El narcotráfico es un negocio ilegal que no vive de espaldas a la geopolítica. De hecho, su influencia es bastante patente, como se ha podido ver en los últimos meses con los movimientos que desde el Gobierno de Trump se han ido realizando en el Caribe para derrocar a Nicolás Maduro. No hay que olvidar que el ataque a varios puestos militares en territorio venezolano fue la excusa para detener por narcotráfico al que había sido presidente del país desde 2013. Fue una campaña que se intensificó con los ataques selectivos por parte del ejército de EEUU a narcolanchas que están supuestamente involucradas en operaciones de cierto nivel.

Esta semana ha vuelto a quedar claro que esos ataques eran más que un hecho puntual, pero ahora la prioridad para EEUU es resolver su conflicto con el régimen iraní. Si se produce la escalada bélica y se sostiene durante un tiempo, va a tener influencia directa en el narcotráfico mundial.

El traslado de los cientos de aviones de la US Air Force que se han desplazado desde enero, primero de EEUU a Europa, y luego desde aquí hacia Oriente Medio, va a tener consecuencias directas en la información de inteligencia que la DEA tiene de los movimientos del narcotráfico en España. Las bases de Rota y Morón de la Frontera son cruciales en la logística de estas operaciones para presionar a Irán, y por aquí se han podido ver decenas de aviones cisterna, de transporte, cazas de combate, de defensa aérea y de Inteligencia.

Se ha 'mapeado' toda la situación operacional del Estrecho de Gibraltar para que pueda discurrir por él sin problema el que ahora es el portaviones de vanguardia de la marina de EEUU, el George R. Ford. Y por ello, cualquiera de las decenas de narcolanchas que se hallan en espera de alijar en las costas españolas han sido detectadas.

Esto puede servir en el futuro para que la DEA conozca puntos de referencia de transbordos de la droga de narcosubmarinos o mercantes que hayan transportado cocaína, ya que el hachís no le interesa lo más mínimo a la Administración de Control de Drogas de EEUU.

Estas 'gomas' en espera son un quebradero de cabeza para navieras que están cada vez más preocupadas porque puedan provocar algún accidente con daños en sus buques. Precisamente esta misma semana se emitió una alerta de Salvamento Marítimo por una narcolancha que se encontraba a la deriva a 45 millas de Cádiz antes de embocar el Estrecho de Gibraltar.

Volviendo al tema estrictamente iraní, si EEUU ataca el país, todo Oriente Medio se desestabilizará de nuevo y las rutas de drogas hacia Europa o a través de Asia van a acabar afectadas. Los primeros clanes en cambiar rutas o personas de confianza serán los narcotraficantes vinculados de alguna manera con Hizbulá. Esta organización libanesa tiene fuertes vínculos tantos personales como económicos con el régimen teocrático de Irán y, si caen los Ayatolás, ellos tendrán que adaptarse a una nueva situación.

Esta circunstancia les puede perjudicar, porque ya desde años el brazo armado de Hizbulá (considerado terrorista por la UE) contaba en Sudamérica con hombres como Nasser Abbas Bahmad, que desde Ciudad del Este (Paraguay) supuestamente controló envíos de cocaína hacia Europa y Oriente Medio mezclados en carbón vegetal.

Según Agustín Ceruse, de Encriptada, Abbas era el hombre más buscado por la DEA en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, ya que se estableció allí para financiar a Hizbulá. Una situación que se descubrió en 2021; y por ahora sigue fugitivo. Se cree que es responsable de producir carbón vegetal que luego se utilizaba para esconder cocaína en contenedores marítimos como los que llegaron a Algeciras procedentes de Paraguay el 11 de noviembre de 2020 con más de 2.000 kilos de este droga. También hay otros envíos sospechosos hacia Siria o Israel.

Con el despliegue militar que está realizando Estados Unidos en Oriente Medio —con refuerzos aéreos y movimientos en bases de países aliados como Jordania o Emiratos Árabes Unidos— muchos analistas consideran que la presión sobre Irán es real y que el riesgo de un ataque militar es bastante alto.

Si la estrategia impulsada por Donald Trump terminara provocando la caída del líder supremo, Ali Jamenei, o una fuerte desestabilización del régimen, uno de los efectos inmediatos sería el deterioro de la seguridad interna iraní. Esto es especialmente relevante para el narcotráfico mundial porque Irán es un territorio clave, hasta hace un tiempo en la llamada ruta de los opiáceos procedentes de Afganistán, aunque ahora estos ya se producen en buena medida en el propio país tras el retorno de los talibanes y sus políticas de prohibición de cultivo de la adormidera. Gran parte de la heroína que abastece a Europa pasa por suelo iraní antes de dirigirse hacia Turquía, los Balcanes y posteriormente al mercado europeo.

Si el aparato de seguridad iraní se debilitara por una crisis política, una guerra o luchas internas, las redes criminales podrían aprovechar el vacío de poder para incrementar el tráfico, abrir nuevas rutas o reducir los riesgos logísticos del transporte.

Históricamente, cada vez que un Estado que controla un corredor estratégico pierde capacidad de vigilancia, el crimen organizado se adapta rápidamente y expande sus operaciones. En este contexto, también podrían fortalecerse organizaciones criminales vinculadas a la diáspora iraní en Europa, especialmente aquellas asentadas en países como Alemania, que en los últimos años han ganado presencia en redes de tráfico y blanqueo. Para estos grupos, un Irán más inestable significaría más facilidad para coordinar envíos, mover dinero y consolidar su papel dentro del mercado global de la droga.

A este escenario se suma el impacto que tendría una escalada regional en las principales rutas marítimas. Si Estados Unidos atacara Irán, Teherán podría responder presionando el tráfico comercial internacional mediante ataques indirectos o acciones de sus aliados, como los hutíes, contra buques mercantes que transitan por el Canal de Suez. Esto encajaría con la lógica estratégica iraní de golpear el comercio global sin enfrentarse directamente a la superioridad militar estadounidense.

Para el narcotráfico, una alteración de esta arteria entre Asia y Europa tendría consecuencias inmediatas: desvíos de rutas, saturación de otros puertos y menor capacidad de inspección. En contextos de crisis logística, las redes criminales suelen aprovechar el aumento del volumen y el desorden comercial para mover droga con mayor facilidad.

Una guerra contra Irán no solo sacudiría la política y la economía mundial, sino que también tendría un efecto inmediato sobre las rutas del narco. La inestabilidad interna y los cambios en las rutas comerciales podrían abrir nuevas ventanas para el crimen organizado mundial, alterando mercados y flujos de drogas que hoy se creían controlados. Europa y Asia podrían ver un aumento en la presencia de redes iraníes que buscan aprovechar el vacío de poder que dejarían los ayatolás. En definitiva, el conflicto reconfiguraría el ecosistema global del narcotráfico durante años.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido hoy un aviso especial de fenómenos adversos desde el miércoles debido a la llegada de la borrasca Leonardo, que dejará grandes acumulados de aguas y probables deslizamientos de tierra, informa EFE.

Según ha informado la Aemet este lunes, se prevé que las condiciones meteorológicas se recrudezcan a partir de ese día con la llegada de "la extensa borrasca Leonardo", que se mantendrá estacionaria al noroeste de Galicia hasta el fin de semana.

Se pronostican precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo "ya son elevadas".

Las acumulaciones serán muy importantes en zonas montañosas, dando lugar a un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea, así como probables deslizamientos de tierra.

Leonardo traerá rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras.

De acuerdo con la agencia, el miércoles será el día de mayor adversidad del episodio, con la llegada de una masa templada y húmeda junto con los primeros sistemas frontales asociados a Leonardo, que se caracterizarán por su gran extensión espacial y su disposición paralela al flujo de niveles bajos, que ganará intensidad, dando lugar a precipitaciones intensas y muy persistentes en el tercio sur peninsular.

Las precipitaciones serán "relevantes" en Grazalema (Cádiz), la Serranía de Ronda (Málaga) y el entorno del Estrecho, pudiendo superarse localmente los 200 a 250 litros en 24 horas.

En otros puntos de las cordilleras Béticas, las acumulaciones también serán importantes, alcanzándose los 100 litros a lo largo del día, con mayor probabilidad de la Sierra de Cazorla y de Sierra Nevada.

Las lluvias se extenderán con intensidades moderadas al resto de la Península y Baleares, manteniéndose la cota de nieve en torno a 800 metros en puntos de la mitad norte, con nevadas a primeras horas en los principales sistemas montañosos, y al norte y este de Castilla y León.

Por otro lado, se registrarán rachas muy fuertes de viento desde las últimas horas del martes en el extremo suroeste peninsular, extendiéndose a amplias zonas de Andalucía durante la jornada del miércoles, y hasta 100 kilómetros por hora (km/h) que se podrían alcanzar en el área del Estrecho.

El temporal marítimo será especialmente acusado en Alborán, con un poniente muy intenso que dará lugar a olas entre 4 y 5 metros.

Las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves, cuando la Península continuará bajos los efectos de un flujo húmedo del oeste a suroeste, trasladándose las acumulaciones más significativas a la vertiente atlántica gallega y al sur del Sistema Central occidental, donde se podrían superar los 80 litros en 12 horas.

Cantidades similares se alcanzarán en puntos de las cordilleras Béticas que ya habrían recibido mucha precipitación durante la jornada previa, con posibilidad de que a lo largo de ambos días se recojan localmente 400 litros.

Además, el frente frío asociado a Leonardo recorrerá el oeste y sur peninsular, dando lugar a su paso a chubascos fuertes, más probables en puntos de Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía. La masa de origen tropical irá siendo reemplazada progresivamente por otra más fría.

El viento soplará con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio, a excepción del cuadrante nordeste. En áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán se superarán los 90 a 100 km/h.

Arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se extenderá hacia Baleares.

A partir del viernes 6 se espera que Leonardo comience a debilitarse al noroeste de Galicia, continuando su influencia sobre el territorio, aunque con menor fuerza que los días anteriores.

