La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que llegar a un acuerdo sobre el nuevo Plan Estatal 2026-2030 no es una "asignatura optativa" y ha avanzado que reunirá de nuevo a las comunidades autónomas para saber si quieren o no continuar adelante.

Durante una comparecencia este miércoles ante el pleno del Congreso, ha dicho esperar que el plan sea acordado por las comunidades, a las que pide que no se vendan al interés de su partido. En cualquier caso, si alguna no se quiere adherir, el Ministerio trabaja en otras fórmulas para impulsarlo.

Así, ha explicado que se pueden buscar maneras de que este plan pueda implementarse en esos territorios a través de ayuntamientos, proveedores sociales o entidades del tercer sector, "todo aquel que venga a ayudar y no a poner palos en el camino".

Según ha explicado, por "colaboración institucional" se expondrá de nuevo el texto en una conferencia sectorial para sondear de nuevo a las comunidades autónomas si quieren o no continuar adelante. "Si no quieren, afortunadamente la sociedad española está preparada para asumir el liderazgo de la gestión de estos 7.000 millones" de inversión que prevé el plan, ha indicado.

Ha insistido en que no entiende cómo otros miran hacia otro lado con este problema y ha acusado a los gobernantes de Madrid de vender su parque de viviendas a extranjeros ricos y animar a los 'fondos buitre' para que compren edificios enteros.

Durante la interpelación parlamentaria, el diputado del PP Sergio Sayas ha opinado que el plan es una "imposición de políticas huecas" y que está "cargado de frivolidad" y ha pronosticado que el anuncio de construir viviendas protegidas en suelo de instalaciones penitenciarias "se quedará en otro anuncio de cartón piedra".

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha afirmado que entre el discurso de la ministra y la realidad hay "un trecho insalvable" y ha calificado de "pírrica" la apuesta del Gobierno por la vivienda social y que las ayudas para acceder a viviendas públicas sean para los "españoles" y no para los "recién llegados".

En nombre de Sumar, Gerardo Pisarello ha explicado que le "suena bien" la parte del plan que va en contra de los "pelotazos" y la venta de vivienda pública, pero ha opinado que no basta con incentivar a quien colabore, sino que "hay que censurar a quienes pretendan sabotear" el plan.

La representante de ERC Etna Estrems ha reconocido el "esfuerzo" que supone este plan, pero ha apuntado que no le "termina de gustar" que pretenda crear una duplicidad de órganos, con la empresa estatal de vivienda y suelo que, en su opinión, invade competencias autonómicas.

Marta Madrenas (Junts) considera que la ley de vivienda ha agravado el problema y que "todavía falta respeto a las competencias de la Generalitat", pero ha elogiado los aspectos "positivos", como que haya más recursos para vivienda asequible, programas de rehabilitación e industrialización y programas de apoyo a colectivos vulnerables.

Desde el PNV se ha reiterado su demanda de modificar o adaptar la ley de vivienda para que sea efectiva, tras subrayar que el País Vasco la está aplicando y ha quedado demostrado que se necesitan ajustes. Para el portavoz de Podemos, Javier Sánchez, es un "plan vacío que simula que hace algo pero no toca a los grandes tenedores ni regula los alquileres" y que "reincide en medidas que no han servido para nada".

La diputada de CC Cristina Valido ha recordado que Canarias solo apoyará este plan si recoge las singularidades insulares, mientras que el de UPN Alberto Catalán ha pedido la dimisión de Rodríguez.

Por su parte, el socialista Ignasi Conesa ha cargado contra las políticas del PP, a los que ha acusado de vender el parque a millonarios ricos y a los fondos.

Estos “actos fallidos” que expresan el verdadero pensamiento de estas mentes es a lo único que nos podemos agarrar para adentrarnos en los procelosos procesos que se llevan a cabo dentro de sus cerebros. Siempre tienen la excusa de “se ha sacado de contexto”, pero cualquier freudiano sabe que estos cortocircuitos no tienen una clara explicación ya que dejan a la luz aquello que queremos reprimir en nuestro interior, que queremos ocultar con una acción consciente totalmente contraria a nuestro deseo inconsciente.

No digo que el “prefiero fregar escaleras antes que pactar con Bildu” sea un acto fallido, más bien al contrario, en este caso seguramente la ex alcaldesa de Pamplona tenía muy claro que dirigía un insulto hacia sus oponentes poniendo a las trabajadoras de la limpieza en el lugar más bajo, más proletario, frente a su elevado estatus social. Rebajarse a eso es bajar hasta lo más penoso y rastrero para esta señora. Ahora nos dirá que lo han sacado de contexto.

Aquí sí que podemos referirnos a la frase del principio, ya que mejor haberse callado que vomitar palabras que ofenden, o a lo mejor sí que fue un acto fallido y su inconsciente le jugó una mala pasada. 

No hay ninguna necesidad de defender a quien friega escaleras o recoge nuestras basuras, sin ellos nos comería la mugre en muchos casos, su dignidad y su esfuerzo son tan excelentes como el de cualquier trabajador, el que está en una fábrica o en una oficina, el que labra o el que limpia tuberías. Los trabajadores somos personas que madrugamos para ganar un sueldo y vivir con honradez y decoro, luchamos por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros maridos y mujeres. Esto es lo más decente e íntegro que una persona puede hacer porque al final somos los que hacemos avanzar la sociedad y los que la sostenemos con nuestros impuestos. 

Así que, señora, más le valdría fregar escaleras, eso sería señal de su capacidad de tener un papel de decencia y compromiso con la sociedad.

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Martín Cucalón es socio de infoLibre

Hace 32 años, dos policías locales de Muchamiel (Alicante) y el conductor de la grúa que les acompañaba murieron el 16 de septiembre mientras remolcaban un coche que creían mal aparcado por un borracho y en realidad escondía una bomba de ETA. Casi un mes más tarde, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Herri Batasuna (HB) llegaban el 11 de octubre en el Parlamento regional a uno de esos acuerdos para los que resulta difícil encontrar un titular impactante pero que pueden marcar el rumbo de buena parte de la actividad allí donde se alcance: como publicó El País, las dos formaciones se hicieron con el control de las comisiones parlamentarias modificando la distribución inicial de puestos –a HB le tocaba uno pero UPN le dio dos– y configurando así por un voto de diferencia una mayoría absoluta frente al PSN, Eusko Alkartasuna e IU. Las comisiones parlamentarias son los “órganos de preparación de las decisiones del pleno al dictaminar los textos legislativos”. Órganos que, por si lo anterior no definiera su relevancia, "pueden requerir la presencia de miembros del Gobierno, autoridades, funcionarios y otras personalidades", como explica en su web la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

Una semana después de aquel pacto parlamentario de aspecto gris pero gran operatividad, otra bomba mataba en Madrid a un teniente de artillería. Y otras dos dejaron tras sí heridos graves: entre ellos, Irene Villa. Transcurridos dos años, y aunque finalmente fue un plan fallido, UPN se sentó a negociar con HB los presupuestos de Navarra. La negociación incluyó la toma autorizada de fotos que publicaron diversos medios. Ese 1993, el hacha, la serpiente, las bombas y las pistolas de ETA se cobraron 14 vidas.

Pero regresando a lo sucedido en 1991 y a tenor de lo difundido sobre aquel acuerdo en el Parlamento navarro, no parece que nadie de UPN ni del PP se llevara las manos a la cabeza por la alianza con HB, conceptuada desde todos los ángulos como el brazo político de ETA. Tampoco había provocado la menor señal de escándalo que ese mismo 1991, tras las elecciones de mayo, UPN obtuviera el Gobierno de Navarra gracias a que esa misma HB votó no al candidato socialista: en efecto, y en contra de lo que el propio presidente Pedro Sánchez afirmó en 2020, no existió pacto como tal entre la derecha navarra y los abertzales. Dado que el sistema navarro garantiza la designación del aspirante más votado en caso de que nadie logre la mayoría, bastó con que HB votase no al candidato socialista.

Treinta y dos años más tarde, con el fin definitivo de las matanzas en 2011 tras más de 850 asesinatos, 2.600 heridos y 90 secuestros y con ETA oficialmente disuelta desde 2018, la situación ha cambiado de forma drástica. Tanto que emerge una pregunta: ¿qué habría ocurrido si el control de las comisiones parlamentarias de Navarra en 1991, uno de los años de plomo y dinamita, o la posterior negociación presupuestaria con HB en 1993 los hubiese encabezado el PSOE?

Para el PP y su socio preferente, Vox, la moción de censura que, gracias a los votos de los socialistas, ha permitido a EH Bildu recuperar la alcaldía de Pamplona añade hoy munición a un discurso que señala al Gobierno de Pedro Sánchez como amigo de terroristas, epíteto que la derecha asigna a EH Bildu. Pese a su rechazo a la violencia –que chirría no obstante con su negativa a condenar actos de gran calado como los homenajes a etarras–, la imagen de Bildu como coalición cada vez más lejana al pasado sangriento del terrorismo trastabilló con la inclusión de sentenciados en sus listas electorales –casi un centenar desde 2011, según el diario El Mundo–. La presencia de esos candidatos dio así munición a quienes –básicamente PP y Vox– invocan ahora el fantasma de ETA no como una banda cruel del pasado sino como si continuase viva.

De hecho, la renuncia en mayo de este año de los siete sentenciados por delitos de sangre incorporados a las candidaturas municipales de Bildu apenas ha tenido eco en comparación con los ataques viralizados que día tras día han partido de Alberto Núñez Feijóo y su equipo –con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como protagonista estelar– o de Abascal y el suyo.

Con el terrorismo como perenne pala para la captación de votos, el PP ha evitado en todo momento explicar por qué en una época como la del bienio 1991-1993 participó en pactos y negociaciones como las de Navarra arriba enunciadas sin que ello entrañase consecuencias disciplinarias ni políticas para sus protagonistas. No las hubo, por ejemplo, respecto a decisiones y declaraciones como aquellas cuyo autor fue hasta hace cinco meses su portavoz en el Senado y ocupa hoy la vicepresidencia primera de la Mesa de la Cámara Alta: Javier Maroto.

En julio de 2011, cuando nadie sabía que tres meses más tarde ETA anunciaría el cese definitivo de la violencia, Maroto era alcalde de Vitoria. Ese mes de julio, pactó con Bildu la paralización definitiva del palacio de congresos Bai Center. ¿Es menos que pactar una moción de censura? Mucho menos. Pero con Bildu como coprotagonista de un acuerdo, y así lo demuestran las informaciones publicadas desde el ascenso de Pedro Sánchez a Moncloa, el alcance y la materia no son lo prioritario.

El pacto bilateral provocó las críticas del PSOE y del PNV. Pero no por la participación de la formación abertzale sino por el perjuicio que, desde su punto de vista, entrañaba para la ciudad renunciar a tal infraestructura. La lectura del teletipo elaborado por la agencia EFE sobre el episodio del Bai Center y difundido, entre otros por el diario El Mundo, confirma que la sombra de ETA ni rozó a Maroto.

Tras aquel verano, y a los cinco días de que ETA diese por finalizada su “actividad armada” –20 de octubre–, Maroto pronunció una de esas frases que, paradójicamente, forman ya parte del acervo político a la vez que mantienen viva la incógnita de por qué el partido que hoy zarandea a diario al Gobierno por sus relaciones con Bildu le mantuvo en el cargo. “Hay mucha gente en Bildu que ha pretendido la paz desde el principio”, dijo en una entrevista con TVE. Sus palabras no acabaron ahí: hay que hablar “entre todos” porque “excluir no está en la agenda”.

La euforia del momento permaneció incólume para Maroto. En 2013, el diario El Mundo publicó a cuatro columnas en su edición de Euskadi una información con el siguiente titular: Maroto defiende sus pactos con Bildu y desea que “cunda el ejemplo”. El subtítulo era este: “No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie”, asegura el alcalde del PP. En el segundo párrafo de la noticia, el rotativo exponía cómo en una entrevista el regidor de Vitoria había recalcado que “Bildu no es ETA” y que el futuro del País Vasco, “guste o no en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu”.

