante años ha sido tomada por el ex director general como una ofensa personal. ¿Tomaría revancha en la sala? No. El ex director general de Trabajo se contuvo. No respondió a los relatos que apuntan hacia él –siempre de manera implícita– disparando hacia arriba, ni poniendo el ventilador, ni presentándose como cabeza de turco.

Esto era una cuestión crucial. En el banquillo de los acusados preocupaba que el juicio se convirtiera en un "sálvese quien pueda" en el que, más que en la defensa del procedimiento, los procesados se dedicaran a situar la responsabilidad en el de enfrente, convirtiéndose aquello en un "todos contra todos". Guerrero, que no contestó a las preguntas del fiscal, del PP ni de Manos Limpias, hizo ante las cuestiones de su abogado una defensa cerrada del procedimiento de reparto de ayudas. Al no ser objeto de este juicio, no se entró en el detalle de las posibles fechorías cometidas en el reparto. Y había material para entrar a fondo. La suegra de Guerrero fue destinataria de una ayuda supuestamente irregular. La zona en la que está radicado políticamente el ex alto cargo, la Sierra Norte de Sevilla, y su pueblo, El Pedroso, recibieron una cantidad millonaria de ayudas cuyo uso ha sido puesto en duda. Esto quedó al margen. Todo se centró en si el mecanismo de reparto estaba viciado en origen.

Guerrero se dejó en casa al político pícaro que es y sacó al funcionario que lleva dentro. Y trató de reescribir un caso que es, en buena medida, el caso del "fondo de reptiles", así llamado por él mismo en una declaración policial. De las cinco declaraciones que se le mostraron, sólo ratificó en su inmensa mayoría la que prestó en 2015 ante la juez Núñez. Las demás, las tachó. Se desdijo. "Yo nunca he hablado de fondos de reptiles, eso no ha salido de mi boca, no es nada cierto, porque no tenemos fondos reservados", dijo Guerrero para pasmo de la prensa. "Existía una partida presupuestaria para el pago de esas ayudas y se cumplían todos los requisitos legales y garantías", añadió. Ahí quiso insistir: esa partida se aprobaba año tras años en las diferentes leyes de presupuestos en el Parlamento. Esa idea, que la partida pasaba por el Parlamento y que en rigor si Alaya hubiera seguido su propio razonamiento habría tenido que imputar a toda la Cámara andaluza, forma parte del núcleo duro del argumentario de defensa de la Junta.

Guerrero dijo incluso que los distintos gobiernos con los que ha trabajado han sido "muy honestos". "Parece que hemos hecho rica a mucha gente, pero no han cobrado más de 1.000 o 1.200 euros mensuales y la Seguridad Social ha ingresado 200 millones de euros de las ayudas sociolaborales", afirmó. El ex director general insistió en que los años en los que estuvo en la dirección general fueron una "época convulsa" por distintos conflictos empresariales, como el cierre de Altadis en Sevilla y Cádiz, y los problemas de Santana Motor y los Astilleros. Y mostró su convencimiento de la "legalidad" de las ayudas entregadas a 6.300 trabajadores. “Son personas que teniendo privado su derecho al trabajo reunían los mismos requisitos que los que eran despedidos de la empresa”, afirmó. ¿Y los intrusos? "Un error administrativo de las aseguradoras", dijo.

  2. Viera y el convenio

La declaración de Guerrero casi eclipsó la de su antiguo jefe José Antonio Viera, que fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004 y, más importante aún, secretario general del PSOE de Sevilla de 2004 a 2012, cuando lo sucedió Susana Díaz. Viera no entró en colisión con Guerrero. Y tuvo que abordar una cuestión crucial: el convenio marco promovido en 2001 para que el entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) asumiese la tramitación y pago de las ayudas, documento considerado por la instrucción clave para ocultar las supuestas irregularidades. El exconsejero dijo que lo firmó por su "absoluta apariencia de legalidad", pero que desconocía quién fue su "autor". "Entendía que estaba validado por todos los instrumentos de control", subrayó Viera.

Viera, que contestó sólo a su abogado y al fiscal, afirmó que dicho convenio firmado entre IFA –luego Agencia IDEA– y la Consejería nació después de que él mismo pidiese a Antonio Fernández, entonces su viceconsejero, que se buscase "una fórmula legal, ágil y rápida" para la concesión de las ayudas. He aquí el quid. ¿Entre tanta "agilidad" y "rapidez" se acabaron descuidando cautelas legales? Según Alaya, todas.

Las dudas sobre el convenio no quedan despejadas con la declaración de Viera. Dicho documento, que desplegó su eficacia jurídica hasta 2010, no contó con informe favorable de la Intervención General ni del Gabinete Jurídico y dio toda la cobertura a la mecánica administrativa: IFA-IDEA actuaba como pagador a terceros del dinero que le llegaba como transferencia de financiación de la famosa partida 31L. El pago, según la Fiscalía, se realizaba sin ningún control.

Viera explicó que ante la sucesión de situaciones laborales "críticas", la estrategia de la consejería pasó por "prejubilaciones anticipadas" para los empleados de las empresas que ya "no tenían solución" y medidas alternativas para las sociedades que aún contaban con "capacidad de resistencia". El objetivo principal de las ayudas, dijo, era resolver "el drama personal" de cada trabajador.

  3. Una orden del 95

Lo que se desarrolla estos días en la Audiencia de Sevilla no responde al patrón típico del gran juicio por un caso de corrupción, con sus pinchazos telefónicos delatores, sus ingresos en cuentas, sus testaferros o su dinero en paraísos fiscales. En esta parte del caso la delimitación del posible delito se dirime en la letra pequeña de normativas e informes casi desconocidos hasta que Alaya les puso el foco. La tesis central de la juez es que el reparto de las ayudas se realizó al margen del "procedimiento legal establecido", con un mecanismo ad hoc para saltarse los controles de la Junta y la Unión Europea y poder así favorecer una red de intereses próximos al PSOE. Frente a ello, un grupo de abogados –no todos– ha ido volcando progresivamente su estrategia en defender que las ayudas fueron entregadas bajo las mismas condiciones que el Gobierno central.

Ojo: no se trata de decir que en el Gobierno también haya caso. Sería absurdo, pues en las ayudas estatales no ha habido investigación alguna sobre comisiones abusivas ni tratos de favor ni intrusos que perciben ayudas sin derecho a las mismas. Es inútil intentar comparar la actuación del Gobierno central y de la Junta cuando en el caso de las ayudas entregadas en Andalucía ya hay algunas que están siendo incluso anuladas por el Tribunal Supremo. Se trata, para estos abogados defensores, de afirmar que no hay caso en lo que afecta al método de reparto de ayudas sociolaborales ni a nivel estatal ni en Andalucía, lo cual contribuiría a desactivar la acusación contra los altos cargos. Si en Andalucía hubo delitos, deberán ser delimitados uno a uno, pero no condenando todo el mecanismo de reparto, sostienen estos letrados.

Concretamente, aluden a una orden ministerial de 1995 para entregar ayudas con importes superiores a los límites establecidos por otra orden de 1994 y hacerlo sin límites de cuantía ni de años de duración, sin exigencia de publicidad y concurrencia y con la participación de las mismas empresas mediadoras. Dicho claramente, a dedo. A criterio de la Administración. Esto chocaría, si es aceptado por el tribunal que preside Juan Antonio Calle, con la conclusión de Alaya de que las ayudas fueron entregadas a escondidas. Ya habría una norma que permite otorgar las ayudas sin exigencia de publicidad ni concurrencia y la Junta es competente para otorgarlas. La propia juez María Núñez, que instruye el resto de las piezas, se ha mostrado permeable a esta idea al preguntar al Ministerio de Trabajo cuántas ayudas entregó con la orden del 95. La cuestión podría ser clave a lo largo del juicio.

Esta argumentación se ha ido abriendo paso a trompicones entre las defensas del caso, de enorme complejidad jurídica. Los propios abogados penalistas han tardado en familiarizarse con la escurridiza legislación laboral. Por lo tanto, tuvo poco protagonismo durante la fase de instrucción. Pero ha aflorado en el juicio a las primeras de cambio. Guerrero afirmó que utilizó "exactamente el mismo" sistema que el Gobierno central, aludiendo a dos órdenes ministeriales, una de 1994 para las ayudas previas a la jubilación, y otra de 1995 para las ayudas sociolaborales a extrabajadores, la parte crucial del caso.

El exviceconsejero de Empleo de la Junta entre los años 2004 y 2010, Agustín Barberá, declaró ante el tribunal que las ayudas que concedía la Junta se podían enmarcar en la orden del 95 y aseguró que "toda Andalucía" conocía que la Dirección de Trabajo firmaba pólizas de renta colectivas para dar las citadas ayudas. "Lo conocía el Parlamento", añadió. Afirmó que sabía que el director general Guerrero "daba las ayudas" y que IDEA "las pagaba", pero jamás dio "una directriz". Barberá defendió que su comportamiento fue "estrictamente legal" y aseguró que cuando tuvo conocimiento de un comportamiento que le pareció "irregular", en relación al caso Mercasevilla, lo trasladó a la Fiscalía.

  4. El límite de las sobrecomisiones

Una de las cuestiones centrales del caso de los ERE, aunque de nuevo no en la pieza que se está juzgando ahora mismo, son las sobrecomisiones. Según la instrucción judicial, hubo empresas intermediadoras, singularmente Vitalia y Uniter, que cobraron comisiones por encima del valor del mercado por intermediar entre las empresas, los sindicatos y la Junta a lo largo de la tramitación de los ERE. Alaya ha sostenido que un exdirigente de UGT en Andalucía, Juan Lanzas, actuaba como conseguidor de ERE, poniendo de acuerdo a empresas que querían cerrar o recortar su personal y a la Junta de Andalucía, concretamente en la persona de Javier Guerrero. Lanzas, al que Alaya responsabiliza de la inclusión de numerosos intrusos en los ERE –entre ellos él mismo, familiares suyos y sindicalistas allegados–, cobró por sus trabajos de intermediación comisiones de hasta 13 millones de euros, según Alaya, que consideró que el despacho Estudio Jurídico Villasís lo ayudó a dar apariencia legal a sus actividades.

En paralelo a la celebración del juicio se ha producido un hecho relevante en línea con esta pata de la investigación judicial. La compañía Generali España de Seguros y Reaseguros ha elevado un escrito a la juez María Núñez en el que certifica haber suscrito hasta 520 pólizas de rentas de prejubilación donde se han pagado comisiones del mediador iguales o superiores al 5%, llegando a superar en algunos casos el 40%. Según entienden algunas defensas, ello debilita la acusación sobre las sobrecomisiones.

  5. El juicio sigue

Aunque ha pasado bastante desapercibido, ha habido un intento de anular las actuaciones, lo cual hubiera supuesto una convulsión jurídica –y política– considerable. Finalmente no ocurrirá. El tribunal ha rechazado la cuestión previa, planteada por las defensas de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y respaldada por otras, que alegó la "vulneración" del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley en relación con la actuación del juez Álvaro Martín, que cerró la instrucción de esta pieza. Estas defensas solicitaban la nulidad de las actuaciones, pues consideraban que se había entregado la instrucción a un juez de refuerzo en comisión de servicio sin basarse en reglas objetivas. Álvaro Martín siguió la línea de instrucción de Mercedes Alaya, al contrario que la juez María Núñez.

El tribunal afirma que "no se ha designado ningún juez ad hoc para tramitar una causa ya iniciada, sino que se ha procedido con arreglo a la estricta legalidad y atendiendo a las evidentes necesidades derivadas del retraso que se había originado por la acumulación de asuntos de una gran envergadura en un solo juzgado y en un solo juez". "No se ha vulnerado el derecho constitucional al juez legal", concluyó el tribunal.

Los penalistas sevillanos tienen una relación un tanto bipolar con Mercedes Alaya (Écija, Sevilla, 1963). Paradójica, se podría decir. Por una parte, sus macrocausas con cientos de imputados les han garantizado trabajo de sobra a lo largo de los últimos siete años. "A muchos nos ha dado de comer", bromea un abogado. Por otra, son pocos, de los que se han visto cara a cara con ella, los que no cuentan algún roce, algún comentario agrio de la instructora. Numerosos abogados la describen como autoritaria e inflexible en los interrogatorios. Hace esperar a todos lo que haga falta y después aparece, parsimoniosa y distante, sin la menor mención a su retraso. Alaya no despierta excesivas simpatías entre los letrados defensores de sus causas. Eso sí, las críticas en público son escasas. La juez que arrastra la maleta tipo trolley, la que que destapó el caso de los ERE, tiene un aura de figura intocable a la que más vale no cabrear. Infunde respeto, o incluso algo más: miedo. No obstante, algunos jirones de su crédito se han quedado por el camino. El archivo de la pieza política de los cursos de formación, una de sus instrucciones más sonadas y ambiciosas, y la sentencia absolutoria del caso de la venta de suelos en Mercasevilla han sido duros golpes para la juez, hoy magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla. Los dos casos habían tenido una enorme repercusión política. Pero nada parecido a su instrucción estelar, el caso de los ERE. El juicio de la pieza política de los ERE, la parte que llega hasta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, empieza el miércoles. Penalmente sólo están en el punto de mira los 22 acusados, la plana mayor de la Junta de Andalucía durante una década. Pero Alaya también se juega su crédito en el proceso.

El escándalo de los ERE arranca en un caso anterior, Mercasevilla. Dos directivos de esta empresa mixta, Fernando Mellet y Daniel Ponce, fueron grabados en un intento de extorsión a dos empresarios. Les pedían 450.000 euros a cambio de la concesión de una escuela de hostelería financiada por la Junta de Andalucía. El caso cayó en manos de Alaya, titular del juzgado 6 de Sevilla, con fama de obstinada y vehemente. Mercasevilla no era una empresa desconocida para ella. Su marido, Jorge Castro, había sido allí auditor de las cuentas de la lonja, aunque precisamente lo despidió Mellet por falta de confianza. La juez se puso a investigar a fondo Mercasevilla. No se conformó con lo que le ofrecía la grabación. Y descubrió algo llamativo: en el ERE de 2007 se había prejubilado un socialista y ugetista de Baeza (Jaén), Antonio Rodrigo Santoyo, que en su vida había pisado la lonja sevillana. ¿Qué era aquello? Un "intruso", lo empezaron a llamar los medios. El término acabó haciendo fortuna, porque aparecerían más en otros ERE. La juez acabó detectando hasta 72, si bien esta figura –intruso– abarca una casuística muy diversa, que va desde el intruso-intruso, que nunca ha trabajado en la empresa, hasta otros que se prejubilaron en un ERE habiendo trabajando en una empresa auxiliar a la abocada al cierre, o que se prejubilaron por una empresa habiendo trabajado en otra del mismo grupo.