Es probable que continúen las rachas localmente muy fuertes y el temporal marítimo, así como la persistencia de las precipitaciones en el tercio sur peninsular, en la vertiente atlántica gallega y al sur del Sistema Central occidental durante el viernes y el sábado.

La Aemet recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días.

Leonardo es la sexta borrasca que afecta a la península Ibérica después de Goretti, Harri, Ingrid, Joseph y Kristin.

La Guardia Civil ha detenido a seis personas que formaban un grupo criminal dedicado a introducir hachís desde Marruecos hasta el sur de España haciendo uso de helicópteros. Realizaban envíos aéreos de entre 500 y 900 kilos de droga hasta las provincias de Málaga, Almería y Murcia, donde eran escondidos en naves y fincas. La operación sucede a la efectuada hace escasas fechas en la que el Instituto Armado intervino una flota de narcodrones con idéntico objetivo.

En esta operación, de nombre Giro, han sido intervenidos 657 kilos de hachís y cinco armas de fuego, además de uno de los helicópteros usados para el narcotráfico entre ambos países, dinero en efectivo y varios vehículos incautados en los registros realizados en las provincias de Málaga, Almería y Murcia.

Los desplazamientos a altas horas de la madrugada de varias personas investigadas entre Málaga y Almería levantaron sospechas en los investigadores de la Guardia Civil de un posible tráfico de drogas a gran escala. Los agentes descubrieron que estos movimientos estaban originados por la estrecha colaboración que mantenían con otras personas que realizaban constantes envíos de droga desde Marruecos.

Utilizaban helicópteros de distintas categorías con capacidad de transportar entre 500 y 900 kilos de droga que, tras pasar un tiempo en naves industriales y fincas de la zona, era trasladada por carretera hasta países europeos.

Las aeronaves procedentes de Marruecos tomaban tierra en zonas despobladas de la provincia de Almería donde esperaban varias personas para descargar el hachís y llevarlo en furgonetas hasta las distintas guarderías. Los helicópteros eran escondidos en naves y fincas de Almería y Murcia a la espera de siguientes envíos.

Con toda la información en poder de los guardias civiles, realizaron el registro de una finca ubicada en Níjar (Almería), en cuyo interior encontraron 25 fardos de hachís con un peso de 657 kilos. A continuación, se realizaron otros cinco registros en distintos puntos de Málaga, Almería y Murcia durante los cuales se intervino uno de los helicópteros usados, cinco armas largas de fuego, 2.900 euros en efectivo y varios vehículos, entre otros efectos.

En total, han sido detenidas seis personas por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal que ya han sido puestas a disposición judicial.

Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga con el apoyo del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN), de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil. También ha participado la Gendarmería Real de Marruecos, la Policía Federal de Bélgica y la Policía Sueca.

Una amplia investigación policial desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Gendarmería Real de Marruecos ha desembocado en la caída de la primera gran flota de aviones no tripulados diseñados exclusivamente para el transporte de drogas entre España y África, con capacidad para sobrevolar más de 200 kilómetros con una carga de varios kilos de estupefaciente en su interior. En el pasado se realizaron acciones operativas relacionadas con el uso de drones para transportes, entre las que destacó una en 2024 en la que se incautaron tres aparatos de fabricación ucraniana en el Campo de Gibraltar. En el mar, la Policía también desmanteló una red que disponía de drones submarinos, pero esta es la primera acción de gran calado contra el tráfico aéreo de drogas mediante aeronaves autónomas, no solo en España, sino a nivel global.

Las pesquisas comenzaron en ambos lados del Estrecho, cuando autoridades de los dos países implicados se percataron, mediante sus sistemas de vigilancia, de la llegada de artefactos aéreos no tripulados que volaban ajenos a la normativa vigente, sin permisos ni advertencias de su tránsito. Ahí comenzaron las sospechas. La mayor parte de los aterrizajes eran en horario nocturno.

Las aeronaves, además, estaban fabricadas de forma artesanal, partiendo de modelos lícitos pero dotándoles de un ala fija, a imagen y semejanza de un avión de hélices, pero en tamaño pequeño. En el centro disponían de un espacio diáfano para la carga de la sustancia estupefaciente.

Así se pudo llegar a la fase de explotación de la operación, desarrollada este lunes, 10 de noviembre de 2025, en la que se ejecutaron cinco registros domiciliarios en Alcalá de los Gazules, Vejer de la Frontera, Algeciras y San Roque, en el corazón del Campo de Gibraltar. Uno de los dispositivos resultó fundamental, pues permitió interceptar un vehículo que transportaba 57,2 kilos de hachís que habían sido previamente trasladados con los drones, y que tenía como destino su distribución por la Península y, en segunda instancia, por otros puntos de Europa.

El grupo criminal encontró una fórmula efectiva y difícil de seguir. Los vuelos partían de la localidad de Alcalá de los Gazules (Cádiz), donde habían instalado un sofisticado taller para la fabricación y mantenimiento de los aparatos, y aprovechaban las noches y condiciones meteorológicas favorables para operar sin ser detectados.

Durante una sola noche, la organización era capaz de introducir hasta 200 kilos de hachís, utilizando drones modificados con autonomía, precisión y capacidad de carga superiores a los modelos convencionales. Los aparatos volvían tras soltar la carga, que aterrizaba en zonas próximas a Vejer de la Frontera y Tarifa, empleando sistemas de geolocalización, radiofrecuencia, visores nocturnos y fluorescentes en los paquetes. En total fueron intervenidos 18 aparatos, ocho de ellos perfectamente preparados para volar y diez más desmontados.

El grupo estaba compuesto por individuos que contaban con conocimientos en sistemas de vuelo remoto, ensamblaje de componentes y modificación de aeronaves. Las estructuras bases las compraban a proveedores asiáticos, pero la mayor parte de los trabajos de mejora, refuerzo y adaptación los realizaban ellos en su propio centro de operaciones en Cádiz, modificando sistemas electrónicos.

Durante esa intervención, varios agentes resultaron heridos tras una persecución a los narcos y el posterior accidente, requiriendo uno de ellos intervención quirúrgica. El despliegue policial permitió localizar no solo los drones, sino también herramientas electrónicas, repuestos y aparatos, permitiendo desmantelar el entramado al completo.

Se incautaron 210 kilos de hachís y 320.000 euros en efectivo durante los citados allanamientos, lo que da una idea del potencial económico de la organización objeto de la investigación.

En total, nueve sospechosos han sido detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Algeciras y la investigación se mantuvo bajo coordinación de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar y su titular, Macarena Arroyo, una de las fiscales más especializadas en la lucha contra el tráfico de drogas en España.

Casi cuatro años de negociaciones y un tratado que supera las 200 páginas, sin contar los anexos, guardado con celo en la Comisión Europea hasta su aprobación definitiva en España y Reino Unido. El acuerdo sobre Gibraltar transciende las relaciones entre los dos países, beneficia a la UE y deja una impresión evidente: las autoridades del Peñón han cedido en casi todas sus reivindicaciones mientras la otra parte, el Gobierno español, mantenía durante las negociaciones una presión soterrada.

Bruselas celebra un pacto político que establecerá las relaciones económicas, fiscales, laborales y, sobre todo, fronterizas de todas las partes durante los próximos años y décadas. Un acuerdo sellado en la capital comunitaria por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, su homólogo británico, David Lammy, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, como anfitrión.

Su futura aprobación borrará del mapa el último muro fronterizo de la Europa occidental, la famosa verja entre Gibraltar y la Línea de la Concepción. La valla y la aduana española serán demolidas cuando el futuro tratado entre en vigor, pero todavía no hay fecha para ello y en la Comisión Europea son muy prudentes sobre cualquier horizonte. Además de los Parlamentos nacionales, también debe ser aprobada por unanimidad por el resto de Estados Miembros y la Eurocámara dar su consentimiento.

El pasado miércoles se cerraba el último capítulo del Brexit, un peliagudo dossier que pasó por varios ejecutivos británicos conservadores y en el que el gobierno Rajoy dejó como herencia la infranqueable línea roja de la soberanía del Peñón. Fue una cuestión que pudo pelearse, pero la tesis de condicionar el Brexit a una “soberanía compartida, un control conjunto de las relaciones exteriores, de la frontera con Gibraltar manteniendo sus instituciones de autogobierno y autonomía plena” más un área conjunta de “beneficios fiscales con el Campo de Gibraltar y Ceuta”, como defendió el entonces ministro de Exteriores, José Manuel Margallo, no fue compartida.

En el acuerdo entre España y Reino Unido hay un artículo sobre la soberanía, pero según una fuente conocedora del texto “no tiene nada que ver con las reclamaciones de ambas partes”. Su redacción fue una de las grandes dificultades y la solución escogida es que el futuro tratado no se podrá utilizar a nivel internacional en favor de las reclamaciones de cada Estado.

Otro de los grandes escollos fue la negativa de Gibraltar al control fronterizo español en su territorio. “Era importante”, explica esta alta fuente comunitaria, “no ver a guardias civiles con bandera española en su aeropuerto. Querían que fuese Frontex”. Pero el papel de la Agencia Europea de Fronteras es asistencial, sólo las autoridades nacionales realizan los controles aduaneros y los chequeos a personas y mercancías.

“En un momento dado, Gibraltar dijo que ya no era un un problema para ellos”, explica esta funcionaria, cediendo en una cuestión clave no sólo para España, sino para toda la UE. Porque ningún Estado Miembro permitiría que un tercer país controlase el acceso de cualquier persona al espacio Schengen, el de libre circulación de ciudadanos y mercancías. Una segunda fuente, diplomática, confirma que las autoridades del Peñón tuvieron que ceder durante la negociación “en líneas rojas como la de los pasaportes”.

La Policía española estará presente en el aeropuerto del Peñón, aunque Fabián Picardo lo negase antes de viajar a Bruselas. Los agentes españoles realizarán los controles de cualquier no europeo que quiera acceder a territorio comunitario, comprobarán sus pasaportes y visados, si cuentan con ordenes de busca y captura o los motivos de su viaje. Tendrán la última voz y las autoridades gibraltareñas no podrán objetar a la denegación en su propio aeropuerto del acceso a la UE.