En paralelo, el también dirigente vasco del PP Borja Sémper ya había incrustado días antes en una entrevista con Jot Down la frase final del párrafo anterior: "El futuro en Euskadi se tiene que construir también con Bildu". La entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desautorizó a Sémper y a Maroto, que continuó al frente de la alcaldía de Vitoria hasta las elecciones de 2015. En junio de ese año, Mariano Rajoy lo incorporó a la ejecutiva nacional como vicesecretario general de acción sectorial. En 2019, ya con Pablo Casado como presidente del PP, Maroto se convirtió en portavoz del grupo parlamentario en el Senado. Más tarde, el mismo Casado que le situó en ese prominente puesto, acusó al PSOE de “blanquear” a Bildu. Hace un mes, Alberto Núñez Feijóo decidió tras remodelar su equipo mantener a Borja Sémper como portavoz nacional del PP.

Pasarse de frenada significa que al pisar más de la cuenta lo normal es salirse de la calzada. Como la adicción a la cirugía que acaba deformando a quien no sabe poner fin, hay quien de tanto exagerar está perdiendo la referencia con la realidad. Otros, viven tan fuera de ella que cuando se expresan en caliente destapan su verdadero yo. Cerramos el año con la oposición sumida en estos extremos. Las arengas contra un supuesto socialismo no democrático, los señalamientos a un PSOE autócrata y rompe Españas contentan a la base militante de la derecha, favorecen el click y el like fácil en redes, pero no mejoran la política, la convivencia, ni favorecen el control al Gobierno de la oposición. Solo sirven para calentar a una grada, instalada en la versión más dura del PP y Vox, que cuanto más se agita contra Pedro Sánchez más se aleja de la vida cotidiana. 

La derecha está cayendo en tal dramatismo hiperbólico que en su intento por dañar al Gobierno ofende a diario a una amplia mayoría social. El PP, como fuerza más votada, marca el paso y el tono de Vox y UPN hacia una oposición ineficaz. A nadie sorprende que la ultraderecha insulte, el salto está en que el presidente de UPN Javier Esparza llame “escoria” a los socialistas navarros por pactar con EH Bildu. O que la exalcaldesa de Pamplona (UPN) Cristina Ibarrola termine saliendo por la puerta de atrás de la alcaldía con un insultante “prefiero fregar escaleras” que ha despertado el orgullo de cientos de hijos e hijas que han reivindicado el trabajo de sus madres y abuelas. 

La frase clasista, elitista y despectiva revela cómo ejerce y entiende Ibarrola la política como servicio público. El desbarre verbal ha provocado la reacción inmediata y el rechazo en cadena porque este país está lleno de generaciones que han salido adelante gracias a que alguien en casa limpió o limpia escaleras. La traición de su subconsciente, ese “prefiero fregar escaleras”, revela su incapacidad para saber a quién sirve una alcaldesa. Ya no es que vea la alcaldía como una forma de sustento personal, es que obvia la obligación de servir desde lo público sin ofender. Y evidencia que hasta ahora se ha dedicado más a condenar a EH Bildu, a quien sacó poco más de 3.000 votos de diferencia, que a dedicarse a quienes tienen en la defensa del trabajo y de lo público su mayor garantía. 

En el mapa general, de tanto jalear una inexistente autocracia, o “pactos con terroristas” con ETA desaparecida, piensan que viven en Hungría y se desenchufan del ciudadano medio. El PP nacional, en lugar de quedarse en la versión de la oposición útil, garantía a futuro de esa transferencia de voto que necesita cualquier partido de gobierno, se ha instalado en un ayusismo cuasipermanente. Tienen más impacto las medidas del último Real Decreto (y su implementación en las comunidades autónomas) que las soflamas. Y mucha más relevancia los acuerdos de Feijóo y Sánchez, los pactos de los barones populares con el ejecutivo, que escuchar al líder del PP tachar de partido inconstitucional al PSOE. La estrategia sólo tenía sentido después del 23-J. Feijóo tenía que consolar a un partido que se vio gobernando, debía aglutinar a su electorado y controlar las pulsiones más radicales de la derecha que cuestiona su liderazgo. Pasado ese trance, insistir con que el PP está rodeado de enemigos de España, en lugar de expandir el campo de la oposición, lo encoge. 

Es lógico que la oposición suba el tono y el Gobierno deba mantener las formas. Pero el año político cierra con una realidad incontestable. La polarización y el frentismo no se reparten a partes iguales. Sánchez no debería dejar al PP fuera del “muro” al que hizo referencia en su investidura. Sin embargo, el PP sí debería mantener el “muro” a Vox. La agresión de Javier Ortega Smith no es una anécdota, es el ADN reivindicado por Santiago Abascal y apoyado por el partido. Integrarlos no ha funcionado en Madrid, tras cuatro años de apoyo externo al PP, ni en Castilla y León, Baleares o el resto de las comunidades donde gobiernan. Fue una buena noticia que Sánchez y Feijóo se reunieran en el Congreso, a pesar de ser la sede del poder legislativo y no del ejecutivo, un capricho que vulnera simbólicamente la separación de poderes. Es más positivo todavía que vaya a eliminarse el término “disminuido” de nuestra Constitución y que el CGPJ se renueve, aunque sea a costa de la mediación europea. 

Sin embargo, cuando Feijóo reivindica en el balance de año ser el único partido de Estado se queda fuera del juego del sistema de partidos. Proclamarse como la única formación constitucional le deja solo en la oposición con Vox, paradójicamente el único partido cuyo discurso, manifestaciones y políticas promueven la violencia dentro y fuera de las instituciones. Lo más relevante no es de dónde venga cada formación. El PP se levantó con la integración de dirigentes de la dictadura, Vox no condena el franquismo y a Sortu le queda un trecho para homologarse al resto de formaciones. La diferencia fundamental en democracia son las políticas que se promueven en las instituciones. Por lo pronto, PP y EH Bildu entran en el encaje de Estado bastante mejor que Vox. Si el deseo para 2024 es la prosperidad y convivencia de todos los españoles, Feijóo está señalando al lugar equivocado. 

A la ciudad de Estrasburgo la conocemos por ser sede del Parlamento Europeo, por sus numerosos canales y por la arquitectura tradicional de Alsacia, que un habitante del sur del continente asociará, casi sin proponérselo, a lo que entendemos por una villa de fábula dieciochesca. Sin embargo, hace cinco siglos, esta localidad francesa fue escenario de un hecho tan poco usual como sorprendente: la epidemia de baile de 1518, uno de los primeros casos registrados de alucinación colectiva.

Al parecer, en el verano del citado año, una mujer llamada Troffea comenzó a bailar de manera descontrolada sin que nadie pudiera dar cuenta del motivo. No es que esta mujer decidiera ponerse a danzar en medio de la calle, es que no podía dejar de hacerlo. Lo realmente extraño sucedió al cabo de una semana, ya que Frau Troffea dejó de bailar sola, se le habían unido 34 personas. Al cabo de un mes alrededor de cuatro centenares de vecinos habían sucumbido a la fiebre del baile.

Tal era el fervor con el que los afectados bailaban, día y noche, que muchos de ellos acabaron desmayados por agotamiento. Las autoridades, una vez descartadas las causas astrológicas y demoníacas, decidieron que lo único que podían hacer era construir un escenario y contratar una orquesta para, imaginamos, tener a los improvisados bailarines bajo un cierto control. Una vez que la histeria comunitaria se pone en marcha, al menos asegúrate de ser tú quien controle la música. 

En la España de los meses finales de 2023 no se han registrado, de momento, casos de baile compulsivo, pero la derecha parece empeñada en que el país caiga en una alucinación colectiva. Sólo así se entiende la insistencia en construir un relato totalmente disociado de la realidad basado en cuatro elementos: la dictadura, el gobierno ilegítimo, el independentismo catalán y ETA. No hay mensaje emitido por sus líderes políticos, da igual de qué trate el asunto, que no vibre con alguno de estos mantras. ¿Dónde habrá quedado Venezuela?

El apoyo del PSN a la moción de censura presentada por Bildu en el ayuntamiento de Pamplona es un ejemplo significativo. Cabe su análisis desde diferentes puntos de vista. Primero el municipal, es decir, si Joseba Asiron, que ya fue alcalde de esta localidad de 2015 a 2019, va a poder desarrollar una acción de gobierno más eficaz que la de UPN en minoría, incapaz en estos seis últimos meses, desde las últimas elecciones municipales de mayo, de aprobar unos presupuestos.

Por otro lado se puede enunciar un análisis político de qué supone este acercamiento entre socialistas y abertzales, teniendo en cuenta sus diferencias en política territorial pero constatando la coincidencia, como así se ha podido ver en el parlamento central, en políticas sociales. En la moción también han participado Geroa Bai, la coalición referente del PNV en Navarra, y Contigo-Zurekin, la coalición progresista, lo que explica la complejidad de los pactos en una comunidad donde se ponen en juego más ejes que el de derecha-izquierda.

Por último, cabe un análisis, todo lo pormenorizado que se desee, de cuál ha sido la evolución del espacio abertzale en relación al terrorismo de ETA y concretamente cuál es la posición actual de Bildu. En lo que se refiere a este pacto para llevar adelante la moción, el PSN ha manifestado que la clave inicial del acuerdo ha sido “el reconocimiento y respeto a las víctimas de ETA”. Asiron ya firmó un manifiesto en 1998 condenando el asesinato de un concejal de UPN por ETA. 

Desde cualquiera de estas líneas de análisis, este pacto podrá considerarse positivo o negativo, algo que tendrá que comprobarse en este ejercicio en la capital navarra. El problema, como decíamos, es que las derechas no han analizado críticamente la moción, no han aportado elementos para defender al equipo saliente, sino que se han limitado a poner en marcha la alucinación colectiva, afirmando, como así ha hecho UPN, que los socialistas “han entregado Pamplona a los terroristas de ETA”. 

No, por mucho que las derechas insistan, ETA no existe. Aunque a algunos pueda parecernos algo obvio, hay que dejar clara cuál es la realidad: la banda terrorista anunció el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011, comunicando en mayo de 2018 “el desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras” y “el final de su trayectoria y su actividad política”. Esto no es una opinión, es la constatación de un hecho histórico.

Por supuesto que en el PP son perfectamente conscientes de esta realidad, entre otras cosas porque recayó sobre el Gobierno de Mariano Rajoy dar cuenta pautada del final de la banda terrorista. El problema no es de desconocimiento o de memoria; el problema, hablemos claro, es que las derechas son capaces de resucitar ficticiamente a ETA porque saben que esta narrativa les ha resultado beneficiosa electoralmente. Algo que las propias víctimas han criticado.

Tanto en este doloroso tema como en otros tantos, existe una cuestión de fondo que explica por qué el PP busca inducir alucinaciones colectivas a la sociedad española. La razón es que la derecha, tras ser desalojada de Moncloa por la moción de censura a raíz de la trama Gürtel, ha sido incapaz de adaptarse a la realidad española actual. De la misma manera que son incapaces de articular alguna propuesta económica más allá de bajar los impuestos a los ricos, han sido incapaces de establecer relaciones con fuerzas políticas más allá de ellos mismos o, peor, de la ultraderecha de Vox. 

Y cuando te sobra la mayoría del país que ya no comprendes, que ya no controlas, que ya no se te parece, optas por alterar la realidad hasta que encaje con tus presupuestos. A base de insistir en ello, de hecho, consigues que mucha gente se ponga a bailar, sin saber bien por qué y sin poder evitarlo, pensando que ETA sigue existiendo, que vivimos bajo una dictadura, que el Gobierno es ilegítimo o que su intención es destruir España. Como vemos es algo bastante efectivo. También algo moralmente infame y enormemente peligroso. Hará falta algo más que una banda de música para controlar esta alucinación.

Miles de personas se han concentrado este domingo en la plaza Consistorial de Pamplona, convocadas por UPN, para expresar su rechazo a la moción de censura acordada entre EH Bildu y PSN contra la alcaldesa de la capital navarra, Cristina Ibarrola (UPN), informa Europa Press.

A la concentración han asistido, entre otros, el presidente de UPN, Javier Esparza; la alcaldesa Cristina Ibarrola; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; los expresidentes de Navarra y de UPN Miguel Sanz y Yolanda Barcina; el presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP); el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox); y el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez.

