Ocho argumentos numerados, una petición de rectificación y una pregunta que recorre todo el texto como una corriente de fondo: ¿puede un órgano institucional acusar de delitos de odio, sesgo sistemático y mala praxis a periodistas concretos a partir del análisis del 3% de su producción? 

La respuesta que la corporación pública ha dado este martes es un ‘no’ rotundo. El consejo de administración de RTVE (su máximo órgano de gobierno) ha aprobado por mayoría absoluta —con los votos del bloque de investidura y el rechazo de los consejeros propuestos por el PP— adherirse a un documento elaborado por la dirección de TVE que rebate de forma pormenorizada el informe que el Consejo de Informativos (CDI) publicó el pasado 13 de enero contra Mañaneros 360 y Malas Lenguas, e insta al CDI a rectificar.

El conflicto viene de lejos. En mayo de 2025, el Consejo de Informativos anunció que abría una investigación de oficio sobre los dos programas de actualidad —producidos en colaboración con empresas externas— tras recibir supuestamente más de cien quejas internas. Ocho meses después, publicó un informe de 144 páginas en el que concluía que ambos espacios “incumplen, de forma habitual y reiterada, las normas fundamentales para la elaboración de información“ en RTVE. 

Las acusaciones eran de calado: sesgo sistemático a favor del Gobierno y del PSOE, difusión de noticias falsas, responsabilidad editorial opaca, uso ilegítimo de la marca VerificaRTVE y —la más grave— emisión de contenidos que podían constituir “mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad“. El informe fue remitido a más de mil personas de la plantilla de TVE y obtuvo una amplia repercusión mediática, además de dar lugar a encendidas intervenciones en la comisión del control del Congreso.

La réplica de la corporación ha tardado un mes en llegar y su tono es inusualmente contundente para un texto institucional. El documento aprobado este martes identifica ocho “hechos verificables” que, a juicio de la dirección, refutan las conclusiones del CDI. 

El primero y más estructural afecta a la metodología: el Consejo de Informativos analizó apenas 13 programas de un universo de más de 400 emisiones, es decir, aproximadamente el 3% del total. “Un análisis basado en 13 observaciones no permite, según los estándares metodológicos de la investigación social, realizar inferencias válidas ni generalizar resultados”, afirma el texto. Con ese tamaño muestral, y sin acreditar criterios de selección aleatoria, sistema de codificación replicable ni control de sesgos, la dirección de RTVE considera “improcedente” presentar como habitual o reiterada una supuesta mala praxis y, más aún, trasladarla como un “identificativo de la Corporación”.

Pero es en el segundo punto donde el documento eleva la apuesta. La frase del informe del CDI que aseguraba que “es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad” recibe una respuesta que va más allá de la discrepancia editorial para adentrarse en el terreno jurídico. 

La corporación subraya que “mensajes de odio” no es una etiqueta retórica ni un adjetivo intercambiable; es un concepto con carga jurídica y social, estrechamente vinculado a conductas que el ordenamiento sanciona y que, en determinados supuestos, pueden constituir delito”. Imputar a RTVE que “sirve de altavoz”, argumenta el texto, no equivale a reprochar un enfoque periodístico discutible, sino a atribuir a la corporación “una actuación activa de amplificación o legitimación de discursos de odio”. Una acusación de esa naturaleza, concluye, exige una prueba que el informe del CDI nunca aporta.

El tercer punto desmonta lo que la dirección califica de falsedad “objetiva y documental”. El informe del Consejo de Informativos afirmaba en dos pasajes distintos que no le había sido posible identificar a los “verdaderos responsables editoriales” de los programas. 

Sin embargo, en el propio cuerpo del documento figura una respuesta escrita de la directora de Magacines de TVE en la que se identifica expresamente el marco de responsabilidad editorial: “La línea editorial la marca la Dirección de Magacines y la dirección de TVE y en cada programa hay personas de RTVE en el equipo de dirección que trabajan diariamente en la escaleta y la selección de contenidos”. El adjetivo “verdaderos”, utilizado por el CDI, no matiza nada, sostiene la réplica: directamente convierte una afirmación desmontada por la propia documentación del informe en una insinuación de opacidad.

El documento también confronta al Consejo de Informativos con lo que denomina su “doble rasero”. El CDI ha sostenido de forma reiterada que los especiales informativos deben recaer en los Servicios Informativos de TVE y no en programas elaborados por productoras externas. Esa exigencia, señala la dirección, se ha aplicado de forma específica cuando los especiales guardaban relación con la política —comités federales del PSOE, congresos de partidos—, pero no cuando otros programas producidos también externamente han cubierto emergencias meteorológicas de alcance nacional. 

La pregunta que formula el texto es directa: “¿Por qué el Consejo de Informativos de TVE no ha denunciado cuando el programa de productora Aquí la tierra ha elaborado especiales sobre los temporales de febrero?”. El órgano de representación no ha respondido todavía a esa pregunta.

En el extenso anexo que acompaña al documento —firmado directamente por los equipos de ambos programas—, las acusaciones de sesgo ideológico son rebatidas con los propios datos del informe. En los 13 programas analizados por el CDI, Leire Díez aparece en 103 ocasiones, Santos Cerdán en 70, Ábalos en 15 y Koldo García en 10: un total de 198 menciones a asuntos sensibles para el PSOE. “Resulta, por tanto, difícil sostener que los programas ‘dejan en un segundo plano’ lo incómodo para el Ejecutivo”, señala el texto, que recuerda que Mañaneros 360 llegó a realizar especiales con los ingresos en prisión de Ábalos, Koldo y Cerdán.

Sobre la acusación de no rectificar los errores cometidos —en particular el relacionado con el episodio de la “bomba lapa”: el programa difundió una información que resultó errónea sobre mensajes de WhatsApp de un agente de la UCO—, el anexo documenta que la corrección se realizó “de forma inmediata, clara, explícita y reiterada” en el primer programa posterior al error. 

El presentador Javier Ruiz explicó públicamente la interpretación correcta, se emitieron rótulos aclaratorios y el propio informe del CDI tuvo que modificar su redacción inicial quince días después de publicarlo, sustituyendo la acusación original de que los errores no se habían corregido “como marca la ley” por el más impreciso término “adecuadamente”. “Ninguno de los medios que habían publicado la primera versión se hicieron eco del reconocimiento del error”, apunta el texto con evidente ironía.

Quizá el fallo metodológico más revelador es el que afecta al análisis del pluralismo de Mañaneros 360. El CDI utilizó un listado de “analistas habituales en plató” para evaluar el equilibrio ideológico del programa. De los nueve colaboradores citados, cinco nunca habían aparecido en pantalla y un sexto no pertenecía al medio que se le atribuía. El margen de error en el elemento básico sobre el que se sustentaba la acusación de desequilibrio era, en consecuencia, del 66%. El Consejo de Informativos suprimió la tabla silenciosamente, también quince días después de la publicación y sin que los medios que habían difundido el informe informaran del cambio.

La exigencia de rectificación no es una mera declaración a beneficio de inventario. El consejo de administración ha anunciado que examinará en su próxima sesión de marzo la respuesta que reciba del CDI y que adoptará entonces “las medidas que considere pertinentes”. 

La pelota está, pues, en el tejado de un órgano que nació precisamente para vigilar el rigor ajeno y que ahora se enfrenta a una exigencia de acreditarlo en el propio. El texto de la dirección lo formula con la precisión de quien conoce bien el terreno: “Si el Consejo aspira a ejercer su función con autoridad, debe empezar por aplicar a sus propios informes el mismo estándar de rigor, verificación y responsabilidad que exige a los demás”.

En juego, más allá de los programas de Ruiz y Cintora, está la arquitectura de los controles internos en la televisión pública. Y qué ocurre con el daño reputacional infligido, entretanto, si un informe plagado de errores verificables ha circulado durante semanas entre miles de profesionales y en decenas de medios de comunicación.

El periodismo en España sufre por la inseguridad de los periodistas, el incremento de las presiones políticas y económicas, el uso de litigios intimidatorios contra los medios, las dificultades de acceso a la información pública, la elevada concentración de la propiedad mediática y nuevas formas de censura o restricciones digitales.

Al menos eso es lo que denuncia la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) en su informe sobre la situación en España en 2025, que acaba de ser publicado. La PLI es una organización dedicada a proteger y promover los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información. Fue creada en noviembre de 2014 por un amplio grupo de medios, colectivos de periodistas, juristas y organizaciones sociales preocupados por las amenazas crecientes a estos derechos fundamentales.

En el informe recientemente presentado, la plataforma reseña diferentes episodios que califica como vulneraciones de la libertad de prensa en nuestro país, a partir de los cuales concluye que existe un proceso de erosión progresiva, resultado de la acumulación de presiones políticas, judiciales, económicas y digitales.

La organización documenta lo que denomina “un patrón sostenido de ataques y acoso a periodistas”, que combina agresiones físicas, intimidación durante coberturas informativas y campañas de hostigamiento digital.

El acoso digital, aseguran, “adquirió una dimensión especialmente preocupante” el año pasado. “Se documentaron campañas de amenazas de muerte, insultos racistas y señalamiento coordinado contra periodistas, en algunos casos impulsadas o amplificadas por actores políticos”.

Estas campañas, sostenidas en redes sociales, tienen un “efecto acumulativo”: erosionan la reputación profesional, afectan a la salud mental de los informadores y pueden conducir a la autocensura o al abandono de determinadas coberturas. Organismos como la OSCE han advertido reiteradamente que “el acoso en línea debe considerarse una amenaza real a la libertad de prensa, y no un fenómeno menor o inherente al debate público”.

Uno de los hitos más graves de 2025, señala la PLI, fue la imputación de cuatro periodistas por revelación de secretos tras publicar información de interés público relacionada con el caso del fiscal general del Estado, un caso recogido por la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho.

Es un caso, subrayan, que podría sentar un precedente peligroso, al normalizar la intervención penal en la actividad informativa. “El riesgo principal es el efecto desaliento: cuando los periodistas perciben que informar sobre determinadas investigaciones judiciales o policiales puede acarrear imputaciones personales, se reduce la disposición a investigar y publicar, incluso cuando existe un claro interés público”.

La plataforma se hace eco también de la persistencia de problemas en el acceso a la información pública en el marco de la ley de secretos oficiales, una norma de origen franquista que sigue sin reformarse, a pesar de que ha sido discutida en varias ocasiones en el Congreso.

La Comisión Europea, recuerda el informe, identifica además prácticas administrativas e institucionales que afectan de forma directa al trabajo de los periodistas. Entre ellas, el aumento de comparecencias oficiales sin turno de preguntas, la restricción del acceso de determinados medios a actos informativos y los retrasos recurrentes en la respuesta a solicitudes de información pública, que impiden a los profesionales acceder a datos en plazos compatibles con el ciclo informativo.

Son formas de “censura indirecta” o de baja intensidad que debilitan de manera sistemática la capacidad de los medios para fiscalizar al poder y que, cuando se normalizan, erosionan la rendición de cuentas y el pluralismo informativo, afectando de manera desigual a los medios más críticos o con menor capacidad de acceso privilegiado.

Por lo que se refiere a los medios públicos, la PLI recuerda los riesgos de politización de los órganos de gobierno de RTVE derivados de la reducción de los umbrales exigidos para su elección en el Congreso, así como las movilizaciones de profesionales de las radiotelevisiones públicas autonómicas en defensa de su independencia editorial.

El análisis de los casos de 2025, sostiene esta plataforma, muestra que las vulneraciones a la libertad de prensa en España no responden a un único patrón, sino a “la convergencia de múltiples presiones que operan de forma simultánea”. Agresiones y acoso, judicialización, restricciones informales, reformas normativas controvertidas y opacidad financiera configuran un entorno en el que el periodismo puede seguir ejerciéndose, pero a un coste creciente.