Según ha podido saber infoLibre, el tratado entre España, la UE y Reino Unido “tendrá un capítulo específico sobre la gestión del aeropuerto”, con un nuevo sistema siguiendo las normas británicas de seguridad y prevención, pero el resto, como pueden ser las sanitarias, “serán normas de la UE”. “Una joint venture [equipo conjunto] entre las autoridades de España y Gibraltar se ocupará de inspeccionar el aeropuerto”.

El fin de la verja, la apertura de Gibraltar a la Línea de la Concepción, San Roque o Algeciras y la libertad de movimientos de sus ciudadanos por la UE no implicará, como se ha llegado a reconocer, que el territorio de soberanía británica se incorpore al Espacio Schengen. Por ejemplo, no podrán trabajar en otro país comunitario sin las autorizaciones pertinentes nacionales, como sí puede hacer un ciudadano español. “Es una ficción legal”, resume con sarcasmo la fuente europea.

Cesiones económicas y fiscales de Gibraltar

Horas antes de que Albares, Sefcovic, Lammy y Picardo se reuniesen en la sede de la Comisión Europea, Bruselas retiraba a Gibraltar de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión, un movimiento que anticipaba el acuerdo inmediato, pero que también ofrecía otra clave.

El Peñón renuncia a su independencia fiscal, aunque Picardo también desmintiese inicialmente esta cuestión, y pasará a alinearse con las normas tributarias europeas. El IVA gratis de Gibraltar desaparecerá y cuando el acuerdo entre en vigor aumentará como mínimo hasta el 15% el impuesto a los productos. La cifra es precisamente el tipo mínimo que exigen las normas europeas a los Estados Miembros, con las excepciones a los productos del impuesto reducido o superreducido.

“No se trata de un IVA”, intentan rebajar fuentes comunitaria, conscientes de la delicada cuestión, “será un impuesto a la transacción sólo para bienes, pero no para servicios”. Ahí está otra renuncia más de las autoridades gibraltareñas, porque a cambio de mantener su fiscalidad corporativa privilegiada las empresas de apuestas, las notarías o bufetes de abogados del Peñón no podrán instalarse ni en España ni en el resto de la UE.

Libertad de movimientos para personas y para mercancías, pero no para servicios. Y en los primeros casos, limitada. Los ciudadanos gibraltareños podrán trabajar en el Campo de Algeciras y La Línea, y viceversa los de esas localidades, pero no en el resto de Andalucía, ni siquiera en Málaga, ni mucho menos hacerlo al otro lado los Pirineos. Sólo si consiguen un visado de trabajo podrán emplearse en los 27.

Y por último, la incorporación de Gibraltar a la Unión Aduanera europea será con estrictas condiciones y siempre bajo vigilancia comunitaria. Las autoridades españolas registrarán las mercancías en tránsito hacia Gibraltar, tanto en el Peñón o en puertos como el de Valencia. Igual que las francesas, italianas o neerlandesas si esos productos pasan por Calais, Nápoles o Rotterdam, donde se les impondrá un tasa de tránsito, un impuesto a los bienes hacia la colonia británica.

La alta fuente comunitaria reconoce que “la parte de Schengen y de los bienes fue difícil por cuestiones económicas, no de principios, pero tras cuatro años de negociaciones todos queríamos concluir” este acuerdo.

Porque las numerosas cesiones gibraltareñas no se explican sin la actual relación entre la UE y el Reino Unido. Concluido el trágico culebrón del Brexit, con un nuevo tratado bilateral entre los 27 y Londres que regula todas las relaciones económicas, comerciales o industriales, con una estrecha complicidad política gracias a la nueva administración laborista de Keir Starmer o los desafíos de Trump y la guerra en Ucrania, era imperativo cerrar también el capítulo gibraltareño.

Y aquí es donde entran en juego las presiones españolas. Sin amenazas públicas ni aspavientos diplomáticos, pero las fuentes comunitarias aseguran que el Gobierno estaría frenando en Bruselas nuevos programas de colaboración con las islas. Las fuentes diplomáticas consultadas niegan este escenario y aseguran una actitud constructiva en los debates del Consejo entre los 27 hacia Londres. “Nuestro espíritu ha sido constructivo, pero puede ser también una señal para que el acuerdo saliera”, conceden, y ponen como ejemplo que en mayo no se frenaron los acuerdos de pesca con Reino Unido ni tampoco su futuro acceso al SAFE, el programa europeo de inversión en Defensa.

Guante de seda, espíritu constructivo o amagos velados de bloqueo. La realidad es que antes del acuerdo, las presiones y viajes del ministro británico de Exteriores no han sido a España sino a Gibraltar. Sólo Picardo conoce el ultimátum planteado por Lammy, pero lo cierto es que antes de viajar a Bruselas negaba lo que luego acordó con Albares y el comisario Sefcovic.

La Comisión Europea, el Reino Unido y España llegaron este miércoles a un acuerdo sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit, el último punto que faltaba por consensuarse más de cinco años después de la salida británica del bloque comunitario, recoge EFE.

"El acuerdo en relación a Gibraltar ya es una realidad. Un acuerdo histórico", anunció el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en sus redes sociales, en un mensaje que compartieron también en términos similares el comisario europeo encargado de las relaciones con el Reino Unido, Maros Sefcovic; el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy; y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

El acuerdo prevé que se eliminen todas las barreras físicas, controles y chequeos sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar a la vez que se preservan el espacio Schengen, el mercado único y la unión aduanera. El pacto, además, "salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción", aseguraron las partes involucradas en un comunicado conjunto.

"Esto traerá confianza, seguridad jurídica y bienestar a los habitantes de toda la región, promoviendo una prosperidad compartida y unas relaciones estrechas y constructivas entre las autoridades gibraltareñas y españolas", señalaron.

Para las personas, el acuerdo prevé que haya controles fronterizos duales (Gibraltar y Schengen) en el puerto y el aeropuerto del Peñón, que se realizarán "en plena cooperación" entre las autoridades europeas y del Reino Unido y Gibraltar y eliminando "todos los controles en el paso fronterizo entre Gibraltar y La Línea".

España realizará los controles Schengen y los controles gibraltareños completos "seguirán llevándose a cabo como hasta ahora".

En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se estrechará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras. Además, se ha llegado a un acuerdo sobre los principios de imposición indirecta que se aplicarán en Gibraltar, incluyendo el tabaco, para "evitar distorsiones y contribuir a la prosperidad de toda la región".

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró que el acuerdo sobre el estatus de Gibraltar que alcanzaron este miércoles Bruselas, España y Reino Unido implica "la desaparición de la verja" del Peñón.

El ministro ha señalado que se ha logrado "una zona de prosperidad compartida (...), pensando en las 15.000 personas que se mueven diariamente entre Gibraltar y el campo de Gibraltar y en los 300.000 andaluces de la zona".

El jefe de la diplomacia española ha manifestado también que "habrá un proceso de convergencia fiscal que garantice una competencia justa para todos" y que "el aeropuerto beneficiará a toda la comarca, posibilitando vuelos comerciales tanto británicos como españoles y europeos".

"En materia de seguridad, el nuevo marco de cooperación se plasma en el intercambio de información entre autoridades españolas y británicas", apostillaba Albares, quien remarcaba que el acuerdo contempla un "mecanismo financiero específico para impulsar el desarrollo económico y social y promover el empleo y fomentar la cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar.

"Con este acuerdo desaparecerá la verja, el último muro de la Europa continental", dijo Albares en una rueda de prensa tras el acuerdo.

Por su parte, el ministerio británico de Exteriores aseguró que el acuerdo alcanzado con la Unión Europea y España sobre el futuro estatus de Gibraltar "protegerá la soberanía británica, la autonomía militar del Reino Unido y el futuro económico" del Peñón.

"El logro de hoy da una solución práctica tras años de incertidumbre. Junto al Gobierno de Gibraltar, hemos alcanzado un acuerdo que protege la soberanía británica, apoya la economía de Gibraltar y permite a las empresas planificar de nuevo a largo plazo", dijo en un comunicado el ministro de Exteriores, David Lammy.

En la misma línea, el comisario europeo encargado de las relaciones con el Reino Unido, Maros Sefcovic, se mostró “absolutamente convencido de que este acuerdo será ratificado, porque es un buen acuerdo”.

“Hemos estado trabajando en él durante bastante tiempo. Hemos estudiado cada aspecto, cada pequeño detalle, y hemos trabajado muy estrechamente con todos nuestros socios. Así que creo que hemos encontrado la mejor respuesta posible”, aseveró.

El comisario eslovaco señaló que, gracias al pacto, los habitantes del Campo de Gibraltar “se beneficiarán claramente de la retirada de la última valla en Europa”. Recalcó que la seguridad jurídica “mejorará claramente el entorno empresarial de toda la región” y aseguró que servirá para atraer más inversiones.

Tres años después de las dos grandes operaciones contra la construcción de embarcaciones de alta velocidad para el transporte de estupefacientes, las conocidas como narcolanchas, la Fiscalía de Pontevedra está en condiciones de describir todo el engranaje criminal que dotaba de la infraestructura naval necesaria, antes para el tráfico de hachís y ahora para la mucho más lucrativa cocaína. El esquema delitictivo nacía en el corazón de la comarca de O Salnés (Pontevedra), cruzaba el Miño hasta distintos puntos de Portugal y se ramificaba en los cuatro puntos cardinales de España, desde Salamanca hasta Tarragona, pasando por Toledo, Huelva, Sevilla y Santa Pola (Alicante).

Las dos redes con matriz en Galicia desmanteladas se exponen a penas de prisión que, en conjunto, superan los 110 años. Eso es lo que exige de forma provisional la acusación pública para las 23 personas que serán sometidas a juicio en los próximos meses.