En la concentración, con el lema 'Pamplona no se vende', muchos de los asistentes han ondeado banderas de Navarra. También se han visto carteles con mensajes como 'Traición por sillón', 'PSN-PSOE mentirosos', o 'Cerdán, cuentista, Bildu es terrorista'. Además, se han escuchado gritos de 'Ibarrola no estás sola', 'Chivite traidora', o 'Puigdemont a prisión'.

Durante la manifestación, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la moción de censura en el Ayuntamiento de la capital navarra contra la alcaldesa de UPN es "la primera factura" del "pacto encapuchado" entre PSOE y EH Bildu y representa también "la última mentira" del presidente Pedro Sánchez.

Feijóo ha explicado que para los conservadores es "una obligación demócrata, moral, constitucional y foral estar hoy aquí para decir claramente que no tiene ningún sentido que todo lo que hemos hecho en los últimos 50 años en España, que es luchar contra el terrorismo y contra aquellas formaciones políticas que no condenan el terrorismo, lo hayamos destruido entregando la Alcaldía de Pamplona a un partido que sigue sin condenar el terrorismo y que lleva asesinos en sus listas en las municipales y autonómicas".

El presidente del PP ha subrayado que "no es un problema de siglas, es un problema de dignidad, de democracia, de moralidad, sabíamos que había un acuerdo entre Otegi y Sánchez y que el pacto encapuchado iba a tener consecuencias, se nos estuvieron ocultando durante mucho tiempo, y ahora sabemos cuál es la primera factura y la última mentira".

Feijóo ha afirmado que "la primera factura es entregar la ciudad de Pamplona a Bildu y la última mentira es negar e insistir en que -el Partido Socialista- nunca pactaría con Bildu". "Pedro Sánchez quiere indignidad y olvido y nosotros queremos dignidad y memoria, y es que las víctimas de los asesinatos de ETA viven en nuestra memoria, y nosotros las tenemos siempre muy presentes", ha subrayado.

El presidente del PP ha añadido que "es una falsedad y una afirmación miserable decir que Pamplona va a tener una Alcaldía progresista, lo que va a tener es una Alcaldía reaccionaria, es una indignidad y una miseria decir que España va a ganar un Alcaldía progresista".

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que "lo que va a perder el Partido Socialista es su dignidad y su memoria" y ha dicho que él "sería incapaz de darle a un partido político que ha asesinado a mis compañeros la Alcaldía de la capital de Navarra".

En ese sentido, ha destacado que "es absolutamente lamentable que al Partido Popular se le haya pedido que apoye al Partido Socialista para evitar que Bildu gobernase en Vitoria y que los independentistas gobernasen en Barcelona, y el PP le haya ha dado al Partido Socialista ese apoyo, y ahora sea el Partido Socialista el que da la Alcaldía de Pamplona a una marca independentista y, lo que es peor, una marca heredera de una organización terrorista".

Por tanto, Feijóo ha dado su apoyo "a la alcaldesa de Pamplona, al equipo de gobierno de UPN y a esta Comunidad foral", al tiempo que ha expresado su "respeto a la Navarra foral y a la Navarra constitucionalista". "Estamos al lado del pueblo navarro. Lamento profundamente la indignidad del PSN y del PSOE con una ciudad y una tierra histórica como esta, y lamento que Pedro Sánchez vuelve a poner otro ladrillo en el muro que esta construyendo para dividir y separar la España constitucional y utilizar Navarra para su muro. Creo que los navarros no se lo merecen", ha afirmado.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha afirmado que "ETA va a gobernar Pamplona con los votos del Partido Socialista Obrero Español" tras la moción de censura a la alcaldesa de UPN.

García-Gallardo ha señalado que el acuerdo entre EH Bildu y PSN en Pamplona es "el pago de la última factura del PSOE a sus socios corruptos, a sus socios separatistas, a sus socios filoetarras, por mantenerse una noche más en el poder".

Según el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, "el pago de esta última factura se ha traducido en que ETA va a gobernar la ciudad de Pamplona". "ETA va a gobernar Pamplona con los votos del Partido Socialista Obrero Español. Algunos dicen que Bildu es un partido más. Y lo que hay que decir es claro, Bildu es ETA. ¿Por qué Bildu es ETA? Porque Bildu tiene un líder, que es Arnaldo Otegi, que ha sido condenado por pertenencia a banda armada. Bildu ha incluido en sus listas, también en la ciudad de Pamplona, a condenados por terrorismo. Bildu aprovecha su influencia política para dar beneficios penitenciarios a los presos etarras y acercarlos al País Vasco. Es decir, Bildu es ETA. Y vemos que esto es el Partido Socialista, un partido entregado a los separatistas y a los terroristas. El Partido Socialista, en su deriva tiránica, ha permitido que los verdugos gobiernen sobre sus víctimas", ha asegurado.

Los parlamentarios de UPN han abandonado este jueves el pleno del Parlamento de Navarra en protesta por la moción de censura que PSN y EH Bildu han acordado para desbancar a la formación regionalista de la Alcaldía de Pamplona, según informa Europa Press.

El presidente y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha cargado con dureza contra los dirigentes del Partido Socialista, a los que ha calificado de "escoria". "Escoria es alguien o algo que no merece ninguna valoración positiva ya que resulta dañino o maléfico. Esto no es ningún insulto. Es evidente que Chivite y Sánchez son dañinos para Navarra. Es evidente que es vil lo que están haciendo", ha asegurado.

"El PSN tiene 11 parlamentarios de los 30 que conforman este Gobierno y pasa a estar en minoría. Geroa Bai y EH Bildu suman 16, a nosotros nos insultan, con nosotros no cuente, aquí se queda", ha dicho Esparza, a lo que ha añadido: "Yo no sé cómo no vomita por las noches. Vende su alma, vende Pamploma...¿Le compensa con tal de ser presidenta?"

El presidente de UPN se ha pronunciado en estos términos durante una pregunta sobre autogobierno que había formulado a Chivite en el pleno del Parlamento y tras concluir su intervención, el propio Esparza y el resto de parlamentarios de UPN han abandonado el salón de plenos.

El Partido Popular, como también el PSOE y otros partidos políticos, se comprometió en 1998 a “impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas” y a “desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario”. Un compromiso que renovó en 2020, pero que no le impidió beneficiarse del tamayazo, el caso de transfuguismo más célebre hasta la fecha, gracias al cual el PP evitó en 2003 un gobierno de izquierdas en Madrid e inició dos décadas de hegemonía política en la comunidad que todavía continúan. 

El pacto nació precisamente para eso: dificultar que concejales o diputados traicionasen a los partidos que les incluyeron en las listas, favoreciendo gobiernos de signo diferente. Incómodo con esa limitación, el PP se la saltó en más de una ocasión. La última y más sonada, comprando la voluntad de cuatro diputados de Ciudadanos en Murcia para derrotar la moción de censura que este partido, de común acuerdo con el PSOE, había presentado para poner fin a 26 años de gobierno ininterrumpido del PP en la Región.

Esa actuación motivó una resolución de los expertos de la comisión antitransfuguismo que certificó la “condición de “tránsfugas” de los cuatro exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura en Murcia, así como del presidente de esta región, Fernando López Miras, al considerar que fue “inductor y beneficiario” de la conducta tránsfuga de estos parlamentarios.

El pacto contra los tránsfugas, firmado el 7 de julio de 1998 y ampliado en 2020 para extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico, también con el visto bueno del PP, nació para poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno.

No tiene rango de ley y de su incumplimiento no cabe otra consecuencia que un reproche moral. La culpa es de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en su momento estableció que, aunque los diputados y los concejales son elegidos en España en listas cerradas presentadas por los partidos políticos, no pueden ser removidos de sus escaños.

Las consecuencias de la “práctica reiterada” del transfuguismo, sostiene el acuerdo firmado en su día por el PP, “cuando sus efectos suponen la alteración de la representación política durante la misma legislatura, cambiando la orientación de la relación de fuerzas surgida de las urnas, no sólo son perjudiciales para la gobernabilidad, sino que deterioran los fundamentos del sistema político, propiciando disfunciones y comportamientos que pueden instalarse de forma endémica en nuestra vida pública”.

El acuerdo original lo impulsó en su momento Mariano Rajoy siendo ministro de Administraciones Públicas y lo firmaron los representantes del PP, PSOE, Izquierda Unida, Convergència, PNV, Coalición Canaria, BNG y ERC entre otras formaciones.

La renovación del documento en el año 2000 reconocía que, dos años después de su firma, se podía “constatar una significativa reducción del transfuguismo, debida esencialmente, sin duda, a la constancia de los esfuerzos realizados por los partidos políticos para ser consecuentes con el compromiso asumido, y a la creciente condena y estigmatización social de tales conductas”.

 “El transfuguismo supone, desde una perspectiva política y ética, una deslealtad tanto hacia las fuerzas políticas que depositaron su confianza en personas que, posteriormente, acreditan no ser merecedoras de ella, como hacia los electores, que emiten su voto desde la constatación evidente de tal inclusión”.

El pacto se amplió en dos ocasiones. La primera en 2006, estableciendo por primera vez una definición de tránsfuga en el ámbito local que la adenda de 2020 hizo extensible a las instituciones autonómicas: “Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

“Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”.

Si existen dudas, “será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso” para el puesto “quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”.

La segunda adenda del pacto, aprobada hace 14 años, establecía además que las medidas de castigo contra los tránsfugas deben extenderse “a aquellos que se beneficien de su conducta”.

Pedir al PP que volviese al pacto fue precisamente una de las primeras demandas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a Alberto Núñez Feijóo en la primera entrevista que mantuvieron en la Moncloa en abril de 2022, una vez que el expresidente de la Xunta relevó a Pablo Casado. Pero no obtuvo respuesta.

Feijóo no solamente no ha manifestado nunca el menor interés por someterse de nuevo al pacto, del que en la actualidad están fuera el PP y Vox, que nunca lo suscribió, sino que su partido y él mismo llevan semanas alentando una traición en las filas del PSOE apelando a “la conciencia” de los diputados socialistas para que impidan la aprobación de una amnistía, bien haciéndole a él presidente, bien impidiendo la reelección de Sánchez.

Su número dos, Cuca Gamarra, insistió en ello este lunes, a menos de 24 horas del inicio de la sesión de investidura, en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en la que acusó a Sánchez de ser él mismo un tránsfuga pro defender ahora lo que rechazaba antes de las elecciones y en la que evitó expresamente rechazar la posibilidad de que Feijóo sea elegido gracias a una traición como las previstas en el pacto antitransfuguismo.

Según Gamarra, “no hay más transfuguismo” que el de Sánchez. “Yo creo que el mayor ejercicio de transfuguismo que se está produciendo en nuestro país en estos momentos lo está protagonizando Pedro Sánchez. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay mayor transfuguismo que el ideológico que está detrás de haberte presentado con un programa electoral que no recoge la amnistía y estar dispuesto a pactar un Gobierno asumiendo una amnistía”, señaló. Las urnas, aseguró negando la legitimidad del Congreso, “no habilitaron a nadie” a articular una amnistía ni para llevar a cabo el préstamo de diputados a Junts que permitió a esta formación contar con grupo parlamentario propio.

El último ejemplo de transfuguismo notorio a escala nacional lo protagonizó también el PP de Casado, pero sus consecuencias llegaron hasta Feijóo. Fue su dirección la que consumó el premio a los dos tránsfugas de UPN que a punto estuvieron de dar al traste con la reforma laboral al darles cobijo en sus listas.

Ficharlos supuso una flagrante violación del pacto antitransfuguismo, que prohíbe expresamente a los partidos “admitir” a concejales o diputados elegidos en una lista diferente “mientras mantengan el cargo conseguido en su partido original”. Es decir: admitir a Sergio Sayas y a Carlos García Adanero en el PP incumplió el pacto contra el transfuguismo porque previamente no renunciaron a sus escaños en el Congreso.

Ambos fueron expulsados de UPN después de incumplir el acuerdo que su partido había suscrito con el Gobierno para apoyar en el Congreso la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los dos diputados, conscientes de que sus votos eran decisivos, engañaron deliberadamente al Ejecutivo diciéndoles que votarían a favor de la iniciativa con la intención de causarle una inesperada derrota.

