El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido este jueves que la exdiputada socialista Soraya Rodríguez, recién incorporada a las listas europeas de Csrecién incorporada a las listas europeas de Cs, "representa una escisión" del PSOE que no se identifica con el "sanchismo".

Así lo ha expresado en una entrevista en Telecinco, después de que anunciara su incorporación como número tres a las listas de Ciudadanos para la Eurocámara, que encabezará Luis Garicano. Soraya Rodríguez abandonó el PSOE hace un mes por desavenencias con la dirección por la gestión de la crisis catalana. En este sentido, Rivera ha recalcado que esta posición representa una corriente dentro del PSOE que no se siente identificada con las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación al independentismo. "Que Soraya Rodríguez haya votado no al PSOE, la reconoce como una persona sensata, porque lo que la he escuchado en los últimos tiempos es lo que lleva diciendo hace tres años a Sánchez, que no pactara con los separatistas, que no se pueden indultar a los que han dado un golpe, que no se puede hacer un referéndum de independencia", ha indicado el líder de Ciudadanos.

Defiende los fichajes de Cs

Sobre las últimas incorporaciones a las listas electorales de Ciudadanos, Rivera ha defendido que "muchos de ellos" tienen la posibilidad de convertirse en los próximos ministros tras las elecciones generales. Precisamente, Rivera ha hecho referencia a que sería "de justicia poética" que el abogado del Estado y número cuatro de Ciudadanos al Congreso por Madrid, Edmundo Bal, fuera ministro de Justicia, en vez de la actual titular, Dolores Delgado, "que le ordenó retirar las pruebas sobre el proces".

Asimismo, ha reivindicado el papel del exvicepresidente de Coca-Cola y número dos de Ciudadanos al Congreso por Madrid, Marcos de Quinto, "uno de los mejores directivos de España", que apuntado que podría ser ministro de Industria. Por último, Rivera ha señalado que el eslogan y la imagen de campaña de Ciudadanos se darán a conocer este domingo en un acto de precampaña.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este miércoles el fichaje del exdirigente del PP balear José Ramón Bauzá para la lista al Parlamento Europeo que presentará su partido para los comicios del 26 de mayo, al igual que la exsocialista Soraya Rodríguez.

"Va a estar en la lista" europea porque "ha luchado contra el nacionalismo en Baleares" y ha dicho "estoy harto de que hagáis concesiones al nacionalismo", ha declarado Rivera en un desayuno informativo, donde ha destacado la experiencia política del expresidente autonómico y exsenador del PP balear.

La candidatura de Ciudadanos a las elecciones europeas estará encabezada por el responsable de Economía y Empleo del partido, Luis Garicano, al que seguirán, por este orden, la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua, la exdiputada socialista y exsecretaria de Estado Soraya Rodríguez, el eurodiputado de Cs Javier Nart y, en quinto lugar, José Ramón Bauzá, según fuentes de la formación naranja.

Según Rivera, se acaban uniendo a Cs "los que están a disgusto" con sus antiguos partidos —tanto el PP como el PSOE— porque "no han plantado cara al nacionalismo". "Yo estoy muy satisfecho de que gente que ha defendido la Constitución esté con nosotros", ha añadido. Por eso ha pedido que se trate con normalidad estos pasos de un partido a otro y ha negado que se puedan considerar casos de transfuguismo. Son "personas que libremente deciden dejar de militar en un partido", ha afirmado, subrayando que la pertenencia a una formación política no es "vitalicia".

Tras dejar el escaño en el Senado y el PP el pasado enero, Bauzá dijo que había transmitido a este partido su rechazo a la "deriva catalanista" en Baleares y a las medidas relativas a la política lingüística. En aquel momento negó que se hubiera dado de baja del PP ante la posibilidad de no repetir como senador y dijo: "No estoy por una silla".

Soraya Rodríguez, número tres de la candidatura de Ciudadanos al Parlamento Europeo y exportavoz socialista en el Congreso, ha reivindicado este miércoles que se suma a la lista del partido naranja a Europa como independiente y que si tuviera diferencias con Ciudadanos lo hablará para llegar a un acuerdo con Luis Garicano.

"El fichaje es de Soraya. Por encima de diferencias políticas, un tema esencial como el modelo de nación decide, es un elemento decisivo. Voy como independiente con diferencias en algunos temas y coincidencias en otras", ha explicado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

La candidata ha señalado que el independentismo tiene un plano nacionalindependentismo y otro internacional, y por eso ha decidido concurrir a las elecciones europeas. No obstante, ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenga un "pacto secreto" con el independentismo, algo que critica recurrentemente Ciudadanos. Para ella no existe dicho pacto, pero entiende que no se puede mantener un gobierno en España con unos socios políticos que pretenden "fracturar la unidad del país".

"No creo que se pueda pensar en llegar a acuerdos en política cuando no tienes acuerdos sobre el país en las que aplicarlas. Ni puede haber una mayoría de progreso con alguien que lleva en su programa un referéndum para Cataluña", ha resumido.

Preguntada si votaría siguiendo sus convicciones en asuntos en los que el grupo liberal y el socialdemocráta no coincidan en la Eurocámara, Soraya Rodríguez ha admitido que "iría viendo". "En la mayoría de los temas va haber acuerdos sustanciales entre europeístas, luego, habrá temas que indudablemente que si no hay acuerdo, como persona independiente lo hablaremos. Lo iremos viendo, voy como independiente", ha recalcado, añadiendo que llegado ese caso lo discutiría con Luis Garicano.

"Por encima de diferencias políticas hay consensos importantes y retos importantes a los que hay que hacer frente los próximos cinco años, que me permiten estar trabajando en la candidatura de Ciudadanos", ha añadido, poniendo de manifiesto que en esto coincide con el líder del partido 'naranja', Albert Rivera.

Defiende que fue honesta con el PSOE

Sobre las críticas sobre su continuidad en política tras dejar el PSOE, Soraya Rodríguez ha recalcado que fue "honesta" con su partido, en el que permaneció hasta hace un mes, para tratar de trabajar desde dentro para que no "tomara una deriva" con respecto a la crisis en Cataluña.

Dejó su escaño en el Congreso a finales de febrero y una semana después abandonó el PSOE por discrepancias con Sánchez, tras haber criticado que el Gobierno aceptase la figura de un relator o mediador para sus negociaciones con los partidos independentistas catalanes.

Sobre este breve lapso de tiempo desde que se desvinculó del PSOE, ha defendido en otra entrevista en COPE que la coincidencia del calendario electoral ha provocado su integración a las listas con Garicano.

En este sentido, ha señalado que "la oportunidad" de formar parte del proyecto de Ciudadanos "era ahora" coincidiendo con las elecciones europeas del 26 de mayo. Aunque, ha puntualizado que "no ha sido fácil" tomar esta decisión.

Era un secreto a voces desde que anunció su renuncia al carné del PSOE, pocos días después de que los socialistas confirmasen que no contaban con ella para las elecciones, pero no fue hasta este martes que Ciudadanos hizo oficial su fichaje: Soraya Rodríguez, cuyo currículum acumula 25 años de cargos en el PSOE —los últimos 20 ocupando puestos públicos—, será la número tres de la lista de Albert Rivera en las elecciones europeas del 26 de mayo.

El pasado de Rodríguez en el socialismo español se remonta tanto en el tiempo que cuando empezó a desempeñar cargos de responsabilidad en el PSOE todavía gobernaba España Felipe González. Y cuando se sentó por primera vez en un puesto público gracias a su partido (el escaño en Estrasburgo que consiguió en 1999) el líder socialista era Joaquín Almunia. Fue alto cargo del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —secretaria de Estado de Cooperación— y ese compromiso con aquel Ejecutivo, que la derecha siempre cita como el epítome de la peor gestión pública posible, planeó como una evidencia incómoda sobre el teatro madrileño en el que la exsocialista consumó su desembarco en la nave naranja cuando Luis Garicano, el cabeza de lista para Europa, criticó con dureza la gestión del penúltimo presidente socialista, al que situó en el origen del conflicto catalán y al que culpó de agravar la crisis económica global dilapidando recursos públicos durante los últimos años de su mandato.

Rodríguez no replicó, como solía hacer en el Congreso hasta hace pocos meses cuando alguien criticaba al Gobierno de Zapatero. En vez de eso tomó la palabra para señalar a los presentes en el acto que estamos ante un “momento difícil en el ámbito europeo” en el que habrá que marcar “una línea” entre quienes, como ella, son partidarios de “construir Europa y los que quieren destruirla. El nacionalismo xenófobo, la hoguera en la que ardió Europa, está avanzando”, advirtió con gravedad. Y sus aliados, añadió, son “los movimientos secesionistas”, en referencia a las formaciones independentistas catalanas. Ni una palabra sobre Vox, la ultraderecha autóctona, con cuyo apoyo Cs llegó a la Junta de Andalucía y gracias al cual Rivera, su nuevo líder, confía en alcanzar el Gobierno de España.

Albert Rivera se mostró muy contento de que Rodríguez forme parte de su candidatura europea —irá como número tres—. “Me siento muy orgulloso de tener gente tan preparada”. “Ha demostrado ser una política de convicción”, añadió sobre quien, hasta que su partido decidió prescindir de ella en las listas, sumaba un cuarto de siglo de militancia socialista. 25 años que no le han impedido viajar del socialismo al liberalismo en menos de cuatro semanas.

Ella le correspondió haciendo suya una de las ideas que más repite Rivera en las últimas semanas: “Los constitucionalistas tenemos que dar la misma batalla en la misma trinchera”. Por encima de “diferencias políticas”, razonó, “los que tenemos el mismo concepto de nación debemos trabajar juntos“ y “yo no creo en un Estado plurinacional”, proclamó entre aplausos en su primer acto oficial en Ciudadanos. “Por encima de la lealtad a tu partido”, se justificó, “está la lealtad a tu país, España”.

En ese contexto, aseguró, “es la misma batalla en Europa que en España. Europa no puede ser neutral; tiene que combatir a quienes intentan romperla”. Y para apoyar esta tesis citó al socialista Frans Timmermans y al conservador Jean-Claude Juncker. Olvidó que su nueva casa es liberal y omitió incluir a alguno de sus líderes entre las referencias europeístas de su intervención.