Desde la perspectiva del Estado de derecho, el riesgo no es solo la existencia de incidentes aislados, sino “su normalización”. Cuando informar implica asumir riesgos personales, legales o económicos desproporcionados, la libertad de prensa se vacía progresivamente de contenido, incluso sin necesidad de censura explícita.

El informe también señala la preocupación de sus redactores por algunas reformas legislativas en curso, desde la regulación del secreto profesional —que temen pueda acabar debilitando su protección— hasta el proyecto de ley de información clasificada, con capacidad para establecer prohibiciones de publicación durante plazos muy prolongados.

También hay una referencia a la reforma del reglamento del Congreso que estableció nuevas normas para los periodistas acreditados y que la PLI considera, en algunos supuestos, una amenaza para el trabajo periodístico. Y una última al proyecto de ley que aplicará en España el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), al que esta organización atribuye riesgos de restricciones indirectas a la libertad de información, inseguridad jurídica para medios y periodistas y un posible efecto disuasorio en el entorno digital.

Para corregir estos problemas, la plataforma propone, en primer lugar, definir con claridad y precisión los límites de derechos clave del periodismo, como el secreto profesional, el acceso a las fuentes o los sistemas de acreditación, para evitar interpretaciones arbitrarias o aplicaciones desproporcionadas. A ello se suma la exigencia de que cualquier reforma sea plenamente compatible con la normativa europea y los estándares internacionales, de modo que España no quede en una posición de menor protección de la libertad de información que otros países de la UE. En este marco, se subraya la importancia de reforzar los controles independientes, mediante órganos de supervisión imparciales que puedan revisar sanciones impuestas a periodistas o medios y actuar como garantía frente a posibles abusos.

En segundo lugar, las recomendaciones de la PLI insisten en proteger de forma específica a los medios digitales e independientes, evitando que reformas como la del derecho de rectificación se conviertan en barreras de entrada al mercado informativo o fomenten la autocensura.

También reclaman una mayor transparencia en la clasificación de la información secreta, con plazos de desclasificación realistas, mecanismos de revisión y criterios claros de interés público en la futura ley de información clasificada.

Por último, el informe advierte de la necesidad de establecer garantías efectivas para que las sanciones por pérdida de acreditaciones no se utilicen como herramientas políticas destinadas a limitar el acceso de medios críticos o de alternativas informativas al espacio público.

Los expertos en el servicio público de radiodifusión siempre citan dos maneras de acabar con los medios de comunicación de todos. La corta, que apela directamente a su cierre o a su privatización, y la larga, que pasa por someterlos a un férreo control político. En España, al menos hasta ahora, la ultraderecha de Vox —y la derecha extrema del PP— apuestan por la segunda. En Alemania, Francia y el Reino Unido, en cambio, la hoja de ruta es la primera. Pero todas tienen puntos en común que revelan el objetivo del extremismo reaccionario en el viejo continente, a menudo con la vista puesta en los pasos que ya ha dado Donald Trump en Estados Unidos en nombre de la misma ideología.

La ofensiva de Alternativa para Alemania (AfD), liderada por Alice Weidel, contra los medios públicos no es un ajuste técnico ni una discusión presupuestaria: es una estrategia política de desmantelamiento de uno de los principales contrapoderes institucionales del país.

De cara a las elecciones federales del año pasado, el partido ultra presentó la reestructuración radical del sistema de radiodifusión pública —ARD, ZDF y Deutschlandradio— como un objetivo prioritario de su programa, con una propuesta que combinaba recorte estructural, redefinición ideológica y vaciamiento de la función social del servicio público.

El eje central de su plan, que sigue en vigor, a la espera de una oportunidad de hacerlo realidad desde el Gobierno federal, es la abolición total del canon obligatorio por hogar —18,36 euros mensuales— que financia actualmente el sistema.

La AfD lo denomina “GEZ-Zwangsabgabe”, una “tasa coercitiva” que, según su relato, obliga a los ciudadanos a sostener una “ideología unilateral” contraria a la cultura tradicional alemana. No se trata solo de una crítica al modelo de financiación, sino de una impugnación explícita del principio mismo de servicio público universal, concebido como garante del pluralismo y la cohesión democrática.

En sustitución del sistema actual, la AfD propone la creación del llamado Grundfunk, un “servicio básico mínimo” que reduciría drásticamente el alcance, la ambición y la presencia social de los medios públicos en Alemania.

La programación quedaría limitada a noticias, contenidos culturales y emisiones regionales, eliminando por completo el entretenimiento de alto presupuesto y las retransmisiones deportivas.

Además, el plan incluye una fuerte reducción —cuando no supresión— de las plataformas digitales y los servicios bajo demanda, justo en un momento en que el consumo informativo se desplaza aceleradamente hacia el entorno digital.

Este adelgazamiento no es solo funcional, sino simbólico: el objetivo declarado es transformar un sistema universal en un proveedor de nicho, con una huella mínima en la conciencia nacional.

Un cambio que debilitaría la capacidad de los medios públicos para fijar agenda, llegar a públicos diversos y actuar como espacio común de referencia informativa.

El marco ideológico que da sentido a la reforma es la Leitkultur alemana, un concepto que la AfD utiliza para contraponer la “cultura tradicional” a lo que denomina valores progresistas, “woke” o de izquierdas, que considera dominantes en la programación actual.

En la práctica, esto supone sustituir el mandato de pluralismo y diversidad por una “diversidad de opinión” alineada con sus propios valores identitarios. El pluralismo deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una noción condicionada ideológicamente.

La propuesta del Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen para los medios públicos franceses supone un salto cualitativo respecto a otras estrategias de control o presión política: no plantea reformar el sistema, sino desmantelarlo mediante su privatización total.

El plan, defendido públicamente por el presidente del partido, Jordan Bardella, apunta a una reestructuración profunda tanto en términos fiscales como ideológicos, con el objetivo declarado de reducir el gasto público y, de forma menos explícita, alterar el equilibrio del ecosistema mediático francés.

La iniciativa se articula en torno a una privatización gradual de los principales medios públicos nacionales, incluidos los canales y emisoras que integran France Télévisions.

Según Bardella, la venta de estas redes permitiría generar un ahorro estimado de 3.000 millones de euros anuales para el Estado, aunque el proceso no se llevaría a cabo de manera inmediata, sino de forma progresiva. El argumento económico funciona aquí como palanca de legitimación de una operación que, en realidad, tiene consecuencias estructurales sobre el acceso universal a la información.

Uno de los elementos más reveladores del plan es la distinción entre medios nacionales e internacionales. El RN propone privatizar los canales de mayor audiencia y presencia en la vida cotidiana de los ciudadanos —France 2, France 3 y France Info—, mientras que plantea mantener bajo control estatal aquellos medios vinculados a la proyección exterior de Francia.

En este segundo grupo se incluyen France 24, Radio France Internationale (RFI), el canal Arte —por su estatus derivado de un tratado con Alemania— y los medios destinados a los territorios de ultramar.

Esta separación no es técnica, sino política. El RN asume que los medios públicos son prescindibles como servicio interno, pero indispensables como herramienta de influencia internacional y diplomática.

El pluralismo informativo doméstico se considera un coste; el soft power, una inversión estratégica. El resultado es una concepción instrumental del servicio público, reducido a su utilidad geopolítica.

Siguiendo la pauta de la AfD en Alemania, el RN sostiene que los medios públicos se han convertido en espacios dominados por ideologías “progresistas”, “woke” o de izquierda, hostiles a su proyecto político.

Desde esa premisa, la privatización se presenta como una forma de “liberar” las ondas y favorecer una mayor pluralidad. Sin embargo, el efecto previsible no es la neutralidad, sino el traslado del poder informativo al mercado, donde la lógica comercial sustituye al mandato de servicio público y la diversidad depende de la rentabilidad.

El contexto financiero refuerza la fragilidad del sistema. La eliminación del canon televisivo en 2022 dejó a los medios públicos franceses dependientes de un mecanismo de financiación basado en una parte del IVA, cuya vigencia expira en 2025.

Esta incertidumbre presupuestaria actúa como acelerador político: el RN aprovecha la debilidad estructural para presentar la privatización como una salida “realista” a un problema creado, en parte, por decisiones previas de política fiscal.

En el Reino Unido, la estrategia de Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage, hacia la BBC no se plantea tampoco como una reforma puntual ni como una modernización del servicio público, sino como un desmantelamiento deliberado de su modelo fundacional.

En su manifiesto electoral de 2024, Our Contract with You, Farage traza una hoja de ruta destinada a forzar a la corporación a abandonar su estatus de institución nacional protegida y a competir en el mercado como un operador comercial más, privado y condicionado por la lógica de la suscripción.

El eje central de la propuesta es la abolición total del canon televisivo, una licencia anual obligatoria de 174,50 libras para cualquier hogar que consuma televisión en directo. En sintonía con la AfD, Reform UK justifica esta eliminación no solo en términos económicos, sino ideológicos, acusando a la BBC de estar “institucionalmente sesgada”.

El canon, que históricamente ha garantizado la independencia financiera de la corporación frente al Gobierno y el mercado, es presentado como un privilegio injustificado que debe desaparecer.

En sustitución de la financiación pública, el partido propone transformar la BBC en una plataforma basada en suscripciones voluntarias. Este cambio obligaría a la radiotelevisión pública a competir directamente con gigantes del entretenimiento global como Netflix o Disney+, desplazando su lógica de funcionamiento desde el servicio universal hacia la captación de clientes.

El acceso a la información dejaría de ser un derecho vinculado a la ciudadanía para convertirse en un producto condicionado por la capacidad de pago.

Este viraje económico iría acompañado de una reducción drástica del mandato editorial. Reform UK plantea que la BBC abandone la programación de entretenimiento, artes y contenidos culturales para centrarse exclusivamente en noticias e información.

En la práctica, esto supondría amputar una parte sustancial de su función social y cultural, y eliminar aquellos contenidos que históricamente han contribuido a construir un espacio común de referencia para la sociedad británica.

El componente ideológico del plan aparece de forma explícita en su apuesta por un enfoque editorial “patriótico”. Bajo una administración alineada con Reform UK, la noción de imparcialidad —pilar histórico de la BBC— sería sustituida por una orientación que priorice una narrativa nacional alineada con los valores del partido.

El que ya ha pasado de la teoría a la práctica es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, líder oficioso y modelo a seguir de los ultras europeos. Durante el primer año de su segunda administración ha impulsado una reconfiguración agresiva del ecosistema mediático público que responde, en gran medida, a las directrices del denominado Proyecto 2025: concentrar poder en el Ejecutivo y neutralizar lo que el Gobierno define como “sesgo ideológico” en las instituciones informativas.

Las primeras medidas ejecutadas apuntaron al núcleo del sistema federal de medios internacionales. En marzo de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14238, que ordenaba el desmantelamiento de las funciones “no estatutarias” de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), responsable de supervisar redes como Voice of America (VOA) o Radio Free Asia. Más de 1.300 empleados fueron enviados a licencia administrativa, se cerraron transmisores y se suspendieron subvenciones.

El caso de VOA resultó especialmente simbólico: su señal informativa fue sustituida temporalmente por contenidos de One America Network (OAN), una cadena comercial abiertamente alineada con Trump.

La ofensiva continuó en el ámbito doméstico. En julio de 2025, el presidente firmó una ley de rescisión presupuestaria que canceló 1.100 millones de dólares destinados a la Corporación para la Difusión Pública (CPB) para los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

Aunque NPR y PBS son formalmente entidades privadas, dependen de la CPB para canalizar fondos a más de 1.500 emisoras locales. El impacto ha sido inmediato y desigual: una de cada cinco estaciones de NPR se enfrenta al cierre, especialmente en áreas rurales donde la financiación federal cubría entre el 50 % y el 70 % de los presupuestos operativos.