Sin embargo, el azar hizo que la votación saliese adelante sin su apoyo gracias al error cometido por un diputado del PP, Alberto Casero. Su voto favorable a la reforma laboral arruinó la estrategia de los dos tránsfugas así como la del Partido Popular y de Vox, que confiaban en ellos para causar una seria derrota al Gobierno.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha instado al PNV a replantearse su negativa inicial a apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pues considera que "las circunstancias han cambiado" ya que no va a haber un Gobierno de coalición con Vox. En todo caso, ha abogado por "normalizar" los pactos con Vox, garantizando que el PP puede hablar con "todos", y también "poner límites".

"Hay que normalizar, tener la capacidad de hablar y pactar con todos y poner límites", ha afirmado en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press.

Tras señalar que PP y Vox son dos partidos diferentes, ha apuntado que la formación de Santiago Abascal respeta la Constitución y, por tanto, es "constitucional". "Respetamos a todas las fuerzas, pero cada uno tiene sus principios y no coincidimos en todo", ha añadido.

Bendodo ha valorado como un paso importante para ayudar a la gobernabilidad del país el anuncio de Vox de que apoyará una investidura de Feijóo sin exigir entrar en el Gobierno. A su juicio, es un "sí" que "facilita", "da luz" y cambia el escenario a los partidos que se habían decantado en contra, como el PNV: "Ahora las circunstancias son totalmente distintas".

"Ayer (domingo) se dio un paso importante para la gobernabilidad del país y las reglas del juego cambian. Los partidos que se posicionaron anteriormente... Ahora son circunstancias totalmente distintas", ha valorado al ser preguntado si cree que el movimiento de Vox hará cambiar de opinión al PNV, de momento en el 'no' a Feijóo.

Bendodo ha reiterado que el PP quiere un gobierno "fuerte, amplio y en solitario" que tome las riendas del país "cuanto antes" y ha asegurado que los españoles lo que desean es que asuma el mando el partido que ha ganado las elecciones.

Sobre si darían a cambio al PNV un puesto en la Mesa del Congreso, el dirigente 'popular' ha dicho que no van a renunciar a "ninguna batalla" y ha subrayado que el PP es un partido de "amplio espectro" que seguirá hablando y negociando con "discreción".

Bendodo ha manifestado que la intención de Feijóo es presentarse a la investidura y sumar los apoyos necesarios, a la par que ha descartado que negocien con Junts, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, porque "está fuera de la Constitución".

Ha señalado que no tiene "ninguna duda" de que la "buena relación" entre su formación y Coalición Canaria en las islas, donde gobiernan juntos, va a facilitar el apoyo a la eventual investidura de Feijóo.

El PP y Coalición Canaria "son dos partidos que tienen muy buena relación y están llegando a acuerdos muy importantes para las Islas Canarias", ha destacado, y ha señalado que cree que "esa buena relación va a facilitar el apoyo" ante una investidura.

"No tengo ninguna duda, hay que trabajarlo, toda negociación es difícil, pero estamos convencidos de que con manos tendidas y con diálogo se puede conseguir", ha valorado.

Bendodo ha explicado que actualmente están "trabajando" en las negociaciones con CC y que desde el Partido Popular esperan poder confirmar en las próximas horas el apoyo tanto de la formación canaria como el de Unión del Pueblo Navarro, para sumarlos a los 170 que tienen actualmente, contando los 33 de Vox.

En su opinión, es "difícil" que, "a falta de cuatro votos", "no sea" presidente del Gobierno un candidato como Feijóo, que "ganó las elecciones" y cuenta con más respaldo que el PSOE, que por ahora solo --ha comparado-- solo tiene asegurado los 30 escaños de Sumar. "Por mucho que Pedro Sánchez construya un marco distinto, hoy el PP tiene más apoyos", ha sentenciado.

Además, durante la misma entrevista, Bendodo ha afeado al actual presidente del Gobierno en funciones y a sus ministros que estén de vacaciones "en plena Presidencia española de la Unión Europea": "Ellos sabrán".

Para Bendodo, Sánchez tiene ante sí la posibilidad de permitir que Feijóo gobierne en solitario. O, por el contrario, dejar al país en una situación de "bloqueo" que conduciría a una repetición de elecciones, o intentar ser presidente de un "Frankenstein plus" con 24 partidos, incluidos los independentistas, ha criticado.

La dirección el PP ha iniciado conversaciones con la dirección de UPN para reeditar la coalición de derechas en Navarra de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, pero la formación navarra ha rechazado la propuesta, según informan fuentes de la propia coalición conservadora.

En estos contactos, el partido de Alberto Núñez Feijóo trasladó el pasado lunes a UPN la necesidad de abordar la posibilidad de formar una coalición electoral entre ambas formaciones, justificada, según el PP, por las circunstancias excepcionales de la convocatoria electoral, en la cual se estaría produciendo una concentración del voto conservador entorno a la formación conservadora, propiciado en parte por la decisión de Ciudadanos de no concurrir a los comicios.

"El martes nos emplazamos a seguir trabajando sobre esta posibilidad, y este miércoles UPN nos ha comunicado su negativa a concurrir en coalición", confirma el PP, que mantiene abierta la posibilidad y, ante la premura de los plazos para presentar coaliciones electorales, también le ha trasladado el ofrecimiento para que, superado el plazo para la formalización de coaliciones, ambas formaciones puedan concurrir juntos incorporando a candidatos de UPN como independientes en la lista del PP.

Ambas propuestas tendrán plena vigencia hasta el último minuto previsto por el régimen electoral. El propio PP incide en su voluntad de aunar esfuerzos para "ofrecer a los navarros una opción de centro derecha que muchos de ellos han elegido en anteriores elecciones generales; además de librarles en España de un gobierno socialista en manos de partidos nacionalistas y que concede peso y capacidad de decisión a formaciones como Bildu".

De mantenerse la negativa de UPN, que ya decidió no concurrir con el PP a las elecciones municipales y autonómicas de hace diez días, y por primera vez desde la refundación del PP en el año 89, el PP concurrirá bajo sus siglas a las próximas elecciones generales.

Sus señorías están en permanente batalla política entre sesiones de control, comparecencias, comisiones y votaciones. Pero al trepidante ritmo de la Carrera de San Jerónimo muchos de ellos han añadido otra gran apuesta: conquistar ayuntamientos y comunidades autónomas impulsados desde su escaño.

La Cámara Baja se ha convertido en uno de las principales canteras para la cita electoral de mayo, con los partidos aprovechando la visibilidad que les da el Congreso para lanzar apuestas a lo largo y ancho de toda España. Los diputados que salgan concejales podrán compatibilizar las dos instituciones, como permite la ley, pero los que consigan asientos autonómicos deberán abandonar a los leones.

Tal es el caso de Joan Baldoví, el mítico diputado de Compromís que ha puesto rumbo a las Cortes Valencianas. Es la gran apuesta de su partido tras la dimisión de Mónica Oltra, con la idea de intentar aguantar pese a la marcha de la vicepresidenta, que fue el gran motor de papeletas de su partido. El tirón del diputado será esencial para mantener el pacto del Botánico, con el PSPV, Compromís y Podemos luchando por la victoria por muy pocos votos contra el PP y Vox, según los últimos sondeos publicados.

Otra de las apuestas más mediáticas de este 28M es la presentación del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Se trata de un movimiento de ERC para intentar hacer frente al PSC, muy fuerte ahora en Cataluña, en uno de sus feudos en el cinturón rojo. Los republicanos tienen como uno de sus objetivos ampliar su base de votantes en esta zona. No obstante, fuentes socialistas explican que la actual alcaldesa, Núria Parlón, vencerá sin problemas al independentista, quien no tiene intención de abandonar la Cámara Baja.

El PSOE siempre ha presumido de ser un partido muy municipalista y de tener su principal tracción en sus alcaldes. Por eso, concurren a estas elecciones hasta 13 de sus diputados para dirigir ayuntamientos. La cabeza más visible es la de Antonio Hurtado, que espera conquistar Córdoba con su emblemática pajarita. También están en la carrera Sandra Guaita (Reus, Tarragona), Yolanda Seva (Santa Pola, Alicante), Herminio Rufino Sancho (Mezquita de Jarque, Teruel), María Inmaculada Oria (Piñar, Granada) y Daniel Senderos (Moreda de Álava).

De la bancada del PSOE también salen como candidatos Gemma Araujo (La Línea, Cádiz), Alfredo Sancho (Benabarre, Huesca), María Luisa Vilches (Viveros, Albacete), Manuel Arribas (Sanchidrián. Ávila), María Dolores Narváez (El Burgo, Málaga), Lázaro Azorín (Pinoso, Alicante) y Begoña Nasarre (Alcolea de Cinca, Huesca).

En Unidas Podemos se han fijado especialmente en el Congreso para dar la batalla del 28M en Baleares. Lucía Muñoz, que ha ganado popularidad por sus intervenciones durante los debates de la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’, es la ‘número uno’ de la lista para la Alcaldía de Palma. En la precampaña está centrando sus mensajes en la aplicación de la ley de vivienda y en promesas como duplicar el número de árboles en la ciudad. De la Cámara Baja también sale la aspirante al Govern autonómico, Antònia Jover, que dejó la semana pasada su escaño para centrarse en la campaña.

El Partido Popular también lanza desde sus escaños a varios aspirantes a ayuntamientos. Antonio González Terol, que fue uno de los hombres fuertes de Pablo Casado, ha sido designado por Isabel Díaz Ayuso para optar al ayuntamiento de Alcorcón, en Madrid. Él ya fue alcalde de Boadilla del Monte. Entra dentro ahora de la estrategia del actual PP de Madrid por intentar lograr consistorios en el sur de la comunidad, como Fuenlabrada, Móstoles o Alcorcón.

José Ortiz también fue un hombre de peso durante el ‘casadismo’ y ahora intentará reconquistar su viejo puesto de alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz). Los populares aspiran además a lograr alguna capital de provincia a través de diputadas, como es el caso de Alicia García en Ávila y Beatriz Jiménez en Cuenca. Y el PP tiene también como cara nueva a Carlos García Adanero, que está en el Grupo Mixto después de que UPN lo expulsara por romper la disciplina de voto con la reforma laboral.

Feijóo ha fichado al tránsfuga en un escenario muy complicado en Navarra para los populares con la derecha muy fragmentada. Según explicó el Partido Popular, optaba por García Adanero por “su experiencia política, su profunda significación con su ciudad y con la defensa de los valores constitucionales en Navarra”. “Adanero será un candidato sensible a las necesidades de Pamplona y representará los intereses de la capital y de todos los navarros, también desde su escaño en el Congreso”, dijeron fuentes populares.

Vox también se ha fijado en sus diputados para la cita del 28M, en la que pretende entrar de lleno en corporaciones municipales y autonomías si sus votos le hacen falta a los populares. Javier Ortega Smith (Vox) buscará entrar en el equipo de gobierno de Madrid tras el 28M. La ultraderecha busca su implantación institucional territorial con diputados en algunas capitales de provincia, como Luis Gestoso en Murcia, Emilio del Valle en Santander, Ricardo Chamorro en Ciudad Real e Inés Cañizares en Toledo. También llevan como ‘número uno’ por las Palmas al parlamentario Alberto Rodríguez.

La popularidad del Congreso también es la principal baza que tiene Tomás Guitarte, de Teruel Existe, en su carrera para las Cortes de Aragón. Y es que Aragón Existe es una de las grandes novedades en estos comicios y, además, será probablemente la llave para decantar el Gobierno regional, a tenor de todas las encuestas. Los socialistas de Javier Lambán confían en que esa opción se incline por las izquierdas y los regionalistas al haber dicho que es incompatible con Vox (aunque no ha descartado pactar con los populares).

Este 28M supone también la despedida de una de las más veteranas diputadas en el Congreso: Ana Oramas. La parlamentaria vuelve a la política autonómica canaria, encabezando la plancha regional para Tenerife de CC. Su partido puede ser la clave para el futuro Gobierno, ya que los socialistas no han descartado pactar con ellos si sus grupos a la izquierda no consiguen los votos suficientes para reeditar el Pacto de las Flors que aupó a Ángel Víctor Torres.