El discurso de Rivera

El fichaje de Rodríguez trata de apuntalar la idea, sobre la que Rivera está haciendo descansar el núcleo de su discurso electoral, de que Pedro Sánchez traicionó a España pactando con los nacionalistas la moción de censura y prometiéndoles cesiones a cambio de un apoyo en el Congreso que espera revalidar a partir del 28 de abril. Es verdad que su nueva número tres para Estrasburgo discrepó en las reuniones parlamentarias socialistas de algunas decisiones de Sánchez en relación con Cataluña, pero eso no le impidió votar a favor de la moción de censura que Ciudadanos siempre describe en términos de alianza secreta con los independentistas catalanes. Ni permanecer en las filas del PSOE durante los últimos nueve meses hasta el momento en que el partido le confirmó que no contaba con ella para ninguna de sus candidaturas.

Eso es precisamente lo que más le reprochan sus antiguos compañeros de filas: un supuesto interés por seguir ocupando cargos aún a costa de traicionar sus convicciones. Si completa la legislatura en Estrasburgo, esta vez en el grupo liberal, muy distinto al de los socialistas, al que perteneció entre 1999 y 2004, habrá sumado 26 años cobrando un sueldo público, casi la mitad de su vida. Allí, recuerdan otros dirigentes de su antiguo partido, tendrá además que adaptar su discurso a la defensa de otros valores de Ciudadanos muy distintos de los que defiende el PSOE: desde la apuesta por las medidas de austeridad y las rebajas de impuestos a la defensa de los vientres de alquiler y la legalización de la prostitución, dos actividades que, al menos hasta ahora, resultaban poco compatibles con el feminismo que Rodríguez decía defender en las filas socialistas.

La candidatura de la que fuera portavoz del PSOE en el Congreso entre 2012 y 2014, cuando el secretario general del partido era Alfredo Pérez Rubalcaba, y que fue una de las más significadas opositoras a Pedro Sanchez en las primarias que le enfrentaron a la expresidente andaluza Susana Díaz, es el último fichaje hecho público hasta ahora por Albert Rivera. El primero fue Silvia Clemente, en este caso una exdirigente del PP de largo recorrido que ha acabado fuera de las candidaturas de Cs después de que saliese a la luz el pucherazo que pretendía alterar la voluntad de los militantes en las elecciones primarias para determinar la candidatura a la Presidencia de Castilla y León. Entre ambas Rivera ha presentado, entre otros, al millonario Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola, y al abogado del Estado que se negó a seguir el criterio del Gobierno en el juicio del procés, Edmundo Bal.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha querido confirmar que su partido haya intentado fichar a la exdiputada socialista Soraya Rodríguez para incluirla en su candidatura a las elecciones europeas, pero ha dicho que tampoco lo descarta. "No puedo descartar nada" porque "estamos incorporando talento a este equipo", ha declarado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, cuando le han preguntado por esta posibilidad, aunque ha declinado hablar de "fichajes".

Rivera ha elogiado a Soraya Rodríguez, describiéndola como una política "capaz y moderada que inequívocamente ha defendido la Constitución" y que ha dejado el PSOE por sus discrepancias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su relación con los partidos independentistas y nacionalistas.

La exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional y diputada del PSOE hasta el final de esta Legislatura, Soraya Rodríguez, no ha descartado sumarse a otro partido político después de haberse dado de baja de la formación este mismo miércoles, aunque ha negado que Ciudadanos le haya ofrecido integrarse en sus listas. "No descarto nada. Hoy he tomado una decisión dura, que es la de abandonar la militancia", ha explicado Rodríguez en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que también ha reconocido que no se alejará de la vida política. "La política se puede hacer desde muchos sitios y ahora puedo tomar decisiones", ha respondido la exdiputada socialista tras ser preguntada por si se inscribirá en otro partido. No obstante, Rodríguez ha asegurado que por el momento no tiene ofertas de ninguna formación, tampoco de Ciudadanos.

Eso sí, Rodríguez ha querido referirse al fallido pacto de gobierno entre PSOE y la formación naranja, que no salió adelante por el veto de Podemos. "Yo fui una de las que defendí con muchísima convicción el acuerdo. Fue un gran error que Podemos no diera el apoyo a ese Gobierno, que hubiera sido moderado, de centro", ha subrayado.

Discrepancias 'profundas' con el PSOE

"Creo que mi trayectoria y el posicionamiento que he mantenido durante estos dos últimos años en que ha habido cambios importantes y se han tomado decisiones trascendentales. Siempre he mantenido la misma posición de forma coherente", ha señalado. Rodríguez se ha expresado así después de que haber remitido una carta a la secretaria general de los socialistas en Valladolid, Teresa López, en la que explicaba que abandonaba el partido por una "discrepancia profunda" con la dirección del partido en relación a la política con el independentismo catalán.

La que fuera secretaria de Estado de Cooperación Internacional de la formación liderada por Pedro Sánchez se mostró crítica con la figura del relator, lo que le costó la salida de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Hoy por hoy, Rodríguez cree que ya no tiene sentido seguir manteniendo esta posición dentro del partido —antes mayoritaria, hoy minoritaria, admite— cuando estas discrepancias "se entienden como críticas personales y cada vez existen más compañeros que reciben como una agresión al partido las opiniones discrepantes".

La exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional y diputada del PSOE hasta el final de esta Legislatura, Soraya Rodríguez, se ha dado de baja en el PSOE, informa Europa Press.

En la carta que ha remitido a la secretaria general del PSOE de Valladolid afirma que esta "difícil decisión" la ha adoptado por la "discrepancia profunda" que mantiene con la dirección del partido en relación a su política con el independentismo catalán. "No puedo compartir que la mayoría de la moción de censura, que ha sostenido al gobierno durante los últimos ochos meses, sea una posibilidad viable de conformar una mayoría parlamentaria razonable para sostener un gobierno socialista. Por ello espero y deseo que tras los resultados electorales del 28 de abril el PSOE no reedite la mayoría de la moción de censura para obtener una investidura", explica en la misiva.

"Hacer depender de nuevo la gobernabilidad del país del independentismo que ha iniciado una operación de acoso y demolición del Estado de Derecho y de la Constitución tendría consecuencias muy negativas para nuestra democracia", argumenta quien fuera portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados en los tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba como líder del partido.

El PSOE no está estableciendo ningún veto a ningún partido de cara a los pactos postelectorales. Los miembros de la dirección de Pedro Sánchez repiten que aspiran a gobernar en solitario y a alcanzar acuerdos con aquellas formaciones que respeten la ley y el diálogo.

Para Rodríguez, en cambio, volver a contar con los independentistas en una eventual investidura de Sánchez "haría imposible el necesario diálogo con Cataluña, como se ha demostrado recientemente con el intento de condicionar la aprobación de los Presupuestos Generales a la creación de mesas de partidos al margen de las Cortes generales donde se pudiera hablar y decidir sobre un inexistente derecho de autodeterminación".

Consenso entre los constitucionalistas

La política vallisoletana defiende que el diálogo de Cataluña se debe abordar "de manera amplia, incluyendo desde luego a todos los catalanes y desde un amplio consenso de los partidos constitucionalistas" quienes, "con posiciones políticas e ideológicas diferentes", han participado siempre de un consenso constitucional esencial sobre la integridad territorial y la soberanía nacional.

Rodríguez recuerda que esta posición la ha defendido dentro de los órganos de dirección del partido mientras ha formado parte de ellos y en el Grupo Parlamentario Socialista hasta el último momento. De hecho, criticó públicamente la aceptación por parte del Gobierno de la polémica figura del relator en una eventual mesa de partidos extraparlamentaria, un gesto por el que fue amonestada con su salida de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Hoy por hoy, Rodríguez cree que ya no tiene sentido seguir manteniendo esta posición dentro del partido –antes mayoritaria, hoy minoritaria, admite– cuando estas discrepancias "se entienden como críticas personales y cada vez existen más compañeros que reciben como una agresión al partido las opiniones discrepantes".

El ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha ratificado este martes ante la comisión del Congreso que investiga las cuentas del PP que todos los secretarios generales del partido conocían cómo se financiaba la organización, los papeles de Bárcenaslos papeles de Bárcenas, y que el 75% del dinero que se utilizaba para las campañas electorales en Galicia era negro y que él mismo repartió "sobresueldos" ilegales a responsables del partido en esa comunidad y también a periodistas.

Así lo ha señalado durante el interrogatorio al que le ha sometido la diputada del PSOE Soraya Rodríguez, quien le ha preguntado sobre algunas de las declaraciones que ha venido haciendo en los últimos años el compareciente sobre la financiación del PP.

Crespo, que ha sido condenado en dos piezas relacionadas con la trama Gürtel, ha evitado señalar expresamente que el ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy conociera que el partido se financiaba de forma ilegal, pero sí ha dado a entender que, como secretario general del partido que fue en su momento, sí debió conocer de manera "global" y "troncal" cómo funcionaban las cuentas.

Preguntado si considera conocedores de estas prácticas también a Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, ha señalado que su afirmación tenía un carácter "valorativo" porque considera que los secretarios generales deben conocer "cómo se organiza y sobrevive" su partido, pero que no podía dar nombres porque él no estaba en Génova.

Crespo ha explicado que, según su experiencia en el PP debían conocer cómo se financiaba el partido en cada uno de sus niveles el tesorero, el gerente y el secretario general y que también el presidente tendría que saber en términos generales "cómo están las cosas". Ha puntualizado que hay gente que "quiere saber y otra que no" y ha puesto el ejemplo de Manuel Fraga, quien presidía el PP en Galicia cuando él era secretario general y que, según ha detallado, no quiso saber nunca nada de las cuentas del partido y sólo pedía que los encargados de ellas le dieran todo arreglado.