El resultado es un proceso de liquidación financiera y captura ideológica del modelo de medios públicos estadounidense. Un sistema concebido para garantizar información accesible y plural está siendo sustituido por un entramado fragmentado, debilitado o directamente subordinado al poder ejecutivo.

En España, a diferencia de Alternativa para Alemania (AfD), Vox no ha formulado un proyecto programático tan sistematizado y explícito para los medios públicos. Sin embargo, lo ocurrido allí donde el partido de Santiago Abascal ha tenido ocasión de gobernar, en particular en las comunidades autónomas en las que compartió tareas ejecutivas con el PP, identifica un patrón de comportamiento que ofrece una pista clara sobre su concepción del papel de los entes públicos de comunicación.

Uno de los ejes fundamentales de esta estrategia es la alteración de las reglas de control institucional. Vox —y el PP— ha impulsado o respaldado reformas legales en varias comunidades autónomas destinadas a rebajar los umbrales de votación necesarios para nombrar a los órganos directivos de las radiotelevisiones públicas. El paso de mayorías cualificadas —habitualmente de dos tercios— a mayorías simples elimina la necesidad de acuerdos amplios con la oposición y permite que el Gobierno de turno imponga sus nombramientos sin contrapesos. El consenso, concebido como garantía de independencia, es sustituido por la lógica de la mayoría coyuntural —algo que, por otra parte, también ha impulsado el Gobierno de España con el apoyo de sus socios en el Congreso para saltarse los vetos del PP a la hora de hacer nombramientos en RTVE—.

A partir de ese cambio estructural, se ha llevado a cabo una segunda fase centrada en la reconfiguración interna de los medios. En diferentes territorios se han llevado a cabo remodelaciones en las redacciones que han derivado en la marginación de periodistas críticos y en una presión editorial orientada a suavizar la cobertura informativa de las administraciones conservadoras.

o se trata necesariamente de censura explícita, sino de un clima de disciplina profesional que altera el ejercicio cotidiano del periodismo.

Estas dinámicas han tenido consecuencias medibles. Organismos de vigilancia internacional, como State Media Monitor, han degradado a varios entes autonómicos a la categoría de “Bajo control estatal”. El diagnóstico es sencillo: la interferencia política ha aumentado hasta el punto de convertir a medios concebidos como servicios públicos en instrumentos dóciles frente al poder político.

Vox, igual que sus homólogos de otros países, justifica este conjunto de intervenciones bajo la premisa de que los medios públicos están “capturados” por ideologías de izquierda o separatistas. Desde ese diagnóstico, plantea la necesidad de un “reset” ideológico que alinee la programación con lo que considera valores nacionales.

Las propuestas impulsadas por partidos de extrema derecha para reformar o desmantelar los medios públicos chocan frontalmente con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado para reforzar la independencia editorial, la transparencia y el pluralismo informativo en los Estados miembros.

Lejos de ser un debate ideológico abstracto, muchas de estas iniciativas vulneran de forma directa varios de los principios jurídicamente vinculantes que establece la EMFA, especialmente en lo relativo a la independencia de los medios de servicio público.

La estrategia de fondo es cada vez más clara. La extrema derecha, a través de Vox, de los sectores más radicales del PP —que lidera la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero de los que forman parte algunos de los más estrechos colaboradores de Alberto Núñez Feijóo—, de sus medios afines y de sus principales agitadores en redes sociales, incrementa desde hace meses la presión contra medios y periodistas progresistas que desde hace años denuncian sus bulos, sus mensajes xenófobos y la amenaza que representan para la democracia.

La sensación de que se trata de una pauta se extiende cada vez más entre los afectados, empleados en diferentes medios de comunicación —digitales, radios o televisiones— pero con un nexo común: todos aparecen con frecuencia comentando la actualidad en los espacios que han convertido en un éxito de audiencia la nueva parrilla de La 1 de RTVE.

El ápice de esta estrategia se hizo muy visible la semana pasada cuando diferentes actores del universo ultra coordinaron la difusión de acusaciones falsas contra los hijos de cuatro de ellos: el presentador de La Noche en 24 Horas, Xabier Fortes; la subdirectora de elDiario.es, Esther Palomera; el periodista de la Cadena SER, Isaías Lafuente, y el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña. Incapaces de dañar su credibilidad o su rigor profesional, los difusores de estos bulos trataron de alentar la tesis de que están plegados al poder del Gobierno porque, sin prueba alguna que lo respalde, afirman que sus hijos se han beneficiado de tratos de favor.

El acoso y, en algún caso, las agresiones a los periodistas de izquierdas son la norma habitual, aunque no falta algún ejemplo del lado contrario, como la paliza sufrida por un redactor de El Español cuando intentaba cubrir la movilización abertzale contra la presencia del agitador ultra Vito Quiles en el campus de la Universidad de Navarra. La excepción a la regla.

La forma en la que los extremistas han diseñado su persecución se extiende a todos los ámbitos a su alcance. Lo pudo ver todo el mundo en la impunidad con la que la extrema derecha actuó en los sucesos de Torre-Pacheco (Murcia), donde se sucedieron los intentos de amedrentar a los periodistas que intentaban arrojar luz sobre lo que estaba pasando en la localidad y que poco o nada tenía que ver con un disturbio provocado por migrantes, como los ultras trataban de hacer creer. Es frecuente en manifestaciones “en defensa de la España constitucional”, como han sufrido profesionales de RTVE, o contra las sedes del PSOE en la calle Ferraz, donde han padecido idéntica hostilidad periodistas de La Sexta, Antena 3, À Punt o Europa Press.

Lo sufrieron también muchos periodistas, en particular de los de medios progresistas, como la periodista de infoLibre Marta Monforte, cuando los agitadores trataron de reventar su trabajo en el Congreso de los Diputados y de poner las ruedas de prensa de los partidos al servicio de sus vídeos virales en redes sociales. Hechos que motivaron una reforma del reglamento para tratar de poner fin a este tipo de comportamientos, al menos dentro de las instalaciones de la Cámara baja.

El acoso, sin embargo, sigue vivo en la calle, donde, con frecuencia, los ultras esperan a estos periodistas para insultarles y provocar en ellos una reacción que después puedan explotar en Internet. Lo han sufrido muchos de ellos, desde Ignacio Escolar (eldiario.es) a Ana Pardo de Vera (Público), pasando por Antonio Maestre o Cristina Fallarás.

A veces, la situación ha derivado en agresión. Es lo que le pasó a Román Cuesta, periodista de Canal Red especializado en extrema derecha. El pasado mes de agosto, al bajar del coche en las inmediaciones de su domicilio, fue abordado por tres hombres, uno de los cuales lo roció con gas pimienta en la cara para cegarlo mientras intentaban golpearle. Todo mientras le grababan con el móvil, presumiblemente para difundir el vídeo luego en redes.

El acoso dentro y fuera del Congreso, por la calle, en redes sociales y ahora contra sus familiares, muestra una escalada en la agresividad de quienes quieren silenciar a los periodistas críticos, que coincide en el tiempo con su presencia habitual en programas de éxito en La 1, donde todos ellos son comentaristas de la actualidad. Una circunstancia que ha situado a RTVE en el centro de los ataques de los ultras y a los presentadores de estos espacios (Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora o Marta Flich) como las dianas favoritas del extremismo conservador.

Mientras la situación empeora, Vox y el PP no hacen nada para contenerlo. No solo mantienen intactas la financiación pública de los pseudomedios que pagan los sueldos de muchos de estos agitadores —Feijóo y Ayuso regaron con 680.000 euros de dinero público el canal que catapultó a Vito Quiles, según El Salto—, sino que han protegido su labor dentro del Congreso y jamás han condenado la persecución a la que someten a los periodistas de izquierdas.

La descalificación en las últimas semanas se ha extendido incluso a los profesionales que, en el juicio al fiscal general, y en cumplimiento de su obligación profesional, testificaron para acreditar que estaban en posesión de la información sobre la situación fiscal del novio de Ayuso antes de que llegase a oídos del acusado.

Las amenazas y las acusaciones contra los periodistas que trabajan en estos programas se suceden. “Se quiere deslegitimar nuestro trabajo ahora que crecemos en espectadores, lideramos franjas de emisión y recibimos premios”, se quejó el presidente de la corporación, José Pablo López, en su comparecencia en la comisión de control en las Cortes el pasado jueves. “Molesta cuando somos competitivos, que es el problema de fondo”, denunció.

Esta misma semana se ha referido a este asunto el presentador de Mañaneros360, Javier Ruiz, en una entrevista concedida al canal de Rubén Sánchez, portavoz de Facua, en YouTube. “Aquí lo que tenemos es un montón de canales, pero dos propietarios. Y eso no es competencia. Eso se llama oligopolio” y “lo estamos pagando en términos de libertad de expresión”. En similares términos se expresó el periodista en conversación con infoLibre hace unas semanas. En particular quienes, como él, están “rompiendo ese oligopolio, porque se nos está señalando y se nos está intentando arrastrar por el lodo precisamente porque nos estamos cargando un modelo de negocio”.

Las federaciones y asociaciones de periodistas han condenado el acoso que sufrieron este martes, por parte de un grupo de ultraderechistas, los periodistas que están informando desde Torre Pacheco, especialmente las reporteras de RTVE Esther Yáñez, María Sánchez Chapinal y Arancha Jiménez, durante sus conexiones. Ha informado EFE.

Alrededor de un centenar de ultraderechistas acosaron a los periodistas durante su concentración en protesta por la agresión a un vecino del municipio supuestamente a manos de tres jóvenes magrebíes, y el hostigamiento fue especialmente intenso contra la reportera de 'Malas lenguas', de TVE, Esther Yáñez, que tuvo que salir escoltada por la Guardia Civil, mientras le insultaban y lanzaban agua.

"¡Pedro Sánchez, hijo de puta!", "Fuera, fuera", "Manipuladores", "Mercenaria", "Macarra", "Telebasura", "Estafadores" y otros gritos similares recibió la reportera, una situación que los telespectadores pudieron presenciar en directo y que circula de forma viral por las redes.

Estos ataques han sido condenados por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en un comunicado al que se ha sumado la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), mientras que el Consejo de Informativos de TVE ha pedido, en un mensaje en la red social X, "respeto al derecho a la información en todo momento y en cualquier circunstancia". Y añade: "Son, somos, trabajadores cumpliendo una función esencial".

La FAPE ha reclamado a quienes organizan manifestaciones o concentraciones que adviertan claramente a sus seguidores de que han de respetar el trabajo de los periodistas, "pertenezcan al medio al que pertenezcan".

Además, ha insistido en pedir a las autoridades que adopten las medidas necesarias para dar más protección a los periodistas, especialmente a los miembros de equipos de televisión, que son más visibles.

Este tipo de actitudes "atenta directamente contra la libertad de información y la seguridad de los periodistas", según la FAPE, que ha mostrado su repulsa por las "actitudes matonas y machistas" de estas personas ante "el temple" y la profesionalidad de las periodistas.

También ha querido subrayar la actitud del grupo de fotógrafos que se encontraba en el lugar y que arropó a las dos compañeras.

Reporteros Sin Fronteras España se ha sumado a la condena por el acoso sufrido por las periodistas que "fueron insultadas, acosadas y hostigadas por ejercer su labor informativa".

La agrupación de periodistas de UGT también ha denunciado "la estrategia" -ha dicho- de la extrema derecha para amedrentar a quienes informan sobre el racismo y la xenofobia. "Al periodismo no se le intimida: basta ya de señalar a quien denuncia el odio al diferente", han añadido desde el sindicato.

La situación vivida por las profesionales de RTVE fue condenada por su presidente, Jose Pablo López, tras los hechos. En su cuenta de X, el presidente de la Corporación afirma que "el engaño y la violencia son las principales armas del fascismo".