Alaya se fijó en que en el ERE de Mercasevilla había participado una intermediadora, Vitalia, y que un sindicalista de Jaén, Juan Lanzas, había actuado poniendo de acuerdo a las partes, entre ellas una fundamental, Javier Guerrero, director general de Empleo. Le pareció que alrededor de aquel ERE se había generado un tinglado que podría ser lesivo para el interés público. Empezó a interesarse en otros ERE. Y descubrió lo que le pareció un patrón. En otros expedientes también había intrusos. Alaya detectó lo que consideraba "sobrecomisiones" de las empresas intermediadora. Apuntó a Guerrero, apuntó a Lanzas, apuntó a los directivos de las intermediadoras Vitalia y Uniter y apuntó a un abogado laboralista, Carlos Leal, todos ellos imputados en diversas piezas de los ERE (aún no juzgados en ninguna de ellas y que defienden su inocencia).

Hacia la cúpula

Pero no se limitó a eso. La instructora nunca creyó que el caso de los ERE fuera responsabilidad de unos pocos personajes alrededor de la Consejería de Empleo. Ellos, según su tesis, se habrían aprovechado de un sistema sin controles que ya sería en sí mismo delictivo. Un sistema, a juicio de Alaya, creado deliberadamente por el poder político de la Junta de Andalucía para eludir la supervisión de la propia Administración autonómica y de la Unión Europea. Pronto empezó a apuntar hacia arriba en busca de la responsabilidad de ese descontrol. Esa línea de investigación es la que constituye la llamada pieza política, en la que terminó implicando a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este miércoles empieza el juicio de esta rama del caso, la de mayor impacto político. Alaya y el juez que cerró la instrucción, Álvaro Martín, consideran que en la Junta de Andalucía hubo a lo largo de una década una maquinación de más de veinte altos cargos, incluyendo dos presidentes, para mantener y engordar un sistema irregular de reparto de fondos públicos.

A lo largo del desarrollo de esta tesis ha habido innumerables hitos de fuerte trascendencia jurídica y política. Alaya le pidió a la Junta de Andalucía todas las actas de sus reuniones de máximo nivel político, en un llamativo choque entre el poder judicial y el ejecutivo. En medios socialistas siempre se ha deslizado el mensaje de que Alaya iba en búsqueda de Chaves y Griñán a cualquier precio, que hacía coincidir sus autos más llamativos con fechas significativas políticamente. Pero con la investigación de Alaya acabó haciéndose innegable que en los ERE había caso, al margen de hasta dónde llegase en el escalafón del poder político andaluz. La juez puso al descubierto ayudas de Guerrero de 1,4 millones a empresas de su chófer, ayudas de 34 millones de euros a un tándem de empresarios de su pueblo, El Pedroso, José Enrique Rosendo (ya fallecido) y Enrique Sayago. El índice de ayudas recibidas por empresas de la Sierra Norte de Sevilla, donde estaba radicado políticamente Guerrero y el consejero de Empleo José Antonio Viera, era desproporcionado, según se desprende de la investigación judicial. Alaya descubrió que la suegra de Guerrero se había beneficiado de fondos destinados a Sos-Cuétara, cuando nunca había trabajado allí. Desveló que socialistas, sindicalistas y allegados de éstos se habían colado como prejubilados en ERE de empresas en las que no habían trabajado. Que los expedientes de concesión de ayudas directas a empresas o trabajadores eran escuálidos o incluso inexistentes. Que lo mismo podía decirse de la comprobación de que las ayudas efectivamente se dedicaban a los fines previstos.

De la partida 440.01 del conocido programa 31L, el que Francisco Javier Guerrero bautizaría en una declaración policial como "fondo de reptiles", salieron a lo largo de más de una década fondos para prejublaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), ayudas directas a empresas y ayuntamientos... Todo ello, según la instrucción y la Fiscalía, sin suficiente control. Terreno abonado para la arbitrariedad. Pero Alaya nunca creyó que el caso se limitara a Guerrero y sus inmediaciones y siguió apuntando hacia arriba. No sólo hacia los consejeros de los que dependió Guerrero, Antonio Fernández y José Antonio Viera, sino hasta arriba del todo. Hasta la cúpula. En 2012 había encargado un informe a la Intervención General del Estado que apuntaló su tesis de que todo el reparto de ayudas había prescindido de los procedimientos legales vigentes. Griñán dimitió en 2013, con la certeza de que acabaría imputado. Así ocurrió. Tanto él como Chaves, aforados, acabaron pasando por el Supremo. Imputados. Luego dimitieron, ya en 2015: Chaves, como diputado; Griñán, como senador. Y se dieron de baja del PSOE. Aún no les habían abierto juicio oral, pero sus dimisiones allanaron el acuerdo del PSOE con Ciudadanos para la investidura de Susana Díaz. Hoy los dos expresidentes están finiquitados políticamente. El juicio que comienza el miércoles es su oportunidad de reivindicarse. Aunque ante las bases andaluzas del partido no han perdido la credibilidad, como acreditan las ovaciones que reciben cuando hacen acto de presencia en un acto del PSOE.

Los cursos: ni un bluf ni una trama clientelar

Las instrucciones de Alaya no se limitan a Mercasevilla y los ERE. La juez se metió en otro gran caso: los cursos de formación. Las operaciones policiales arrancaron en Málaga en 2014 y se prolongaron durante más de un año, hasta superar los 200 detenidos, entre ellos delegados o exdelegados provinciales de Empleo, así como numerosos funcionarios y cargos medios. Se había levantado otra gran pieza política. Pero esta vez ni el Tribunal de Cuentas ni la Fiscalía acompañaron a Alaya. Tras promocionar la juez a la Audiencia Provincial, su sustituta, María Núñez –con la que mantiene una relación de abierta hostilidad–, archivó el caso en su parte política. Lo que una vez fue en las portadas de los medios el caso de los 3.000 millones de euros, el que iba a superar en importancia a los ERE, se quedó en la irrelevancia penal, al menos en lo tocante a altos cargos de la Junta.

Núñez y la Fiscalía no sólo desarmaron la investigación, sino también la teoría –más sociopolítica que jurídica– que daba soporte y sentido a la misma: la existencia de una tupida "red clientelar" que sería el anclaje final de la corrupción en la Junta de Andalucía, puesta al servicio del partido gobernante hegemónico. Núñez ve inverosímil el relato de Alaya, según el cual sería la afinidad política la que determinaría el acceso a los fondos públicos, todo ello para mantener una estructura de servidumbres. "Para que el beneficiario fuera seleccionado arbitrariamente [...] de entre aquellos que consideraba afines al partido, el funcionario (interino o de carrera), que era el que sentado en su mesa con el ordenador introducía los datos [...] debería tener instrucciones específicas para ello y, por ende, participaría de la trama organizada", señala Núñez en su auto de archivo, que provocó un sonoro suspiro de alivio en San Vicente, sede del PSOE andaluz.

El archivo de la pieza política no implica que en la formación no haya caso. Quedan varias piezas abiertas, algunas de notable dimensión, como la que afecta a las ayudas recibidas por la red de empresas del exconsejero Ángel Ojeda. Pero sí rebaja notablemente el alcance político del caso, que es lo que ocurriría también si la pieza política de los ERE –de la que empieza el juicio el miércoles– se desinflara en el juicio oral. No sería la primera vez que le ocurre a Alaya. El juicio por la venta de suelos de Mercasevilla, un caso que supuso el ocaso político del hombre fuerte de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, se quedó en nada en una sentencia en junio que absolvió a todos los acusados. Además Alaya está viendo cómo algunos de sus imputados en el caso ERE, solicitantes de ayudas que la Junta entregó supuestamente de forma poco motivada, son exonerados de responsabilidad penal por la juez Núñez, que en general se inclina por buscar la culpa en quien entrega los fondos públicos, más que en quien los solicita.

El apoyo de la Fiscalía

¿Podría quedarse en nada el juicio por la pieza política de los ERE, el que sienta en el banquillo a partir del miércoles a Chaves, Griñán y otros 20 ex altos cargos? Hasta ahora la instrucción de Alaya en lo tocante a la parte política del caso ha pasado el corte de los recursos ante la Audiencia, ha salido indemne de su paso por el Supremo y ha encontrado el apoyo de la Fiscalía. También le ha dado continuidad el juez de apoyo Álvaro Martín, que cerró la instrucción haciendo suyo el trabajo de Alaya. La decisión ahora en fase de juicio oral corresponde a los magistrados de la Audiencia Provincial Juan Antonio Calle (ponente), Pilar Llorente y Encarnación Gómez. En la antesala del juicio, los abogados son celosos de las estrategias que seguirán durante el proceso. Pero algunos han dado pistas válidas. José Antonio Griñán, por ejemplo, quiere que se explicite que el fraude no asciende a 855 millones de euros. Ése es el total del dinero repartido mediante el sistema en entredicho, pero la Junta sólo reclama 135,3 millones por vía administrativa. La gran mayoría del dinero habría terminado en las cuentas corrientes de prejubilados que efectivamente tenían derecho a esa prejubilación en la Faja Pirítica de Huelva, en Delphi, en Santana Motor o en Boliden. Lo defraudado habría que delimitarlo caso a caso, viendo qué ayudas fueron entregadas sin la documentación necesaria, o no fueron justificadas, o qué ingresos recibidos por los intermediarios no fueron empleados para los fines por los que se concedieron. Un trabajo fino, no un brochazo grueso.

Otra de las ideas que aflorarán durante el proceso, según diversas fuentes judiciales, es que la Junta tenía plenas competencias y un marco legal suficiente para dar las ayudas sin publicidad. Éste es un terreno jurídico delicado. La exdirectora de Trabajo con el Gobierno de José María Aznar Soledad Córdova ha declarado en el juzgado que el sistema para dar las ayudas a nivel estatal y en Andalucía era el mismo, lo cual fue recibido con regocijo por las defensas. Las acusaciones tratarán de demostrar que los ex altos cargos acusados, al margen del marco legal existente, maquinaron para que el procedimiento eludiese los controles de la Junta de Andalucía y de la Unión Europea.

El abogado Carlos Leal, a quien Alaya considera esencial para dar apariencia de legalidad a la actividad supuestamente delictiva como comisionista del sindicalista Juan Lanzas, no sólo se declara inocente, sino que lleva años en una cruzada intentando desmontar aspectos esenciales de la instrucción de Alaya, con una tesis de cada vez mayor influencia entre los defensores de los acusados de la pieza política. Según Leal, Alaya desconoce o ignora la orden ministerial de 1995 que regula el sistema de prejubilaciones y permite dar las "ayudas extraordinarias" sin publicidad ni concurrencia, lo cual ha provocado un "error de raíz": considerar ilegales las ayudas en su conjunto y por lo tanto delictivas todas las actuaciones profesionales alrededor de las mismas. "Es un colosal desaguisado", ha declarado Leal, que considera ilógico que Alaya le impusiera 34,8 millones de responsabilidad civil por participar como abogado en diversos ERE, lo cual significaría que se da por malversado un dinero que ha sido legalmente cobrado por prejubilados con derecho a las ayudas. Según Leal, la conclusión lógica de la instrucción de Alaya sería la consideración de los prejubilados como beneficiarios a título lucrativo del fraude; al no hacerse, se debería asumir que el fraude es de cuantía mucho menor a los 855 millones a los que se alude en el auto de cierre de la instrucción (y en las cabeceras de los telediarios y las portadas de la mayoría de los medios).

La juez Alaya despierta enormes suspicacias en el PSOE, aunque rara vez se han verbalizado. Díaz ha evitado criticarla, sabedora de la mala prensa que da hablar mal de un juez. Pero no todos han hecho lo mismo. El que llegó más lejos en sus insinuaciones de partidismo fue el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que llegó a afirmar que Alaya tuvo "una relación personal fuerte" con Juan Ignacio Zoido, hoy ministro del Interior, pero que fue juez decano de Sevilla antes de ser alcalde de la capital andaluza y líder del PP andaluz. Desde ambas posiciones lideró una incisiva estrategia de ofensiva judicial en los casos Mercasevilla y ERE.

Hay muchas miradas puestas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que juzgará a Chaves y Griñán. Juan Antonio Calle no es el primer ponente que ha tenido el caso. Antes de verano fue elegido por sorteo al juez Pedro Izquierdo, pero fue recusado por el PP y Manos Limpias. ¿El motivo? Había sido secretario general de Justicia de la Junta de Andalucía. Los magistrados de la Audiencia que apartaron a Izquierdo del juicio no creen que existiera una "amistad" entre el juez y los expresidentes o el resto de los acusados, menos aún "íntima". Tampoco observaban que su pasada relación de dependencia con respecto a los expresidentes fuera motivo para quitarlo de en medio. Lo que la Audiencia aplica a Izquierdo es una especie de la doctrina de la mujer del César: hay quien puede pensar, con motivos lógicos, que el juez no iba a ser imparcial. Y en un caso de esta relevancia el juez que va a ser ponente de la sentencia no sólo debe ser imparcial, sino parecerlo. "Es importante", anotaron los magistrados, "garantizar la apariencia de imparcialidad de un tribunal, más en casos como el que nos ocupa, [...] un proceso penal por supuestos delitos de corrupción política, en el que aparecen acusados personas muy relevantes de la vida política".

Incógnitas jurídicas

Sobre el caso ERE pesan importantes incógnitas jurídicas, nada extraño en un proceso enmarañado, dividido en centenares de piezas que abarcan hechos a menudo distantes entre sí en espacio y tiempo. Alaya era partidaria de mantener todo el caso en una sola pieza, contra el criterio de la Fiscalía. Su tesis de fondo era que los ERE, y más tarde la formación, integraban un solo gran caso de corrupción vinculado a un modelo de clientelismo político pilotado desde San Telmo y al servicio de la hegemonía política del PSOE. Su sustituya en el juzgado 6 de Sevilla, María Núñez, optó por dividir el caso. Esto ha facilitado que haya piezas que estén llegando ya a juicio, pero al mismo tiempo ha suscitado situaciones procesales controvertidas. Por ejemplo, hay imputados en múltiples piezas como el exconsejero Antonio Fernández, el único ex miembro del Gobierno que ha pasado por prisión preventiva, o el propio Javier Guerrero que están invocando su derecho a no ser juzgados más de una vez por los mismos hechos. Guerrero también ha pasado ya dos veces por la cárcel preventivamente.

