Se vuelven a pedir hipotecas, tantas como hace más de una década, pero el mercado inmobiliario aún reserva un pedazo sustancial para la compra de casas a modo de inversión, esto es, a tocateja. Las hipotecas sobre vivienda crecieron un 12,4% anual, pero el acumulado del año deja 463.232 operaciones, el dato más alto en 15 años para este periodo.

Si se observan los datos agregados hasta noviembre, un 29,9% de las compraventas de vivienda se realizaron sin pasar por el banco. Hasta el penúltimo mes hubo 660.089 compraventas, de las cuales 463.232 se formalizaron acudiendo a financiación y el resto al contado, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, la compra de viviendas sin hipoteca es un indicador que se suele utilizar para medir el apetito inversor sobre el sector.

En cuanto al dinero, el importe medio de las hipotecas sobre vivienda aumentó un 11,7%, hasta los 170.771 euros en comparación con el mismo mes del año pasado. En el acumulado del año, los préstamos sobre vivienda aumentaron un 12,6% su importe al calor de un mercado inmobiliario que ve aumentar constantemente los precios. De hecho, el importe las casas aumentó un 13,1% interanual en el cuarto trimestre del año, hasta situarse en los 2.091 euros por metro cuadrado, la mayor subida desde hace casi 20 años, de acuerdo con la tasadora Tinsa.

El plazo medio de las hipotecas que se han pedido es de 25 años y, pese a que los tipos de interés medio han subido ligeramente con respecto a octubre, hasta el 2,97%, la tendencia camina al alza. El INE también recoge que los clientes siguen optando por las hipotecas a tipo fijo (61,5%), frente a las de tipo variable (38,5%).

En cuanto a quienes compran para obtener rentabilidad o para poner a resguardo sus ahorros, el porcentaje se mueve en cifras similares a los ejercicios previos, a falta del dato definitivo que incluya diciembre. A nivel nacional, el 29,9% de casas que se adquirieron a tocateja va en la línea de la evolución de los años anteriores. Entre 2013 y 2018 ese porcentaje superó el 30%, descendió entre 2019 y 2022 y volvió a repuntar hasta el 34% en 2023 y 2024.

La adquisición sin hipoteca suele asociarse con las compraventas para inversión o las segundas residencias, y su efecto se traduce en más demanda, mayor tensión en la oferta y un ascenso vertical en los precios. Pero también se compra sin hipoteca allí donde los precios son más bajos o hay más casas para reformar cuyo importe está muy por debajo del avance del mercado. Por ejemplo, si se cruzan las cifras de compraventas con las de hipotecas que proporciona el INE, vemos que en Asturias se compra un porcentaje mayor de vivienda sin hipoteca (40,8%), que en Madrid (10%).

Aunque el número de hipotecas avanza, las viviendas que se compran a modo de inversión no disminuyen significativamente. Quienes piden financiación para comprar una casa son en su mayoría mujeres y tienen, de media, 40 años, de acuerdo con el estudio Perfil del hipotecado Español 2025, realizado por el portal inmobiliario Fotocasa. Y pese a que ese indicador ha bajado en un año con respecto a 2024, lo que persiste es una brecha en torno a quienes tienen acceso a este tipo de financiación: “En cuanto al nivel socioeconómico, se aprecia una estabilidad absoluta con respecto al año anterior, con las clases altas y medias-altas copando el 66%, mientras que las medias se mantienen en el 30%”, señala el estudio. En el escalafón de ingresos bajo, solo un 4% pudo acceder.

Y es que conseguir crédito sigue siendo difícil, algo que se manifiesta sobre todo en los jóvenes, para los que el estudio tampoco deja buenas noticias: el porcentaje que vive con sus padres vuelve a subir desde un 7% en 2024 a un 8% en 2025. De hecho, en octubre los notarios advertían que eran las donaciones y herencias las que estaban “impulsando el acceso a la vivienda de las siguientes generaciones”, señalaba una nota del Consejo General del Notariado. “Las donaciones de viviendas pasaron de las 32.623 en 2017 a las 54.735 en 2024”, explicaban. Además, sus cifras constataban que en el primer semestre de 2025 se habían donado 26.923 viviendas y el número de viviendas heredadas también aumentó, pasando de 335.888 en 2017 a 403.854 en 2024. 

¿Y qué pasa con quienes no piden hipoteca? “El retrato promedio de este grupo está dominado por los hombres (55%) y es un segmento de mucha más edad (46 años de media) que quienes demandan una hipoteca”, recoge el informe. En este segmento, alrededor de un 35% de quienes adquieren un inmueble declaran que no lo utilizarán como vivienda habitual.

Finalmente, al analizar el comportamiento de las hipotecas por comunidades, vemos que Navarra (donde caen un 3,2% interanual), Madrid (caen un 3,3%), Aragón (-7,3%) y Baleares (-9,2%) han reducido sus cifras con respecto al mismo periodo de 2024. A la cabeza, Cantabria (crece un 54% interanual), Comunidad Valenciana (25,7% más) y Andalucía (25,2% más), lideran la estadística. A falta de conocer los datos anuales completos para 2025, la inversión en vivienda en zonas de la costa y del norte podría estar animando las estadísticas en estas últimas comunidades, donde además, los precios aún están muy por debajo de los que se registran en Madrid o Baleares.

El objetivo de la norma es la suspensión (moratorias) de los procedimientos de desahucio y lanzamiento para hogares sin alternativa habitacional.

Con el ánimo de contribuir al mejor conocimiento de las medidas propuestas y ofrecer datos sobre las moratorias anteriores, que se vienen produciendo desde 2020, se redactan estas líneas.

El real decreto contempla dos tipos de situaciones: las producidas por impago de alquileres o expiración del plazo de duración del contrato y las ocasionadas por las personas que estén ocupando una vivienda sin título habilitante para ello.

Ante el impago de alquileres o la negativa a desalojar la vivienda al término del contrato, el propietario puede iniciar un proceso judicial que busca el desahucio del inquilino en un juicio verbal. En ese caso, el inquilino puede solicitar la suspensión del desahucio o lanzamiento ante el juzgado por encontrarse en situación de vulnerabilidad. En todo caso se trata de una moratoria que durará hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo que se vuelva a prorrogar en 2027. 

Se inicia así un proceso dirigido judicialmente que incluye informes de los servicios sociales. Al mismo tiempo el arrendador puede argüir que la suspensión del lanzamiento le ocasiona, a su vez, una situación de vulnerabilidad. 

El nuevo real decreto ley 2/2026 introduce una importante novedad respecto a años anteriores. Si el arrendador es propietario de dos o menos viviendas –el caso típico de propietario que posee su vivienda habitual y otra arrendada–, queda excluida la posibilidad de atender la solicitud del inquilino; es decir, se producirá el desahucio inexorablemente, no habrá posibilidad de moratoria. 

De este modo, la primera consecuencia de este nuevo real decreto es que aumentará el número de desahucios. En España (según datos del Observatorio de la Vivienda basados en fuentes oficiales) existen 3,9 millones de viviendas arrendadas, de las cuales 2.485.601 pertenecen a propietarios de un solo alquiler (el 64% del total) que, por lo expuesto, quedan excluidas de la posibilidad de moratoria. 

La afirmación de que aumentará el número de desahucios se basa, desgraciadamente, en que es difícil una mejora sustancial de la situación de hogares vulnerables y del problema general de la vivienda a corto plazo. 

Si no se da la situación anterior y queda acreditada la situación de vulnerabilidad del inquilino, el juez podrá decretar la moratoria de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2026. Las administraciones públicas tienen el deber de adoptar las medidas que hayan sido propuestas en los informes de los Servicios Sociales que garanticen el acceso a una vivienda digna, en cuyo caso se levantaría la suspensión del desahucio. 

Sin embargo, en muy pocos casos se llega a producir esa situación. Según un informe de la Plataforma Antidesahucios (PAH) y del Observatorio Desca, sólo en un 2% de los casos las administraciones públicas ofrecen una solución habitacional a los desahuciados. El 77% de los casos reciben ayuda económica.  

La escasez de vivienda social hace imposible ofrecer soluciones habitacionales incluso en los casos de emergencia social como es la de los desahuciados.  

Desde el primer decreto que estableció las moratorias a los desahucios por situaciones de vulnerabilidad (RDL 37/2020) se reguló un sistema de compensaciones a los propietarios afectados, sistema que sigue vigente para 2026, de acuerdo a los establecido en el citado RDL 2/2026. 

La compensación consiste en el valor medio que corresponde a un alquiler de vivienda en el entorno en el que se encuentra el inmueble afectado por la moratoria más los gastos originados al propietario por el mantenimiento y situación de la vivienda durante la duración de la moratoria. 

Aunque no existen datos oficiales sobre el número de moratorias aprobadas desde 2020 hasta hoy, un estudio de la PAH y el Observatorio Desca ha calculado en 58.000 los casos desde 2020 hasta 2024. Incluyendo una cifra proporcional de 12.000 casos por año, hasta 2025 tendremos 70.000 casos, es decir el 0,0179% de las viviendas arrendadas. 

Sin embargo, únicamente 6.400 propietarios (el 9,1% de los afectados) han solicitado las compensaciones, según un estudio publicado en diciembre pasado por Javier Galán en El País, la mayor parte de ellos personas jurídicas. Las razones de la escasez de solicitudes se desconocen, aunque abogados expertos en las materia han señalado el desconocimiento de los afectados sobre la existencia de las compensaciones. Puede haber otras razones, pero sería una especulación sin sentido mencionarlas al no tener datos fiables. La mayoría de las solicitudes han sido atendidas, con un 15% de denegaciones. 

En lugar de utilizar el miserable término de inkiocupación esperemos que todas las fuerzas políticas se esfuercen en reducir al mínimo los casos de impago de alquileres. Se trata de conjugar el derecho de propiedad con el derecho a la vivienda, y hay que saber conjugar ambos. 

También en estas situaciones la norma regula moratorias. 

En primer lugar, hay que señalar en qué casos no se producirá nunca la moratoria del desahucio, es decir que ante la ocupación procederá siempre el desahucio: 

a) Si el inmueble es propiedad de una persona física y es su domicilio habitual o segunda residencia. 

b) Si la vivienda es propiedad de una persona física o jurídica, que la ha cedido a una persona física para que ésta tenga en ella su domicilio habitual.

c) Cuando la entrada en la vivienda se haya producido de forma violenta o con intimidación o se realicen en ella actos ilícitos.

d) En inmuebles de titularidad pública destinados a vivienda social y que tuvieren asignado beneficiario. 

Juzgue el posible lector si estas medidas fomentan la ocupación. 

Para que opere la suspensión del lanzamiento el propietario tiene que ser una persona jurídica o física con más de 10 propiedades y la persona ocupante estar en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales y valorada por un juez. 

Las situaciones de vulnerabilidad quedan reducidas a que el ocupante sea una persona dependiente o víctima de violencia de género o mujer sola con menor o persona dependiente a cargo.  

En infoLibre y en Librepensador@s se han publicado artículos sobre la magnitud de este problema, por lo que no se insiste en los datos sobre la amplitud muy distorsionada del problema. 

La desinformación es otra forma de no abordar los problemas. Aportando información contribuiremos a la solución. Que así sea.  

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

En una sociedad de libre mercado, los Gobiernos tienen la obligación de equilibrar intereses, partiendo siempre de una base irrenunciable: la protección efectiva del derecho a la vivienda, reconocido en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la ley de vivienda, aunque todavía no como derecho subjetivo, una asignatura pendiente salvo excepciones como el País Vasco.

La ausencia de ese equilibrio está generando un escenario insostenible: familias vulnerables sin protección real y pequeños arrendadores convertidos, de facto, en sustitutos del Estado. Este modelo no es justo ni viable.

Lo razonable sería aplicar mecanismos transitorios de garantía, como el cheque vivienda u otros sistemas equivalentes que aseguren mediante aval público y pago efectivo el acceso a la vivienda de las familias vulnerables, sin trasladar la carga a los arrendadores. Ello permitiría, además, reformar la normativa para impedir situaciones de ocupación irregular y devolver seguridad al mercado.

A esta medida debería sumarse una reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), prorrogando automáticamente durante al menos dos años los más de 600.000 contratos que vencen este año, con actualización según el índice IRAV, ganando tiempo para construir garantías estables.

La vivienda exige un pacto racional, donde la protección de la ciudadanía y sus derechos esté por delante del interés político inmediato.