El Congreso se convierte de esta forma en una excelente plataforma para los aspirantes a este 28M, pero la salida de muchos también es vista como movimientos tácticos e internos, ya que a finales de año se tendrán que realizar las listas para las generales. Y esa será otra gran batalla (pero interna).

Navarra es uno de los ecosistemas políticos de España más peculiares, con un panorama muy fragmentado. Su gobernabilidad siempre ha estado ligada a los pactos y la emoción siempre es máxima de cara a las investiduras. Y en esta ocasión se prevé una Cámara muy repartida, pero con una mayoría de las izquierdas, a tenor de los sondeos.

En Ferraz y en Pamplona los socialistas se ven en muy buena posición para seguir manteniendo el Gobierno foral, con María Chivite, a la cabeza con un pacto con las fuerzas progresistas. Actualmente, el Ejecutivo autonómico tiene miembros socialistas, de Geroa Bai y de Podemos. En los comicios de 2019 el mapa quedó así en diputados: Navarra Suma (19), PSN-PSOE (11), GBai (9), Bildu (8), Podemos (2) e I-E (1).

Una de las principales novedades de esta elección es que las derechas irán fragmentadas, pasando de ese Navarra Suma a concurrir por separado UPN, PP y Cs (con muchas tensiones entre ellos y el transfuguismo hacia los populares de los diputados de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso tras cambiar su voto en la reforma laboral). Con otro competidor en el extremo del espectro, Vox, que puede entrar por primera vez en el Parlamento, a tenor de las encuestas.

Los sondeos en su media, según el trabajo de Datos RTVE, colocan en primera posición a la UPN de Javier Esparza en intención de voto, con un 27,3%, por delante de los socialistas, que están en un 18,9%. Detrás van Geroa Bai, con un 16,4%, y EH Bildu, con un 16,2%. Contigo Navarra (la coalición de Podemos, IU, Batzarre, Alianza Verde, Verdes Equo e independientes) estará sobre el 8%, superando al PP (7%), Vox (3,3%) y Cs (0,1%).

Por lo tanto, el bloque de la izquierda aparece con más fuerza que las derechas, pero siempre con la vista puesta en el papel de EH Bildu, que en la anterior legislatura se abstuvo para que pudiera ser investida María Chivite y saliera adelante el Gobierno progresista. Ahora, el peso que tenga será clave para los pesos. Pedro Sánchez permitió que se formara ese Gobierno de progreso, algo que no hizo en su día José Luis Rodríguez Zapatero. Tuvo un papel vital para dar luz verde el hoy secretario de Organización, Santos Cerdán, navarro y hombre de la máxima confianza del presidente del Gobierno. Hasta los barones más críticos apoyaron la vía que se abrió y que ahora se quiere volver a repetir.

El PSN, según fuentes del partido, tiene “buenas perspectivas” de cara a estas elecciones y sus encuestas internas señalan que crece con posibilidades de ser primera fuerza, con hasta trece escaños. UPN, indican, estaría también en esas cifras, con posibilidades de lograr 14. Es el análisis que hacen los socialistas es que Bildu se mantiene y toca su techo, ya que tiene algunas pérdidas por los problemas de GKS y EA. Ven que Geroa Bai tiene una tendencia a la baja, que fortalece al PSN.

El PSN considera que es muy importante para retener el Gobierno la unión a su izquierda de Podemos e IU, que la otra vez fueron por separado y les penalizó la ley electoral. Es fundamental, comentan las fuentes consultadas, este hecho, lo que puede hacer que el bloque de izquierdas tenga más fuerza y que no haya tanta dependencia del nacionalismo. Para los de Chivite el escenario ideal sería repetir ese Gobierno de progreso, pero con más fuerza de la izquierda, y que Bildu no fuera tan necesario para las votaciones.

Los socialistas saben, además, que les beneficia en este panorama la fuerte división de la derecha, vaticinando que el PP puede tener un número interesante de diputados frente a lo que cree UPN. En sus encuestas internas también aparece la posibilidad de que entre la ultraderecha de Vox con dos escaños en el Parlamento navarro. En el círculo de Chivite también ven a su favor que el PSN tiene mucha fuerza en Pamplona y Tudela, que son las localidades con más población en las urnas.

Uno de los mayores activos con los que juegan los socialistas es la propia figura de la presidenta, la mejor valorada de los líderes autonómicos en el CIS. “Es la locomotora del proyecto, ha calado entre la gente, la ven como una navarra más”, señalan en el cuartel general del PSN. “La gente en la pandemia vio determinación y liderazgo”, sostienen al hilo. Además de la gestión social, podrá vender en campaña que se han conseguido tres transferencias: ingreso mínimo vital, tráfico y sanidad penitenciaria. Se sienten muy orgullosos los socialistas de haber sacado cuatro presupuestos.

Con lupa se ha mirado la relación con Bildu. El PSN lo ha tenido de aliado presupuestario y han desarrollado sintonía en temas de carácter social, además de municipalistas y de apoyo financiero a los consistorios. Se ha pactado, como explican los socialistas, sin dañar la imagen y sin cuestionar los temas identitarios. En ese sentido, por ejemplo, se acordó por el otro lado con Navarra Suma la ley de símbolos, y no con Bildu.

En el PSN se muestran satisfechos por haber logrado desterrar la lucha identitaria que era frecuente en la comunidad y que se haya convertido en una legislatura “de diálogo y convivencia entre diferentes”. Y ponen también como “pieza clave” del cambio a Pedro Sánchez, al darle esa importancia a la comunidad, no por su población, pero sí “cualitativamente”. Todo ello siempre en conexión directa con Santos Cerdán en Ferraz, que ha sido el gran artífice de explicar la idiosincrasia navarra.

“Es nuestro momento”, proclaman desde el PSN, que ahora goza de unidad interna y se ve con fuerzas para ser el primer partido, algo impensable durante décadas. La campaña que han diseñado está dirigida a explicar cómo se ha protegido a la gente durante estos tiempos tan convulsos y cómo se han conseguido fondos para transformar la comunidad y el tejido industrial.

La movilización será un reto para ese 28M, una preocupación que cala en muchas federaciones pero en el PSN observa que su electorado está activado. Navarra es una comunidad que suele superar el 70%. Como uno de los grandes momentos de esta campaña está el acto de la rosa que tendrá como protagonista al presidente del Gobierno este 29 de abril.

Si hay un aspecto que ha definido el papel de EH Bildu esta legislatura, tanto a nivel autonómico como nacional, es su apuesta por el pragmatismo. Los abertzales han pactado todos los presupuestos y se definen como la “única alternativa abertzale y de izquierdas” para unas elecciones en las que tratarán de recuperar importantes alcaldías como la de Pamplona con Joseba Asiron. Su candidata a la presidencia será Laura Aznal, que reemplaza a Bakartxo Ruiz como cabeza de lista.

En el espectro de izquierdas, Navarra es una de las autonomías también que Yolanda Díaz pone de ejemplo para ilustrar sus planes de cara a las generales. En junio del pasado año Podemos, Izquierda Unida, Batzarre y varios independientes confirmaron el acuerdo que ya ratificaron en noviembre de 2021 para confluir "en un frente amplio de izquierdas" a las elecciones forales y municipales del 2023 bajo el nombre de Contigo Navarra. 

La candidata a la presidencia de la comunidad foral, Begoña Alfaro, pertenece a la dirección autonómica de Podemos pero fue de las pocas dirigentes que se desplazó hasta Magariños para apoyar a Díaz. También acudió Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias y Justicia en el Gobierno foral y anterior secretario general de Podemos en Navarra y Daniel López, dirigente de Podemos Navarra y exedil en Tudela. Los dirigentes navarros de Podemos confían en que la presencia de Díaz durante la campaña les ayude a revalidar el actual gobierno presidido por Chivite, una comunidad de la que es la líder estatal morada, Ione Belarra.

Cuando el Congreso aprobó, por un solo voto, la última reforma laboral, nadie imaginó que al drama de los dos votos tránsfugas de UPN y la bufonada del diputado Alberto Casero se le iba a añadir la tragedia de una guerra en Europa y una crisis energética que devolvería la inflación a las cifras de pesadilla de los años 80. Este viernes se cumple un año de aquella accidentada votación, que a punto estuvo de dejar la reforma pactada por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos en el cajón del olvido. Y lo cierto es que, aunque no entró en vigor plenamente hasta abril, el mercado laboral español lleva ya un año experimentando cambios relevantes en un contexto económico que combina la reactivación productiva y del consumo tras el cierre de la pandemia con una inflación galopante –llegó al 10,8% en julio, la más alta desde 1984– y la batalla permanente contra la carestía energética.

Por entonces, el PP tachaba el texto de “contrarreforma” laboral, y la discusión política se centraba en si ésta derogaba o no “los aspectos más lesivos” de la reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en solitario en 2012, tal y como habían prometido tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como los sindicatos. Para explicar su rechazo, el presidente del PP, Pablo Casado, repetía que la reforma hoy en vigor era “humo” porque no derogaba “nada”. Mientras, la CEOE empleaba el mismo argumento, que la norma mantenía e incluso consolidaba “lo esencial de la reforma de 2012”, para brindarle su apoyo.

Con ellos coincidían también ERC y EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno, que igualmente le negaron su respaldo en el Congreso porque consideraban insuficiente la reforma. “Una estafa a los trabajadores”, “un mero retoque” a la reforma de Rajoy, denunciaron. El Ministerio de Trabajo, por el contrario, defendía que la nueva ley iba a suponer un “cambio de paradigma” y a acabar con la “cultura de la precariedad” que había instalado la reforma de 2012 y presidido la recuperación de la anterior crisis.

Los temores de los expertos del mercado laborales hilaban más fino: que las limitaciones a la contratación temporal y las nuevas condiciones en las subcontratas frenarían el crecimiento del empleo en plena fase de recuperación tras la pandemia; también que el recorte en el empleo temporal podía no ser duradero o aumentaría la fragilidad de los nuevos contratos indefinidos.

Un año después, España tiene 20,29 millones de cotizantes a la Seguridad Social, 471.360 más que un año antes y 887.733 más que en diciembre de 2019, antes de la pandemia. Es decir, la recuperación del PIB tras el fin del confinamiento se ha trasladado al empleo sin mayores contratiempos. Al menos de momento, y a la espera de ver en qué grado y a qué velocidad la ralentización económica va a contagiarse al mercado de trabajo, a tenor de lo que ya indican las últimas estadísticas de empleo y paro.

Sindicatos, patronal, políticos de todo signo y economistas coinciden en que las reformas laborales no crean empleo, un mantra repetido con frecuencia desde que entró en vigor la de 2012. Pero la de 2021 –se aprobó en el último Consejo de Ministros del año, un 28 de diciembre– sí ha operado un vuelco en el comportamiento del mercado de trabajo. El que constituía su objetivo principal: la tasa de temporalidad ha caído casi ocho puntos desde diciembre de 2021 y casi nueve desde diciembre de 2019. Entonces se situaba en el 26,11%, la más elevada de la Unión Europea tras Polonia. Hoy es del 17,93%, aún por encima de la media comunitaria, el 14,1%, pero también la más baja de la historia reciente. El año pasado se firmaron 5,69 millones de contratos indefinidos, según los registros de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), 4,6 veces más que en 2021. Cada mes el 90% de los contratos que se suscribían eran temporales, un porcentaje que se ha mantenido testarudamente en las estadísticas desde que en los años 80 se permitiera a las empresas ofrecer este tipo de relación laboral sin respetar las causas establecidas por la ley. En 2022, por fin, esa cuota ha descendido algunos meses hasta el 52%. Es decir, casi la mitad de los contratos que se firman ahora son indefinidos, cuando antes difícilmente superaban el 10%.

En estos meses también ha aumentado la conversión de contratos temporales en indefinidos. A fecha de 31 de diciembre de 2021, se habían transformado en fijos un total de 877.865 temporales, una cifra no muy alejada de las registradas en 2019 y 2018. En 2022, se convirtieron en indefinidos 1,33 millones de contratos temporales, lo que equivale a un alza del 51,8% respecto del ejercicio anterior.