El primer juicio, en el que se establecerá si el sistema de reparto de fondos era en sí mismo irregular o no, podrá influir decisivamente en la suerte de las demás piezas que lleguen a juicio. Si el marco en el que se produjeron las supuestas irregularidades en las ayudas concretas –intrusos, escasez de documentación...– es un marco declarado ilegal por la justicia, dichas irregularidades pueden alcanzar previsiblemente mayor relevancia penal, analizan fuentes judiciales.

El juicio que comienza este miércoles no abarca todo el caso ERE, sino sólo la conocida como su pieza política. La más relevante cualitativamente, al implicar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que ocuparon la presidencia de la Junta de Andalucía durante 23 años. Este juicio trata de delimitar la legalidad o no de un sistema de reparto de más de 850 millones de euros de ayudas sociolaborales por parte de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011, supuestamente sin someterse a los debidos controles. También establecerá la responsabilidad penal en la habilitación y mantenimiento de dicho sistema por parte de los expresidentes de Chaves y Griñán y veinte ex altos cargos y ex altos funcionarios más. Quedan fuera de este juicio las posibles irregularidades cometidas en cada una de las más de 200 ayudas otorgadas con cargo a la partida 440.01 del conocido programa 31L, el que el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero bautizaría en una declaración policial como "fondo de reptiles". Un cajón del que salieron a lo largo de más de una década fondos para prejublaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), así como ayudas directas a empresas y ayuntamientos.

Según la investigación judicial durante la fase de instrucción, iniciada por Mercedes Alaya y rematada por Álvaro Martín, entre 2000 y 2011 la Junta repartió casi 855 millones mediante un procedimiento extraordinario destinado a agilizar la concesión y pago de subvenciones a empresas para financiar el coste de despidos colectivos o las ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE). Se trataba, en teoría, de acudir a apagar fuegos laborales sin perderse en la burocracia. ¿Que se hundía Santana Motor, en Linares (Jaén)? Pues la Junta acudía presta a destinar fondos para garantizar una prejubilación a los despedidos hasta su edad de jubilación. ¿Que se venía abajo la minería en la Faja Pirítica de Huelva? Pues lo mismo, en este caso con la ayuda también del Ministerio de Empleo. Así con decenas de empresas, desde colosos industriales a restaurantes. El llamado "procedimiento específico" por el que la Junta entregó estas ayudas, según el juez Martín, fue "discrecional o, incluso, arbitrario", porque tenía por objeto eludir los controles, la fiscalización, las bases reguladoras y la convocatoria pública, así como los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad. Alaya y Martín consideraron que las ayudas se concedían sin comprobar los requisitos, y que tras su concesión no se vigilaba que se hubiera dado un uso correcto a las mismas.

El auto que dio por cerrada la instrucción de la parte política, dictado en mayo de 2016 como un refrendo de todas las tesis de Alaya, sitúa el punto de partida del supuesto fraude en la Consejería de Empleo, donde durante casi diez años (1999-2008) fue director general de Trabajo Javier Guerrero, encargado de conceder las ayudas, "pese a no ser cargo competente" para ello, según la instrucción. El sistema supuestamente eludía el mecanismo de concesión de ayudas previsto en la ley, según el juez. Lo hacía mediante un ente, que primero se llamó Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y después Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que pagaba las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo. Los fondos de Empleo pasaban a IFA-IDEA a través de transferencias de financiación, una figura administrativa legal, pero que el juez Martín cree que se usó ilegalmente porque la Intervención no controlaba sus aspectos clave: si había existencia de crédito presupuestario, competencia de la autoridad concedente, publicidad de las bases, convocatoria pública, recepción de solicitudes, comprobación de requisitos, resolución de concesión, control de cumplimiento... Diversas defensas sostienen, por el contrario, que el sistema era completamente legal y se basa en un marco estatal de concesión de ayudas, y tratan de reducir el caso a irregularidades concretas cometidas en el reparto.

  Desatención de las alertas

Hasta abril de 2000 las ayudas se concedían a través del programa 22E, que servía para disponer del dinero de determinadas partidas de ayudas a empresas y trabajadores. Hasta entonces no hubo problema. Pero en abril de 2000 se creó una nueva partida ex profeso que no existía en el presupuesto, según el juez Martín, que hace suyo el relato de Alaya. Según el juez instructor y la Fiscalía, la ilegalidad de las transferencias se explica en que éstas debía servir para cubrir gastos ordinarios, y no ayudas a terceros. Las defensas alegan que, en todo caso, se trataría de una cuestión administrativa. La nueva partida (440.01), según el juez Martín, se engordaba sin control previo y con la participación indispensable del Consejo de Gobierno, señala el auto de cierre de instrucción.

El sistema funcionó a partir de julio de 2001 bajo el paraguas de un convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA que daba cobertura a la dotación de fondos de la partida 440.01 del conocido programa 31L. El convenio, que no tuvo ni informe de la Intervención General ni del Gabinete Jurídico, desplegó su eficacia hasta abril de 2010. Según el juez Martín, Guerrero disponía de los fondos, aunque no tenía competencias; IFA-IDEA pagaba, aunque no tenía control. El juez también acusa a los 22 procesados de desatender las alertas de la Intervención, pese a que en ninguna de ellas se alertaba de la comisión de delito alguno.

  Sobrecomisiones e intermediarios

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Antonio Calle (ponente), Pilar Llorente y Encarnación Gómez serán los responsables de establecer en una sentencia si el sistema era irregular o no, y quiénes eran los responsables. Juntos a Chaves y Griñán estarán sentados en el banquillo seis exconsejeros, tres exviceconsejeros, cinco ex directores generales, cuatro ex secretarios técnicos, un ex interventor general de la Junta y un ex jefe del gabinete jurídico. De lo que no se encargarán estos magistrados es de delimitar el alcance penal de las irregularidades cometidas en el reparto de los fondos, al margen de la legalidad o no del sistema en su conjunto. Son más de 200 ayudas a lo largo de una década larga, lo que otorga al caso ERE unas dimensiones colosales. No obstante, es sencillo agrupar los principales ámbitos de actuación presuntamente delictiva, a la luz de la instrucción iniciada por Alaya y heredada después por la juez que la sustituyó, María Núñez Bolaños, responsable de la división del caso en múltiples piezas. Una de las patas del caso son las sobrecomisiones. Según la instrucción judicial, hubo empresas intermediadoras, singularmente Vitalia y Uniter, que cobraron comisiones por encima del valor del mercado por intermediar entre las empresas, los sindicatos y la Junta a lo largo de la tramitación de los ERE.

Alaya ha sostenido que un exdirigente de UGT en Andalucía, Juan Lanzas, actuaba como conseguidor de ERE, poniendo de acuerdo a empresas que querían cerrar o recortar su personal y a la Junta de Andalucía, concretamente en la persona de Javier Guerrero, que fue director general de Empleo. Lanzas, al que Alaya responsabiliza de la inclusión de numerosos intrusos en los ERE –entre ellos él mismo, familiares suyos y sindicalistas allegados–, cobró por sus trabajos de intermedicación comisiones de hasta 13 millones de euros, según Alaya, que consideró que el despacho Estudio Jurídico Villasís lo ayudó a dar apariencia legal a sus actividades. Carlos Leal, abogado de este despacho, niega los hechos y atribuye al papel de su despacho una tarea profesional de asesoramiento habitual del derecho laboralista. La juez sostiene que Guerrero, Lanzas y Leal se conocieron durante la tramitación del ERE de Cárnicas Molina, en Jaén a finales de los 90, y que según la investigación judicial sería el origen del procedimiento cuestionado.

  Ayudas sin garantías e intrusos

La instrucción puso de relieve que se otorgaron ayudas sin apenas documentación justificativa. La Sierra Norte de Sevilla fue especialmente beneficiada por la política de ayudas de la Junta, algo que Alaya vincula a que es la zona donde están radicados políticamente Guerrero y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Según Alaya, dos empresarios de El Pedroso, José Enrique Rosendo (ya fallecido) y Enrique Sayago, recibieron 34 millones de euros en ayudas, parte de los cuales pudieron ser ilícitos. Guerrero niega haberse lucrado con el retorno de ninguna ayuda concedida. En su momento era el hombre con el que todos –alcaldes, empresarios, sindicalistas...– querían reunirse. No en vano, tenía la llave de la caja, según la investigación. Su chófer, Juan Francisco Trujillo, recibió 1,4 millones de euros en ayudas, según la investigación judicial. Alaya destacó además durante su investigación que hubo numerosas empresas que recibieron ayudas públicas para pagar sus prejubilaciones pese a tener fondos propios para hacerlo.

Otra pata del caso son los intrusos. El primero en descubrirse fue un ugetista y socialista de Baeza (Jaén) incluido en el ERE de 2007 de Mercasevilla sin haber trabajado jamás la lonja, según la instrucción judicial. Alaya llegó a detectar 72 intrusos, aunque entre ellos la casuística es amplia. Los hay que no han trabajado nunca en las empresas por las que se prejubilaron, como la suegra del propio Guerrero, que se benefició de fondos destinados al ERE de Sos-Cuétara. En esta situación están también diversos sindicalistas y allegados a éstos que supuestamente se aprovecharon de su conocimiento del mecanismo de elaboración de los listados de prejubilados. También hay intrusos –se podría decir que de segundo nivel de gravedad– que se prejubilaron por una empresa de un grupo habiendo trabajando en otra del mismo grupo, como ocurrió en los ERE de las compañías de los Ruiz Mateos, pródigamente beneficiadas por ayudas públicas. Al considerarse las pólizas de trabajadores como ayudas individuales y no vinculadas necesariamente a una empresa, algunos de estos supuestos intrusos están siendo exonerados de responsabilidad penal.

El número final de trabajadores que recibieron ayudas sin corresponderles se delimitará caso a caso, en juicios que se irán celebrando a lo largo de años. No obstante, hay concesiones de prejubilaciones que han sido enteramente puestas bajo sospecha. La investigación judicial de las ayudas concedidas para mitigar el impacto del cierre de minas en la Faja Pirítica de Huelva en 2003, iniciada por Mercedes Alaya y continuada por María Núñez, apunta a posibles irregularidades generalizadas en el cálculo de los importes de las pólizas, en ocasiones mediante la manipulación de los los coeficientes para establecer la edad minera de los trabajadores. La línea de investigación de Núñez no pone en cuestión los fondos percibidos por los trabajadores, sino a los políticos y sindicalistas que negociaron el acuerdo. En este caso están imputados Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, ex máximos dirigentes en Andalucía de UGT y CCOO. Ambos defienden su inocencia. También están  bajo investigación cinco intrusos-intrusos (que supuestamente no trabajaron en las minas) e incluso altos cargos del Gobierno del PP en la época de José María Aznar, cuando se produjeron los cierres. Cada historia del caso es un mundo.

Por las manos de la jueza de instrucción Mercedes Alaya han pasado varios de los casos más relevantes, judicial y políticamente, de los últimos diez años en Andalucía. Destacan tres: los ERE, la formación y Mercasevilla. Las tres investigaciones tienen un mismo esquema argumental: no se trató sólo –según Alaya– de fraudes o corrupciones concretas, sino que se inscribían en amplias maquinaciones, minuciosamente concebidas y ejecutadas, al servicio de un modelo de comportamiento institucional basado en la extracción ilícita de recursos públicos y privados para fines particulares. Lo que en jerga política y mediática se conoce como "tramas", que el PP siempre ha intentando explicar a través de una teórica financiación ilegal del PSOE de Andalucía que no ha llegado a concretarse judicialmente. Tras el archivo de la pieza principal del caso de los cursos de formación, la sentencia absolutoria de la pieza de la venta de suelos del caso Mercasevilla, conocida este martes, supone un golpe al crédito de Alaya.

El resumen de la sentencia sobre la lonja sevillana es el siguiente: la adjudicación de suelos públicos se realizó tras haber recibido información privilegiada la empresa que finalmente resultó ganadora, Sanma, filial de la malagueña Sando, pero ni está establecido quién dio la información ni resultó determinante para la decisión final. Según la sentencia, "sólo hay meras sospechas, que no pueden elevarse a la categoría de indicios, de que tal operación pudiera abrigar como finalidad la de beneficiar a una determinada mercantil". No hubo además, según la sentencia, intención de "defraudar al ente municipal". El fallo descarta de plano cualquier "amaño" o "concierto previo". La absolución es de todos los cargos: prevaricación, fraude, exacciones ilegales y delito societario. Y también de todos los acusados, desde el principal responsable político, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a los directivos de Mercasevilla, pasando por funcionarios y responsables de la empresa Sando. Todos ellos se jugaban dos años de cárcel. Contra la sentencia cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

Esta absolución no tiene relación con el escándalo de los ERE, aunque a menudo se haga referencia a Mercasevilla como origen de este caso. Hay relación entre Mercasevilla y los ERE, pero no por este pieza. El fallo tampoco logra limpiar el historial de esta empresa mixta, dos de cuyos ex directivos, Fernando Mellet y Daniel Ponce, están condenados por el Tribunal Supremo por intentar obtener una mordida de 450.000 euros de unos empresarios a cambio de la gestión de una escuela de hostelería financiada por la Junta de Andalucía. La grabación del intento de sacar la mordida es el hilo del que tiró Alaya y que la llevó a investigar las cuentas de la empresa –hay todavía una pieza abierta por delito societario–, la venta de los suelos –el fallo conocido este martes– y la inclusón de intrusos en el ERE de Mercasevilla, que abrió la puerta al descubrimiento de decenas de ERE con intrusos más. De ahí el extendido equívoco según el cual se acaba de dictar una sentencia absolutoria en el caso que a su vez destapó los ERE fraudulentos. No es exacto y, de todas formas, la sentencia no afecta en absoluto al juicio de los ERE, que aún está por celebrarse una vez cerrada la instrucción.

Resarcimiento ocho años después

Lo que sí supone la sentencia es un tardío resarcimiento de los acusados, ocho años después de iniciarse la instrucción y once después de la venta de los suelos. Políticamente toda una era, a lo largo de la cual el PSOE e IU se hundieron electoralmente (2011), lo que llevó al poder durante cuatro años a Juan Ignacio Zoido (PP), actual ministro del Interior, que a la postre perdió el bastón de mando en 2015. El caso Mercasevilla no fue el único motivo, por supuesto, pero sí fue un escándalo de enorme repercusión mediática que cobró fuerza a las puertas de las municipales de 2011.