En el caso de la primera de las redes, que cayó fruto del trabajo conjunto de las autoridades españolas –Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera– y las fuerzas de seguridad portuguesas, los investigadores sitúan en la cúpula a personas de la comarca de O Salnés y, en concreto, a Pablo V. El nombre más sonado de entre quienes se sientan en el banquillo no es, sin embargo, el suyo, sino el de Ramón Bugallo, primo del histórico José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Los gallegos son los mayores expertos a la hora de manejar la materia prima con la que se construyen esta clase de embarcaciones, la fibra de vidrio, y se aprovechan de esa circunstancia y de sus contactos en el submundo criminal para mantener una línea de negocio alternativa al narcotráfico puro y duro

La organización disponía de tres localizaciones clave en Galicia: en Castrelo y en A Pedreira, en el municipio pontevedrés de Cambados, y en Sisán, en el de Ribadumia, según explica el fiscal. La más relevante era la primera, pues allí se construían los cascos de las embarcaciones semirrígidas, de unos 12 metros de eslora y con espacio para tres motores –en ocasiones, para cuatro–. Con el trabajo aún por terminar, las narcolanchas eran transportadas a una instalación clandestina en Salamanca que resultó ser un escenario clave: allí se incorporaban los motores, el cableado eléctrico y los sistemas de navegación.

Esta fase final de ensamblaje y pertrecho también se ejecutaba en Viana do Castelo (Portugal). Los gallegos saben bien que con sólo cruzar el río que separa la provincia de Pontevedra de Valença y Monçao, localidades fronterizas, todo cambia: lo que en España está prohibido allí se permite. La mera tenencia de estas embarcaciones es un delito de contrabando al norte de la raia, pero no está penada al aur. Sin embargo, sí se puede atacar, previo pacto con las autoridades portuguesas, el esquema ideado por especialistas en saltar la frontera para delinquir. Y eso es lo que se hizo. 

Desde Salamanca y, en ocasiones, desde Viana do Castelo, las narcolanchas partían en camiones de gran tonelaje hacia distintos puntos del país e incluso del extranjero: llegó a comprobarse el traslado de una de las embarcaciones hasta los Países Bajos.

La segunda red especializada en el negocio que cayó en esa misma época, en 2022, y que será juzgada en breve plazo en Pontevedra tenía una operativa similar. En este caso dos personas afincadas en Barcelona se desplazaban a Galicia para organizar un tejemaneje que comenzaba en una nave del polígono industrial de Cotogrande, a las afueras de Vigo, y que se ramificaba en al menos cinco emplazamientos de Portugal, todos ellos con acceso cercano a un río navegable, el Miño o el Lima, que permitiese pruebas de agua e incluso botaduras. La dinámica criminal, sin embargo, devolvía la lanchas, una vez preparadas, a España.

En Toledo se ubicaba el principal escenario de almacenaje de las embarcaciones que construía la organización, pero fueron halladas planeadoras también en Tarragona –punto de partida de alijos que acaban en España por el Delta del Ebro–, Santa Pola (Alicante), Sevilla y Huelva. Lanchas rápidas de este entramado criminal fueron utilizadas para varios transportes acreditados de droga en distintos puntos, algunos frustrados por las autoridades –en Almería y Huelva– y otros que consiguieron eludir los controles. 

Las penas que solicita la Fiscalía por estos hechos alcanzan los siete años de cárcel en el caso de los presuntos responsables de ambas organizaciones, tres personas en el caso de la red con matriz en Cambados y dos más en la de Vigo. A ello se añaden multas multimillonarias, que parecen más una formalidad que otra cosa. nadie las paga. El resto de los individuos que realizaban diferentes funciones en los entramados, como la mano de obra para trabajar la fibra de vidrio o la conducción de los vehículos para el transporte, así como quienes aportaban las empresas y naves necesarias para el desarrollo del delito, se exponen a posibles condenas que oscilan entre los dos y los cinco años. Salvo un imputado, que añade una acusación por tenencia ilícita de armas y podría ser condenado a siete años de cárcel.

En total, las dos operaciones, bautizadas Munari y Endurance, se saldan con peticiones de penas de prisión para una mayoría de gallegos, pero también para acusados originarios de otros puntos de España y Marruecos. 

En 2025, Galicia sigue siendo centro de producción de esta clase de embarcaciones que se emplean para el transporte masivo de drogas y, en ocasiones, también de personas migrantes, en especial en el sur de España. Sus responsables disponen de la materia prima gracias a la actividad lícita que se lleva a cabo en muchos puntos de la provincia de Pontevedra. Además, tienen acceso a enclaves secretos en los que trabajar la fibra de vidrio para su posterior traslado a Portugal.

Con la misma operativa descrita, los narcos reciben estas lanchas, cada vez más avanzadas y caras, en el sur, en un negocio que puede aportar hasta 200.000 euros por unidad a quienes las construyen, en función de las características de la embarcación. Los motores cuestan entre 30.000 y 50.000 euros cada uno, según sean Honda, Yamaha, Suzuki o Evinrude, los más utilizados por los narcos. Los anclajes, equipos de navegación y acabados añaden unos 15.000 euros más. La mano de obra del constructor gallego y los materiales suponen la parte más variable del presupuesto. En total, restando gastos, las mafias criminales dedicadas al negocio de las narcolanchas se embolsan entre 70.000 y 100.000 euros limpios por cada narcolancha que entregan a sus clientes.

Los jugadores de la selección española Álvaro Morata (AC Milan) y Rodri Hernández (Manchester City) fueron sancionados este miércoles con una partido de suspensión por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, que entiende que el cántico de 'Gibraltar es español' en la celebración de la Eurocopa supone "violar las normas básicas de conducta decente", según un comunicado que ha recogido Europa Press.

Tras la apertura de expediente disciplinario a Rodri Hernández y Álvaro Morata por su conducta durante la celebración pública del triunfo en la Eurocopa 2024 en Madrid el pasado 15 de julio, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ahora sanciona con un partido de suspensión a ambos jugadores, que entonaron el cántico 'Gibraltar es español'.

El organismo entiende que los futbolistas incumplieron "los principios generales de conducta" al "violar las normas básicas de conducta decente, utilizar los acontecimientos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo y desprestigiar el fútbol, y a la UEFA en particular".

La UEFA inició el pasado 23 de julio un procedimiento disciplinario contra los internacionales españoles, a los que acusó de incumplir hasta cuatro reglas de su Reglamento Disciplinario, por esos cánticos. Y el Gobierno gibraltareño calificó en un comunicado el 'Gibraltar es español' como "comentarios rancios sobre Gibraltar" y "una mezcla innecesaria de un gran éxito deportivo con declaraciones políticas discriminatorias".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido este viernes que aún "queda trabajo por hacer" en lo relativo a los controles Schengen así como en materia de armonización de impuestos en el marco del acuerdo que regirá en el futuro la relación entre Gibraltar y la UE, según ha recogido Europa Press.

Así lo ha trasladado tras la reunión mantenida la víspera en Bruselas con el comisario europeo encargado de la relación con Reino Unido, Maros Sefcovic, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, durante la que las partes realizaron "avances importantes" y situaron el acuerdo "más cerca".

En una entrevista en TVE, Albares ha resaltado que el encuentro permitió abordar cuestiones "muy importantes" para España en materia medioambiental y "también pudimos avanzar y acercar posiciones en todo lo que supone el desarrollo social del Campo de Gibraltar".

El ministro no ha querido entrar en detalles sobre la negociación y ha asegurado que no hay ningún "obstáculo insalvable" y en el que las partes estén "chocando frontalmente", aunque ha admitido que "todavía queda trabajo por hacer en todo lo que respecta a las garantías que nosotros queremos para la aplicación de los controles Schengen, de la zona aduanera, y también en todo lo que toca a la armonización de impuestos indirectos".

Según ha precisado, en la reunión del jueves, la segunda en este formato tras la celebrada el 12 de abril, se dedicó "bastante tiempo para garantizar que tanto el funcionamiento del espacio Schengen como el de la unión aduanera, los controles que se aplican, se hagan con las garantías necesarias".

Bruselas y Londres llevan más de dos años negociando el acuerdo que regulará la relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit. Dicha negociación tiene su base en el llamado Acuerdo de Nochevieja, cerrado por España y Reino Unido en 2020, y que prevé, entre otras cosas, la supresión de la Verja y la entrada de facto del Peñón en el espacio Schengen.

Como resultado de ello, y según se ha informado hasta ahora, está previsto que los controles fronterizos en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar los realice la Agencia de Fronteras Europea (Frontex), dado que Reino Unido no acepta el despliegue de miembros de las fuerzas de seguridad españolas en la colonia porque lo considera una afrenta a su soberanía.

Los distintos impuestos que se aplican a un lado y otro de la Verja, y que hacen de Gibraltar una suerte de paraíso fiscal, también han sido uno de los principales puntos de fricción. Durante la reunión mantenida el lunes por Albares con representantes de la Junta de Andalucía y el Campo de Gibraltar, estos le recordaron la necesidad de que haya una armonización y el Gobierno andaluz incluso propuso un estatuto fiscal propio para esta región.

"Nosotros, como Gobierno de España, no queremos un acuerdo, queremos el acuerdo, el buen acuerdo para la prosperidad compartida, para la confianza compartida, para garantizar esa seguridad jurídica", ha asegurado este viernes el ministro, que ha reconocido la "complejidad" del acuerdo que se está negociando puesto que "son muchos aspectos los que hay que tocar y porque tenemos que crear una nueva relación partiendo de cero".

Así las cosas, ha adelantado que esta mañana tiene previsto hablar con el presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, y también va a mantener una videoconferencia con los alcaldes del Campo de Gibraltar para brindarles "tantas explicaciones como sean posibles" aunque sin entrar en muchos detalles, ya que así se acordó en Bruselas para "proteger la negociación".

El Juzgado Mixto número 2 de San Roque (Cádiz) puso en libertad hace dos semanas a Fikri Amellah, considerado el mayor capo del hachís y la cocaína del sur de Europa. Y el pasado viernes también lo hizo la Audiencia Nacional, donde compareció ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón. Sobre él pesaba una orden internacional de búsqueda y captura hasta que fue detenido en Barcelona en diciembre de 2021, en la Operación MVRand.