Gracias a ese cambio de comportamiento, en España hay ahora casi 1,6 millones más de asalariados con contrato indefinido que en diciembre de 2021, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa, y casi 1,2 millones menos de trabajadores con contrato temporal.

CCOO y UGT no escatiman adjetivos para loar los “indiscutibles” y “muy buenos” resultados de la reforma laboral. “Impresionante” ha sido la reducción de la temporalidad. “Por encima de nuestras expectativas”, reconoce el secretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Mari Cruz Vicente, su homóloga en CCOO, destaca que la reforma esté permitiendo crear empleo, “y empleo indefinido”, sin ninguna repercusión negativa en el crecimiento de la ocupación. También la CEOE alaba los beneficios en la contratación que ha traído la reforma: “Mayor estabilidad en el empleo, en especial para las mujeres y los jóvenes”, resumen a infoLibre fuentes de la patronal.

Para el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la reforma es superlativa: “El cambio laboral más importante, más eficaz y más rápido de la historia de España”. No sólo ha sido una reforma “dialogada”, sino que además es la primera que “recupera derechos en la negociación colectiva, propone alternativas a los despidos y garantiza la estabilidad en el empleo”, detalla. También ha conseguido, según explica, que ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania el mercado de trabajo español no haya “hiperreacionado” como en ocasiones anteriores, sino que ha resistido “con unas cifras de paro que están entre las mejores de los últimos 14 años” y con una tasa de temporalidad que ya es “equiparable a la media europea”.

Además, la recuperación de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios una vez caducados y mientras se negocia su renovación, que decayó con la reforma de 2012– ha mejorado la negociación colectiva “en un año complicado con un gran aumento de la conflictividad”, explica Mari Cruz Vicente. Pero aún se están peleando los sindicatos, añade Fernando Luján, por conseguir que la también recuperada prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa se haga efectiva en algunos casos. Algunas compañías, asegura, se resisten a subir los salarios de acuerdo con el convenio de sector cuando éstos superan a los establecidos en el de empresa. “Lo vamos a denunciar donde veamos que se retrasa [la subida salarial], para que intervenga la Inspección de Trabajo”, advierte el dirigente de UGT. Mari Cruz Vicente cree que muchos de estos casos terminarán en los juzgados de lo Social.

La reforma laboral también obliga ahora a las subcontratas a aplicar el convenio del sector y a pagar a sus trabajadores los salarios en él establecidos. La responsable de CCOO cifra en 32 los convenios de hostelería que ya recogen este cambio, y en otros 20 los que aún no la aplican. “Pero, en general, las empresas sí están cumpliendo con los compromisos que asumieron [al firmar la CEOE la reforma laboral]”, concluye, “después de todo, reducir el abuso del empleo temporal era uno de los requisitos para recibir las ayudas de la UE, que van a las empresas”.  

La patronal subraya la importancia del “cambio de cultura” que está propiciando la reforma laboral, y los beneficios que implica el aumento de los contratos indefinidos: continuidad en la relación laboral y acumulación de derechos para el trabajador. “Con toda la prudencia posible, teniendo en cuenta la incertidumbre de la coyuntura económica”, precisan las fuentes, “los indicadores son positivos”. Por ese motivo se desentiende de la polémica sobre el aumento “exponencial” de los fijos discontinuos. CCOO y UGT tachan el debate de “artificial” y “tramposo”.

En 2022 se firmaron 2,32 millones de contratos de este tipo, lo que multiplica casi por nueve los 262.911 de 2021, prácticamente la misma cantidad que en 2019, antes de la pandemia. Un salto enorme, pero su número está aún por debajo de los 3,5 millones de contratos indefinidos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, suscritos el año pasado. En 2022 también se registraron 5,98 millones de contratos temporales menos que en 2021, por lo que sólo una parte de esa reducción la han absorbido los fijos discontinuos.

Luján rebate las críticas por el modo en que la estadística recoge los periodos de inactividad de los trabajadores con estos contratos de tan reciente protagonismo –en esos periodos figuran como demandantes de empleo y no como parados, igual que los acogidos a los ERTE– recordando que ésta es la misma desde 1985 y que en España se cuentan de la misma forma que en el resto de Europa. Mari Cruz Vicente argumenta que si ha habido un traslado tan cuantioso de contratos temporales a fijos discontinuos es precisamente por el “inmenso” volumen de empleo temporal en fraude de ley que había en actividades estacionales. El dirigente de UGT explica que la reforma desglosó el fijo discontinuo en cinco tipos: de temporada, intermitente, de contrata, para ETT y para las administraciones públicas. Acercándose a cada una de estas modalidades es posible verificar cómo se está comportando la contratación de fijos discontinuos, asegura. “Pero sólo se piensa en los dos primeros tipos”, protesta, “cuando los de contrata, por ejemplo, son claramente plurianuales”.

Donde ni patronal ni sindicatos quieren entrar aún es en si los indefinidos que se están firmando van a ser menos duraderos que los anteriores a la reforma. “Aún es pronto para saberlo”, responden al unísono. Si a partir de ahora aumentaran los despidos, aduce Fernando Luján, sería una prueba más de que en España despedir es “fácil y barato”, y de que es necesario “proteger más los contratos indefinidos”.

Pese a los elogios a la reforma, CCOO y UGT quieren ir más allá. La siguiente batalla ya se está librando a propósito del coste y las causas del despido. Ambos sindicatos han presentado una demanda en el Comité Europeo de Derechos Sociales porque cree que en España falla la protección frente al despido es insuficiente desde que la reforma de 2012 redujo las indemnizaciones y permitió a las empresas rescindir contratos sólo con que prevean que van a incurrir en pérdidas en el futuro, argumenta Fernando Luján. También cita el dirigente de UGT la recuperación de la autorización administrativa para los despidos colectivos. Mari Cruz Vigente apunta hacia la modificación sustancial de condiciones de trabajo, que no se ha tocado en la última reforma y que, de no acatarse, sólo permite al trabajador irse con 20 días de indemnización.

La reforma laboral fue aprobada por los órganos directivos de la CEOE con la abstención de cuatro de sus patronales: la del campo (Asaja), la automoción (Anfac), la madrileña (CEIM) y la catalana (Foment del Treball Nacional). Fue sólo el primer movimiento de contestación interna que propició un viraje en la actitud de los empresarios en el Diálogo Social. Después de firmar 14 pactos con el Gobierno y los sindicatos a lo largo de dos años, la CEOE se desmarcó –en pleno año electoral para su presidente, Antonio Garamendi– de los acuerdos para subir el salario mínimo y se descabalgó de las negociaciones para fijar el marco salarial en mayo. “En los últimos seis meses la patronal ha perdido la mesura”, critica Fernando Luján, quien invita a los empresarios a “recuperarla” incorporándose cuanto antes a la mesa del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC).

Pero no hay perspectivas de que esa negociación se reactive a corto plazo. Se mantienen los contactos “informales” entre ambas partes, pero “es imposible pasar a los formales porque la CEOE no ha presentado ni una sola propuesta”, lamenta el secretario de Política Institucional de UGT. El ANC lleva tres años sin renovarse, desde 2020, por lo que “si este año tampoco se activa, el ANC se acaba”, zanja por su parte Mari Cruz Vicente. “No puede ser que la patronal sólo firme el acuerdo cuando hay que hacer ajustes de salarios, pero lo rechace cuando la situación económica es buena”, replica.

La alternativa, avanza Luján, no es otra que recrudecer la campaña sindical Salario o conflicto para conseguir subidas retributivas con las que afrontar la inflación. La CEOE responde que su voluntad es siempre “dialogar” para establecer aumentos salariales “razonables” en medio de una crisis de precios como lo actual, explican fuentes de la patronal a este periódico. “Nadie ha dicho que no se quieran subir salarios”, concluyen.

El alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, tras conocerse la candidatura de Carlos García Adanero a la alcaldía de la ciudad por el PP, ha afirmado que "la noticia relevante no era tanto esta, que son muy libres de presentarse como quieran, sino todo lo que ocurrió: esa traición que se ha demostrado que se produjo". Ha esperado que "esto no genere tensiones en el votante" y ha asegurado que se llegarán a acuerdos con el PP "si fuese necesario", ha recogido Europa Press.

En declaraciones a los medios de comunicación, Maya ha dicho que prefiere "mirar para adelante". "Llegará la campaña, desde UPN defenderemos el proyecto que tenemos para Pamplona y el liderazgo de Cristina Ibarrola, y vamos a pensar más en eso, en cosas positivas para la ciudad más que en todo esto, que me parece un episodio muy triste todo lo que ha ocurrido y nos sentimos realmente mal como partido". "Prefiero hablar de proyectos, hablar de futuro, trabajaré intensamente con Cristina —Ibarrola— para que sus ideas como alcaldesa lleguen a la gente y obtengamos los apoyos que necesitamos", ha defendido.

Preguntado si teme que la candidatura de Adanero pueda restar votos a UPN, Enrique Maya ha señalado que "eso se sabrá el día de las elecciones" pero se ha mostrado "convencido de que no". "Yo creo que a la gente no le gustan estas estratagemas de muy poquito estilo para, al final, acabar siendo candidato a la alcaldía de Pamplona, cosa que sabe que nunca va a conseguir", ha asegurado.

En este sentido, ha esperado que la ciudadanía "entienda cómo han ocurrido las cosas" y ha destacado que "lo fundamental es que la gente conozca, le sepamos transmitir, que lo importante es ir a votar" porque "nos estamos jugando mucho". Así, ha advertido de que "si los números dieran como estamos ahora, probablemente el PSN apoyara a Asiron, y eso la gente lo tiene que saber".

"Lo peor que se puede hacer es generar en la gente inquietud respecto a si hay que votar o no o a quién hay que votar", ha señalado Maya, que ha pedido que "el voto moderado, el voto de centro derecha, se refleje en las próximas elecciones" que "para nosotros es el voto a UPN". "El ciudadano es muy libre de votar a quien quiera pero, sobre todo, que se vote y esto no genere tensiones en el votante, que es lo peor que puede pasar", ha insistido.

Preguntado por la posibilidad de negociar con el PP tras las elecciones municipales, Enrique Maya ha indicado que "no vamos a ser tan tontos de poner en un brete el futuro de la ciudad por una situación nada agradable que es la que estamos viviendo ahora". Así, ha afirmado que "si fuese necesario llegar a acuerdos, se llegaría", pero cree "que no es bueno estirar el chicle como está haciendo el PP".

Al respecto, ha criticado que se hable "en términos de enemigos irreconciliables", lo que supone "mentir porque la política es así, lo que hoy parece negro mañana se convierte en blanco". "Por qué vamos a tensionar sobre todo al ciudadano con broncas, con discusiones, cuando todo el mundo sabe que, al final, si son necesarios los acuerdos, llegarán. Tanto aquí como en el Gobierno de España. Vamos a dejarnos de tensionar tanto, vamos a hablar de proyectos y ya está", ha manifestado.

Alberto Núñez Feijóo extiende una mano para pedir pactos de Estado al Gobierno mientras usa la otra para enterrar, definitivamente, uno de los que históricamente han intentado poner freno a la compraventa de voluntades políticas: el pacto antitransfuguismo.

El Partido Popular de Navarra, con las bendiciones de la calle Génova, se reunirá este martes en Pamplona con los diputados en el Congreso Sergio Sayas y Carlos Adanero para “analizar de manera formal su posible integración en la estructura del PP”.

Sayas y Adanero son dos tránsfugas: diputados que han sido expulsados por indisciplina del partido que les llevó al Congreso, en este caso UPN, y que no han renunciado a sus escaños. Ficharlos, como pretende hacer el PP, supone una flagrante violación del pacto antitransfuguismo que este partido firmó, aunque en abril de 2021 decidiese abandonarlo después de ser amonestado por haberlo incumplido para frustrar la moción de censura con la que PSOE y Ciudadanos intentaron acabar con la presidencia de Fernando López Miras.

El pacto en cuestión, uno de los pocos acuerdos de Estado suscritos por todos las formaciones políticas en los últimos cuarenta años, prohíbe expresamente a los partidos “admitir” a concejales o diputados elegidos en una lista diferente “mientras mantengan el cargo conseguido en su partido original”. Es decir: admitir a Sayas y a Adanero en el PP incumplirá el pacto contra el transfuguismo, a menos que previamente renuncien a sus escaños en el Congreso.