Este resarcimiento se ejemplifica en Antonio Rodrigo Torrijos, ex portavoz municipal de IU, que fue primer teniente de alcalde de 2007 y 2011 durante el cogobierno con el PSOE. Su trayectoria política quedó arruinada por el caso: se presentó como candidato en 2011 como imputado, en contra de sectores de su partido. Especialmente demoledora para Torrijos resultó la famosa foto de la mariscada junto a Mellet, publicada por ABC de Sevilla en 2010, cuando Mercasevilla ya estaba bajo la lupa judicial. Tras su imputación en Mercasevilla, en 2011, Torrijos fue condenado por acoso laboral a una funcionaria durante su etapa de número dos del Ayuntamiento, un asunto sin relación con éste. Ahora la sentencia hace especial énfasis en la inexistencia total de indicios que apunten a que Torrijos actuara para favorecer a la empresa que ganó el concurso por los suelos de Mercasevilla. Ni participó en la mesa de contratación, ni en la baremación, ni en la decisión final de la ganadora, ni mucho menos manipuló el proceso, según la sentencia. Torrijos dimitió como portavoz municipal de IU a finales de 2013.

El fallo, de 393 páginas, también se detiene en un aspecto controvertido, cuya sombra persiguió la instrucción de la jueza Alaya. El marido de la jueza, Jorge Castro, fue auditor de Mercasevilla y la empresa prescindió de él tras un informe negativo sobre su gestión, según desveló El País en 2010. La sentencia de 12 de junio del juzgado de lo penal 13, de cuyo fallo dio lectura este miércoles la jueza Yolanda Sánchez, cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para abordar este punto: "[No puede] exigirse al instructor que no se haya formado juicios o impresiones previos. Por el contrario, el desarrollo de la investigación será el que vaya afianzando en el juez un convencimiento sobre la comisión del delito". Y añade la jueza, ya con sus propias palabras: "Ninguna de las partes pone de manifiesto [...] que [la jueza] se acercara al objeto del proceso con prejuicios que hayan condicionado su función jurisdiccional, sin que basten meras dudas sobre la imparcialidad en el fuero interno de los acusados". Un consuelo menor para la magistrada Alaya.

Un caso que rentabilizó el PP

De los tres grandes casos de Alaya, la pieza principal de los ERE ya ha sido enviada a juicio y sentará en el banquillo a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tras un auto cierre de la instrucción del juez Álvaro Martín que en síntesis da por bueno el relato de la magistrada, según el cual hubo un concierto de decenas de altos cargos para cometer un macrofraude empleando una partida de entre 800 y 900 millones de ayudas para empresas en crisis. En cuanto al segundo, el de la formación, la jueza de la pieza principal, María Núñez, le ha dado carpetazo, con el aval de la Fiscalía, y ni siquiera llegará a juicio, si bien las investigaciones realizadas han puesto de relieve un ingente cúmulo de irregularidades. El tercero es el caso Mercasevilla, menor cuantitativamente, pero políticamente de gran relevancia. Fue el escándalo que ayudó a catapultarse al PP de Juan Ignacio Zoido y aplastó a PSOE e IU en Sevilla en 2011.

¿Qué abarca exactamente esta pieza sobre la que ahora se ha dictado la absolución? Hay que viajar atrás hasta 2003. La sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento de Sevilla y la pública Mercasa, atravesaba una situación de falta de recursos económicos. Para paliar estas carencias, suscribió con la entidad Larena 98 un acuerdo de uso de unos suelos de Mercasevilla. La empresa, que planeaba construir naves para arrendamiento, se comprometía a un pago mensual de casi 60.000 euros. Tras pagar la primera mensualidad, y ante las dificultades para obtener las licencias que necesitaba, Larena 98 dejó de pagar y demandó al Ayuntamiento. Ahí entra Mellet, director general de Mercasevilla, que "pactó con la empresa constructora Sando" que ésta se haría cargo, a través de su filial Sanma, del pago de la reclamación de Larena 98, según recoge la sentencia en sus hechos probados. La idea era que Sanma se quedara con el derecho de superficie y Mercasevilla le adjudicara directamente una opción de compra sobre todos los terrenos, "llegándose a elaborar un protocolo de intenciones". Sando hizo su parte: llegó a un acuerdo con Larena 98 y le pagó más de 1 millón de euros. Pero la segunda parte del acuerdo no se convirtió en realidad porque los órganos de gestión de Mercasevilla no consideraron oportuno realizar la adjudicación mediante subasta, sino mediante concurso. Torrijos defiende que esta fórmula se adoptó por razones "ideológicas y políticas", ya que consideraba –según sostuvo en el juicio y da por bueno la sentencia– que el concurso permitía sacar los suelos de dinámicas especulativas y primar la utilidad de sus usos.

Las cláusulas que alertaron a Alaya

Ése es el concurso que Alaya vio amañado. Según su investigación, la forma en que se hizo el pliego estaba destinada a favorecer a Sando. Se trataba, a juicio de Alaya, de establecer unos requisitos que pusieran la adjudicación en bandeja a dicha empresa, cosa que no ha quedado probada. Tampoco se ha demostrado que hubiera un acuerdo con las restantes empresas que se presentaron para aparentar licitud. Mellet encargó la elaboración del pliego a Jorge Piñero y Victoria Bustamente, miembros del consejo de Mercasevilla, y a José Antonio Ripollés, economista externo, todos ellos acusados y ahora absueltos. Las cláusulas puestas bajo sospecha fueron la limitación al alza, que penalizaría a las ofertas económicas que excedieran en más de un 10% la media de todas las ofertas, y la cláusula de titularidades previas, que otorgaba puntuación a aquellos oferentes que poseyeran ya sobre los terrenos de Mercasevilla algún derecho. Y Sando era ya, a través de su filial Sanma, titular del derecho de superficie.

Acudieron ocho empresas y ganó Sando, que ofrecía 105 millones. La compañía Noga, que ofrecía 158 millones, fue penalizada en aplicación de la cláusula de limitación al alza. Mercasevilla y Sando firmaron la venta en febrero de 2006, cinco años antes de la imputación de Torrijos, más de once años antes de la sentencia, que también exculpa a Gonzalo Crespo, ex concejal del PSOE que presidía Mercasevilla; a José Luis Sánchez, presidente de Sando, y a su hijo, Luis Sánchez, entre otros.

"Celeridad impropia" y "situación privilegiada"

El fallo mantiene dudas razonables sobre la debida neutralidad en el concurso, que se llevó a cabo "con una celeridad impropia" de este proceso administrativo. "Sando contó desde un inicio con una situación originariamente privilegiada derivada de las negociaciones previas existentes con Mercasevilla, cuando todavía se pretendía proceder a la venta directa de los terrenos", señala el fallo. La empresa ganadora, que tuvo acceso a "fuentes internas", contó inicialmente "con información excepcional y directa, mantuvo contactos posteriores al menos a los solos efectos de conocer la existencia de la Fundación Mercasevilla [lo que fue útil para elaborar su oferta] y participar con ventaja", añade el fallo. No obstante, queda establecido que ello "no afectó a la solución final".

Hay dos hechos fundamentales para descartar que pueda pasarse de un posible acceso a información privilegiada al campo delictivo, a tenor de la sentencia: uno) no se establece quién "mantuvo los contactos favorecedores", aunque la acusación particular ejercida por Mercasevilla señalaba a Mellet; y dos) aunque se hubiera identificado, la actuación "no tuvo por finalidad perjudicar y mucho menos defraudar" a Mercasevilla, que finalmente estableció los requisitos en un pliego ajustado a derecho y evaluó las ofertas con criterios de base lógica. Un vez más ocurre que, en un caso de enorme complejidad técnica, la decisión judicial se establece en función de la letra pequeña de los hechos, de los detalles legales, ésos que no suelen caber en los titulares durante la instrucción del caso.

En la gestión de los cursos de formación en Andalucía se colaron compras de marisco y bebidas alcohólicas como gastos de trabajo, pero no hubo una maquinación para el fraude desde los despachos nobles de la Junta de Andalucía. Numerosos beneficiarios que no habían justificado las ayudas volvieron a recibir subvenciones, pero no mediaron sobornos ni tráfico de influencias. El seguimiento de los efectos de las las acciones formativas, por ejemplo para saber si éstas facilitaban la inserción laboral de los alumnos, era escaso o nulo, pero los cursos no servían para llenar los bolsillos de políticos. La Junta aún intenta reintegrar 143 millones de ayudas sin justificar debidamente y dejó de gastar 800 millones por la paralización de los cursos cuando se conocieron las irregularidades, pero no se ha acreditado un menoscabo de fondos públicos con relevancia penal.

Éste es el retrato que se desprende del trabajo realizado por la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción, la jueza de instrucción de la principal rama del caso (María Núñez) y la comisión de investigación parlamentaria sobre el supuesto fraude de la formación en Andalucía. El resumen sería éste: por un lado, hubo numerosas irregularidades, que han ocasionado severos perjuicios en la calidad del servicio público de formación para el empleo –en una autonomía que frisa el millón de parados– y millonarias pérdidas económicas; por el otro, esta gestión desastrosa no se traduce en indicios de una trama delictiva orquestada desde los despachos oficiales, como han sostenido el PP, la Guardia Civil y la anterior jueza de instrucción (Mercedes Alaya). Según Núñez, no hay corrupción política.

El presidente de la comisión de investigación parlamentaria sobre los cursos de formación, Julio Ruiz (Ciudadanos), registró el lunes su propuesta de dictamen, fruto de las aportaciones de todos los grupos (PSOE, PP, Podemos, C's e IU) sobre la base de 66 comparecientes y miles de folios de documentación. La conclusión más vistosa, por su traducción política inmediata, es que la propuesta señala como principales responsables de las "irregularidades", "desórdenes" e "incidencias" a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por haber elegido a los sucesivos consejeros de Empleo entre 2002 y 2012. Queda así ajena a responsabilidades políticas Susana Díaz, actual presidenta de la Junta de Andalucía, por el motivo fundamental de que cuando accedió al cargo, en 2013, los cursos bajo sospecha se habían detenido. El dedo acusador se dirige contra Chaves y Griñán, políticamente amortizados, dimitidos de todos sus cargos y dados de baja como militantes socialistas por su implicación en el caso de los ERE, por el que serán juzgados previsiblemente este mismo año.

Ningún grupo apoya la propuesta de dictamen de Ciudadanos, por lo que está por ver si la comisión consigue aprobar unas conclusiones o, al igual que ocurrió con la investigación parlamentaria de los ERE en 2012, los trabajos se quedan al final sin la culminación de un acuerdo de mínimos. Los grupos de la oposición reclaman ahora la responsabilización de Díaz, con el argumento de que la presidenta mantuvo la paralización de las convocatorias en septiembre de 2013, cuando era público que se habían producido irregularidades. Ello, según PP, Podemos e IU, prueba que Díaz sabía que las cosas no se estaban haciendo bien, lo cual chocaría con el discurso del Gobierno andaluz y el PSOE de defensa de la gestión de los cursos. Díaz defendió en la comisión que esta decisión de mantener la paralización fue prueba de su "contudencia" ante las "sospechas" de irregularidades.

Los socialistas tampoco asumen la propuesta de Ciudadanos. El PSOE rechaza que Chaves y Griñán sean responsables. Y, más importante aún, el partido de Susana Díaz tiene complicado asumir un relato, el de la propuesta de dictamen, que ofrece una imagen deprimente de la gestión de la Junta de Andalucía en una materia, los cursos de formación, que debería ser clave en una comunidad tan castigada por el paro. Asumir el relato de la propuesta del presidente de la comisión excedería para el Gobierno andaluz de la autocrítica para entrar plenamente en el terreno de la confesión. Hasta la fecha la Junta ha defendido que en efecto pudieron existir irregularidades, pero ha asegurado que las mismas han sido la excepción, y que en cualquier caso han tenido lugar en otras comunidades autónomas en las que, en cambio, no se ha producido ninguna comisión de investigación.

Cursos de poca calidad

Sin necesidad de apuntar a delitos –el Parlamento no es un tribunal, aunque durante la comisión lo ha parecido en ocasiones–, ni de forzar las declaraciones y documentaciones recabadas durante la comisión, la propuesta de dictamen señala que la gestión se hizo con "falta de medios materiales y humanos", poniendo la formación bajo la batuta de personas con poca experiencia, una situación que se agravó por los cambios de órganos competentes. Hubo "retrasos" en la comprobación y justificación de los expedientes, así como "falta de control exhaustivo" en todas las fases, siempre según la propuesta de dictamen, que señala además que había "falta de calidad en los cursos", algo relatado por diversos alumnos de los mismos.

Dos conclusiones más –aún no aprobadas por la mayoría del Parlamento– se refieren a la falta de seguimiento y control: "No se elaboraron informes para determinar qué eficacia tuvieron los cursos a la hora de propiciar la inserción laboral de los alumnos"; y "No existía en el seno de la Consejería de Empleo una actitud proactiva para averiguar si los beneficiarios dedicaron íntegramente el dinero recibido a la acción subvencionada". La cobertura normativa de aspectos fundamentales de la gestión es cuestionable. Tal y como recuerda la propuesta de dictamen, hubo cursos abonados mediante procedimientos –las famosas transferencias de financiación– contrarios a las indicaciones de la Cámara de Cuentas. Y además se abusó de la subcontratación, a su vez bajo controles poco rígidos.

Certificados sin comprobación

Los criterios para la gestión no eran homogéneos en las provincias, lo cual llevaba rutinariamente a soluciones ad hoc. "Nadie sabía más allá de sus líneas de actuación", señala la propuesta de dictamen. Es decir, nadie tenía visión de conjunto, ni siquiera los consejeros de Empleo (José Antonio Viera de 2000 a 2004; Antonio Fernández de 2004 a 2010; Manuel Recio de 2010 a 2012). "Los delegados provinciales de Empleo", señala la propuesta de C's, "emitían certificados sobre el cumplimiento de las condiciones [...] sin haber realizado las exhaustivas comprobaciones oportunas".

En este marco fiscalizador laxo, entidades beneficiarias incumplían el requisito de contratar desempleados acogidos a los cursos, según la propuesta de dictamen. Y ocurrían cosas más graves, como la imputación de facturas como gastos de los cursos cuando en realidad se correspondían a bebidas alcohólicas, comida...