A diferencia del caso de Karim Bouyakhrichan, el holandés que lideraba uno de los clanes más importantes de la Mocro Maffia –la organización criminal que atemoriza a Bélgica y Países Bajos–, Amellah no ha salido de la cárcel por un error o descoordinación judicial. Su puesta en libertad ha sido incluso más fácil: no ha tenido mayor problema para pagar los 400.000 euros de fianza que le impuso el juzgado gaditano. Más elevada que los 50.000 euros solicitados a Bouyakhrichan por la Audiencia Provincial de Málaga, pero aun así calderilla para Amellah, al que la UCO de la Guardia Civil le había incautado un millón de euros en efectivo cuando fue detenido en su piso del Poble Sec.

La Audiencia Nacional, además, no le ha exigido fianza alguna. Acusado de un delito contra la salub pública, García Castellón ya lo puso en libertad provisional sin fianza el 27 de diciembre de 2023. Una medida que repitió el pasado día 10, tras comparecer ante él Amellah para resolver un recurso de la Fiscalía, que pedía su vuelta a prisión. Amellah ya había pagado la fianza impuesta por el juzgado de San Roque y estaba libre. Según explican fuentes judiciales, García Castellón apoya su decisión en el tiempo transcurrido en prisión –dos años y medio–, así como en “el arraigo que tiene en España, con domicilio fijo en Barcelona, donde vive con su mujer y sus tres niños dependientes de él”.

Al narco, de origen marroquí pero nacionalidad española y 46 años de edad, lo buscaban las policías de Francia, Bélgica, EEUU y Marruecos. Europol lo había clasificado como “objetivo de alto nivel”. Pero eso no fue óbice para que la fiscalía gaditana, la única parte acusadora en el procedimiento, informara a favor de su puesta en libertad provisional bajo fianza de 400.000 euros, después de que la defensa del capo pidiera su salida de prisión debido al tiempo que llevaba entre rejas. La jueza decidió en el mismo sentido. A Amellah se le acusa de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Como medidas aseguratorias, se le ha retirado el pasaporte y tendrá que comparecer cada semana en el juzgado de San Roque. En la Audiencia Nacional, por el contrario, sólo cuando sea llamado, no se ha fijado una periodicidad.

La primera vez que García Castellón lo dejó en libertad, sin fianza y a la espera de juicio, fue por organizar un alijo de 3,2 toneladas de cocaína en un velero que viajó de Venezuela a España y que fue localizado en la costa de Huelva en enero de 2021. Precisamente, la bautizada como Operación Medellín, en julio de 2022, cuando Amellah ya llevaba casi ocho meses en la cárcel, sirvió para acreditar el nexo entre los narcotransportistas gallegos y la Mocro Maffia, pero también con Jonas Falk, el Pablo Escobar sueco, considerado el mayor traficante del norte de Europa para las autoridades. Entonces, uno de los motivos que llevaron a García Castellón a acceder a la solicitud de la defensa de Amellah fue que Francia aún no le había enviado las conversaciones de móvil desencriptadas que habían servido para descubrir su participación en el alijo.

La Justicia española, que tenía la opción de mantener a Amellah en la cárcel hasta diciembre de 2025, agotando los plazos legales, tendrá ahora que responder al previsible descontento de las autoridades holandesas, la segunda vez en unas semanas tras el error cometido con Bouyakhrichan.

Fikri Amellah se convirtió en uno de los capos más buscados de Europa tras organizar con notable éxito la logística del tráfico de hachís desde África hasta aguas próximas a España. Allí les suministraba la droga a otras organizaciones, como la de Los Castaña y la encabezada por Abdellah El Haj Sadek, el Messi del Hachís, los clanes más importantes del Campo de Gibraltar. Después aprovechó una operativa tan bien engrasada para dar el salto a la cocaína.

Suyas fueron las 4,3 toneladas de hachís confiscadas en San Pedro del Pinatar (Murcia) en octubre de 2021 y, ocho meses antes, el alijo de 1,8 toneladas de cocaína transportadas por el barco Nehir, que fue hundido por sus propios tripulantes en el puerto de Gijón para evitar la incautación de la carga.

El capo llevaba ya dos años en el radar de las fuerzas de seguridad, por lo que había dejado la grandiosidad de Sotogrande (Cádiz), donde residía, por un piso anónimo de Barcelona. Allí se escondía discretamente, alejado de la vida de lujo indiscreto que había llevado hasta entonces. Había comprado una heladería, dos bares y un kebab, según contó El País. Y allí lo sorprendieron los agentes de la UCO de la Guardia Civil, mientras organizaba varias operaciones con media decena de móviles a su alrededor.

En la misma operación fue detenido, en Vigo, Roberto Martín González, hermano del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, del PP, en su día el diputado que más patrimonio declaró hace tres legislaturas. A Roberto Martín, que ya había sido condenado en 2014 a tres años y seis meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, se le acusó entonces de blanquear dinero procedente del narcotráfico. Según los investigadores, se había reunido “en varias ocasiones” con Fikri Amellah.

Dos gallegos, un gaditano y un serbio comparten narcolancha cerca de la costa de Matalascañas, en Huelva. Propulsada por cuatro motores fueraborda, transporta más de 600 kilos de cocaína perfectamente empaquetados, probablemente lanzados desde un mercante de ruta regular y recogidos por la planeadora, que pretende acercar la valiosa mercancía a tierra. A plena luz del día. Acaba de empezar el mes de abril y no hay un alma en la playa. Pero sus planes los trastocan un helicóptero y una patrullera de la Guardia Civil que les salen al paso. En el arenal aparece también un todoterreno, del que se apean varios agentes.

Acorralados, los gallegos y el gaditano resuelven arrojar los fardos por la borda, lo que debería permitirles ganar velocidad y escapar. Pero el serbio, que actúa como notario de los dueños de la droga para asegurar su entrega, se opone y saca un cuchillo con el que ataca al de Cádiz. El forcejeo termina con el serbio en el agua… y detenido por la Guardia Civil. Los agentes lo sacaron del mar al mismo tiempo que los paquetes de cocaína que había intentado salvar.

Los agentes no saben si los tres españoles hicieron frente al notario y lo tiraron por la borda o si fue el propio serbio quien se lanzó al agua tras perder la pelea, pero lo cierto es que tanto unos como el otro han terminado en prisión. Aunque los dos gallegos se mantuvieron en el mar durante unos días antes de regresar a Galicia, fueron finalmente detenidos y comparecieron en los juzgados de Caldas de Reis y Cambados (Pontevedra), desde donde fueron enviados a la cárcel de A Lama.

Todos ellos trabajaban para la organización que fue desmantelada el pasado martes en la Operación Grajuela. Según destaca el Ministerio del Interior, se trata de la mayor organización de lancheros del Estrecho de Gibraltar. Liderada por un narco histórico huido de la justicia y residente en una urbanización de lujo a las afueras de Lisboa, Sergio A. M., alias El Bola, tenía su base en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y es la misma que la Policía Nacional y la Guardia Civil sitúan detrás de un narcosubmarino que fue abandonado, también en aguas del Atlántico próximas a Huelva, en mayo de 2023, con seis toneladas de cocaína procedentes de Sudamérica.

Era el segundo sumergible con droga que, tras cruzar el Atlántico, aparecía en aguas españolas en sólo dos meses. En marzo, el Poseidón fue hallado en Vilaxoán, en la Ría de Arousa, pero sin las cinco toneladas que había transportado desde Brasil. Ambas narconaves, la arribada a Galicia y la de Huelva, además, compartían notario, un colombiano que fue identificado por las fuerzas de seguridad en las dos zonas de descarga. Desde principios de este mes se encuentra en busca y captura internacional.

Con el hallado en Huelva, son ya cinco los narcosubmarinos de cuya existencia tienen constancia la Policía Nacional y la Guardia Civil. El primero se encontró en 2006, tenía sólo 12 metros de eslora, apenas podía transportar una tonelada de droga y había sido construido, de forma casi artesanal, en Vigo. Debería haber servido para alijar hasta la costa la droga transportada en barco desde Sudamérica hasta aguas gallegas. El segundo fue el Che, el primer semisumergible transatlántico capturado en Europa, en noviembre de 2019. De 20 metros de eslora, llevaba tres toneladas de cocaína, que fueron decomisadas en la Ría de Aldán (Pontevedra). Dos años después, la policía halló el tercero, en el interior de una nave de Málaga, donde había sido construido. El Poseidón fue el cuarto; el quinto, el localizado dos meses más tarde en Huelva.

Esta red de relaciones desvela los cambios que ha acometido el narcocrimen en España en los últimos años y su gran capacidad para adaptarse. La cooperación internacional viene de antiguo, desde Colombia hasta los Balcanes, pero, además, se han producido otros movimientos locales que dan idea de la flexibilidad laboral y operativa del sector.

Los lancheros gallegos, curtidos en el pilotaje de planeadoras con hasta cinco motores y driblando bateas de noche en las rías, están ahora en nómina de los narcos andaluces. Un trabajo, en principio, más fácil y muy bien pagado. Uno de los pilotos detenidos por la descarga frustrada de Matalascañas es un lanchero de Barro (Pontevedra) conocido como O Rubio, y el otro es natural de Cambados.

Pero hace ya dos años fue capturado uno de O Grove, Francisco Javier Otero Magdalena. Su planeadora fue embestida desde detrás por una embarcación de la Guardia Civil, lo que causó la muerte de otro narco de La Línea de la Concepción que viajaba con él. Otero Magdalena fue rescatado, detenido e imputado por un delito de contrabando: no había droga en la lancha. “Los gallegos están modificando sus rutas y cada vez alternan más el tráfico de cocaína con el de hachís”, explica Santos Bernal, jefe antidroga de la Policía Nacional en Andalucía.

Además, los narcos han empezado a dedicarse a la construcción naval. Este mismo jueves, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, junto con la Policía Judiciaria de Braga (Portugal), desarticularon una organización que vendía motores fueraborda y construía narcolanchas para los narcos del Estrecho. También blanqueaban dinero procedente del tráfico de droga. La Operación Vodka, que ha implicado a un centenar de agentes, ha terminado con seis detenciones en Ourense y Pontevedra y la declaración de otras cinco personas en calidad de investigados.