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José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre.

Las bonificaciones fiscales que el Gobierno ha propuesto para que los caseros no suban el alquiler a sus inquilinos ha desatado en España un terremoto político. El Gobierno alega que trata de crear incentivos para que se ponga más vivienda asequible en el mercado, Sumar habla de “regalar dinero público a los rentistas”, los sindicatos de vivienda señalan que se está “reforzando el paraíso fiscal para el rentismo”, Podemos las rechaza y el PP las tacha de medidas “improvisadas”, aunque apoya el respaldo a los arrendadores. Pero, además del dualismo caseros-inquilinos, empieza a aflorar un debate sobre cómo podría reordenar el esquema social esta realidad donde fondos buitre, grupos inmobiliarios, pero también pequeños inversores, cada vez ven más rentable tener arrendatarios.

Según el Ministerio de Consumo, la brecha económica entre los arrendadores y los inquilinos es actualmente de 23.638 euros, al tener los primeros una renta mediana de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los segundos. “Lo que significa que en la actualidad los caseros tienen una renta un 82% superior”, señalan. El cálculo del ministerio se hace sobre la Encuesta de Condiciones de Vida 2024 del INE y recoge, además, que en ocho autonomías la renta de los caseros es ya el doble que la de los arrendatarios. Son Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias.

Esto en un contexto donde el vencimiento de los contratos de alquiler vigentes —y que se renovarán previsiblemente a precios de mercado— amenaza con provocar un serio encarecimiento en el alquiler. “A escala estatal, el precio ofertado para viviendas en alquiler ha pasado de 10,85 euros el metro cuadrado en 2020 a 14,5 euros en 2025 (un 34% más), según los informes de precios de Idealista”, advierte el informe de Ministerio de Consumo, quien además prevé que 632.369 contratos venzan en este año, con el consiguiente encarecimiento de la renta para 1,6 millones de personas.

La burbuja de precios avanza y en 2025 el importe de las casas aumentó un 13,1% interanual en el cuarto trimestre del año, hasta situarse en los 2.091 euros por metro cuadrado, la mayor subida desde hace casi 20 años. En la parte de los alquileres, portales inmobiliarios como Idealista apuntan que en diciembre la subida con respecto al año anterior fue del 8,5%.

Más allá de estas cifras, algunos análisis académicos advierten que en una economía dónde los activos son centrales, la rentabilidad del sector inmobiliario solo agrandará la brecha entre quienes tienen casa y quienes solo pueden alquilar. “El control de activos y la extracción de rentas se han convertido en elementos determinantes de la organización social”, defiende el investigador de CSIC, Javier Gil, en el prólogo del libro Vivienda. La nueva división de clase, de Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings. “En una economía dónde los activos inmobiliarios son centrales […] la lucha en torno a los alquileres se debe enmarcar como una lucha central contra las estructuras del capitalismo contemporáneo”, concluye.

Capitalismo rentista, extracción de rentas, sindicalismo inquilino… es probable que se hayan tropezado con alguno de estos términos en los titulares o los hayan escuchado en las manifestaciones por la vivienda que se han sucedido en España desde 2024. “Hay que bajar los alquileres. Hay que acabar con el negocio de la vivienda”, es una reivindicación que no solo constata el malestar de una parte amplia de la ciudadanía que no tiene asegurado un techo en el que vivir, sino que quiere señalar una falla profunda del sistema. Tanto es así, que muchas voces, cómo la de Gil, empiezan a identificar el surgimiento de un nuevo sistema de clases que se divide entre rentistas e inquilinos. Es decir, entre quienes pueden vivir y extraer dinero de lo que poseen y aquellos que ven alejarse la posibilidad de tener un hogar propio y, por tanto, pagan un precio cada vez más alto por un bien básico como es la vivienda. 

El análisis no es tan simple como que los caseros sean malos y los inquilinos víctimas. Tampoco señala a quienes alquilan una vivienda, sino que sugiere que la vivienda se ha convertido ya en un factor de desigualdad más determinante que el salario o el trabajo. Quienes logran, por herencia o por capacidad económica, tener una vivienda en propiedad y salen del sistema del alquiler, explica el libro de Adkins, Cooper y Konings, están en un escalafón privilegiado a la hora de afianzar su posición social. 

La brecha de riqueza se alimenta de la revalorización de los activos inmobiliarios, es decir, quienes poseen una vivienda ven su patrimonio crecer y para quienes tratan de comprar una, los precios del mercado cada vez son más difíciles de perseguir con un salario. Y aquí los jóvenes se llevan la peor parte. En 2004, el 71% de quienes tenían entre 30 y 44 años eran propietarios, hoy esa cifra es del 55%. Entre los 16 y 29 años, el número de propietarios ha bajado del 48% al 29%, de acuerdo con la Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España. De ahí que las manifestaciones de vivienda tengan, en la mayoría de los casos, rostro joven.

Si hablamos de patrimonio, la riqueza media de las personas entre 65 y 74 años en 2002 era de 148.000 euros, mientras que la de los jóvenes entre 35 y 44 años era de 132.000 euros. Veinte años más tarde, en 2022, la riqueza de los mayores aumentó hasta 226.000 euros y la de los jóvenes cayó hasta los 75.700 euros. La precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda son más gasolina para esta dinámica.

“Además de seguir construyendo más vivienda, vamos a continuar interviniendo el mercado del alquiler en nuestro país. Y lo vamos a hacer porque algunos están utilizando la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos”. Así anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la redacción de un real decreto destinado a “intervenir el mercado del alquiler” en el que se recogerán “medidas contra el fraude y los abusos” inmobiliarios. Una medida que trata de recoger el descontento de los colectivos sociales, pero que no ha sido acogida con demasiado entusiasmo y que, además, cuenta con el rechazo de su socio de Gobierno, Sumar, que tampoco respaldaría el decreto en el Congreso.

El anuncio lo hizo el presidente este lunes en el acto de demolición de los edificios del acuartelamiento del barrio madrileño de Campamento. Esta localización pasará a albergar 10.700 viviendas asequibles en los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa. Acompañado de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, Sánchez ponía el acento en reivindicaciones que han venido repitiendo desde el ámbito de las agrupaciones sociales de vivienda. Unos colectivos que han pedido en reiteradas ocasiones prioridad para las medias que movilicen vivienda existente y protejan a los inquilinos. 

Y es que, las propuestas de alivio fiscal a los caseros terminan siempre en bronca política, como ya ocurrió cuando se anunciaron el año pasado bonificaciones al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de quienes incorporen sus casas a sistemas públicos de alquiler o reducciones del IRPF a los arrendadores que pongan precios asequibles.

El real decreto, que se conocerá íntegramente “en las próximas semanas”, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, toca tres puntos sensibles en el ámbito de los alquileres: una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio, condiciones “estrictas” para que un alquiler sea considerado como de temporada y, finalmente, propone un “freno” al alquiler por habitaciones, un modelo que escapaba a los controles de precios contemplados en la ley. 

El anuncio llega justo cuando Casa 47, la empresa pública de vivienda, ha comenzado a dar sus primeros pasos ofertando pisos y movilizando terrenos para obra nueva. Con estas medidas, trata de responder, además, a otra gran reclamación de los sindicatos de vivienda: dar una solución para las más de 600.000 familias que se enfrentan en este inicio de año a la finalización de su contrato de alquiler, ya que se firmaron después de la pandemia de covid-19 y se renovarán a precios mucho más altos si nada lo remedia. De hecho, un estudio realizado por el Ministerio de Consumo señala que esta gran renovación encarecerá la renta de los inquilinos de las zonas más tensionadas en hasta 4.600 euros anuales para 2026. Quienes puedan pagarlo, verán mucho más ajustada su economía familiar, y quienes decidan dejar su piso, tendrán que volver a buscar en un mercado inmobiliario a precios desbocados.

En cuanto al alquiler por habitaciones, al no estar sujeto a la ley de arrendamientos urbanos, no está bajo el efecto de las limitaciones de precios. “El alquiler habitacional y de temporada son dos de las vías que la especulación inmobiliaria ha encontrado para sortear la Ley de Vivienda”, explicaba a infoLibre la abogada de CAES y experta en vivienda, Alejandra Jacinto. Lo que hará la nueva norma, si sale adelante, será establecer que la renta total del conjunto de habitaciones no pueda superar la renta del contrato de la vivienda completa. “En zonas declaradas tensionadas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda”, señala el comunicado del ministerio.

Pero la bonificación a los caseros es la medida que más polémica y rechazo está generando. Desde Sumar, su coordinadora general, Lara Hernández, ha rechazado de plano las medidas. “Esta propuesta no va a contar con nuestro apoyo”, explicó en una rueda de prensa convocada este lunes. “El PSOE dice hacer algo para resolver la crisis de la vivienda, pero lo que vuelve a hacer es dar con la fórmula equivocada, que es dar regalos fiscales a los caseros y a los rentistas”, concluía. En la misma línea se expresaba el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, en la red social Bluesky: “La prórroga a los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros”, señalaba. De forma similar argumentaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que hablaba de que esta medida era “regalar dinero público a los rentistas”.

Si en la formación morada se habla de “regalo fiscal”, en los colectivos de vivienda tampoco se ha acogido la propuesta con demasiado optimismo. “Sobre el tema del IRPF, el alquiler tiene deducciones en la declaración de la renta desde hace años y con la nueva ley de vivienda de 2023 se ampliaron y esto no ha tenido un impacto real”, explica Miguel Ruiz, experto del Observatorio Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). “La sensación es que a los propietarios les sale mucho más rentable subir los precios cuando quieran, en vez de acogerse a unas deducciones de las que ya están disfrutando en cierta medida”, concluye. 

Para el experto de DESCA, a falta de que se concrete cómo van a aterrizarse esas medias, la propuesta “es un brindis al sol” porque “sigue imperando la ley del mercado, que es que cada propietario puede poner el precio que quiera”, concluye. Y es que la limitación de los alquileres, más allá de las zonas tensionadas, es el punto al que quieren llegar los colectivos de vivienda. “Al final lo que se paga, que es lo realmente importante para muchas familias, eso no va a reducirse con la nueva regulación. Ese es el gran agujero, también porque muchas comunidades se niegan a aplicar el control de rentas”, remata Ruiz. 

Las voces más críticas emergen desde el ámbito sindical. “El negocio del rentismo consiste precisamente en expulsarnos de nuestras casas para alquilar de nuevo a un 30% o un 50% más de precio. Este modelo es extremadamente rentable y una bonificación en el IRPF no va a frenar esta dinámica que se lleva observando una década”, explica Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. “En un momento de alquileres en máximos históricos, el Gobierno lo que sugiere es premiar fiscalmente a los caseros por mantener precios abusivos. Lo que hace es tratar de congelar los alquileres en un nivel que la mayoría ya no podemos pagar”, concluye Pérez. Y es que el principal reproche aquí, tiene que ver con que la propuesta ni siquiera intenta bajar los precios, pero que “recompensa a quienes los mantienen”, remata. Para el portavoz, se está creando un “paraíso fiscal para rentistas”.

Sin embargo, las otras dos medidas, que han quedado a la sombra del enfado por las bonificaciones fiscales, también son clave. “Regular el alquiler temporal y por habitaciones es una demanda necesaria que se votará en el Congreso porque ya está en la ley que los sindicatos propusimos hace un año y que —tal como nos ha dicho el Gobierno— se votará en febrero”, explica el experto. Su propuesta incorpora una prórroga de tres años a los contratos en zonas tensionadas, aunque advierten que solo se aplicaría en aquellas comunidades que aplican la ley (Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias). “Solo hacen falta los votos de Junts para que esta propuesta avance, por lo que pedimos dejar fuera este problema de la lucha partidista”, termina Pérez.

Finalmente, desde el gremio inmobiliario tampoco se han mostrado entusiasmados. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha dicho que la propuesta no ataca el problema real y que puede agravar la escasez de vivienda. En este caso, sí están a favor de la bonificación al IRPF, pero se oponen a la restricción del alquiler por habitaciones. “Exigir que la suma de las rentas de las habitaciones no pueda superar la renta del alquiler de la vivienda completa, carece de lógica económica y hará inviable este modelo en la práctica”, señaló José María Alfaro, presidente de FAI.