143 millones en reintegro

Aspectos impactantes del caso, como éste del alcohol o el del alumno que tras hacer un curso de elaborador de productos cárnicos admitió no saber hacer ni "un chorizo", han servido para multiplicar su difusión. Pero, además de estos aspectos cualitativos, los cuantitativos lo convirtieron en un escándalo que, según el PP, se equiparaba o incluso superaba al caso de los ERE.

En realidad no son casos comparables, ni por el cómo ni por el cuánto. La cifra más espectacular del caso de la formación, 3.000 millones, afloró en un informe de la Guardia Civil de 2015, que a su vez hacía referencia a una estimación de la Intervención de la Junta sobre la cantidad total de las subvenciones no justificadas vencido el plazo para hacerlo entre 2005 y 2013. Pero esto no significa que haya habido un fraude de 3.000 millones. La cuantificación exacta del dinero indebidamente justificado no es estable, porque varía según los trabajos de fiscalización de la Junta. El último dato ofrecido por el Gobierno andaluz, en diciembre, señala que el dinero reclamado para reintegro asciende a 143 millones. 7,6 millones han sido ya recuperados. Técnicamente no se ha producido lo que los interventores y el Tribunal de Cuentas llaman "menoscabo de fondos públicos".

Cómo se armó el relato de la "red clientelar"

La existencia de irregularidades no se desvela por vez primera en la propuesta de dictamen de Ciudadanos, ni mucho menos. Ya en febrero de 2014 un informe de la Cámara de Cuentas, que fiscalizaba las subvenciones de la Junta para formación para el empleo de 2009 y 2010 sobre la base de una muestra de 78 expedientes por importe de casi 280 millones, concluía que el 80% de las ayudas se hicieron "sin concurrencia competitiva" y alertaba de "posibles responsabilidades administrativas y contables".

Sobre esta base un atestado de la Guardia Civil armó un relato que a la postre fue compartido por el PP andaluz –acusación particular– y la primera jueza instructora, Mercedes Alaya: las irregularidades detectadas tanto en la concesión como en la justificación y liquidación de las subvenciones obedecían a una acción concertada y coordinada desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que implicaba a la Administración desde la Dirección General de Empleo hasta todas las delegaciones provinciales. Un complot defraudador en toda regla.

Según la UCO, se trataba de "un mecanismo de reparto de fondos públicos del que se beneficiaban" alumnos, sindicatos, patronales, empresas... "Este reparto de fondos favorecería el mantenimiento de un clima de satisfacción en estos actores que podría verse seriamente perjudicado si la Administración hubiera exigido el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la norma", señala el informe.

En la estela del trabajo de la UCO, la instrucción de la jueza Alaya puso el foco en las "exoneraciones" o "exceptuaciones", dos términos usados para definir un procedimiento previsto por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía que permitía a la Junta proponer el pago de nuevas subvenciones aun sin haber justificado las anteriores. Según la jueza Alaya, éste era el procedimiento que usaba la cúpula de Empleo para liberar sin criterios objetivos a las empresas de la obligación de justificar las subvenciones. Así era como, según Alaya, se iban urdiendo las connivencias y favores. Es decir, la famosa "red clientelar".

Fuera del ámbito penal

En lo referente a los cursos de formación, este relato se ha caído al suelo, derribado por la juez instructora que sucedió a Alaya, María Núñez, por la Fiscalía Anticorrupción y por el Tribunal de Cuentas. La parte principal del caso, la de mayor relieve político, está archivada. El Tribunal de Cuentas, órgano responsable del control externo del sector público español, concluyó en julio de 2016 que en las subvenciones de 2009 y 2010 no hubo ilícito contable, al no haberse producido un menoscabo de fondos públicos, sino sólo un riesgo de que éste ocurra. El Tribunal de Cuentas señala que hay cursos que en efecto no se finalizaron al final del periodo fiscalizado, pero una y otra vez inscribe los hechos en el "orden jurisdiccional contencioso-administrativo", no en el ámbito penal.

La Fiscalía Anticorrupción también se ha pronunciado contra la relevancia penal del sistema de concesión de ayudas. Es más, en diciembre del pasado año acusó al PP andaluz de "enmarañar" la causa mediante ardides procesales. Pero ha sido la juez Núñez –que mantiene una notoria rivalidad con Alaya– la que ha dejado en nada la mayor pieza de investigación penal del caso. Lo hizo en octubre en un auto en el que se centraba en replicar las dos acusaciones fundamentales:  que existía una red clientelar y que ésta se servía de las exoneraciones para el reparto discrecional del dinero.

39 empresas con vínculos socialistas de 18.000

"Para que el beneficiario fuera seleccionado arbitrariamente [...] de entre aquellos que consideraba afines al partido, el funcionario (interino o de carrera), que era el que sentado en su mesa con el ordenador introducía los datos [...] debería tener instrucciones específicas para ello y, por ende, participaría de la trama organizada", señala Núñez en su auto, donde juzga irrelevante estadísticamente que de entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas aparezcan 39 empresas "que tienen alguna vinculación con el partido socialista" por vía directa, de amistad o familiar, según los datos del PP andaluz. En cuanto a las exoneraciones, "no se realizaban para beneficiar a empresas concretas o determinadas, sino para impedir el bloqueo en la tramitación de subvenciones", sometidas a un complejo itinerario burocrático, señala la jueza con el respaldo de la Fiscalía.

Ni Núñez, ni el Ministerio Público ni el Tribunal de Cuentas discuten la existencia de irregularidades. Lo que sostienen es que deben dirimirse en el ámbito administrativo, y no penal. Y rechazan de plano la existencia de una maquinación orquestada a través de múltiples despachos políticos y oficinas administrativas de la Junta a lo largo de una década. Ello no significa que no existan, al margen de la pieza archivada, otras investigaciones penales sobre supuestos fraudes de la formación en Andalucía. En una de ellas, la concerniente a los fondos recibidos por las empresas del ex consejero Ángel Ojeda, es objeto de investigación el también ex consejero Antonio Fernández, implicado al mismo tiempo en el caso de los ERE. Lo que sí ha sido abortado en la formación es el relato de la gran trama que, grosso modo, sí se ha abierto paso durante la instrucción de la pieza principal de los ERE.

Críticas de la jueza Núñez a la UCO, Alaya y el PP

El PP se ha opuesto al archivo de la pieza principal de los cursos, lo cual ha llevado a Núñez a un nuevo auto, en esta ocasión de archivo definitivo. En dicha resolución la jueza carga contra Alaya y la Guardia Civil por elaborar "teorías sobre conspiración [sic] y tramas delictivas" que han sido "avaladas" por el PP andaluz. Según Núñez, cuyo archivo de la causa cuenta con el respaldo de la Fiscalía, la UCO trabajó sobra una "hipótesis": que las irregularidades administrativas, detectadas tanto en la concesión, justificación y liquidación de las subvenciones, eran fruto de "fruto de una organización criminal, de una asociación ilícita, que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía, desde la Dirección General a todas las delegaciones provinciales, quienes de forma concertada y bajo instrucciones específicas, que nunca se pudieron demostrar, beneficiarían a determinadas empresas o entes". Nada de eso, según Núñez, se apoya en pruebas.

Las conclusiones de Ciudadanos coinciden en este punto. "No ha existido ni premeditación ni connivencia para no desarrollar eficazmente estas políticas", señala su propuesta. Esta premeditación sería indispensable para una relevancia penal de los hechos. La propuesta de dictamen también comparte con la jueza que no ha habido menoscabo de fondos públicos, si bien este concepto no excluye la posibilidad de que se acabe perdiendo dinero si, como es previsible, no puede recuperarse todo lo reclamado. En rigor, además, ya se ha perdido dinero comunitario, ya que el Gobierno andaluz descertificó 46,9 millones de ayudas del Fondo Social Europeo como consecuencia de los problemas detectados en los cursos de formación. Otro daño colateral ha sido que en Andalucía no ha habido convocatoria de subvenciones de formación profesional para el empleo desde 2012 hasta 2016, al permanecer suspendidas, lo cual ha supuesto que la Junta deje de gastar 800 millones que le correspondían. La gestión deficiente sale cara, aunque no suponga la imputación de un delito para sus responsables.

La jueza María Núñez Bolaños ha rechazado este miércoles el recurso del PP-A contra su decisión de archivar la pieza política de los cursos de formación y ha acusado tanto a la magistrada Mercedes Alaya como a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de elaborar "teorías sobre conspiración y tramas delictivas" que han sido "avaladas" por el PP-A, lo que ha causado un "daño" a personas "cuya honorabilidad y profesionalidad se ponen en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como delincuentes en el proceso".

Según ha informado Europa Press, en un auto, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla confirma así el archivo de la causa dictado el 11 de octubre de 2016, que ha sido avalado por la propia Fiscalía Anticorrupción, y pone de manifiesto que el PP-A, en su recurso de reforma, "alega tan sólo aspectos formales, sin rebatir ni una sola de las cuestiones jurídicas esgrimidas como fundamento del sobreseimiento y archivo" de la investigación.

La jueza relata que en el auto de archivo "se explica detalladamente cuál ha sido el objeto de investigación" en este procedimiento, cuya "dinámica o criterio operativo es muy similar a la ya rechazada" en relación a la investigación por las irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de la agencia IDEA, donde ha criticado a Alaya por "empezar la casa por el tejado".

Así, señala que la causa nace sobre la "hipótesis elaborada" por la UCO tras "analizar e interpretar" los informes de la Cámara de Cuentas e interventores tanto en los informes de Auditoría de Cumplimiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ejercicio 2012, como los informes especiales de control sobre las delegaciones provinciales del SAE (Servicio de Empleo) relativos a los ejercicio 2009 a 2012.

"Hipótesis" formuladas por la Guardia Civil

De este modo, la UCO "formula la hipótesis de que dichas irregularidades administrativas, detectadas tanto en la concesión, justificación y liquidación de las subvenciones, eran fruto de una actuación concertada y coordinada desde el SAE, fruto de una organización criminal, de una asociación ilícita, que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía, desde la Dirección General a todas las delegaciones provinciales, quienes de forma concertada y bajo instrucciones específicas, que nunca se pudieron demostrar, beneficiarían a determinadas empresas o entes, red clientelar, dando lugar, de forma consciente, a la malversación del erario público".

"Desde esta premisa se realizan registros y detenciones con la intervención de numerosos expedientes que obran en múltiples dependencias de esta sede e incluso como señala el PP-A con el precinto de sedes administrativas", asevera la jueza.

Al hilo de ello, critica que el "criterio operativo" consistente en "iniciar causas penales desde la interpretación de informes de la Cámara de Cuentas e informes de la Intervención de la Junta que se traen a las actuaciones donde se recogen la existencia de irregularidades administrativas para, a partir de los mismos y de su interpretación, elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas, como la sostenida en esta causa, viene siendo avalada también por el PP-A".

Seguidamente, la jueza afirma que "el examen y análisis en profundidad y con seriedad de los informes técnicos" elaborados por la Intervención General de la Junta o por la Cámara o el Tribunal de Cuentas "requieren de un conocimiento especial y específico en derecho administrativo en sus diferentes materias y ramas", de forma que "se requiere de una especial formación en derecho administrativo cuyo desconocimiento puede llevar a conclusiones erróneas".

Agrega que, en el caso de los jueces, "tenemos una jurisdicción especializada para el conocimiento de esta materia variada, diversa y compleja", y la interpretación de dichos informes "ha de realizarse desde el conocimiento técnico y específico de la materia y teniendo siempre en cuenta dos premisas", la primera de ellas que "la mayoría de las cuestiones que se suscitan son cuestiones jurídicas interpretables" y "sobre las que difieren los propios interventores u operadores jurídicos".

"Maniobras" para "mantener vivo" el procedimiento

En segundo lugar, asegura que la existencia de estos informes y el hecho de que en los mismos se realicen reparos a la gestión de la administración "ha sido y es una práctica frecuente y habitual que nunca, hasta ahora, ha dado lugar a la apertura de causas penales y ello, como los propios interventores señalan, porque no detectan ilícito penal alguno sino simple y llanamente irregularidades administrativas", de forma que "de haber detectado ilícito penal lo hubieran puesto en conocimiento" de la Fiscalía.

"Así pues, si no se denuncia el ilícito penal por los interventores, que son quieres examinan la actuación administrativa, ¿cómo es posible que se abran numerosas causas penales partiendo de interpretaciones de los informes de la Intervención, causas que vienen siendo archivadas por los juzgados de Instrucción?", señala la instructora.

La jueza lamenta que la apertura de causas como ésta "puede causar un grave perjuicio a muchas familias, en este caso andaluzas, cuya fuente de ingresos y sustento se vio truncada", además de a las personas "que dejaron de recibir una formación necesaria y útil para su vida profesional". No obstante, señala que "lo más grave es el daño que se causa a personas cuya honorabilidad y profesionalidad se pone en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso".

"Los jueces no trabajamos con papel, sino con personas, detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos" en el auto de archivo, critica la jueza en alusión velada al PP-A.

Recusación "mal planteada"

En el auto, la instructora analiza los argumentos "formales" esgrimidos por el PP-A en su recurso, y en concreto "el incumplimiento del deber de abstención" de la jueza, al no haber resuelto una recusación para conocer la causa formulada por el PP-A.

Así, y respecto a dicha recusación, la jueza insiste en que "está mal planteada", ya que "únicamente se puede formular un tipo de recusación", como "es la regulada legalmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), recusación que no plantea el PP-A y por ello se eleva, tal y como solicita el PP-A, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que avala lo sostenido" por la propia juez.

"Si el PP-A quería formular una recusación en la causa lo debió hacer conforme a la legalidad vigente, Ley Orgánica del Poder Judicial", sostiene la magistrada, que subraya que el PP-A "no plantea una recusación ex artículo 223 de la LOPJ y concordantes, sino una extraña figura que la hemos denominado 'recusación parcial administrativa'", tras lo que dicho partido "cambia el criterio y nos quiere hacer entender que lo que planteó fue una recusación a la causa".

La jueza asevera que "de ser así como tal se hubiera tramitado, pero no se ha planteado en ningún momento y ello porque entendemos conocía la dirección jurídica que dicha recusación, ya en ese momento, era inadmisible por extemporánea", y añade, en esta línea, que al PP-A "no se le ha denegado copia alguna" de las grabaciones de las declaraciones realizadas en la causa y por tanto "es falso decir que no se les han dado".