El ex secretario de organización del PP gallego, condenado a más de 55 años de cárcel por la Gürtel, ha señalado que "había donaciones irregulares, no creo que fueran ilegales, de empresarios, y efectivamente había una contabilidad que no estaba en la contabilidad del partido". Aunque no ha responsabilizado directamente al anterior presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, de conocer este supuesto sistema, Crespo ha dicho que generalmente "todos los secretarios del PP conocían la actividad que llevaba el señor (Luis) Bárcenas", antiguo tesorero del partido. "No he hablado de Rajoy", ha dicho Crespo, y ha añadido que, pese a que no es probable que "un secretario general entre hasta el detalle de lo que hace un gerente", sí debe conocer "los aspectos globales de cómo se financia un partido" o de "si recibe donativos". A la pregunta de si Rajoy cobró sobresueldos en Galicia, respondió: "No voy a contestar". 

Xosé Cuiña y Xesús PalmouXosé Cuiña y 

Después ha aclarado que el no tiene constancia de que fuera así. Sí ha señalado que ni Fraga ni Xosé Cuiña, secretario general del PP gallego durante su etapa, los percibían aunque eran ellos los que decidían quién y cuánto cobraba cada uno de los receptores de esas cantidades mensuales.

Preguntado por si Xosé Cuiña, el entonces hombre fuerte del PP gallego, estaba al tanto del pago de sobresueldos, respondió que "no solo Cuiña sino también Fraga, que era el presidente". "Yo era un mero ejecutor de las instrucciones que recibía con dación trimestral de cuentas [...] Decidían básicamente Cuiña y Fraga", que no cobraban.

Crespo ha optado por el silencio cuando se le ha preguntado si los cobraban Xesús Palmou, secretario general del PP gallego entre 1999 y 2006, los exministros José Manuel Romay Becaría y Pío Cabanillas o el senador José Manuel Barreiro. Sí ha dicho que en su momento tuvo cientos de "recibís", algunos "manuscritos", pero que ahora no sabe dónde están. 

El grueso del dinero para los sobresueldos y el 65% del que se utilizaba en las campañas gallegas durante su etapa, provenía, según ha confesado Crespo de las donaciones de empresarios que, ha recalcado, también daban dinero al PSOE o al BNG. También salieron de esas donaciones irregulares los 21 millones de pesetas que entregó al extesorero nacional Álvaro Lapuerta. Génova había avalado al PP gallego ante los bancos para que le renovaran créditos por valor de 200 millones y había que abonar ese dinero.

Crespo fue secretario de Organización entre 1996 y 1999, regía un sistema de pago de sobresueldos en negro que él mismo pagó a periodistas y a dirigentes de partido como compensación al dinero que perdían al pasarse a la policía. Sobre éstos últimos ha dicho desconocer por qué les pagaban -"Nunca he cambiado la portada de un periódico", ha deslizado- y ha rehusado dar nombres ni de informadores ni de políticos alegando que no iba a traicionar ahora la "discreción" que se le exigió en su momento y que aquellos políticos están ya muertos o retirados.

Bárcenas

El compareciente, que ha presumido de ser más ordenado que Bárcenas, a juzgar por sus famosos papeles, se ha negado a desvelar quiénes eran los principales donantes del partido, pero sí ha querido dejar claro que jamás ha tenido noticia de que parte de ese dinero proviniera del narcotráfico

Era responsable de las campañas electorales del PP gallego entre 1996 y 1999 y desde 2002 gestionó las empresas del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Según ha explicado, le presentaron al que luego fue su "jefe" y "amigo" como el proveedor "de referencia" del partido a nivel nacional para las campañas electorales.

Al compareciente, que ha negado conocer personalmente al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le han preguntado por qué éste le mantuvo como representante de la Consellería de Política Territorial en el Consejo de Administración de Portos de Galicia tras dejar su puesto orgánico. Crespo ha atribuido esa circunstancia a "un error" y ha señalado que en 1999 dejó de acudir a las reuniones de la empresa. Además, ha indicado que cuando dejó el partido las empresas de Correa dejaron de cobrar del PP gallego, que les dejó a deber 120.000 euros, y que fue el nuevo secretario general Xesús Palmou quien tomó esa decisión sólo porque él se había incorporado al Grupo Correa.

Ricardo Costa y Fundescam

Respecto a la rama valenciana de Gürtel, Crespo ha recalcado que ex secretario de Organización del partido en esa comunidad Ricardo Costa "miente como un bellaco" cuando sostiene que le entregó dinero. Crespo, según ha recalcado, únicamente recogía el dinero que Costa le daba a Álvaro Pérez 'El Bigotes', que era el que hablaba con el político valenciano y con quien compartía una relación "íntima".

El compareciente sí se ha ratificado en su declaración judicial de que Costa propuso a Orange Market, a la que debían una importante cantidad de dinero, que si quería cobrar tendría que facturar esos trabajos a otras empresas que él le indicaría. En principio él se opuso a la operación, aunque luego, ha reconocido no tuvieron más remedio que plegarse para cobrar la deuda.

Crespo ha admitido que según ha "leído" las empresas a las que cargaban la facturación después obtenían contratos de la Generalitat Valenciana, pero ha dicho desconocer si esas adjudicaciones eran o no legales. Eso sí, en otro momento, ha recomendado a los diputados que se legisle para incrementar el control sobre los concursos públicos porque "siempre van a acompañados de un halo de oscurantismo".

También ha reconocido que el que fuera gerente del PP de Madrid cuando lo presidía Esperanza Aguirre le pidió que hiciera la misma operación con la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fudescam). Es decir, le pidió que cargase a esta fundación del PP regional facturas por trabajos que en realidad habían realizado empresas de Gürtel. Crespo ha dicho desconocer si Aguirre estaba al tanto de esto.

El procesamiento de 25 dirigentes independentistas —cuatro de los cuales ya estaban en prisión y siete huidos en el extranjero— y el encarcelamiento de cinco de ellos —entre los que se encontraba el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull—, unido a la detención en Alemania del expresident Carles Puigdemont cuando intentaba llegar a Bélgica y ponerse a salvo de la euroorden dictada contra él por el Tribunal Supremo, ha agitado el terremoto político que vive Cataluña y que amenaza con dificultar aún más la búsqueda de una solución que ponga fin a la intervención de la autonomía aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de octubre.

En un ambiente de creciente tensión, que ha llevado a Rajoy a recuperar la interlocución directa con Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Cs), suspendida prácticamente desde los días de la aprobación de la aplicación del artículo 155, con protestas en la calle y llamamientos políticos en los que la inmensa mayoría de las formaciones subrayan la gravedad del momento, los partidos rediseñan sus estrategias en busca de una solución que permita desatascar el embrollo en que ha entrado la política catalana.

El grupo de Junts per Catalunya, sacudido este domingo por la noticia de la detención de su líder, recupera la bandera de Puigdemont y propone que sea él, de nuevo, el candidato que se someta a la investidura en el Parlament, a pesar de que su situación judicial, que impidió la votación el pasado mes de enero, no sólo sigue vigente sino que ha empeorado con el procesamiento ordenado este viernes por el Supremo.

Así lo anunció en la mañana del lunes la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press. Artadi argumentó que la detención en Alemania del expresidente abre un nuevo escenario que permite pensar que esta investidura, pese a los obstáculos, es posible, y se refirió expresamente a la propuesta de reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat para legalizar la investidura no presencial de un candidato, prohibida expresamente por el Tribunal Constitucional.

Hay “elementos nuevos”, señaló Artadi, como la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que el viernes instó a España a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sànchez puede ejercer sus derechos políticos”.

La convocatoria de la investidura de Puigdemont supondría un desafío a la legalidad constitucional que, con ese planteamiento, cuenta ya con el apoyo de la CUP, cuyo portavoz en el Parlament, Carles Riera, confirmó este domingo su disposición a investir “inmediatamente” al expresident.

Por eso mismo, tiene difícil encaje para Esquerra, que lleva meses defendiendo la necesidad de no cruzar ninguna línea roja para no poner en peligro a más dirigentes independentistas. Su portavoz, Sergi Sabrià, ya ha dejado claro que su prioridad no es la investidura de Puigdemont sino conseguir que salga en libertad. Eso no impedirá, en todo caso, que Esquerra defienda, en el pleno del Parlament que ha sido convocado para el miércoles, “los derechos políticos de todos los diputados de la Cámara”, así como la constitución del frente común propuesto por el presidente del Parlament, el también republicano Roger Torrent, para defender los derechos civiles y la democracia.

Atraer a nuevos sectores

Un frente al que Esquerra quiere atraer a sectores no independentistas, empezando por la Catalunya en Comú de Xavier Domènech y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Incorporar a esta formación a la lucha por la independencia no es un objetivo nuevo: figura como uno de los objetivos republicanos en el programa con el que Esquerra se presentó a las elecciones del 21D.

ERC quiere aprovechar el malestar creado por la detención de Puigdemont y los recientes encarcelamientos para generar un movimiento de masas equiparable al del ‘No a la guerra' contra el conflicto en Irak, la respuesta a los atentados del 11M o el rechazo a la sentencia del Estatut. “Sin democracia no habrá república y sin república no podremos consolidar nuestros derechos. No hay futuro dentro del Estado español y cada vez lo ve más gente”, concluyó Sabrià.

Pero el cambio de estrategia de JuntsxCat puede poner en peligro el acuerdo trabajosamente construido con Esquerra para hacer viable la elección de un candidato a president que cumpla las reglas del Estatuto y de la Constitución, que era lo que ambas fuerzas pretendían llevar a cabo, al menos nominalmente, con la propuesta de Jordi Sánchez, primero, y de Jordi Turull, después. Propuestas que la justicia no ha permitido tramitar pero que, en cualquier caso, no habrían salido adelante porque, sin la CUP, JuntsxCat y Esquerra no tiene votos suficientes para que el Parlament haga presidente a su candidato.