Un perturbado se ha instalado en el despacho oval de la Casa Blanca y tiene a su disposición el botón rojo que puede desencadenar una guerra nuclear. Desprecia las reglas del derecho internacional (acaba de secuestrar a Maduro y su esposa), muestra su agresividad con las personas que luchan por los derechos civiles y manifiesta su complicidad con el genocidio que Israel sigue cometiendo en Gaza. En Rusia, un personaje inquietante de rasgos felinos que también dispone de un potente arsenal nuclear, de momento, ha decidido apoderarse de la zona de Ucrania conocida como el Donbás, manteniendo bombardeos constantes sobre la población civil. En China, primera potencia económica y tecnológica mundial, cuyas redes se han instalado en varios continentes, parece que sus apetencias territoriales se conforman con la anexión de la isla de Taiwán.

Pues bien, a pesar de todo este peligroso panorama, los institutos demoscópicos, según encuestas recientes, detectan que las principales preocupaciones de los españoles giran en torno a la vivienda, la sanidad, el paro, la  inmigración, la economía y la polarización política, por este orden. La especulación ha disparado los precios de compra; el alquiler de una vivienda, que como módulo familiar de vida está en trance de desaparecer. La construcción no parece incentivar a la iniciativa privada y los poderes públicos no trasmiten la sensación de volcarse en este sector. 

Según nuestro ordenamiento jurídico, la vivienda se considera como un bien inmueble, es decir como una cosa susceptible de apropiación y de convertirse en una propiedad privada. Pero, a continuación, el Código Civil en su artículo 348 matiza que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa o de un animal, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Esta delimitación y sobre todo el texto constitucional y las declaraciones internacionales sobre derechos humanos abren espacios para garantizar el derecho de todos al acceso a una vivienda digna según el artículo 47 de la Constitución Española (CE). Es el momento de citar a Norberto Bobbio cuando nos recordaba que proclamar derechos es sencillo, pero lo difícil es hacerlos reales y efectivos.

Los hogares han sido la cuna en la que se ha gestado la civilización. Los seres humanos necesitan de un espacio que les cobije para desarrollar todo el complejo de sentimientos afectivos que le llevan a formar una familia o un proyecto de vida compartido en comunidad con una sociedad igualitaria que facilite la más amplia gama de derechos para conseguir el libre desarrollo de su personalidad. El derecho al hábitat es un derecho fundamental.  Nos lo recuerda el artículo 10 (CE), según el cual: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Según su Preámbulo, una de sus aspiraciones pasa por promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Como precedente, podemos recordar que la Constitución Francesa de 1946 proclamaba: La Nación brinda al individuo y la familia las condiciones necesarias para su desarrollo. La cito porque la legislación francesa es la más avanzada en cuanto a la posibilidad de reclamar judicialmente el derecho a una vivienda digna.

Una interpretación gramatical, lógica y sistemática del artículo 38 (CE) deja al margen de la economía de mercado la vivienda porque la empresa –no los propietarios individuales– sólo tiene derecho a que se garanticen y protejan su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, cuestiones ajenas al derecho a una vivienda digna, que es un derecho fundamental y queda fuera de los principios rectores de la política social y económica.

La ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en su Exposición de Motivos, proclama que la Constitución española, en su artículo 47, dentro del capítulo III del título I de la norma fundamental –referido a los principios rectores de la política social y económica–, recoge el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho.  

En mi opinión, la ley –reconociendo sus avances– no profundiza en la consideración del derecho a la vivienda digna como un derecho fundamental. La Exposición de Motivos considera que es un derecho que afecta de manera directa al libre desarrollo de la personalidad. Es, por tanto, un derecho fundamental que debe ser equiparado, junto con la educación, al núcleo duro que se contiene en el Título I, Capítulo segundo Sección 1ª, en el que se reconocen los derechos fundamentales. En esta misma línea se ha expresado la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos, en la que se pide a la Comisión y a los Estados miembros que se aseguren de que el derecho a una vivienda adecuada sea reconocido y ejecutable como un derecho humano fundamental mediante disposiciones legislativas europeas y estatales aplicables, y que garanticen la igualdad de acceso para todos a una vivienda digna.

El Tribunal Constitucional, en una nota informativa de 22 de mayo de 2024, ha expresado las razones por las que considera que la ley (24 de Mayo de 2023) es constitucional en sus aspectos más cuestionados (declaración de zona tensionada y paralización de desahucios) que permiten controlar los precios y demorar los desahucios, pero deja en manos de las Comunidades Autónomas la decisión sobre estos relevantes aspectos. 

El modelo francés nos debe servir de pauta. En una decisión de 19 de enero de 1995, el Consejo Constitucional consideró que "la posibilidad de tener una vivienda digna es un objetivo con valor constitucional". La ley de 31 de mayo de 1990 dispone que "garantizar el derecho a la vivienda constituye un deber de solidaridad para toda la nación". La ley SRU de13 de diciembre de 2000 especifica el concepto de "vivienda digna". Obliga a tener al menos el 20% de vivienda social. Esta tasa se incrementa al 25% por la ley del 18 de enero de 2013 relativa a la movilización de suelo público en favor de la vivienda y el fortalecimiento de las obligaciones de producción de vivienda social.

La consideración del derecho a una vivienda digna como derecho fundamental tiene su apoyo en la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su artículo 25.1, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, tanto a él o ella, como a su familia, la vivienda. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce tambié, en su artículo 11.1, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado incluyendo, entre otros, una vivienda igualmente adecuada. Por tanto, el único obstáculo para tomar esta decisión pasa por superar, racionalmente, los obstáculos que pone nuestro texto constitucional para modificar su contenido.  

Soy consciente de la complejidad de la reforma constitucional y sobre todo del apartado que recoge los derechos fundamentales. Por supuesto, habría que descartarla si lleva aparejada la disolución de las Cortes Generales. Pero creo que se pueden encontrar fórmulas alternativas como la prevista en el artículo 167 (CE), que, en principio, solo exige una mayoría de tres quintos de las Cámaras. En mi opinión no se trata de reformar o revisar el texto constitucional sino de ampliar y ensanchar el catálogo de derechos fundamentales. Su puede invocar el artículo 10 de la CE, que establece que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. No creo que esta posibilidad fuese inconstitucional. Si se consigue, se puede intervenir y planificar el porcentaje de vivienda social que debe construir la administración local y autonómica, la dedicación de suelo público a estos fines.

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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.

El escudo social prorrogado el pasado febrero tras intensas negociaciones del Gobierno de España con Junts per Catalunya, que junto a PP y Vox había provocado inicialmente su derogación, incluyó la conocida como moratoria de los desahucios. Esa medida permite que las personas inmersas en un proceso judicial de desahucio por impago del alquiler puedan acogerse a “un incidente de suspensión extraordinaria” del desalojo si acreditan, a través de los servicios sociales correspondientes, estar en una situación de vulnerabilidad económica —según los criterios legales— “que imposibilite encontrar alternativa habitacional”.

El propio Real Decreto-ley subrayaba que el carácter de la suspensión de estos desahucios era “extraordinario y temporal”. Y que se trataba de una medida concebida para “dejar de surtir efecto el 31 de diciembre de 2025”, esto es, en apenas semanas y media tras un año en el que Galicia ha registrado 800 desahucios. Una cifra que, advierten entidades sociales, puede ampliarse si el Gobierno de España no decide prorrogar la suspensión o si lo hace pero no halla apoyos parlamentarios suficientes para mantenerla en pie.

En los últimos días el Consejo General del Poder Judicial actualizó con las cifras del tercer trimestre del año su serie de estadísticas económicas inaugurada durante la gran recesión —de hecho, la sigue denominando Efecto de la crisis en los órganos judiciales—, que incluye los datos de lanzamientos, esto es, de desahucios que llegan a realizarse. Y el resultado es que, de enero a septiembre, nuestro país había registrado 812 desalojos, su gran mayoría (714, casi el 90%) en viviendas alquiladas.

Esta es la suma resultante de agregar los datos del tercer trimestre: 173 desahucios por impagos de arrendamiento y 34 derivados de ejecución hipotecaria. Son una veintena más que en el mismo trimestre del año previo, incremento que resulta significativo porque las cifras son, en este caso, una estimación provisional de los servicios estadísticos del Poder Judicial al estar, por el momento, incompletos los datos de 64 partidos judiciales de todo el Estado, entre ellos los de Arzúa, Cambados, Monforte, Negreira, Ordes, Ortigueira, Padrón y Xinzo.

Con la mencionada moratoria como telón de fondo, entre otras circunstancias, las cifras de desahucios acumulan un trienio de relativa estabilidad en Galicia, con unos 300 por trimestre. Es, a grandes rasgos, la mitad de los registros de los peores años de la gran recesión y también de los previos a la pandemia de la COVID, momento tras el cual el Gobierno de España comenzó a incorporar medidas paliativas.

En este sentido, las entidades sociales firmantes del manifiesto 'Ni un desahucio más', que reclaman la continuidad y estabilización de la moratoria, estiman en casi 60.000 los desalojos parados en cuatro años por una suspensión con la que son críticos por considerarla incompleta, pero cuya desaparición, advierten, sería mucho peor. Es preciso, consideran, convertir los mecanismos de suspensión en permanentes, una “solución estructural” acompañada “de un presupuesto ambicioso” para “garantizar y agilizar de manera efectiva alternativas de vivienda” a las personas afectadas. Así lo trasladaron en las últimas semanas a representantes en el Congreso de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Junts.

La mencionada serie estadística del Poder Judicial incluye, como es habitual, información sobre los casos de ocupaciones ilegales de viviendas que ingresan en los juzgados. Y, como es habitual, las cifras son muy bajas. En este caso, incluso más aún de lo habitual —este indicador no está afectado por la transmisión incompleta de datos de algunos partidos judiciales—.

Entre julio y septiembre de este año Galicia registró 11 nuevas demandas por ocupación ilegal de viviendas “en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social”. Son catorce menos que en el mismo trimestre del año previo y cuatro menos que en los tres meses anteriores. La propia escasez del fenómeno da lugar a que las variaciones porcentuales sean especialmente pronunciadas, en este caso de un descenso interanual del 56%.

El propio Poder Judicial destaca la escasa incidencia de los nuevos casos de ocupación ilegal en Galicia, también en relación con el resto del Estado. Las cifras del tercer trimestre nos dejan en 0,4 casos por cada cien mil habitantes, tres décimas menos que la media estatal. Y su volumen total, 11 casos, hace que los desahucios sean casi veinte veces más en el mismo período.

Un mercado de vivienda asequible es la demanda social más viva en el panorama nacional. El incremento incesante de los precios, la escasez del parque público residencial, los problemas de emancipación que sufren los jóvenes o la presión de la vivienda como negocio turístico frente a las casas para vivir, entre otros puntos, son algunos de los problemas en los que se concreta la crisis de vivienda. A lomos de todos estos asuntos y algunos otros, la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La solución a esto, que se repite constantemente, es colocar la vivienda a precios asequibles. Pero ¿qué quiere decir este apelativo tan repetido cuando la renta de los hogares no logra seguir el aumento de los precios inmobiliarios?

La regla que se suele establecer para considerar que una residencia es asequible, es que su precio (bien de alquiler, bien de mensualidad de la hipoteca) no supere el 30% del total de los ingresos brutos que entran en el hogar. “Cuando ofrecemos un alquiler lo calculamos siguiendo esta norma del 30% o 35% para cada caso”, explica Elena Martínez Goyte, coordinadora de la plataforma de vivienda social Provivienda, dedicada al alquiler de casas a precios asequibles. Aunque el importe mensual, apunta, varía mucho en función del ámbito geográfico y de los ingresos de los arrendatarios.

Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, explica que “debe matizarse mucho qué entendemos por alquiler asequible” y que “ese 30% ya marca un límite de estrés financiero, por lo que el umbral debería estar mucho más bajo”. Pone el ejemplo de la capital, una de las regiones más tensionadas en cuanto a precios. “Muchos de los pisos del Plan Vive (una regulación pública destinada a crear alquiler asequible en la capital) pueden costar más de 800 o 900 euros al mes —y como se exige que esta renta no represente más de un 30% de los ingresos para poder ser siquiera solicitante— el resultado es que tienes que tener unos 3.000 euros al mes de ingresos para poder acceder”, señala. “Esa vivienda, de pública y asequible, solo tiene el nombre, porque la mayoría de la sociedad no podemos acceder a ella”, concluye.