"Las grabaciones las tienen desde el primer momento", concluye la magistrada en un auto donde hace referencia a los "numerosos intentos" realizados por el PP-A "para que la causa fuera reabierta".

La Audiencia de Sevilla reabrió este miércoles el caso Aznalcóllar, que el Gobierno andaluz creía zanjado desde su archivo en noviembre del año pasado. Un auto de 59 páginas de la sección séptima suscrito por cuatro magistrados, entre ellos Mercedes Alaya como ponente, aprecia indicios de "ilegalidades severas y arbitrarias" en la adjudicación del contrato de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a la multinacional Grupo México. La empresa derrotada, Emerita Resources, recurrió el archivo del caso y ha logrado que se reabra la investigación penal.

Esta mina, en la que hace 18 años se produjo el histórico vertido contaminante de la multinacional sueca Boliden, ya está de hecho siendo explotada por la empresa ganadora, por lo que esta reapertura del caso proyecta incertidumbres sobre su actividad. A juicio de la Audiencia, hay indicios de responsabilidades penales, no sólo administrativas, en decisiones adoptadas supuestamente para favorecer a Grupo México. Ahora un juzgado de instrucción deberá volver a investigar si Grupo México recibió trato de favor.

La empresa ganadora se impuso con una oferta de 641,5 millones. La denunciante, Emerita Resources, presentó una oferta de 304,6 millones. Las puntuaciones estuvieron muy parejas: 75,9 a 73,6. La Audiencia reprocha a la Junta que diera la misma puntuación económica a ambas ofertas, al estimar las dos cumplían los requisitos económicos. "Una cosa es el cierto margen de discrecionalidad del que goza la Administración para considerar la oferta más ventajosa y otra diferente la introducción en el informe técnico de criterios que no estaban contemplados en el pliego" de contratación, dice el auto.

El presunto delito sería la prevaricación. Es decir, responsables públicos habrían tomado decisiones injustas a sabiendas de que eran injustas y con el añadido de la arbitrariedad, según el auto, que no realiza ninguna imputación pero señala expresamente a María José Asensio, directora de Minas durante el proceso de adjudicación y hoy viceconsejera de Economía y Empleo. Asensio ya fue imputada y cesada durante la primera investigación penal del caso. Tras el archivo fue recuperada y ascendida. Este auto no supone su imputación.

Un emblema industrial del Gobierno andaluz

El auto, que apunta hacia Asensio y hacia la mesa de contratación pública, cayó como una bomba. No sólo porque la vuelta a la actividad en Aznalcóllar es un emblema de la apuesta por la actividad minera del Gobierno de Susana Díaz (PSOE). También porque este miércoles era un día de relumbrón político, con el Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento de Andalucía. Y fundamentalmente porque la mina ya está funcionando.

La Junta de Andalucía se apresuró a emitir un comunicado aclarando que el auto no afecta a la actividad en la mina, donde Grupo México pretende extraer zinc, cobre, plomo, oro y plata durante al menos 30 años. Aminer, patronal de la que forma parte Minorbis (propiedad de Grupo México), lanzó un comunicado en la misma dirección: esto no afecta a la actividad industrial.

Emerita Resources y Manos Limpias

La Audiencia envía el caso de vuelta al juzgado de instrucción 3 de Sevilla, el mismo en el que Patricia Fernández le dio carpetazo, al estimar parcialmente los recursos de Emerita Resources, que perdió ante Grupo México en el concurso, y Manos Limpias.

El auto es un exhaustivo y muy técnico recorrido por todo el proceso de licitación, adjudicación y contratación, fase a fase. La Audiencia aprecia un "cúmulo importante de incumplimientos de las bases del concurso" que no tienen "justificación". Por ejemplo –siempre según el auto–, la Administración no exigió a la empresa un compromiso económico concreto, ni tampoco una escritura de constitución, ni que detallase su objeto social, ni su capacidad, ni las cuentas aprobadas en el Registro Mercantil, ni la acreditación de suficiente capital social.... Y debió haberlo hecho, según Alaya y los otros tres magistrados.

Baile de personas jurídicas

El relato de la Audiencia gira en torno a supuestas contradicciones en las personas jurídicas que sucesivamente son consideradas como licitante, adjudicataria y finalmente como aceptante. La Audiencia considera que la empresa ganadora fue Minorbis-Grupo México, siendo la segunda en esta sociedad la que aportaba en teoría la experiencia y la solvencia técnica. No obstante, según el auto, esta experiencia y solvencia no quedaron en realidad acreditadas en el proceso.

Además, el auto del que es ponente la que fuera instructora de los casos de los ERE y la formación señala que la empresa ganadora, Minorbis-Grupo México, no es luego la misma que la aceptante, Minera Los Frailes. Según la Junta, se trató simplemente de la creación de una sociedad con el propósito específico de explotar la mina sumando Minorbis y Grupo México. El auto subraya que la Junta negó en sucesivos informes que la adjudicataria fuera Minorbis-Grupo México, sino sólo Minorbis. Si así fuera, añade el auto, Minorbis nunca debería haber pasado ni siquiera la primera fase del concurso. "Minorbis fue creada un mes antes de presentar la solicitud con un capital de 3.000 euros [...] con total falta de experiencia en la investigación y la explotación minera", apunta el auto. Como conclusión, la Audiencia señala que en realidad Minorbis actuó como "mero intermediario" para conseguir la adjudicación a Grupo México.

"Omisiones e incumplimientos"

La Audiencia señala que en la contratación se pudo producir "un elevado número de omisiones e incumplimientos", que a juicio de los magistrados pueden constituir un "torcimiento del derecho" y "un beneficio injusto" para empresa ganadora. Posibles "ilegalidades severas", dejan escritos los jueces en el auto.

La resolución judicial dedica a un párrafo a sintetizar las supuestas lagunas del proceso: "Parece pues que ni habría habido examen minucioso, sino somero, y que en cualquier caso ni habría existido compromiso concreto de medios económicos por parte de Grupo México, ni la acreditación por éste de la personalidad jurídica, del objeto social, de la capacidad de obrar, ni de sus Cuentas Anuales entre otros extremos. Y sobre todo, su aportación no se habría exigido por la Administración". Hay indicios, concluye el auto, "de que los expertos integrantes de la Mesa de Contratación habrían omitido el análisis del cumplimiento de tales requisitos esenciales".

De alguna manera, tanto la jueza Alaya, que fue la primera que no consintió en que el desconocimiento eximiera de toda responsabilidad a los responsables políticos, y utilizó ese argumento para imputar a numerosos cargos públicos, como también han hecho los que han heredado y compartido los sumarios, diferentes jueces por los que ha pasado la causa matriz y sus derivadas, han creado un nuevo espacio en el que cabrían un sinfín de autoridades que, cual gallinas cluecas, han amparado bajo sus alas innumerables casos de corrupción alegando que mientras sucedían los hechos, ellos se encontraban en plena clase de levitación intentando alcanzar el Nirvana.

Sorprende el criterio, no por injusto, sino por unánime. El recorrido que han seguido estas piezas, que hablan de la corrupción en el sistema de reparto de diferentes ayudas, ha sido laberíntico, con idas y venidas de Sevilla a Madrid, pasando por el Supremo cuando sus señorías mantenían el escaño, para volver de nuevo a su origen cuando renunciaban a él.

Tal vez los imputados esperaban que, en ese recorrido de allá para acá, alguien les liberara de su suplicio al entender que no hubo dolo en la medida que los magistrados parecen reconocer que las cabezas de cartel de este proceso no se lucraron con las ayudas en cuestión, pero no fue así. Los jueces se mantuvieron en sus trece y continúan con la imputación al entender que los jefes son responsables de lo que ha ocurrido en los pisos de abajo. Tanta unanimidad en el criterio parece que crea jurisprudencia, dictan que no pueden la Presidencia ni los altos cargos alegar que viven en un búnker aislado de los despachos donde suceden las cosas.

Con alborozo, en estas fechas en las que entramos en la campaña electoral, recogieron estas noticias los que en su día fueron sus principales rivales políticos, los primeros espadas del Partido Popular, que han encontrado en estas acciones judiciales un bote salvavidas con el que salir a remar un rato apartándose del naufragio en el que se encuentran sumidos que, si bien no amenaza con hundir la nave, porque están hechos de un material insumergible, les tiene, permanentemente, achicando agua cuando lo suyo es desembarcar en las inmaculadas playas de arena blanca y agua turquesa, para desde allí contar que hemos superado la crisis, y disfrutar de sus múltiples logros en materia de economía, sobre todo en lo que atañe a la propia.

Ya era hora de que se compensara un poco la balanza, pensarán los votantes del PP, que no aspiran a un propósito de enmienda colectivo de sus líderes políticos, aquellos a los que votan y esquilman nuestros ingresos, sino que la presencia de otros casos de corrupción legitime su necesidad de seguir votando a sus extravagant friends, que es como llamaba Aznar a Gadafi, del que su súbita caída y posterior ejecución evitaron que cobrara una millonaria comisión ya cuando había dejado la Presidencia y ejercía sus funciones de lobista, que es como llaman ahora a los que cobran dinero por intermediar en la adjudicación de contratos, a costa del bolsillo de los ciudadanos que son los que pagan todo.

Pues eso, que la balanza se ha nivelado un poco en el viejo esquema del bipartidismo, y dicho sea de paso, ha impuesto algo de silencio en los respectivos contrincantes, ya que ambos disponen de munición suficiente para achicharrar al otro, y no olvidemos que las manos están, de momento, tendidas en todas las direcciones de cara a posibles pactos, sin que se descarte nada, habida cuenta de que el líder del PSOE ha dicho que no habrá terceras elecciones y que de eso se encarga él. Le ha faltado decir: “Aunque sea lo último que haga”, cosa que es probable si, como dan todos los sondeos, es el único partido que pierde votos en los próximos comicios, en beneficio de la abstención. Abstención que, dicen, favorece a la derecha. Los de derechas no fallan, siempre salen, les gusta salir, también a votar, aunque no son mucho de eso.

En estas fechas nadie quiere vetar a nadie, para no quedar de intransigente y, en tanto tal, de responsable de la ausencia de Gobierno. Sólo Unidos Podemos lo deja claro: repiten una y otra vez que ellos quieren pactar con el PSOE, lo que provoca un furibundo ataque de cuernos en Ciudadanos, que son más partidarios de los tríos, la condición es que no estén los perroflautas, lo que deja clara su postura sin decirla. Ponen de excusa a Rajoy, como si fuera el malo.

Y uno se pregunta si esa euforia con el tema de los ERES no les preocupa en la medida que muchos de los que piden explicaciones estarían imputados si se les aplicara el mismo rasero. La propia Esperanza Aguirre admitió su responsabilidad política “in eligendo, o sea, por elegir a este señor, e in vigilando, porque yo debería haber vigilado mejor” cuando convocó una rueda de prensa para anunciar que dimitía, cosa que, una vez más, no hizo. Sigue de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y se quitó de su cargo de partido. Nadie le recordó que no fue allí donde trincaron los súbditos de confianza que ella nombró. Por mí, como si se borra del club de golf. Se marcha de donde nos da lo mismo. Allí estaba muy bien, entre iguales, y mantiene su cargo público.

Pues eso, que la lista de los que deberían sentarse en el banquillo por haber elegido mal o haber estado en babia mientras pasaban las cosas tiende al infinito, empezando por el líder de un partido y presidente de la nación que tiene a todos sus tesoreros imputados por recibir donaciones ilegales con las que se financia, partido que algunos miembros de la judicatura afirman que se comporta como una organización criminal para delinquir.

Pues eso, que el juez dice que en Chaves y Griñán “concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocían la ilicitud del sistema que estaban instaurando y, por tanto, no debe admitirse su aducida ignorancia”.

Luis sé fuerte

. La fuerza está de nuestro lado y, de momento, ni Hacienda somos todos, ni todos somos iguales ante la ley. Del mismo modo que los nuestros son casos de corrupción aislados, estos jueces, aunque coincidan en todo, también son casos aislados. Podemos seguir mirando hacia otro lado, de espaldas a los brotes de corrupción que se suceden por toda la geografía española, y sólo cuando ya nos señalen con el dedo los imputados declararemos que son sapos que nos dan asco.

Esto de procesar alegando que es imposible que se desconociera el escándalo ha abierto la caja de los truenos. No admiten según y qué jueces la ignorancia como coartada porque la hacen incompatible con el desarrollo del cargo. Súmenle a eso que en la campaña venden, antes de hacerse los tontos, buena gestión para pedir el voto.

Bueno, alguna todavía podrá declarar como eximente que es rubia y, por tanto, su ignorancia genuina. Seguro que cuela porque a veces, aunque son casos aislados, a algunos jueces les vale todo.

El testigo protegido de la que fuera titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, en la causa de las presuntas irregularidades de los cursos de formación financiados por la Junta, y actual jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, Teodoro Montes, afirmó este viernes que "el negocio del siglo en la Junta en un periodo amplio de tiempo ha sido la formación", informó Europa Press.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación, Montes manifestó que la formación fue beneficiosa para las empresas y para la Junta, que "ha obtenido pingües beneficios por influencias, poder y relaciones de todo tipo". Además, denunció que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos, UGT y CCOO, recibieron un "trato de favor" en la adjudicación de los cursos con respecto al resto entidades.

Montes, cuya imagen no se facilitó por mandato judicial, a cuenta de su condición como testigo protegido, incluso se refirió a una posible "red clientelar" en la gestión de las subvenciones de los cursos de formación, de manera que defendió que con la formación se ha perdido dinero público.

"La norma tiene tantos agujeros como un colador y no se tapó ninguno a pesar de que la norma preveía que con el tiempo se iban a ir tapando", advirtió Montes, quien también relató que la falta de control en los cursos se agravaba por la falta de personal, toda vez que "un técnico llegó a tener asignados más de 200 cursos cuando la media idónea era de entre 50 y 60", por lo que "era imposible gestionarlo".

Además, durante varios momentos de su intervención, hizo alusiones al "acoso laboral" que recibió en su departamento y que "sigue recibiendo" a día de hoy "cada vez de forma más intensa" a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado una sentencia a su favor por este asunto. Por ese "acoso", según indicó, incluso sus superiores "han tratado de alejarme de toda la información para impedirme el desempeño normal de mis funciones".

