Los colectivos de vivienda critican el aval del Gobierno a los caseros a días del fin de la moratoria antidesahucios

El Gobierno ha aprobado esta semana en el Consejo de Ministros un real decreto en materia de vivienda que incluirá ayudas a los propietarios de vivienda cuando los inquilinos no paguen el alquiler. Esta medida, que forma parte de los compromisos que se acordaron con Junts, es para el Gobierno “un aval para facilitar el acceso al alquiler”, pero los sindicatos de inquilinos y las organizaciones sociales no lo ven claro.

“Es una medida que no responde a un problema real, porque la mejor forma de garantizar que no se produzcan impagos es poniendo alquileres asequibles”, señalan desde el Sindicat de Llogateres de Cataluña. “Estamos totalmente en contra de que se utilice dinero público para financiar al sistema rentista de este país”, concluyen. 

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca son menos críticos, pero coinciden en las escasas posibilidades de la medida para un asunto, la vivienda, que cumple un año siendo el principal problema de los españoles, según el CIS. “Si la filosofía es que particulares saquen al alquiler viviendas deshabitadas, pues bien, pero tendrá una efectividad muy limitada”, concluye Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra portavoz, Pilar Alegría, detallaba que esta cobertura la gestionarán las Comunidades Autónomas. “Va dirigido a menores de 35 años o personas vulnerables y solo cubrirá a caseros que cobren una renta al alquiler que no supere el índice estatal de referencia”, señaló. “No es una medida nueva, porque la moratoria antidesahucios ya prevé compensaciones a los propietarios. Por otro lado, si nos fijamos en las cifras de impago respecto al alquiler, menos del 1% de los inquilinos son morosos”, explican desde el Sindicato de Llogateres de Cataluña.

Hace años que decimos que la mayoría de la gente deja de comer antes que arriesgarse a perder un techo

La vivienda afronta la recta final del año con un gran dilema abierto: el fin de más de 600.000 contratos de alquiler que se firmaron después del covid-19 y que tendrán que renovarse a precios corrientes. Esto es, muy por encima de los que había en el momento en que se firmaron porque el importe se puede fijar libremente al término de los contratos. De hecho, un estudio realizado por el Ministerio de Consumo señala que esta gran renovación encarecerá la renta de los inquilinos de las zonas más tensionadas en hasta 4.600 euros anuales en 2026. A esto se une el fin de la denominada como “moratoria antidesahucios”, un escudo que impedía el desalojo de inquilinos en situación vulnerable y que, tras prorrogarse en varias ocasiones, terminará (si no hay cambios) el próximo 31 de diciembre.

“Hace años que decimos que la mayoría de la gente deja de comer antes que arriesgarse a perder un techo o su casa. De hecho, aquí el gran problema que tenemos es que quienes vivimos de alquiler estamos destinando un 40% o un 50% de nuestros ingresos a pagar las rentas”, insiste el sindicato.

En la tormenta que envuelve a la vivienda, tratar de movilizar las casas vacías para que se incorporen al mercado es una de las cosas que se plantean como solución. El INE estimaba en 2021 (último dato disponible) que en España hay alrededor de 3,8 millones de viviendas vacías, un dato que incluye casas en lugares donde la gente no quiere vivir o lejos de centros de trabajo, pero que sirve para aproximar el impacto que podría tener la corrección de este fenómeno. Si se observan los análisis de portales inmobiliarios, Fotocasa señala que el 3% de los propietarios de vivienda tienen alguna casa vacía y entre estos, solo un 11% reconoce que la mantiene desocupada por desconfianza.

Del lado de los caseros, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), señala a infoLibre que valorarán la medida cuando se conozcan los detalles del texto del real decreto y se muestran cautos al respecto. Sobre lo que sí se han pronunciado es sobre la moratoria antidesahucios, que consideran “peligrosa” y piden que no se extienda. “Supondría profundizar en la inseguridad jurídica, erosionar el derecho a la propiedad y frenar aún más la oferta de viviendas en alquiler”, concluyen en una nota de prensa.

El negocio del miedo

En teoría, avalar el impago de los inquilinos podría incentivar a alquilar a quienes no ponen su casa en el mercado por miedo, pero desde lo social la lectura no es tan clara. Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) “el negocio del miedo” es lo que alimenta los enfoques destinados a proteger el beneficio de los arrendadores. “Me parece inaudito es que el Gobierno compre el marco del miedo, que está alimentado por todos los que viven de este negocio, como las empresas de desocupación, de alarmas de seguridad o grandes inmobiliarias”, señala la abogada.

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La medida aprobada por el Gobierno incluirá, además del impago de rentas del alquiler, compensaciones por daños causados a la vivienda y por el coste de los suministros debidos. “Si el Estado es el que va a asumir la tarea de seguro de impago, se está trasladando el riesgo del negocio del rentismo a las administraciones públicas”, apunta Jacinto

Hasta ahora, además de la ley de vivienda, el Gobierno anunció la semana que la nueva empresa pública de vivienda, Casa 47, comenzaba a funcionar con 40.000 viviendas heredadas de la Sareb y suelos para construir. Aún no hay fechas concretas, pero el portal en el que se podrán solicitar estará operativo a lo largo de 2026 y será allí donde se puedan consultar los requisitos concretos de cada solicitud.

En el horizonte más próximo, insisten las agrupaciones sociales, amenaza ya una moratoria de desahucios a punto de caducar y una renovación masiva de contratos que puede poner aún más tensión en el mercado. “Teniendo en cuenta el problema de vivienda que tenemos lo que hay que hacer es tomar medidas inmediatas decretando la emergencia habitacional y tomando decisiones como la prórroga forzosa de los contratos de la pandemia y de la moratoria antidesahucios”, concluye la abogada de CAES.