El dinero de la droga se empleaba en construir las narcolanchas, que desde el norte de Portugal, donde se montaban los motores, se enviaban al Estrecho. Allí las embarcaciones eran utilizadas no sólo para el narcotráfico, sino también para el transporte ilegal de migrantes desde el norte de África. Los responsables de la organización vivían en Ourense, donde se llevaron a cabo tres detenciones, pero fue en Valença do Minho, en Portugal, donde la policía se incautó de ocho lanchas, 25 motores de gran cilindrada, radares y todo tipo de material náutico.

A diferencia de España, en Portugal no es delito la construcción de planeadoras. Hay que acreditar que se van a emplear para el tráfico de drogas. El Código Penal español, en cambio, considera un delito de contrabando, castigado con penas de prisión de uno a cinco años, el simple hecho de construir, importar, exportar o pilotar una de estas planeadoras superrápidas.

El negocio ha extendido su ámbito geográfico. Las operaciones en Huelva lo prueban. También la aparición de una docena de narcolanchas abarloadas frente a Manilva, en Málaga, hace sólo unos días. Algunas de ellas amagaron con embestir a las patrullas de la Guardia Civil que se les acercaron, en lo que casi se temió una repetición del ataque que mató a dos guardias civiles en Barbate el pasado febrero.

Si la última memoria de la Fiscalía advertía del aumento de las incautaciones de hachís en esta provincia limítrofe con Portugal, hasta el punto de que sólo se han llevado a cabo más en Cádiz, también han saltado las alarmas por las entradas de cocaína. En diciembre de 2023, la Guardia Civil intervino más de 300 kilos del polvo blanco en Punta Umbría tras detener a tres personas. A la inversa, si los gallegos solían ser los reyes de la fariña, ahora tampoco les importa transportar hachís en el sur. En 2022, la policía atribuyó a un clan de O Salnés una descarga fallida de esta resina en Punta Umbría.

De hecho, la banda de El Bola tenía su base a medio camino entre Cádiz y Huelva, en Sanlúcar de Barrameda, a sólo 30 kilómetros por la costa de Matalascañas. De allí son sus dos lugaternientes detenidos y allí contaba con una “nutrida red de colaboradores”. En Sanlúcar tenía su base de operaciones y un buen número de pequeñas embarcaciones, incluidos pesqueros, con los que suministraban a sus lanchas gasolina y víveres. Porque la casi decena de planeadoras que les fueron incautas estaban siempre en el agua, con sus respectivas tripulaciones.

En realidad, los narcos no han inventado nada. Es la misma operativa que siguen, por ejemplo, los pesqueros piratas, aquellos que faenan sin licencia o en zonas donde está prohibida la captura de determinadas especies: como las autoridades marítimas de todo el mundo están alertadas de su actividad clandestina y conocen su bandera y matrícula, jamás tocan puerto y son abastecidos por otras naves, repostan combustible o descargan la pesca en otros barcos, éstos sí, legales. Algunos, incluso pertenecen al mismo armador.

Que en el sur existe un problema serio con el narcotráfico no es algo nuevo. Muchos llevan décadas denunciándolo. Y pidiendo una mayor implicación del Estado para erradicar una mala hierba que germina sobre terrenos marcados por la pobreza y el paro. Pero estas señalas de auxilio, en muchos casos, sólo trascienden cuando todo se descontrola. Ocurrió en 2017, cuando más de un centenar de personas impidió a la fuerza que agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional interceptasen un alijo en la playa del Tonelero. O en en febrero de 2018, cuando un grupo de encapuchados liberó en el Hospital de La Línea de la Concepción a un narco que acababa de ser detenido. Y volvió a suceder el viernes, cuando una narcolancha mató de una embestida a dos guardias civiles en Barbate.

El Estrecho, con una arraigada cultura de contrabando, siempre ha sido una zona caliente. "Aún recuerdo la primera lancha que cogí, debo tener por ahí los recortes de prensa. Fue junto al cabo de Trafalgar y traía una tonelada de hachís", explica al otro lado del teléfono un agente de Vigilancia Aduanera que lleva más de tres décadas luchando, junto a las Fuerzas de Seguridad del Estado, contra el narcotráfico en la zona. Cuando él entró en el cuerpo allá por los ochenta, el chocolate era lo que inundaba toda la costa gaditana. Pero de un tiempo a esta parte, la ruta marrón, una autopista marítima que las narcolanchas son capaces de atravesar en tan solo unos minutos, se ha convertido también en vía de entrada de cocaína en la península.

"En los últimos años hemos detectado mucha en las planeadoras. Al final, con las mismas cargas se saca mucho más dinero", desliza el agente del Servicio de Vigilancia Aduanera. Sólo hay que echar un vistazo al último informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. A cierre de 2022, el precio medio del gramo de hachís se situaba en los 6,36 euros, diez veces menos que el de la cocaína –61,27 euros–. De ahí que cada vez sean más habituales las gomas cargadas de polvo blanco. En mayo del año pasado, la Guardia Civil interceptó en Barbate una narcolancha con 772 kilogramos de fariña. Seis meses más tarde, otros 400 kilos de esta misma sustancia fueron incautados en una embarcación similar en la zona del río Palmones, en la localidad gaditana de Los Barrios.

El último informe de la Fiscalía Antidroga da buena cuenta del peso que estas dos drogas tienen en la zona. Sólo en el Campo de Gibraltar, el Grupo Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional incautó en 2022 más de 13,5 toneladas de hachís y 4,3 de cocaína, mientras que la Guardia Civil de la comandancia de Algeciras reseñó 30,1 y 10,49 toneladas de ambas sustancias, respectivamente. Desde que se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad para esa comarca gaditana a mediados de 2018, hace ya más de un lustro, las fuerzas policiales, que llevan años quejándose de la falta de medios con la que tienen que hacer frente al narco, han conseguido incautar en la zona 1.452 toneladas de hachís y 106,7 de cocaína.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) ya advirtió en su último informe centrado en el mercado mundial del polvo blanco que la autopista marítima que antaño se utilizaba solo para el tráfico de costo se está empleando actualmente para introducir coca en el Viejo Continente. "Parece que estas rutas de tráfico están gestionadas por redes establecidas en el Campo de Gibraltar", continuaba el documento. Pero la droga no solo sigue este camino. Los puertos son otra gran puerta de entrada a territorio europeo. Como el de Valencia o Algeciras, donde la pasada semana el Servicio de Vigilancia Aduanera detectó en un contenedor ocho toneladas procedentes de Surinam.

Una vez que la fariña llega a España, buena parte de ella es distribuida por tierra hacia otros países del Viejo Continente. "Entre los compradores mayoristas de cocaína en Europa figuran algunos que actúan en nombre de grupos de habla albanesa, británica, holandesa e italiana", apuntaba la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. "La lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas cada vez requiere de mayor colaboración entre los estados. Se hace especialmente relevante en el caso de España que es el país de entrada y producción de la mayoría de las drogas (hachís, marihuana y cocaína) hacia sus destinos en países europeos", señalaba también la Fiscalía Antidroga en su último informe.

Aquel documento, además, ponía el foco en la Costa del Sol, donde "se asientan jefes de organizaciones criminales" que desde allí "mueven los hilos" de las adquisiciones de estas sustancias estupefacientes y su traslado hacia otros países europeos. Y en la "gran permeabilidad" existente con organizaciones del Campo de Gibraltar. En la costa malagueña, tal y como puso de relieve la investigación NarcoFiles: el nuevo orden criminal –en la que participó infoLibre junto a más de cuatro decenas de medios–, se reúnen segundos espadas de los principales cárteles de todas las nacionalidades. Desde los Kinahan a la Mocro Mafia, pasando por el cártel de los Balcanes, las distintas mafias rusas e italianas –con la 'Ndrangheta al frente– o los colombianos y mexicanos.

El papel clave de España en el mercado de la droga contrasta con la escasa potencia de los grupos criminales nacionales. Los narcotraficantes, según resalta el Ministerio Público, siguen formándose en "cooperativas delictuales o cooperativas de la droga". En el Campo de Gibraltar, estos grupos cuentan con una estructura que se distribuye en la parte que hace "el agua" –los pilotos y la tripulación de las embarcaciones–, la que hace la "tierra" –los que desembarcan el alijo, lo cargan en vehículos, lo trasladan, hacen las vigilancias o custodian las guarderías donde se oculta la droga– o la "logística" –quienes buscan escondites, vehículos o embarcaciones–. "No es raro que manden un mecánico a una narcolancha si se estropea", señala el agente de Vigilancia Aduanera.

Pero que no exista un gran cártel no quiere decir que estos pequeños grupos no sean violentos. "Los ajustes de cuentas y robos entre bandas han conllevado un aumento en la tenencia y uso de armas de fuego, cada vez con más potencial para causar daño a la vida o integridad física. De hecho, ya han sido varias las ocasiones en las que en lugares de guarda de droga o vehículos en los que se transportaba ésta, han aparecido armas de guerra", recogía la última memoria de la Fiscalía Antidroga en el capítulo dedicado a Cádiz. El pasado mes de diciembre, sin ir más lejos, los ocupantes de una furgoneta cargada de fardos de droga no dudaron en disparar con un fusil y un arma corta contra un vehículo policial que les perseguía en Sanlúcar de Barrameda.

Unos meses antes, en el verano de 2022, la detención de otro narco que había intentado atropellar a tres agentes acabó sacando a la luz otro arsenal en Chipiona. Bajo la vivienda prefabricada donde se llevó a cabo el arresto, los perros desvelaron un fusil Zastava, un subfusil Skorpion o un AK-47.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha trasladado a Reino Unido su "enérgica protesta" por la "injustificable" presencia de buques británicos en aguas españolas en torno a Gibraltar y los tres "graves incidentes" ocurridos en relación con estos durante el mes de agosto.

Su departamento remitió este lunes una nota verbal a la Embajada de Reino Unido en Madrid, según ha adelantado 'El País' y han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press, para trasladar la protesta del Gobierno español por estos sucesos que se han producido en aguas de soberanía española.