Cabe recordar que Teodoro Montes fue una de las diez personas que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron el 28 de julio del año pasado 2015 en el marco de la segunda fase de la Operación 'Edu' en la provincia de Sevilla. Los agentes consideraron que Teodoro Montes podía haber incurrido en delitos de prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad documental.

Javier Álvarez (Madrid, 1960) y Luis Fernando Rodríguez (Madrid, 1963) llevan años informando sobre la actualidad de los tribunales españoles. Ambos periodistas unen ahora sus conocimientos en el libro La última trinchera. Un retrato inédito de los jueces que protagonizan la actualidad de nuestro país (Planeta, 2016), un perfil de nueve jueces que batallan diariamente por ejercer su profesión según unos principios éticos que ponen como prioridad los intereses de la ciudadanía. Todos ellos contribuyen, a su manera, a cambiar un escenario marcado por el letargo de las investigaciones por corrupción, la impunidad de políticos y cargos públicos ante sus reiterados delitos, el irrefrenable avance del número de desahucios o los afectados por preferentes y cláusulas suelo.

Fernando Andreu, Pablo Ruz, Mercedes Alaya, José Castro, Fernández Seijo, Emilio Calatayud, Santiago Pedraz, Ana Ferrer y Sonia Chirinos ponen rostro a este análisis sobre la actividad judicial durante los últimos años y el impacto de sus decisiones en una sociedad en quiebra por la crisis económica.

PREGUNTA: ¿Por qué la elección de esos nueve jueces?

LUIS F. RODRÍGUEZ: En principio la editorial nos plantea aquéllos más conocidos, los que están todos los días en los medios de comunicación por estar al frente de los casos más mediáticos. Ese es básicamente el criterio salvo con un caso. A medida que va avanzando el proyecto, que vamos perfilando los jueces que van a estar y un poco el tono de la obra, tanto Javier como yo defendimos que hay muchísimos más jueces que trabajan igual, que tienen los mismos planteamientos, pero que están al frente de casos mucho menos conocidos y que suscitan menor atención. Y dándole vueltas a la posibilidad de añadir en ese ramillete de jueces a uno menos conocido, nos interesaba mucho reflejar el tema de la violencia de género, así que incluimos el nombre de Sonia Chirinos.

JAVIER ÁLVAREZ: La elección ha ido un poco en función de los sumarios que han llevado, y teniendo siempre en cuenta un muestrario de todos los aspectos jurisdiccionales que están en primera línea de actualidad y que más atraen a los ciudadanos. Hemos hablado con una juez de violencia de género, otra que ha llegado al Tribunal Supremo, con jueces de menores, jueces que llevan corrupción… De los 3.500 jueces que hay en toda España podría ser cualquiera de ellos, pero hemos elegido estos quizá porque han significado mucho para los casos sustanciales que llevan.

P.: Ustedes retratan la actividad judicial como una trinchera. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se debe enfrentar?L.F.R.:

La idea de trinchera viene a raíz del estallido de la crisis y las políticas económicas de austeridad para el control del gasto público. Estos factores van eliminando mecanismos de protección social, y en esa situación estos y otros jueces aparecen como la última línea de defensa de los ciudadanos. En ese contexto se produce un vuelco y surge la sensación de que hay que hacer algo, hay que parar los desahucios porque lo que está ocurriendo es una barbaridad. Otros mecanismos políticos e institucionales que deberían haber protegido al consumidor frente al fenómeno del desahucio masivo fallan, y al final es la Administración de Justicia la única que aparece como su defensora. El modelo español atribuye al juez, si él quiere, un papel muy pasivo, porque puede limitarse a llegar a su despacho y resolver las peticiones que plantean las distintas partes personadas en el proceso, pero estos y otros muchos jueces asumen que su misión es otra. No pueden limitarse a resolver las peticiones de la parte, sino que su papel es mucho más trascendente, el de dedicarse a la protección de los derechos de los ciudadanos.

J.A.: Los ciudadanos han visto en este tipo de jueces, no en los estamentos judiciales, sino en el juez de a pie, el último recurso para sus demandas. Cuando todo estaba perdido, por ejemplo en el aspecto social o mercantil de los bancos, cuando el ciudadano se ha visto apretado frente a los desahucios, la Administración no les ha dado respuesta, y ha tenido que ser un juez quien lo haga, de una forma muy valiente como ha hecho José María Seijo, quien ha tenido que plantear en Europa que se dan condiciones abusivas. Cuando el ciudadano se ha visto apurado en determinadas actuaciones de los bancos o su salida a bolsa, hay otro juez que ha abierto un procedimiento en la Audiencia Nacional, como Andreu en el caso Bankia. Es decir, esos jueces son la última trinchera que tienen los ciudadanos en la confianza de que alguien pueda resolver sus problemas, porque la clase política no ha sabido dar esa respuesta.

P.: En el libro destaca una sentencia del juez Fernández Seijo, favorable a un matrimonio desahuciado que no podía asumir su deuda. ¿Es habitual dar la razón al ciudadano pese a las dificultades que pueda haber?

L. F. R:

No. No es lo habitual. Empieza a serlo, pero para que ahora sea habitual hubo un primer juez que tuvo que asumir el riesgo de enfocar esos procesos de esa manera. En ese matrimonio que se menciona en el libro, el juez llega a la conclusión de que la reclamación del banco es justa, porque estos señores llegan a la bancarrota y a la ruina y no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, pero él concluye que el proceso por el cual ese matrimonio llega a la bancarrota y a la ruina es un proceso en el que ellos no son culpables, no tiene que ver con su actitud ni con su acción económica en el núcleo familiar, sino que viene provocada por una serie de elementos externos ante los que ellos también son víctimas. Por eso resuelve que, efectivamente, llegan a una situación de insolvencia de la que no son culpables y por tanto no pueden pagar, perdiendo lo último que les queda de patrimonio que es el hogar en el que viven.

J.A.:

 Yo creo que sí es lo habitual. Es difícil, porque a veces las leyes impiden que su aplicación teórica razonable se pueda llevar a la práctica. Pero esa es la intención de los nueve jueces, y de los 3.500 que hay en España. Desde luego hay un interés en ayudar al ciudadano. Aplicar la ley con sentido común es complicado, hay algunos que lo logran desde hace tiempo, pero es verdad que han tratado de romper fronteras e ir un poco más allá de la ley para aplicarla con sentido común.

P.: Se suele decir que la Justicia no es igual para todos, ¿lo es?L. F. R.:

No. No es igual para todos. Otro de los valores que nosotros queremos destacar de estos jueces es el esfuerzo por conseguirlo. Normalmente se enfrentan a casos en los que los implicados son ciudadanos normales con pocos recursos económicos, con unas asistencias jurídicas limitadas, y son casos que pueden avanzar con mucha rapidez. Frente a esos hay otros procesos, contra Bankia o contra la corrupción política, donde normalmente los acusados disponen de los recursos suficientes para pagarse buenas defensas de grandes bufetes, que tienen la capacidad de retrasar todo el procedimiento judicial. Ellos lo asumen y comprenden la queja de los ciudadanos, porque se termina generando la sensación de que cuando se trata de un desahucio todo va rapidísimo, en dos años una familia puede estar fuera de su casa, y sin embargo en casos como Gürtel pasan años y años sin que se resuelva nada.

J.A.:

 La Justicia, desafortunadamente, tiene el poder económico detrás y con un equipo de abogados se puede hacer muchas más cosas que con otros abogados con menos poderío, con menos recursos. Frente a eso, estos nueve jueces sí aplican la Justicia igual para todos, y otros tantos miles que hay en España también lo hacen. Pero en general las trabas, los impedimentos que se imponen, sólo se pueden permitir asumirlos la gente que tiene mucho dinero, y eso es una realidad. Es la gente que puede plantear un recurso ante el Constitucional, frente a la gente que no se lo puede permitir porque no tiene dinero.

P.: La mayoría de partidos políticos hablan en sus programas de despolitizar la Justicia, ¿cómo puede hacerse?L.F.R.:

Para empezar lo que habría que cambiar es la actitud de los propios partidos. El problema de la politización de la Justicia, que es real, no tiene que ver con la actitud de la Justicia, sino con el uso que los propios partidos quieren hacer de la Justicia. Esto se refiere a dos aspectos, fundamentalmente. Por un lado, los partidos a través de sus grupos parlamentarios son los responsables de la elección de los órganos de gobierno del Poder Judicial o de los magistrados de ese Poder. Son los partidos los que están demostrando que atienden más a intereses propios de partido y no a las necesidades de la Administración de Justicia. Por otro lado, muchísimos partidos están derivando a la Administración de Justicia conflictos y problemas que deberían ser solucionados en el ámbito político. Desde no tomar medidas cuando se produce un caso de corrupción en el seno de un partido, hasta ese intento permanente de identificar a los jueces siempre con el enemigo político, e intentar que cualquier resolución que les perjudique pueda ser entendida por el ciudadano como una reacción política del juez y no como una reacción jurídica. El conjunto de esos factores crea un clima en el que la sensación de politización es real.

J.A.: Es posible cambiar la percepción que pueda tener el ciudadano de esa politización de la Justicia, y es posible cambiar la forma de elección de determinados estamentos del Poder Judicial que luego son los que toman las decisiones en el ámbito de la Administración de Justicia. Si esos modelos de elección se cambiaran, si fueran elegidos con más sentido común y por los propios jueces, quizá tendríamos esos órganos de gestión más técnicos y menos politizados de lo que están ahora. Un ejemplo lo tienes en el Consejo del Poder Judicial, cuyos nombramientos dependen de la voluntad de los partidos políticos. Si esto se eliminara, ese matiz político, el rumbo podría ser más razonable.

P.: ¿Es suficientemente transparente la Justicia?L. F. R.:

Todavía no. Siempre ha sido una institución muy hermética, muy encerrada en sí misma, a la que le ha gustado muy poco el contacto con la opinión pública y con los medios. Pero eso va cambiando, cada vez más jueces son conscientes de que, como funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos, una de sus obligaciones es ser transparentes y dar cuenta de sus actos, explicar qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Creo que esa es una de los valores del libro, que estos jueces lo asumen y se han prestado a ese juego de ser ellos mismos quienes salgan y les cuenten a los ciudadanos quiénes son y por qué hacen lo que están haciendo. Es un mérito, un ejercicio de transparencia que hay que reconocérselo. Forma parte de ese proceso de apertura de la Justicia a la sociedad, todavía muy lento, pero que yo creo que es imparable.

J.A.:

Le falta mucho. Es verdad que se ha avanzado mucho. El Consejo del Poder Judicial ha hecho un esfuerzo importante para que se conozcan las resoluciones de los jueces. Hace poco se hizo público el listado de los jueces en España y todo el mundo puede ver qué juez lleva cada pleito. Se ha evolucionado mucho para bien, pero todavía falta en cuanto a comunicación, a ese músculo poco desarrollado de comunicar a los ciudadanos lo que los medios demandamos. La relación es buena, pero desde luego muy mejorable, y en cuanto a la transparencia también va por muy buen camino pero aún faltan cosas.

P.: Los jueces están sometidos a una mayor exposición en los medios. ¿Cómo ha contribuido esto a la percepción ciudadana de ellos?L.F.R.:

Es una constante que hace ya tiempo detecta el CIS. En los barómetros, una de las instituciones más vapuleadas y peor valoradas es la Administración de Justicia. Pero en esos mismos barómetros desde hace tiempo sin embargo empieza a mejorar mucho la valoración de jueces y magistrados. Es verdad que la Administración sigue funcionando muy mal y los ciudadanos lo saben, y las encuestas del CIS reflejan ese gesto de reproche, pero cada vez lo van viendo con mejores ojos, como personas cercanas y como funcionarios que están al servicio de la comunidad.

J.A.:

El ciudadano cree en el juez de cercanía y recela de la Administración General de la Justicia, ahí sí se puede poner una nota de suspenso, pero con la atención particular al ciudadano creo que la gente sí está contenta.

P.: En el libro hablan de las trabas a las que se tienen que enfrentar las mujeres que entran en Justicia por el hecho de serlo. ¿Existe machismo?L.F.R.:

El Poder Judicial sigue siendo un estamento todavía machista. Es cierto que en la carrera judicial formalmente han desaparecido todas las barreras: las condiciones de acceso son las mismas, las condiciones laborales son las mismas, el salario es el mismo, pero se sigue encontrando con un obstáculo muy grave, y es que es ella la que tiene que asumir la carga de conciliar su vida profesional con su vida familiar. Cuando salen las promociones las mujeres son mayoría, en los juzgados unipersonales ellas son mayoría, en las audiencias provinciales se ha alcanzado la paridad, pero sin embargo a partir de ahí, en el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo siguen siendo hombres la inmensa mayoría, porque son cargos en los que influye mucho el currículim personal, y el currículum personal de la mujer juez viene lastrado porque, mientras el hombre se ha podido dedicar a engrosarlo, la mujer no lo ha hecho porque cuando termina su jornada laboral es ella la responsable de encargarse de su familia. 

J.A.:

Siempre lo ha sido. Las tres juezas del libro han tenido que sufrir en sus primeros años de andadura muchos obstáculos por ser mujeres. A eso hay que añadir que la mujer ha tenido que sufrir más a la hora de conciliar, porque ha tenido que sacrificar esa parte del progreso en tu trabajo, ascender o hacer determinados cursos, en favor de la conciliación. Eso los hombres no lo han hecho. Sólo un 3% de los hombres concilia siendo pareja juez y jueza. Entonces un 97% de mujeres han renunciado al ascenso en su carrera, por tanto hay menos puestos de responsabilidad en mujeres. Pero la tendencia está cambiando, hay muchas más magistradas, muchas más juezas... Está cambiando porque es una realidad que el nivel de preparación de las mujeres supera con creces al de los hombres.

José María Mohedano, abogado de José Antonio Griñán, acusó este miércoles al Gobierno del PP de "presionar para provocar el paseíllo" del ex presidente de la Junta de 2009 a 2013 y de su antecesor, Manuel Chaves, que ocupó al cargo de 1990 a 2009, con el fin de "compensar otros casos de corrupción" conocidos tras las elecciones del 20 de diciembre, en referencia a los que afectan al PP, fundamentalmente en Valencia. "El Gobierno ha presionado", aseguró.