Génova quiere ficharles para “trabajar de forma coordinada en la configuración de un proyecto competitivo que frene los ataques a una comunidad en la que gobierna el PSOE gracias al apoyo expreso de Bildu”. La voluntad de entendimiento entre la plataforma de los dos diputados navarros y el PP de Navarra “es amplia”, aseguran. “El objetivo es aglutinar el voto de centro derecha, pero también lograr el de aquellas personas que no quieran para la comunidad foral un Gobierno del partido de Pedro Sánchez con el apoyo del partido de Arnaldo Otegi”.

Sergio Sayas y Adanero fueron expulsados de UPN después de incumplir el acuerdo que su partido había suscrito con el Gobierno para apoyar en el Congreso la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los dos diputados, conscientes de que sus votos eran decisivos, engañaron deliberadamente al Ejecutivo diciéndoles que votarían a favor de la iniciativa con la intención de causarle una inesperada derrota.

Sin embargo, el azar hizo que la votación saliese adelante sin su apoyo gracias al error cometido por un diputado del PP, Alberto Casero. Su voto favorable a la reforma laboral arruinó la estrategia de los dos tránsfugas así como la del Partido Popular y de Vox, que confiaban en ellos para causar una seria derrota al Gobierno. Aquella votación está todavía pendiente de que el Tribunal Constitucional decida si aquel voto equivocado debió contabilizarse o no.

La traición de Sayas y Adanero a su partido fue interpretada en su día como una decisión instigada por el PP, gobernado entonces por Pablo Casado y Teodoro García Egea, con el que ambos habían hablado en los días precedentes. Los tránsfugas, sin embargo, siempre han negado que cambiasen su voto alentados por el PP y a cambio de ingresar en este partido, circunstancia que ahora parece estar a punto de producirse.

Que el PP volviese al pacto antitransfuguismo fue una de las propuestas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a Alberto Núñez Feijóo en la reunión que ambos mantuvieron en Moncloa en abril de 2022, poco después de que el principal partido de la oposición consumase su abrupto cambio de liderazgo. 

Feijóo nunca respondió, ni a favor ni en contra, pero el fichaje de Sayas y Adanero confirma que no tiene la menor intención de volver a aquel pacto, suscrito con el fin de limitar una práctica cuyos “efectos suponen la alteración de la representación política durante la misma legislatura, cambiando la orientación de la relación de fuerzas surgida de las urnas” y que “no sólo son perjudiciales para la gobernabilidad, sino que deterioran los fundamentos del sistema político, propiciando disfunciones y comportamientos que pueden instalarse de forma endémica en nuestra vida pública”.

La entrada de ambos tránsfugas, alineados en posiciones más próximas a Vox que del PP —los dos cosechan con frecuencia aplausos de la bancada ultra gracias a la dureza de sus intervenciones contra el Gobierno—, demuestra que al líder del PP le vale todo con tal de engrosar sus filas. A falta de una amalgama mejor, el hilo conductor que une a los dos exdiputado de UPN con los sorayistas que Feijóo empezó a recuperar la semana pasada, encabezados por Borja Sémper e Íñigo de la Serna, ambos ideológicamente más templados, así como con los dirigentes de Ciudadanos que Génova está tratando de captar a pesar de la incomodidad de Isabel Díaz Ayuso, no es otro que el deseo, común a todos ellos, de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

Con el fichaje de Sayas y Adanero, Feijóo asume otra línea de actuación de Casado: la voluntad de no ponerse límites a la hora de forzar mayorías. La anterior dirección del PP fue quien instigó con éxito la compra de diputados de Ciudadanos a cambio de cargos públicos para dinamitar la moción de censura contra López Miras. 

Una actuación que en su día motivó una resolución de los expertos de la comisión antitransfuguismo que certificó la “condición de “tránsfugas” de los cuatro exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura en Murcia, así como del presidente de esta región, Fernando López Miras, al considerar que fue “inductor y beneficiario” de la conducta tránsfuga de estos parlamentarios.

El Senado ha aprobado este miércoles, con los votos en contra del PP, UPN y algunos parlamentarios de Vox y Ciudadanos, una iniciativa del PNV en la que se insta al Gobierno a "reconocer la responsabilidad" del ejército sublevado y de la dictadura franquista en el bombardeo del municipio vasco de Gernika el 26 de abril de 1937.

La moción consecuencia de interpelación ha contado con 144 votos a favor (PNV, PSOE, ERC, Bildu, Junts, Grupo Izquierda Confederal, Teruel Existe y Coalición Canaria), 103 votos en contra (PP, UPN, dos senadores de Vox, una senadora de Ciudadanos y los dos parlamentarios escindidos de Ciudadanos) y una sola abstención, del senador de Ciudadanos José Luis Muñoz, según informa Europa Press.

Según el texto de la iniciativa que ha aprobado el Senado, el Gobierno reconoce la responsabilidad del ejército sublevado y del posterior Gobierno franquista en el "ataque, daño y sufrimiento causado por el bombardeo de Gernika el 26 de abril de 1937, como símbolo de todos los ataques aéreos contra la población civil".

Además, los nacionalistas vascos pretendían, a través de este texto que finalmente ha sido aprobado por la mayoría de la Cámara Alta, que el Gobierno muestre sus disculpas al pueblo de Gernika por "el sufrimiento causado".

Con motivo del aniversario de estos hechos, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros una declaración institucional en la que expresa su condena al ataque aéreo de Gernika, algo que el PNV aplaude en su texto, al igual que saluda que una delegación del Ejecutivo central participara en los actos conmemorativos del bombardeo.

Sin embargo, los nacionalistas vascos consideran que el Gobierno central "ha eludido reconocer la responsabilidad histórica del Estado en aquel ataque y en la mentira mantenida durante los años de la dictadura".

El Comité de Garantías y Disciplina de UPN ha decidido sancionar a los diputados regionalistas Sergio Sayas y Carlos García Adanero con la suspensión de dos años y seis meses de militancia tras no acatar la directriz del partido de votar a favor de la reforma laboral. Asimismo, les impone la sanción accesoria de inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo, ha informado Europa Press.

Así lo ha resuelto el Comité tras analizar las alegaciones presentadas por ambos diputados a la propuesta que realizó de sancionarlos con suspensión de militancia durante dos años y seis meses. Las sanciones están previstas en el artículo 108.2 a) y b) de los Estatutos de UPN y corresponden a una infracción grave, que viene tipificada en el artículo 108.1 j), ha informado UPN en un comunicado. En concreto, recoge que "cualquier actuación política que vaya en contra de las decisiones aprobadas por los órganos del partido, y expresamente el incumplimiento del deber de voto oficial en las instituciones, establecido reglamentariamente".

Contra la resolución sancionadora, Sayas y García Adanero podrán interponer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de los Estatutos, recurso de apelación ante el Consejo Político en el plazo de 10 días hábiles a partir de mañana miércoles.

La resolución del Comité de Garantías y Disciplina señala que, "lo que resulta indubitado y, por lo tanto, probado, es que el Comité Ejecutivo acordó delegar en los cargos unipersonales de UPN la negociación y en su caso, acuerdo, con el Gobierno de España en relación con la postura del partido en la convalidación del Real Decreto-ley que modificaba la reforma laboral". "Ningún miembro presente se opuso a dicha delegación", dice.

"Concluimos que el procedimiento para decidir la posición del voto de UPN en la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, cumplió con las exigencias estatutarias", añade la resolución.

Además, para el Comité de Garantías y Disciplina, "queda probado que los diputados, señores Sayas López y García Adanero, en ningún momento informaron a la dirección de UPN de que su voto en la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, iba a ser negativo, contraviniendo así la postura oficial acordada por el presidente, vicepresidente y secretaría general, de votar afirmativamente la convalidación del Real Decreto-ley".

"(...) entendemos que ha existido un ánimo por parte de los dos diputados de desobedecer la orden de votar afirmativamente, pero no sólo eso, si no que, además, decidieron votar de forma contraria el día anterior y no comunicar su decisión a la dirección de UPN", concluye.

Respecto a la graduación de la propuesta de sanción y principio de proporcionalidad, el Comité de Garantías y Disciplina entiende que "nos encontramos ante una infracción de carácter grave y no leve, por el hecho de haber decidido ocultar la realidad del sentido de su voto a la dirección de UPN". "Dicho extremo convierte la infracción de leve (art. 107.1 j) en grave, puesto que la ocultación de su decisión ha causado un evidente perjuicio público para UPN. Dicha decisión es imputable únicamente a los señores diputados, pues podrían haber optado por comunicar su decisión, habiendo constituido en dicho caso una infracción leve", añade.

El genial cineasta Luis Berlanga hubiera obtenido un excelente guion el jueves pasado plasmando los acontecimientos que se sucedieron en el Congreso de los Diputados con motivo de la convalidación de la reforma laboral. Ya saben todo lo ocurrido: de una parte, dos diputados de Unión del Pueblo Navarro contravinieron el compromiso de su partido de votar favorablemente y se apuntaron al frente unido del PP, Vox, ERC, Bildu y otros que querían tumbar la norma. Curiosos compañeros de viaje para unos políticos con ideologías tan diversas. Y, cuando todo estaba perdido y el resultado final abocaba inevitablemente a la derogación, saltó la sorpresa del voto errático de un diputado del PP, casi como un verso suelto, apoyando la aprobación legislativa.

Lo cierto es que tal situación se convirtió en el foco de la noticia mientras otros importantes asuntos también aprobados en ese mismo día quedaban cubiertos por el velo de la indiferencia. No eran temas baladís. Voy a señalar solo dos:

El Pleno del Congreso aprobó el jueves la ley que sanciona con penas de prisión a aquellos que acosen a las mujeres que acuden a una clínica para interrumpir su embarazo, para alboroto disgustado de las asociaciones “pro vida”, y su portavoz, el popular Jaime Mayor Oreja, de su partido (PP) y de Vox. A la derecha extrema probablemente le vino bien que no se difundiera en exceso este varapalo a su batalla por devolver a la noche de los tiempos todo lo relacionado con los derechos de las mujeres y este derecho en particular.

El otro capítulo aprobado ese mismo día en el Pleno y asimismo invisibilizado fue la ratificación por amplia mayoría del dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Kitchen. El resultado es que se señala al presidente del PP y líder de esa formación cuando sucedieron los hechos, Mariano Rajoy, y a su número dos, María Dolores de Cospedal, como máximos responsables políticos de la citada operación que trata del espionaje ilegal al tesorero del partido Luis Bárcenas, siendo ministro Jorge Fernández Díaz. Todo ello realizado con medios humanos del Ministerio del Interior y financiación a cargo de los fondos reservados. El PP debe estar dando palmas con las orejas de que el visto bueno al dictamen haya pasado desapercibido gracias al jaleo provocado en su mayor parte por ellos mismos.

Ahora vamos a lo ocurrido. Partimos de una mentira, concepto para el que me acojo a la definición de Heidegger quien enuncia que la verdad tiene que ver, sobre todo, con la fidelidad, la veracidad, la autenticidad de la palabra dada y con la promesa de cumplimiento del futuro anunciado. Esa ausencia de verdad la ejercieron los dos diputados de UPN que, tras asegurar que cumplirían la directriz de su partido apoyando la reforma, cambiaron su voto de forma sorpresiva (al menos para un amplio sector de la cámara). Las posteriores excusas, débiles y poco convincentes, se hacían añicos ante las declaraciones del presidente de su partido, Javier Esparza, quien dijo, contundente, que se trataba de una decisión de la ejecutiva del partido, que se les había comunicado, que habían acordado el sentido favorable de su papeleta y que fuera de historias electorales y partidistas, se trataba de apoyar una reforma acordada por sindicatos y empresarios. “Nos han engañado a todos”, dijo Esparza. Así que tienen difícil perdón.