En concreto, Exteriores ha citado tres incidentes concretos. El primero de ellos, ocurrido el 1 de julio, está relacionado con el vertido de combustible realizado por un metanero mientras repostaba de otro buque mediante el llamado 'bunkering'.

El segundo se produjo el 14 de agosto, cuando una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) vio entorpecida su labor por tres embarcaciones británicas cuando perseguía a un buque auxiliar de Gibraltar que interceptó en aguas españolas.

El último de ellos, tuvo lugar el 21 de agosto, cuando un pesquero español fue hostigado también en aguas próximas a Gibraltar de soberanía española. Precisamente por este suceso el alcalde de Gibraltar y senador del PP, José Ignacio Landaluce, y la Junta de Andalucía habían pedido a Exteriores que interviniera ante este suceso.

Además de exponer los incidentes, Exteriores reafirma en la nota la posición española respecto a las aguas adyacentes al Peñón, reafirmando que solo se reconoce lo estipulado por el Tratado de Utrecht de 1713 por el que España cedió Gibraltar a Reino Unido, y deja claro que no tolerará una política de hechos consumados sobre esta cuestión.

La Guardia Civil ha identificado a los tripulantes de la embarcación que efectuaron los disparos a una orca en una zona cerca del Estrecho de Gibraltar. La investigación se inició, tras tener conocimiento a través de canales internos y "la viralización de un vídeo en redes sociales", en el que los ocupantes de un catamarán "realizaban varios disparos" contra el animal, informa Europa Press.

Los agentes pudieron determinar que estas personas se dirigían a un puerto de Almería. Por tal motivo, agentes del Seprona y del Servicio Marítimo Provincial establecieron un dispositivo de vigilancia y control de las aguas territoriales y puertos en esta provincia, según infoma la Guardia Civil en una nota de prensa.

Fruto del dispositivo, los agentes localizaron dicha embarcación en el puerto de Almerimar (El Ejido), por lo que se procedió a la identificación de los ocupantes. Asimismo, se procedió al registro del barco en buscade elementos pirotécnicos, explosivos o de cualquier otro tipo susceptibles de ser utilizados, si bien "no se halló ninguno más".

La tripulación, que está dando la vuelta al mundo, "reconoce los hechos y muestra total colaboración ", de modo que "facilitaron todo tipo de documentación y registro del barco".

Por parte del Seprona se inició una investigación criminal por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito del Código Penal, así como infracción administrativa al patrón de la embarcación y a la persona que hizo uso del dispositivo pirotécnico para ahuyentar a la especie protegida.

Con un punto de "incertidumbre" porque es imposible evitarla tras tanto "bombardeo" informativo, pero sobre todo con "alegría", porque ve más cerca la manera de "quitarse de en medio" la amenaza del virus, Antonio Sánchez Morodo cuenta los días para convertirse en uno de los primeros españoles en ponerse la vacuna contra el covid-19. Lo hará en calidad de empleado del sector sociosanitario en Gibraltar, donde trabaja con menores con necesidades especiales en una empresa subcontratada por el Gobierno del Peñón. "Empezamos a hacernos test de coronavirus cada 15 días, luego cada semana. Este mismo miércoles me vacuno de la gripe. Y ahora el Gobierno le ha comunicado a la empresa que en breve, si no esta semana la que viene, está previsto que nos vacunen contra el covid-19, porque somos prioritarios. Nos han dicho que ya están listos incluso los contenedores", explica Sánchez, de 54 años, con mujer, un hijo y un nieto.

"A mí mujer le da canguelo, la verdad. No se la ve muy convencida, pero yo no me lo pienso. Hay que vacunarse. Es la única solución", explica, crítico con el "bombardeo" de informaciones en torno a la vacuna, que a su juicio ha contribuido a generar una desconfianza infundada. Y añade: "Esto hay que hacerlo, es la única manera de salir de esta. La vacuna es la mejor herramienta que tenemos para luchar contra el virus. Yo estoy tranquilo. Hombre, está claro que nunca controlas todo. El ser humano comete fallos. Siempre va a haber algún riesgo, como con cualquier medicamento. Pero lo realmente arriesgado es no ponérsela. Y más riesgo corro yo cada vez que voy a trabajar".

Sánchez, residente en Torreguadiario, una pedanía de San Roque, en la comarca del Campo de Gibraltar, en Cádiz, es uno de los aproximadamente 10.000 trabajadores españoles que cada día cruzan la verja para trabajar en el Peñón. El Gobierno de Gibraltar, como territorio de ultramar dependiente de Reino Unido, se va a convertir en el primer trozo de la Península Ibérica en que se empiece a vacunar, tras la aprobación por parte de las autoridades británicas de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. La Autoridad Sanitaria de Gibraltar se ha servido de sus acuerdos con el Servicio Nacional de Salud Británico (NHS, en sus siglas en inglés) para comunicar a su población que comenzará a vacunar en breve. El Gobierno de Fabián Picardo prevé contar con 35.000 dosis, que inicialmente suministrará a los mayores de 80 años y al personal de los Servicios de Residencia para la Tercera Edad (Elderly Residential Services, ERS), la Agencia de Servicios Sociales (Care Agency) y las empresas subcontratadas que los atienden. Aún no hay una fecha cerrada para empezar a vacunar. El Gobierno Gibraltareño afirma que será "próximamente", sin más detalle.

En una de estas empresas, Ada, trabaja Sánchez, dedicado a la atención a menores con necesidades especiales, entre ellos con autismo. "El trabajo para mí es muy difícil con la pandemia. A veces los niños se asustan al ver la mascarilla. El trato con ellos se hace complicado", explica. Sánchez asegura que, en su empresa, la comunicación de la inminente vacunación ha tenido un recibimiento desigual. "Te diría que más de la mitad vamos para adelante. El resto... Bueno, pues como en todas partes, los hay de todos los colores. Hay algunos que no saben, que están ahí dudando... Y otros directamente dicen que no. Alguno es negacionista, incluso. ¡Se escuchan unas teorías!", señala, confiado en que poco a poco la vacuna se abra paso conforme se haga evidente su correcto funcionamiento. Sánchez explica que no es obligatoria, aunque añade: "Yo entiendo que, si quieres trabajar en esta empresa, te la tienes que poner. Es lo lógico". Le sorprende el pesimismo de algún interlocutor, que le ha preguntado ya, poniéndose en la peor hipótesis, dónde se tratará si tiene efectos secundarios, en España o en Gibraltar. Sobre los posibles problemas derivados de la vacuna, dice: "Si lees los prospectos de cualquier medicina, hasta de un diazepan, te asustas. Hay que confiar. Yo no sé al detalle, pero confío en que hay un trabajo serio, unas garantías, unos procedimientos".

El martes, coincidiendo con las primeras vacunaciones en Reino Unido, las noticias estuvieron en Gibraltar "todo el día" con el tema. ¿Qué percibe? "Hay ilusión, sobre todo. Empezar a ver gente vacunada hace que haya una cierta sensación de que el final puede estar ahí, más cerca. Pero también hay inquietud, claro", señala. El tono de Sánchez se ensombrece mucho más al hablar de las posibles consecuencias del Brexit para los trabajadores transfronterizos que al hablar del covid-19. Ahí sí que no oculta su preocupación ante el posible impacto que pueda tener en las condiciones de trabajo. Aunque la pandemia lo eclipsa todo, los problemas del viejo mundo pre-covid siguen ahí.

El portavoz de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg), Juan José Uceda, cifra en 300 el número de transfronterizos que podrían ponerse la vacuna. "Hay al menos 250 en asistencia a mayores, personas con discapacidad física o psíquica y más de 50, según nuestros cálculos, en el hospital", señala. ¿Hay resistencias entre el colectivo español? "La mayoría se suma, pero siempre hay excepciones. Hay personas que son antivacunas, que ya lo eran antes y lo siguen siendo. Pero al final es algo que suele quedarse en agua de borrajas. El mensaje que tiene que llegar es que todo ha sido muy escrupuloso, que las autoridades lo llevan todo a rajatabla", explica.

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la jornada de este sábado a más de 140 migrantes de aguas del Mediterráneo: 55 en la zona del Estrecho y 86 en el mar de Alborán. Este viernes, ya se produjo otro rescate de otro centener de personas en diferentes puntos enfrente de las costas de Almería. 

Estrecho de Gibraltar

Salvamento Marítimo ha rescatado a 55 personas, entre ellas algunos menores de edad y una mujer en avanzado estado de gestación, de una patera y de un kayak hinchable en los que navegaban por el Estrecho de Gibraltar.

Un portavoz de Salvamento Marítimo ha explicado a Europa Press, que sobre las 13.20 horas, recibió un aviso alertando del avistamiento de un kayak. Por ello, se ha movilizado a la embarcación Salvamar Arcturus y a una lancha de Cruz Roja. Posteriormente, Salvamento ha rescatado a tres personas que iban a bordo del kayak hinchable y, además, ha recibido un aviso de una patrullera de la Guardia Civil, que ha escoltado a la patera hasta su llegada. Finalmente, los operarios de Salvamento han rescatado a las 52 personas de origen subsahariano que iban a bordo de la patera, entre ellas 14 mujeres. 

Mar de Alborán

Los operarios de Salvamento Marítimo también han rescatado este sábado a 86 personas, entre ellas tres niños, de dos pateras, una de ellas semihundida en el mar de Alborán.

Un portavoz de Salvamento Marítimo ha explicado a Europa Press que, sobre las 8,00 horas, el centro en Almería recibió un aviso alertando de la salida de una patera desde la costa marroquí de Kariat y, por ello, se ha movilizado a la embarcación Salvamar Spica y a un avión del Frontex. Así, el avión ha localizado a la patera y, posteriormente, la Salvamar Spica ha rescatado a 46 personas de origen subsahariano de ella -42 varones, tres mujeres y un niño-.

Antes del rescate, el avión comenzó la búsqueda de una segunda patera, que localizó "en situación crítica" con una persona en el agua. La embarcación Salvamar Spica ha llegado a la zona y ha rescatado a varias personas del agua y al resto ocupantes en la barcaza, que se encontraba con abundante agua en el interior. Los rescatados son 27 varones, once mujeres y dos niños que junto a los otros 40 migrantes se dirigen a la costa española.