Ese escenario cambiará, sin embargo, si en las próximas semanas la justicia hace firme el procesamiento de Puigdemont y, sobre todo, ordena su ingreso en prisión una vez sea entregado a a España por las autoridades alemanas: será en ese momento cuando previsiblemente todos los procesados por rebelión sean suspendidos para el ejercicio de sus funciones como diputados. Si Toni Comín, el otro parlamentario huido que conserva escaño renuncia a él, JuntsxCat y Esquerra volverán a tener mayoría suficiente para decidir quién será el nuevo president de Cataluña... siempre que la CUP no pasase de la abstención al voto negativo en el debate de investidura.

En este escenario cambiante, y con el reloj que amenaza con llevar a nuevas elecciones ya en marcha, Catalunya en Comú-Podem también ha movido ficha. Su portavoz en el Parlament, Elisenda Alamany, anunció que su formación está dispuesta a negociar un candidato a la investidura si no es de JuntsxCat: “Continuamos creyendo que el Govern debe traspasar bloques para abrir una época en Cataluña que pueda responder a la actitud represiva del Estado”, recordó. 

No son los comuns los únicos que han mutado de posición. Miquel Iceta lo dijo el sábado, en el fallido pleno de investidura de Jordi Turull, encarcelado por el Tribunal Supremo antes de que el Parlament pudiese votar su segundo intento de convertirse en president de la Generalitat. Y lo repitió este lunes: los socialistas catalanes están dispuestos a “abandonar el refugio de los bloques para avanzar en el campo abierto del diálogo” y dar salida desde un acuerdo amplio a la crisis institucional, política, económica y social que vive Cataluña. “Nos hemos de poner de acuerdo”, precisó, “algunos que piensan radicalmente diferente y radicalmente lo contrario sobre el artículo 155 de la Constitución”. Hace falta actuar con empatía y comprender a ambas partes y, a partir de ahí, buscar vías de entendimiento desde la política para evitar una fractura irreversible: “Hay que respetar la ley, pero estamos ante el problema político más relevante de la democracia desde 1981 y se necesita una solución política”.

“Los gobiernos de concentración son para situaciones excepcionales y no se me ocurre otra situación más excepcional que esta”, insistió este lunes en rueda de prensa Iceta. Cataluña necesita un Govern en el que esté “todo el mundo” y que, además de recuperar el control de las instituciones catalanas, impulse la economía, contribuya a un nuevo pacto social y a avanzar en el autogobierno y la mejora de la financiación.

La idea no ha suscitado ningún aplauso en el arco político catalán, sólo rechazo. Salvo por parte de Catalunya en Comú-Podem, que sin embargo no la ve viable precisamente por la oposición del PSOE. “Muchas veces no es lo que quiera el señor Iceta, sino lo que el señor Pedro Sánchez le deje hacer", declaró Elisenda Alemany.

El PSOE no respalda a Iceta

Así ha sido: la propuesta no ha merecido el apoyo de la dirección de Sánchez, que en el pasado siempre se había mostrado en sintonía con la estrategia de Iceta. Más bien todo lo contrario. La número dos del partido, Adriana Lastra, en rueda de prensa desde la sede de los socialistas madrileños, pasó por alto la idea del primer secretario del PSC y repitió, una y otra vez, el guión aprobado por el PSOE después de las elecciones catalanas del 21D: los socialistas catalanes del PSC en ningún caso van a apoyar a ningún candidato independentista porque el independentismo es “insolidario y excluyente". "No tenemos nada que ver con la causa independentista. Que nadie nos busque ahí”, subrayó.

Lastra mantuvo, sin mover una coma, la posición oficial del PSOE, muy distinta a la que Iceta lleva defendiendo desde el sábado: los independentistas tienen mayoría en el Parlament, así que deben ser ellos los que encuentren un candidato viable.

Lastra quiso restar fondo político a la propuesta del líder del PSC, que él mismo estaba reafirmando a esa hora en una comparecencia ante la prensa, interpretando que sus palabras sólo eran un llamamiento a "superar" la actual "ruptura social" entre catalanes basada en la idea de que “no hacen falta frentes" porque son precisamente los frentes los que han desembocado en la situación actual.

Una vez más, la dirección del PSOE —a través de Lastra— reafirmó su respaldo a las decisiones del juez Pablo Llarena, que la semana pasada ordenó encarcelar a cinco dirigentes independentistas, entre ellos el que en ese momento era el candidato del Parlament a la Presidencia de la Generalitat. España es un “Estado social democrático de Derecho” en el que todos están “obligados a cumplir la ley”, zanjó la mano derecha de Sánchez.

La apuesta de Iceta por una “solución política” es la misma que el PSC y el PSOE defendieron desde que Sánchez regresó a la Secretaría General del PSOE hasta el 21D. Ambos partidos enterraron este mensaje después de que las elecciones catalanas, que revalidaron la mayoría absoluta del independentismo, echasen por tierra el objetivo que se habían fijado de convertir el socialismo catalán en la clave de bóveda de la salida de la crisis abierta con la declaración de independencia y la aplicación del articulo 155.

A partir de ese momento PSC y PSOE asumieron el mismo discurso, que es el que Lastra repitió este lunes: los ciudadanos han dejado la responsabilidad en manos de los independentistas y son ellos los que tienen que formar gobierno. Hasta ahora: la propuesta de Iceta —que ha sido rechazada expresamente por Esquerra y no ha obtenido más que el tibio respaldo de los comuns— rompe la unidad de discurso en la familia socialista.

Ciudadanos pide la dimisión de Torrent

Ciudadanos, la formación más votada por los catalanes en las elecciones del 21D, no se quedó al margen, aunque su propuesta dista mucho de las de los demás grupos políticos. Su portavoz Inés Arrimadas anunció que Cs defenderá en la Cámara una resolución para pedir la dimisión de Roger Torrent, al que acusan de ejercer “sistemáticamente” sus funciones como presidente del Parlament “de manera arbitraria y tendenciosa a favor de los partidos independentistas y faltando a la neutralidad institucional que le es debida”.

A falta de un pronunciamiento del líder del PP catalán, Xavier García Albiol, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó a JuntsxCat que si Puigdemont no es hoy president es porque el Ejecutivo recurrió su investidura al Constitucional y que las medidas cautelares aprobadas entonces siguen vigentes. Cataluña, subrayó, “necesita un presidente de la Generalitat dentro de la ley y fuera de la cárcel. Lo demás es seguir utilizando Cataluña como si fuera un escenario de los independentistas”.

En cuanto al frente común que Torrent ha puesto encima de la mesa, Sáenz de Santamaría le acusó de “extralimitarse en sus funciones. Se le olvida que es el presidente del Parlament y que la primera función que tiene y está incumpliendo es proponer un candidato viable en Cataluña. Lo demás es aderezo”, concluyó.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido este miércoles que la "reunión protocolaria" celebrada entre su 'número dos', José Antonio Nieto, y Pablo González, directivo de Mercasa y hermano de Ignacio González, presunto cabecilla de la 'operación Lezo', no está siendo investigada por los fiscales del caso. "En modo alguno se le imputan delitos, ni hay línea de investigación abierta contra él", ha dicho.

Zoido se ha remitido en la sesión de control al Gobierno a la explicación que ofreció la Fiscalía Anticorrupción después de que Nieto pidiese explicaciones a los fiscales asignados al 'caso Lezo' por vincularle con la "presunta investigación chivada".

La alusión había sido incluida en el escrito de los representantes del Ministerio Público en el que se oponían a la excarcelación de Ignacio González.

El ministro ha rechazado que el secretario de Estado tenga que dimitir, como le ha vuelto a pedir este miércoles el PSOE, y ha dicho que está "absolutamente convencido" de que las explicaciones de Nieto han sido "suficientes, exhaustivas y también razonables".

En este sentido se ha referido a la comparecencia de su 'número dos' en la Comisión de Interior para insistir en que éste "no conocía nada" relativo a la 'operación Lezo' hasta las primeras detenciones el 19 de abril.

Zoido ha dado por buena la reunión del 8 de marzo entre Pablo González y Nieto, 42 días antes de que estallara la operación, y de la que no fue informado hasta que supieron que los dos hermanos González habían sido arrestados.

Nieto no le dijo que recibió al hermano de Ignacio González

Al ser preguntado directamente por esta cuestión, Zoido ha explicado que no supo hasta el 19 de abril que se había celebrado la reunión. "No me dijo nada, ni de que se iba a reunir ni de cuál fue su resultado", ha explicado en referencia al secretario de Estado.

Éste explicó en su comparecencia en el Congreso que, al enterarse de las primeras detenciones, informó de su cita al ministro y al director y director adjunto del gabinete de Zoido "por si pudiese ser relevante".

En una doble pregunta, el PSOE ha acusado a Zoido de continuar con el "desprestigio" del Ministerio del Interior, recordando polémicas recientes como el informe de la Agencia Tributaria en el que se constata la evasión fiscal de Rodrigo Rato y el cobro de dinero de empresas en su etapa como vicepresidente del Gobierno de José María Aznar.

La diputada socialista Soraya Rodríguez ha lamentado que la pregunta fuera contestada por el titular del Interior en lugar del responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro. En cualquier caso, se ha dirigido directamente a éste último, que escuchaba desde su escaño, para recordar que fue compañero de Rato en el Consejo de Ministros.

Irregularidades de los compañeros

"Usted debía estar tomándose alguna copa porque no se enteró", ha reprochado Rodríguez a Montoro, antes de aludir a una "amnistía fiscal indecente para beneficiar a presuntos delincuentes del Gobierno del señor Aznar".

En ese contexto, Zoido le ha preguntado si todos los miembros del PSOE conocían las "irregularidades de (Manuel) Chaves y (José Antonio) Griñán", en referencia a los escándalos que afectan a los antiguos dirigentes socialistas en Andalucía.

Zoido ha defendido la división de poderes y las investigaciones que desarrollan las fuerzas de seguridad. "La UCO", ha dicho sobre la unidad de la Guardia Civil, "tiene que responder exclusivamente ante jueces y fiscales, en ningún caso ante el Gobierno. El que la hace la paga, no vamos a interferir en la independencia que tiene la policía judicial", ha sostenido.