Utilizaron la mentira para dar apariencia de verdad, es decir, para lograr el engaño mediante una treta. En este caso, consistió en asegurar hasta el último momento a los miembros del gobierno de coalición que su postura sería la acordada para luego hacer todo lo contrario. Las razones invocadas carecen de toda lógica. Arguyeron su incapacidad ética para apoyar a un ejecutivo cuyos socios eran ERC o Bildu, pero tal argumento fue despreciado por su presidente Esparza cuando afirmó que de haberse derogado la reforma “ahora (estos dos diputados) lo estarían celebrando con Bildu y ERC”. Siguiendo la mecánica del engaño. ¿Qué buscaban conseguir? Si existe algún interés político para que el PSOE y UP muerdan el polvo, procede sin duda del principal partido de la oposición. La palabra Tamayazo sobrevolaba el hemiciclo, en recuerdo de los dos diputados tránsfugas del PSOE que facilitaron con su abstención en 2003 la repetición de elecciones a la asamblea de Madrid que dio la victoria a Esperanza Aguirre.

Junto a la mentira y el engaño, apareció el descalabro, entendido como el deterioro, pérdida, daño o perjuicio muy grave producido por un contratiempo. En este caso el contratiempo fue primero para el Gobierno de coalición cuando, al contar los votos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se descolocó durante unos instantes y dio por derogada la ley, para alborozo y felicidad de la oposición en su conjunto (se comentó más tarde que miraban sonrientes a los diputados navarros indisciplinados, como si ya estuviera prevista su traición). Mientras, se extendía el desconcierto en el banco azul y las imágenes recogían una expresión descoyuntada de los líderes de PNV -en especial- y de ERC -en buena parte-. Fueron 40 segundos agónicos hasta que el mismo descalabro afectó a los otros, es decir a PP, VOX y sus seguidores en esta votación. La alegría cundió entre socialistas, Unidas Podemos y otros partidos favorables a la ley. El PP empezó a gritar contra el giro de los acontecimientos. Se diría que en sus planes entraba que resultara el rechazo a la norma, pero no esta conclusión.

Sobre todo, las matemáticas indicaban que había un voto errático, que de ser un ‘no’ se había transformado en un ‘sí’. El intento de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, de intervenir en el pleno de manera extraordinaria dio algunas pistas de por donde podía darse respuesta al interrogante. Y llegamos ahí a la chapuza. Un diputado cacereño, investigado por presunta prevaricación, hombre de partido desde el primer día, Alberto Casero Ávila, erró el sentido del voto telemático que emitió. Pero es que volvió tenazmente a equivocarse contra su propio partido en otras tres ocasiones más ese mismo día. Este personaje, para muchos, desconocido, es segundo de a bordo de Teodoro García Egea, quien a su vez y como es sabido es segundo de Pablo Casado. Alberto Casero se encontraba indispuesto con gastroenteritis, se dijo. En su casa votó lo contrario de lo que debía, según las directrices de los suyos. Dijo que ’sí’ cuando tenía que haber dicho ‘no’. La reforma laboral quedaba convalidada gracias a la metedura de pata que el PP niega vehementemente, intentando por todos los medios que el diputado volviera a votar, alegando fallo técnico, denunciando pucherazo, tongo, conculcación de los derechos fundamentales de su señoría, amenazando con acudir al Constitucional con el apoyo incondicional de Vox.

Pero para mí, los teatrales hechos del jueves 3 de febrero de 2022 pasan a los anales parlamentarios no sólo por el engaño, la treta y la chapuza, sino por algo todavía más grave y más de fondo. ¿Por qué hay que estar ofreciendo siempre algo a cambio para que sus señorías apoyen lo que es bueno para todos los agentes sociales y que ha sido fruto del consenso? ¿Por qué tenían que votar en contra y no tuvieron la decencia de abstenerse? ERC y Bildu, socios de investidura, podrían haberse abstenido, con lo que escenificarían suficientemente su molestia por no haber logrado rascar todavía algo más al gobierno. El PP, aunque era menos probable, también podría haber ejercido la abstención y no votar en contra, valorando así el acuerdo entre los agentes sociales, poniendo por delante un sentido de Estado y manifestando al mismo tiempo su oposición al gobierno al no apoyar explícitamente algo de lo que no han sido protagonistas. Y VOX, bueno, de estos últimos nunca cabe esperar nada positivo.

Fueron demasiados los políticos que, sin ningún reparo, intentaron tirar por tierra un acuerdo histórico y a la vez necesario, no solo para mejorar las condiciones laborales de nuestros compatriotas en mayor grado de precariedad, sino también para que los empresarios tengan instrumentos no lesivos para resolver situaciones complicadas que no pueden asumir y, todavía más, necesario como obligada condición para la llegada de los fondos europeos. No hay justificación posible para la negativa, ni menos para todas las artimañas empleadas para evitar la aprobación de la reforma laboral.

Todos quienes votaron en contra, arropados por intereses espurios, inconfesables o incomprensibles, y que se supone están en las antípodas ideológicas, se dieron la mano con el objetivo de perjudicar al gobierno, alentados por la mezquindad, es decir, por su falta de generosidad y ausencia de nobleza de espíritu.

Baltasar Garzón es presidente de FIBGAR.

El Consejo Político de UPN, que se ha reunido este sábado en sesión extraordinaria, ha acordado con el 80,62% de los votos favorables (15% en contra; 3,75% en blanco; y 0,62% voto nulo) ratificar el acuerdo adoptado en la tarde de ayer por el Comité Ejecutivo por el que pedía a Sergio Sayas y Carlos García Adanero la entrega de sus actas de diputados en el Congreso o, de lo contrario, iniciar el procedimiento para su expulsión del partido, según informa Europa Press.

Una resolución que se adoptó este viernes después de que Sayas y Adanero votaran no a la convalidación de la reforma laboral, contraviniendo las directrices de la dirección del partido.

El acuerdo de la Ejecutiva reprochaba que "la gravedad de la actitud de los dos diputados de UPN en el Congreso de los Diputados, no sólo por su falta de disciplina, sino también por la ocultación de su voto final a votantes, afiliados, cargos, ejecutiva y dirección del partido, todo ello, además, con premeditación, ha causado un daño de incalculables consecuencias y repercusión, tanto en el propio partido como en sus dirigentes, algo que ha puesto en jaque nuestra credibilidad y fiabilidad".

"El valor de la palabra dada siempre ha acompañado a UPN desde su nacimiento y es nuestra seña de identidad", continuaba la resolución, que señalaba que "todo esto nos obliga a ser contundentes en defensa del interés y el respeto de nuestro partido y nuestros votantes". Por ello, "la grave indisciplina y el grave perjuicio para la imagen y respetabilidad de UPN nos obliga a pedirles que entreguen sus actas de diputados y, de no ser así, iniciar los procedimientos necesarios para su expulsión".

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado que Sayas y Adanero "han debilitado a UPN" con su voto, y ha opinado que "no pueden seguir" en el partido si no entregan sus actas de diputados. Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios al finalizar el Consejo Político de UPN.

Esparza ha afirmado que la reunión se ha desarrollado "con normalidad, con un debate profundo" y ha agradecido "el apoyo del Consejo Político que ha ratificado la posición de la dirección". Y ha trasladado un mensaje a la ciudadanía navarra de que "vamos a seguir trabajando por esta comunidad, que vamos a poner lo mejor de nosotros mismos y que, sin duda, UPN va a seguir siendo la primera fuerza en Navarra".

Esparza ha resaltado que "los órganos del partido han hablado con contundencia desde un punto de vista político". "Lo que se ha hecho es exigir que entreguen su acta de diputado y si no obviamente creemos que no pueden seguir en UPN".

Frente a las declaraciones de Adanero y Sayas que defienden que no dijeron que votarían a favor de la reforma laboral, el presidente de UPN ha afirmado que "hay declaraciones publicadas de esos días" en las que ambos diputados mostraban su disconformidad pero aseguraban que iban a "acatar la disciplina de voto". "Que es justo lo que no hacen a las seis y media de la tarde engañándonos a todos", ha reprochado. "Evidentemente, tanto en público como en privado, se nos dijo que se iba a respetar la disciplina de voto y finalmente no se hizo", ha remarcado Esparza, que ha manifestado que "nunca pensé que podrían saltarse la disciplina de voto".

Javier Esparza ha criticado que "con la decisión que han tomado han debilitado a UPN, porque UPN es un partido que tiene palabra, podremos acertar o equivocarnos, pero tenemos palabra, y si tomamos una decisión, se cumple". "Eso es lo que ha quedado en entredicho", ha lamentado el regionalista, que ha considerado que con la decisión del Consejo Político se "vuelve a la normalidad, UPN sigue siendo una fuerza que va a cumplir con la palabra dada".

Sergio Sayas, por su parte, ha afirmado que actuó con "dignidad y libertad" al votar el contra de la convalidación de la reforma laboral, y ha esperado que el partido le "permita seguir". En declaraciones a los medios de comunicación, ha defendido que "lo único que podía justificar" el apoyo de UPN a la reforma laboral era la "ruptura" del PSOE con el nacionalismo, un precio que la formación socialista "no estaba dispuesta a pagar".

Ha señalado que ha acudido al Consejo Político a explicar por qué tomaron esa decisión, que fue, ha afirmado: "Por lo que a mi siempre me ha movido en la política que es la dignidad y la libertad, algo en lo que he militado desde que tengo 18 años y en lo que voy a seguir militando toda mi vida".

"Dignidad", ha dicho, "respecto al PSOE; UPN no podía convertirse en el felpudo de Sánchez, un partido pisoteado por alguien que nos estaba diciendo que este pacto era por España y que al día siguiente iba a poner la mano al nacionalismo de nuevo para destrozar España". "Eso no podía ser UPN", ha remarcado.

Por otro lado, ha destacado que "a mi nadie me impuso nada, nadie me compró en ninguno de los momentos. Creo no se me conoce cuando se puede opinar algo así". "Si el precio que estaba dispuesto a pagar el PSN era la no reprobación de Enrique Maya, el precio era insuficiente; si el precio era dinero para el Ayuntamiento de Pamplona entrábamos al foco que criticábamos en los demás", ha recalcado.

Para Sayas, "sólo había un precio posible que el PSOE no estaba dispuesto a pagar, el precio de la ruptura con el nacionalismo, el precio de que el PSOE volviese a ser un partido constitucionalista". "Eso era lo único que podía justificar nuestro voto en un momento en el que Sánchez se estaba jugando la estabilidad de un Gobierno y ese no era el precio que el PSOE estaba dispuesto a pagar", ha reiterado.

García Adanero ha afirmado a la salida del Consejo Político del partido que "es evidente que la dirección está deseando que nos vayamos y expulsarnos", pero ha asegurado que "seguimos confiando en los órganos, creemos que podemos defender nuestra posición".

Adanero ha explicado a los medios que no ha intervenido en el Consejo porque "cuando hablas con una pared es complicado" pero ha esperado que el Comité de Disciplina "me escuche, pueda dar las razones y a partir de ahí ver lo que pasa".

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto causa penal para investigar al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a Davalor Salud S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017.

La Sala indica que los hechos descritos en la querella, que fue presentada el pasado 2 de junio por UPN, y atribuidos a la persona aforada, en una valoración muy provisional podrían ser constitutivos de los citados delitos. Por ello, de acuerdo con el fiscal, declara su competencia para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento del aforado, y dispone abrir un procedimiento contra él, designando instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Andrés Palomo del Arco, según ha informado el Tribunal Supremo, informa Europa Press.

La querella de UPN expone que Ayerdi, que entonces era vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Desarrollo Económico y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (Sodena), concedió en septiembre de 2015 a la entidad Davalor Salud S.L. un préstamo de 1.000.000 euros, sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia, siempre según la querella de la formación regionalista.

Asimismo, los querellantes denuncian que pese a ser conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales por parte de Davalor Salud S.L. y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda Tributaria de Navarra y con la Seguridad Social —determinantes estas de la efectiva denegación de subvenciones en los años 2016 y 2017—, el querellado, no sólo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a Davalor. El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y los tres últimos, concedidos los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.

Según los querellantes, el Gobierno de Navarra en junio de 2015 declaró el proyecto de Davalor como de "interés foral", lo que según la ley foral le permitía tramitar el apoyo financiero por el procedimiento de urgencia.

La querella añade que Davalor Salud S.L. en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo destinó el dinero a abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad. La entidad fue declarada en concurso, instado por un acreedor en julio de 2018, que fue declarado culpable por no haberlo solicitado en el plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia.