La Casa del Rey no considera "ni necesario ni oportuno" el mensaje del rey Juan Carlos I difundido mediante un vídeo que desde esta mañana circula por las redes sociales en el que se dirige a los jóvenes para pedirles que apoyen a su hijo, el rey Felipe VI, y del cual no tenían conocimiento en el Palacio de la Zarzuela.

Fuentes de Zarzuela se han expresado en estos términos tras comprobar la difusión que está alcanzando del vídeo, que puede reproducirse desde la plataforma YouTube y en el cual el rey emérito aparece solo, sentado en una silla, con una gran bandera nacional ondeando detrás de él.

Con este "mensaje para los jóvenes españoles" el padre del jefe del Estado, que desde hace años reside en Abu Dhabi, ruega que respalden a su hijo en su "duro trabajo" de "unir a todos los españoles".

Y añade: "Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar".

Eso sí, reafirma que "con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es".

Precisamente la difusión de las imágenes se produce en vísperas de la aparición en España de su libro Reconciliación, sus memorias ya publicadas en Francia. De hecho, Juan Carlos ha hecho referencia a esta publicación, de la que asegura que el objetivo es transmitir la historia reciente de España "sin distorsiones interesadas".

"La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo", añade.

Zarzuela remarca, tras confirmar que no sabían nada de este mensaje, que tampoco entiende cuáles son los objetivos que con él busca el rey emérito.

El vídeo dura apenas un minuto y medio y su autenticidad ha sido confirmada a EFE por fuentes del entorno del rey Juan Carlos.

El rey emérito navega en Sanxenxo estos días, se refugia en la casa de su amigo Pedro Campos. Se ve con familiares y conocidos. Los paparazzi le persiguen camino del Club Naútico. Vive una vida al margen de los escándalos que vuelven a azotar a su figura tanto del presente como del pasado. Y no abre la puerta a dar ninguna explicación.

Juan Carlos I se encuentra de vacaciones unos días en Galicia, donde ha mantenido encuentros privados con los actuales reyes y la princesa Leonor, además de contar con el apoyo personal de la infanta Cristina, que vuelve a dejarse ver en sociedad en España tras años de retirada por el escándalo del caso Nóos. El motivo de su estancia en el país: defender el título del Bribón en la competición europea de la clase 6M.

Pero fuera de esas cenas y regatas, hay una realidad que vuelve a cercar a Juan Carlos I: la polémica por la creación de una fundación en Abu Dhabi para vehicular su herencia y la publicación por parte de la revista holandesa Privé de unas fotografías suyas junto a la actriz Bárbara Rey, que fueron tomadas por el hijo de ella, según el propio Ángel Cristo junior, en 1994 cuando tenía 13 años. El medio habla de que esas instantáneas se utilizaban para chantajear al monarca y que tuvieron que intervenir hasta los servicios secretos españoles.

De esta manera, la figura de Juan Carlos I vuelve a estar en el centro de la polémica, mientras él se queja en privado de que le han robado la historia sobre su persona y su reinado. Acaba de terminar precisamente de elaborar un libro de 500 páginas, según avanzó Point de Vue, con sus memorias, que verán la luz el año que viene en Francia bajo el título de Reconciliación. El motivo, añade el medio, lo expresa así el emérito: "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia".

Juan Carlos I quiere contar así su vida. Pero las polémicas ya están en el propio Congreso de los Diputados, donde parlamentarios de la izquierda quieren más transparencia. Este mismo martes, Podemos registró una batería de preguntas destinadas al Gobierno. La exministra y líder morada, Ione Belarra, aduce en su escrito que “en los últimos días han aparecido en la revista holandesa Privé unas fotos del antiguo Jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, junto a una conocida artista, Doña María García García, conocida como Bárbara Rey, con la que supuestamente mantenía una relación personal”. “A raíz de dicha publicación han aparecido recurrentes noticias en prensa que se hacen eco de una posible utilización de dinero público proveniente de fondos reservados para ocultar esta relación, señalando al CESID (antigua denominación del CNI) en esta cuestión”, recalca.

Por ello, pregunta al Gobierno directamente: “¿Cuántos fondos públicos y provenientes de qué partidas se han destinado a la ocultación de la supuesta relación de Juan Carlos de Borbón con Doña María García García? ¿Se han destinado fondos públicos a la ocultación de otras relaciones análogas?”.

Estas preguntas de Podemos se unen a las recientemente registradas por Gabriel Rufián, de ERC, en la Cámara Baja con destino al Ejecutivo en relación a la fundación creada por Juan Carlos I en Abu Dhabi. En el escrito, el portavoz explica en la iniciativa sus motivos: “En los últimos años, las informaciones sobre los presuntos escándalos financieros y personales relacionados con el rey emérito Juan Carlos I han sido constantes, poniendo en duda la transparencia de la Casa Real española. Según diversos informes periodísticos y judiciales, el monarca emérito habría utilizado su posición para realizar negocios turbios, como el cobro de comisiones ilegales en transacciones internacionales, particularmente con monarquías árabes. Un ejemplo notable es la supuesta recepción de 100 millones de euros de Arabia Saudita, transferidos a una cuenta en Suiza a nombre de una fundación panameña”,

“Estas prácticas, investigadas por las fiscalías suiza y española, incluyen el uso de cuentas offshore y tarjetas de crédito con fondos no declarados, como las transferencias millonarias a examantes. El caso de Corinna Larsen, quien recibió 65 millones de euros, ha sido especialmente relevante, ya que ha denunciado amenazas y persecuciones por parte de los servicios secretos españoles para proteger la imagen del rey. El documental Salvar al Rey revela el papel del CESID (actual CNI) en encubrir estos escándalos, incluyendo espionaje al propio monarca y presiones a examantes”, traslada el diputado en el texto.

El argumento de ERC para hacer estas preguntas pasa por: “Además, se ha señalado la implicación del rey emérito en el cobro de comisiones relacionadas con la construcción del AVE a La Meca, en una trama que involucra al excomisario Villarejo. A pesar de la regularización fiscal que Juan Carlos I realizó ante Hacienda, las investigaciones no han cesado. Recientemente, se ha revelado que ha creado una fundación en Abu Dhabi para gestionar su patrimonio y garantizar la herencia a sus hijas, lo que plantea nuevas dudas sobre la transparencia de sus finanzas y la supervisión por parte de las autoridades españolas”. “El actual rey, Felipe VI, renunció públicamente a la herencia de su padre cuando estos escándalos se hicieron públicos, pero se ha señalado su implicación como beneficiario de algunos de los fondos opacos. Esto no solo afecta a la figura de Juan Carlos I, sino también a la propia institución monárquica, sumiendo a la Casa Real en una crisis de legitimidad”, recoge el documento.

Para él, “ante esta acumulación de irregularidades, tanto fiscales como penales, es imprescindible que el Gobierno español adopte medidas para garantizar la fiscalización y transparencia de las finanzas de la Familia Real”. En opinión de Esquerra, la creación de la fundación en Abu Dhabi “podría ser un nuevo intento de desviar fondos del control fiscal español, lo que plantea la necesidad de un mayor escrutinio para proteger la credibilidad de las instituciones públicas y evitar que se perpetúen privilegios ilegales.

ERC pide al Gobierno que responda por escrito a las siguientes cuestiones: “¿Qué conocimiento tiene el Gobierno sobre las investigaciones relacionadas con las comisiones presuntamente ilegales cobradas por Juan Carlos I, como en el caso de la construcción del AVE a La Meca? ¿Qué medidas prevé el Gobierno para asegurar la transparencia y fiscalización del patrimonio del rey emérito, incluyendo los fondos transferidos al extranjero a través de fundaciones como la recientemente creada en Abu Dhabi? ¿Tiene conocimiento el Gobierno de las actuaciones presuntamente ilegales de los servicios secretos para encubrir los escándalos de Juan Carlos I? En caso afirmativo, ¿qué medidas ha adoptado o piensa adoptar al respecto?”.

Además, exige al Ejecutivo que responda si se van a impulsar reformas para eliminar el privilegio de inviolabilidad de los monarcas y acciones “para garantizar que no se puedan utilizar fundaciones extranjeras, como la creada por Juan Carlos I en Abu Dhabi, para eludir el control fiscal y la transparencia que exige la legislación española”.

Mientras se suceden estos movimientos parlamentarios exigiendo transparencia, desde el Gobierno se trata de reducir la polémica y la propia vicepresidenta segunda y titular de Hacienda, María Jesús Montero, eludió entrar de lleno cuando le preguntaron en el Senado argumentando que no podía comentar “recortes de prensa”. Asimismo, quiso desentender al Ejecutivo diciendo que, si el emérito vive fuera de España, “evidentemente la Agencia Tributaria no tiene ninguna competencia sobre esta cuestión”.

En cambio, el ala de Sumar sí ha criticado abiertamente la actitud del emérito. El portavoz en el Congreso de este espacio, Íñigo Errejón, afirmó en una rueda de prensa: “Si fuera monárquico, se me caería la cara de vergüenza de que el monarca se esté riendo de toda España". Remarcó al hilo de conocerse la creación de la fundación que Juan Carlos I fue durante muchos años la justificación de la institución y ha resultado “de lo peorcito” eludiendo impuestos. “Ahora crea la fundación para que sus herederos, que ya tienen la vida garantizada y que iban a vivir de maravilla sin tener que hacer nada en toda la vida, además puedan recibir una herencia inmensa”, resumió.

La fortuna del rey emérito está en el punto de mira desde hace años. La Fiscalía del Tribunal Supremo cerró las causas abiertas por las comisiones del AVE a La Meca, la sociedad en Jersey y el supuesto uso de tarjetas black pertenecientes a empresarios después de la regularización fiscal hecha por el propio Juan Carlos I, por haber prescrito algunos de los supuestos delitos investigados y por la inviolabilidad que le otorga la Constitución durante su reinado.

Las izquierdas también se unieron pero de manera infructuosa durante este pasado mes de septiembre para presionar para que el Congreso retire todos los bustos y retratos del emérito en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa fue sometida a votación en la Mesa de la Cámara Baja a petición de Podemos, contando solo con el apoyo de los dos miembros de Sumar, que no pudieron romper con la mayoría representada en el órgano por el PSOE y por el Partido Popular.

Desde el ala del Gobierno de Sumar también se presiona para que en el plan de regeneración democrática se materialice una reforma del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona. Desde la parte socialista no se concreta que esto pasará, pero el propio ministro de Cultura y negociador del plan, Ernest Urtasun, reconoció en una entrevista con infoLibre: “Lo hemos acordado con el PSOE, es medieval”.

A pesar de estas polémicas, desde Zarzuela y el entorno del rey se trata de revestir de normalidad estos días. El pasado viernes se vieron en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) los reyes Felipe y Letizia, Juan Carlos I y la princesa Leonor en un encuentro “familiar y privado”, según informó la Agencia Efe citando fuentes de Zarzuela. Los monarcas habían ido a ver a su primogénita a Galicia, donde pasa unos meses dentro de su formación militar, y “en ese contexto, al saberlo, el rey emérito ha pedido ir a ver” a su nieta. Los dos no coincidían, que haya trascendido, desde el 31 de octubre del pasado año en la fiesta privada en El Pardo con motivo de la mayoría de edad de la heredera.

Durante estos días también el rey emérito ha recibido la visita de la infanta Cristina, que se trasladó a Sanxenxo el lunes para estar junto a su padre. La hija mediana está volviendo a reactivar su agenda social en España después de años retirada a un segundo plano por el caso Nóos, que terminó con una condena de cárcel para su ex marido, Iñaki Urdangarin. Además, la relación con Felipe VI se ha retomado: los dos coincidieron en un acto hace unos días en el Teatre-Museu Dalí en Figueras (Girona)  y los dos acudieron juntos y posaron en el mismo retrato de la boda de Victoria López-Quesada, ahijada del rey.

La imposibilidad de juzgar unos hechos no significa que los mismos no se hayan cometido. Ni que no hayan salido a la luz pública. Los límites de hasta dónde puede llegar la justicia tienen su ejemplo práctico en el rey emérito: tras años de evidencias claras sobre las corruptelas cometidas por Juan Carlos I, las irregularidades en la gestión de sus finanzas y los millonarios ingresos que se han ido desvelando, el periplo procesal del ex jefe del Estado, el motivo por el cual se marchó a Abu Dabi en agosto de 2020, parece que va llegando a su fin. No se le podrá juzgar por esto, pero el relato que dejan más de tres años de investigaciones en España y Suiza lleva a la conclusión de que Juan Carlos de Borbón ha cometido delitos que él mismo ha reconocido y existen múltiples sospechas sobre otro tipo de conductas que pueden complicar su regreso a corto plazo.

Desde el verano de 2018, cuando se publicó la conversación entre el comisario José Manuel Villarejo y Corinna Larsen, examante del emérito, y empezaron a abrirse diligencias, el cerco sobre las corruptelas de Juan Carlos I, tanto cuando ostentaba el cargo de rey de España como después, ha ido haciéndose cada vez más estrecho. Primero, por el presunto cobro de comisiones ilegales millonarias; después, por la evasión de impuestos y la estrategia bancaria de "ocultación", en palabras de la Fiscalía suiza. Lo primero es supuesto, ya que no se ha podido probar; lo segundo es un hecho constatable por las regularizaciones fiscales realizadas por el propio ex jefe del Estado.

Las finanzas del rey emérito llevaban años bajo sospecha, pero las revelaciones de Larsen a Villarejo fueron un antes y un después en la vertiente judicial, pues aportaba datos y cifras muy concretas: AVE a la Meca, 65 millones de euros, banco suizo de Mirabaud... Las fiscalías de España y Suiza investigaron en paralelo y las conclusiones que ambas extraen no permiten descartar la comisión de delitos y una conducta irregular por quien fue monarca durante casi cuarenta años, pero sí una acusación formal.

El origen de las pesquisas en Suiza, por las que el emérito nunca ha sido imputado, son los 100 millones de dólares (65 millones de euros) recibidos por Juan Carlos de Borbón del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí en una cuenta del país helvético en 2008 y transferidos cuatro años después a otra cuenta de Corinna Larsen. La investigación se abrió por presunto blanqueo agravado de capitales, vistas las afirmaciones de la comisionista germano-danesa de que el origen del dinero podrían ser comisiones ilegales, pero para condenar por este delito hace falta demostrar el origen ilícito del dinero y ahí el fiscal Yves Bertossa se ha encontrado frente a un muro, pues no ha logrado acreditarlo.

Según informa Europa Press, Bertossa renunció a enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí al considerar que dicha diligencia "estaría condenada al fracaso", pues, tal y como explica el fiscal, "obtener pruebas en ese Estado se considera muy difícil" vista la escasa, por no decir nula, colaboración judicial del régimen. Por tanto, no se ha podido atestiguar el origen ilícito del dinero, por lo que la investigación ha quedado en vía muerta. De ahí el archivo de las actuaciones, no sin un crudo relato que deja al descubierto las prácticas irregulares vistas en este caso.

Para empezar, el uso de la Fundación Lucum y de "empresas domiciliadas por parte de los distintos protagonistas", conductas que demuestran una "voluntad de ocultación”. “Las cantidades implicadas, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de éste a favor de Corinna Larsen), así como la cronología de los hechos, constituyeron pruebas contra los acusados”, añade el comunicado de la Fiscalía suiza.

Por tanto, Bertossa sí ha probado que Juan Carlos de Borbón dispuso de los 65 millones y que los ocultó al fisco. Sospecha que el origen son "comisiones vinculadas a la celebración de un contrato de empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad que conecta Medina con La Meca", si bien no se ha podido "establecer un vínculo suficiente" entre la transferencia de Arabia Saudí y esa adjudicación.

El fiscal suizo también considera probado que Corinna Larsen, además de recibir 65 millones de euros en 2012, percibió cinco millones de dólares de Kuwait y dos millones de dólares de Bahréin "poco después de una visita oficial de Juan Carlos I" a esos países. "Estas transacciones no fueron suficientemente documentadas", remarca.

En España, esta vía muerta tiene otra derivada y es que aunque se hubiese podido probar el blanqueo, Bertossa habla de un "deseo de ocultación" del dinero, de modo que Juan Carlos I no lo tributó ante la Hacienda pública española. Es decir, sí se habría producido un delito fiscal por cada ejercicio eludido, si bien las operaciones bancarias descritas se realizaron antes de la abdicación del rey emérito, en junio de 2014, por lo que éste estaba amparado por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución como jefe del Estado. Esta será previsiblemente la tesis que sostenga la Fiscalía del Tribunal Supremo para archivar esta línea de investigación.

Pero aunque se cierren las pesquisas por la inviolabilidad de Juan Carlos, no es descartable que los hechos puedan seguir persiguiéndole, al menos en los titulares, pues la Fiscalía Anticorrupción sigue encargando diligencias sobre los empresarios españoles que habrían pagado las comisiones por la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca.

Es el delito fiscal el que ha perseguido al rey emérito estos años y así ha quedado demostrado en otra de las líneas de investigación abiertas en España. Tan acorralado se ha visto, en este caso sí, que Juan Carlos I ha optado por admitir que es un defraudador. No lo ha dicho en una comparecencia pública ni emitiendo un comunicado oficial, sino por la vía de los hechos: regularizando sus cuentas pendientes con Hacienda por valor de más de cinco millones de euros para evitar una futura acusación penal por fraude.

Son muchas las dudas que quedan acerca de por qué la Fiscalía del Supremo va a aceptar estas regularizaciones, sobre todo después de que se haya conocido que el Ministerio Público informó a los abogados del rey emérito de que estaba siendo investigado, lo cual impide que esa puesta al día con el fisco haya sido voluntaria, que es uno de los requisitos que el Código Penal establece para librarse de una acusación por delito fiscal. Y Hacienda, por su parte, tampoco había iniciado ninguna inspección antes de las regularizaciones, a pesar de las muchas alertas de fraude fiscal que había en torno a las finanzas del rey emérito. Todo esto tendrá que aclararlo la Fiscalía en su escrito de archivo de actuaciones, que se espera para después de Navidad.

Juan Carlos I pagó a Hacienda en diciembre de 2020 678.393,72 euros y en febrero de 2021, 4.395.901,95 euros. Por un lado, por el uso de unas tarjetas de crédito para gastos personales que estaban a nombre de un coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, que ejerció como ayudante de campo del emérito, y quien supuestamente sufragaba esos gastos era el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo íntimo del antiguo monarca. Por otro lado, por vuelos privados y otros gastos de viajes abonados a través de la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano del emérito.

Como ya publicó infoLibre, en la resolución que prepara la Fiscalía del Supremo sobre el archivo de las investigaciones abiertas se expondrá que las indagaciones realizadas han revelado delitos fiscales en los que habría incurrido el rey emérito, pero también la imposibilidad de enjuiciarle por ellos por cuestiones como la inviolabilidad que le protegía hasta su abdicación en 2014, prescripción de los ilícitos penales detectados y falta de peso probatorio en otros casos. Las fuentes consultadas recalcan que aunque no se pueda juzgar a Juan Carlos I, sí habrá un relato "pormenorizado" de los hechos delictivos que se han podido probar y que no dejarán lugar a dudas sobre la conducta del antiguo monarca.

Esa falta de peso probatorio afectaría a la tercera investigación que se abrió al rey emérito en España, unas pesquisas que comenzaron a finales de 2020 por una alerta que dio el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) tras detectar movimientos de dinero desde paraísos fiscales. El diario El Mundo publicó que se trataba de una fortuna oculta en la isla de Jersey, pero poco más se ha sabido de estas diligencias que, finalmente, también quedarán archivadas.

Y cuando parece que en poco tiempo se despejará el camino para Juan Carlos I en las investigaciones abiertas por las fiscalías española y suiza por posibles delitos tan graves como fraude y blanqueo de capitales, las cosas se le pueden complicar nada menos que en Reino Unido, donde su examante Corinna Larsen le ha denunciado por amenazas. Todo está en manos de un juez de Londres, que deberá decidir si el rey emérito tiene inmunidad y, por tanto, no puede ser juzgado en otro país, o si, por el contrario, deberá hacer frente a un juicio. La respuesta llegará previsiblemente en enero de 2022.

La clave parece estar en el estatus que ocupa el ex jefe del Estado español en la Casa Real a raíz de su abdicación en junio de 2014, pues la comisionista germano-danesa asegura que los hechos por los que le denuncia continuaron después de que Juan Carlos de Borbón dejara de ser rey. Pero también se tendrá que valorar jurídicamente el estatus del emérito cuando era monarca y si la inviolabilidad que reconoce la Constitución le protegía también de hechos como los que denuncia Larsen.

Las retribuciones de la Familia Real en 2020 ascendieron a 549.819 euros, lo que supone una minoración con relación al presupuesto inicial de 679.818 euros, debido a que el rey emérito sólo recibió el pasado ejercicio 42.033 euros, tras la decisión de Felipe VI de suprimir la retribución a su progenitor el 15 de marzo, el mismo día que hizo pública su decisión de renunciar a la herencia que pudiera corresponderle de su padre. Según los datos que ha proporcionado Casa Real, recogidos por Europa Press, sus presupuestos se vieron prorrogados ante la falta de aprobación de un presupuesto y se aplicó una subida del 2 por ciento en los salarios, tal y como aprobó el Gobierno para todos los funcionarios públicos.

Así las cosas, el sueldo del rey Felipe VI en 2020 ascendió a 253.843 euros; la reina Letizia percibió 139.605 euros; el rey Juan Carlos, 42.033 euros, dejando de percibir la cantidad de 129.998 euros; y la Reina Sofía, 114.231 euros.

Las cuentas de Casa Real también reflejan los salarios de los altos cargos de Zarzuela. Se da la circunstancia de que el Jefe de Casa Real, Jaime Alfonsín, cobra más que la Reina, ya que su sueldo asciende a 147.204 euros. Y el Secretario General, Domingo Martínez Palomo, también tiene un sueldo superior al de la soberana, 144.485 euros.

Las retribuciones del resto de altos cargos son las siguientes: Jefe del Cuarto Militar hasta el 9 de diciembre de 2020, Juan Ruiz Casas, 118.300 euros; Jefe del Cuarto Militar desde el 10 de diciembre de 2020, 6.557 euros; Interventora, Beatriz Rodríguez Alcobendas, 107.025 euros; Consejero Diplomático, Alfonso Sanz Pórtoles, 141.488 euros; Jefe de Gabinete, Emilio Tomé de la Vega, 110.947 euros y Jefe de la Secretaría de la Reina, José Manuel Zulueta, 110.229 euros.

A ellos se suman los sueldos de: Jefe del Servicio de Seguridad, Miguel Ángel Herráiz Alarcon, 109.368 euros; el director de Comunicación, Jorge Gutiérrez Roldán, 106.656 euros; jefe de la Unidad de Protocolo, Alfredo Martínez Serrano, 106.656 euros y el jefe de la Unidad de Administración, Infraestructuras y Servicios, 110.947 euros. Junto a estas retribuciones, en 2020 se pagaron 2,518 millones de euros en incentivos al rendimiento, el 99,97 por ciento de lo presupuestado inicialmente.

Incremento de presupuesto para inversiones en tecnología

El presupuesto total de Casa Real para el año 2020 era de 7.887.150 euros, pero se vio modificado al alza al incluir 648.519 euros que procedían de remanente de Tesorería no afectado para destinarlo a inversiones, en concreto para acometer la evolución de la plataforma de comunicaciones de la Casa del Rey. Lo que elevó el presupuesto definitivo a 8.535.669 euros, aunque finalmente la ejecución presupuestaria ascendió a 7.940.361 euros, el 93,03 por ciento del total.

Según los datos de la ejecución del Presupuesto, a fecha 31 de diciembre de 2020 el saldo en las cuentas de tesorería de que disponía la Casa del Rey ascendía a 5.131.205,38 euros. La gran mayoría de estas cantidades estaba depositadas en cuentas bancarias, 4.989.429 euros; 105 euros en el Banco de España; 81.214 euros disponibles en caja y 60.455 euros en moneda extranjera también en caja.

En cuanto al remanente de Tesorería de Casa Real, este asciende a 3.912.424,09 euros. Según el informe de auditoría externa realizado por Intervención General de la Administración del Estado, Casa Real cuenta con este remanente de Tesorería, de disponibilidad inmediata, para hacer frente a gastos imprevistos.

La partida de gastos corriente en bienes y servicios que se presupuestó en 2.782.382 euros, finalmente fue ejecutada en 2.375.218 euros. Casa Real también presupuestó 1.882.882 en material, suministros y otros y se vió obligada a incrementar ese presupuesto, hasta ejecutar un total de 1.934.841 euros. En esta última partida se destinaron 132.775 euros para adoptar medidas de emergencia frente a la pandemia de coronavirus que comenzó el pasado ejercicio.

Por el contrario, la partida de atención protocolaria no se ejecutó en su totalidad, solo lo hizo en un 74,73%, ya que inicialmente se presupuestaron 590.000 euros, pero finalmente se utilizaron 241.213. Ocurrió lo mismo con la partida de Viajes, con un presupuesto inicial de 44.500 euros, del que finalmente se utilizaron 20.605 euros.

Más de un millar de personas contactadas en el confinamiento

En cuanto al número de actividades realizadas por Casa Real en 2020 dentro y fuera de España asciende a 360; el número de audiencias fue de 224; los reyes recibieron a 1.629 personas; hubo 12 visitas de líderes extranjeros a España y 28 actividades en el extranjero.

En este año, existe un apartado dedicado a las Actividades realizadas durante el confinamiento, con más de 90 videoconferencias, más de 160 conversaciones telefónicas y más de un millar de personas contactadas directamente (100 sectores, 47 centros sanitarios y hospitalarios y más de una treintena de organizaciones del tercer sector).

14 de marzo de 2020, sábado. Mientras los españoles se preguntaban qué es un estado de alarma y empezaban a asumir que debían quedarse en casa para frenar la pandemia de coronavirus, el diario británico The Telegraph publicaba una información escandalosa que relacionaba directamente al rey Felipe VI en los negocios opacos de su padre al situarle como segundo beneficiario de una sociedad offshore creada por Juan Carlos I en Panamá y vinculada a una cuenta suiza en la que se habían ingresado casi 65 millones de euros supuestamente donados por Arabia Saudí.  El periódico británico ya venía publicando informaciones sobre la fortuna del rey emérito, pero era la primera vez que el actual jefe del Estado se veía salpicado.

15 de marzo de 2020, domingo. Los españoles seguían asimilando el confinamiento, que entonces parecía que iba a durar dos semanas, mientras las noticias en prensa sobre aumento de contagios y fallecimientos por covid-19 iban en aumento. A última hora de la tarde, de forma sorpresiva, la Casa Real envió un comunicado a las redacciones que nada tenía que ver con la pandemia. Los primeros titulares destacaban que Felipe VI le retiraba la asignación oficial a su padre y que renunciaría a la herencia que éste le pudiera dejar, pero el mensaje que transmitía era de mucho mayor calado: el jefe del Estado admitía implícitamente posibles irregularidades cometidas por Juan Carlos de Borbón e informaba de que él se había enterado al menos un año antes de parte de ellas.

"En coherencia con las palabras pronunciadas en su discurso de proclamación y con la finalidad de preservar la ejemplaridad de la Corona, S.M. el Rey quiere que sea conocido públicamente que S.M. el Rey Don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona", decía el comunicado de Zarzuela.

Según este texto, Felipe VI había tenido conocimiento de la existencia de la Fundación Lucum, donde habían sido depositados los 65 millones de euros, el 5 de marzo de 2019, es decir, un año antes de la publicación del comunicado, a través del despacho de abogados que representa a la examante de Juan Carlos I, Corinna Larsen. También decía que desconocía que fuera beneficiario, como en la anterior, de la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo de su padre y de actualidad en las últimas semanas por ser el origen de gastos por más de ocho millones de euros de los que el monarca abdicado se habría estado beneficiando.

Los escándalos que cercan a Juan Carlos de Borbón afectan irremediablemente a su hijo y al futuro de la monarquía, la institución que Felipe VI dijo en su discurso de proclamación que debe "velar por su dignidad, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social", pero transcurrido un año del comunicado que admitía unas conductas no del todo legales e íntegras por parte del rey emérito, la Corona no ha dado aún ningún paso que lleve a su "modernización" para adaptarla al siglo XXI. La palabra "modernización" es la que suele repetirse más desde el bloque socialista del Gobierno de Pedro Sánchez cuando se abre el debate del futuro de una institución puesta en tela de juicio.

Este cuestionamiento se ha agravado en los últimos meses a raíz de las dos regularizaciones fiscales que ha llevado a cabo el rey emérito por valor de algo más de cinco millones de euros, incluidos intereses y recargos. Con ellas, Juan Carlos I está admitiendo que eludió pagar al fisco cantidades que podrían superar los nueve millones de euros, pero también está tratando de evitar una posible querella de la Fiscalía por delitos contra la Hacienda pública, ya que éstos se habrían cometido tras su abdicación en junio de 2014, habiendo perdido ya la protección de la inviolabilidad que la Constitución otorga la Jefatura del Estado.

La situación creada por las actividades económicas supuestamente ilegales protagonizadas por Juan Carlos de Borbón, tanto las que llevó a cabo cuando era rey como las que tuvieron lugar después de su abdicación, ha puesto sobre la mesa las dificultades que implica encontrar una fórmula jurídica eficaz a la hora de afrontar el problema que plantea poner límites a los privilegios legales de los monarcas en España.

A vueltas con la inviolabilidad

El verano pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en una entrevista a infoLibre y elDiario.es que "evidentemente, la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades" y que "los aforamientos de cargos públicos deben circunscribirse a su actividad", un planteamiento que también defendía para el jefe del Estado. Pero desde entonces no ha habido avances en este sentido.

Los expertos en Derecho Constitucional consultados por infoLibre coinciden, en general, en que teóricamente nada impide legislar para establecer obligaciones de transparencia y limitar las actividades económicas del rey, pero también indican que eso no solucionaría el problema de la inviolabilidad del monarca. Pero no porque esté en la Constitución, sino porque los tribunales españoles siempre le han dado una interpretación extensiva, de manera que no limita sus efectos al período de ejercicio del cargo sino que mantiene su vigencia incluso cuando pierde la Corona.

“La Constitución distingue dos cosas que a menudo se confunden”, explicaba a este periódico el profesor Joaquín Urías: “la inviolabilidad y la irresponsabilidad”. La irresponsabilidad quiere decir que el rey no responde ni políticamente ni jurídicamente por los actos que haga como rey siguiendo el mandato al que está obligado por el Congreso o por el Gobierno. Nadie le puede pedir cuentas por un discurso que normalmente tiene el visto bueno del Ejecutivo ni por promulgar una ley aprobada por la Camara Baja. Pero “una cosa diferente es la inviolabilidad”. Es un privilegio que le protege de tener que dar cuenta ante los tribunales por cualquier actividad delictiva mientras sea rey pero que, en opinión de Urías, no debería blindarle cuando deja de serlo.

Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, comparte esta opinión. La mayoría de la doctrina, admite, cree que los delitos cometidos por un rey siguen siendo imposibles de someter a la acción de la justicia cuando el monarca deja de serlo, pero él considera que “hay margen” para hacer intrepretaciones más restrictivas sobre la inviolabilidad: "La inviolabilidad para mí está vinculada a la institución, no a la persona. Una vez que dejas de encarnar la institución, nada obsta para que se abran investigaciones y se depuren responsabilidades incluso por los años en los que se fue rey”, explica.

Así, pues, dentro del debate de la inviolabilidad del monarca se abre otro subdebate sobre la interpretación que el constitucionalista dio a este concepto en la redacción de la Carta Magna y si para hacer una interpretación restrictiva es necesaria una reforma de la Constitución. Pero este privilegio no es ni mucho menos el único asunto que está poniendo en serios apuros a la credibilidad de la Corona con la que ahora carga a sus espaldas Felipe VI.

Ley de la Corona

Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional en la UNED, hace mucho tiempo que echa “en falta” una ley de la Corona, “desde la aprobación de la Constitución o, al menos, desde el 23F, suceso en el que se puso de manifiesto una grave asintonía entre el rey y el presidente del Gobierno acerca de los nombramientos de los altos cargos de la Casa”. Ya hubo algún borrador de una ley así en el pasado, pero nunca llegaron a buen puerto y no pasaron de una primera lectura.

Esa norma, en su opinión, no afectaría a la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey, pues ve discutible que estos dos privilegios pudiesen suprimirse en una reforma constitucional porque son “dos prerrogativas esenciales de la monarquía, como residuo irrenunciable de su posición institucional que compensa su carencia de poder político”. Pero esa ley sí debería “ajustar media docena de preceptos”, entre ellos “el estatuto jurídico de la Reina consorte o del consorte de la Reina”.

La cuestión ahora es si se dan las condiciones políticas para acometer cambios de tal enjundia, que requieren de un consenso amplio. El sector socialistadel Ejecutivo no quiere dar ningún paso en este sentido sin previo acuerdo con la Casa del Rey y tampoco sin tener seguro que elPartido Popular va a ir de su mano en esta materia. El catedrático de Constitucional Javier Pérez Royo no ve viable la aprobación de una ley de la Corona, pues no cree "posible un acuerdo con el PP mientras exista Vox”. “Teóricamente se podría pensar, pero tendría que ser con un acuerdo [entre partidos] que casi es el mismo que haría falta para reformar la Constitución. Tal y como está el patio, yo ahora mismo no lo veo”, resume.

No obstante, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, anunció el pasado diciembre que la formación registrará en los próximos meses una ley de la Corona con la que pretende regular “qué puede hacer el rey y qué no” y garantizar “más transparencia” a la institución monárquica que, según el diputado, no tiene suficientes controles democráticos. “No puede ser que nos enteremos de las cuentas corrientes que tiene el rey emérito por una investigación criminal”, dijo.

Cambios en leyes ya en vigor

Tocar la Constitución o redactar una ley regulatoria de la Corona no son las únicas vías posibles para dotar de una mayor transparencia a la institución y contribuir a frenar su desgaste ante la opinión pública. Algunas adaptaciones de la legislación vigente y una serie de gestos voluntarios del jefe del Estado contribuirían a esa "adaptación" de la Corona que lleva meses en el debate público y político. Serían una buena base, un primer paso, y para ello se podría mirar hacia la propia ley de transparencia, de diciembre de 2013, o a la ley del alto cargo, de marzo de 2015. En el momento de la aprobación de ambas, o se pasó de puntillas por la institución, o simplemente se la dejó al margen.

En la Moncloa son claros: trabajan "sin prisas" y con la "cautela" que requiere un asunto que afecta a la Jefatura del Estado. Pero sobre todo insisten en que debe ser"a iniciativa" de Felipe VI. Es algo que, además, les abriría la puerta al apoyo parlamentario de las formaciones no republicanas.

Respecto a la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, una modificación en el apartado del ámbito de aplicación permitiría incluir a los miembros de la Casa del Rey como sujetos obligados y, por tanto, con algunas obligaciones similares a las de los altos cargos, como la publicación de bienes y patrimonio y declaraciones de renta que se exigen según esta norma para controlar, entre otros asuntos, que no hay incrementos patrimoniales injustificados.

En cuanto a la ley de Transparencia y Buen Gobierno, incluye en su ámbito de aplicación a la Casa del Rey, pero no a la familia real. En el estado de liquidación que publica la Casa del Rey sobre sus gastos se detallan los de personal o en bienes y servicios, pero con conceptos amplios como “atenciones protocolarias” o “material, suministros y otros”. Menos detalle ofrecen sobre lo que recibe directamente la familia: sólo dan la cifra inicial y la ejecutada. La institución está a un mundo, por ejemplo, de la monarquía británica en cuestión de transparencia: Buckingham informa pormenorizadamente de todos los desembolsos; por bebida y comida –1,7 millones de libras en 2019–, por ordenadores, por uniformes y hasta por la peluquería de la reina Isabel II.

El rey Felipe VI recibirá este jueves en el Palacio de la Zarzuela a la presida del Congreso, Meritxell Batet, según ha anunciado la Casa del Rey.

La reunión, según informa Europa Press, con la presidenta de la Cámara es el paso previo a que el rey convoque una nueva ronda de consultas con los líderes políticos, en vísperas de que, el día 23, termine el plazo marcado por la Constitución para que, o bien se invista un presidente del Gobierno o bien se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones.

El artículo 99 de la Constitución establece que, si se produce una votación de investidura fallida, se abre un plazo de dos meses a partir de la primera votación, al término del cual, si ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso, el rey "disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones" con el refrendo de la presidenta del Congreso.

El mismo artículo prevé que, dentro de ese plazo, se tramiten "sucesivas propuestas" de candidatos a la investidura. El pasado 26 de julio, un día después de que Sánchez no lograse, por segunda vez en 48 horas, la confianza del Congreso, la Casa del Rey emitió un comunicado en el que explicaba que el jefe de Estado no convocaría, de momento, una nueva ronda de consultas, para dar tiempo a los partidos a llevar a cabo "las actuaciones que consideren convenientes" con vistas a la elección de un candidato a la investidura.

Ese comunicado también aclaraba que, en todo caso, el rey convocaría nuevas consultas con los partidos antes de que finalizase el plazo de dos meses con el fin de constatar si hay "un candidato a la Presidencia del Gobierno que cuente con los apoyos necesarios" en el Congreso o, en ausencia de propuesta de candidato, disolver las Cortes y convocar elecciones.

Los partidos, la semana que viene

En el seno del Congreso y del PSOE se prevén como fechas más probables de esa ronda de consultas los días 16 y 17 de septiembre, o bien los días 17 y 18 para que, en caso de un acuerdo que permitiese la investidura de Pedro Sánchez, Batet pudiera convocar el Pleno como muy tarde para el día 20 de septiembre.

De ese modo, la primera votación —en la que Sánchez necesitaría mayoría absoluta— sería el sábado 21 y la segunda, para ser investido por mayoría simple de la Cámara, el lunes 23, último día del plazo.

Conforme a lo anunciado en julio, el rey ha actuado de la misma forma que tras la investidura fallida de Sánchez en marzo de 2016. Entonces, el rey dejó tiempo a los partidos y convocó una nueva ronda de consultas a finales de abril, antes de la fecha tope del 2 de mayo.

En ella constató la falta de consenso para un candidato a la investidura. El 3 de mayo firmaba el decreto de disolución de las Cortes y las elecciones se celebraron el 26 de junio. En esta ocasión, si ningún candidato tiene apoyos para ser investido, las elecciones serán el 10 de noviembre.

El rey Felipe VI ha mantenido una audiencia este miércoles en el Palacio de la Zarzuela con el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, informa Europa Press.

La reunión de Casado con el monarca se produce tras su nombramiento como líder del PP en el Congreso que el partido celebró los días 20 y 21 de julio.

Tras el encuentro, el nuevo líder del PP ha explicado que ha trasladado al Rey la "absoluta lealtad y compromiso" de la formación que preside con la Casa Real y "la defensa de la Constitución".

"He tenido el honor de ser recibido por S.M. el Rey Don Felipe VI, quien está realizando una labor impecable, y con absoluta brillantez, al frente de la Jefatura de Estado", ha subrayado Casado en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

El rey también recibió en la Zarzuela a Pedro Sánchez en 2014 y 2017, las dos veces que fue elegido como secretario general del PSOE.

La Mesa del Congreso ha vetado este martes cinco preguntas registradas por Izquierda Unida sobre el patrimonio de los miembros de la Casa Realpatrimonio, la necesidad de que su contabilidad sea fiscalizada y la herencia que el rey emérito heredó en Suiza de su padre, don Juan de Borbón y Battenberg.

Así lo ha denunciado la federación de izquierdas en un comunicado en el que se queja de que el órgano de gobierno de la Cámara, donde PP y Ciudadanos tienen mayoría, ha rechazado así la mitad de las diez preguntas que registraron su coordinador federal, Alberto Garzón, y el diputado Miguel Ángel Bustamante, la semana pasada en vísperas del 14 de abril, aniversario de la proclamación de la II República.

Los diputados de IU querían saber si el Gobierno ha pensado exigir que los miembros de la Casa Real detallaran su patrimonio y sus rentas y que sus actividades fueran fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.

Tienen patrimonio en paraísos fiscales

"¿Puede afirmar que ningún miembro de la Casa Real tiene cualquier tipo de activo financiero en el extranjero y, en concreto, en los conocidos como paraísos fiscales?" "¿Considera necesario investigar el patrimonio de la Familia Real?", rezaban otras dos de las cuestiones que no han pasado el filtro de la Mesa del Congreso.

El mismo recorrido ha tenido la pregunta relativa a la cuenta en Suiza del rey emérito. En concreto, aspiraban a que el Gobierno les dijera si va a "exigir responsabilidades" a Juan Carlos de Borbón por esa cuenta que su padre le dejó en herencia a él y a sus dos hermanas por valor de 728 millones de euros. Esta misma cuestión ya la preguntaron hace un año y también fue desestimada por la Mesa de la Cámara.

Bustamante ha lamentado que, como ha ocurrido en otras ocasiones, la Mesa vete de nuevo preguntas relacionadas con la falta de transparencia de la Casa del rey y actúe con una "opacidad cómplice". También ha acusado al Gobierno de Rajoy de tener una "mentalidad absolutamente censora" en este asunto.

Sobreactuación protectora

"Pretenden proteger a la Casa Real, pero el Ejecutivo sobreactúa y acaba echando una densa cortina de humo que perjudica más que favorece a los miembros de esta familia", ha apuntado el diputado, quien ha definido este veto como una "censura política".

La Mesa del Congreso sí ha dado luz verde a las preguntas de Garzón y Bustamante sobre los planes del Gobierno sobre la convocatoria de un referéndum para que los ciudadanos puedan elegir entre Monarquía o República o sobre el hecho de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunte sobre la Monarquía desde 2015.

El líder del PP, Mariano Rajoy, jurará este lunes a las 10.30 horas su cargo como presidente del Gobierno ante el rey. El acto tendrá lugar en el Palacio de La Zarzuela.

Rajoy fue investido por mayoría simple este sábado en el Congreso y la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, informó a Felipe VI del resultado este domingo.

El monarca firmó en su despacho el decreto de nombramiento de Rajoy, que deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado para ser oficial, tras lo cual, Rajoy podrá jurar su cargo ante el rey, informa Europa Press.

Será la primera vez que Felipe VI oficie el acto de investidura de un presidente del Gobierno, dado que en la anterior investidura, en diciembre de 2011, era su padre, el rey Juan Carlos, quien ocupaba el trono.

Está previsto que el monarca y Mariano Rajoy se vuelvan a reunir el próximo jueves para que este le comunique al rey el equipo de Gobierno para esta legislatura, antes de darlo a conocer públicamente. Los ministros del nuevo Gobierno jurarán o prometerán el cargo el viernes, antes de la primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo Gobierno.

¿Dónde viven los reyes? Puesto que en una monarquía todo, absolutamente todo, es símbolo y representación, aceptemos que también su lugar de residencia es parte de su narrativa, de qué construcción imaginaria se hace cada sociedad de sus monarcas.

Si echamos un vistazo a la decena de monarquías que siguen reinantes en Europa aparte de la española, todas mantienen como residencia oficial el histórico palacio situado en el centro de la capital del reino. En algunos casos es residencia en sentido pleno, donde viven el rey o reina y su familia, como sucede en el Buckingham londinense, el Palacio Real de Oslo, o el Amalienborg en Copenhague.

En otros, es residencia oficial pero no privada. Los monarcas viven en otros lugares, pero emplean el palacio como centro de la vida real: allí donde el jefe de Estado realiza sus funciones, despacha asuntos oficiales, recibe visitas y trabajan sus funcionarios. Sucede así en los palacios reales de Bruselas o Estocolmo.

En todos los casos, en las 10 monarquías europeas, el palacio está a la vista. Cualquiera puede pasar por su puerta, acercarse a su fachada. Más aún: en muchos de ellos, buena parte del recinto está abierto a turistas y a ciudadanos en general, por ser sede de actos civiles y culturales. Así, la familia real forma parte del paisaje, del vecindario, y sus movimientos, sus entradas y salidas, se producen ante los ojos ciudadanos. En la calle.

Es más: en el caso de reyes que trabajan en el palacio real pero han elegido vivir con sus familias en otras residencias, éstas también son visibles, incluso visitables como atracción turística, caso de los palacios de Laeken en Bélgica o Drottningholm en Suecia.

Sucede así en todas las casas reales europeas, salvo en una: la nuestra. Mientras los reyes del continente ejemplifican ante sus ciudadanos un relato de proximidad, de visibilidad, de transparencia; la familia real española habita las sombras. Ahí está el Palacio Real de Madrid, que sólo se utiliza para acoger cenas ceremoniosas u ocasiones muy especiales, pues el rey y su familia habitan y trabajan en uno de los lugares más inaccesibles (e invisibles, insisto) de España: el palacio de la Zarzuela. Desde que el entonces príncipe Juan Carlos se instaló en el histórico pabellón situado en el monte de El Pardo, ya no han salido de allí. El actual rey Felipe VI se hizo construir una residencia propia en el mismo recinto, siendo príncipe de Asturias, y hoy la mantiene como casa de su familia, mientras el rey emérito sigue en la misma vivienda que ha ocupado durante medio siglo.

Allí viven y allí trabajan. El despacho del rey, las oficinas de la Casa Real, se encuentran en el mismo espacio cerrado. Allí debe desplazarse el presidente del Gobierno para despachar o los líderes políticos en las recientes rondas para la investidura; allí son recibidos mandatarios extranjeros, presidentes autonómicos o deportistas laureados. Unos y otros son conducidos al palacio y sacados del mismo al terminar. Nadie puede ir a palacio si no ha sido llamado por el rey. Ni a palacio, ni a sus inmediaciones. No es un lugar de paso, sino aislado por una carretera privada sometida a rigurosa vigilancia policial. Un lugar público que no ha conocido una “jornada de puertas abiertas” en medio siglo.

Inaccesibles y lejos de curiosos

Por si fuera poco, los distintos edificios de la Zarzuela están dentro de un segundo anillo de seguridad: en pleno monte de El Pardo, una enorme finca totalmente cerrada por motivos medioambientales, uno de los espacios naturales más valiosos de España pero totalmente blindado, convertido en la práctica en jardín privado del rey, y también coto de caza para la familia real y sus invitados. Siempre lejos de curiosos, inaccesibles, invisibles.

Ese es el relato que ha construido la monarquía española: nada de vecinos, nada de transparencia. Al contrario, una familia lejana, escondida, intocable, a la que nunca veremos asomarse a una ventana como a la reina Isabel II en Buckingham, ni entrando o saliendo del palacio en su coche oficial.

Aunque quisiéramos, no podríamos acudir a su puerta a manifestarles nuestro apoyo, nuestro cariño, ni obviamente nuestro descontento. Ninguna manifestación republicana podría dirigirse a la Zarzuela. Antes de encontrarse con el dispositivo de seguridad, se perdería por los alrededores de El Pardo, pues ni siguiera es un lugar que sepamos situar en el mapa.

Una inaccesibilidad ciudadana que, por cierto, comparte con el otro centro de mando español: la Moncloa. Otro día podemos analizar ese urbanismo del poder tan español: cómo las sedes presidenciales europeas están igualmente en el centro de las ciudades (Downing Street, El Elíseo, la cancillería berlinesa, y lo mismo en Roma, Lisboa, Atenas o cualquier otra capital), menos en España, donde el presidente habita y trabaja en un palacio al que difícilmente se puede llegar a pie, rodeado por la M30 y la carretera de A Coruña, lejos de miradas pero también de manifestantes.

Volviendo a la Zarzuela, el espacio físico de la restaurada monarquía borbónica no tardó en convertirse en espacio simbólico. Y la invisibilidad residencial de los reyes devino categoría: una Zarzuela mental, un imaginario de aislamiento y ocultación, en el que los reyes han podido hacer y deshacer a su antojo. La inviolabilidad residencial como representación y continuidad de la inviolabilidad constitucional. El blindaje territorial como garantía añadida al blindaje político y mediático de que ha disfrutado la familia real española.

Hablamos mucho del “síndrome de la Moncloa”, ese mal que afecta a los sucesivos presidentes que acaban aislados en el recinto gubernamental, cuidando bonsáis o caminando sobre la cinta eléctrica, ajenos a cuanto sucede en el exterior. Pero deberíamos diagnosticar el “síndrome de la Zarzuela” que ha caracterizado a la familia real. De forma muy acusada en el caso de Juan Carlos, y apuntando ya los primeros síntomas en el recién llegado Felipe.

Alrededor de los reyes se levantó desde la Transición un cinturón político y mediático equiparable al perímetro de seguridad de la Zarzuela. Sus actos transcurrieron ocultos tras una pantalla opaca, comparable a la arboleda que en El Pardo los mantiene realmente fuera de nuestra vista. En la protección del palacio, sin que nadie acechase sus ventanas pero tampoco sus puertas, podían entrar y salir visitantes clandestinos, fuera del control ciudadano, con la misma facilidad con que la clase política y periodística hacía la vista gorda a cuanto hicieran los reyes y su familia.

Dicho en un ejemplo claro: en un palacio de Buckingham, rodeado a diario por miles de paseantes, turistas y fans de la monarquía, no habrían podido entrar con tanta alegría Francisco Camps y Rita Barberá para reunirse con Urdangarin y montar la estafa del Valencian Summit; ni entraría como Pedro por su casa el enigmático testaferro Arturo Fasana, protector de los grandes patrimonios españoles en Suiza y al que en cierta ocasión recogió el chófer de Francisco Correa a la puerta de Zarzuela.

Por el céntrico y mil veces fotografiado Palacio Real de Oslo no se habrían paseado las amistades peligrosas del rey con la tranquilidad que lo han hecho en Zarzuela. Los reyes europeos no habrían podido montarle un chalet a sus Corinnas en los mismos recintos que habitan, como sí lo hizo Juan Carlos con la conocida comisionista y “amiga”: una casa en pleno monte de El Pardo, reformada y decorada a su gusto, con una carretera privada que la unía al palacio, y donde se dice que incluso su hijo podía pasear sobre un quad por los hiperprotegidos terrenos que comparten ciervos y jabalíes.

El rey Felipe llegó al trono en medio de la peor crisis de la monarquía. Su padre, protegido en el confort de la Zarzuela (la real y la metafórica), había vivido peligrosamente. Más allá de la cacería de Botsuana, de Corinna y de Iñaki Urdangarin, las muchas sospechas sobre su comportamiento, sus amistades y su fortuna dilapidaron en apenas meses un capital de apoyo ciudadano acumulado durante décadas, e hicieron insostenible su continuidad.

El nuevo rey prometió terminar con las zonas de sombra acumuladas por el anterior, y convertir la Casa Real en un lugar transparente, abierto, bajo control. Ejemplar. Donde no serían posibles los excesos anteriores. Se lanzó a una política de gestos cuyo relato de fondo era muy explícito: los tiempos han cambiado, la monarquía se adapta a la nueva realidad social, el rey será ejemplar y no habrá zonas de sombra. Sin embargo, la primera medida que tendría que haber tomado no era renovar la web o publicar parte del presupuesto asignado, sino abandonar la Zarzuela. No vale con dejarse ver de vez en cuando en conciertos y cines: el primer gesto del nuevo tiempo, el único creíble, habría sido coger las maletas y junto a su familia salir de allí, instalar su vivienda y sobre todo su lugar de trabajo en un lugar a la vista de los ciudadanos. No es que así ya estuviéramos seguros, harían falta más y mejores controles democráticos. Pero sería un importante primer paso.

Falta de transparencia y control

Felipe VI no sólo ha permanecido en Zarzuela, sino que los primeros meses de reinado ya nos han dejado señales de que la otra Zarzuela, la político-mediática, no afloja, se mantiene tan férrea como la valla que aleja del palacio a los curiosos. El reciente caso de su amistad con ese personaje tan turbio llamado Javier López Madrid, por ejemplo, fue una primera prueba de fuego, por pequeña que fuera. Una vez más, el resorte saltó, la protección se disparó cual alarma de incendio: los principales dirigentes políticos y los grandes medios de comunicación tuvieron un primer impulso de cerrar filas, silenciar la noticia, esperar a la respuesta de la Casa Real y quitar importancia. Mala señal, para empezar.

El síndrome de la Zarzuela no lo sufre el rey, o no sólo él. Son sobre todo la clase política, las instituciones, el poder económico y los grandes medios quienes viven aquejados de este mal, del que no saben curarse tras tantos años de automatismo cortesano. Nada nos asegura que, si el actual rey siguiera la senda torcida de su padre, no tuviéramos que esperar otra vez a que, dentro de 20 o 30 años, se le rompa la cadera en un safari para empezar a ver algo entre las espesas zarzas que dan su nombre a la Zarzuela.

También los ciudadanos estamos de alguna manera aquejados de ese síndrome de la Zarzuela. Debemos ser nosotros los que saltemos el metafórico recinto blindado y despejemos el bosque que oculta a la familia real; somos nosotros los que tenemos que exigir transparencia de verdad, mecanismos de control democrático y rendición de cuentas. Pero por ahora no parecemos muy dispuestos a sacudirnos el síndrome, y más bien hemos dado por bueno el relato del nuevo tiempo: aceptamos que con el cambio de rey quedan atrás las dudas, y que la monarquía se ha enderezado a tiempo. Le hemos devuelto la confianza a cambio de muy poco.

A los republicanos nos encantaría ver al rey saliendo de Zarzuela, sí; pero para tomar la carretera camino de Cartagena, como su bisabuelo Alfonso XIII. Mientras ese día no llegue, por ahora deberíamos exigir que al menos salga de la Zarzuela y se venga a vivir a la ciudad, donde podamos verlo. Romper el blindaje territorial sería un primer paso, no menor, para quebrar el blindaje político y mediático.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, afirmó este miércoles que el rey Felipe VI "le ha dejado claro" que la postura del presidente de la Generalitat, Artur Mas, es "irreconducible". Revilla hizo estas declaraciones tras ser recibido en audiencia por el monarca con el que ha estado reunido más de una hora en el palacio de la Zarzuela.

Respecto al encuentro entre Felipe VI y el presidente catalán, Revilla aseguró que el monarca le dijo que a pesar de que "estuvieron hablando una hora y media" la postura de Artur Mas es "irreconducible".

"Puesto que con este señor Mas no hay arreglo posible, vamos derechos al precipicio. Eso sí que me lo ha dejado claro [el rey], porque a pesar de que estuvieron una hora y media es irreconducible su postura", señaló Revilla, sugiriendo también que lo que se debe de hacer es "pedagogía" para "intentar decirle a los catalanes que no es bueno este desafío que ha hecho este señor [Artur Mas]".

Añadió que en las urnas el próximo 27-S "hay que responder contundentemente" a una "locura" que, a su juicio, "no es buena ni para España ni para Cataluña", refiriéndose al proyecto independentista que abandera Artur Mas detrás del cual, según Revilla, "hay unas consecuencias que no se han explicado".

El presidente cántabro desveló que otros temas tratados en su encuentro con Felipe VI fueron Podemos y Ciudadanos. Revilla señaló que el monarca está "muy preocupado por lo que está pasando en España". "Está muy enterado de partidos y de personas, hemos hablado de todo esto que ha ocurrido, de por qué ha ocurrido este afloramiento de nuevas fuerzas políticas", dijo. Además añadió que se ha "sorprendido" por "lo mucho que ha hablado" el rey.

Que Mas "no se ponga chulito"

A pesar de la "preocupación" del monarca, Revilla indicó que al mismo tiempo el jefe del Estado"está contento" porque él percibe que su figura "está en auge dentro y fuera de España" y eso es un "valor que tenemos en un momento de deterioro de todo lo que suena a político".

Respecto a sus declaraciones hechas ayer y el aviso a Artur Mas sobre el Ebro, aclaró que salió de la reunión "pensando que era una broma y que nadie lo habría interpretado de otra manera" y que estaba hablando de recursos hídricos y energías renovables. Aun así, pidió a Mas que "no se ponga chulito" porque Cantabria tiene un gran potencial de agua que da "gratis" a toda España.

Dos latas de anchoas, hojaldres y queso

Revilla obsequió al rey Felipe VI con dos latas de anchoas de Cantabria, hojaldres de Torrelavega y queso de Tresviso durante la audiencia que mantuvo con el monarca en el Palacio de la Zarzuela. Revilla indicó que es un "detalle" que tiene "siempre" y que no lo tendrá solamente con el jefe del Estado, sino que también lo tendrá con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando le visite: "Que no se piensen que porque le haya metido mucha caña no le voy a traer anchoas, le voy a traer también porque es un detalle", dijo.

El presidente cántabro llegó al palacio de la Zarzuela en taxi: "Yo siempre he venido en taxi, pero eso no es populismo, es sentido común", señaló. Además dijo que ir en taxi no es destacable, que es algo "absolutamente lógico" y que la noticia habría sido que "hubiese aparecido en caballo". La salida del palacio la hizo en el coche de un amigo que le fue a buscar y que le permitió ahorrarse el taxi de vuelta.

Revilla destacó que él no tiene "escoltas ni nadie" a su alrededor y denunció que "en España a un concejal le pones un galón y un cargo e inmediatamente hay que rodearle de dos tíos altos" pero que "eso no hace falta para nada".

Felipe VI cumple su primer año de reinado con una tranquilidad que contrasta con el fuerte debate que suscitó su proclamación. El pasado 19 de junio de 2014, el hasta entonces príncipe de Asturias pasaba a ser jefe del Estado en sustitución de su padre, el rey Juan Carlos, en mitad de una controversia sobre la forma de Estado que un año después parece haber amainado.

El 2 de junio del año pasado, el rey Juan Carlos decidió poner punto final a sus 39 años al frente de la Jefatura del Estado y abdicar en la figura de su hijo. El revuelo fue inmediato, ya que en las apenas dos semanas que transcurrieron entre su anuncio y la proclamación del príncipe como Felipe VI se sucedieron las manifestaciones contra la sucesión y a favor de consultar a los ciudadanos sobre el modelo de Estado. La Puerta del Sol madrileña se llenó durante dos días consecutivos –el 3 y el 4 de junio– con miles de personas que expresaron un mensaje claro: "Los Borbones, a las elecciones".

Pero un año después, la movilización social en favor de una consulta por la república parece haberse desinflado. Además, los españoles tienen una mejor opinión de la institución que hace un año: en el barómetro del CIS de abril, los encuestados dieron una nota media del 4,34 al rey Felipe, frente al 3,72 que sacó la Corona un año antes. Por otra, parte, a la pregunta "¿cómo valora usted, positiva o negativamente, la forma en la que realiza su labor el rey Felipe VI?", el 57,4% lo valoró positivamente, frente al 17,8% que consideró que opinaba lo contrario.

Los partidos, a pesar del enorme vuelco que ha experimentado el tablero político desde mayo de 2014, tampoco colocan el debate sobre el modelo de Estado entre sus prioridades: ni las formaciones tradicionales, ni las emergentes. Tanto PP como PSOE apoyan que la Jefatura del Estado sea hereditaria, mientras que Podemos y Ciudadanos prefieren pasar de puntillas sobre la cuestión: los de Pablo Iglesias aseguran que el debate no interesa "en absoluto a la ciudadanía", mientras que los de Albert Rivera sostienen a modo de crítica que se trata de una discusión"artificial, demasiado ideologizada" y aseguran que apoyan a Felipe VI si sigue manteniendo la misma línea que hasta ahora.

La monarquía se desgasta como el resto de instituciones

Para los expertos consultados por infoLibre, es lógico que un año después de la proclamación de la proclamación de Felipe VI como rey la reivindicación de la república –que hoy por hoy sólo defiende con claridad IU– haya pasado a un segundo plano. "Obviamente, cuando hay un proceso sucesorio se abre inevitablemente un debate porque es el momento idóneo para plantearse si la forma de elección del jefe de Estado es adecuada o no", sostiene Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que considera normal que tras ese repunte el debate no esté en la primera línea.

"Lo que sí es cierto es que la monarquía, si la miramos a medio plazo, ha sufrido un desgaste como el del resto de instituciones", explica Orriols, que apunta además que los "escándalos" de la última etapa del rey Juan Carlos contribuyeron a ahondar en esa pérdida de confianza. Con él coincide Pablo Simón, también profesor de Ciencia Política de la UC3M, que explica que las crisis económicas –y esta no es una excepción– conllevan siempre una caída en la apreciación de las instituciones por parte de los ciudadanos, si bien asegura que la Corona, a pesar de su fuerte erosión –en sus momentos álgidos, 1994 y 1995, los españoles llegaron a puntuarla con más de un 7– ha resistido mejor que otros organismos, ya que sigue estando entre los más valorados.

Los reyes y sus hijas, el día de la proclamación, en el Palacio Real, el 19 de junio de 2014 | EFE

No le falta razón: el barómetro de abril de 2015, publicado en mayo, situaba a la Jefatura del Estado como la quinta institución mejor contemplada por los encuestados, tras la Guardia Civil (6,02), la Policía (5,95), las Fuerzas Armadas (5,51) –las tres únicas que aprueban– y los medios de comunicación (4,57). Por ello, pese a que suspendió con un 4,34, Simón sostiene que esta nota no es una mala noticia para Felipe VI, ya que para hacer una valoración con criterio "uno no tiene que fijarse en los valores absolutos, sino comparar con el resto de las instituciones".

"El rey no aprueba porque lleva poco tiempo y no ha tenido todavía que afrontar situaciones comprometidas en las que haya podido demostrar su capacidad política e institucional", asegura por su parte José Antonio Zarzalejos, periodista especializado en la Casa Real, que vaticina que "a medida que transcurra el tiempo, y si el rey resiste en las actitudes que ha demostrado durante este año, saltará al aprobado". Mucho menos claro lo ve Orriols: "El descrédito de la monarquía sigue porque sigue el descrédito generalizado de las instituciones políticas: el proceso de desafección institucional de los individuos afecta a todos los actores".

El debate no es prioritario en la sociedad

En cualquier caso, en lo que sí coinciden los tres expertos consultados es en que el debate entre monarquía y república no es prioritario, hoy por hoy, para la ciudadanía ni para los partidos. "Lo que sabemos seguro es que el modelo de Estado ha sido una cuestión disputada sobre todo por la extrema izquierda, y que hay un apoyo mayoritario a la monarquía entre la población", señala Pablo Simón, que no obstante se reafirma en que "el debate no es prioritario" para la sociedad. Según el CIS,en mayo sólo el 0,1% de los encuestados consideraba que era uno de los tres principales problemas de España.

"Nunca ha sido un problema prioritario para los políticos y tampoco un elemento que se haya activado en la opinión pública", coincide por su parte Orriols, que no obstante considera que el hecho de que partidos nuevos como Podemos no hayan puesto el debate en la agenda ha contribuido a que no se haya convertido en preponderante. "Si los partidos compiten en torno a un tema aumenta la importancia del mismo entre la ciudadanía", explica el politólogo, que no obstante señala que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "acierta al pensar que de los temas que hay sobre la mesa hay algunos con los que puede conectar más con la ciudadanía".

No obstante, Simón asegura que el debate no está cerrado, sino que "estará con nosotros siempre". Por lo pronto, el rey utilizará la fecha de su primer aniversario en el trono para entregar a 38 personas decididas por el Gobierno la Orden del Mérito Civil, un galardón en reconocimiento al servicio relevante que han prestado al Estado. Mientras tanto, la Junta Estatal Republicana ha convocado movilizaciones para protestar contra quien consideran "un rey impuesto".

El Tribunal Supremo explica que si dejó sin efecto la admisión inicial de la demandanda de paternidad presentada por la ciudadana belga Ingrid Jeanne Sartiau contra el rey Juan Carlos es porque era "falsa, frívola y torticera". Y porque la mujer ofreció posteriormente versiones "excluyentes, por incompatibles" con la expuesta en su reclamación judicial.

Por todo ello, y a pesar de haberla admitido unos meses antes, la demanda de Sartiau carecía "por completo de la "verosimilitud o seriedad" exigida para poder ser tramitada. "Demuestra también que es, lisa y llanamente, falsa frívola y torticera", añade la resolución dada a conocer este jueves [consúltala aquí en PDF], contra la que no cabe recurso alguno.

El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo hizo pública su decisión el pasado 11 de marzo por siete votos frente a tres al aceptar el recurso presentado por la defensa del rey Juan Carlos, ejercida por el despacho Garrigues, y dejar sin efecto la admisión a trámite del mismo adoptada el pasado enero. Dos magistrados presentaron voto particular defendiendo que, una vez admitida, la valoración de las pruebas debería haberse realizado en el curso de la instrucción del asunto, en vez de dejar esta sin efecto.

Para explicar su cambio de criterio en apenas unas semanas después de que admitiera a trámite la demanda, la Sala de lo Civil señala que "la situación ha cambiado de tal forma que aquello que se admitió como principio de prueba ha dejado de serlo" por la actuación de la propia Sartiau, a la que el tribunal "no puede permanecer indiferente" y que reduce dicho principio de prueba "al más completo vacío".

Así, explica que la demandante puso los hechos "en conocimiento de la oponión pública de una forma distinta y contradictoria" a lo largo de diversas intervenciones en medios de comunicación, como en la entrevista concedida a Le Soir Magazine unos meses antes de otorgarse el acta notarial en el que basó su reclamación ante el Supremo.

Lugar de la historia de amor

"La demandante manifestó, en contradicción con su demanda y con lo manifestado por su madre ante notario que la historia de amor del demandado con su madre había durado desde 1956 hasta 1966 y ambos se habían conocido en Bélgica, cuando el demandado estaba de paso en casa de la familia Merod, en la que su madre trabajaba como gobernanta". En la demanda aseguraba que se conocieron en la Costa del Sol, donde mantuvieron varios encuentros sexuales.

Añade el alto tribunal que en otra entrevista concedida por Sartiau al programa Un tiempo nuevo de Telecinco señaló que su madre y Juan Carlos se habían conocido en Francia y que pocos años después se reencontraron en España donde dieron continuidad a la relación. En otra entrevista en TV3 reconoció que el acta notarial aportada era "bastante insuficiente".

"En consecuencia, no es que los relatos difieran en cuestiones de detalle; es que se trata de dos versiones excluyentes por incompatibles –razona el Supremo–. Son radicalmente diferentes en cuanto al tipo de relación entre el demandado y la madre de la demandante, hasta el punto de que la versión alternativa a la de la demanda tampoco es coincidente porque tan pronto se sitúa el comienzo de la relación en Bélgica como se sitúa en Francia".

Invención del abogado

Todo ello da la impresión, a juicio del Supremo, de que "la demanda es más un relato propio del abogado [de Sartiau] señor Pararols "que un relato fundado en lo manifestado a él por su cliente". También encuentra contradicciones el Supremo en lo alegado por la belga en cuanto a un encuentro en el restaurante Casa Lucio de Madrid entre ella y otro supuesto hijo biológico del rey Juan Carlos, al que aludió como un tal "Felipe que trabaja en [la] Zarzuela". En televisión la propia Sartiau dijo que tuvo una cita "con alguien en España que era un Borbón" pero que no llego a celebrarse.

Las contradicciones, a juicio de los magistrados de lo Civil del Supremo, permiten concluir que la demanda no perseguía otra finalidad que obtener el ADN de Juan Carlos, una prueba que el tribunal "no guarda adecuada proporción con la intromisión que conlleva en la intimidad y la integridad física o moral del afectado" .

Votos particulares

El auto incluye el voto particular de los magistrados José Ramón Ferrándiz (ponente inicial del asunto) y Xabier O'Callaghan Muñoz, mientra que un tercero que votó en contra del archivo no se ha pronunciado. En este voto discrepante ambos entienden que los recursos de reposición interpuestos por las representaciones procesales tanto del rey Juan Carlos –firmadas por el socio director de Garrigues Fernando Vives y el socio de este bufete y catedrático Fernando Pantaleón– deberían haber sido desestimados por una cuestión de forma, al no ser técnicamente adecuados en este momento procesal.

Consideran igualmente inapropiado ambos magistrados que los medios de prueba aportados por Sartiau hayan sido valorados a la hora de debatir los recursos contra la admisión inicial, en el sentido de que dicha valoración debería haberse realizado en el curso del procedimiento una vez admitido éste.

Añaden que "no cabe negar la posibilidad de apariencias de verdad tras el humo de unas contradicciones, del mismo modo que puede haber contradicciones que no excluyan la verdad de una de las posiciones enfrentadas".

El que fuera durante más de 20 años asesor personal de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, ha decidido recurrir la decisión de la Casa del Rey de poner fin a su relación laboral, confirmaron a Europa Press fuentes oficiales.

La institución anunció el pasado 18 de septiembre que prescindiría de los servicios de García Revenga debido a que las infantas Elena y Cristina ya no forman parte de la familia real desde la proclamación de su hermano, Felipe VI, como rey. Y estableció que la salida de la Zarzuela del asesor personal de las hijas de Juan Carlos se concretaría antes del 31 de diciembre de 2014.

Esta semana, el periodista Eduardo Inda ha avanzado en su blog que García Revenga ha decidido demandar a la institución porque no ha recibido una indemnización por su salida de la Casa como cree que le corresponde.

Ante este conflicto laboral, la Casa del Rey dispone de un convenio con la Abogacía del Estado, que sería el órgano encargado de representar a la Corona ante los tribunales en el primer contencioso de este tipo (al menos del que se haya tenido conocimiento público) entre un alto cargo de la institución y la Casa del Rey.

Desde la Casa del Rey, un portavoz se limitó a señalar a Europa Press que García Revenga está "en su derecho" de iniciar las acciones que considere oportunas en relación con su salida de la institución y señaló que será la Justicia la que determine en su momento quién tiene razón.

Lo que la Zarzuela negó es que Revenga hubiera tenido nunca "relación laboral o funcionarial con Patrimonio Nacional", como decía Inda en su blog. "Ha presentado un recurso a su cese, y que sepamos no ha expuesto los motivos, que desconocemos", señaló un portavoz de la institución a infoLibre.

Una relación que se inició en 1993

García Revenga llevaba trabajando para Zarzuela desde septiembre de 1993. Se le contrató exclusivamente, según la Casa del Rey, para asesorar a las infantas Elena y Cristina en aquellas actividades relacionadas con su pertenencia a la Corona. Pero como las hermanas de Felipe VI dejaron de ser miembros de la familia real desde el día en que su hermano accedió el trono, sus servicios ya no eran necesarios.

Y es que el nuevo monarca ha decidido que, con carácter general, sus hermanas no desempeñen ninguna actividad institucional. Felipe VI no descarta encomendar alguna labor de representación a la infanta Elena, pero en esos casos ella no cobrará por esos servicios.

A pesar de que a García Revenga se le contrató exclusivamente para asesorar a Elena y Cristina en aquellas actividades relacionadas con su pertenencia a la Corona, los e-mails entre él y el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que se han conocido en el marco del caso Nóos, revelaron que García Revenga también asesoró a Urdangarin cuando éste inició sus aventuras empresariales.

De hecho, accedió a figurar durante 19 meses como tesorero del Instituto Nóos, fundación que presidió Urdangarin y que firmó millonarios contratos con las Administraciones balear y valenciana. La investigación judicial ha puesto en evidencia que esos fondos no se reinvirtieron en los fines que supuestamente perseguía la entidad, sino que presuntamente se desviaron a empresas privadas de Urdangarin y su socio Diego Torres.

Imputado en el 'caso Nóos'

García Revenga declaró como imputado en la fase de instrucción del caso Nóos, pero el juez José Castro levantó posteriormente esa imputación, al no encontrar indicios delictivos en su conducta para continuar investigándole.

Antes de su declaración ante el magistrado, García Revenga defendió en un comunicado su inocencia, aunque reconoció haber "podido mezclar" desde su cargo de asesor "gestiones propias" de su puesto "con otras relacionadas con actividades privadas". Y justificaba este comportamiento por el hecho de que en estos 20 años había cultivado con las infantas "una relación más estrecha que la estrictamente profesional". "No pudiéndome negar, en razón de esta circunstancia, a prestar las ayudas que me solicitaban", añade.

Lo cierto es que García Revenga solía acompañar a las infantas no sólo en sus actividades institucionales, sino también en numerosas actividades privadas y de ocio, como ha dejado constancia la prensa gráfica.

El rey Juan Carlos ha recurrido la admisión a trámite de la demanda de paternidad presentada por la ciudadana belga Ingrid Jeanne Sartiau, según ha informado el Tribunal Supremo.

La demandante, según ha confirmado el alto tribunal, también ha recurrido tras no recibir respuesta a su solicitud de que Juan Carlos se realizara una prueba de ADN como prueba anticipada.

El Supremo ha precisado que ahora se dará traslado de los recursos a la parte contraria y, en último lugar, al fiscal. Una vez que se presenten los informes de las partes, la Sala resolverá, según ha indicado.

El pasado mes de enero la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admitió a trámite la demanda al entender que concurrían los requisitos legales para ello, tras celebrar una reunión que se prolongó durante cuatro horas.

Sin embargo, el Supremo desestimó la demanda presentada por el catalán Alberto Solá, que aseguraba ser el primogénito de Juan Carlos, y se acompañaba de una prueba de ADN con una "fiabilidad superior al 99,9%", según la demanda.

Por su parte, la Fiscalía se opuso a la admisión de las dos demandas al considerar que no se acompañaban del principio de prueba que establece el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual "en ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación o impugnación de la filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde".

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admitió este miércoles a trámite la demanda de paternidad presentada por la belga Ingrid Sartiau contra el rey Juan Carlos.

Los doce magistrados de la Sala Primera se reunieron en una sesión plenaria para analizar dos demandas de paternidad contra el exjefe del Estado junto a los informes de la Fiscalía, que eran contrarios a su tramitación al considerar que no se acompañan del principio de prueba que establece el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los magistrados rechazaron admitir la demanda del español Alberto Solá, que decía que la inviolabilidad del rey no afecta a las conductas privadas que realizó cuando no era jefe de Estado. En los próximos días, la Sala hará publico el auto y por tanto se conocerán los fundamentos jurídicos de esta doble decisión.

Solá, que asegura ser el primogénito de Juan Carlos, presentó en junio la Audiencia de Madrid una demanda acompañada de una prueba de ADN con una "fiabilidad superior al 99,9%". La Audiencia Provincial remitió la causa al Supremo tras la abdicación. El abogado de Solá pedía que si esta prueba no era admitida se realice otra y se llame a declarar como testigo al perito que ha analizado su fiabilidad.

El fiscal José María Paz la calificó como una "mera hipótesis", que no aporta el principio de prueba de filiación que exige la ley. Solá defiende que Juan Carlos mantuvo una relación con su madre biológica, Anna María Bach Ramon, antes de ser proclamado jefe del Estado. Su abogado mantiene que la inviolabilidad no ampara las conductas privadas que realizó cuando todavía no era jefe del Estado.

Sin embargo, los magistrados han entendido que la demanda presentada por Sartiau sí cumple con los requisitos legales, ya que a diferencia de la de Solá incluye un acta notarial firmada por su madre, Liliane Ghrislaine Sartiau, en la que reconoce una breve relación con el rey Juan Carlos a finales de 1965. El rechazo de la demanda de Solá ha dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que el reconocimiento de su supuesta primogenitura alterara los derechos sucesorios de la jefatura del Estado. No obstante, al haber sido Felipe VI proclamado rey por las Cortes Generales, la pretendida paternidad de Juan Carlos no afectaría a la institución.

El presidente de lo Civil, Francisco Marín Castán, elevó al Pleno el pasado diciembre este asunto, después de que entrara en vigor el pasado julio la ley que regula el aforamiento del monarca saliente y la Audiencia Provincial de Madrid le remitiera la demanda de Solá.

A partir de ahora, el Supremo emplazará a Juan Carlos de Borbón a que conteste a la demanda de paternidad, que viene acompañada de la petición de que se realice un análisis de ADN como prueba anticipada. El rey tiene 20 días hábiles para contestar a la demanda a partir de la notificación del auto de admisión.

La Sala nombrará un ponente y podrá pronunciarse sobre las pruebas reiteradas por la ciudadana belga. Si el Juan Carlos acepta someterse a esa prueba genética, se efectuará un análisis que será valorado en una vista, que puede celebrarse a puerta cerrada por tratar sobre la vida privada de las personas, como ocurre en la práctica habitual de los juzgados de familia.

Si hay acuerdo, no hay vista

Si Juan Carlos alcanza un acuerdo con la ciudadana belga se ahorrará la celebración de la vista, en la que podría estar representado por su defensa a no ser que la otra parte solicite su interrogatorio y se admita tal petición.

La negativa a ser interrogado se podrá valorar junto al resto de pruebas conforme a la doctrina jurisprudencial en esa vista que si se celebra se hará previsiblemente antes del verano. 

La Zarzuela expresa su "respeto absoluto"

El rey Juan Carlos es aforado ante el Tribunal Supremo desde que abdicó y perdió la inmunidad. Las dos demandas fueron presentadas en juzgados ordinarios cuando el monarca era jefe de Estado y, por tanto, fueron rechazadas poque gozaba de inviolabilidad. Tras su abdicación en junio de 2014, los demandantes volvieron a presentar sus escritos y los juzgados las trasladaron al Tribunal Supremo.

La Casa del Rey expresó su "respeto absoluto" a la independencia del Poder Judicial, informa Europa Press.

A partir del 1 de enero de 2015, los miembros de la familia real no podrán viajar gratis en vuelos comerciales, aceptar regalos personales "que puedan comprometer la dignidad de sus funciones institucionales" ni beneficiarse de favores o servicios ofrecidos en condiciones ventajosas por su mera condición de miembros de la familia real, anunció este jueves la Casa del Rey.

Tal y como se comprometió el nuevo equipo de Felipe VI al mes de su proclamación, la Casa del Rey ha elaborado una normativa interna para regular los regalos que se hagan a los miembros de la familia real, que en la actualidad ha quedado limitada a los reyes Felipe y Letizia, sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, el rey Juan Carlos y la reina Sofía.

También ha establecido un código de conducta para todos los empleados que trabajan para la Casa del Rey, quienes estarán obligados a mantener "un comportamiento ejemplar que contribuya" a que los ciudadanos crean, sientan respeto y confíen en la institución, explicaron en una sesión informativa con medios de comunicación fuentes del palacio de la Zarzuela, encuentro al que no fue invitado infoLibre.

Sin confesar abiertamente que hasta la fecha miembros de la familia real hayan disfrutado de billetes de avión gratuitos con ciertas aerolíneas comerciales, un portavoz de la Casa dejó claro que con la nueva regulación este tipo de ventajas no tendrá cabida.

"Los miembros de la familia real no podrán aceptar regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas", reza uno de los principios generales de la normativa.

Ni yates ni Ferrari

Con este nuevo régimen de regalos, Felipe VI no podría aceptar como obsequio, por ejemplo, un coche de lujo como los dos Ferrari que el primer ministro emiratí y jeque de Dubai, Mohamed bin Rashid Al Maktum, regaló al rey Juan Carlos a finales de 2011 en el marco de una visita privada. El monarca cedió los coches a Patrimonio Nacional –que van a subastarse–, pero en un supuesto similar con la nueva regulación no se aceptaría ese regalo y así se comunicaría a quien pretende hacer el obsequio, pusieron como ejemplo las citadas fuentes. Tampoco cabría aceptar un yate como el Fortuna pagado a escote por un grupo de empresarios baleares. 

La nueva norma impedirá asimismo, por citar otro ejemplo, que los miembros de la familia real disfruten para su uso particular de vehículos que les haya cedido alguna marca de automoción, como fue el caso del coche eléctrico que Mitsubishi dejó probar durante un mes a la reina Sofía durante sus vacaciones en Mallorca en 2010. "No habrá servicios prestados a la Casa Real que no tengan su correspondiente retribución económica", insistió un portavoz de Zarzuela.

Así las cosas, la familia real sólo podrá aceptar regalos institucionales (los que conceden autoridades nacionales o extranjeras en el marco de visitas oficiales) o personales, siempre y cuando no excedan "los usos habituales, sociales o de cortesía", que es el límite que introduce la Ley de Transparencia, que entrará completamente en vigor el próximo 10 de diciembre, para los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado.

Publicidad de los regalos

Todos los regalos institucionales pasarán a pertenecer a Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia. La Zarzuela publicará en su página web la relación de regalos institucionales recibidos con periodicidad anual. Cuando los regalos personales excedan dichos usos, pero se considere que pueden ser aceptados, pasarán a tener el mismo tratamiento que los regalos institucionales "o bien serán cedidos a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general". La Casa del Rey no dará publicidad a los regalos personales aceptados ni a aquellos cedidos a alguna entidad sin ánimo de lucro.

Será una comisión formada por altos cargos de la Casa del Rey la que valorará cada regalo –teniendo en cuenta su valor histórico, estético o económico– y propondrá su calificación como institucional o personal. En el caso de los obsequios personales que no vayan a disfrutar los miembros de la familia real, la Corona decidirá si los cede a Patrimonio Nacional o a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general.

El nuevo régimen de regalos impedirá asimismo a la familia real aceptar "préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado". Tampoco podrán quedarse regalos en metálico. En este último caso, lo devolverán o lo donarán a una "entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general".

La norma detalla incluso qué ocurre en el caso de que reciban premios o reconocimientos que comprendan una dotación económica. "Deberá procederse a ceder su importe a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general", establece el régimen. Menciona también el caso de aniversarios o celebraciones de carácter singular de algún miembro de la familia real en los que se presuma que darán lugar al ofrecimiento de regalos. Cuando se dé esta situación, "se establecerá un régimen propio que será objeto de información pública", promete la norma.

Qué pasa con las herencias

Aborda asimismo las eventuales herencias que dejen en favor de algún miembro de la familia real personas que no tengan una relación familiar con ellos, como fue el caso del legado del empresario menorquín Juan Ignacio Balada. "Podrán ser aceptadas cuando así se considere procedente", dice la norma. Eso sí, los bienes "deberán incorporarse a Patrimonio Nacional o ser entregadas a instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para la consecución de fines de interés general, salvo que las disposiciones incluyan un destino o finalidad específica cuyo cumplimiento se requiere para su aceptación".

Al margen del régimen de regalos, la Casa del Rey ha elaborado un código de conducta para todos sus empleados, tanto los altos cargos como el resto del personal cuyas nóminas pagan otros ministerios pero que están destacados en la Casa. Estos trabajadores deberán abstenerse de comportamientos que "puedan afectar negativamente a la imagen y prestigio de la Casa"; no podrán intervenir en operaciones financieras o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto en la Casa y no podrán "prevalerse de su condición de miembro de la Casa para obtener alguna ventaja en beneficio propio o de terceros, ni aceptar trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada". Estas son algunas de las 20 normas de conducta que establece el código, que no especifica sanciones en caso de incumplimiento.

García Revenga dejará la institución antes de fin de año

Durante la reunión, las fuentes de Zarzuela confirmaron que el asesor de las Infantas Elena y Cristina –quienes ya no forman parte de la familia real, son simplemente familia del rey–, Carlos García Revenga, sigue trabajando para la institución, pero dejará su puesto antes del 31 de diciembre.

García Revenga figuró durante unos meses como tesorero del Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarin y asesoró a éste en el comienzo de su actividad empresarial. Declaró como imputado ante el juez José Castro durante la instrucción del caso Nóos pero finalmente el magistrado levantó su imputación. En un comunicado previo a su declaración ante el juez, admitió haber "podido mezclar" desde su cargo de asesor "gestiones propias" de su puesto "con otras relacionadas con actividades privadas". Con el código de conducta en vigor, García Revenga no podría haberse involucrado en el Instituto Nóos como lo hizo, ya que en folletos de presentación de esta entidad, se mostraba que el tesorero del instituto era "asesor de la Casa de Su Majestad el Rey".

El retrato de la familia real realizado por el artista Antonio López, terminado 18 años después desde que recibió el encargo, se mostrará al público a partir del próximo jueves 4 de diciembre en las salas de exposiciones temporales del Palacio Real de Madrid, dentro de la exposición El retrato en las Colecciones Reales. De Juan de Flandes a Antonio López.

Tal y como ha indicado la Casa Real, tanto los reyes Felipe y Letizia como el rey  Juan Carlos y la reina Sofía inaugurarán el próximo miércoles esta exposición.

El lienzo de Antonio López lucirá junto a cerca de 120 obras de otros artistas como Francisco de Goya, Juan de Flandes, Diego Velázquez o Mariano Benlliure, podrá verse hasta el 19 de abril de 2015 dentro de una exposición comisariada por Carmen García-Frías y Javier Jordán de Urries, y que contará con el patrocinio de la Fundación Banco Santander.

En esta pintura aparecen el rey Juan Carlos I, Sofía y sus tres hijos: el actual rey Felipe VI, Elena y Cristina. Fuentes de Patrimonio Nacional confirmaron a Europa Press que este cuadro, que tiene grandes dimensiones, será "la sorpresa de la exposición".

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevó este martes al Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2015. Son los primeros para el nuevo rey, Felipe VI, que accedió al trono el pasado 19 de junio, tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I. El Ejecutivo ha preferido no tocar la partida. La mayor condescencia con la Jefatura del Estado no es tampoco un comportamiento extraño a la práctica del Ejecutivo de Mariano Rajoy. 

La tijera que el Gobierno mete a los ministerios es mayor a la que afecta a la Corona. Basta recordar el recorrido de esta legislatura. Las cuentas de 2012, las primeras que elaboró el Gabinete de Rajoy, la reducción de los departamentos fue del 16,9%, y la de la Casa Real, del 2%. En los de 2013, los ministerios sufrieron un recorte del 8,9%, y la Jefatura del Estado, un 4%. En los de 2014, los primeros padecieron de media una minoración del 4,7%, y la Corona, un 2%. En los de 2015, previsiblemente los últimos de esta legislatura (salvo que Rajoy decidiese apurarla), los ministerios se ven afectados por una merma del 5,1% (hasta alcanzar los 62.946,50 millones de euros), si se incluyen las aportaciones a la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo y al Fogasa, la financiación de determinados costes del sistema eléctrico, el plan CRECE y la reantenización de la TDT. Si se excluyen estos gastos, la reducción media de los ministerios es del 0,2% (un monto de 34.526,28 millones).

Un 12,61% menos en siete años

La Casa del Rey recibirá en 2015 un total de 7.775.040 euros. Exactamente la misma cifra que en los Presupuestos de este año. En 2013 recibió 7.933.710 euros. Un año antes, 2012, la partida que el Gobierno apartó a la Zarzuela fue de 8,26 millones. En 2011, el dinero que le reservó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero fueron 8,43 millones, un 5,20% menos que en los dos ejercicios inmediatamente anteriores, los de 2010 y 2009 (8.896.920 euros). En resumidas cuentas, en los siete últimos Presupuestos, la Corona ha perdido 1.121.880 euros. La reducción es del 12,61%. La novedad es que para el próximo año la Jefatura del Estado se escapa de los recortes. 

Para Alberto Garzón, portavoz de Economía de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), es "insuficiente" la congelación de la asignación para la Corona, una institución "anacrónica" e "inviolable", que "no debería existir". El diputado también cargó contra la Jefatura del Estado por su falta de "transparencia". 

Dentro de las altas instituciones del Estado, no hay ninguna otra cuyo presupuesto quede congelado. Algunas lo ven subido –Cortes Generales (+0,4%), Consejo de Estado (+0,9%) y clases pasivas (4,3%)– y la mayoría, reducido –Tribunal de Cuentas (-0,7%), Constitucional (-2,3%), deuda pública (-3%) y Consejo General del Poder Judicial (-5,3%)–. 

Entre los ministerios, sufren recortes Fomento (-14,2%, aunque si se excluyen las obligaciones de ejercicios anteriores el presupuesto crece un 2,8%), Empleo (-15,5%) y Economía (-1%, aunque si se sacan las obligaciones de ejercicios anteriores y la aportación a Grecia, hay subida, y del 3,4%). Crece el gasto en Exteriores (+4,9%), Justicia (+1%), Defensa (+0,4%), Hacienda (+2,1%), Interior (+1,7%), Educación (+3%), Industria (+11,3%), Agricultura (+14%), Presidencia (+4,6%) y Sanidad (+0,7%). 

Los sueldos, en revisión

Sin embargo, como se reitera año tras año, esta partida que viene reflejada en los PGE no es sino una pequeña parte de lo que el Estado se gasta en la Corona. Hay asignaciones que salen de otros ministerios: Interior (seguridad), Defensa (Guardia Real), Exteriores (viajes al extranjero), Presidencia (mantenimiento de palacios y jardines, personal). En teoría, cuando entre en vigor el grueso de la Ley de Transparencia, a finales de este 2014, se debería conocer el desglose exacto. 

Asimismo, la Casa del Rey dará cuenta, previsiblemente cuando las Cuentas de 2015 estén definitivamente aprobadas, del reparto de esos 7,77 millones de euros. Hasta ahora, Felipe VI no había introducido demasiados cambios en la partida. De hecho, durante todo 2014, él cobrará sueldo de príncipe (146.376 euros brutos) y su padre, de rey (292.752 euros), pese a su reducísima agenda. Su madre, Sofía, cobrará 131.739 euros (el 45% del salario de Juan Carlos), y su esposa, la reina Letizia, 102.464 euros (un 35% de la nómina de su suegro). La infanta Elena, que percibía una cantidad variable, en función de su agenda, no tiene ingresos públicos desde la abdicación. Ella, como su hermana Cristina, salió de la familia real y dejó de tener actividad oficial. La Zarzuela ya anunció que el nuevo monarca no estudiaría la redistribución de los presupuestos hasta finales de este año. 

6.515,42 euros brutos al mes para el presidente

El proyecto de PGE para 2015 también incluye las retribuciones de los altos cargos en el articulado de la ley. El sueldo de los miembros del Ejecutivo se verá congelado por quinto año consecutivo. Así, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibirá un salario anual de 78.185,04 euros brutos (6.515,42 euros al mes), que es la misma cantidad que ha venido cobrando toda la legislatura y que empezó a recibir su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, desde los recortes de mayo de 2010. Hasta esa fecha, el jefe del Ejecutivo tenía asignados 91.982,4 euros, una cuantía que se repetía desde 2008. En 2010, el Gabinete socialista impuso el recorte del 15%, y su salario quedó fijado en poco más de 78.000 euros, sin pagas extraordinarias. 

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cobrará 73.486,32 euros (6.123,86 euros al mes). Y los ministros ganarán 68.981,88 euros (5.748,49 euros cada mes). 

¿Qué pasa con el siguiente escalón, con los secretarios de Estado y asimilados? El sueldo base para 2015 se ha calculado en 12.990.72 euros, a lo que se agrega  un complemento de destino de 21.115,92 y uno específico de 32.948,67 euros. El total, el mismo que rige desde mayo de 2010, alcanza los 67.055,31 euros, a los que se suman dos pagas extraordinarias de 655,84 euros más la cuota correspondiente del complemento de destino.

No hay cambios en las retribuciones del presidente del Consejo Económico y Social (CES), que es de 85.004,28 euros, y del presidente del Consejo de Estado (77.808,96 euros) y sus consejeros (71.393,56 euros). 

Mucho mejor pagados están los presidentes del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes (130.152,62 euros); del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos (129.271,46 euros), y del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda (112.578,34 euros). Y por encima de todos ellos está el presidente del Congreso, Jesús Posada: 192.622,64 brutos al año. Cantidad fruto de la suma del sueldo base (2.813,87), los complementos por razón del cargo (9.121,03 euros) y las dietas (exentas de tributación) por ser diputado de fuera de Madrid (1.823,86 euros). Todo ello multiplicado por 14 pagas. El presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, cobra menos porque es senador por Madrid. 

Menos dotación en la partida de expresidentes

En el desglose de gastos del Ministerio de la Presidencia también se consigna la dotación prevista para los exjefes del Ejecutivo. Descienden de 298.320 a 223.740 euros. Caída que se debe al fallecimiento, en marzo pasado, de Adolfo Suárez. Los otros tres expresidentes vivos (Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero) seguirán cobrando unos 75.000 euros al año. Teóricamente, González renunció a esos gastos de oficina. Eso dijo él mismo, aunque nunca lo aclaró. 

La cantidad asignada a cada expresidente fue mayor en el ejercicio presupuestario de 2011, en el que sólo había cuatro expresidentes –aún vivía Leopoldo Calvo-Sotelo– y Zapatero todavía estaba en el poder. Aquel año esta partida llegó a sumar 360.620 euros. Entonces, cada uno de ellos llegó a contar con cerca de 80.000 euros, cifra que había alcanzado los 90.000 en 2010, informa Europa Press.