Los tuiteros lo tienen claro, donde hay barón no manda marinero:

La diputada del PSOE y exportavoz del grupo socialista en el Congreso Soraya Rodríguez, que este lunes abandonó la sede del PSOE en Valladolid tras recibir gritos de "traidora" por parte de la militancia, ha lamentado este miércoles que en el partido haya incidentes "demasiado a menudo". "Nunca escuché a Sánchez actitudes de descalificación", ha añadido.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Rodríguez, que preside el PSOE regional, ha explicado que tuvo que abandonar la sesión tras los reproches recibidos por un sector de la militancia porque no podía tolerar que los que piden primarias descalificaran a Patxi López, "el primer compañero que ha decidido dar el paso de presentarse" como candidato a la Secretaría General.

De esta forma, ha denunciado haber sufrido en los últimos meses "ataques", aunque no siempre "directamente", por su defensa de la Gestora Socialista.

"Lo que se ve ahí de forma parcial de verdad que no representa al PSOE en Valladolid ni a la inmensa mayoría de la militancia. Es un grupo reducido que siempre habla en nombre de la militancia pero que solo se representan a ellos mismos", ha manifestado.

La responsable socialista ha tachado de "lamentable" que este grupo suprima el argumento por el insulto y la descalificación personal. Así, ha explicado que le pidió al secretario provincial que recompusiera el marco del respeto y que no permitiera insultos a ningún compañero.

"Yo he ido siempre, he dado la cara defendiendo mi posicionamiento político con valentía. Lo grave de esto es que esta violencia verbal va dirigida a la intimidación. A mi no me callan, pero hay muchos militantes a los que este tipo de actitudes les hace retraerse", ha lamentado.

Rodríguez ha asegurado que en el PSOE se debate siempre "muy intensamente" pero con un "margen de respeto y con afecto" que es lo que une a compañeros que comparten un partido, un proyecto y "nunca la discrepancia política".

"Quienes quieren defender a Pedro Sánchez con estas actitudes tampoco le hacen ningún favor. Sin haber compartido nunca sus decisiones o planteamientos políticos, indudablemente nunca he escuchado a Pedro actitudes de descalificación", ha remachado.

Hay "una fractura"

Rodríguez, que también ha hablado en Los Desayunos de TVE, cree que el PSOE ha salido de un "proceso duro" y que hay "una fractura, pero no es cierto que sea entre las bases y la dirigencia como se ha querido visualizar". "Estoy convencida de que el partido va a salir del próximo Congreso con un mayor grado de unidad", ha opinado.

No obstante, Rodríguez cree que para ello hace falta que el proceso se haga con "respeto al otro" y sabiendo que tener un argumento político diferente no significa estar en contra de nadie. "Apoyar a un compañero en primarias significa que estás con él, no en contra del otro", ha aclarado.

"Quienes enarbolan esta bandera de quien no piensa como yo no es buen socialista, no van a ganar ninguna batalla porque son pocos. El PSOE no es esto", ha apostillado.

Soraya Rodríguez, diputada del PSOE en el Congreso, abandonó este lunes una reunión de los socialistas en Valladolid después de que un militante le acusase de "traidora", según informó el diario digital ÚltimoCero.

Estas acusaciones vienen determinadas por la defensa que Rodríguez hizo de la actual gestora nacional del partido.

La diputada ha preguntado en varias ocasiones al militante si esa acusación podía extenderse al nuevo candidato a la secretaría general del PSOE, Patxi López, quien acató la decisión del Comité Federal de abstenerse para que el PP pudiera gobernar. 

"Sin respeto no hay democracia, ni primarias, ni hay democracia en el partido", denuncia la diputada socialista.

Antes de abandonar la sala, Rodríguez se dirigió a la mesa del encuentro para reprochar a sus miembros que no había "derecho" y que no deberían permitir lo que estaba ocurriendo.

La división interna del PSOE volvió a reflejarse este martes en la reunión del grupo en el Congreso, que abordó los cambios en la dirección de los 84 diputados socialistas y los relevos en numerosas comisiones. Esas modificaciones fueron decididas la semana pasada por la comisión gestora, y perjudicaron fundamentalmente a parlamentarios que votaron contra la investidura de Rajoy –haciendo caso omiso a la decisión del Comité Federal– y a algunos afines a Sánchez que, pese a abstenerse, también perdieron cargos en comisiones.

El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, tomó la palabra al comienzo de la reunión para dar cuenta de los cambios en la dirección del grupo, de la que salen la balear Sofía Hernanz y la catalana Meritxell Batet, si bien el puesto de esta última queda vacante y reservado para otro miembro del PSC una vez se adopte alguna decisión sobre la relación entre los socialistas catalanes y Ferraz, sujeta ahora mismo a un proceso de revisión en el marco de una comisión bilateral con presencia de miembros de ambos partidos.

En palabras de un diputado afín a la gestora, Jiménez estuvo "bien" y dio "las explicaciones pertinentes". Fuentes del sector crítico consultadas por infoLibre, en cambio, aseguran que el portavoz de Ferraz mostró intención de abandonar la sala tras leer los cambios aprobados por la dirección transitoria del PSOE, y que en ese momento fueron varios críticos quienes pidieron intervenir. A favor de la gestora hablaron este martes Eduardo Madina, Soraya Rodríguez y Antonio Pradas, mientras que Odón Elorza, Sofía Hernanz, César Luena y Luz Martínez Seijo defendieron las tesis contrarias.

Los críticos piden explicaciones

Estos cuatro diputados cuestionaron especialmente las formas de la gestora, toda vez que la dirección provisional del PSOE no se comunicó con los afectados por los cambios, que se enteraron por los medios de comunicación. La balear Hernanz, por ejemplo, expresó que entiende los cambios en la dirección como algo "normal", pero advirtió de que anteriormente Ferraz nunca había entrado en la organización del grupo hasta el punto de decidir los cargos que asumen responsabilidades en las comisiones.

Quien fuera secretario de Organización con Pedro Sánchez, el riojano César Luena, agregó que cualquier sanción más allá de la multa a los diputados díscolos sería "un exceso" y también rechazó los cambios. En una línea similar se expresaron Luz Martínez Seijo y Odón Elorza. Fuentes del sector crítico censuran en conversación con este diario la "pasividad" del portavoz y presidente del grupo, Antonio Hernando, que no tomó la palabra este martes. "Antonio ha dejado que Mario Jiménez venga y haga una auténtica carnicería. Se están cargando el grupo", señala una diputada.

Siempre según el testimonio de la minoría crítica, Jiménez replicó con frase como "todos sabemos cómo es esto" o "¿qué os creíais, que esto no iba a pasar?", en referencia a los cambios en el grupo parlamentario. El portavoz de la cúpula transitoria del PSOE evitó profundizar en la motivación de los cambios acordados en el seno de la gestora por ocho votos a favor y dos en contra la pasada semana.

Malestar de la minoría con Madina

Especialmente molestos se mostraron varios diputados de este sector con el vasco Eduardo Madina. Según varias voces de este sector, Madina "atacó duramente" a la también diputada Rocío de Frutos, una de las quince que votó no a Rajoy y que fue relegada de la portavocía adjunta de la comisión de Empleo. Siempre según estas fuentes, Madina acusó a la gallega Frutos de "creerse que tiene un puesto fijo" y de "no tener ni idea de cómo funciona el partido". Un diputado subraya que "es la segunda vez que Madina ataca a Frutos" y califica el lance de "muy desagradable".

En defensa de la parlamentaria por Ourense –que fue impuesta en las listas por la dirección de Pedro Sánchez en detrimento de Laura Seara, quien había sido la propuesta por el comité provincial y que es ahora adjunta a la secretaría de Organización de la comisión gestora– salió el exalcalde de Donostia-San Sebastián Odón Elorza, quien exigió que acabe la "cacería" emprendida por la gestora y sus afines contra los diputados del no.

El sector afín a la gestora sostiene, en cambio, que Madina "calificó de intolerable" pero sin "personalizar las alusiones" que tanto Frutos como Zaida Cantera expresaran en público, tras ser desposeídas de sus puestos en comisiones, su preocupación por la posibilidad de que la nueva dirección del partido intentara impedirles desarrollar su trabajo parlamentario y llegasen a barajar si, de llegarse a ese escenario, no se estaría ante un caso de acoso laboral. "Y eso sólo lo puede decir alguien con una ignorancia incomprensible o con mucha mala fe", dice un diputado del sector mayoritario.

"Han recibido cumplida respuesta"

Diputados afines a la gestora, en cambio, consideran que los críticos tenían este martes el deseo de "reventar" la reunión de grupo parlamentario: "Los cambiados, con una actitud completamente ridícula, se han puesto a pedir explicaciones, cada uno preguntando por lo suyo, por su cargo, cuando antes nunca se preguntó. Esto es lo normal: las direcciones ponen y quitan, y ahora hay un cambio en la dirección política. No entender eso es no entender nada, y hoy han recibido cumplida respuesta de todo", dice un miembro del grupo parlamentario socialista afín a la nueva mayoría que dirige el partido.

Estas mismas fuentes señalan que "la actitud de los críticos es estar así, haciendo ruido, hasta el congreso [del partido]". "Nosotros lo soportaremos con entereza –comenta otra diputada–. Da vergüenza que después de tanto tiempo sin Gobierno, ahora que hay temas importantes, las reuniones del grupo se conviertan en discusiones de tan poco interés. Hoy han venido a reventar la reunión, y eso no puede ser. No lo han conseguido, pero ha sido desagradable por momentos". A puerta cerrada, la vallisoletana Soraya Rodríguez recordó, por ejemplo, que fue apartada de la portavocía del grupo que ostentó en la etapa de Rubalcaba al frente del PSOE cuando llegó Pedro Sánchez, un cambio que, subrayó, se entendió como algo normal.

La parte de la reunión dedicada a los cambios en los puestos concluyó tras la intervención de Rodríguez, cuando el secretario general del grupo, el andaluz Miguel Ángel Heredia, dijo apoyar la posición de su compañera de bancada y puso punto final a las intervenciones sobre este tema, pese a que aún quedaban seis turnos de palabra pedidos, en su mayoría del sector crítico. "Heredia ha aprovechado para cortar de mala manera", afirma a este diario una diputada crítica. "Ha hecho bien en pasar al resto de puntos del orden del día, que eran lo importante. No podemos perdernos en el ruido", dice un parlamentario del sector mayoritario.

Acceder a una Presidencia de Comisión en el Congreso permite a los diputados añadir a su retribución mensual un complemento de 1.431,31 euros más la posibilidad de contratar un asistente y de usar los coches oficiales reservados para los presidentes, según tiene establecido la Cámara Baja en su régimen económico.

Según ha informado Europa Press, este miércoles se han constituido las Comisiones Mixtas (Congreso-Senado) y se han cubierto otras plazas que estaban vacantes en distintas comisiones parlamentarias. En este proceso, el exministro José Manuel García Margallo ha sido elegido presidente de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, mientras que la exportavoz socialista Soraya Rodríguez ha logrado la Presidencia de la Comisión Mixta de la UE. La otra cara de la moneda la han protagonizado Jorge Fernández Díaz y el socialista catalán José Zaragoza.

Según el Régimen Económico y Ayudas de los Señores Diputados, todos los diputados tienen una asignación constitucional fijada en 2.813,87 euros mensuales, a la que se suma una indemnización de 870,56 euros mensuales para los diputados elegidos por Madrid y de 1.823,86 euros mensuales para el resto.

Junto a estas cuantías, y sin entrar en las ayudas al transporte y otras dietas que también están previstas para sus señorías, la Cámara Baja reconoce unos complementos mensuales por razón del cargo, que se abonan tanto a los miembros de la Mesa como a los portavoces y portavoces adjuntos de los grupos parlamentarios, a los presidentes, vicepresidentes y secretarios de las diferentes comisiones parlamentarias y a los portavoces de las formaciones políticas en las mismas.

No obstante, cabe apuntar que estos complementos no son compatibles entre si y sólo se puede cobrar por una comisión. Además, y en el caso de los exministros, no podrán percibir la indemnización de dos años de sueldo a la que tienen derecho tras salir del Gobierno ya que es incompatible con el escaño.

Dice el expresidente en funciones Mariano Rajoy –ya no sabe uno ni cómo llamarlo– que España nunca fue rescatada y que todos los problemas que ha tenido el país se deben, cuatro años más tarde, a lo mismo que cuando llegó a la Moncloa: a la herencia recibida del PSOE. Sin duda, con él y los suyos no habrá ese problema: entre la Gürtel, la Púnica y demás, la banda se lo ha llevado todo, no dejará nada por lo que pelearse. Un par de micrófonos más allá, dice el exministro en funciones de Economía, Luis de Guindos, exactamente lo mismo y le añade que el PP no ha hecho recortes en estos últimos cuatro años, de manera que lo que ha debido ocurrir sólo puede ser una de estas dos cosas: o teníamos roto el bolsillo y se nos cayó la paga, o somos todos unos mentirosos. Dice siempre que le apunta una cámara la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que en Génova no se ha visto un sobre con dinero indetectable jamás, que Luis Bárcenas era un tirador solitario y que sus cuentas de la lechera en negro no tenían absolutamente nada que ver con el PP, con lo que no se explica por qué no le han hecho aún una estatua a la entrada de la sede, ya que al parecer cargó a su cuenta la reforma que le hicieron y con las vueltas repartió unos sobresueldos. Así que o lo encarcelan o lo canonizan.

Dice el exministro en funciones del Interior, Jorge Fernández Díaz, metiéndose en camisas de once varas como si no lo hiciera ya suficientemente mal en su departamento, que “hay que acostumbrarse a los puestos de trabajo temporales” y que el contrato indefinido “forma parte de la Historia”. Hace falta ser Ruiz, como diría su jefe. Finalmente, dice la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, que el único partido que puede sacarnos del agujero en que nos encontramos es el mismo que lo ha cavado: el suyo. El problema es que a todo eso que dicen hay que restarle el hecho de que lo digan ellos, dado su historial de mentiras conjunto y por separado. Para que este artículo no tenga que crecer hasta convertirse en una enciclopedia del cinismo en diez tomos, ¿me aceptarían como resumen el ejemplo del propio De Guindos, que repite por tierra mar y aire que fue el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que nos llevó a la crisis y resulta que él era uno de los capitostes de Lehman Brothers? Nombrar a De Guindos para esa cartera fue lo mismo que poner al zorro a guardar el gallinero, como suele decirse; lo que pasa es que en esa frase hecha no se dice que, además de servirle de comida, las gallinas le tengan que votar cuando se presente a la reelección.

Uno no va a un mitin a hacer autocrítica, así que en una campaña es comprensible que todos los candidatos lancen promesas y se presenten como la mejor opción, la más fiable, la que garantiza el futuro y la que más esperanzas merece despertar. Por desgracia para muchos de ellos, la diferencia entre la verdad y la mentira es que la primera deja huellas y siempre habrá un periodista que las siga, alguien que se niegue a hacerse el olvidadizo y mirar para otra parte o una hemeroteca de guardia. Por no cambiar de tercio, cuando el propio De Guindos, después de tocar las campanas para alertarnos contra el populismo se atreve a ofrecer una bajada de impuestos, si ganan en junio, quienes debaten con él no tienen que abrir la boca, sólo ponerle delante la carta de Rajoy a Bruselas en la que anuncia que “conscientes de la necesidad de salir del procedimiento por déficit excesivo cuanto antes, en la segunda mitad del año, una vez haya un nuevo Gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas, si se requieren, para cumplir con el objetivo.” Más ajustes, más sufrimiento. Cualquier día los jueces van a tener que procesar a alguien por pertenencia a banda desalmada.

Los números también mienten, pero sólo a cambio de que al manipulador no le cuadren las cuentas, y aquí está muy claro que no nos salen, porque para lo único que ha servido esta legislatura es para que el PP destruyera el Estado del bienestar que dice defender a cambio de nada: los objetivos no se han cumplido, Europa nos vuelve a leer la cartilla, el paro nos asfixia, los salarios se han hundido, el trabajo es cada vez más precario y la desigualdad ha aumentado de forma escalofriante. Los únicos que han salido beneficiados son los únicos para los que gobiernan: los poderosos, los millonarios. Cualquier estudio que se quiera consultar, muestra que a la vez que la inmensa mayoría de los ciudadanos veía mermados sus ingresos y sus derechos a consecuencia de la crisis, las veinte mayores fortunas de nuestro país incrementaban un quince por ciento su riqueza. Que las dos cosas ocurran a la vez, ya es grave; que además se descubra cada día un caso de malversación, blanqueo, robo o evasión de impuestos que señalan a diferentes cargos públicos del PP, lo convierte en intolerable. “Si le sumas a la austeridad la corrupción, fabricas una bomba”, acaba de decir en Valencia el Nobel de Economía del año 2015, Angus Deaton. Quizás lo comentaran Rajoy y sus ministros del G8 –la ge debe ser por García y el ocho por el número de letras del apellido Margallo– en la comida que celebraron para rendir homenaje a Soria, el exministro de Industria que se ha visto obligado a dimitir por tener cuentas opacas, por tratar de engañarnos acerca de ellas y por las dos cosas. ¿Qué era lo que celebraban? ¿A quién le daban ánimos? El lema de los conservadores, “A favor”, ¿significa eso? ¿A favor de qué? Menos mal que el subconsciente a veces traiciona a quien tiene algo que ocultar, y para demostrarlo el PP del País Vasco puso un anuncio en el que por fingir que saben euskera se les escapó un lema que se puede traducir por “lárgate ahora más que nunca”, escrito bajo la fotografía de Rajoy. Ya lo dijo él mismo en el Congreso: "Lo único que hemos hecho nosotros es engañar a la gente".

Eso sí, esperemos que la respuesta a la bajada de impuestos que anuncian los embaucadores no sea la idea del PSOE de crear otro que complete la financiación de las pensiones, cuya hucha ha saqueado el PP, porque no sería más que incidir en ese modo de atraco en diferido que consiste en hacernos pagar por la misma cosa dos veces, y ésa ya la costeamos con nuestras cotizaciones. Lo que hay que hacer para que el sistema funcione es crear empleo, y dado que eso lo sabe cualquiera, si buscan remiendos, atajos o puertas falsas será porque quienes lo hacen se consideran incapaces de conseguirlo.

Lo que hay que ver, ni más ni menos que a gente como Luis de Guindos dando lecciones de economía a los mismos a los que ha arruinado. Es de esperar que los que le oyen no se las crean. A quienes te estafan, no se les da una segunda oportunidad.

El derecho a reconocer el pasado, a recuperar la memoria histórica, se dio cita este sábado en Madrid en la presentación de la iniciativa por la Comisión de la Verdad en el Parlamento. En un acto desarrollado en el Ateneo de Madrid e impulsado por la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, juristas, políticos y asistentes debatieron sobre un pasado que, para casi todos los presentes, debe ser reconstruido.

“Hay quien dice que mirar la historia es un problema irresoluble y que es mejor ignorar el pasado”, apuntó Jaime Ruiz Reig, el presidente de la Asociación para la Memoria Social y Democrática (AMESDE) durante su discurso de apertura. Sin embargo, continuó, “mirar la historia es facilitar no caer en los mismos errores”.

Esta opinión fue respaldada por el coordinador general de Convocatoria Cívica, Ángel Viviente, quien instó a los asistentes a firmar la petición en la platafoma Change.org para la creación de una Comisión de la Verdad “que encuentre y explique de una vez por todas lo que sucedió en nuestro país”. Por el momento, 105.000 personas ya han mostrado su apoyo a esta petición que, en palabras de Viviente, “sólo es el inicio”.

El objetivo es que el Parlamento se haga eco de su solicitud y finalmente se “elimine la impunidad de los graves crímenes cometidos contra la vida por las instituciones del franquismo”. No obstante, el camino no es fácil. Una persona que conoce de cerca esta realidad es el jurista Baltasar Garzón, uno de los ponentes en el acto e impulsor de la recogida de firmas.

Para el jurista, recuperar los cuerpos de los miles de víctimas del franquismo es “un derecho fundamental, un derecho humano y reconocido como tal por los organismos internacionales”. Por eso se apoyó en el Informe del Relator Especial sobre la promoción de verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, emitido en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para subrayar que “es el Estado quien tenía que estar presente y avalar esta situación” y que ante su ausencia “son las víctimas y asociaciones quienes se vieron obligados a tomar el testigo".

Garzón criticó a un determinado sector social que "se limita a decir que ya estamos reconciliados". En cambio, "la afirmación de reconciliación es la excusa permanente cuando no ha habido ni verdad, ni justicia ni reparación", subrayó. "Nadie en España puede pensar que por hablar y por conseguir hacer una reparación mínima y suficiente se vaya a quebrar ningún sistema democrático". En cambio, el jurista apuntó que no todo el mundo opina igual. "La propia ausencia del Partido Popular esta mañana así lo evidencia", afirmó. "No entiendo por qué no se puede hablar con el PP de estos temas", cuando sólo se trata de "hablar", recordó.

De hecho, los conservadores no respondieron la petición de los organizadores solicitando su asistencia al acto. De aspecto diferente pero con el mismo final fue lo sucedido con Podemos. Estaba previsto que Rafael Mayoral acudiese al evento en representación de la formación morada, no obstante, éste se ausentó para desconocimiento de los organizadores, quienes no obtuvieron ninguna explicación.

Quienes sí acudieron fueron Sol Sánchez, en representación de Izquierda Unida; Soraya Rodríguez, por el PSOE; y Miguel Gutiérrez, por Ciudadanos. Este último, además, fue el único que recibió abucheos por parte de los asistentes tras explicar la postura de la formación naranja sobre la memoria histórica.

Gutiérrez comentó que desde Ciudadanos ven con buenos ojos que los familiares de las víctimas puedan recuperar los cuerpos de las víctimas, pero interpretó que hasta que no se conforme un nuevo gobierno no entrarán a valorar la formación de la Comisión de la Verdad.

Por su parte, Sol Sánchez, diputada de IU-UP en el Congreso durante la pasada y corta legislatura, subrayó que desde su formación incluyeron en el programa de cara al 20-D diversas propuestas para recuperar los cuerpos de las víctimas del franquismo. Y Rodríguez, la que fuese portavoz socialista en el Parlamento entre 2012 y 2014, optó por rechazar las medidas impulsadas por el Partido Popular para acabar con la Ley de Memoria Histórica que aprobó el PSOE en 2007.

En alusión a una entrevista concedida por Mariano Rajoy al diario 20 Minutos en 2008, en la que el entonces candidato a la presidencia afirmó que no daría ni un sólo euro del erario público para recuperar el pasado, la socialista reprochó que tal como afirmó Rajoy así ha cumplido durante su mandato; al tiempo que subrayó que de haber gobernado el Partido Socialista la pasada legislatura, la Comisión de la Verdad ya hubiese estado creada y en funcionameinto.

"Nuestra historia está llena de héroes y heroínas"

Una de las ponentes con mayor énfasis en la recepción de sus palabras fue Cristina Almeida. La abogada y política afirmó que no quieren investigar los crímenes del franquismo “por un afán de venganza, sino porque creemos que nuestra historia está llena de héroes y heroínas”.

Para Almeida, las firmas para conformar la Comisión de la Verdad no son sólo unas cifras, sino un apoyo “para sentirnos cada vez más unidos en esa exigencia”. “Aquí nadie habla de que ha habido 40 años de fascismo y de que de esos 40 años no han durado en ninguno de los países donde estuvo el fascismo”, continuó. Por eso creyó en sus palabras que para poder devolverle la democracia a España había que empezar por devolver los cuerpos a las familias de los asesinados por el franquismo.

"Los valores democráticos no llueven del cielo, se conforman, se educan y se practican si se quieren desarrollar una sociedad democrática", apuntó en su intervención Jaime Ruiz Reig, quien calificó este valor como "eje fundamental" y aludió a la "falta de conocimiento" de la sociedad española. "Cuando la población no está educada en el reconocimiento de la verdad, tenemos un problema", remarcó.

El jurista y político Manuel de la Rocha, recordó que “la transición tuvo un loable objetivo: la reconciliación de los españoles”. Sin embargo, en vez de desarrollarse como se estipuló, “se llevó a cabo con el olvido de las víctimas del franquismo, no de las otras [en referencia al otro bando]”.

De la Rocha hizo un repaso por las diferentes medidas adoptadas tanto a nivel internacional como nacional por recuperar la memoria de las víctimas, e instó a apoyar las acciones impulsadas por diferentes gobiernos municipales y autonómicos durante estos últimos años para abrir gran número de fosas comunes.

“En Valencia se han doblado el número de fosas reconocidas” desde las pasadas elecciones municipales, apuntó. Asimismo, en otros espacios como Madrid destacó la creación del Comisionado de la Memoria. “Pronto habrá elecciones generales y una nueva mayoría deberá abordar estos sistemas con determinación”, afirmó. En este término instó a que su consecuencia sea “la constitución de una Comisión para que las heridas se cierren y los principios de verdad se apliquen, para que la democracia sea plena”.

Memoria para compartir, para cooperar y trabajar juntos

El que fuese director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, elaboró un discurso con grandes dosis de emotividad. No sólo por su recuerdo a Luis García Montero, ponente en el acto que no pudo acudir por una fractura sufrida este viernes, sino por sus palabras de unidad para la memoria.

“Parlamento viene de parlare, no de aplaudire y por eso lo que tenemos que hacer es que ahora llegue el momento de pasar de la fuerza y la confrontación a la conversación, al diálogo, al encuentro, a la conciliación y a la mediación”, señaló Mayor Zaragoza.

“La prevención es ahora nuestra obligación y cuando se autorizan manifestaciones de grupos fascistas que deberían estar fuera de la ley me acuerdo de lo que sucedió en España en el 35 y 36”, explicó. Por eso reforzó la necesidad de la memoria “para compartir con los demás”, “para cooperar y trabajar juntos”, “para estar al lado de los que sufren”, “para comprometerse”. Pero sobre todo instó a recuperar la memoria para “las generaciones venideras”.

“Esta es la memoria, lo sé como testigo y a veces como director de procesos de paz. Lo que más logra conciliar la voluntad de los que han estado confrontados es precisamente hablar de sus hijos. No de su presente ni de su pasado, sino hablar de las generaciones venideras”. Por eso, pidió “que la voz llegue fuerte y alto a todos los rincones de la tierra, que todos los que puedan se unan a este grito”, incluidos los representantes de los partidos políticos.

"Sigue habiendo más de 400 eurodiputados con fondos de pensiones en una sicav". Fue la denuncia que hizo hace unos días el coordinador general de IU, Cayo Lara, en referencia a la información que publicó a este respecto infoLibre en junio. Y es que, de los más de 100 parlamentarios y exparlamentarios españoles que en algún momento figuraron en la sociedad que gestionaba el fondo en Luxemburgo, sólo cinco se han dado de baja o han pedido hacerlo en los últimos meses.

Hace cinco meses, este diario publicó que cientos de eurodiputados y antiguos parlamentarios europeos –entre ellos más de 110 españoles– participaban o lo habían hecho en algún momento –varios se dieron de baja hace años– en un fondo de pensiones gestionado a través de una sicav luxemburguesa, una sociedad con una tributación de sólo el 0,01% de sus activos netos. Precisamente esos activos, al cierre del ejercicio 2012, ascendían a 164,7 millones de euros. Pero no todos habían salido de las aportaciones de los eurodiputados. Solo entre 2000 y 2009, el Parlamento Europeo puso casi 100 millones de euros públicos: dos por cada uno que ingresaban los parlamentarios.

La aparición de esta información provocó la dimisión como eurodiputado del recién reelegido Willy Meyer, cabeza de lista de IU. Pero otros nombres muy destacados también estaban incluidos en la relación. Del PP eran 43 los miembros, entre los que destacaban Ana Mato, Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete, ministros todos ellos durante esta legislatura. Los dos primeros fueron eurodiputados entre 2004 y 2008, cuando abandonaron la asociación. Por contra Cañete, ahora comisario de Cambio Climático y Energía y eurodiputado también entre 1986 y 1999, ha continuado en el listado e incluso administró la sicav en 1996.

Eran los socialistas, no obstante, los que más representantes tenían en la lista de miembros o exmiembros del fondo: hasta 49. Y entre ellos también había nombres ilustres: la eurodiputada Elena Valenciano, que encabezó las listas del PSOE en los pasados comicios europeos, Soraya Rodríguez, exportavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y europarlamentaria entre 1999 y 2004, o Joan Calabuig, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia y que fue eurodiputado entre 2004 y 2008.

Los eurodiputados alegan desconocimiento

De todos los eurodiputados y exeurodiputados españoles que seguían inscritos en el fondo, sólo cinco de ellos han pedido abandonarlo tras las revelaciones de infoLibre. Además del propio Willy Meyer (IU), lo han hecho cuatro políticos socialistas: Elena Valenciano, Soraya Rodríguez, Joan Calabuig e Inés Ayala. Los tres primeros, de hecho, ya anunciaron en su día que iban a darse de baja, y en algunos de los casos alegaron desconocer que el fondo lo gestionaba una sicav.

Ese es precisamente el argumento que ofrecen Valenciano y Ayala en la carta que enviaron al Parlamento Europeo el 25 de junio para desligarse de esta sociedad. "Quiero solicitar mi baja en el Fondo de Pensión Complementaria en el Parlamento Europeo, al haber tenido constancia de que la fórmula escogida por la entidad gestora para este sistema es una sociedad de inversión de capital variable con sede en Luxemburgo", pide la misiva de Valenciano, una carta que también señala que, si la eurodiputada suscribió el fondo en 1999 fue, "como muchos otros colegas", por la ausencia de "un régimen de cotización común ni ningún régimen de pensiones común".

Este argumento también fue el que utilizó el Parlamento Europeo en un comunicado publicado tras destaparse el funcionamiento del fondo, del que dijeron que estuvo abierto hasta el año 2009, cuando entró en vigor el nuevo estatuto del eurodiputado que supuso que salarios y prestaciones sociales –y por tanto, también las pensiones– de los miembros de la cámara comunitaria pasaran a depender de las instituciones europeas. "Desde ese instante cesan las aportaciones al fondo, así como la incorporación de nuevos eurodiputados al mismo", señalaba la nota.

Rodríguez espera la liquidación y Calabuig no ha recibido respuesta

Soraya Rodríguez, por su parte, también motiva su carta –fechada el pasado 30 de junio– en el desconocimiento de que el fondo estaba gestionado por una sicav, si bien asegura que "desde hace diez años no tenía una vinculación consciente" con el mismo, por lo que durante ese tiempo no ha realizado "ninguna aportación". La exeurodiputada, en declaraciones a infoLibre, explica que en octubre el Parlamento le ingresó 46.500 euros en concepto de liquidación a su nombre pero en una cuenta errónea, por lo que ha tenido que enviar otra carta a la Eurocámara para corregir estos datos, recibir el dinero y desvincularse completamente.

Según explica una portavoz del PSOE en Bruselas, tanto Valenciano como Ayala pidieron presencialmente su baja del fondo con posterioridad a haber enviado la carta y ya no están vinculadas al mismo. Estas fuentes no han podido aportar documentación que acredite esta baja definitiva porque aseguran que las eurodiputadas no recibieron ningún escrito al desvincularse del fondo, si bien apostillan que Ayala sí ha solicitado y está a la espera de recibir un documento que sustente su renuncia. Calabuig, por su parte, señala que la carta que envió a finales de junio al Parlamento Europeo aún no ha recibido respuesta.

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), que en su día se negó a retirar del escudo de la ciudad la Cruz Laureada de San Fernando, concedida por Francisco Franco, es un político a quien le gusta alardear de amistades importantes, como José María Aznar y José Luis Ulibarri, empresario imputado en el caso Gürtel. Médico ginécologo de profesión, el regidor se ha caracterizado por unos excesos verbales que casi siempre tienen como objetivo a la mujer y en especial a las políticas socialistas:

Un cartel que exhibió el diputado de Compromís Joan Baldoví en su turno de palabra resumió gran parte de la jornada. Una boca con los labios sellados y la leyenda "Silencio. Estamos decretando". En un tiempo récord, el real decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento que recibió luz verde del Consejo de Ministros el pasado viernes llegó este miércoles al Congreso de los Diputados.

Los grupos parlamentarios de la oposición ya exhibieron su enfado el pasado martes en la Diputación Permanente en la que se debatió el orden del pleno de esta semana. En esta ocasión, ya en el hemiciclo, los portavoces solemnizaron sus quejas contra el Ejecutivo, contra el Grupo Parlamentario Popular y contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En ausencia del presidente, Mariano Rajoy, fue ella la encargada de defender este paquete legislativo que afecta a 8 proyectos de ley y modifica una treintena de leyes en las que están implicados nueve ministerios. Una iniciativa de gran calado, único extremo que compartieron desde Moncloa y la oposición, cuyo debate sólo presenciaron tres miembros del Gobierno, sin contar a la mano derecha de Rajoy: las titulares de Fomento, Ana Pastor; Empleo, Fátima Báñez, y sanidad, Ana Mato.

A las 15.00 horas, ya con más ministros en la Cámara se produjo la votación. Salió adelante con los votos de los conservadores. Y se tramitará, porque así fue apoyado mayoritariamente, como proyecto de ley por procedimiento de urgencia. Esto es, se podrán presentar enmiendas. La mayoría absoluta del PP, no obstante, garantiza el control del texto por parte del Gobierno.

La Constitución, en su artículo 86, faculta al Gobierno, "en casos de extraordinaria y urgente necesidad", a dictar disposiciones legislativas provisionales. Son los reales decretos leyes. Estos entran en vigor en cuanto se publican en el Boletín Oficial del Estado, pero el Congreso ha de debatirlos y votarlos en su totalidad en el plazo de un mes desde su promulgación.

"Huir de debate"

Uno tras otro, todos los grupos parlamentarios que subieron a la tribuna del hemiciclo echaron en cara al Gobierno su afición al decreto ley, a esquivar el debate parlamentario. Fue una idea recurrente de la que echaron mano desde el PSOE, primer grupo en hacer uso del turno de palabra, hasta el Partido Nacionalista Vasco. De hecho, el PNV, en señal de máxima protesta, anunció por medio de su diputado Pedro Azpiazu que no iban a votar el decreto. Igual comportamiento mantendrán los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), según anunció la diputada Teresa Jordà. "Han usado su mayoría absoluta para censurar debates", reprocharía la diputada de izquierda al Gobierno, en alusión a las casi 30 leyes que se modifican en este 'decretazo'. Está por ver si a lo largo que avanza la mañana, otros partidos se plantean dar plantón a la votación. Al filo de las 14.00 horas, la Izquierda Plural negociaban con otros grupos la posibilidad de articular una iniciativa común.

¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué se hurta al Parlamento del debate? ¿Por qué estas reformas y no otras? ¿Por qué el Gobierno falta el respeto de esta manera a la Cámara? Muchas preguntas sobre la mesa y una misma respuesta para todas que podría resumirse en que el momento es ahora porque no puede frenarse en seco la "recuperación económica" tan en boca de los miembros del Gobierno de Rajoy.

"De esto va el decreto..."

La vicepresidenta del Gobierno planteó el debate en términos de que quien no está por este paquete legislativo no está por la recuperación económica. A su juicio, lo que pueda pasar a partir de ahora "depende de medidas como las que tomamos hoy". "En su voto está que sigamos adelante o que pongamos excusas para la recuperación", apeló a los diputados. Y a partir de ahí, fue desgranando –ella tuvo tiempo ilimitado y se extendió por una hora en su intervención inicial– todas las materias que abarca este decreto: jóvenes, autónomos, tarjetas de crédito, turismo, comercio, pymes, entes locales, comunidades autónomas, medio ambiente, energía e infraestructuras y transportes.

"De esto va este decreto", Esta fue su coletilla cada vez que vendía los diferentes capítulos de su 'decretazo''decretazo'. Una coletilla que después recuperaría la socialista Soraya Rodríguez durante su intervención para poner de manifiesto la, a su juicio, "chapuza legislativa" que supone este decreto. "El Gobierno no tiene ningún inconveniente, tiene urgencia", contestaba la número dos de Rajoy. Y como ejemplo, añadía: "Mejor corregir el déficit de tarifa del gas ahora, cuando es pequeño. Por eso hay que poner solución ahora, no a finales de año".

"Un decreto cada 17 días"

La portavoz socialista arrancó su intervención cargando contra el abuso del decreto ley por parte del Gobierno. "Un decreto ley cada 17 días", echó la cuenta. Rodríguez, que calificó de "bochornoso" el "espectáculo" que estaba viviendo el Congreso, anunció que su grupo presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional y el voto en contra. También reclamó su tramitación como proyecto de ley "aunque ni siquiera esta posibilidad subsanaría la barbaridad legislativa que el Gobierno está perpetrando en este triste día para la democracia y para el parlamento".

En la Cámara baja ya son habituales los duelos entre 'sorayas'. Y en esta ocasión no fue menos. Bastó para que la socialista acusara a los conservardores de abusar de este formato legislativo para que Santamaría se sacara de la manga una amplia ración de 'y tú más'. "Para reprender no se puede tener faltas", tiró de refrán para sostener que para decretos ley, los de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó los "mayores recortes de la democracia". No obstante, ofreció "debate" a los grupos.

"Cómo no iba usted a hablar del Gobierno de Zapatero", respondió la socialista con ironía.

El portavoz de CiU, Sánchez Llibre, anunció su voto en contra. Fue muy escueto antes de ceder el turno al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso: "No queremos contribuir a este debate de la confusión ni a debilitar la actual democracia".

"Una cacicada más"

Desde la Izquierda Plural, Joan Coscubiella, que compartió el turno de palabra con su compañera De las Heras, calificó la jornada de "cacicada". "Una más" de este Gobierno, dijo. 

Tras señalar que "las formas son la esencia de la democracia", señaló que el Gobierno se ha convertido en "constitucionalistas a tiempo parcial". "Lo hacen porque cuentan con impunidad", dijo avanzando la que, a su juicio, podría ser "la próxima cacicada" del Ejecutivo: legislar para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada.

De "chapuza" también habló Carlos Martínez Gorriarán (UPyD). "Sus medidas de regeneración consisten en sustituir la labor del Parlamento", espetó a los conservadores que en la última semana han anunciado una nueva fase de sus medidas de "regeneración democrática" y contra la corrupción. "Estamos en un proceso de degeneración democrática y su supuesta regeneración consiste en traer este decreto chapucero", insistió. 

A juicio del diputado de UPyD, con medidas de este tipo lo que va a conseguir el Gobierno es "lo que han conseguido ya": "Alentar el populismo".

"Más que un decretazo es un decretón", arrancaría Pedro Azpiazu (PNV), que tras reivindicar el papel del Parlamento anunció que por la excepcionalidad del asunto iban a ausentarse de la votación.

Contexto

El Consejo de Ministros ha aprobado en esta legislatura, desde diciembre de 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, un total de 56 decretos leyes.56 decretos leyes. 40 de ellos han sido convalidados por la vía rápida, otros 13 fueron tramitados como proyectos de ley (o sea, con enmiendas) y tres más están pendientes del pronunciamiento del Congreso. Suponen el 42,75% de la producción legislativa del mandato de Rajoy (131 textos). Récord absoluto desde, al menos, el cuatrienio 2000-2004.

En la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), se aprobaron 198 normas. De ellas, 57 fueron decretos leyes (uno cuando el Gobierno ya estaba en funciones), el 28,78% del total. En la VII Legislatura, la de 2000-2004, el último periodo en la Moncloa de José María Aznar, se dio luz verde a 234 normas. La inmensa mayoría (el 82,05%) fueron leyes, 192, y sólo 42 (el 17,95%), decretos leyes.