"Los fascistas hacen cosas de fascistas, aunque a veces parezca que hacen otras cosas. Los ultras han agredido a nuestras compañeras de TVE y RNE en Torre Pacheco", denuncia López, quien ha mostrado todo su apoyo a las periodistas.

Más de un centenar de académicos e investigadores de diferentes universidades además de profesionales de medios públicos y una amplia representación de organizaciones profesionales y sindicales firman este jueves una declaración conjunta en la que piden, de nuevo, un nuevo concurso para RTVE basado en la "legitimidad" y la "independencia". Entre los principales firmantes se encuentran Agustín Yanel, secretario General de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP); Yolanda Sobero, expresidenta del Consejo de Informativos de TVE; Manuel Ángel Vázquez Medel, catedrático de de la Universidad de Sevilla y primer presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía; Carmen Caffarel Serra, catedrática emérita de Comunicación Audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos y ex directora general de RTVE y del Instituto Cervantes; Yolanda Álvarez, corresponsal de RTVE en Asia-Pacífico y expresidenta del Consejo de Informativos de TVE; Rosa María Calaf, excorresponsal de TVE; o Miguel Álvarez-Peralta, profesor de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Bajo el titulo Nuestra democracia necesita más que nunca una RTVE cuya presidencia y cúpula directiva sean elegidas por concurso público, solicitan que la Presidencia y la cúpula directiva de la radiotelevisión pública sean elegidas mediante concurso público. Y que esta vía se haga además extensiva al resto de medios de comunicación públicos, tanto a nivel autonómico como local, ya que "que vienen sufriendo problemas similares, con mayor intensidad en un amplio porcentaje de casos".

Según la ley vigente, la Presidencia y cúpula directiva de RTVE deben ser elegidas tras realizar un concurso público. Sin embargo, una interpretación discutible de los letrados de las Cortes permitió en 2019 que cuatro partidos, PP, PSOE, Podemos y PNV, efectuaran la elección entre todos los aspirantes presentados al concurso, independientemente de su puntuación, pactando así "no hacer caso al concurso, ignorar esa baremación y repartir los cargos del consejo de administración entre las personas de su confianza que se habían presentado al proceso". Esta decisión generó un amplio malestar entre los profesionales de RTVE, el mundo académico y las organizaciones periodísticas y sociales que habían promovido y apoyado el concurso.

"Este sistema de cuotas no sólo ha generado desilusión entre los trabajadores de RTVE, las asociaciones y los expertos académicos que habían propuesto el cambio, sino que ha demostrado que da lugar a un sistema inestable, incapaz de abordar los retos de futuro", explica la declaración que también recuerda que tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente electo "en vez de volver a convocar el concurso, se eligió a una presidenta interina, Elena Sánchez Caballero, que ha sido cesada el 26 de marzo de este año". "La presidenta actual, Concepción Cascajosa, es la segunda presidenta interina elegida en un reducido lapso temporal", señala.

Según detallan, los medios públicos como RTVE son "una pieza estratégica en el sistema mediático de un país" y "su labor informativa debe proveer equilibrio, pluralidad y garantías democráticas para generar confianza en la ciudadanía". Además, recuerdan que "los medios públicos de calidad, confiables y plurales" promueven "la cohesión y la participación social y electoral, limitan la polarización y contribuyen a poner en valor el diálogo, el pensamiento crítico y la cultura".

Según explica la nota de prensa, los firmantes quieren dejar constancia de "su firme voluntad de trabajar y cooperar en la búsqueda de consensos" además de hacer un llamamiento a "la responsabilidad de las fuerzas políticas para que faciliten la estabilidad y las garantías de funcionamiento desde la premisa de servicio público". "Frente a las dinámicas actuales de desinformación, contar con medios públicos independientes en los que la ciudadanía pueda confiar es esencial para la salud de nuestra esfera pública y la regeneración pendiente de nuestra democracia", argumentan los firmantes.

Seguramente será por lo que en la profesión periodística se conoce como la preeminencia de la vieja máxima “good news, [are] no news”, que ha terminado marcando la agenda de los medios de comunicación. Las buenas noticias no venden, no llaman la atención de los periodistas, porque se considera que la ciudadanía siente mayor atracción por los sucesos truculentos, las catástrofes y las malas noticias.

El proyecto de creación del Consell de l’ Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha reaparecido en la agenda de la vida política valenciana, primero con el nombramiento de Empar Marco y de José María Vidal por parte del gobierno valenciano (18/06/2021) y, poco después, con la propuesta de las cinco consejeras/os por parte de los partidos políticos, que comparecieron en las Cortes Valencianas el pasado 5 de julio (Dolors López, Àlvar Peris, Anna Gimeno, Carmen Carretón y Manuel Alberola, a propuesta de PSPV, Compromís, Unides Podem, Ciudadanos y PP, respectivamente). Todos ellos cumplen los requisitos de la Ley 10/2018, de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en lo que respecta al reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la comunicación audiovisual de los/as candidatos/as propuestos/as, por lo que debemos felicitar a las personas designadas y a nuestros representantes políticos por su celeridad y diligencia en la aceleración del proceso.

Desde luego, resulta llamativo el muy escaso eco recibido en los medios de comunicación, con la excepción de À Punt, y algunas noticias de agencia en pocos medios valencianos. Desde las universidades, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del mundo académico español e internacional (¡sí, no es una exageración!), la creación del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (en adelante, CACV), se valora de forma muy positiva. En primer lugar, constituye un primer paso hacia la normalidad: hay que recordar que el CACV, como autoridad independiente, aparece en el mismo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, el CACV es esencial para el funcionamiento de los órganos de gobierno de los medios de comunicación públicos valencianos, como recoge la Ley 6/2016, tanto porque este órgano ha de proponer el nombramiento de dos personas para el Consejo Rector de la Comunidad Valenciana (CRCV), así como “dictar acuerdos y resoluciones… que afecten a la Corporación o a sus sociedades”, además de proponer y seleccionar candidatas/os para la Presidencia de la Corporación Valenciana de la Medios de Comunicación.

La creación del Consell l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es un paso hacia la normalidad, porque en todos los países avanzados del mundo existen Consejos Audiovisuales, organismos independientes, con autoridad para velar por una correcta ordenación y desarrollo del espacio mediático. Algunos de los más conocidos son la Ofcom, Office of Communications, en el Reino Unido; el Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), en Francia; L’Autorità para le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), en Italia; la Federal Communications Commission, en Estados Unidos; o en Alemania, donde existen 14 autoridades reguladoras del audiovisual, los Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten o Consorcio de las Autoridades de los Medios de Comunicación de los Länder, que trabajan de manera coordinada. En suma, existen autoridades reguladoras de los espacios comunicativos en todo el mundo, incluso en los países que son modelo del capitalismo de corte neoliberal y, en apariencia, de mayor "desregulación" como Estados Unidos o el Reino Unido.

Como hemos señalado reiteradamente, la no existencia de autoridades reguladoras en los espacios públicos de comunicación, como sucede en España, a nivel estatal y autonómico (recordemos que en nuestro país sólo Cataluña y Andalucía cuentan con Consejo Audiovisual), es un grave problema comparable a lo que supondría la ausencia de un código de circulación o una Dirección General de Tráfico para regular el transporte en nuestras carreteras. El CACV es esencial para garantizar el desarrollo de un espacio comunicativo valenciano de calidad. Se trata de un órgano externo de control, con independencia y autonomía, que debe vigilar la pluralidad informativa, la defensa de los derechos de la audiencia y la independencia de los medios de comunicación públicos, pero también el correcto funcionamiento de todo el sistema mediático. Hay que destacar que este organismo regulador nace con una vocación de independencia política, con mandatos superiores a las legislaturas parlamentarias, asumiendo funciones de la actual Secretaría de Comunicación de Presidencia de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver con la adjudicación de frecuencias de radio y televisión, la concesión de ayudas públicas a los medios valencianos, las ayudas a la producción audiovisual, etc., buscando garantizar la pluralidad y la equidad distributiva. La reciente decisión del gobierno valenciano, y el trabajo de los parlamentarios de las Cortes Valencianas, es una muy buena noticia. Una acción política que les honra, y ennoblece el trabajo de nuestros políticos, en un momento de mucha polarización y crispación política.

Desde algunos medios privados, se afirma que los Consejos Audiovisuales son órganos “represores” y una “amenaza” para la libertad. No es así, en absoluto: un Consejo Audiovisual es un órgano que, ante situaciones de conflicto, da instrucciones –para velar por el seguimiento de unas normas o códigos a operadores o anunciantes–, informa de decisiones –que pueden tener un carácter orientativo para determinadas entidades, empresas o individuos relevantes del sector audiovisual–, hace recomendaciones –que no tienen carácter vinculante– y, sí, también pueden dictar sanciones cuando es necesario. Así pues, el CACV debe contribuir al cumplimiento de los principios fundacionales de nuestros medios de comunicación públicos, en especial su misión de servicio público, su independencia del poder político y de intereses económicos, la promoción del valenciano, la pluralidad informativa, la expresión de la libertad de ideologías, creencias y orientaciones políticas, de la igualdad entre hombres y mujeres, así como favorecer la visibilidad de los colectivos más desfavorecidos, etc., o en riesgo de exclusión social.

La creación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana contrasta con la grave involución que sufre TeleMadrid, denunciada por ULEPICC, por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y Teledetodos, con una precipitada reforma de la Ley 8/2015 reguladora de la radiotelevisión pública madrileña, que pretende asegurar el férreo control político desde el ejecutivo autonómico. Debemos recordar la fulminante desaparición del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, en 2006, principalmente por no someterse al poder político de turno. Nuestro querido maestro Enrique Bustamante hablaba en 2020 de la existencia de “gobiernos autonómicos gamberros” que, sin abandonar una retórica grandilocuente en defensa de las libertades públicas, siguen acorralando a los medios de titularidad pública.

En un contexto político tan complejo como el actual, al que hay sumar una coyuntura internacional de creciente hegemonía de las grandes plataformas mediáticas, conectadas estrechamente con las multinacionales GAFAM, cada vez más dueñas de nuestros datos y de nuestro imaginario cultural, la aparición en escena del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana constituye una luz de esperanza. Pero no podemos ser ingenuos. Como institución de reciente creación, tendrá que pasar por un complejo proceso de aprendizaje, y tiene ante sí retos formidables, a los que no se podrá enfrentar sin el apoyo y trabajo colaborativo de las universidades, de los sectores profesionales valencianos de la comunicación, del audiovisual y de la publicidad, y del conjunto de la sociedad civil valenciana. El éxito del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, sin duda, tendrá un efecto muy directo sobre la calidad de la comunicación. Es responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto que este ilusionante proyecto se consolide. Está en juego también la calidad de nuestra joven democracia.

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Javier Marzal Felici es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad y director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I

Trabajadores de la radiotelevisión gallega, la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), organizados en la plataforma Defende a Galega, presentan este viernes una queja ante la valedora do Pobo, la defensora del Pueblo en Galicia, María Dolores Fernández Galiño, por el "reiterado incumplimiento" de la ley de medios aprobada en el Parlamento autonómico en noviembre de 2011. Tras tres años denunciando cada viernes, los conocidos como venres negros que ya suman 160, solicitan ahora el amparo de esta institución porque "el derecho a recibir información veraz es un derecho fundamental" y porque "los medios públicos gallegos tienen que serlo".

"Buena parte de los principios inspiradores de la norma son incumplidos a diario por la CRTVG, especialmente aquellos que hablan de preservar la objetividad, imparcialidad, veracidad y neutralidad informativa", aseguran en la queja Defende a Galega ante la Defensora del Pueblo. Según denuncian los trabajadores de la TVG, la dirección del ente público "continúa incumpliendo disposiciones muy relevantes" del articulado de una ley de medios que está a punto de cumplir una década de su aprobación.

En concreto, Defende a Galega señala directamente a las relativas a la elección y duración del mandato del director general y destaca que Alfonso Sánchez Izquierdo lleva en el cargo desde 2009, es decir, "casi doce años ejerciendo esta responsabilidad de forma interina". Por esto, solicita a la Defensora del Pueblo que urja al Parlamento y en especial al PP, que cuenta con mayoría en la Cámara, que proponga un candidato para que "pueda ser nombrado conforme lo establece la ley de medios".

Defende a Galega también destaca la falta del establecimiento de un estatuto profesional y de un consejo de informativos, o la creación de una autoridad audiovisual independientes. Estos son "aspectos clave" para que la corporación "pueda contar con la independencia necesaria para cumplir su misión de servicio público".

Prácticas de "ocultación y censura informativa" a favor del PP

Explican que se llevan a cabo prácticas sistemáticas de "ocultación y censura informativa siguiendo tácticas sistemáticas cuando se trata de noticias contrarias a los intereses de la Xunta, del PP gallego o del PP". Además, resaltan que, cuando se incluyen este tipo de informaciones, se colocan "habitualmente" en el final de los informativos "la mayoría de las veces acompañadas de noticias negativas bien para los intereses del Gobierno central o de los partidos que lo conforman".

Asimismo, también destacan que omite la obligatoriedad de ser "el reflejo del pluralismo ideológico, político, cultural y social de Galicia". Consideran que con esta deriva se corre el riesgo de "facilitar el desmantelamiento", que también denuncian desde Defende a Galega. "Comenzó con la supresión de las delegaciones territoriales de Pontevedra, A Mariña y Ferrol hace una década y que continúa hoy con la eliminación de las desconexiones locales, ignorando, por lo tanto, mucha de la información que está más cerca de los gallegos", explican en la queja. Este proceso estaría justificado, según la plataforma de trabajadores, por la "creciente percepción social" de la "inutilidad" del ente público.

Abusiva utilización de castellano e incumplimiento de normas básicas de igualdad

En el escrito ante la Defensora del Pueblo también dedican un apartado al uso del idioma gallego en la CRTVG. "Aunque recientemente se pusieron en marcha iniciativas a favor de la difusión de la lengua, detectamos una utilización abusiva tanto del castellano tanto en la radio como en la televisión pública", aseguran y ponen como ejemplo la entrevista realizada en diciembre de 2020 en Radio Galega al exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez.

También destacan la ausencia "clamorosa" de programación infantil. "Durante años, la TVG desarrolló una importante labor de difusión del gallego entre la población de menos edad, infancia y adolescencia, a través del programa Xabarín Club, que marcó a toda una generación de gallegos", explican para detallar que, en la actualidad, ha pasado de ser un programa de referencia a "morir en el segundo canal".

Por último, Defende a Galega destaca el incumplimiento de las normas básicas para promover la igualdad. "La supuesta preocupación contrasta con algunas de las prácticas que se llevan a cabo, bien por la falta de control de los contenidos externalizados o bien por orden expresa de lso responsables de informativos y programas". En concreto, los trabajadores recuerdan la encerrona machista en el espacio Land Rober, presentado por Roberto Vilar, que forzó el pasado mes de abril un encuentro para que una joven que asistía como público volviera con su expareja, un hombre que ejercía sobre ella presuntamente violencia de control.

Un pinchazo de la Guardia Civil producida en el marco de la operación Volohoperación Voloh ha revelado supuestas presiones ejercidas por el partido independentista JxCat al director de la cadena TV3. En concreto, el pinchazo ha revelado una conversación entre la tertuliana Pilar Rahola y el detenido y exdirigente de CDC David Madí en la que la periodista explica que el director de la televisión autonómica, Vicent Sanchís, había decidido suprimir uno de los tres espacios semanales que Rahola tenía en la televisión pública. Según cuenta la tertuliana, el líder de JxCat, Carles Puigdemont, habría intervenido para evitarlo. La información ha sido desvelada por El Periódico. 

La conversación se produjo el 4 de septiembre. Fue Madí quien llamó a Rahola para intererse por una supuesta "crisis" entre la periodista y Sanchís. Allí es cuando ella revela toda la información, además de presentarse como "prácticamente la única que defiende el espacio" que representa JxCat y, en concreto, Puigdemont. Este último, según explica Rahola, le transmitió lo siguiente, según informa el medio: "Está claro que lo hicimos muy mal al principio [el control de TV3], está claro que si ahora gobernamos o, por la vía de ganar o por la vía de estar en el gobierno, lo primero que tenemos que controlar será este tema, y está claro que se lo haremos pagar a Sanchis porque habrá 'un antes y un después". Además del líder de la formación, habrían intervenido el exjefe de comunicación del partido, Francesc Pena, y el presidente del mismo en el Parlament, Albert Batet. 

La tertuliana, ante este hecho, comenta que ERC persigue su "muerte social", porque ya no puede "salir menos en la tele". Madí le aconseja, por su parte, esperar seis meses porque, argumenta, la legislatura actual "está perdida". "La candidatura que salga [para las próximas elecciones catalanas] tendrá que alejarse de esta legislatura para tener un mínimo de posibilidades de éxito", le llega a decir. Y añade una explicación de la estrategia: "Si ganamos, ganamos. Y si no ganamos, habrá cambio de reparto y el pacto catastrófico que se hizo en su momento entra en cuestión también". 

¿Qué es ese "pacto catastrófico"? Se refiere al acuerdo entre JxCat y ERC para copar los puestos de mando en TVE y Catalunya Ràdio. La formación de Puigdemont nombró al director de la televisión y ERC al de informativos. En la radio, al revés: JxCat decidió al responsable de informativos y ERC al director de la cadena.

Ella acepta el trato. Y explica que Puigdemont también. "[Puigdemont] Me dijo que si me marcho perderemos porque no hemos conseguido instalar el relato público de que estos tíos nos están puteando y de que ERC domina TV3", destaca. 

La semana posterior al anuncio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de no descartar el cierre de Telemadrid porque "ya no es un servicio público esencial", se cierra con muestras evidentes de la soledad de la presidenta en esa posible iniciativa. En la jornada de este jueves, un vídeo promocional de los presentadores de Informativos de la cadena reafirma el carácter el carácter esencial de servicio público de su tarea, y el propio vicepresidente de su Gobierno se sumaba a las opiniones favorables a la continuidad de Telemadrid.

Mientras el Comité de Empresa solicitaba por escrito a Díaz Ayuso una entrevista para aclarar sus proyectos sobre la radio y televisión autonómica, Inmaculada Galván, desde el espacio Madrid directo, abría septiembre afirmando ante las cámaras: "Comenzamos con el afán de servicio público para todos ustedes, porque sí, Telemadrid es servicio público". Una declaración relevante, ya que la periodista fue la primera presentadora del programa hace más de veinte años, y ha sido la cara visible de un formato posteriormente imitado por la televisión estatal y varias autonómicas.

A continuación, salieron en defensa de Telemadrid las asociaciones profesionales. Así, el presidente de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, opinaba que "situar el debate sobre Telemadrid sólo en un problema de audiencias es convertir la cadena pública autonómica en una cadena comercial, algo que es totalmente ajeno a su estatuto de servicio público de comunicación audiovisual". Tras solicitar una financiación suficiente, y una programación de servicio público, Rodríguez afirmó que la empresa "tiene que ser entendida por todos los partidos como un servicio público y un derecho básico de los madrileños, vertebradora de la comunidad y comprometida con garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos a la información". En similar dirección, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha exigido que se garantice una financiación suficiente para que Telemadrid cumpla "sus misiones de interés general y con unos servicios informativos neutrales, plurales y comprometidos con la veracidad y la imparcialidad".

Hasta Ciudadanos discrepa

Conocido el apoyo de las formaciones de la izquierda política a este carácter de servicio público, la discrepancia con Díaz Ayuso alcanza a Ciudadanos, su propio socio de gobierno. El vicepresidente, y líder del partido en Madrid, Ignacio Aguado declaraba a la SER en la tarde del jueves: "Cerrar Telemadrid no es una prioridad de este gobierno", y defendía que "las cosas que funcionan hay que dejarlas. Me parece que han hecho cosas muy bien en los últimos años". Pocas horas antes, la cadena insertaba en su programación un vídeo promocional de sus Informativos con todos los presentadores de los diversos espacios en el que, junto a los lemas "Estamos para ti" y "Tú nos mueves", se afirma: "Esenciales para informarte. 100% servicio público".

Se ha tratado de un ejercicio plenamente periodístico en el que, como mandan los cánones del Estatuto de RTVE, se ha dado voz a todos los implicados y a todas las reacciones políticas que, como es habitual, han cargado las tintas en la responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez.

Hasta aquí, todo normal. Esa es la función de un medio público, y que la cumpla de manera estricta, abriendo los informativos y dedicando un buen número de minutos al plural relato, no tendría por qué ser destacado. Lo es, sin embargo, por un contraste más que evidente entre esa realidad y la que tenía lugar hace no tanto tiempo. En concreto, hace un año, en la noche del 6 al  7 de enero, unos 3.000 vehículos se quedaron atrapados en la autopista de peaje AP-6 por la acumulación de nieve en la carretera. El colapso afectó a miles de personas, algunas de las cuales estuvieron hasta 20 horas en sus coches antes de ser rescatadas por la Unidad Militar de Emergencias.

El Consejo de Informativos detectó que la primera pieza de reacciones a las críticas sobre la gestión de la nevada en la AP-6, que reflejaba la postura del Director General del Tráfico, no reflejaba el comunicado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en el que criticaba la "improvisación" y "falta de agentes ante el colapso por nieve". La pieza no llevaba la firma de la autora de la información. Por ello, este órgano de representación puso en marcha un informe (del que infoLibre dió cuenta) en el que se preguntaba a la redactora sobre este caso de posible censura:

Hasta aquí, el relato de los hechos que, quizás sirva como ejemplo de lo que ha cambiado en TVE, y de manera principal, en los Informativos, entre la pasada y la actual etapa.

A día de hoy, once personas han dado a conocer la presentación en el Parlamento de su candidatura para integrar el Consejo de Administración y aspirar a la Presidencia de RTVERTVE. Sin duda el número se verá incrementado, ya que el plazo continúa abierto en la jornada del lunes; de hecho, a infoLibre le constan otras candidaturas que se formalizarán en esa jornada, por lo que los nombres reseñados en esta información son solo los primeros que han decidido dar el paso y hacerlo público. Entre ellos hay ocho vinculados a RTVE, y la mayor parte son profesionales del periodismo. Todos, con una u otra dedicación, se han movido hasta ahora en el mundo de los medios de comunicación. Algunos son muy conocidos por el gran público, de otros solo se tiene noticia en ámbitos profesionales, y todos habrán de someter al criterio del Comité de Expertoscriterio del Comité de Expertos sus méritos en el pasado y sus proyectos para el futuro de RTVE. Aquí contamos lo que sabemos de cada uno de ellos, por orden de antigüedad en la presentación de su candidatura.

El primero que anunció su propósito fue Juanma Romero, director y presentador del programa Emprende del Canal 24 Horas, quien emitió, ya en junio, un comunicado en el que hablaba de su experiencia de más de 30 años en RTVE. "Presentarme a la Presidencia es un trabajo que llevo preparando desde hace más de un año. Llevo en la Casa más de treinta años, pienso jubilarme aquí, y la Presidencia no es un trampolín para ir a otro sitio, como habitualmente hemos visto", aseguraba, antes de apostar por las tecnologías de futuro: "Sin una verdadera transformación digital, desaparecerán los telediarios y la empresa será totalmente marginal". Su otra gran apuesta es la transparencia, con medidas como adjudicar a los consejeros una parte de la Corporación para que lleven a cabo un seguimiento y control del trabajo realizado por los directivos, al tiempo que hagan públicos los sueldos de todo el personal directivo.

Tras Romero, se conoció la candidatura de Javier Martín Domínguez, actual presidente del Club Internacional de Prensa. Ha sido corresponsal de RNE y TVE en Washington y Nueva York durante una década, y de La Vanguardia para Extremo Oriente. Es autor de programas para Canal+, Telecinco, Telemadrid, Canal Sur y TVE, donde ha sido secretario general, director de Desarrollo y Canales Temáticos y director del gabinete del director general. También ha trabajado para Cambio 16, la revista Comunicación XXI, ha formado parte del comité editorial del Grupo Correo en los años 90 y ha sido director de Relaciones Institucionales de la SGAE.

Dos directores de 'Informe Semanal'

Conocidos por Informe Semanal son su actual director, Jenaro Castro, y su antecesora Alicia Gómez Montano. El primero inició sus cometidos profesionales en la SER y COPE, para ingresar en la plantilla de Informativos de TVE, donde ocupó distintos puestos hasta ser nombrado editor del TD2 con Alfredo Urdaci en la etapa final del gobierno de Aznar; en esos años, muy controvertidos por el tratamiento informativo de la crisis del Prestige, las movilizaciones contra la participación española en la guerra de Irak, o la huelga general, Castro sustituía en pantalla a Urdaci durante sus vacaciones. Tras la llegada de Zapatero al poder, cesa en su cometido y se le encomienda la edición y presentación del programa Semanal 24h, en el que se mantiene hasta la llegada de Rajoy al Gobierno. Bajo la dirección de Julio Somoano y José Antonio Álvarez Gundín, desempeña la dirección de Informativos no diarios y la dirección y presentación de Informe Semanal hasta hoy.

En estos seis años, Castro ha sido denunciado en repetidas ocasiones por el Consejo de Informativos, que le ha acusado de manipulación, censura y otras malas prácticas informativas, hasta el extremo de pedir su cese "por no estar capacitado para el puesto". El aludido ha realizado siempre una defensa apasionada de su gestión, y ha contraatacado acusando al órgano de representación de la redacción de "pretender una televisión hecha a la medida de su pensamiento militante y sus aspiraciones personales", llegando incluso a comparar a sus miembros con ETA. Al margen de estos enfrentamientos, lo cierto es que Informe Semanal fue denunciado ante la Junta Electoral por sus reportajes sobre Cataluña, en los que se había producido "vulneración en TVE del pluralismo informativo".

Jenaro Castro ha sido candidato, a propuesta del PP, para el Consejo de Administración provisional; tras decaer la elección en el Congreso, presentó su candidatura para la elección por concurso público "por responsabilidad y porque cree en RTVE". En su comparecencia defendió a Informe Semanal bajo su mandato como "el máximo ejemplo de televisión pública al servicio de los ciudadanos, verdaderos accionistas y dueños de RTVE". Entre sus propuestas si resulta elegido, explicó que estará la defensa de "la viabilidad de RTVE como factor de contribución a la democracia española; la cohesión territorial y vertebradora de los Centros Territoriales;  la salvaguarda institucional como instrumento de defensa de los valores constitucionales, siempre desde la neutralidad y la calidad". También apostó por "un pacto social, político y mediático para sacar a RTVE de la disputa partidista, y el respeto para todos los trabajadores de RTVE con un compromiso de juego limpio y un código de buenas maneras, ya que se trata de un bien común que debemos defender y mimar entre todos: trabajadores, destinatarios y políticos".

Castro sucedió en la dirección de Informe Semanal a Alicia Gómez Montano, redactora en TVE desde 1980, que fue jefa de Nacional entre 1988 y 1996, subdirectora de ese programa y bajo el mandato de Fran Llorente accedió a su dirección y a la de Programas Informativos No Diarios. Tras la llegada en 2012 de la nueva cúpula, fue una más de los altos cargos de Informativos desplazados a la segunda cadena, donde ha seguido trabajando como reportera para el espacio En Portada. En 2006 publicó el libro "Manipulación en televisión" y en 2012 editó "Por una mirada ética. Conversaciones con Alicia Gómez Montano", en el que relata su trayectoria profesional desde los inicios en RNE hasta esa fecha. Es vicepresidenta de la sección española de Reporteros Sin Fronteras, y forma parte del colectivo MujeresRTVE. Tras presentar su candidatura en el Congreso, explicaba que el proyecto que presenta para RTVE es "realista" y está basado en su experiencia en la casa. Cree que "se pueden hacer muchas cosas" en la Corporación con los elementos técnicos y humanos con los que ya se cuenta para "modernizar", "innovar" y llevar la "independencia" a RTVE. 

En esa línea, Gómez Montano apuesta por "independencia, calidad, innovación e igualdad" como conceptos esenciales. El primero "no significa que no haya que rendir cuentas", pero ha puesto especial énfasis en el último: "Hay muchas mujeres en la redacción y en el despacho sólo corbatas. Tiene que cambiar también el lenguaje, el manual de estilo y tenemos que tomar en serio el tema de la equidad, dentro y en el contenido, tanto en los informativos como en la ficción". La candidata tira de su propia experiencia para afirmar que en la plantilla está llena de profesionales muy válidos, pero que es imprescindible reciclarse y abrazar las nuevas tecnologías  para afrontar el futuro. Su sueño para el día después es el mismo que ha mantenido desde la facultad: "Contar lo que pasa, desde la independencia profesional y el pluralismo; si de verdad respetamos el verdadero periodismo, la gente en sus casas notará que RTVE ha cambiado".

Gómez Montano ha sido la primera mujer en presentarse, pero casi al mismo tiempo lo hacía Carmen Domínguez Penelas, antigua trabajadora de TVE (En Portada, Metropolis) y Antena 3, que ha formado parte de varias productoras privadas de televisión y en la actualidad es directora de contenidos del grupo Ganga. Forma parte de la Academia de Televisión, donde ha ocupado tareas directivas.

Seis más, el viernes

Durante la jornada del viernes se dieron a conocer los nombres de seis candidatos más, cuatro de ellos procedentes de RTVE; el primero de ellos es Roberto Mendes, licenciado en Historia y realizador de cine, radio y TV. Dirige y colabora en diferentes espacios radiofónicos. Está especializado en programas de música clásica e historia y forma parte del colectivo Teledetodos, en cuya página ha publicado diversos artículos sobre el pasado, presente y futuro de la radiotelevisión pública en España. Trabaja en RNE desde 1983. En la actualidad dirige y presenta Programa de Mano de Radio Clásica y colabora en el programa El Canto del Grillo de Radio Nacional. Otros programas en los que ha colaborado recientemente son Gran Auditorio y Actualidad de la Historia, en Radio Clásica, y Ellas Pueden en Radio 5, así como en La Noche en Vela de Radio Nacional. Desde su ingreso en RNE participa en diversos programas especiales y culturales. Entre 2004 y 2009 realiza, produce, adapta y escribe obras de teatro para radio, representadas en La Casa Encendida de Madrid o el Corral de Comedias de Almagro.

Del mundo sindical procede Carlos Salgado, delegado de CGT en la corporación, muy activo en las reivindicaciones profesionales, y que se presenta porque considera que "es necesario un modelo público para todas y todos, con un cambio en el modelo de gestión". Otra candidata es Francisca González, canaria y muy activa en redes sociales, como su compañera adscrita al centro territorial de esa comunidad Eva Navarro, queha sido senadora y concejal de Puerto de la Cruz por el PP además de pertenecer al colectivo MujeresRTVE. También periodista es Luis Santos Serra, que ha trabajado en prensa escrita, agencias, radio y televisión y en los gabinetes de prensa de CCOO y PSOE. La mayor parte del tiempo ha desarrollado su trabajo informativo en el Parlamento, donde impulsó, con otros compañeros, la Asociación de Periodistas Parlamentarios, de la que fue su primer presidente. Es autor de la obra "La prensa se vende" en donde retrata las relaciones entre los medios y el poder político en los inicios de la Transición. Ha declarado que se presenta para "defender la regeneración en los medios de comunicación, y que RTVE sea la vanguardia. Espero que el proceso de selección sea ejemplar". Como dato curioso, compartió aula de Periodismo con Alicia Gómez y con José Antonio Sánchez, a quien ahora aspiran a sustituir al frente del ente público. 

También desde fuera de la Corporación opta al consejo de Administración y Presidencia Ángel García Castillejo, doctor en Derecho y Periodismo. Ha sido Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España (CMT), asesor del secretario de estado de Comunicación, del Ministerio de la Presidencia, en materia de legislación y regulación de la comunicación y secretario general de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial Autocontrol. Actualmente, además de su trabajo como abogado, da clases de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid.

¿Aluvión de candidatos el lunes?

¿Esto es todo? Once candidatos para diez puestos. Nada más lejos de la realidad. Este lunes se espera que se dé a conocer, según fuentes consultadas por infoLibre, un auténtico aluvión de candidaturas; nos consta, por ejemplo, la de profesionales de RNE y TVE que tienen decidida su participación, pero que, como otros muchos, esperan a la última jornada para hacer pública su decisión. En cualquier caso, existe entre buena parte del conjunto cierta zozobra por el desarrollo que tendrá el concurso público. En esta etapa inicial se produce desconfianza en cuanto a la composición de Comité de Expertos, ya que, junto a miembros de reconocido prestigio profesional y académico, figuran personas con escaso conocimiento de los medios de comunicación públicos. Sea como sea, este lunes finaliza el plazo para la presentación de candidatos, que dará paso a un agosto habilitado para que los trabajos puedan transcurrir con la máxima celeridad. Al margen de posibles impugnaciones y reclamaciones, el objetivo de todos los implicados es que el otoño vea alumbrar un nuevo Consejo de Administración y Presidencia por concurso público.

El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles una iniciativa socialista por la que se insta al Gobierno a "proceder de manera inmediata" a la renovación del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española (RTVE) mediante la aplicación de la Ley 5/2017, "superando una situación de bloqueo incomprensible", informó Europa Press.

La moción consecuencia de interpelación, que no ha salido adelante por la oposición del PP y dos senadores del PAR, también pedía apoyar las movilizaciones de los profesionales de RTVE. Foro Asturias y UPN se han abstenido.

A la propuesta socialista se habían presentado un total de seis enmiendas de los grupos parlamentarios PDeCAT, Compromís, Ciudadanos y PNV. La de los nacionalistas vascos ha sido aceptada por el PSOE y proponía instar a RTVE a cumplir los principios de "pluralismo, veracidad, imparcialidad y accesibilidad".

Pasan pocos minutos de las doce de la noche del jueves. Comienza un nuevo #ViernesNegro en RTVE. Así lo anuncia, sin palabras, Mara Torres, enlutada para la presentación de La2Noticias; de la misma forma aparece desde Cannes Carlos del Amor. Son solo los primeros por razón de hora; enlutados aparecen los periodistas que están en la calle para cubrir la actualidad en Los Desayunos. Responden así al llamamiento de #MujeresRTVE que ha insertado este mensaje:

"Este viernes 18 de mayo, los trabajadores de RTVE estamos convocados por el Comité Intercentros a secundar porcuarta semana consecutiva las protestas del #ViernesNegro4, para denunciar así el bloqueo que el Partido Popular ha impuesto a la renovación de la presidencia de RTVE.Pero esta vez junto a nosotros se visten de negro la ciudadanía. En los últimos días, las @mujeresRTVE hemos recibido decenas de vídeos de apoyos de personas anónimas que creen en la defensa del servicio público de RTVE y que dan la cara para decir basta ya a este secuestro de la radiotelevisión pública. Peluqueras, catedráticos, tenderas, periodistas, abuelas, estudiantes, guionistas, productoras de cine… Desde el conservatorio, una cancha de voleibol o una óptica, son decenas de vídeos los que nos mandan los ciudadanos que se unen a la campaña #YoDefiendoRTVE, que ya impulsaron la pasada semana rostros famosos como el actor Javier Cámara o las periodistas Rosa María Calaf o Marta Nebot.Los ciudadanos, que tanto cariño nos han ofrecido a través de las redes, no han dudado en dar un paso más allá y dar la cara en la defensa de un servicio público que está secuestrado y diezmado y que cada semana sigue registrando denuncias de malas prácticas. Rescatamos algunas de sus frases más elocuentes para inundar de reflexiones sobre RTVE y el servicio público las redes.Pese al enorme éxito que ha significado la decisión del Parlamento Europeo de pedir explicaciones al Gobierno sobre las denuncias de manipulación, tras la intervención del Consejo de Informativos de TVE, aún hay mucho por hacer y si tú también quieres formar parte de la campaña te invitamos a que no cambies de canal y te hagas una foto vestido de negro para subirla a tus redes sociales con el hashtag #ViernesNegro4 y #YoDefiendoRTVE".

Y el llamamiento obtiene respuestas múltiples de la ciudadanía, unos con vídeos, otros con fotografías y breves mensajes. Desde primera hora de la madrugada el ema #viernesnegro4 se sitúa entre las tendencias principales en redes sociales. Aparecen vídeos de apoyo protagonizados por Joan Manuel Serrat, por Tristán Ulloa, por parlamentarias como Jéssica Albiach; la escritora Almudena Grandes apoya con su columna en la SER, emiten mensajes políticos como Pedro Sánchez, catedráticos, periodistas de otros medios...

Todo ello cuando la jornada apenas ha comenzado su andadura. Mientras, en el ámbito interno de RTVE, se repiten las fotografías de secciones de trabajo, centros territoriales, equipos de rodaje, con todos sus miembros enlutados; miembros de los Consejos de Informativos, que han dado la cara en Europa para defender una información plural e independiente, y que se han visto apoyados por todo el arco parlamentario europeo, excepto los diputados españoles del PP, unen sus mensajes a los de las secciones sindicales de UGT, CCOO, CGT, CNT, convocantes de las concentraciones y actos de protesta de este y los anteriores viernes.

Tan solo habían transcurrido quince minutos de este viernes, cuando Mara Torres arrancaba el informativo de La2 Noticias vestida de negro. De poco habían servido las presiones de algunos directivos para que no se llevara a efecto el segundo "ViernesNegroRTVE", tal y como había denunciado a media tarde del jueves el Consejo de Informativos. Muy pronto, con las primeras horas de la jornada, los trabajadores de RTVE se iban incorporando a sus puestos de trabajo vestidos de luto y se fotografiaban con ese negro reivindicativo en redacción, controles técnicos, y otras salas de trabajo; después, unos agrupados por secciones, otros por centros territoriales, realizaban fotos de grupo para clamar contra el bloqueo del PP que impide la renovación de la dirección.

Mientras, en Los Desayunos de TVE se hacían conexiones exteriores con periodistas también enlutados. Llegaba el mediodía y en las puertas de cada centro de trabajo se concentraban —brevemente, ya que no se trataba de una huelga que paralizara las tareas, sino de actos simbólicos de protesta— los trabajadores convocados por los sindicatos, unidos a la representación profesional de los Consejos de Informativos, y por colectivos transversales como #MujeresRTVE. Todas y todos a cara descubierta, unidos, y vestidos de negro: "Hoy lo que importan no son los rostros, sino la vestimenta común como demostración de protesta —nos decían—; pero no ocultamos la cara; nadie tiene miedo a presuntas represalias, queremos que RTVE cambie, pero que lo haga ya".

Un sentir generalizado al que ponía voz Alejandra Martínez, portavoz del Consejo de Informativos en RNE: "Para nosotros es fundamental que nuestra protesta cale en los ciudadanos. Que se sumen a ella. Que no se resignen a que la radiotelevisión pública sea del gobierno de turno. ¡Que no! ¡Que es suya! Que la pagan y deben exigir que les informe con honestidad. Al final, todo se reduce a la voluntad política. Ya se ha conseguido que toda la oposición —¡toda!— llegue a un acuerdo. Es una mayoría incontestable. Por eso creemos que el Partido Popular no puede retrasar más el acuerdo. A partir de ahí, que afinen los términos del proceso y que se inicie ya el proceso de renovación. Las dudas técnicas y jurídicas a las que se están agarrando para dilatarlo son perfectamente subsanables, si se quiere. Y es injusto aprovecharse de los recovecos parlamentarios para secuestrar un acuerdo mayoritario. Que no estamos pidiendo subidas de sueldo, ni nada por el estilo; que estamos pidiendo poder ejercer nuestra profesión con libertad".

Una vez más, como el pasado viernes, o como en la jornada de denuncia #AsíSeManipulaRTVE, la redes sociales recibían centenares de mensajes y fotos alusivas, hasta colocar a #ViernesNegroRTVE entre las tendencias más significativas de la jornada. En paralelo, líderes sindicales y políticos de la oposición iniciaban sus intervenciones en programas de entrevistas con una referencia explícita al bloqueo parlamentario, por parte del PP, para la renovación de la cúpula de RTVE. Tanto Unai Sordo (CCOO), como Pepe Álvarez (UGT), o las portavoces de Podemos Irene Montero, Lorena Ruíz-Huerta y Tania Sánchez se han referido al asunto en el comienzo de sus entrevistas para Los Desayunos de TVE y La Noche en 24 Horas. De los invitados en los últimos días a estos espacios, tan solo Alfonso Alonso (PP), que ha intervenido este mismo viernes, ha dejado de lado esta cuestión.

El rechazo ante el bloqueo para renovar RTVE se ha traducido en la mañana de este viernes en indignación y actos de protesta de la plantilla. Consejos de Informativos, secciones sindicales y el propio Comité Intercentros, en el que están representados el conjunto de trabajadores, han protagonizado actos de protesta en los que se han mezclado las acusaciones al PP, como protagonista de dinamitar el cambio, y la inquietud por el futuro de este medio público estatal.

Ya a primera hora, los Consejos de Informativos improvisaban una asamblea en la redacción de Torrespaña para informar a los compañeros de los últimos acontecimientos y las posibles medidas de protesta que podrían articularse; muchos de ellos acudían vestidos de luto para hacer visible que ayer se vivió un jueves negro para la independencia y profesionalidad de la información en RTVE. En este sentido, la postura de los representantes de los periodistas, al menos en estos momentos, es de no interrumpir en absoluto la tarea diaria sino canalizar las protestas hacia la opinión pública por medio de comunicaciones y actos reivindicativos y de denuncia que no interfieran con el cumplimiento del desempeño profesional.

Con todo, la indignación general era palpable en las intervenciones de los trabajadores, que destacaban dos de los puntos incluidos en el comunicado que en la noche del jueves hacían público los Consejos de Informativos: El primero se refería a la difícil situación con que se iniciará en septiembre la nueva temporada, ya que dirección y Consejo de Administración tienen caducado su mandato, lo que imposibilita impulsar nuevos proyectos y planificar mínimamente el futuro a medio y largo plazo; la segunda, reside en la continuidad de unos informativos dependientes del gobierno del PP, parciales y faltos del pluralismo que exigen las legislaciones españolas y europeas, "este es el modelo BBC que defendía Rajoy en campaña electoral", afirmaba con sarcasmo uno de los intervinientes.

Tras un encuentro con los medios de comunicación, los Consejos y buena parte de la redacción se han sumado a las concentraciones de las doce de la mañana, convocadas por el Comité Intercentros, representante laboral del conjunto de los trabajadores de RTVE

Concentraciones de protesta

En dichas concentraciones ha dominado la repulsa a la actitud de bloqueo protagonizada por el PP en el Parlamento, acompañada por la necesidad de medidas que garanticen el futuro de RTVE. Aún cuando la convocatoria era unitaria, al estar presentes en dicho Comité todos las secciones sindicales, tanto Comisiones Obreras como UGT han manifestado previamente su interpretación de los acontecimientos de las últimas horas.

Para CCOO no se ha producido "ninguna sorpresa. El Partido Popular tenía preparada la estrategia, sabía cómo frenar el acuerdo del pasado 21 de marzo alcanzado por PSOE, Podemos y Ciudadanos para la reforma de RTVE. Los presidentes de las mesas del Congreso y del Senado se ponían ayer a las órdenes del Gobierno Central y lo hacían ignorando sus obligaciones institucionales, lo previsible. El objetivo del PP es mantener el secuestro de la línea editorial de RTVE y llevarlo, al menos, hasta la celebración de todos los procesos electorales previstos para el 2019. A su ambicioso y nada democrático plan debemos responder como sabemos hacerlo, la movilización es el camino. Es el momento de los trabajadores y las trabajadoras. Es el momento para el trabajo sindical, para la denuncia y la movilización. Es el momento para los Consejos Informativos. Desde ya mismo debemos ponernos a trabajar de manera conjunta. El Partido Popular ha decidido bloquear, ha decidido que el mandato de José Antonio Sánchez continúe más allá de junio de este año. Frente a sus decisiones deben estar las nuestras porque la Corporación RTVE pertenece a los ciudadanos, no al Partido Popular. Manipular la información no es compatible con la democracia".

Desde UGT se afirma que "la situación a la que el PP ha llevado a la Corporación es insostenible a nivel económico, social y democrático. Con una manipulación informativa sin precedentes ni vergüenza, con recortes del 50% en la aportación del Estado a RTVE y una gestión pésima de los escasos recursos, con decisiones estructurales en patrimonio, área técnica, estructura territorial y producción que serán difícilmente reconducibles por los nuevos gestores que algún día tendrán que llegar, con una situación mires donde mires que deja hipotecado el sentido y el futuro de esta empresa y del servicio público que representa. Aunque el daño más visible para la ciudadanía sea a todas luces la manipulación informativa, son muchos más los problemas. Así de grave es la situación, y así de importante para el futuro de RTVE es el acuerdo para su renovación que ayer se impidió. El Partido Popular ha vuelto a demostrar cómo pretende seguir aprovechando esta empresa para usarla como su cortijo particular, ha dejado otra vez meridianamente claro que le importa un pimiento RTVE y el derecho a la información de esta sociedad. La estrategia es clara, y así el Partido Popular mantiene una mayoría absoluta en el Consejo de Administración que no le otorga la democracia, así mantiene una dirección absolutamente entregada a las directrices del partido y que cada día aleja más a RTVE de la ciudadanía, así piensan seguir manipulando a su antojo y sin escrúpulos mientras desmantelan la empresa y le niegan su futuro. Nada le importan los principios de servicio público y de compromiso social, no les interesa la independencia, ni la pluralidad ni la objetividad a la que nos debemos. Lo sucedido ayer es una nueva burla a la democracia, a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE".

El PSOE ha acusado este miércoles al PP y a Ciudadanos de retrasar la urgente renovación del Consejo de RTVE y su presidente al mantener abierta la puerta a su elección por concurso público, un procedimiento que según los socialistas debe diseñarse para el futuro, pero no para relevar al equipo dirigente que ahora encabeza José Antonio Sánchez, informa Europa Press.

A instancias de Ciudadanos, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado para la próxima semana una nueva reunión del grupo de trabajo encargado de diseñar el procedimiento de concurso público contemplado en la reciente reforma de la ley de RTVE.

Para el secretario de Relaciones Institucionales de los socialistas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, esta decisión dilatará "demasiado" una renovación que, a su juicio, "resulta urgente" y, además, "supondría faltar al compromiso de urgencia que se adquirió todos con trabajadores y ciudadanos".

Acusa a Cs de hacer el "trabajo sucio" del PP

A su juicio, se trata de "maniobras del tándem de derechas PP-Ciudadanos" para dilatar en el tiempo el cambio en la dirección de RTVE, donde el partido naranja hace "el trabajo sucio" a los conservadores.

Según la nueva ley de RTVE, aprobada el pasado mes de septiembre, la elaboración de las bases del concurso debían estar listas antes de tres meses —31 de diciembre— y, en caso de que no se cumpliera el plazo, se aplicaría de forma transitoria la legislación anterior, la de 2012 aprobada por la mayoría absoluta del PP y que habilita a los partidos a presentar a sus candidatos según el método tradicional.

Como el grupo de trabajo, formado por cuatro miembros de la Mesa del Congreso, tres de la del Senado y los portavoces de todos los grupos representados en el Parlamento, no llegó a un acuerdo sobre esta materia el pasado 27 de diciembre, actualmente se aplicaría la antigua ley. Sin embargo, las bases del concurso se podrán seguir negociando hasta que se logre consensuarlas.

Para el dirigente del PSOE "enrocarse" en la creación del concurso público, como quieren hacer PP y Ciudadanos, tiene como objetivo "que pase toda la legislatura" sin que se produzcan cambios entre los dirigentes de RTVE.

"Las intenciones de la formación naranja, que respaldó la nueva Ley de RTVE, incluida la alternativa de elección por consenso que ahora critica, sólo persigue hacer el trabajo sucio al PP para dilatar en el tiempo el cambio en la dirección de RTVE", ha insistido Rodríguez Gómez de Celis.

Ahora ya no

Aún así, los de Pedro Sánchez aclaran que su formación "no está en contra del concurso público" y señala que, incluso, "lo defiende, y cree que hay que seguir trabajando en él de cara a la siguiente elección". Pero, a su juicio, "un concurso que dé garantías necesita su tiempo".

Rodríguez Gómez de Celis también recuerda en el comunicado que fue el PSOE quien presentó la proposición de ley que ahora pretende aplicarse, y lo hizo "con el único objetivo de proceder a la urgente renovación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE" y "para devolver la pluralidad y la independencia a este servicio público".

"Se buscó, y se logró, que fuese una ley de consenso que incluyese ideas y cesiones de todos los grupos, evitando pactos bipartidistas. El resultado fue una norma que minimiza al máximo las opciones de una RTVE manipulada, al exigir una mayoría y una pluralidad no recogida en ninguna ley hasta la fecha", concluye.

Los letrados del Congreso han denunciado este martes la "confusa redacción" de la nueva ley de RTVE aprobada el pasado mes de septiembre y han avisado de que, en tanto en cuanto no se diseñe el concurso público previsto para seleccionar candidatos al Consejo de RTVE, la aplicación de los cambios del sistema de elección queda en el aire, informa Europa Press.

A petición de los grupos parlamentarios, los letrados de la Cámara Baja han elaborado un informe sobre esta norma para confirmar que el plazo legal para consensuar las bases del concurso público de renovación del Consejo de RTVE termina el 31 de diciembre (a los tres meses de la aprobación de la ley) y que, en el caso de no haber acuerdo, se debe volver a lo estipulado en la normativa anterior.

Esto último es lo que determina la disposición segunda de la nueva ley de RTVE, según han explicado hasta ahora las formaciones políticas, que interpretan que, a falta de concurso público, se habilitaría a los partidos a proponer directamente a los candidatos, siguiendo la fórmula tradicional.

¿Volver a la ley del del PP de 2012?

Sin embargo, en el informe recogido por Europa Press, los letrados señalan ahora que "la confusa redacción" de este apartado, que remite al "procedimiento vigente", hace que sea necesaria una "labor de interpretación previa".

A juicio de los letrados el término "procedimiento vigente", incluido en el texto a través de una enmienda en el Senado, es "ambiguo", por no quedar claro "si se refiere al procedimiento vigente en el momento actual o al existente en el momento de la aprobación de la nueva ley, pero previo a su entrada en vigor", es decir, el texto de 2012 que el PP impuso con su mayoría absoluta.

Aún así, indican que cuando se establecen este tipo de redacciones, "sólo tiene sentido si se refiere al procedimiento anterior". "No en vano, si de lo que se trataba era de aplicar el nuevo sistema de elección, no habría sido preciso recurrir a una disposición transitoria y, en todo caso, no parece posible pretender aplicar el nuevo régimen antes de que el mismo haya sido fijado en su totalidad", apuntan.

Para los letrados, si el legislador hubiera querido vincular el nuevo sistema de elección al hecho de que el mismo fuera desarrollado normativamente en un plazo concreto, lo tendría que haber previsto de forma expresa. "Y no solo no lo ha hecho, sino que, en cambio, ha contemplado, siquiera de manera implícita, la posibilidad de que se supere el plazo establecido", apunta el informe.

Así, la disposición en la que se habla de regresar al "procedimiento vigente" prevé, precisamente, "en garantía de la seguridad jurídica y para evitar vacíos normativos", un mecanismo que permite resolver los problemas que pudieran derivarse de la eventualidad de que no se aprobara en plazo la normativa del concurso público, determinan los letrados.

Abundando en esa "confusa redacción" denunciada, los servicios jurídicos indican también que de la nueva ley de RTVE se derivan "varios regímenes jurídicos distintos para la elección del Consejo" —la reforma del PP de 2012, la que se aprobó en septiembre y el régimen transitorio—, cada uno de los cuales es "autónomo y aplicable en supuestos concretos".

Abre la puerta a aprobar el concurso más adelante

Del mismo modo, señalan que, en caso de que esa normativa del concurso no se apruebe antes del 31 de diciembre, se aplicará el régimen transitorio y durante ese tiempo se aplicaría el sistema anterior a su entrada en vigor para la cobertura de las vacantes que pudieran producirse.

"Una vez esta normativa sea aprobada, la citada ley podrá desplegar todos sus efectos y se podrá proceder, conforme al nuevo procedimiento y en los términos de la disposición transitoria primera, a la elección de un nuevo Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidente", concluye.

Es decir, los letrados entiende que si el concurso no se aprueba antes del 31 de diciembre, la puerta seguirá abierta a aprobarlo más adelante, lo que en principio descartaban el PP y el PSOE, que interpretan el plazo como un ultimátum.

De hecho, desde Ciudadanos entienden que los servicios jurídicos del Congreso están dando tiempo a la negociación del concurso público y que ofrecen un plazo "flexible" para aprobar su diseño y ponerlo en práctica.

"A punto de cumplirse los tres meses que, como plazo límite, teníamos para realizar el concurso público, tendremos que acudir al paso siguiente, esto es, proponer al pleno del Congreso una lista de nombres consensuada para el Consejo de Administración y el presidente de la Corporación", afirmó este jueves José Miguel Camacho, portavoz del PSOE en la Comisión de RTVE. En la reunión del grupo de trabajo reunido en el Congreso, Ciudadanos sostuvo que, una vez constituido, comenzaba ese plazo de tres meses, pero la ley establecía que los tiempos se iniciaban con la promulgación de la ley aprobada en septiembre, por lo que finalizaba con el presente mes de diciembre.

Así las cosas, en febrero habrán de producirse las votaciones para renovar la dirección las votaciones para renovar la direccióncon una mayoría de dos tercios de la Cámara baja, en caso de no obtener ese acuerdo, por mayoría absoluta y el apoyo de al menos cuatro grupos parlamentarios.

"No podemos dilatar de nuevo los plazos –continuó Camacho–, la actual situación en RTVE no aguanta más: hay que proceder de urgencia a la renovación del Consejo de Administración, que dé paso a una nueva dirección en esos medios públicos". Sin citarlos expresamente, el diputado aludía a las continuas denuncias de manipulación informativa, o a las protestas sindicales que tuvieron lugar ayer contra la externalización de servicios en TVE, y que se repetirán la próxima semana.

Lo cierto, según ha podido constatar infoLibre, es que las suspicacias entre los principales grupos políticos no han hecho sino aumentar tras la aprobación de la ley en septiembre y hasta hoy mismo. En ese sentido, Ciudadanos teme un hipotético acuerdo PP-PSOE para situar al frente de RTVE a personas concretas de espaldas al resto de los grupos, sospecha negada repetidamente por el PSOE.

En el ámbito interno de la empresa, fuentes de los Consejos de Informativos ratifican que "lo prioritario no es que el cambio se haga tras concurso público, ahí no entramos, sino que se proceda con toda urgencia". "Vivimos una situación de emergencia –insisten– y hay que concretar cuanto antes una presidencia profesional e independiente para recuperar la credibilidad de los Informativos y retome el pulso de la empresa para encarar el inmediato futuro. Lo que sí pedimos es que se haga con el acuerdo o consenso suficiente para evitar nuevas zozobras y se pueda planificar la recuperación de RTVE".

La preocupación por las falsas noticias (fake news, en su denominación en inglés) ha llevado al Parlamento Europeo a crear una iniciativa para perseguirlas, tanto en los medios de comunicación, como en redes sociales. Al frente del nuevo organismo ha situado a Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital, y a él se ha dirigido por carta la diputada de IU en esa institución Marina Albiol para plantear que se incluyan los informativos de TVE como objeto de estudio. En la carta, la eurodiputada considera que "tan peligrosas son estas noticias para la opinión pública como la constante manipulación que se lleva a cabo en diferentes medios de comunicación, muchos de los cuales son de titularidad pública y, por tanto, no deberían ser instrumentalizados por los gobiernos".

Tras destacar lo complicado de la lucha contra la manipulación informativa y sugerir la necesidad de mecanismos que velen por la independencia de la tarea periodística, la parlamentaria destaca que "precisamente, en el Estado español se produce una situación paradójica: el Gobierno español se ha mostrado preocupado por cuestiones como el anonimato en las redes o la proliferación de noticias falsas, y en cambio permite, ampara e incluso promueve la flagrante manipulación informativa de los principales canales públicos de televisión". Albiol asegura que, lejos de un juicio político, su afirmación se sustenta en el último informe del Consejo de Informativos de TVE, que evidencia más de cincuenta casos de manipulación, doble rasero y malas prácticas en general, tal y como publicó infoLibre.

"Por ello –continúa la diputada en su misiva a Ansip–, nos gustaría trasladarle nuestro interés en que, en el marco de las acciones a emprender en la lucha contra las noticias falsas, también se atendiera a la necesidad de acabar con la manipulación informativa, como mínimo en los medios de titularidad pública que deberían actuar como un servicio a la población y nunca como altavoz de la propaganda política. Así, al mismo tiempo que le sugerimos que el grupo de expertos que trabaja en la lucha contra las noticias falsas también estudie medidas para combatir la manipulación informativa, nos permitimos sugerir que se tenga en cuenta el funcionamiento y la labor del Consejo de Informativos de TVE, ya que se trata de un órgano ejemplar en la tarea de control, vigilancia, denuncia y corrección de malas prácticas en los servicios informativos de la televisión pública".

CCOO insiste en sus denuncias

Dentro de este contexto, Comisiones Obreras en RTVE insiste en sus denuncias contra la manipulación en TVE, y anuncia concentraciones para el próximo miércoles, tras haber desestimado la Junta Electoral de Barcelona su anterior escrito por defectos de forma. En esa denuncia se daba cuenta del tratamiento sesgado que se ha dado a la crisis catalana en Informe Semanal. "Las consecuencias –afirma el sindicato– en términos de audiencia de la falta de neutralidad de TVE a la hora de informar sobre Cataluña son evidentes si se miran considerando el interés generado por los debate electorales. Ocurría el pasado jueves 7 de diciembre. TVE desplazaba al 24H el primer debate de candidatos, era el primer debate en campaña. La audiencia volvió a dar la espalda, apenas el 1,3% de share. La audiencia en Cataluña, donde el debate se emitió en desconexión regional, fue del 7,8 %". 

Para CCOO "la urgencia de devolver a la Corporación RTVE los principios profesionales que deben regir la prestación de un servicio público propio de una democracia de calidad, es inaplazable" dada la cercanía de otras convocatorias electorales como las autonómicas y municipales.