Pero la realidad es que comprar o alquilar una vivienda les supone a los ciudadanos, en general, un esfuerzo considerable. En el 20% de los hogares con menos rentas, el 42,5% de sus ingresos va a parar al pago de la vivienda y los suministros, de acuerdo con los datos del INE. Los jóvenes, con sueldos más bajos, también sufren este golpe con más fuerza: en el último informe del Consejo de la Juventud explicaban que, al cierre de 2024, cuatro de cada diez jóvenes destinaba ya más de un 40% de sus ingresos a pagar la vivienda y uno de cada tres recibía algún tipo de ayuda por parte de su familia para poder vivir fuera del hogar familiar.

En el contexto actual, hasta la vivienda protegida ha subido de precio. Según los datos del Ministerio de Vivienda, el valor tasado de la vivienda protegida vendida durante el tercer trimestre de este año se situó, en promedio, en 1.195,7 euros el metro cuadrado, el precio más alto de toda la serie histórica. Por comunidades es Madrid la que pone en el mercado la vivienda protegida más cara: 1.472 euros por metro cuadrado de media en el tercer trimestre de este año. Le siguen Cataluña (1.252 euros) y Andalucía (1.201 euros). Así, comprar en Madrid una vivienda “asequible” de, por ejemplo, 70 metros cuadrados, superaría los 100.000 euros.

Si tomamos la evolución desde 2005, cuando arranca la serie, al cierre de cada uno de los ejercicios (es decir, en los últimos trimestres) el importe ha subido ininterrumpidamente entre 2018 y 2024. La tasación de la vivienda libre, por su parte, dibuja una curva que se agudiza, sobre todo, a partir de 2020. El último dato, relativo al periodo entre julio y septiembre, el valor tasado de la vivienda libre superó los 2.150 euros por metro cuadrado.

Volviendo al caso de los alquileres, el gasto mensual medio en España ha ido creciendo a buen ritmo. Según un estudio de Funcas, entre 2015 y 2022 el incremento del gasto promedio en alquiler fue del 21%, muy superior al crecimiento de la renta media de los hogares, que se quedó en un 16%. Un juego del gato y el ratón en el que los inquilinos salen perdiendo y que mueve cada vez más lejos la idea de una vivienda asequible.

Otro elemento que dificulta una escala de precios asequibles es la escasez del parque público de vivienda y los diferentes enfoques políticos de las Administraciones que la gestionan. “El parque de vivienda social en España —es decir, la vivienda en alquiler de titularidad pública—, se sitúa en entorno a las 290.000. De ellas, unas 180.000 pertenecen a las comunidades autónomas y sus entidades dependientes; mientras que las 110.000 restantes son de titularidad de los ayuntamientos y sus entidades dependientes”, recoge un informe de OBS Business School elaborado por el profesor Carlos Balado. “Apenas ofrece cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que habitan en España”, concluye el documento.

Y aquí surge otro problema que dificulta la voluntad de limitar los precios. Y es que, si la vivienda protegida se construye en colaboración público-privada, limitar mucho el precio de los futuros alquileres supone también que las compañías van a ganar menos, por lo que algunas administraciones argumentan que ser muy estrictos desincentivaría la construcción.

Las plataformas de vivienda ven esta realidad a diario y, desde Madrid, el portavoz del Sindicato de Inquilinas insiste en que el precio y las condiciones están siendo un factor limitante a la hora de acceder a un tipo de vivienda que en principio debería ser menos cara porque está participada desde lo público. “La vivienda del Plan Vive de Madrid está gestionada por fondos buitre y aunque el precio esté limitado, incluyen gastos adicionales como comunidad, IBI, basuras, seguro de impago y otros similares, de forma que el precio termina siendo muy próximo al de la vivienda libre” y superando, por tanto, el umbral del 30%.

Para los actores sociales, la única manera de lograr unos precios asequibles reales pasa por la gestión pública o por entidades sin ánimo de lucro. “[En este momento] el afán no es dar un servicio, sino hacer negocio. Son dos funciones de la vivienda que van en sentido contrario”, remata el portavoz.

Comprar una casa de segunda mano es la opción más barata para quien quiere ser propietario, pero cada día sale más caro. En el tercer trimestre de este año, los inmuebles de segunda mano aumentaron de precio un 13,4%, mientras que los de nueva construcción lo hicieron un 9,7% con respecto al mismo trimestre del año anterior, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes. Adelantan a las casas de nueva construcción en aumento de precios desde que comenzó el año, mientras que en estas últimas el encarecimiento se mantiene, pero de manera más lenta.

Entre las causas, el precio inaccesible de los nuevos inmuebles, que hacen que pongamos la vista en los menos buenos; pero también, un mercado sustentado en reformar para luego vender que no para de crecer. Es el conocido como house flipping en la jerga del sector. 

Por su parte, los precios se incrementaron un 12,8% de media nacional, con diez comunidades por encima de esta barrera. Murcia (15%), Aragón (14,6%), Ceuta y Melilla (14,5%), Castilla y León (14,8%) y Madrid (14,2%) lideraron los incrementos. Donde menos subieron fue en Navarra (10,9%), Cataluña (11,3%) y País Vasco (11,6%). Cabe destacar que estas tres últimas aplican en algunos de sus municipios las limitaciones de precios que establece la ley de vivienda para zonas de alquiler tensionado. Algo que podría estar teniendo un efecto también en la demanda y, por tanto, en los precios de venta.

Pero ¿qué ha encarecido tanto a las casas de segunda mano? Como se puede ver en el gráfico, en los últimos trimestres se separan considerablemente del aumento de precios de la obra nueva.

La alta demanda y la escasa oferta de casas para vivir es el combustible que alimenta el encarecimiento del mercado inmobiliario y también esta dinámica. “Hasta 2022 había muchos compradores buscando obra nueva y estaban dispuestos a pagar un plus por ella. Eso empujó mucho los precios de los pisos nuevos porque había poca construcción, e hizo que se separasen mucho de los importes de las casas de segunda mano”, explica José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, quien señala, además, que una casa similar en el mismo barrio llegó a costar un 50% más si era de reciente construcción. “El problema es que los precios fueron subiendo tanto y la falta de oferta era tanta, que la gente tuvo que poner de nuevo el foco en las viviendas de segunda mano”, señala. Y aquí comenzó el tirón de los precios. 

“La obra nueva parece que ya se ha estancado y el encarecimiento ha tocado sus máximos, pero ahora la que recorre ese camino es la vivienda de segunda mano, que corre más deprisa desde el año 2022”, apunta Alfaro. Otro factor que la empuja, además, son los tiempos de la construcción: “La gente cuando necesita vivienda no puede apuntarse, en general, a una promoción que tardará dos años en terminarse y eso hace que miren al parque ya existente”, concluye. Sobre todo, si mientras espera está pagando un alquiler cada vez más caro.

Además de los problemas de oferta del mercado, también hay otros factores que están influyendo en este comportamiento. Y es que la posibilidad de extraer una rentabilidad muy superior a cualquier otro producto de inversión a través de operaciones inmobiliarias ha hecho que las casas antiguas también sean objeto de deseo para sacar rentabilidad al dinero. La especulación en vivienda llega a todos los rincones del mercado.

Un ejemplo es el conocido como house flipping, que se traduce por remodelación de casas y que consiste en comprar viviendas, reformarlas y venderlas por encima del precio de adquisición en un tiempo relativamente breve. “Nosotros lo que observamos de este fenómeno es que esas remodelaciones son, por así decirlo, de fachada. Pintar, cambiar el suelo, algunos electrodomésticos y poco más”, explica Eloy Gutiérrez, técnico de vivienda de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU. “Tenemos un parque de vivienda muy antiguo, muchas veces sin aislamientos y sin garantías de eficiencia energética, pero este tipo de operaciones ni siquiera fomentan una mejora en este sentido”, concluye, ya que su objetivo se ciñe a ganar dinero.

Y lo cierto, es que la rentabilidad es considerable. “La vivienda sigue siendo un nicho seguro en el que invertir con una rentabilidad promedio entre el 4% y el 6%”, señala Alfaro, quien apunta a que esta actividad no es algo nuevo, aunque sí se ha extendido en los últimos años. “Es un fenómeno que, aunque siempre ha estado ahí, ha tomado peso y ahora atrae a pequeños inversores porque es un nicho de inversión”, concluye.

El análisis en torno a los datos de la vivienda hace tiempo que se centra solo en subidas de precio, que suelen ser más o menos agudas, y en récords de precio por metro cuadrado, que ya superan en muchos casos los años de la burbuja de 2007. Para traducir a euros la tendencia estadística de la que hemos hablado aquí, las estadísticas de los registradores de la propiedad señalan que en el tercer trimestre la vivienda nueva costaba 2.199 euros por metro cuadrado (un 0,2% menos que en los tres meses anteriores), mientras que la de segunda mano aumentaba su precio un 3,2%, hasta los 1.838 euros. En definitiva, ni siquiera las casas viejas parece que se vayan a librar de la fiebre de precios.

El Gobierno, a través de la nueva empresa estatal rebautizada como Casa 47, va a lanzar próximamente una oferta pública de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España y ha anunciado que los contratos que firme esta entidad podrán ser de hasta 75 años.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado este jueves la nueva compañía, cuyo nombre hace alusión al artículo 47 de la Constitución, que recoge el derecho a una vivienda digna, y que culminará el próximo martes en el Consejo de Ministros tras un año de trabajo.

"Es un día importante para el Gobierno y para la sociedad española. Estamos creando algo nuevo y bueno para España", ha afirmado la ministra, que ha insistido en blindar la vivienda pública para siempre y frenar la especulación.

La nueva compañía, que nace de la transformación de la sociedad existente Sepes, podrá firmar contratos de alquiler de una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas cada 14 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso.

Ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio ya que el precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y no por el coste de construcción, y habrá un tope por comunidades autónomas. A modo de ejemplo, podrán bajar las rentas en Madrid un 38% sobre el precio de mercado, o a la mitad en el caso de Málaga.

Con esta nueva compañía busca dirigirse al 60% de la población que cobra rentas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (a las inferiores se les apoya a través de la vivienda social) y en 2026 se habilitará un portal 'online' en el que se podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos de acceso y formalizar las solicitudes.

A Casa 47 se incorporarán 40.000 viviendas y 2.400 suelos de Sareb con capacidad para albergar 55.000 casas, además de los activos del patrimonio del Estado que ya ha asumido. En lo que va de año, la empresa ha licitado la redacción de proyectos para más de 1.600 viviendas. Esta empresa gestionará todo el ciclo de la vivienda, desde el urbanismo, edificación, entrega de llaves y gestión del alquiler.

La ministra ha insistido en que se necesita un pacto de país que, en su opinión, está más forjado de lo que se puede escuchar en el Congreso de los Diputados ya que aunque la política de vivienda siempre ha sido de enfrentamiento, en este momento son más los que están trabajando que los que están acentuando la diferencia.

"La ciudadanía nos reclama una acción inmediata y garantizar el derecho a una vivienda digna", ha subrayado la ministra, que cree que no hay marcha atrás en este avance.

Rodríguez ha indicado que Casa 47 va a trabajar con rigor, seriedad, planificando, construyendo, haciendo barrio y atendiendo a las personas sin repetir los errores del pasado y contando con todos para elevar el parque público de vivienda. "Aquí no sobra nadie". Ha reiterado que están en la senda correcta y que no están solos ya que los países de nuestro entorno reman en la misma dirección.

Por su parte, la directora general de la Entidad Estatal de Vivienda, Leire Iglesias, ha añadido que éste no es un proyecto de un día ni de dos, sino de continuidad que tiene que tener estabilidad y recorrido.

La vivienda se ha considerado tradicionalmente en España como un vehículo de ahorro, aunque en la actualidad muchos colectivos advierten de que esta costumbre está derivando, en algunos casos, hacia una dinámica especulativa. Esta es la idea que recoge el informe Prevención y atención de la exclusión residencial. Radiografía de la provisión de vivienda en España, elaborado por la organización Provivienda y financiado por el Ministerio de Consumo. “Por un lado, persiste un amplio tejido de multipropietarios individuales que consolidan rentas complementarias, por otro, crece un rentismo corporativo, más profesionalizado y fiscalmente ventajoso, que concentra volúmenes crecientes de inmuebles y capitaliza la expansión del mercado de alquiler”, recoge el documento.

Esta conclusión se apoya en diferentes datos. Uno de ellos recoge que desde mediados de los noventa, las rentas por inmuebles arrendados pasan de representar en torno al 2,5% de la renta bruta de los hogares a más del 3,5% en 2024, con un ascenso sostenido a partir de 2008. “Esta tendencia refleja cómo la vivienda se consolida como activo generador de rentas, no solo como bien de uso, y cómo cada vez más hogares complementan sus ingresos mediante el alquiler de segundas viviendas o pequeños patrimonios inmobiliarios”, concluyen.

Por otro lado, sustentan la idea del casero profesional en el papel dominante que han ido adquiriendo las sociedades en el alquiler de inmuebles en detrimento de los particulares, algo que comenzó a ocurrir a partir del año 2000. Uno de los datos que aportan es que las rentas por inmuebles arrendados por sociedades han aumentado: pasaron de representar un 30% en 1998 a suponer un 55% en la actualidad, casi el doble.

En 2010 ambas categorías se encontraban prácticamente igualadas al 50% pero, desde entonces, el peso de las sociedades supera al de los hogares, alcanzando aproximadamente el 55% en 2024, mientras los hogares descienden al 45%. La conclusión de estos datos fiscales es, para los autores del estudio, un cambio estructural. “Esta evolución refleja un trasvase progresivo del mercado del alquiler desde el pequeño propietario particular (típico del rentismo popular) hacia vehículos societarios y empresariales, muchos creados para gestionar patrimonios familiares o fondos de inversión”, concluyen.

“Lo que nos llamó la atención es el cambio de tendencia y el hecho de que este dato indica quienes son los que más rentas están extrayendo del alquiler”, explica Elena Martínez Goyte, coordinadora del informe. “Es verdad que las rentas de las sociedades también son más altas porque las compraventas suelen ser más caras que en el caso de los particulares e invierten en zonas con precios más altos”, matiza.

Otro punto que destaca la experta es el hecho de que el número de hogares con más de tres viviendas está aumentando. “Vemos que crece ese rentismo popular y la tendencia a invertir en este tipo de activos a través de sociedades”, concluye Martínez.

El número de viviendas en relación con los nuevos hogares es un dato que no se suele perder de vista en los análisis. Incluso el Banco de España advirtió de que, al cruzar el ritmo de construcción con la creación de nuevos núcleos familiares, España necesitaría en torno a 700.000 nuevas viviendas. “Podemos ver que en los últimos diez años hay un crecimiento demográfico más moderado, pero una importancia cada vez mayor de la demanda que no busca vivienda para vivir”, explica la responsable del informe.

Mientras la demanda de casas sea superior a la oferta, los precios se mueven al son de esta ley básica del mercado y aquí, señalan, la especulación está jugando un papel importante. “Entre 2011 y 2021, en las grandes ciudades españolas (más de 500.000 habitantes: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga) se construyeron o incorporaron al parque unas 4.500 viviendas nuevas, pero al mismo tiempo se perdieron casi 9.000 viviendas principales, es decir, aquellas que se usan como residencia habitual”, señalan. Esto quiere decir que, aunque el número de casas creció, la oferta real para vivir, disminuyó.

Sin embargo, en los municipios de más de 100.000 habitantes, la proporción de viviendas principales ronda el 80%, aunque aquí el problema es que el ritmo de construcción no avanza y “el stock residencial muestra signos de estancamiento”, apuntan.

Otro de los frentes que proponen abordar es la vivienda vacía y aquella que se destina a alquileres de corta duración. Según sus datos, un 30% de las viviendas del país no se utilizan para alquiler permanente, sino que son viviendas turísticas, segundas residencias o casas directamente vacías. “Hacen falta estrategias fiscales para incentivar el alquiler, pero también más ayudas para la rehabilitación condicionadas a que posteriormente eso sea un alquiler asequible”, concluye.

“Hay calles en las que apenas habitan vecinos, solo existen casas vacías y abandonadas; algunas se caen a pedazos. ¿No se puede actuar para arreglarlas y ponerlas en el mercado? A mí me parece muy bien que se construyan nuevas de protección oficial para quien lo necesite, pero es una pena que no se intervenga para recuperar esas viviendas que nadie usa”. Sabe bien de lo que habla porque hace año y medio regresó a su pueblo y tuvo que enfrentarse al mercado inmobiliario. “En algunos casos cuesta encontrar a los propietarios porque ha habido fallecimientos y la familia hace tiempo que ya no vive allí”. Es el resumen de Alba Palmero Cuello de Oro, 35 años, extremeña, antes residente en Mataró, ahora vecina de Montánchez, una localidad de 1.600 habitantes, en la provincia de Cáceres. Ella creció en este municipio y ahora ha regresado a sus raíces con su pareja y su hija de tres años. 

¿Por qué volvió? Varios motivos. Se asfixiaba en la ciudad, pero sobre todo influyó el elevado precio de la vivienda. Bromea y exagera cuando dice que con lo que le ha costado una casa en Montánchez solo podía aspirar a un parking en Mataró.

En su caso, la historia familiar se repite. Ha seguido literalmente los mismos pasos que sus padres. Madre extremeña y padre castellanomanchego. Se conocieron en Mataró, pero en los años 90 regresaron a Montánchez porque la vida se volvió dura en las ciudades. “Sintieron lo mismo que nosotros”, asegura Alba.

En la ciudad catalana ella estaba empleada en un centro comercial. “Nos vinimos a Extremadura sin trabajo pero con la casa ya comprada. La verdad es que no nos costó encontrar empleo. Yo soy dependienta en la tienda de electrodomésticos y Eduard (su pareja), que en Mataró era cocinero en un colegio, regentó un tiempo el bar de la piscina y ahora va a abrir un restaurante con otro compañero”. ¿Diferencias de sueldos? “Tampoco te creas que hay tanta, y aquí la vida es más barata”.  

Su experiencia es uno de esos ejemplos analizados de pareja joven con niños que regresa a las zonas rurales en busca de una mejor calidad de vida. ¿Cuánto hay de mito y de realidad? “A ver, es cierto que se respira más. Y tenemos red familiar. Con el colegio estoy muy contenta, porque tienen actividades por las tardes. Ya la sanidad es otra cosa…”. Se queja de la atención pediátrica en Alcuéscar (el municipio a unos 12 kilómetros donde le corresponde la asistencia). “Todo el mundo te lo dice, que allí mejor que no vayas, que directamente a las urgencias del Hospital de Cáceres”. O lo que es lo mismo, unos 46 minutos en coche. “En Mataró teníamos el hospital al lado de casa…”.

Volviendo a la vivienda, la descripción que hace del parque inmobiliario de Montánchez viene a poner el caso práctico de lo que dibujan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre casas vacías en zonas rurales (se califican así las que tienen nulo consumo eléctrico). 

Las cifras dicen que Extremadura reúne más de 123.000 hogares sin habitar. El dato supone casi el 18% de total. En otras comunidades como Madrid o el País Vasco, el porcentaje se queda en torno al 6,5%.

Además, en la región extremeña el problema se acrecienta significativamente en los pueblos: acumulan alrededor del 85% de los inmuebles sin vida. Cuanto más pequeño es el municipio, más se palpa esta realidad.

En el caso de Montánchez, por ejemplo, el INE habla de un 31% de casas vacías. En otros lugares como Puebla de Alcocer (en la Siberia), se llega al 37%: significa 459 viviendas apagadas en un pueblo de 1.100 vecinos.

Con los datos sobre la mesa, los alcaldes de algunos de estos municipios hacen su valoración y explican el contexto de otra manera. El regidor de Valle de la Serena, Martín Caballero (PSOE), discrepa de las cifras y asegura que en su pueblo las casas sí están en uso. “Tenemos abierto solamente un expediente por una vivienda en ruinas, no digo que haya alguna más, pero muy pocas”, asegura. Las cifras del INE reflejan que en su localidad el porcentaje sin uso es del 35%. La traducción son 487 en un municipio de algo más de mil habitantes. “Pero hay que tener en cuenta que son segundas residencias y sí que se habitan en las Navidades, en los puentes, en Semana Santa, en verano… Es que aquí en verano se triplica la población”, subraya.

Otro caso es Logrosán: 1.900 habitantes, un 31% de casas vacías. Su alcalde, Julio Roldán (Cs), se sorprende con el número y hace su propia lectura. “Aquí se ha estado construyendo una planta de biomasa y se ha requerido de trabajadores que han tenido que vivir un tiempo de alquiler. Es cierto que donde se han quedado no tenía todas las comodidades del mundo, pero durante ese periodo no han estado cerradas”. No obstante, hace un apunte: “Alguna vez hemos tenido problemas porque algún propietario no ha querido alquilar por el miedo que hay a la okupación… y hemos tenido que mediar”. 

- ¿Ha habido alguna okupación en Logrosán?

- No, no, pero ya se sabe el miedo que hay… Sí ha ocurrido alguna vez que algún recibo del último mes se ha quedado sin pagar, pero ya está…

Más allá de las diversas visiones, ¿qué medidas políticas existen? Hace menos de un año, desde la Junta de Extremadura, el PP puso en marcha un paquete de medidas fiscales que, entre otros aspectos, incluía una reducción del 15% de las cantidades invertidas en la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler; la medida era específica para municipios de menos de 3.000 habitantes.

Por su parte, desde el PSOE han defendido, pero con timidez, un impuesto sobre las viviendas vacías, pero solo para grandes tenedores (propietarios con más de cinco inmuebles).

Y desde Unidas por Extremadura (la coalición de Podemos e Izquierda Unida) han insistido en un programa más amplio de rehabilitación de esas casas sin uso que permita más opciones de alquiler asequible en los pueblos, bajo el argumento de que la construcción de nuevos inmuebles es más costosa.

Alba Palmero Cuello de Oro, la nueva vecina de Montánchez, hace su propia valoración: “Yo no voy a decir que las medidas propuestas estén mal, yo me he beneficiado, por ejemplo, de la rebaja en el impuesto de transmisiones en la compra de la vivienda, pero la realidad es que la política no está sirviendo. Hacen falta más ayudas para, por ejemplo, arreglar estas casas que se compran de segunda mano”.

Y hace un último análisis: “Parecía que, después de la pandemia, íbamos a volver más a los pueblos, pero al final esa idea se ha ido diluyendo”.

"La especulación amenaza el futuro del país, pero aún estamos a tiempo de cambiarlo. Vivir en nuestras ciudades es como jugar una partida amañada de Monopoly: unos pocos acumulan propiedades, mientras la mayoría lucha por no quedarse fuera. ¿El resultado? Una sociedad cada vez más desigual, donde heredar o no puede definir tu destino". El barcelonés Jaime Palomera acaba de publicar El secuestro de la vivienda (Ediciones Península, 2025), una obra en la que analiza la actual crisis —el principal problema de nuestra sociedad— y lanza un llamamiento, con propuestas concretas, a repensar las políticas y devolver la vivienda a su condición de derecho fundamental.

Palomera, doctor en Antropología Económica por la Universidad de Barcelona, investigador y cofundador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) y del Sindicato de Inquilinas, estuvo esta semana en A Coruña. El pasado miércoles ofreció una conferencia en la sede coruñesa del Colegio de Arquitectos (COAG), en la que abordó la problemática del acceso a la vivienda. Hablamos con él.

En el Estado español la vivienda es un derecho recogido en la Constitución, pero eso no se traduce en una legislación acorde con dicha condición. En cambio, la vivienda se trata como un bien de consumo y de inversión más. ¿De ahí proviene gran parte del problema de acceso a la vivienda que sufrimos?

Todo lo que se ha hecho con la vivienda en este país desde los años 80 —en los últimos 40 años— es contrario a lo que expone la Constitución. El objetivo fue convertir las casas, antes que nada, en un activo a través del cual hacerse rico o ver cómo tu patrimonio se revaloriza, siempre que puedas ser propietario de esa casa. Pero esto no es algo exclusivo de nuestro contexto, sino una política mundial que se ha demostrado fracasada, aunque lleva aplicándose cuatro décadas.

En los años 80 lo que se empezó a hacer fue básicamente deshacer, desmontar todo lo que se había construido desde la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando Thatcher y Reagan llegaron al poder y unas políticas que hasta entonces eran marginales se convirtieron en dominantes en todo el mundo, ya que el Banco Mundial condicionaba todas sus ayudas a que los países siguieran esas mismas políticas. Lo que se hizo fue tratar la vivienda como si fuera un bien de mercado normal, asumiendo que si se creaba mucha oferta todo el mundo podría acceder a ella, otorgando todo el poder al mercado. Esa era la idea. Pero olvidaron una lección que viene de los tiempos de Adam Smith: si dejas el suelo de nuestras ciudades en manos del mercado y lo tratas como un activo, el precio siempre tenderá a subir, porque el suelo no es una mercancía normal, sino un bien escaso.

Además, es un bien de primera necesidad situado en lugares estratégicos, y quienes controlan el suelo son ajenos a las leyes de la libre competencia. No existen mercados competitivos en el mercado de la vivienda. Son bienes que generan posiciones de monopolio. Cuando dejas la vivienda en manos del mercado, las rentas del suelo, por su carácter escaso, permanente y por su localización, tienden a subir, y la única manera de revertir esto es enfriar el mercado, es decir, poner medidas para contener las rentas del suelo, que es lo que encarece el precio de la vivienda.

Evidentemente, la solución no es fácil ni inmediata. Nadie habla de soluciones mágicas, pero sí hay medidas que pueden tomarse a corto, medio y largo plazo para resolver el problema. Y además existen ejemplos a nivel internacional —Singapur, Viena…— lugares que no son ni Estados ni ciudades comunistas ni mucho menos, donde se tomaron medidas y existe una serie de políticas que facilitan el acceso a la vivienda. ¿Cómo se hace?

Se hace de dos maneras. Por un lado, haciendo que buena parte del suelo y de las viviendas entre en un sistema protegido de la especulación y de esa lógica rentista. Puede ser como vivienda pública o como vivienda privada, pero con un precio fijado por la administración y que no suba.

Y por otro lado, interviniendo en el mercado, cambiando las reglas fiscales. Porque ahora mismo la compra de vivienda como producto de inversión para hacerse rico está bonificada fiscalmente de mil maneras: está subsidiada, mucho más premiada en general que la inversión productiva. Lo que hay que hacer es cambiar esas reglas y que la carga fiscal recaiga sobre quienes ahora acumulan cada vez más casas, más patrimonio, y lo utilizan para enriquecerse a la espera de que el precio suba. Y, al contrario, hay que aliviar la presión fiscal de las familias trabajadoras, que sufren una presión fiscal relativa mucho mayor que la de quienes acumulan activos simplemente con el objetivo de ver subir su precio. Yo propongo ir a la raíz del problema: quienes tienen mucho dinero hoy en día tienen demasiada facilidad para adquirir o invertir en viviendas.

En relación con las medidas que pueden tomarse o que ya se están aplicando, quería preguntarte algo más concreto sobre las zonas tensionadas, que se pusieron en marcha en Cataluña antes y que aquí en A Coruña llevan dos meses en vigor, y que también se quieren implantar en Santiago. ¿Esto realmente tiene efecto, aunque sea temporal, sobre el mercado del alquiler?

Sí. Lo que sabemos es que las regulaciones de precios pueden estar mejor o peor diseñadas, pero en general, de manera inmediata, tienen un efecto sobre una parte de la población que ve cómo está un poco más protegida y no expuesta a subidas abusivas de precios, que sí se dan cuando no hay ningún tipo de regulación. En el caso de Cataluña, la única comunidad autónoma sobre la que tenemos datos, sabemos que tiene un efecto dual. Por un lado, el precio se contuvo en los nuevos contratos de alquiler y la mayoría de las personas que ya vivían de alquiler ahora están protegidas frente a subidas abusivas. Eso explica que en una parte importante de los contratos vigentes el precio haya bajado en torno a un 8% de media.

Ahora bien, digo que tiene un efecto dual porque esto no puede enmascarar el segundo efecto. La Ley de Vivienda dejó un gran agujero sin regular: el uso fraudulento de los alquileres de 11 meses, que permite esquivar la norma. Hay una parte de los caseros o inmobiliarias que, al terminar el contrato vigente, expulsaron al inquilino y lo sustituyeron por otro con un alquiler basura de entre 1 y 11 meses, lo que les permitió aumentar mucho más los precios.

Inicialmente era un 14% de los alquileres los que iban al mercado de temporada, y ahora ya estamos viendo que uno de cada cuatro nuevos contratos son temporales. Por no hablar de otra forma hiperespeculativa que estamos viendo, cada vez más profesionalizada: dividir pisos para alquilar habitaciones, pidiendo por una habitación lo que antes se pedía por un piso entero. Ahora bien, hay que decir que el boom de los alquileres de temporada no empieza con la Ley de Vivienda. Parte del mercado, sobre todo las inmobiliarias que reinvierten el dinero de los ricos y muy ricos, hace tiempo que apuesta por este tipo de alquiler, simplemente porque da muchísima rentabilidad.

Últimamente se está poniendo sobre la mesa un fenómeno que se va a producir: las herencias de viviendas que la generación del baby boom dejará a sus hijos, los millennials, en algún momento. Es decir, una generación que tuvo un acceso más fácil a la vivienda va a dejar, en muchos o en algunos casos, esas viviendas a sus hijos e hijas, que en muchos casos no pueden acceder a una vivienda en este momento. Pero esto no llegará a todo el mundo, y además el tipo de herencia también será muy distinto. A veces se presenta como un fenómeno que va a contribuir a equilibrar la situación, pero en realidad puede ser todo lo contrario, ¿no?

Efectivamente. Estamos hablando de la mayor transferencia de riqueza de la historia, porque son entre cuatro y seis billones de euros en propiedades, pero será una transferencia que disparará la desigualdad, porque ya sabemos que las herencias irán por barrios. Es decir, habrá una parte de la sociedad que heredará y otra que no. Es un mito, efectivamente, que todo el mundo vaya a heredar. Cada vez que preguntamos en las grandes ciudades a la gente que ahora vive de alquiler si espera heredar, vemos que un 70% no lo espera. En cambio, habrá otros que heredarán no una sino varias viviendas. Y eso definirá trayectorias vitales de forma muy marcada.

El pacto social que se fundó durante el franquismo y que luego se intensificó a partir de los años 80 —que consistía en que todo el mundo, más o menos, con su trabajo y esfuerzo podía endeudarse y comprar una casa— está roto. Ahora ya no dependes de tu esfuerzo, dependes de la familia en la que naciste. Si naciste en una familia con herencias, tus padres pueden darte dinero ahora para pagar la entrada de una vivienda, y con 30 años puedes tener tu casa bastante asegurada y empezar a ahorrar. En cambio, hay personas que tienen cuarenta y tantos y que llevan toda la vida viviendo de alquiler; y como el mercado del alquiler devora el fruto de su trabajo, sus ahorros y sus ingresos, esto está generando una gran desigualdad.

En los próximos años, si no se adoptan las medidas fiscales que mencionaba antes —para ayudar a quienes no tienen propiedades ni herencias y para penalizar a quienes acumulan cada vez más patrimonio y lo usan de forma especulativa—, la desigualdad se disparará mucho más de lo que ya lo está haciendo.

La gran brecha que tenemos ahora no es entre la generación del baby boom y las posteriores —millennials y Z—, sino entre quienes concentran cada vez más propiedades y quienes no pueden ni soñar con comprarse una sola casa para vivir en ella.

A veces se dibuja esto como un choque entre generaciones. ¿Ese debate o ese enfoque es un poco falso, igual que cuando se dice que los jubilados tienen pensiones muy altas, cuando en realidad hay muchos tipos de pensionistas? ¿Al final es un choque de clase y de rentas más que generacional?

Es falso y muy perverso. Fíjate: la mitad de los llamados baby boomers o pensionistas, prácticamente la mitad, cobran la pensión mínima, y el perfil habitual es quien cobra la pensión mínima y tiene una vivienda en propiedad de valor no muy alto. Lo que veremos es que, justamente porque cobran la pensión mínima, muchos de ellos, para tener una vejez digna, se verán obligados a vender su casa para poder pagar una residencia o pagar a personas que los cuiden. Y eso hará que aquellos que habían conseguido comprar una vivienda —la única forma de riqueza familiar, más allá de ser un hogar— vean cómo esa propiedad se esfuma y no la heredan los hijos.

Es decir, hay desigualdad también entre los baby boomers. El hecho de que la mayoría de esa generación tenga una vivienda en propiedad no significa que sean todos adinerados. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el Reino Unido, donde el número de propietarios está disminuyendo. Y aquí también, poco a poco, veremos cómo la sociedad de propietarios se fractura por arriba y por abajo.

En las siete ciudades gallegas hay unas 90.000 viviendas vacías según el censo de 2021; en toda Galicia, medio millón. ¿Qué hacemos con las viviendas vacías? Porque se está hablando de construir más viviendas, lo que no es incompatible con otras medidas —sobre todo si esas viviendas están protegidas—, pero aquí tenemos un parque de viviendas vacías que en muchos casos son habitables de inmediato o con una pequeña reforma. ¿Qué hacemos para movilizarlas?

Es cierto. Se habla mucho ahora de construir y construir, como un mantra que viene de la UE y que defiende que saldremos de esta crisis construyendo. Es verdad que necesitamos más viviendas protegidas y necesitamos hacerlas a un ritmo mucho mayor. Pero no hay que engañarse: la capacidad de construcción es muy limitada, y las promotoras privadas llevan tiempo haciendo viviendas para un segmento de la población que no es precisamente el más necesitado. Y no me refiero solo a los más pobres, hablo de la mitad de la población que no puede acceder a los precios actuales de las nuevas viviendas.

Entonces, la cuestión fundamental es que con los recursos actuales sí puede aplicarse una medida efectiva, lo que yo llamo la estrategia del palo y la zanahoria. Una de las medidas clave es dar ayudas a la rehabilitación y facilidades a los propietarios que quieran poner esas casas en alquiler asequible; esto ya se está haciendo en Barcelona, Pamplona y otros lugares. Te doy una ayuda para acondicionar el piso, pero el requisito es que luego se convierta en vivienda protegida, aunque sea temporalmente, gestionada por la administración, que la alquila a un precio razonable por debajo del mercado, y eso ayuda a enfriar los precios. Viviendas que, en lugar de ser activos improductivos y vacíos, se incorporan al sistema de vivienda protegida, contribuyendo además a moderar el mercado.

Esa sería la zanahoria. El palo sería que, si insistes en tener la vivienda vacía en un momento de emergencia habitacional, entonces aplico la Ley de Vivienda, que permite recargar el IBI hasta un 150% en las viviendas vacías. Esto haría que para los propietarios fuera más rentable darles salida. Porque el problema es que, actualmente, sale a cuenta tener una vivienda vacía.

Y aquí volvemos al principio: si hay tantas viviendas vacías o tantas viviendas turísticas —es decir, viviendas que no cumplen con la función de ser un lugar para vivir—, es por esa consideración de la vivienda como un activo de inversión. Como es un activo que, aunque se degrade, su precio siempre sube, puedo mantenerlo vacío. Y la clave es que la administración intervenga y haga que tenerlas vacías deje de ser rentable.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó este viernes a España y a otros países europeos, como Portugal e Irlanda, actuar ante la crisis de la vivienda y alertó de que lastra el crecimiento económico.

"España y muchos otros países de Europa —entre ellos Portugal e Irlanda— deben centrarse en la crisis de la vivienda, en la crisis de asequibilidad, y actuar, no solo por un tema de accesibilidad económica, sino también por cuestiones estructurales", declaró el director del Departamento Europeo del organismo, Alfred Kammer, durante una rueda de prensa.

Kammer apuntó que "la vivienda social financiada por los Gobiernos ha disminuido considerablemente en las últimas décadas" en el conjunto de Europa, lo que ha supuesto un problema en muchos de sus países.

"Se refleja en el incremento de los precios de la vivienda y en la creciente dificultad de los jóvenes para acceder a una casa asequible, lo que también tiene un impacto negativo en el crecimiento económico", comentó.

En su opinión, esto dificulta, sobre todo, a los jóvenes mudarse a centros de alta productividad, donde los salarios son mayores. Cuando esto no puede ocurrir, se genera un gran freno al crecimiento que afecta al conjunto de la sociedad.

"Necesitamos actuar en materia de planificación y zonificación para crear el entorno adecuado que permita construir más viviendas", afirmó.

España atraviesa desde hace unos años una crisis habitacional marcada por la escasez de oferta asequible y aumentos históricos en los precios. El precio de la vivienda acentuó su subida al 12,7 % interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años.

Según el Banco de España, faltan unas 700.000 viviendas en el mercado para cubrir el déficit entre oferta y demanda. Esto no es solo porque no se construya a un ritmo suficientemente rápido, sino, porque muchas de las que existen están destinadas a alquiler vacacional.

Los desahucios siguen ocurriendo en Galicia. Son muchos menos que en plena gran recesión, prácticamente la mitad, pasando de unos 2.000 anuales hace poco más de una década a alrededor de un millar por año en la actualidad. La reducción se debe fundamentalmente a la disminución de los desalojos por impagos de hipotecas entre ecos de la burbuja de principios de siglo, actualmente escasos.

Los datos divulgados por el Consejo General del Poder Judicial para el segundo trimestre de 2025 acreditan, en cualquier caso, que los desalojos continúan en Galicia. La cifra es relativamente estable, en el entorno de los trescientos por trimestre, y más del 85% son por falta de pago en viviendas alquiladas: 273 entre marzo y junio de 2025 frente a una treintena de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias.

Esta tendencia a la estabilidad o a cierta disminución alcanza también a otro fenómeno vinculado a la vivienda que, paradójicamente, tiende actualmente a tener más eco político y mediático que los desahucios pese a ser objetivamente mucho más escaso: las ocupaciones ilegales de vivienda. Tan cierto es que ocurren como que su peso es residual, atendiendo a los datos oficiales del Poder Judicial.

Durante ese trimestre los juzgados gallegos recibieron 15 nuevos casos por “ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social”. Son siete menos que en el trimestre previo y nueve menos que en el mismo período del año anterior. De este modo, los desahucios en el segundo trimestre multiplican por 20 los nuevos casos de ocupación que acaban en demandas judiciales.

La disminución interanual en los nuevos casos de ocupaciones es, por tanto, del 37,5 %. En este indicador, no obstante, precisamente por su escasez las variaciones porcentuales suelen ser poco ilustrativas. Sí lo es más la incidencia del fenómeno por cada 100.000 habitantes, situada en Galicia en 0,6 casos, cuatro décimas por debajo de la media estatal.

En el caso de los desahucios en viviendas alquiladas la incidencia en Galicia se sitúa en 10,1 casos por cada 100.000 habitantes mientras la media estatal está en 10,9. Los lanzamientos por impago de hipotecas registran una incidencia de 1,2, menos de la mitad de la media estatal, de 2,5 por cada cien mil personas.

Alicante (Comunitat Valenciana) y Teruel (Aragón) tienen, a priori, muy poco en común. El precio medio de una casa en la provincia alicantina supera los 2.620 euros por metro cuadrado y el importe medio de las hipotecas es de 135.772 euros, según el INE. En Teruel, una vivienda cuesta, de media, 913 euros por metro cuadrado y la hipoteca media está en 96.149 euros. Sin embargo, en ambas comunidades, la mayoría de las compraventas de casas que se han realizado entre enero y julio se hicieron sin hipoteca. Esto es, a tocateja. De hecho, en siete provincias más de la mitad de las compras de viviendas se han hecho sin este instrumento de financiación. En términos absolutos, entre enero y julio de este año, el 31,5% de las operaciones de compraventa en España se cerraron sin recurrir a financiación hipotecaria.

Estas dos regiones son dos caras de la misma moneda, esto es, de la misma crisis de la vivienda, pero con problemas distintos. Alicante, en plena costa mediterránea, es un polo de atracción para compradores internacionales con alto poder adquisitivo y es la región que más demandan en España, de forma que, hasta septiembre, acapararon un 33,2% de las compras de vivienda. El número de compraventas en los primeros siete meses del año ascendió a 32.656 operaciones, de las cuales solo 13.401 se realizaron con hipoteca. Así, el porcentaje de compras al contado se situó en un 58,9%. 

Por su parte, las montañas de Teruel no sufren tanto el golpe de la especulación, aunque sí el de la despoblación y el de la oferta limitada. Sin embargo, según los datos del INE, se piden aún menos hipotecas que en Alicante. Entre enero y julio se registró una cifra de compraventas de 990 operaciones, de las cuales solo 382 requirieron de financiación hipotecaria. En total, el porcentaje de casas que se compraron a tocateja ascendió al 61%. Y, ¿de cuánto fue el importe medio de las compraventas en Teruel? Según la consultora Tinsa, el precio medio de un piso de 90 m² en la provincia de Teruel se situó en los 86.756 euros en el segundo trimestre del año. 

La adquisición sin hipoteca suele asociarse con las compraventas para inversión o las segundas residencias, y su efecto se traduce en más demanda, mayor tensión en la oferta y un ascenso vertical en los precios. Pero también se compra sin hipoteca allí donde los precios son más bajos o hay más casas para reformar cuyo importe está muy por debajo del avance del mercado. Así, Ávila, Zamora y Soria se sitúan entre las provincias con menos préstamos concedidos sobre vivienda, con un 41% las dos primeras y un 46% de hipotecas la última. Y les siguen Ciudad Real y Lleida, con un porcentaje de compras sin financiación del 51,7% y del 50%, respectivamente. 

Los problemas de la vivienda van más allá de las zonas tensionadas y, si en unos lugares, es la especulación lo que pone presión en la oferta, en otros es la escasez de casas o la antigüedad del parque inmobiliario lo que hace que no haya donde vivir. En este sentido, el Gobierno anunció en septiembre que crearía ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural; en concreto, en municipios de menos de 10.000 habitantes y en los casos en que esta ayuda no supere el 20% del coste del inmueble. Aunque esto, no ataca, de momento, el problema de la escasez, que se ve amortiguado por una demanda limitada.

Si cambiamos el foco hacia las grandes ciudades españolas, las cifras se disparan. Comprar sin financiación hipotecaria en una región como Madrid es cosa de muy pocos. Con un precio medio de 4.343 euros por metro cuadrado, según el portal inmobiliario Idealista, en esta comunidad se reduce el peso de las compras sin financiación hasta un 16%. Esto es, de las 49.990 compraventas que se realizaron en los primeros siete meses de 2025, 42.016 requirieron de una hipoteca, según el INE. Algo lógico si tenemos en cuenta que el importe medio de una hipoteca en Madrid se situó en julio en 256.922 de euros. Aquí el pago a tocateja solo está a disposición de ahorradores poco convencionales.

Por su parte, en Barcelona la dinámica es muy similar a la de la capital, con un 83,5% de las operaciones de compra respaldadas por hipotecas y un 16,5% a tocateja. Este último porcentaje tiene detrás 7.309 transacciones que se hicieron sin necesidad de acudir a un banco. Una cantidad nada despreciable si se tiene en cuenta que Idealista sitúa el precio medio en Barcelona en 4.989 euros el metro cuadrado.

Finalmente, la región en la que más porcentaje de financiación hipotecaria se da es, de lejos, el País Vasco. Guipúzcoa y Vizcaya cuentan con un porcentaje de compra con hipoteca del 86% y del 89%, respectivamente. En el caso de Álava se da un fenómeno curioso y es que las hipotecas superan a las compraventas, una dinámica que puede explicarse por refinanciaciones o pólizas de crédito para liquidez con garantía a una hipoteca ya existente.

Con financiación o sin ella, la vivienda está en el centro de las cuentas familiares de la mayoría de los hogares españoles y la evolución de los precios hace pensar que seguirá siendo así un tiempo. Este mismo viernes Eurostat constató que España es uno de los países en el que más rápido aumentan los precios inmobiliarios. En el segundo trimestre del año el valor de las casas se incrementó un 12,8%, solo por detrás de Croacia (13,2%) y de Portugal (17,2%). La media de la zona euro camina por debajo, con un incremento del 5,1%, por lo que las cuentas para comprarse una vivienda en España no parece que vayan camino de simplificarse.

La compraventa de viviendas intensificó su subida en mayo al 39,7% y contabilizó 61.054 operaciones, la cifra más alta que se registra para este mes desde 2007, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) e informa EFE. Si se compara con abril, las transacciones de vivienda subieron un 12,4% en tasa intermensual. Cabe recordar que un mes antes, las operaciones habían moderado su subida al 2,3% por el efecto de la Semana Santa.

En un contexto marcado por las bajadas de los tipos de interés y el consecuente abaratamiento de la financiación, las compraventas de vivienda encadenan once meses al alza y acumulan un aumento del 20,1% en el año. La compraventa de viviendas inició el ejercicio con una subida del 11% en enero, que se acentuó al 13,9% en febrero, se disparó un 40,6% en marzo, se suavizó al 2,3% en abril y volvió a crecer en mayo a doble dígito un 39,7%.

Por tipo de vivienda, las compraventas de segunda mano -que siguen siendo las más numerosas al concentrar el 79% del total- crecieron un 39% hasta las 48.269 unidades, el máximo en un mes de mayo desde 2022 según el INE, que elabora esta estadística a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad. Con este nuevo incremento, la compra de vivienda usada encadena nueve meses con tasas positivas.

Sin embargo, las compraventas de vivienda nueva fueron las que más crecieron en mayo, un 42,1% -encadenando 12 meses al alza- y sumaron 12.785 operaciones, la cifra más elevada en un mes de mayo desde 2012. Por régimen de vivienda, la libre sumó en mayo 57.172 transacciones, el 93,6% del total, y se anotó una subida del 41,8% interanual. En el caso de la protegida, las compraventas crecieron un 13,9%, hasta las 3.882 operaciones.

Frente al mes anterior, abril, las transacciones de vivienda se incrementaron un 12,4%. Cabe recordar que un mes antes, las operaciones habían moderado su subida al 2,3% por el efecto de la Semana Santa y habían logrado, asimismo, el mayor número de compraventas para un mes de abril desde 2008. En concreto, las compraventas de vivienda nueva crecieron en mayo un 12,1% en tasa intermensual, mientras que en el caso de la vivienda usada el aumento fue del 12,5%.

Por régimen, tanto la vivienda protegida como la libre presentaron avances en las operaciones frente a abril. El más acentuado lo experimentó la vivienda libre con una subida del 13,2%, mientras que la protegida lo hizo en menor medida, un 2,4%.

Con la subida de mayo, nuevamente de dos dígitos y mucho más abultada que la observada el mes anterior antes, las compraventas acumulan un avance del 20,1% en lo que va de 2025. La vivienda nueva fue la que más aumentó hasta mayo, un 31,6%, mientras que la usada lo hizo un 17,2%. Por régimen, la vivienda libre subió un 20,7% en el año y la protegida el 12,7%.

La compraventa de viviendas creció en mayo a doble dígito en todas las comunidades autónomas. Los mayores aumentos se dieron en Castilla-La Mancha (69,4%); Galicia (65,4%); La Rioja (59%); Murcia (57,2%); Cantabria (55,1%); Castilla y León (54,2%); Asturias (51,6%) y Aragón (51,4%). De entre los grandes mercados, en Madrid las operaciones subieron un 39,4% y en Cataluña un 38,7%.

Comprar o alquilar una casa es uno de los principales problemas para los españoles. Lo dice el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y se ha hecho patente en las sucesivas protestas sociales, en los debates políticos en torno a cuál podría ser la solución y en las conversaciones con cualquiera que recientemente haya tenido que navegar en un portal inmobiliario. Precios altos y poca oferta son las claves del diagnóstico general, pero al entrar en los datos para tratar de ponerle coto, el problema se desdobla en cientos de matices y otras tantas propuestas para solventarlos: prohibir o permitir la vivienda turística, marcar o no zonas tensionadas, acotar los pisos vacíos, compensar o no a los caseros, liberalizar suelo o no hacerlo… y así una lista infinita de medidas y contramedidas que suelen enfrentar a la derecha y la izquierda políticas.

Los datos, que no son inocentes, viajan en uno y otro sentido y los que se ofrecen de manera oficial suelen estar disgregados por comunidades o no se actualizan con regularidad. Algo que dificulta el diagnóstico del problema, porque como advierte Iván Auciello, investigador en Economía en la CY Cergy Paris Université y miembro del think tank Future Policy Lab, “hay lugares donde directamente se cocinan datos”. En la misma línea se pronuncian desde el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Cataluña (DESCA): “Las asociaciones llevamos tiempo reclamando un registro de datos estandarizados” explica Irene Escorihuela, directora de DESCA.

Los cruces de acusaciones en materia de vivienda suelen cargarse de números según lo que se quiera defender. Uno de los últimos se lo lanzaba la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, al Gobierno. Fúnez mantenía que la Ley de Vivienda de 2023 ha provocado que haya 120.000 viviendas menos en alquiler.