Así se pronunció Mohedano a la salida del juzgado 6 de Sevilla, donde Griñán declaró, como investigado por prevaricación administrativa, en el caso de los ERE. Tanto Chaves, que compareció a las 10.00, como Griñán, que lo hizo a las 11.00, se limitaron a reafirmarse brevemente en sus declaraciones exculpatorias ante el Tribunal Supremo (cuando eran aforados) en abril de 2015, según fuentes presentes en los interrogatorios. Según la jueza Mercedes Alaya, el caso de los ERE, por el que hay imputadas casi 300 personas, supuso un fraude de 855 millones de euros. El juez Álvaro Martín, ante el que este miércoles se sentaron los ex presidentes, instruye una parte del sumario, que implica a unos 50 ex altos cargos de la Junta.

Ni a su llegada –cuando tuvieron que soportar gritos, insultos y abucheos–, ni a la salida realizaron los expresidentes declaraciones ante los numerosos medios de comunicación presentes. Pero Griñán sí lanzó un mensaje a través de su abogado, que fue directo al grano y en términos contundentes. "Esto es una presión para que den el paseíllo", dijo Mohedano.

Preguntado para que precisase el origen de estas presiones del "Gobierno", o aclarase si creía que el juez de instrucción, Álvaro Martín, había sido permeable a las mismas, se apresuró a decir: "Yo no acuso a nadie". Pero acto seguido afirmó que "hace dos semanas" estuvo en Sevilla el fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas. "Vino a lo que vino", dijo de la visita de Salinas a los juzgados, en referencia a una pretensión de provocar las comparecencias de Chaves y Griñán. Este último ya había presentado –en vano– un escrito para intentar no declarar en el juzgado de instrucción, al considerar que era suficiente con lo expuesto en el Supremo, donde compareció durante cuatro horas y respondió a 119 preguntas, con una transcripción de 63 folios. Mohedado lamentó que la instrucción se esté prolongando ya durante cinco años, y no tenga visos de finalizar a corto plazo. "Esto no es un show", afirmó.

Tanto Chaves como Griñán llevaban preparados sendos comunicados, que entregaron al término de sus comparecencias. "Reitero una vez más que en los Consejos de Gobierno que presidí durante mi etapa como presidente de la Junta de Andalucía nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal", señala Chaves en su nota. En cuanto a Griñán, su nota no entraba en el fondo y se limitaba a justificar por qué consideraba ya "satisfecho" su derecho a la defensa en su declaración ante el Supremo.

Chaves llegó a los juzgados poco antes de las 10.00, y Griñán una hora después. Cada uno pasó aproximadamente 15 minutos ante el juez. No se cruzaron. Los dos tuvieron que soportar insultos, abucheos y gritos a su llegada a los juzgados: "Chorizo" fue el más escuchado. La actitud de ambos era muy diferente: Chaves iba serio y cabizbajo, mientras que Griñán sonreía. Ambos declinaron amablemente atender a los medios. Cuando lo hicieron tras declarar en el Supremo, se armó un considerable lío por la discrepancia de sus mensajes y sus tonos. Entonces, Griñán dijo que hubo "un gran fraude", mientras que Chaves ofreció una versión totalmente distinta y señaló que no hubo "ninguna ilegalidad" durante su presidencia.

José Antonio Viera

, ex consejero andaluz de Empleo y también investigado en este caso, compareció ante el juez Martín tras los dos ex presidentes. Viera se ratificó en su declaración exculpatoria ante el Supremo. Según fuentes judiciales presentes en los interrogatorios, fue el único que preguntó al instructor si tenía alguna pregunta que hacerle, mostrándose dispuesto a responderla. Pero el juez Martín no preguntó.

La jueza María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, archivará en un auto la causa abierta por Mercedes Alaya contra 12 imputados por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla al haber prescrito sus delitos toda vez que han transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se dirigió la causa contra los mismos.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la magistrada está trabajando en la redacción de un auto por el que archivará la causa contra estos 12 imputados tras la petición realizada a tal efecto por el Ministerio Público en marzo de 2015 y el reciente auto en el que la Audiencia Provincial de Sevilla declara prescritos los delitos de malversación y prevaricación que la juez Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a entidades de la Sierra Norte.

Se trata de los primeros archivos por prescripción que se decretarán en el caso ERE, cuya instrucción comenzó la juez Alaya en enero de 2011 y que acumula cerca de 300 personas investigadas, entre ellas los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están citados a declarar este miércoles día 16 de marzo dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas.

La jueza, en el auto, archivará la causa contra estos 12 imputados al mismo tiempo que deja abierta la puerta a reclamar la responsabilidad civil de las empresas beneficiarias, tal y como establece el artículo 122 del Código Penal, que señala que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación".

En marzo de 2015, la Fiscalía pidió a la juez Mercedes Alaya que "declare la prescripción de las conductas de aquellos imputados perceptores de ayudas directamente o en nombre de personas jurídicas cuyo importe sea claramente inferior a 450.000 euros siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda" al dictado del auto de imputación del 6 de febrero "hayan pasado más de 10 años".

El Ministerio Público consideraba que, en esta situación procesal, se encontrarían hasta 12 de los nuevos imputados.

En su escrito, la Fiscalía consideraba que habrían prescrito los delitos cometidos por Antonio Diana Expósito en relación a la ayuda de 60.000 euros que recibió el 30 de julio de 2004; por Antonio Florencio Suárez, respecto de su participación en la obtención de la ayuda concedida a la empresa Coflosur por importe de 60.000 euros pagada el 18 de enero de 2005, y por José Gómez Muñoz, vecino de El Pedroso que recibió una ayuda de 90.151,81 euros el 2 de julio de 2003.

También considera prescritos los delitos cometidos por Eustaquio Reina –ya fallecido– y José Reina Espínola respecto de su participación en la obtención de la ayuda por la empresa Eustaquio Reina por importe de 300.000 euros pagada el 18 de enero de 2005, y por José Bermúdez Ávila y María del Rosario Rodríguez Baranquero, respecto de su participación en la obtención de la ayuda por la empresa Gestión Turística del Sur por importe de 390.657,87 euros pagada el 18 de enero de 2005.

Asimismo, estarían prescritas las conductas de José Manuel Prieto Guerra respecto de su participación en la obtención de la ayuda por la asociación Asnadis por importe de 180.303,63 euros pagada el 17 de mayo de 2002; de Luis García García, secretario de organización del PSOE de Las Navas de la Concepción, en relación a su participación en la obtención de la ayuda por la SCA Virgen de Belén por importe de 270.455,44 euros cuyo último pago fue el 13 de enero de 2004; y de Miguel Ángel Sáenz Fernández, respecto de su participación en la obtención de una ayuda a El Olivar de los Infantes por importe de 150.252 euros, pagada el 9 de marzo de 2003.

De igual modo, interesó la prescripción de los delitos cometidos por Joaquín Llano Heredia, aunque en este caso "exclusivamente" por su participación en la ayuda a su empresa Refractarios y derivados pagada el 5 de diciembre de 2001 por importe de 150.253,03 euros, y de las conductas atribuidas a Beatriz Pérez Martín, también "exclusivamente" por su participación en la ayuda concedida a su empresa Producciones Barataria, cuyo último pago fue el 7 de julio de 2004 y ascendió a 220.354,24 euros.

Hay que destacar que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado recientemente un auto en el que estima los recursos presentados contra su imputación por José Manuel Prieto Guerra, presidente de la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico, y por Luis García García, y declara prescritos los delitos que Alaya imputó a ambos empresarios.

450.000 euros

Según argumentaba Anticorrupción, y conforme a lo dispuesto en el artículo 131.5 del Código Penal, el plazo de prescripción a contar corresponde en el caso de concurso de delitos al más grave, que en este caso es el de malversación, añadiendo que el plazo a tener en cuenta para el cómputo inicial del plazo de prescripción "debe ser el del dictado del auto por el que se dio a cada imputado traslado del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", auto en el que "se le identificaba plenamente y se contenía una descripción suficiente de los hechos imputados" y que en este caso fue dictado el pasado 6 de febrero.

De igual modo, y en el caso de ser el imputado beneficiario de una sola ayuda, señalaba que habría que "distinguir" si el importe de la misma encaja en el supuesto agravado del artículo 432 del Código Penal, pues en este caso el plazo de prescripción pasaría de 10 a 15 años, añadiendo que el Código Penal "agrava las penas si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo 'al valor de las cantidades sustraídas y al daño o al entorpecimiento producido al servicio público".

Anticorrupción considera que las ayudas inferiores a 450.000 euros "no podrían ser consideradas de especial gravedad –lo que elevaría el plazo de prescripción de 10 a 15 años– a los efectos de la aplicación del subtipo agravado del artículo 432 del Código Penal", al contrario de las que superan esa cifra, cuyo plazo de prescripción sí se elevaría a 15 años.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el auto de marzo de 2015 en el que la juez Mercedes Alaya amplió la imputación al exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Justo Mañas por nuevas ayudas irregulares en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

La Sección Séptima de la Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, rechaza así el recurso presentado por la defensa de Justo Mañas contra el auto de 23 de marzo de 2015 en el que Alaya amplió su imputación por presuntos delitos de prevaricación y malversación en relación a las ayudas a Cydeplast Pet y Nazapet.

En su recurso, la defensa del exviceconsejero alegó que, "de ser cierta la hipótesis de que hubiese presuntas conductas delictivas, se referirían a acontecimientos ocurridos con anterioridad" a que Justo Mañas tomara posesión como viceconsejero de Empleo, lo que tuvo lugar el 30 de marzo de 2010.

Así, mantiene que su patrocinado "fue ajeno" a la tramitación de los cinco ERE de las entidades Cydeplast S.A., Cydeplast S.L. y Nazapet SAL, todas ellas dedicadas a la fabricación de plásticos.

De igual modo, la defensa de Mañas, que solicitaba el archivo de la causa respecto a su patrocinado, defiende que "era ajeno por cuestiones no solo temporales, sino competenciales, de las órdenes de pago que se hubiesen llevado a término en relación a las entidades referidas y cualesquiera otras en general".

Frente a ello, la Audiencia dice que "es evidente que la responsabilidad que por Cydeplast S.L. y Nazapet SAL pueda serle atribuida a Justo Mañas está en relación con las actuaciones que desde su cargo en la Consejería de Empleo pudieran haberse hecho tras su toma de posesión como viceconsejero el 30 de marzo de 2010 y hasta abandonar el 9 de mayo de 2012".

"Importantes" ayudas sociolaborales

En este sentido, el tribunal recuerda que "lo que ponía de relieve" el informe de seguimiento sobre las empresas mencionadas "es que entre los años 2000 a 2010 fueron receptoras de importantes ayudas sociolaborales procedentes de la Junta de Andalucía".

"Que Mañas pudiera estar ajeno a las irregularidades que en la concesión de ayudas se estuvo dando en el tiempo a las empresas Cydeplast Pet y Nazapet SAL una vez tomada posesión de su cargo, con contrataciones de pólizas de rentas de supervivencia y de capital diferido, sin el necesario control, en cantidades que se elevaban por encima de las que quedaban dentro de la competencia del propio titular de la Consejería, sin siquiera petición forma o solicitud en algunos casos, necesita del necesario esclarecimiento y en tal sentido resultaba justificada su toma de declaración", aduce la Audiencia.

Al hilo de ello, indica que, en los testimonios remitidos, "aparece que una vez tomada posesión de su cargo, el viceconsejero fue puesto por alguna persona en alerta acerca de las graves irregularidades que se estaban advirtiendo" en la Dirección General de Trabajo, por lo que se opone a que, "sin más, y sin la necesaria instrucción, se pueda admitir su falta de conocimiento con el mantenimiento en el tiempo de prácticas anómalas".

"Continuidad de facto"

"Su declaración devenía necesaria también respecto a estas empresas, por lo que supuso la continuidad de facto en la concesión de ayudasde facto en la forma que lo fue, y la calidad en que debía practicarse esta diligencia era la de imputado en mejor protección de sus propios intereses", dice la Audiencia.

En el auto recurrido, la juez Alaya amplió la imputación a once exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exdelegado del ramo en Sevilla Antonio Rivas; los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; y los exdirectores de IFA/IDEA Francisco Mencía, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.

La Junta de Andalucía a través de su portavoz Miguel Ángel Vázquez ha felicitado este martes a la jueza Mercedes Alaya por haber recibido el galardón Jurista del Año que concede la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

"Felicitamos a la jueza Alaya por haber recibido ese galardón. No tenemos nada más que decir al respecto". Esa ha sido la respuesta del portavoz del Gobierno andaluz al ser preguntado sobre si la Junta comparte la decisión de entregar el premio a la jueza Alaya en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Aunque Miguel Ángel Vázquez ha aprovechado para puntualizar que no tiene por qué corresponderle al Gobierno andaluz "evaluar" esta decisión. "No nos corresponde a nosotros como gobierno evaluar lo que hace una asociación privada. En cualquier caso, felicitamos a la jueza Alaya por haber recibido ese galardón", ha concluido.

El pasado 13 de octubre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dejó fuera del caso ERE a la jueza Alaya después de proponer por unanimidad al Consejo General del Poder Judicial que la medida de apoyo judicial quedase limitada a la labor que venía desarrollando el magistrado Álvaro Martín.

La magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla, Mercedes Alaya, recogió este jueves el Premio Jurista del Año 2015. En su discurso, Alaya aseguró que durante la instrucción de algunos de los casos de corrupción más conocidos en Andalucía, como los ERE, ha recibido "muchísimas presiones", y acusó a la Junta de "poner todas las trabas del mundo".

Sus críticas al Gobierno andaluz continuaron, en este caso por no haberle facilitado "los medios" necesarios para el mejor desempeño de la labor judicial. No obstante, añadió, el poder judicial "siempre ha salido a flote".

Tras recoger el galardón que le ha concedido la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, llegó a asegurar que a veces "las presiones te cortan la respiración, cuando vienen del lado equivocado, de tu casa", pero que "lo peor de la corrupción viene después" con "las secuelas".

En cualquier caso, Alaya comentó que "vivimos tiempos de cambio" pese a que "la política ha invadido la Justicia para evitar que la Justicia se ponga en asuntos de política". Al hilo de ello, dijo que a raíz de los últimos procedimientos, con los que "muy a su pesar" ha sido conocida en los medios de comunicación, "muchos ciudadanos" se han acercado a ella para decirle que estaba poniendo en "valor" la Justicia y que "empezaban a creer" en esta.

"Ha trascendido al pueblo y a muchos compañeros, ya sin miedo a las presiones o a los poderosos, que pueden ser instituciones o personas, que se han atrevido a iniciar procedimientos que antes eran inimaginables", añadió.

Además, la jueza cargó duramente contra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que "manda al abismo la independencia judicial".