Otro centenar de migrantes el viernes

Este viernes, Salvamento Marítimo rescató a 124 personas, entre ellas 27 mujeres y cuatro niños, de dos pateras que se localizaron por un avión del Frontex en diferentes puntos del mar de Alborán, desde donde fueron conducidas al puerto pesquero de Almería. Según ha indicado a Europa Press un portavoz del Sasemar, el primero de los rescates tuvo lugar sobre las 17,30 horas a unas 21 millas al este de la isla de Alborán, después de que el avión alertara de la presencia de la patera.

Hasta el punto reseñado se desplazó la Guardamar CalíopeCalíope, que rescató a los 59 ocupantes de la patera, quienes habrían partido de las costas marroquíes de Kariat. Entre ellos había 41 hombres, 14 mujeres y cuatro menores de edad.

Media hora después y gracias también al avistamiento de los medios aéreos, la nave de Salvamento rescató a otros 52 varones y 23 mujeres de una segunda patera a 27 millas al este de la isla de Alborán. En las búsquedas también participaron la patrullera Río Miño de Guardia Civil y el buque de la Armada Infanta Cristina.

Además de estos dos rescates por parte de Salvamento, el Frontex ha participado en el rescate de otra patera más con 52 varones que habían partido de las costas de Bouyafard y que finalmente han sido socorridos por las autoridades marroquíes.

Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatados en la madrugada de este martes a un total de 173 migrantes de origen magrebí, de las cuales cuatro son mujeres, de tres pateras que navegaban en aguas del Estrecho de Gibraltar.

Según ha informado una portavoz de la entidad dependiente del Ministerio de Fomento, sobre las dos de la madrugada de este martes comenzaron las tareas de rescate y búsqueda al tener conocimiento de la existencia de varias pateras con la movilización de la Salvamar Arcturus y la Guardamar Concepción Arenal.

De esta manera, en primer lugar, la Concepción Arenal localizó a las dos primeras infraembarcaciones de las que rescató, concretamente, 65 personas, entre ellas una mujer, y 45 migrantes, todos ellos varones. Posteriormente, la embarcación de Salvamento Marítimo trasladó durante la madrugada a estas 110 personas al puerto de Algeciras (Cádiz) donde les esperaba un dispositivo de ayuda humanitaria.

Finalmente, la Salvamar Arcturus localizó a una tercera patera y se dispuso a rescatar a sus 63 ocupantes, entre los que se encuentran tres mujeres. Tras culminar las acciones de salvamento, la Arcturus ha puesto rumbo al puerto de Algeciras, donde ha arribado a primera hora de esta mañana.

Salvamento Marítimo ha rescatado durante este sábado y domingo a un total de 359 personas, entre ellas al menos 13 niños, que navegaban en nueve pateras y las ha traslado a diferentes puertos andaluces, según informa Europa Press.

En concreto, al puerto de Algeciras (Cádiz) han sido trasladados 254 migrantes, al de Motril, 60, y un total de 54 personas se encuentran en la embarcación Salvamar Spica a la espera de ser trasladadas a puerto. El sábado ha sido el día que más personas han sido rescatadas de barcazas en el mar, con un total de 196 personas, mientras que el domingo el número de auxiliados ha descendido a 163.

En primer lugar, Salvamento Marítimo recibió a las 2.00 horas del sábado un aviso de la salida de una barcaza, que indicaba que estaba "cerca de la costa española" y que solo aportaba el dato de que veía "una luz". Posteriormente, los ocupantes de esta patera, siete varones de origen magrebí, fueron sido auxiliados y trasladados a Algeciras, donde arribaron sobre las 5,30 horas.

Media hora más tarde, los operarios recibieron un nuevo aviso y acudieron al rescate de ocho varones y tres mujeres de origen subsahariano que navegaban en otra infraembarcación neumática. Estas personas también fueron trasladadas al puerto algecireño, donde llegaron sobre las 8.45 horas.

Sobre las 16.00 horas del sábado, el puerto de Algeciras recibió 118 personas, entre ellas niños no acompañados, niños acompañados y tres mujeres embarazadas, rescatadas de tres pateras. Un portavoz de Cruz Roja ha explicado a Europa Press que de estas personas once son de Sir Lanka, una de India, 41 de origen magrebí y el resto de origen subsahariano. Además, estas personas se encontraban en buen estado de salud aunque con "quemaduras, dolores y magulladuras" y una de las embarazadas ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario.

Por su parte, 60 personas de origen subsahariano fueron rescatadas en el mar de Alborán y, posteriormente, trasladadas al puerto de Motril.

En cuanto a este domingo, un total de 163 personas han sido rescatadas cuando navegaban en tres pateras. De ellas, 109, entre ellas siete mujeres y tres niños, navegaban en dos barcazas por aguas del Estrecho y han sido trasladadas a Algeciras. Las 54 personas restantes han sido auxiliadas en el mar de Alborán y se desconoce por el momento el puerto al que serán derivadas.

Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este sábado a un total de 118 personas, entre ellas al menos diez niños, de tres pateras que navegaban por aguas del Estrecho de Gibraltar.

Así lo ha indicado a Europa Press un portavoz de Salvamento Marítimo, que ha precisado que la Guardia Civil le informó de que su patrullera tenía a sus costados a dos infraembarcaciones. Posteriormente, Salvamento ha rescatado a 41 personas –37 varones, dos mujeres y dos niños– y a 66 personas –38 varones, 20 mujeres y ocho niños– de las dos barcazas escoltadas por la Guardia Civil.

Al mismo tiempo, la embarcación Salvamar ArcturusSalvamar Arcturus ha localizado a otra infraembarcación de tipo toy a remos, de la que ha auxiliado a once varones de origen subsahariano.

Estas 118 personas rescatadas se suman a las 18 que Salvamento Marítimo trasladó al puerto de Algeciras en la madrugada de este sábado después de rescatarlas de dos pateras. En total, este organismo ha auxiliado este sábado a 136 personas que se encontraban en cinco barcazas en aguas del Estrecho de Gibraltar.

En el mar de Alborán

Este sábado Salvamento Marítimo también ha trasladado a Motril (Granada) a 60 personas después de rescatarlas de una patera en la que navegaban por aguas del mar de Alborán. Así lo ha indicado a Europa Press un portavoz, que ha precisado que tras varias llamadas y una búsqueda intensiva con la participación de numerosas unidades, la Salvamar Hamal ha rescatado a 60 migrantes de una barcaza -56 varones y cuatro mujeres de origen subsahariano-. 

Además de este rescate, la Guardia Civil ha auxiliado a seis personas que navegaban en otra inframbarcación.

Un total de 588 migrantes llegaron en patera a costas españolas en marzo de 2019, lo que supone que las entradas por la vía marítima a España durante ese mes se redujeron en un 37% con respecto al mes de febrero. Sin embargo, la cifra de muertos o desaparecidos en el mar Mediterráneo camino de España en marzo se ha incrementado en un 178,9% con respecto al mes anterior, según informa Europa Press.

Según los datos del Ministerio del Interior en marzo entraron a España 588 personas por mar mientras que en febrero los hicieron 936, y en enero 4.104 personas. Así, en lo que va de 2019, un total de 5.636 migrantes han llegado en patera a costas españolas, de los que el 73% entraron durante el primer mes del año.

Fuentes del Ministerio del Interior han destacado la disminución de las llegadas de migrantes a costas españolas que se está reflejando en las cifras oficiales en 2019. De acuerdo estos datos, en las entradas irregulares por mar se produjo una reducción intermensual entre enero y febrero del 77%; y del 37% entre marzo y febrero. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya hizo hincapié en la bajada del ritmo de las llegadas de migrantes a costas españolas este año 2019. De hecho, fuentes de este departamento recalcaron a Europa Press que es la primera vez que hay una tendencia a la baja en el ritmo de las llegadas por mar desde que comenzaron a incrementarse en el año 2014.

Sin embargo, en el mes de marzo se han registrado 53 muertes o desapariciones de migrantes en el mar Mediterráneo camino de España, lo que supone un 178,9% más que en el mes de febrero, cuando se produjeron 19, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De acuerdo a estas cifras, en el primer trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 134 fallecimientos o desapariciones de personas intentando llegar a España por la ruta occidental del Mediterráneo. El mes más trágico fue enero, con 62 muertes o desaparecidos contabilizados. Si bien en febrero se produjo una reducción en un 70% en el número de muertes con respecto a enero, en marzo se han visto incrementadas casi un 179%.

Recorte en los medios de rescate

En este contexto, varias organizaciones sociales han denunciado el recorte de los medios de rescate de embarcaciones en el Estrecho y en el mar de Alborán, así como la "militarización" de estos recursos. También han criticado "la presión a Marruecos" para que sea este país quien realice las labores de rescate y sea destino de las personas migrantes, a pesar de "las flagrantes violaciones de derechos humanos" que padecen en el país alauí.

Las organizaciones de derechos humanos, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) e Irídia y el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), han recalcado que se ha producido un "cambio de la filosofía operativa en el Sur", de acuerdo a las palabras de Benito Núñez, director general de la Marina Mercante.

Este cambio, según han explicado, pasa por "la dotación a Marruecos de salvamares (lanchas rápidas de rescate)", con el objetivo de "proveer a Marruecos de medios marítimos propios", y la formación de personal militar marroquí, todo ello bajo la supervisión tanto del Estado español y de FRONTEX (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas). A partir del verano del año pasado, es el mando único de la Guardia Civil quien "coordina el rescate en el Estrecho". En este contexto, han rechazado "la militarización y securitización" de las migraciones a través de un mayor protagonismo de la Guardia Civil y Frontex, "y al desmantelamiento paulatino", a través de recortes en medios y personal de Salvamento Marítimo.

Tanto la APDHA, como el SPA e Irídia han defendido que el rescate marítimo debe continuar siendo civil y que esté dotado de los medios personales y materiales necesarios para poder ejercer su actividad de forma proactiva y efectiva, tal como Salvamento Marítimo ha hecho hasta ahora.