La cifra sale de un informe del Observatorio del Alquiler, un organismo vinculado a la empresa inmobiliaria Alquiler Seguro, que se dedica, precisamente, al arrendamiento de casas y cuyo lema es: “Protección a propietarios, 0% de morosidad”. En la metodología del informe señalan que sus proyecciones se calculan sobre tres fuentes: sus registros, a los que no ofrecen acceso; información de colaboradores, que no se detalla; datos de propietarios particulares, sin especificar, y datos de otros portales, de los cuales tampoco se ofrece información.

El informe al que se refiere el PP afirma en otro punto que muchos propietarios han decidido dejar sus viviendas cerradas antes que alquilarlas. “En la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento realizó un censo de viviendas vacías en 2019 que señaló que suponían el 1,2% del parque total. Sin embargo, los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que esa cifra se habría elevado ya al 9,3%, un incremento muy elevado de viviendas vacías que coincide con la Ley de Vivienda y la aplicación de las zonas tensionadas”, señalan. Lo que omiten es que tanto el dato del Ayuntamiento como la serie del INE (relativa a 2021) son anteriores a la Ley de Vivienda (2023), por lo que la dinámica nada tendría que ver con la regulación.

Es habitual que los portales inmobiliarios o empresas del sector realicen informes con sus datos. Incluso el Instituto Nacional de Estadística, para estimar el número de viviendas turísticas, rastrea las ofertas de las tres plataformas más utilizadas en España (Booking, Trivago y Airbnb) y las procesa para eliminar repeticiones. Sin embargo, se advierte de la fuente y se hace una distribución territorial. “Sin saber el origen de los datos no podemos saber si son representativos o cuantos hay por cada zona. Además, la Ley de Vivienda —y en concreto la etiqueta de zona tensionada— no se aplica en toda España, por lo que tampoco se puede establecer una causalidad entre la norma y la evolución del número de casas”, explica Iván Auciello.

El informe del Observatorio del Alquiler, en el que colabora la Universidad Rey Juan Carlos, pivota sobre los supuestos efectos nocivos de la regulación en materia de vivienda, señalando que ésta ha reducido la oferta, lo que ha llevado a un aumento de los precios. Sin embargo, según sus mismos datos (a los que no dan acceso y que, por tanto, son imposibles de verificar), en la ciudad de Málaga sí habría crecido la oferta, lo que no quita para que sea además una de las zonas con mayores problemas para encontrar una casa, con un incremento interanual en los precios de alquiler del 9,2% en abril, último dato que ofrece la serie del portal inmobiliario Idealista de forma abierta.

En el documento tampoco figura ninguna advertencia al lector sobre el posible conflicto de intereses, ya que Alquiler Seguro es una empresa vinculada al sector de la vivienda. Por otra parte, el Ministerio de Consumo abrió en marzo un expediente sancionador a la empresa por supuestas prácticas abusivas en la gestión de los alquileres. Entre las cuestiones que se investigan está la presunta imposición a los inquilinos de contratar seguros y otros servicios adicionales no solicitados, lo que contravendría la Ley por el Derecho a la Vivienda.

El problema con los datos, explica el investigador, es que “no hay un registro oficial de casas en alquiler a nivel nacional” y esto complica la tarea de analizar la evolución del mercado. Por otro lado, debe considerarse que la etiqueta de zonas tensionadas no se aplica en la mayor parte del territorio español, por lo que para ponderar sus efectos habría que establecer marcadores y hacer análisis por municipios. “No hay datos agregados a nivel nacional. Deberían existir observatorios autonómicos que trabajen sobre la misma metodología para poder obtener datos, pero la realidad es que no existen”, confirma la directora de DESCA.

Hasta la fecha, en el registro del Ministerio de Vivienda solo están catalogados como zonas tensionadas ciertos municipios en País Vasco y Cataluña, aunque el análisis del Observatorio hace proyecciones a nivel nacional. “Separar el efecto de las medidas que se toman de las dinámicas que se vienen dando desde hace años requiere de un estudio académico que establezca relaciones causales”, concluye el experto.

La Ley de Vivienda de 2023 no es ajena a este baile de datos. En el texto de la norma, en concreto en los artículos 32 y 36, se recoge la necesidad de contar con “mayor información por parte de las administraciones”. Además, establece tres disposiciones que ordenan, por un lado, la creación de una base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda; la colaboración entre comunidades para uniformar los datos y “establecer un adecuado seguimiento” y la puesta en marcha de un “proceso específico de colaboración entre el Departamento Ministerial competente en materia de vivienda y las comunidades autónomas que hayan desarrollado sistemas de referencia del precio del alquiler”. Sin embargo, por el momento, estos mecanismos aún no se han implantado.“Para los datos a nivel estatal hay que confiar en portales inmobiliarios que muchas veces empujan precios al alza o dan datos incompletos”, concluye Escorihuela.

Limitar los pisos turísticos, frenar la compra de casa por no residentes, gravar con impuestos las casas vacías y potenciar precios más bajos en los alquileres. Son algunas de las medidas que el PSOE ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados como proposición de ley para aliviar las tensiones en el mercado de la vivienda. “Son medidas contundentes que van dirigidas a preservar la función social de la vivienda frente a cualquier otro fin”, señalaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Un plan que se centra en poner más vivienda en el mercado, incentivando a los caseros que alquilan, promoviendo la construcción y penalizando las casas que permanezcan vacías. Por otro lado, tratan de contener los precios, limitando la presión sobre la demanda con medidas que priorizan a los compradores que quieren la vivienda para vivir, limitando la compra por extranjeros o estimulando la construcción de nuevas casas.

Penalizar los inmuebles vacíos, si nos atenemos a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tendría impacto sobre 3,8 millones de viviendas en España. Con este nuevo orden fiscal, si el casero decidiese alquilar recibiría una bonificación en el IRPF, pero de lo contrario, su casa saldría más cara. En el lado de la vivienda turística, el INE recoge que en España había 368.295 a finales del año pasado. Todas ellas, si este paquete sale adelante, cotizarían un 21% de IVA, cuando actualmente lo hacen muy debajo de otros establecimientos del sector como los hoteles, al no considerarse como negocios.

La primera medida que se propone va en la línea de acotar el número de viviendas turísticas y favorecer la compra para primera residencia, limitando la compra por extranjeros. En este sentido, el documento contempla una subida del IVA del 21% para los inmuebles de uso turístico, que pasan a ser considerados como un negocio más. Otro gravamen se aplicará para aquellas personas extracomunitarias que y no residentes que quieran adquirir casa, para evitar dinámicas de compra especulativas. Se contempla, además, modificación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para limitar permanentemente el precio de venta de las viviendas bajo la titularidad de SEPES, haciendo así que no pierda la categoría de protegidas y su precio permanezca limitado. “Queremos asegurar el parque de vivienda público […] independientemente de la regulación de las comunidades autónomas”, señalaba Rodríguez.

Las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) también se verán afectadas. El Gobierno ya había anunciado cuando presentó la Ley de Vivienda que modificaría las condiciones ventajosas de estas empresas. Ahora esta decisión se concretará en un aumento de su tributación: pasarán de tributar el 15% al 25%, salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible. También con el objetivo de incentivar los alquileres, el paquete propone aumentar el tipo de tributación por vivienda vacía y extender las bonificaciones en el IRPF a los caseros que alquilen a precios asequibles. Actualmente, esa ventaja se reservaba para aquellas regiones que tuviesen la etiqueta de “zona tensionada” y ahora se hará extensiva a todo el territorio.

Las personas que posean viviendas vacías, verán aumentar su IRPF. Así, la propuesta sustituye el tipo fijo que se paga ahora por una escala progresiva basada en el valor catastral del inmueble: desde un 1,1% para valores de hasta 100.000 euros, hasta un 3% para los que superen el millón de euros. Esto es, para una segunda residencia vacía con un valor catastral de, por ejemplo, 200.000 euros, el importe en renta ascendería a 3.000 euros.

También se recogen medidas que tratan de incentivar el crecimiento del parque de viviendas que, según el Banco de España, aún arrastra un déficit de hasta 450.000 casas. En este sentido, se propone una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, de forma que se haga más fluida la colaboración entre la administración y las empresas privadas para acelerar la construcción.

La propuesta, presentada en la tarde del jueves por el Grupo Parlamentario Socialista, es una proposición de ley y tendrá que contar con el aval de Congreso para su puesta en marcha. Sin embargo, los detalles que se acaban de conocer son la concreción de una medida que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció en enero. “Sobran Airbnbs, faltan viviendas”, señaló el presidente del Gobierno por aquel entonces.

En el contexto actual, donde la vivienda es la principal preocupación de los españoles, las manifestaciones se han ido sucediendo y hasta el Banco de España centraba una parte de su análisis económico de 2024 en el mercado inmobiliario. Del lado socialista, la ministra ha celebrado la medida, pero desde Sumar ha criticado que se bonifique a los caseros con exenciones en el IRPF. “Nada de subvencionar IRPF. Creemos que la mera concepción de la vivienda como un bien de mercado se aleja del derecho constitucional a una vivienda”, ha explicado a EFE el portavoz de vivienda del grupo, Alberto Ibáñez. También desde ERC, Bildu y Podemos se han posicionado pidiendo al Gobierno mayor contundencia. La ministra cerró su intervención recogiendo el guante y afirmó, en relación con los usos comerciales de la vivienda, que en algunas ciudades ya no era momento “de regulación”, sino de “ir a la prohibición”.

El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para favorecer el alquiler de viviendas a precios asequibles, que incluye medidas para limitar los pisos turísticos, frenar la compra de casas por los no residentes e incentivar la bajada de precios en los arrendamientos, informa EFE.

Los socialistas han registrado esta iniciativa tras una reunión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, acompañados de miembros de sus equipos.

Según el PSOE, las principales medidas son:

1.- Para limitar los pisos turísticos y la compra de vivienda por parte de no residentes:

- Subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, para que tributen como la actividad económica que son.

- Nuevo impuesto estatal para gravar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes, para evitar la compra especulativa.

2.- Para asegurar la permanencia del parque público de vivienda:

- Regulación de la transmisión a SEPES de suelos y Patrimonio del Estado para destinarlos a políticas de vivienda asequible.

- Modificación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para limitar permanentemente el precio de venta de las viviendas bajo la titularidad de SEPES, para proteger así la asequibilidad de las mismas.

3.- Para fomentar la bajada de precios en los alquileres y frenar la especulación:

- Modificación de la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (SOCIMI), que pasarán de tributar el 15% al 25%, salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible.

- Aumento de la tributación por vivienda vacía, para incentivar su salida al mercado del alquiler.

- Extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas que no hayan sido declaradas tensionadas.

4.- Otras medidas fiscales:

- Modificación de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas para ampliar a 2025 las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética.

- Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la colaboración público-privada en la construcción de vivienda y hacer frente al déficit habitacional.

- Actualización de las tablas del Incremento de Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

En declaraciones a las puertas del Ministerio tras la reunión con los representantes del PSOE, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha subrayado que con esta iniciativa ya está en marcha todo el paquete de medidas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado enero, y ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que la apoyen.

Tras apuntar que los socialistas "trabajarán esos apoyos", Rodríguez ha señalado que, aunque su departamento ya ha puesto en marcha medidas en favor de la vivienda asequible, "la acción del Gobierno requiere también de marco legal".

Tras incidir en que la situación de la vivienda en España "es de SOS" y requiere de "actuaciones contundentes" como son, a su juicio, las medidas fiscales que proponen contra la "especulación", la ministra ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Madrid que prohíba los 15.000 pisos turísticos ilegales que hay en la capital.

Desde el grupo parlamentario de Sumar, socio de gobierno del PSOE, su portavoz de Vivienda, Alberto Ibáñez, ha dicho a EFE que la iniciativa tiene algunas cosas que "les gustan", como el IVA a los apartamentos turísticos al 21 %, medida que, según recuerdan, ya propusieron ellos y los socialistas votaron en contra.

El diputado de Compromís ha señalado también que "no está mal que las socimis tributen un poco más", aunque ha recordado que su propuesta es eliminarlas. Sin embargo, ha criticado que los socialistas quieran "dar beneficios fiscales a los caseros por alquilar bien".

"Nada de subvencionar IRPF. Creemos que la mera concepción de la vivienda como un bien de mercado se aleja del derecho constitucional a una vivienda", ha recalcado Alberto Ibáñez.